Autores: Christoph Josef Kaufmann, Enrique Prieto-Ríos

Los conflictos ambientales suelen emerger cuando varios grupos de actores con poder desigual se disputan por el acceso y el control de recursos naturales, por distintos usos de éstos, por la distribución desigual de los beneficios y pasivos de proyectos económicos, por distintas visiones de cómo se debería aprovechar los recursos naturales de un territorio específico, y por disputas sobre quiénes deberían participar de qué manera en la toma de decisiones en torno a la agenda de desarrollo.

América Latina y el Caribe es la región más afectada por los asesinatos de defensores y defensoras del ambiente. Entre los años 2012 y 2021, Global Witness registró el asesinato de 1733 personas defensoras del medio ambiente. Los países con más asesinatos registrados fueron Brasil (342 asesinatos), Colombia (322 asesinatos), Filipinas (270 asesinatos) y México (154 asesinatos). En toda la región, se registró un total de, 1177 asesinatos en este lapso, lo que corresponde a un 68 % de los casos registrados por esta ONG.  Además, se reportó una afectación particularmente alta de pueblos indígenas, que, pese a representar él 5% de la población mundial, han sufrido el 40% de todos los ataques fatales. Los datos de Global Witness arrojan, además, que aproximadamente un 10 % de las personas asesinadas en 2021 fueron mujeres, y que la mayoría de ellas pertenecían a comunidades indígenas (Global Witness 2022).

A la violencia física que afecta la integridad física de las personas que defienden el ambiente y los derechos fundamentales asociados se suman otras afectaciones. Estas incluyen violencias estructurales que se basan y reproducen la posición marginal de grupos específicos en relación con el sistema estatal; violencias jurídicas donde se usa la normativa estatal para violentar los derechos fundamentales de las comunidades afectadas por proyectos con altos impactos locales, facilitando su criminalización y deslegitimación; violencias culturales donde proyectos a gran envergadura se vuelven un eje fundamental en la vulneración de los derechos constitucionalmente reconocidos de comunidades étnicas; y violencias de género que se basa, reproduce y aumenta la vulnerabilidad de mujeres en torno a los múltiples impactos de proyectos económicos a gran envergadura. Asimismo, La manifestación de violencias en conflictos ambientales se ve fuertemente influenciada por la posición específica del o la defensora ambiental en relación con los actores involucrados en el conflicto, con el sistema estatal, y con la misma comunidad donde se desarrolla el conflicto. Es primordial adoptar un enfoque multidimensional e interseccional de la violencia que permitan abordar la transversalidad y particularidad de las manifestaciones de violencias.