Autores: María Lucía Torres Villarreal, Daniela Yepes García, Lina Muñoz Ávila, Paola Iregui Parra, Ana María Sánchez Quintero, Paula Andrea Jiménez Rojas, Graciela Victoria Curiel Olarte

La forma de concebir el acceso a la justicia ha cambiado. Cada vez es más necesario, entender el aparato judicial y el actuar de los operadores jurídicos; así mismo, ha ido cediendo a la concepción asociada a la noción de individualidad para entender a la justicia, partiendo de que existe también un plano colectivo. Esto ha generado que el concepto de acceso a la justicia sea cada vez más amplio, atado a reflexiones de justicia social, acceso a la información, empoderamiento de las comunidades, validación del discurso de derechos, lucha por la materialización de los principios de igualdad y equidad.

El acceso a la justicia puede ser comprendido desde un nivel conceptual, en el sentido en que sea accesible a toda la ciudadanía en igualdad de condiciones, lo que además es una materialización de las obligaciones de los Estados frente al derecho a la igualdad. Por otra parte, el derecho de acceso en un nivel práctico presenta la necesidad de materializar dicho compromiso en la realidad, bajo la lógica de que la falta de acceso a la justicia perpetúa la existencia de condiciones de injusticia y desigualdad que afectan a la comunidad en general (Bloch, 2008).

La noción de justicia ambiental cobra especial importancia, para analizar cómo las acciones humanas que impactan el ambiente representan una serie de cargas para la sociedad que terminan asumiendo de manera desproporcionada grupos vulnerables. Además de resaltar la necesidad de pensar en mecanismos de prevención, mitigación, adaptación y restauración que los involucre.

Las exigencias de este derecho representan un verdadero reto para los Estados, que de no afrontarse correctamente conlleva numerosos y preocupantes obstáculos para su materialización. Como señala Valencia (2015) los obstáculos a los que se enfrentan quienes lideran una causa ambiental pueden presentarse antes de acudir a instancias judiciales y/o administrativas, durante los procesos surtidos o posterior a ellos. Entre las barreras más comunes se destacan: económicas, culturales y sociales; complejidad legal en los procesos; falta de ejecución de las decisiones y de coordinación entre las jurisdicciones; desafíos en materia procesal; y, ausencia de implementación de leyes y falta de seguridad ante la actividad de liderazgo.

Ahora bien, aunque cada causa ambiental presenta sus propias limitaciones, así como niveles de dificultad. En este sentido, es necesario que las autoridades judiciales y administrativas actúen en defensa del interés público y en garantía de la ética de lo público. Enfocándose a que por medio de sus decisiones se generen mecanismos que permitan una verdadera reparación y restitución de los derechos afectados, maximizando los derechos de quienes más lo necesitan, sin dejar a un lado aquellos de naturaleza colectiva.

Bibliografía

• Bloch, F. (2008). Access to Justice and the Global Clinical Movement, en Washington University Journal of Law & Policy, Vol. 28, pp. 111-139.
• Valencia, J, et. al (2015). Desafíos de la Justicia ambiental y el acceso a la justicia ambiental en el desplazamiento ambiental por efectos asociados al cambio climático. Luna Azul, (41), 323-347.