Doctrina

La Alianza de Clínicas Jurídicas Ambientales de Latinoamérica y el Caribe, en asocio con la Universidad del Rosario y American Bar Association, recopiló en este micro sitio los estudios académicos más relevantes para la defensa del medio ambiente y los recursos naturales por parte de personas defensoras y que ejercen liderazgos ambientales.

El repositorio que se presenta a continuación fue estructurado a partir del estudio de artículos de investigación y libros académicos que analizan liderazgos ambientales y casos para la defensa del medio ambiente y los recursos naturales en Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. La información recopilada consta de la fuente, el año, el título, los autores, el lugar y resumen del caso, los actores involucrados y el desarrollo de la defensa ambiental.

La doctrina recopilada se encuentra organizada en el orden alfabético de los países. Para revisar información puntual, seleccione el Estado que le interesa consultar o filtre según el tipo de dato que requiere.

PaísTipoEditorial, Revista, RepositorioAñoTítuloAutoresResumenRecurso natural afectadoUbicacion geograficaActores involucradosDefiniciones relacionadas con defensor, lider ambientalDesarrollo de la defensa ambientalCita formato APA 7º ediciónPALABRA CLAVE
BoliviaArticulo Editorial: Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas2004Problemática ambiental en BoliviaEscobari, JorgeCaro, VivianaMalky, AlfonsoEl caso por tratar es la falta calidad ambiental o la contaminación en Bolivia, estos surgen debido a la generación de impactos que causan una divergencia entre los costos privados y sociales de producción. En este caso, el Estado prioriza la producción de bienes está por encima del óptimo social, mientras los precios de los bienes por debajo del mismo. Esto indica la presencia de externalidades negativas, que en muchos casos tienen características de bienes públicos, por ejemplo, la contaminación atmosférica urbana. La magnitud de la externalidad causada por la contaminación depende de las funciones de utilidad o producción de los individuos o firmas afectadas.Teniendo en cuenta que, el territorio Boliviano es megadiverso y se encuentra entre los diez países con mayor riqueza en especies: sin embargo, estos recursos se encuentran amenazados por permanentes procesos de degradación por la presión demográfica, la deforestación, quema, extracción selectiva de especies, caza ilegal y, actividades productivas que se desarrollan bajo condiciones específicas de contaminación que dependen de los insumos productivos, los procesos industriales utilizados, el nivel tecnológico y el medio donde se desenvuelven (MDSP, 2002). " Muchas características urbanas, rurales y de explotación de recursos en Bolivia hacen suponer que las actividades productivas aún tienen, en general, un impacto ambiental leve y/o solamente local. Sin embargo, existen algunos problemas ambientales de magnitudes considerables, como los relacionados a la minería y la industria (manufacturera y energética), que estarían demandando una mayor atención por parte de la población y el Gobierno. Los trabajos realizados en Bolivia sobre contaminación se concentran en los flujos de residuos y/o contaminantes de algunas actividades ligadas a los distintos sectores de la economía. Hacen una caracterización de los procesos contaminante y los posibles efectos sobre el bienestar de las personas afectadas." Escobari, J., Caro, V., & Malky, A. (2004).Recursos forestales tropicales húmedos, recursos tierra y aguaDepartamentos de Oruro y La PazSector Agropecuario y Forestal, Sector Minero (La minería mediana está actualmente constituida por 11 empresas mineras: Inti Raymi, COMSUR, y otras 9 empresas afiliadas a la Asociación Nacional de Mineros Medianos (ANMM). El Sector Industrial, Industria Energética y el Ambiente, El transporte de petróleo y gas natural, Industria Manufacturera y el Ambiente, empresas Metalúrgicas, Industria AlimenticiaSe puede considerar según el artículo que el defensor ambiental es la persona o la institución que tiene como función principal la conservación del medio ambiente y su calidad. En este caso en especifico se puede considerar el gobierno central y administradores departamentales y municipales, para esto tiene delegadas por ley, entre otras, funciones de regulación, control, fiscalización, aprobación de licencias ambientales y documentos técnicos. Se resaltan las responsabilidades de la comunidad normada (cumplimiento de estándares de calidad ambiental y reglas de uso de recursos naturales), y el rol de la ciudadanía. En este sentido la participación ciudadana, juega un rol de promoción de iniciativas para la protección del medio ambiente y de denuncia medio ambiental, ya sea a través de los Comités de Vigilancia de las Organizaciones Territoriales de Base (OTBs), o a través de las Organizaciones No Gubernamentales (ONGs). Las reformas estructurales realizadas desde 1994 (procesos de participación popular y descentralización administrativa,) han afectado la división de responsabilidades. La normativa vigente no asigna claramente las distintas funciones de gestión ambiental a los diferentes niveles en las instituciones públicas. Ante una legislación ambiental relativamente nueva, la situación general de las instituciones públicas, tanto a nivel central como departamental y municipal, muestra deficiencias en cuanto su capacidad de recursos humanos y recursos económicos para asegurar el cumplimiento de la legislación ambiental vigente.“Resulta cuestionable la aplicación de los Reglamentos a la Ley del Medio Ambiente que, en muchos casos fijan normas excesivamente rigurosas para las emisiones y medio ambiente, considerando las condiciones y recursos en Bolivia. Tal vez sólo las normas primarias, relacionadas a estándares de salubridad mínima, debieran ser rigurosas, ya que las otras normas podrían ajustarse a la realidad boliviana. Más aún, en los sectores minero e industrial, estas exigencias junto a la alta vulnerabilidad social sugieren que la normativa ambiental probablemente está siendo ignorada, y/o aplicada deficientemente” Pag 23Escobari, J., Caro, V., & Malky, A. (2004). Problemática ambiental en Bolivia. http://repositorio.uasb.edu.bo:8080/bitstream/54000/1172/1/Escobari-%20Medio%20ambiente.pdfProblemática ambiental, Bolivia, artículo, test
BoliviaArtículos de DoctrinaRevista Justicia y Derecho2020Hacia un Constitucionalismo Ambiental en la Región Andina: Breve estudio de las Constituciones de Bolivia, Ecuador y del proyecto de nueva Constitución de Chile del 2018María Constanza Cubillos TorresEn el caso de Bolivia, el Estado asume y promueve deberes en virtud del derecho tanto de las personas como del entorno. El Constitucionalismo Ambiental Latinoamericano cogió un gran impulso lo que ocasiono que las constituciones de la región incorporan ideas sobre la protección del medio ambiente y el desarrollo sostenible, en consonancia a la importancia que adquiere el ambiente a nivel internacional. Esto como consecuencia, de los constantes abusos y la falta de cuidado hacia el medio ambiente por parte de los Estados latinoamericanos y en este caso en especifico Bolivia. Ahora bien, se estructuran alrededor de los siguientes tres elementos: los principios de plurinacionalidad e interculturalidad; los derechos de la naturaleza; y el principio del buen vivir. Estos tres elementos se articulan de manera innovadora y se vinculan de forma creativa en esta carta política; resaltando a las comunidades indígenas."Así, dentro de las funciones especiales del Estado, se encuentra el garantizar la conservación del medio ambiente para el bienestar de las actuales y futuras generaciones (Art. 9 N°6). Sin embargo, este deber no solo abarca al Estado, sino también existiría un deber compartido con la sociedad y sus ciudadanos por cuidar y velar por un ambiente sano. Tanto el Estado de Bolivia, como su población tienen deberes con relación a la conservación, protección y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y la biodiversidad (Art. 342). Así como todos deben promover la mitigación de los efectos nocivos al medio ambiente y de los pasivos que afecten al país (Art. 347). La Constitución de Bolivia también establece otros deberes ambientales específicos: en el caso de los ciudadanos, se contempla el deber de defensa ambiental (108 N°16), y por otra parte, las organizaciones económicas, poseen la obligación de protección del medio ambiente (Art. 312 III.) " Cubillos Torres, M. C. (2020).acceso equitativo, permanente y de calidad al agua, aire, suelo, recursos del subsuelo y del patrimonio naturalEl Estado de Bolivia. El Estado de Bolivia Vs. un medio ambiente sano."La Constitución de Bolivia también establece otros deberes ambientales específicos: en el caso de los ciudadanos, se contempla el deber de defensa ambiental (108 N°16), y por otra parte, las organizaciones económicas, poseen la obligación de protección del medio ambiente (Art. 312 III), ello sin perjuicio de la obligación de actuar de oficio del Estado a través de sus diversas instituciones frente a atentados contra el ambiente (Art. 34)." Pag 4En Bolivia se dispone de la acción popular frente a todo acto u omisión de las autoridades, personas individuales o colectivas que violen derechos e intereses colectivos relacionados entre otros, con el medio ambiente (Art. 135). Esta acción se tramita del mismo modo que un amparo constitucional, puede interponerse a título individual o en representación de la colectividad y tiene el carácter de obligatorio para el Ministerio Público o el Defensor del Pueblo que tome conocimiento de los hechos (Art. 136). Ello, independiente de que toda persona a nombre propio o de la colectividad pueda ejercer acciones legales y si corresponde, interponer recursos administrativos para la defensa del derecho al medio ambiente (Art. 34).Cubillos Torres, M. C. (2020). Hacia un Constitucionalismo Ambiental en la Región Andina: Breve estudio de las Constituciones de Bolivia, Ecuador y del proyecto de nueva Constitución de Chile del 2018. Revista Justicia & Derecho, 3(2), 1–13. https://doi.org/10.32457/rjyd.v3i2.543Problemática ambiental, Bolivia, artículo
BoliviaArticuloIconos. Revista de Ciencias Sociales2005Los conflictos ambientalesdel gas bolivianoMarc Gavaldá PalacínEste artículo visualiza los primeros años del neoliberalismo petrolero en Bolivia, las concesiones petroleras invaden territorios indígenas y áreas protegidas. Por otro lado, el desarrollo de los conflictos socioambientales de los megaproyectos de gas detallando cómo las poblaciones se organizaron en defensa de su entorno inmediato y sus recursos mientras el estado asumió un rol defensor de los intereses extranjeros en contra de su propia población y territorio.Los ajustes neoliberales introducidos en la legislación boliviana han facilitado la apropiación de los recursos hidrocarburíferos por parte de las transnacionales petroleras. Estas compañías invaden territorios indígenas y áreas protegidas. En su accionar generan graves conflictos ambientales con las comunidades locales. La construcción de los gasoductos Bolivia-Brasil, Cuiabá y Gasyrg así como la oposición de la población a exportar gas a Estados Unidos nos reflejan cómo la población se organiza para resistir al expolio de las compañías petroleras. Las movilizaciones populares de “La Guerra del gas”, en octubre 2003 no han terminado, porque el gas sigue en manos extranjeras.El país fue despojado de sus empresas, la economía nacional se ha hundido y a pesar de la construcción de nuevos gasoductos y un aumento exponencial de las exportaciones de gas, el tesoro nacional sigue financiando a las transnacionales a costa de recortar los ya de por sí insuficientes presupuestos sociales. El petróleo parasitó la economía boliviana.Una explotación petrolera en áreas amazónicas o territorios indígenas puede ser igualmente dañina, ya sea boliviana o extranjera. La apuesta está en la industria a pequeña escala, el suministro de gas doméstico y de automoción como camino hacia un desarrollo integral con las energías renovables, como inversión duradera, sostenible y respetuosa con las poblaciones locales.recursos hidrocarburíferosDepartamento de Chuquisaca, Bolivia. Bolivia y sus territorios indígenas Vs Gasoductos y Trasnacionales petroleras.Según el artículo, se puede considerar defensores ambientales a la población en general, como los rurales, urbana o incluso indígenas puesto que a pesar de que el Estado de Bolivia era completamente condescendiente con las empresas y permisivo, y aunque trataron de preservar en cierta forma ciertas áreas de explotación, no lo lograron. Por esta razón, tuvieron que recurrir a la Superintendencia de hidrocarburos en donde solo rectificaron que las empresas tuvieran licencia ambiental . Y aunque los habitantes no pudieron lograr nada, decidieron tomar cartas en el asunto. Las poblaciones indígenas afectadas por el trazado del nuevo conducto se opusieron enérgicamente al proyecto, así como también los habitantes de la región del Chaco, lo que generó una serie de problemas en la región del Chaco. El pueblo indígena weenhayek presentó ante la Superintendencia de hidrocarburos su oposición a la construcción del Gasyrg. Los weenhayek argumentaban que el conducto atravesará su territorio, al igual que las tierras que son habitadas por el pueblo guaraní, que también presentó su oposición. Según la Superintendencia “la Licencia Ambiental otorgada a Transierra, descalifica la aseveración de la Asamblea del Pueblo Guaraní y de los Weenhayek, referida a la inexistencia de una evaluación de impacto ambiental del gasoducto, y consecuentemente la legalidad de la licencia”. De nuevo los estudios de impacto ambiental, procedimientos inconsultos en los que una consultoría recoge datos de todo lado para recopilarlos en un documento de 200 páginas sin sentido, sirven para justificar la destrucción ambiental y los atropellos de los grandes proyectos a las poblaciones – Pg 10.Palacín, M. G. (2005). Los conflictos ambientales del gas boliviano. Iconos. Revista de Ciencias Sociales, (21), 57-66. https://www.redalyc.org/pdf/509/50902106.pdfProblemática ambiental, Bolivia, artículo, gas
BoliviaArticulo Revista 1-ene-19Mecanismo nacional de protección especial para defensores y defensoras de derechos humanos en BoliviaEncinas Casazola, María AlejandraRamírez Hurtado, Fabiola Mónica"Los derechos humanos se entienden como la actividad que algunas personas han elegido desarrollar, ya sea por los aires o desaires del destino, los vaivenes de la vida o bien por una profunda y originaria decisión. El objetivo principal fue implementar un mecanismo de protección especial para defensores de derechos humanos en Bolivia que contemple las herramientas necesarias a efecto de garantizar su labor evitando la vulneración de sus derechos y fomentando la defensa de los derechos humanos. La metodología que se utilizó se encuentro orientada bajo el paradigma cualitativo, usando métodos sociales en ciencias jurídicas a través del método empírico. Para finalizar se propuso crear un fondo para la protección de los defensores de derechos humanos con financiamiento del Estado y del sector privado como financiamientos externos debido que es una necesidad imperiosa en Bolivia el desarrollar nuevas y mejores prácticas para conseguir la debida y necesaria protección de aquellas personas que día a día, en contra de enormes obstáculos, luchan por defender los derechos humanos." Encinas Casazola, M. A., & Ramírez Hurtado, F. M. (2019)Desafortunadamente, en los últimos años, para los defensores de derechos humanos el desarrollo de sus actividades se ha vuelto riesgoso, ya que se enfrentan a una gran cantidad de obstáculos en su labor, los cuales incluyen desde aquellos ataques más severos en contra de su vida e integridad personal, como los asesinatos y desapariciones forzadas, hasta aquellos dirigidos a limitar el ejercicio de sus funciones, por ejemplo, las restricciones arbitrarias al financiamiento de las organizaciones de la sociedad civil y al desarrollo de sus actividades. En Bolivia, ya que la realidad del país no es diferente, puesto que da cuenta que los activistas defensores de derechos humanos no cuentan con los mecanismos suficientes de defensa para sus actividades de promoción, difusión y defensa de las víctimas de violaciones de derechos humanos.El agua y un medio ambiente sanoEstado de BoliviaDefensores de derechos humanos Vs. Estado Los defensores de derechos humanos son personas que, individualmente o con otros, promueven o protegen los derechos humanos desde una práctica no violenta. Así se puede afirmar que puede ser cualquier persona, sin importar su género, su edad, o su origen. No se requiere ningún tipo de cualificación profesional, ni que la actividad de defensa sea parte de una actividad laboralCabe mencionar que existen diferentes normativas internacionales para la protección de defensores de derechos humanos. Estas normativas se han aprobado en algunos casos como fruto del trabajo de la sociedad civil y en otros de las estructuras estatales o internacionales. Además de que las protecciones legislativas y constitucionales de alcance general no cumplen con algunas de las funciones que una ley específica señala para cumplir, hay una tendencia cada vez peor a que este tipo de protecciones se sujeten a condiciones o restricciones excesivamente amplias.Encinas Casazola, M. A., & Ramírez Hurtado, F. M. (2019). Mecanismo nacional de protección especial para defensores y defensoras de derechos humanos en Bolivia. http://repositorio.cidecuador.org/bitstream/123456789/1189/1/ARTICULO_No._1_DEL_No._3_VOLUMEN_2_REVISTA_LEX.pdfdefensor ambiental, Bolivia, artículo, derechos humanos
BoliviaArticulo Revista Latinoamericana de Estudios Socioambientales2013¿Un conflicto ambiental o de territorio?Verónica Barroso MendizábalEl pasado agosto de 2011 se iniciaba la octava marcha indígena en Bolivia, en la cual más de 2.000 personas, entre ellos ancianos, hombres, mujeres, niñas y niños partieron desde las tierras bajas del oriente boliviano a la sede de gobierno. Fueron sesenta días de caminata, cuya consigna principal fue la defensa y el respeto del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS). Así también, la exigencia del cumplimiento de leyes que protegen a dichas áreas de políticas desarrollistas que el gobierno pretendía realizar en dicho territorio, sin considerar los daños ambientales, sociales, económicos y culturales que ocasionaría el megaproyecto deconstrucción de una carretera transoceánica que dividiría el TIPNIS en dos partes. "A raíz de este conflicto, pueblos indígenas amazónicos, la población boliviana en general y movimientos ambientalistas internacionales mostraron su apoyo a estas comunidades e hicieron frente al gobierno de Evo Morales para evitar la construcción de la carretera. El mencionado proyecto significaba la destrucción de un espacio rico e inexplorado en diversidad biológica y se demostró que las normas legales y constitucionales del Estado boliviano no se estaban respetando. Las demandas principales fueron la defensa y el reconocimiento de los derechos de los pueblos y naciones indígenas sobre su territorio, reclamo que fue iniciado desde 1990 cuando se realizó la primera marcha de los indígenas de las tierras bajas de Bolivia. En esta oportunidad, la población boliviana conoció la existencia de las organizaciones indígenas de los grupos étnicos amazónicos que eran y son aún avasallados por los colonos, cocaleros, el narcotráfico y los madereros. La marcha logró cambios fundamentales en la mentalidad boliviana y sobre todo en las políticas estatales que tenían que ver con territorio y medio ambiente. En este sentido, después de poco más de dos décadas, estas demandas aún siguen vigentes; no han cambiado, se sigue buscando mejorar tanto las posibilidades de vida social, económica y cultural, como las de inclusión de los indígenas amazónicos en el gobierno indígena. " Barroso Mendizábal, V. (2013).Recursos naturales como el agua superficial o subterránea y los minerales (plata, fierro, carbón mineral )Estado de BoliviaTerritorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), colonos, cocaleros, indígenas amazónicos, extractivistas y progresistasEn este caso, no se podría identificar un líder ambiental en específico pero se puede considerar que los indígenas amazónicos trataron de defender su territorio en lo posible, sin embargo el conflicto ocurrido en Bolivia en agosto de 2011 pone en evidencia los intereses políticos, sociales y económicos que entran en juego en el conflicto responde a varios intereses, por un lado, están los indígenas amazónicos y por otro, los colonos cocaleros, los madereros y el gobierno. Las tensiones entre estos sectores se encuentran claramente identificadas: por una parte, tenemos a los indígenas que están en desacuerdo con la construcción de la carretera y ven al proyecto como una amenaza a su territorio y estilo de vida y, por otra parte, tenemos a aquéllos que sí están a favor del proyecto, como son los colonos cocaleros, los madereros y el gobierno del presidente Morales.Las demandas principales fueron la defensa y el reconocimiento de los derechos de los pueblos y naciones indígenas sobre su territorio, reclamo que fue iniciado desde 1990 cuando se realizó la primera marcha delos indígenas de las tierras bajas de Bolivia. En esta oportunidad, la población boliviana conoció la existencia de las organizaciones indígenas de los grupos étnicos amazónicos que eran y son aún avasallados por los colonos, cocaleros, el narcotráfico y los madereros. La marcha logró cambios fundamentales en la mentalidad boliviana y sobre todo en las políticas estatales que tenían que ver con territorio y medio ambiente. En este sentido, después de poco más de dos décadas, estas demandas aún siguen vigentes; no han cambiado, se sigue buscando mejorar tanto las posibilidades de vida social, económica y cultural, como las de inclusión de los indígenas amazónicos en el gobierno indígena. Barroso Mendizábal, V. (2013). TIPNIS ¿Un conflicto ambiental o de territorio?. Letras Verdes. Revista Latinoamericana De Estudios Socioambientales, (11), 112-122. https://doi.org/10.17141/letrasverdes.11.2012.919conflicto ambiental, territorio, bolivia, articulo
BoliviaArticuloRed de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugalnov-20Conflictos socioambientales y áreas protegidas en América Latina: Contextos y métodos de intervención en el caso bolivianoCésar SAN JUAN y Yosu ORTEGOLa explotación de los recursos naturales en América Latina está constituyendo en los últimos años una fuente de conflictos sociales que está propiciando la desestabilización política de muchas regiones de este continente. Son muchos los actores que intervienen en la disputa: colonos, empresas petrolíferas o madereras, comunidades indígenas y, por otro lado el Estado que dirime sin éxito estos conflictos imponiendo la denominación de área protegida a Parques cuyos límites nadie acaba de tener claros. Además, en aquellos países que albergan las más importantes cabeceras de afluentes del Amazonas, como es el caso de Bolivia, se entremezclan otras circunstancias que convierten la gestión de los conflictos en una complicada tarea en el ámbito de la cooperación al desarrollo. Nos estamos refiriendo al cultivo de coca, los desastres naturales, la agonía de algunas comunidades indígenas, etc."Una gestión ambiental regional, en países como Brasil, Ecuador, Bolivia, Perú, cabeceras del Amazonas, región que constituye el pulmón de la tierra, pasa, a diferencia de otros países, por tener unas connotaciones propias y, a la vez, iguales al resto. Tiene la característica propia de que es básicamente una gestión de conflictos, asociada a un contexto político en transición, donde la lucha por los recursos naturales y el desarrollo de los procesos democráticos (lucha por la equidad), están en juego. En lo que concierne a los conflictos socioambientales, se podría decir que la necesidad de institucionalizar las estrategias de resolución de conflictos dependería básicamente de una voluntad política. (que a nivel global ya se está generando, gracias a los esfuerzos de organismos como Naciones Unidas con sus diferentes programas, PNUD, VNUF, F T P P / FAO, etc...). En este sentido, se hace imperante la necesidad de desarrollar una nueva cultura de “gestión del conflicto” y el diseño de nuevas metodologías de resolución de conflictos." César, S. A. N., & Ortego, Y. (2000). El suelo, los minerales, flora y fauna. Estado de BoliviaNaciones Unidas con sus diferentes programas, PNUD, VNUF, F T P P / FAO, colonos, empresas petrolíferas, comunidades indígenas y el Estado de Bolivia. En este articulo no se podría llegar delimitar a solo un líder ambiental, al contrario considero que en este caso son organizaciones que por medio de métodos para manejar los conflictos de las áreas protegidas y hace uso de la intervención, para apoyar la formación de mediadores o concertadores comunitarios, cuyo actuar influye en la resolución de los conflictos en los ámbitos locales, también de generar soluciones innovadoras. Por ejemplo, se propone ciertas estrategias de resolución de conflictos para el desarrollo de una adecuada gestión ambiental. Entre ellas cabe destacar la descentralización de los conflictos, la formación de personal especializado, el desarrollo de sistemas de información para la prevención de conflictos se adoptan medidas para eliminar las fuentes de conflicto y más positivamente para promover condiciones en las que los comportamientos sean controlados por relaciones esencialmente cooperativas. Las metodologías empleadas actualmente en la resolución de conflictos socioambientales están inspiradas y en muchas ocasiones constituyen una adaptación de las metodologías participativas utilizadas con las comunidades de los países denominados en vías de desarrollo. Partiendo del supuesto de que cualquier solución para cualquier conflicto solo sería sostenible, es decir solo sería efectiva, si todos los interesados participan en su diseño, vemos que la participación es un tema clave. En ese sentido estas metodologías, están orientadas a proteger a los más débiles frente a los más fuertes. Esto supone en la práctica la instrumentalización de los métodos. César, S. A. N., & Ortego, Y. (2000). Conflictos socioambientales y áreas protegidas en América Latina: Contextos y métodos de intervención en el caso boliviano. Psychosocial Intervention, 9(2), 247-258. César, S. A. N., & Ortego, Y. (2000). gestión ambiental, bolivia, recursos naturales
BoliviaTesis versión On-line ISSN 2443-468X mayo 2005La Guerra del Agua en Cochabamba, Bolivia:dos lecturasCarlos Crespo- Omar Fernandez- Gabriel Herbas- Marianella CarrilloLa Guerra del Agua en Cochabamba fue uno de los conflictos ambientales más importantes de América Latina en los últimos años, que se consideraría concluido, pero no así sus causas y especialmente sus consecuencias. Una muestra evidente de esta situación es el actual conflicto de agua en El Alto, y la existencia de situaciones similares a las de Cochabamba; un conflicto que no sólo es pertinente para entender el impacto de la aplicación de las Políticas de Reestructuración Económica (PRE) sino que sigue reproduciéndose en otras localidades. En Cochabamba se configuró una situación donde las luchas de los más pobres, que veían en la privatización del servicio de agua potable la pérdida del acceso a este vital recurso, lograron además de revertir la privatización, establecer un ejemplo de la importancia del agua como un bien público, que ha tenido importantes repercusiones en Bolivia (como se observa en el conflicto de El Alto), de la región y otros países del continente." La aplicación de las políticas de reestructuración económica en Bolivia ha tenido uno de sus principales elementos en la privatización, no sólo de las empresas estratégicas (petróleo, minería, comunicaciones) sino también de los servicios básicos. En referencia al servicio de acueducto, en septiembre de 1999 el Parlamento aprueba la Ley de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario y un mes después el Gobierno entrega en concesión a un consorcio privado internacional (denominado Aguas del Tunari) la empresa municipal de distribución de agua de Cochabamba y la ejecución del proyecto Misicuni (megaproyecto de agua de usos múltiples), importante estrategia para la solución de la crónica escasez de agua en la región. " Merchand Rojas, Marco Antonio. (2016).Inmediatamente, organizaciones populares y ambientalistas hacen públicas sus observaciones y en noviembre de 1999 se lleva a cabo el primer bloqueo campesino y de regantes en las vías de acceso a la ciudad de Cochabamba. Se iniciaba así la Guerra del Agua."CRESPO, CARLOS, FERNÁNDEZ, OMAR, HERBAS, GABRIEL, & CARRILLO, MARIANELLA. (2005)El agua. Chochamba, Bolivia. La poblacion de Cochamba, empresa municipal de distribución de agua de Cochabamba, organizaciones populares y ambientalistas, campesinos. organizaciones populares y ambientalistas hacen públicas sus observaciones y en noviembre de 1999 se lleva a cabo el primer bloqueo campesino y de regantes en las vías de acceso a la ciudad de Cochabamba. Se iniciaba así la Guerra del Agua.Organizaciones populares, ambientalistas y campesinos decidieron realizar un bloqueo ya que les quitaron un servicio básico que es el agua, en Cochabamba se configuró una situación donde las luchas de los más pobres, que veían en la privatización del servicio de agua potable la pérdida del acceso a este vital recurso, lograron además de revertir la privatización, establecer un ejemplo de la importancia del agua como un bien público, que ha tenido importantes repercusiones en Bolivia; por esto mismo se puede considerar que estas personas estaban luchando por sus derechos. CRESPO, CARLOS, FERNÁNDEZ, OMAR, HERBAS, GABRIEL, & CARRILLO, MARIANELLA. (2005). La Guerra del Agua en Cochabamba, Bolivia:dos lecturas. Cuadernos del Cendes, 22(59), 185-188. Recuperado en 14 de marzo de 2023, de http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1012-25082005000200019&lng=es&tlng=es.Bolivia, agua, conflictos ambientales
BoliviaArticulo Revista2016Neoextractivismo y conflictos ambientales en América LatinaMerchand Rojas, Marco Antonio. El caso a tratar es la apropiación de recursos naturales; estos mecanismos logran ser utilizados para dominar los recursos naturales (RN) gracias a dos protagonistas claves: el Estado-nación y el capital, que configuran espacio y lugares para la explotación de recursos naturales. Este nuevo paradigma de la actual geografía económica propicia una disputa global por los recursos naturales, siendo este suceso uno de los elementos más importantes de la dinámica del capitalismo contemporáneo para reproducir una lógica de acumulación sobre América Latina. "La ocupación de estos espacios locales o regionales por parte de estas empresas ha afectado profundamente los derechos y los territorios de los pueblos y comunidades indígenas. así lo demuestra el observatorio de Multinacionales de América Latina (OMAL, 2015) a través de su mapa interactivo, y los informes asociados a cada caso que ha elaborado la Coordinación por los Derechos de los Pueblos Indígenas. Se ha analizado cómo los Gobiernos de América Latina justifican un estilo de desarrollo extractivista que genera círculos viciosos no sólo en la población (explotación desmedida, bajos salarios, no se cuenta con prestaciones labores –seguro médico, ahorros, etc.–), sino también en el entorno territorial de estas poblaciones: al estar sometido a una sobrecarga de sus recursos naturales, se tiene como resultado depredación y degradación de su medio ambiente. Las comunidades originarias y dueñas de sus recursos (tierra, agua) son despojadas arbitrariamente de sus medios de subsistencia. Estas poblaciones inertes e indefensas luchan por que se les restituya lo que les pertenece. " Merchand Rojas, Marco Antonio. (2016). Esto genera creciente conflictividad socioambiental entre los actores involucrados (Estado, empresas y trabajadores). No obstante que han crecido los conflictos por disputas conquistas de territorios entre los involucrados, el Estado sigue manteniendo una política de defensa a favor de los intereses empresariales que socaban y depredan la biodiversidad de los territorios ocupados, destruyendo por consecuencia el tejido productivo social y cultural de sus pobladores originarios.(agua, suelos, yacimientos minerales e hidrocarburos –recursos estratégicosEstado de BoliviaEstado, empresas y trabajadoresSe puede llegar a la conclusión que las actividades de extracción de minerales o hidrocarburos generan situaciones de pobreza y de autoritarismo, y que se propician relaciones entre unas y otras, por esto mismo el Estado decide tomar riendas en el asunto y propone ciertas medidas para que estos impactos no generen mas conflictos. El Estado juega un papel mucho más activo que en el extractivismo clásico, sea por una participación directa por medio de empresas estatales, como la petrolera venezolana PDVSA, o por medios indirectos: asistencias financieras, subsidios, apoyos en infraestructura, etc. El Estado busca lograr delicados equilibrios entre sus concesiones al capital y la necesidad de regularlo, entre alentar el extractivismo y amortiguar sus impactos sociales y ambientales.Merchand Rojas, Marco Antonio. (2016). Neoextractivismo y conflictos ambientales en América Latina. Espiral (Guadalajara), 23(66), 155-192. Recuperado en 14 de marzo de 2023, de http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-05652016000200155&lng=es&tlng=es.recursos naturales, bolivia, conflicto
BoliviaArticulo Revista General de Derecho Público Comparado 92011Nuevo contitucionalismo, derechos y medio ambiente en las contituciones de Ecuador y Bolivia. Marco Aparicio WilhemiEl caso a tratar, es por la constante desigualdad y exclusión que ha vivido Bolivia durante la historia, de ahí que los textos constitucionales de ambos países se orienten con decisión como proyectos de emancipación social. Bolivia son, de este modo, los primeros países en reaccionar constitucionalmente ante el contexto mundial de crisis ecológica, situando en el primer lugar de la agenda la comprensión de que, hoy en día, no puede haber justicia social sin justicia ambiental. protagonismo de la cuestión ambiental. "Tal protagonismo se articula a partir de numerosas previsiones relacionadas con la protección medioambiental, tanto en forma de derechos como de mandatos a los poderes públicos, en el marco de la reconfiguración de la forma del Estado, que se define como plurinacional e intercultural y que apuesta por el “buen vivir” (sumak kawsay, en kichwa) o el “vivir bien” (suma kamaña, en aymara) como principios estructurantes de la convivencia.Resulta esencial subrayar, en este contexto, que la cuestión medioambiental se sitúa en un marco más amplio, el de la plurinacionalidad y la interculturalidad, principios ambos que definen la forma del Estado según los artículos primeros de los dos textos constitucionales. De este modo, la protección medioambiental supera el carácter de mera reacción al contexto de crisis ecológica, por otra parte imprescindible, por el grado de afectación especialmente intensa en los países con mayores índices de pobreza y desigualdad social."Wilhelmi, M. A. (2011). Recursos naturales, el suelo, el agua, así como la biosfera y energías alternativas Estado de Boliviapueblos indígenas Leco Vs. a empresa estatal dehidrocarburos río Madera Vs. El Estado Las autoridades indígenas de los pueblos afectados exigieron por medio de una resolución al gobierno del Estado plurinacional poner en práctica el respeto a la Madre Tierra, biodiversidad y los derechos de los pueblos indígenas constitucionalmente reconocidos y paralizar las obras iniciadas de la Carretera Villa Tunari–San Ignacio de Moxos. Previsiones de protecciónmedioambiental en el marco de las relaciones internacionales, quese sujetarán a los principios de defensa y promoción de los derechoshumanos, económicos, sociales, culturales y ambientales (art.255.3), la armonía con la naturaleza, defensa de la biodiversidad yprohibición de formas de apropiación privada para el uso yexplotación exclusiva de las plantas, animales, microorganismos ycualquier materia viva (art. 255.7), así como la seguridad ysoberanía alimentaria para toda la población (art. 255.8).Wilhelmi, M. A. (2011). Nuevo constitucionalismo derechos y medio ambiente en las Constituciones de Ecuador y Bolivia. Revista General de Derecho Público Comparado, 9, 1-24. https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/63123382/NUEVO_CONSTITUCIONALISMO__DERECHOS_Y_MEDIO_AMBIENTE_EN_LAS_CONSTITUCIONES_DE_ECUADOR_Y_BOLIVIA20200428-111555-1ou0lnu-libre.pdf?1588094776=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DNUEVO_CONSTITUCIONALISMO_DERECHOS_Y_MEDI.pdf&Expires=1681683394&Signature=IqSeMwVOqO187dyG2rqx8woe2RAZsQFdutdSkiCofgMLZXFE0kDKo2TkfXTsYXwyhhm5GXIRyxhK0jgmWfCkbwRciDIkHIaJfx1csT8ITZwq4vZw0B0XVmu3OQBduwE9qnvsidaiSveg-Hs9h1I9GR9qbuiy9YNyCg2vGhR-qDLfpFhOdCiKlwVf4mjlzPNPpab97-53~oD6MtDTOfsRtsWhgbXGQ5WGpGb8dQLhe6-Vz01ke4VXGFgP9qIDOmOVDxPr6Y-FLOvLZ3o4OWX9uPKgdDtGAfrh8qfibz5XujV1vIoc7fE9SAfanfm05rXH6WYJXKImV-OTyhpqTOZmjg__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZAderechos, bolivia, indígenas, conflicto
BoliviaArticulo Centro de Investigación para la Paz (CIP-Ecosocial)2009De los conflictos ambientales a la democracia de la tierraMarica Di PierriBolivia se ha hecho portavoz de las denuncias contra la política de los organismos internacionales, como el FMI y el BM, que favorecen los intereses económicos de las multinacionales frente a los intereses de las poblaciones y la naturaleza, los derechos sindicales, la soberanía nacional y el derecho de autodeterminación de los pueblos. El caso boliviano es emblemático de cómo los conflictos por el control de los recursos y de los bienes comunes puedan transformarse en “lugares” de innovación, de propuesta y de construcción de procesos de transformación política y social que abren espacios a la democracia participativa desde abajo. "Otro elemento que ha marcado un importante objetivo en el proceso de definición de las políticas económicas sensibles a la sostenibilidad y a la justicia ambiental es el reconocimiento de los derechos de la Naturaleza en la Constitución boliviana. Este hecho marca un punto de inflexión: a la naturaleza se le atribuye un valor más amplio no expresable en términos económicos.De este análisis se desprende que las propuestas nacidas de los conflictos ambientales han calado en las institucionales de algunos países de Latinoamérica, ofreciendo a las democracias contemporáneas experiencias en las que inspirarse para hacer del derecho de participación un elemento fundamental sobre el que se base la gestión de los recursos y de los bienes comunes. "Di Pierri, M. (2009)Agua, Biodiversidad, Bosques, hidrocarburosEstado de BoliviaEl Estado de Bolivia y Ecuador La manifestación de los conflictos ambientales es sintomática de los efectos que el modelo de crecimiento económico neoliberal produce en términos ambientales y sociales. En la práctica, un conflicto ambiental conduce a que la sociedad civil, excluida de los procesos de decisión, se oponga a las políticas impuestas desde arriba, que se basan en la explotación de los recursos y del territorio. A través de la movilización popular, las comunidades implicadas se hacen portadoras de un modelo de democracia participativa desde abajo en defensa de su territorio y del medio ambienteLa manifestación de los conflictos ambientales es sintomática de los efectos que el modelo de crecimiento económico neoliberal produce en términos ambientales y sociales. En la práctica, un conflicto ambiental conduce a que la sociedad civil, excluida de los procesos de decisión, se oponga a las políticas impuestas desde arriba, que se basan en la explotación de los recursos y del territorio. A través de la movilización popular, las comunidades implicadas se hacen portadoras de un modelo de democracia participativa desde abajo en defensa de su territorio y del medio ambienteDi Pierri, M. (2009). De los conflictos ambientales a la democracia de la tierra. revista Boletín ECOS, 6, 9-34. https://www.fuhem.es/media/cdv/file/biblioteca/Conflictos_socioecologicos/Especial-WEB/de%20los%20conflictos%20ambientales%20a%20la%20democracia%20de%20la%20tierra_M_DI-PIERRI.pdfconflicto ambiental, territorio, bolivia, democracia
BoliviaArticulo REVISTA CATALANA DE DRET AMBIENTAL 2013Justicia constitucional en Bolivia. Desafíos y oportunidades para la tutela de los derechos de los pueblos indígenas en conflictos socio-ambientalesAriel Pérez Castellón"En los 30 años de democracia en Bolivia, desde su recuperación en 1982, los pueblos indígenas del país han luchado –y luchan todavía-por la visibilizarían de su existencia e identidad cultural, por el reconocimiento de sus derechos económicos, sociales, culturales, territoriales y ambientales. En los años recientes han existido avances importantes en cuanto al reconocimiento constitucional de los derechos de los pueblos indígenas, en el marco de la Constitución de 2009, y muchas de las demandas actuales de los pueblos indígenas buscan que el Estado sea consecuente, en su visión de desarrollo y en la implementación de las políticas públicas del día a día, con los derechos e instituciones que ha reconocido la nueva Constitución. os repertorios de incidencia de los pueblos indígenas para la exigencia de sus derechos han pasado, en muchos casos, por la movilización y las acciones directas. Ello, ante un déficit estatal e institucional que en muy raras ocasiones ha tenido la idoneidad para responder de modo oportuno y coherente a las demandas de las organizaciones indígenas. "Un resultado de estas debilidades e inconsistencias en la gestión estatal se ha manifestado en un número creciente y cada vez más complejo de conflictos vinculados al ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas, que en una parte significativa tienen que ver con la exigencia y respeto de los derechos territoriales de los pueblos indígenas, y dentro de ellos, con el acceso, aprovechamiento y conservación de los recursos naturales. En este contexto, la Justicia Constitucional, lejana a su mandato y razón de ser, con pocas excepciones ha jugado un rol pobre en la tutela de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas. "Di Pierri, M. (2009)hidrocarburos y mineralesEstado de Bolivia Pueblos indígenas Vs. Estado. En el presente caos se considera como líder ambiental a los indígenas, ya que se encontraban en oposición a que esta construcción atraviese el núcleo del territorio indígena y área protegida, a través de largas marchas y otras acciones directa, una visión liderada por pueblos indígenas de tierras bajas y altas que plantearla necesidad de un modelo de desarrollo armónico con el respeto a la Madre Tierra, y con los derechos fundamentales de los pueblos indígenas. Las organizaciones indígenas del país han optado regularmente en las últimas décadas por las acciones directas, de hecho, a fin de lograr el reconocimientoe implementación de sus derechos; ello, frente a una débil institucionalidad estatal en Bolivia. La Justicia Constitucional (JC) en su primera etapa de funcionamiento (1999-2011), en general no otorgó una tutela efectiva a los derechos de los pueblos indígenas vinculados a conflictos socio-ambientalesPérez Castellón, A. (2014). Justicia constitucional en Bolivia. Desafíos y oportunidades para la tutela de los derechos de los pueblos indígenas en conflictos socio-ambientales. Revista Catalana De Dret Ambiental, 4(2). https://doi.org/10.17345/rcda1392justicia, bolivia, indígenas, problematicas ambientales
BoliviaArticulo Revista Nueva Sociedad No 2442013El proyecto estatal del litio en Bolivia Expectativas, desafíos y dilemasJuliana Ströbele-GregorLas reservas de litio del salar de Uyuni y de otros salares de Bolivia forman parte del debate internacional sobre la explotación de materias primas. Este país dispone de las reservas de ese mineral más grandes del mundo. Debido a la creciente demanda de litio para su uso en baterías de teléfonos celulares, iPods y computadoras portátiles en el mercado global, y sobre todo para vehículos eléctricos, Bolivia tiene la esperanza de salir de la pobreza. Ya antes de su llegada al gobierno a inicios de 2006, Evo Morales había prometido abandonar el modelo económico neoliberal e implementar una política orientada a los intereses nacionales y a la justicia social. No obstante la voluntad gubernamental, se perfilan con claridad algunos ámbitos de conflicto que emergen de los intereses divergentes de varios actores y de las interdependencias a escala global, nacional, regional y local. A ello se suman los dilemas ambientales: generalmente, la minería tiene considerables consecuencias negativas, y esto también es cierto en el caso de la explotación de litio, sobre todo en una región ecológicamente frágil como aquella en la que se encuentran los principales yacimientos. Las comunidades de la zona, que viven de la agricultura y la ganadería, podrían resultar afectadas por estos problemas."La estrategia nacional del litio y, junto con ella, el uso desigual de los recursos naturales (por la industria minera, los campesinos, la población urbana y el turismo) en el salar y alrededor de él tendrán diferentes consecuencias, costos y efectos en los diversos sectores económicos y sociales locales. La posible contaminación y escasez del agua, así como el deterioro del medio ambiente, son especialmente preocupantes, ya que afectarían sobre todo a las comunidades que practican la agricultura y la ganadería. Otros factores son el aumento de los desechos y la contaminación del salar, lo que a mediano plazo también afectará la industria del turismo, para la cual la naturaleza «prístina» de ese particular espacio natural resulta fundamental." Ströbele-Gregor, J. (2013). Recursos hidricosSalr de Ayuni, Bolivia. Comité Cívico de Potosí, los representantes de la provincia Daniel Campos (a la que pertenece el salar) y el gobierno nacional.Segun la lectura "La Constitución incluye derechos de participación y control social en el sector del medio ambiente. El artículo 34 determina que «[c]ualquier persona." Pag 10 a título individual o en representación de una colectividad, está facultadapara ejercitar las acciones legales en defensa del derecho al medio ambiente,sin perjuicio de la obligación de las instituciones públicas de actuar de oficiofrente a los atentados contra el medio ambiente». Sin embargo, hay deficiencias en la aplicación de este y otros artículos.En la nuevaConstitución Política del Estado aprobada en 2009, la participación y el control social son principios centrales, válidos tanto para la población como paralas instituciones y referidos a diferentes ámbitos y niveles de la acción estatal(artículos 26 y 242 inciso 3). Esto significa que el departamento de Potosí y losmunicipios tienen derecho al control. Asimismo, les corresponde la consultalibre, previa e informada cuando se trata del aprovechamiento de los recursos naturales. Los derechos a la participación y el control social son válidosexplícitamente en las empresas, sean estatales o mixtas. -Pag 7 Ströbele-Gregor, J. (2013). El proyecto estatal del litio en Bolivia: expectativas, desafíos y dilemas. Nueva Sociedad, (244), 74-83. https://biblat.unam.mx/hevila/Nuevasociedad/2013/no244/6.pdfbolivia, litio, conflictos ambientales
BoliviaArticulo Revista 2008Retos y perspectivas de la gobernanza del agua y gestión integral de recursos hídricos en BoliviaSergio Antonio Ruíz and Ingo Georg GentesEl caso a tratar es la guerra por el agua en Cochamba, los ciudadanos de Cochabamba se pusieron en pie de guerra contra la privatización de sus escasos recursos hídricos. Hoy, la lucha diaria por el acceso al agua continúa en la cuarta ciudad más grande de Bolivia. En unas semanas, la violencia escaló de forma incontrolada. “En abril, la ciudad se había convertido en un campo de batalla”, cuenta Marcela, hoy convertida en activista internacional por el derecho al agua. Banzer sacó al ejército a la calle y declaró el estado de sitio. Unidades de la policía y las fuerzas armadas se enfrentaron a la población, primero mediante el uso de gases lacrimógenos y después con disparos de francotiradores. " Hubo cientos de heridos en la reyerta y un muerto. Entre los tres y junto a los cientos de miles de bolivianos que salieron aquellos días a la calle, pusieron en jaque no sólo la voluntad del gobierno, sino todo el modelo de privatizaciones que se estaba imponiendo en América Latina. La aplicación de las políticas de reestructuración económica en Bolivia ha tenido uno de sus principales elementos en la privatización, no sólo de las empresas estratégicas (petróleo, minería, comunicaciones) sino también de los servicios básicos. Las organizaciones populares y ambientalistas hacen públicas sus observaciones y se lleva a cabo el primer bloqueo campesino y de regantes en las vías de acceso a la ciudad de Cochabamba. Se iniciaba así la Guerra del Agua. En Cochabamba se configuró una situación donde las luchas de los más pobres, que veían en la privatización del servicio de agua potable la pérdida del acceso a este vital recurso, lograron además de revertir la privatización, establecer un ejemplo de la importancia del agua como un bien público, que ha tenido importantes repercusiones en Bolivia (como se observa en el conflicto de El Alto), de la región y otros países del continente." Ruiz, S. A., & Gentes, I. G. (2008). El agua Cochamba, Estado de Bolivia. El Estado de Bolivia, mpresas estratégicas (petróleo, minería, comunicaciones), campesinos ciudad de Cochamba.  No obstante, a dos años de gestión, la nueva política hídrica boliviana se encuentra estancada, entre otros motivos, debido al debilitamiento político y técnico del propio Ministerio del Agua, que no permite coordinar acciones con las instancias públicas de los gobiernos departamentales y municipales, y la escasa coherencia entre las normas que regulan las actividades del sector.Los campesinos y habitantes de la ciudad de Cochamba decidieron en defensa de sus derechos fundamentales como lo es el acceder al agua, tomaron la decisión de cerrar las principales vías de acceso y así crear cierta presión social hacia le gobierno, incluso alcanzaron lograr su cometida puesto que varias empresas del sector del agua abandonaron sus proyectos. Ruiz, S. A., & Gentes, I. G. (2008). Retos y perspectivas de la gobernanza del agua y gestión integral de recursos hídricos en Bolivia. Revista Europea de Estudios Latinoamericanos y del Caribe/European Review of Latin American and Caribbean Studies, 41-59. https://www.jstor.org/stable/25676329bolivia, agua, conflictos ambientales
BoliviaCapitulo Libro virtual2011Justicia Hidrica: acumulación de agua, conflictos y acción de la sociedad civilRutgerd boelens, leontien cremers y margreet zwarteveenLa creciente concentración de agua y derechos de agua en manos de unos pocos, y los conflictos que surgen como consecuencia, asumen un lugar cada vez más prominente en los debates públicos. Favorecidos por un clima político neoliberal, los nuevos competidores —incluyendo ciudades, empresas mineras y agronegocios— usurpan los territorios indígenas y de comunidades rurales, al reclamar una parte importante de los derechos de agua existentes, sin reconocer, a menudo, las reglas locales. Al mismo tiempo, el cambio climático reduce aún más la disponibilidad, la calidad y la previsibilidad de los suministros e intensifica la competencia (Barnett et al. 2005; Zwarteveen 2009; Doornbos, capítulo 8 en este libro. Este proceso de acumulación de agua —parte del cual es «legal» en un sentido estricto, aunque gran parte es extralegal— sigue creciendo en gran medida de documentación. Aunque el agua ocupa un lugar destacado en las agendas políticas nacionales e internacionales, los conflictos sobre el agua que reciben más atención son los más expuestos —como aquellos entre los pueblos indígenas y las grandes empresas de energía hidroeléctrica o las luchas contra la minería o los consorcios madereros—. Sin embargo, hay miles de luchas que las poblaciones y comunidades libran frecuentemente para proteger sus fuentes y sus derechos de agua —de los que dependen sus medios de subsistencia—, así como constantes procesos de despojo y robo de agua, que apenas se conocen. La creciente escasez de agua está generando más conflictos relacionados con el acceso y control del agua, que se dan en gran medida entre actores privados poderosos y usuarios organizados en movimientos sociales" COSSíO, V. L. A. D. I. M. I. R. (2011).Recurso hidricosEstado de BoliviaEstado de Bolivia y empresas tanto privadas como publicas, Aquí no se pudo identificar un líder ambiental en especifico La falta de políticas adecuadas y la debilidad institucional son las causas de que el Estado boliviano no sea capaz de regular actividades que afectan la calidad y la cantidad de los recursos hídricos que existen en el país. Esto deja desprotegidos especialmente a los grupos de población más pobres, creando un ambiente propicio para la afectación de sus derechos y del acceso al agua, por esta misma razón a los campesinos le toca tomar cartas en el asunto. ninguna manera respaldado. En otras palabras: ¿cuál es la importancia real que otorga el grupo al tema o valor que se pretende defender, y a qué costo aceptable?Durante los últimos años se han establecido leyes específicas con relación al agua potable y de riego, las cuales promueven un mejor balance con respecto a los otros sectores de uso, pero que, sin embargo, mantienen la sectorización en la gestión del agua a nivel del Estado.COSSíO, V. L. A. D. I. M. I. R. (2011). Justicia hídrica en Bolivia: afectación en el acceso al agua y conflictos. (2011). JUSTICIA HíDRICA. ACUMULACIÓN, CONFLICTO Y ACCIÓN SOCIAL.(480 PP.) LIMA: INSTITUTO DE ESTUDIOS PERUANOS., 297.bolivia, agua, conflictos ambientales
BoliviaCapitulo Libro virtual 2017Logicas de desarrollo extractivismo y cambio climatico Manuel de la fuente, Tania Ricaldi, Angel Saldomando.En el caso boliviano, los conflictos alrededor de los recursos naturalessiempre estuvieron presentes, y era de esperar que encuentren un caucemenos conflictivo en el actual supuesto “proceso de cambio”, que estállevando adelante el presidente Morales. Pero la realidad es otra y losenfrentamientos se han multiplicado en el último decenio. " El caso delTerritorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), queserá, entre otros, examinado más adelante, ha sido el más controversial,develando una serie de contradicciones del gobierno progresista del MAS1.Previo al análisis de estos conflictos, se presenta en una primera parte,algunos antecedentes. Se expondrá rápidamente la fortaleza que tiene elextractivismo en Bolivia, examinando en particular la estructura de lasexportaciones bolivianas; mostrando que en los últimos tiempos el peso delas ventas al exterior de bienes industriales han disminuido; mientras que la comercialización de minerales y de hidrocarburos (en especial del gas) seha incrementado. Las propuestas gubernamentales conmiras a la defensa del medio ambiente, proposiciones que se han sustentado,no tanto internamente como, a nivel internacional. Es por ello que vale lapena rememorar que el Gobierno se proyectó mundialmente como defensorde la Pachamama (madre tierra), convocando a dos reuniones globales, enla ciudad de Tiquipaya, donde se hicieron declaraciones importantes queserán presentadas. " Suárez, F., & Ruggerio, C. (2017). Petroleo, aguaEstado de Bolivia Cochabamba, La Paz, Chuquisaca, Potosí y BeniSe consideran a los campesinos y agricultores los cuales le exigen al gobierno garantias, ya que estan siendo desplazados como principal productos de alimentos; hay contradicciones entre las políticas que buscan fortalecer alsector campesino y las políticas macroeconómicas: la libre importación decomestibles, el mantener un bajo precio del dólar y un rígido control deprecios de alimentos en el mercado interno desalienta a los productorescampesinos y debilita el espíritu comunitario.Fue el inicio de una serie de movilizaciones que pusieron en cuestiónuno de los pilares importantes del “neoliberalismo”, es decir las políticas deprivatización y de mercantilización, en este caso, de un recurso natural vitalcomo es el agua.Suárez, F., & Ruggerio, C. (2017). Conflictos ambientales. Emergencias, lógica de actores y representaciones Lógicas de desarrollo, Extractivismo y Cambio Climático. Cochabamba, Bolivia: UMSS/CESU. https://www.researchgate.net/publication/318118402_Logicas_Desarrollo_extractivismo_y_cambio_climatico_Cochabamba_CESU_2017conflicto, recursos naturales, agua, indígenas
BoliviaArticuloRevista ecologia en Bolivia2001La importancia de los atropellos para la ecología y conservación: Dinomys branickii un ejemplo de BoliviaNicole Gottdenker1, Robert B. Wallace1,2 & Humberto Gómez2El caso por tratar e el caso de la pacarana (Dinomys branickii) en la serranía de Pilón (La Paz, Bolivia) es el alto número de atropellos y su importancia para la ecología en Bolivia, las carreteras o caminos puede ser barreras que cruzan el territorio de un animal o pueden ser el corredor por donde se esté dispersando o migrando. Esta zona se clasifica como bosque de pie de monte en la región fisiográfica del subandino norte que flanquea a la llanura aluvial del Beni. El clima es tropical-subtropical y húmedo con niveles de precipitación anual entre 1400 y 1800 mm (SERNAP 2000), Poco se conoce sobre D. branickii en todo su rango de distribución, donde es considerado raro (Emmons 1990) y éste es un registro adicional para la región (Anderson 1997). La literatura sobre D. branickii incluye descripciones breves de su biología e historia natural, y la mayoría provienen de observaciones en cautiverio. "Las carreteras también pueden atraer algunas especies de fauna silvestre a causa del tipo de vegetación que se encuentra al borde de muchos caminos se refiere al hallazgo de animales muertos que se encuentran en los caminos a causa de colisiones con vehículos. El efecto de los atropellos puede ser una causa significativa de muerte de algunas poblaciones de fauna silvestre. Se estima que 10 millones de aves y 100.000 zorros mueren atropellados por año en las carreteras. Sin embargo, los animales atropellados por vehículos pueden servir como fuentes potenciales de información en cuanto al estudio de la ecología y conservación (Case 1978). Sin embargo, este tipo de casos puede ser útil para usarse para adicionar un nuevo registro de presencia de una especie en una zona o a manera de estimaciones de abundancia relativa, obtener información demográfica y ecología y comportamiento de algunas especies. " Gottdenker, N., Wallace, R. B., & Gómez, H. (2001). La flora y la faunaEstado de BoliviaA los animalesLíder: Grupo o individuo que procura crear posibilidades para que los atropellos disminuyan y asi la cantidad de especies muertas se reduzcan.Crearon un proyecto llamado “Roadkill” los participantes registran datos sobre los animales atropellados en carreteras cercanas, tal como en la ruta a una escuela local. Después de tomar los datos sobre los animales atropellados, los participantes envían sus resultados a un base de datos central a través de Internet. Los participantes pueden comparar datos de atropellos en diferentes lugares y se realizan proyectos científicos utilizando los datos colectados (Roadkill, 1999).Gottdenker, N., Wallace, R. B., & Gómez, H. (2001). La importancia de los atropellos para la ecología y conservación: Dinomys branickii un ejemplo de Bolivia. Ecología en Bolivia, 35, 61-67. https://www.researchgate.net/profile/Robert-Wallace-16/publication/268577756_La_importancia_de_los_atropellos_para_la_ecologia_y_conservacion_Dinomys_branickii_un_ejemplo_de_Bolivia/links/54710cb00cf24af340c3b967/La-importancia-de-los-atropellos-para-la-ecologia-y-conservacion-Dinomys-branickii-un-ejemplo-de-Bolivia.pdfconfllicto, bosque, bolivia, territorio
BoliviaCapitulo Revista2013Justicia constitucional en Bolivia. Desafíos y oportunidades para la tutela de los derechos de los pueblos indígenas en conflictos socio-ambientalesAriel pérez castellónEl caso a tratar son los pueblos indígenas del país y su por la visibilización de su existencia e identidad cultural, por el reconocimiento de sus derechos económicos, sociales, culturales, territoriales y ambientales. En los años recientes han existido avances importantes en cuanto al reconocimiento constitucional de los derechos de los pueblos indígenas, en el marco de la Constitución de 2009, y muchas de las demandas actuales de los pueblos indígenas buscan que el Estado sea consecuente, en su visión de desarrollo y en la implementación de las políticas públicas del día a día, con los derechos e instituciones que ha reconocido la nueva Constitución. Han demandado que la legislación de desarrollo de la nueva Constitución, por ejemplo, las denominadas como leyes fundamentales (v.g. Ley marco de autonomías y descentralización, Ley del régimen electoral) sean congruentes con los derechos de los pueblos indígenas contemplados en la Constitución. " No obstante, organizaciones indígenas como la CIDOB han denunciado la existencia de violaciones e incongruencias constitucionales de normas como la Ley del régimen electoral, que restringe el derecho de los pueblos indígenas a elegir a los representantes indígenas ante la Asamblea Legislativa Plurinacional de acuerdo a sus normas y procedimientos propios. Se debe señalar que una buena parte de las áreas de exploración y explotación de hidrocarburos y minerales, y de desarrollo de grandes infraestructuras (v.g. vial, energética) se traslapan con territorios de pueblos indígenas y originarios de tierras bajas y altas, En general, ya se traten de empresas estatales nacionales, como COMIBOL o Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), o de empresas privadas transnacionales (como Repsol o Total), sus operaciones extractivas con frecuencia han incumplido normas sociales y/o ambientales del país." Pérez Castellón, A. (2014).  el agua, el suelo, el aire, los minerales, la energía de las mareas, la energía eólica, la flora y la faunaEstado de BoliviaPueblos Indigenas, Estado y empresas de exploracion y explotacion. Líder: Se consideran los pueblos indígenas, ya que siempre han tratado de preservar y cuidar sus territorios además de tener valor espiritual , también económico, y aunque el Estado trate de crear normas para su cuidado por acción u omisión el Estado incumple su rol de garante de derechosOrganizaciones indígenas de tierras bajas y de tierras altas del país, han manifestado su oposición a que esta construcción atraviese el núcleo del territorio indígena y área protegida, a través de largas marchas y otras acciones directasPérez Castellón, A. (2014). Justicia constitucional en Bolivia. Desafíos y oportunidades para la tutela de los derechos de los pueblos indígenas en conflictos socio-ambientales. Revista Catalana De Dret Ambiental, 4(2). https://doi.org/10.17345/rcda1392indígenas, bolivia, identidad, conflicto
BoliviaArticulo Revista cientifica 2015Deforestación en Bolivia: una aproximación espacialJaime Daniel Leguía Aliaga* Horacio Villegas Quino** Javier Aliaga Lordemann***El caso a tratar es la deforestación de Bolivia, e ha constituido en uno de los temas prioritarios en las agendas nacionales e internacionales, principalmente por sus efectos sobre la pérdida de biodiversidad, el cambio climático, la reducción de la oferta de madera y la degradación del suelo, entre otros (Kaimowitz et al., 1998). Según la FAO (2006), los latinoamericanos deforestaron cinco veces más por habitante rural que los africanos, y 40 veces más que los asiáticos. Se estima que en Bolivia la deforestación está provocando la pérdida de cientos de miles de hectáreas de bosque por año. Las causas de esta deforestación son muy complejas y varían entre las distintas regiones del país. Sin embargo, se sabe que la ampliación de la frontera agrícola constituye la principal causa de deforestación (Pacheco, 2004). También, se ha detectado que el acceso a infraestructura de carreteras incrementa la probabilidad de deforestación (Kaimowitz y Angelsen, 1999). "Se asume que una alta densidad y crecimiento poblacional cerca a áreas forestales incrementa la presión sobre los bosques, y que la tenencia de la tierra y la falta de derechos de propiedad bien definidos son también causas importantes de este fenómeno. Por último, existe un conjunto de variables físicoambientales que influyen fuertemente en el lugar donde los agentes deforestan (Kaimowitz y Angelsen, 1998) En este sentido, Bolivia se constituye en un caso fundamental de estudio – aproximadamente el 50% del territorio tiene vocación forestal– en el que el modelamiento de este tipo de factores cobra importancia, debido a que existen complejas relaciones causales. Por lo tanto, este documento pretende medir y analizar las relaciones que presentan un conjunto de variables (caminos, derechos propietarios, características físicas y ambientales, población, etc.) en relación a la deforestación, a partir de una escala de análisis municipal." Leguía Aliaga, J. D., Villegas Quino, H., & Aliaga Lordemann, J. (2011).agua, flora y fauna Estado de BoliviaEstado, empresas de contuccion, poblacion, inversionistas. la justicia ambiental busca evitar el impacto desigual o desproporcionado de las amenazas ambientales sobre grupos de población en desventaja y, por tanto, más vulnerables, impidiendo que instalaciones que producen daño y peligros potenciales se encuentren situadas de manera concentrada en lugares donde residen grupos étnicos, socialmente empobrecidos y con menos posibilidades de presión social y económica (Bahadur, Samuels y Williams 1998).SE han realizado diferentes estudios para determinar cuales son los factores los cuales permiten dictaminar las razones del incremento o disminución de la deforestación. Leguía Aliaga, J. D., Villegas Quino, H., & Aliaga Lordemann, J. (2011). Deforestación en Bolivia: una aproximación espacial. Revista Latinoamericana de Desarrollo Económico, (15), 7-44. http://www.scielo.org.bo/pdf/rlde/n15/v9n15a01.pdfdeforestación, bolivia, suelo
BoliviaRevista Articulo 2016Territorios indígenas versus colonizadores campesinos en Bolivia. Estudio de caso de la Comunidad Indígena Yuracaré del río Ivirgarzama - CIYRIJean Paul BenavidesEl caso a tratar es la Comunidad Indígena Yuracaré del río Ivirgarzama – CIYRI, l reconocimiento de derechos sobre territorios indígenas es una promesa de bienestar humano, conservación ambiental y desarrollo. que ha tomado fuerza global desde la década de 1990. Bolivia se ha sumado a esta tendencia: en el año 1992 se otorga derecho sobre las tierras ancestrales y, en el año 2009, con la adopción de una nueva Constitución, se abre la puerta al reconocimiento de autonomías indí-genas. Este avance legislativo se produce en dos contextos diferentes: el primero, de reformas políticas de descentralización liberales que distribuyen importantes com-petencias y recursos a actores locales, y el segundo, con la llegada de Evo Morales a la cabeza del Estado. el conflicto significa pérdida territorial significativa, un dete-rioro de las reglas de gobernanza forestal y, en consecuencia, degradación forestal. Así, aunque el reconocimiento de los territorios ha empoderado a los pueblos indí-genas —por ejemplo, mediante el derecho a la consulta libre e informada sobre recursos naturales—, el Estado boliviano se ha mostrado poco respetuoso de la defensa de una reivindicación indígena territorializada. Al contrario, los cocaleros, representantes de una reivindicación de lo indígena cosmopolita con un propuesta de gobernanza del Estado, pero que se impone sobre una reivindicación de iden-titaria indígena de resistencia (Canessa, 2014).Agua, suelo, flora y fauna La Paz; Chapare, en Cochabamba, y Yapacaní, en Santa CruzEstado de Bolivia, comunidades indigenas, empresas de extraccion. Líder: Los pueblos Indígenas que mediante los anos han luchado porque sus tierras no se las arrebaten, sin embargo no ha tenido resultado como se esperaban. Han usado métodos como el dialogo, marchas pacíficas, se han acercado hasta el congreso. mediante el derecho a la consulta libre e informada sobre recursos naturales—, el Estado boliviano se ha mostrado poco respetuoso de la defensa de una reivindicación indígena territorializadaBenavides, J. P. (2022). Territorios Indígenas versus colonizadores campesinos en Bolivia. Estudio de caso de la comunidad Indígena Yuracaré del río Ivirgarzama (CIYRI). Debates En Sociología, (54), 115-141. https://doi.org/10.18800/debatesensociologia.202201.004bolivia, indígenas, conflicto
BoliviaLibroInforme/ cuaderno2009Conflictos y potencialidades de los recursos naturales en BoliviaJuan Carlos AlurraldeRolando JordánPablo PachecoAlcides Vadillo PintoSE va a hablar de la Conflictividad agraria en Santa Cruz: el caso de San Julián-El Puente, se encuentran en los niveles de discriminación, marginación social, exclusión económica y política de grandes sectores sociales, particularmente de la población indígena y campesina. El proceso de saneamiento de tierras implica la revisión de la legalidad de todas y cada una de las propiedades; específicamente la verificación de que cumplan con la FES a través del trabajo o alguna actividad económica o ecológica, y la medición para identificar sus vértices y colindancias, estableciendo su extensión y ubicación actual. Es lamentable constatar que en Bolivia el acceso marcadamente inequitativo y el uso ineficiente de la tierra conduce a seguir en la pelea por el reconocimiento del derecho de propiedad de la tierra, mientras el mundo encamina sus esfuerzos a lograr mayores conocimientos y tecnologías que permitan mejores niveles de producción con menores costos" La falta de definición del derecho de propiedad sobre la tierra y la inseguridad jurídica de la propiedad agraria, limitan las posibilidades de inversión, de trabajo y de desarrollo; mucho más cuando estas tierras se encuentran dentro de un área de conflictividad agraria donde cualquier diferencia es utilizada con una finalidad política o para generar una relación conflictiva. Los conflictos por la tierra ocasionan trastornos sociales, generan más pobreza, postergan o destruyen oportunidades de ingresos; dañan al medio ambiente y amenazan con aumentar los niveles de violencia.Hay problemas estructurales de marginalidad e inequidad en relación al acceso a la tierra, que es una de las causas de la pobreza rural. Estos problemas tienen que resolverse con políticas públicas de alcance nacional. En ese sentido, urgen medidas dirigidas a lograr una mayor equidad en la distribución de la tierra, condición necesaria para viabilizar un desarrollo rural de base amplia, que pueda contribuir a la reducción de la pobreza y aumentar la equidad; pero por sí sola resulta una condición insuficiente. Esta es una de las lecciones claves que pueden derivarse de las diferentes experiencias de las reformas agrarias en América Latina90 y particularmente en Bolivia. " Alurralde, J. C., Jordán, R., Pacheco, P., & Pinto, A. V. (2009).Agua, tierra, minería y bosquesEstado de Bolivias sectores campesinos, indígenas, colonizadores y empresarialesLLider: En defenss de sus tierras deberá seguir encarando el renovado liderazgo estatal boliviano en este ámbito, pero también sobre los retos que tienen todos los actores sociales para construir dialógicamente consensos acerca de la manera de resolver estos problemas pensando en el desarrollo de largo plazo de BoliviaEl proceso de saneamiento de tierras, para su posterior titulación, implica la revisión de la legalidad de la propiedad; verificación de que éstacumpla con la FES a través del trabajo o alguna actividad económica;el levantamiento de las mensuras, colindancias y ubicación del predio,con fines catastrales. Todo este complejo proceso genera escenarios deconfrontación entre aquellos que pretenden demostrar la legalidad delas tierras que ocupan, frente a otros interesados que también reclamanalgún tipo de derecho. En este campo, reconocer el derecho de uno,significa negar las aspiraciones del otro, ya sea en todo o en parte.Alurralde, J. C., Jordán, R., Pacheco, P., & Pinto, A. V. (2009). Conflictos y potencialidades de los recursos naturales en Bolivia. Agua, Tierra, Minería y Bosques. 1ra, Ed. PNUD. La Paz, BO. p, 85-104. https://bivica.org/files/recursos-naturales-conflictos.pdfConflicto, territorio, legalidad, bolivia
BoliviaArticulo Revista 2013El conflicto en torno al Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure: Un conflicto multidimensionalMaría José Muñoz C.A lo largo de varias décadas el Parque y sus habitantes se vieron amenazados por el avance de diversos grupos sobre el territorio (ganaderos, madereros, "colonos", etc.) sin reconocimiento legal alguno de parte del Estado, hasta fines de los años 80's— se vieron crecientemente amenazados y despojados de su territorio, y sus recursos naturales por efecto de la expansión de estos nuevos actores en el área.La gravedad de la situación obligó a iniciar, la primera Marcha Indígena por el Territorio y la Dignidad, desde sus comunidades ubicadas en Beni hasta la ciudad de La Paz, en búsqueda del reconocimiento y protección de su territorio. La movilización sobrecogió a la sociedad boliviana y logró que el gobierno nacional bajo la presidencia de Jaime Paz Zamora dicte un Decreto Supremo reconociendo al Parque Nacional Isiboro Sécure como Territorio Indígena de los pueblos moxeño, yuracaré y tsimane. Si bien en un principio el nombramiento del Territorio Indígena fue un hecho "simbólico" debido la carencia de la base legal necesaria para el reconocimiento del derecho propietario indígena en el marco de la legislación agraria nacional, se sentó un precedente importante. "La lucha para obtener un derecho legítimo sobre el territorio fue ardua y en ella los habitantes del TIPNIS se articularon al resto de los pueblos indígenas de las tierras bajas del país, agrupados en la CIDOB (Confederación Indígena de Bolivia); en una demanda más amplia de los pueblos indígenas del país por el reconocimiento y respeto de sus derechos colectivos, sus organizaciones y su cultura, que fue fundamental en la generación de transformaciones estructurales en Bolivia. El despertar indígena por una parte obligó al país a afrontar y asumir su condición plural y por otra planteó por primera vez la necesidad de convocar a una Asamblea Constituyente. " Muñoz, C., & José, M. (2013). Recursos hidricos y el suelo. Parque Nacional Isiboro Sécure, Bolivia. Hbaitantes del terriotrio indigena parque nacional Isiboro Secure y el Estado. Líder: Los pueblos Indígenas que vivian en el parque nacional Isiboro, los cuales de manera pacifica le pedían la gobierno su territorio sagrado, los cuales lograron ciertas garantias en la parte legal.e la expansión de las plantaciones de coca en el marco del narcotráfico; el rol de las mujeres como líderes y organizadoras de las movilizaciones de protesta; el desarrollo de Consulta Post como un nuevo escenario de resistencia; la pobreza que azota a gran parte de los pueblos amazónicos y el debate sobre cómo, con qué herramientas y quién tendrá la potestad de decidir respecto el acceso a los recursos naturales en el futuro.Muñoz, C., & José, M. (2013). El conflicto en torno al territorio indígena Parque Nacional Isiboro Sécure: Un conflicto multidimensional. Cultura y representaciones sociales, 7(14), 67-141. https://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S2007-81102013000100004&script=sci_arttextterritorio, dignidad, bolivia, conflicto
BoliviaArticulo Revista 2010Conflictos geopolíticos por el agua en las cuencas mineras del Departamento de Oruro, BoliviaVíctor Hugo Perales MirandaLas cuencas mineras de Oruro existe una multiplicidad de actores, privados e institucionales, quienes están comprometidos en el uso y gestión del agua para desarrollar diversas actividades como la minería, agropecuaria, pesquería y consumo humano. Donde, si bien existen relaciones antagónicas originadas por la disputa en el acceso al agua, la minería se impone y se mantiene en las cuencas mineras de Oruro como actividad principal, a pesar de la alta toxicidad que produce, pues en torno a ella hay un tejido complejo de relaciones económicas consolidadas en siglos de explotación minera ; muchos comunarios de la zona están involucrados –directa e indirectamente- con esta actividad extractiva. " En estas cuencas suelen producirse impactos ambientales que degradan la calidad de los cuerpos de agua superficiales de la cuenca ; de hecho, pese a que la naturaleza tiene una capacidad de resiliencia, de recuperación frente a eventos naturales y sociales, la contaminación es la expresión de saturación de esa capacidad, rebasada por la presencia de residuos que no han sido asimilados por la naturaleza. Los conflictos sociales permiten visibilizar las relaciones de poder ; por ello, se los asume como fenómenos sociales que surgen al exacerbarse las contradicciones entre diversos actores, en el proceso de apropiación territorial del espacio geográfico de las cuencas, que no aluden a una situación de irregularidad o anomia, sino a un proceso de divergencias y disputas por la instalación de territorialidades superpuestas. "Perales Miranda, V. H. (2010).El agua, el sualo y la flora y fauna. Estado de BoliviaLa poblacion al rededor de cuenca de agua de Oruro, Bolivia. Líder: Sectores campesinos los cuales por el constante temor pese a haber construido una importante red de contactos a nivel departamental, nacional e internacional, tropiezan con el principal problema de asumir la existencia de la minería en Oruro como un sentido común, en cierta forma, una manera de sumisión frente a la hegemonía de la minería en esta región golpeada por la contaminación minera del agua.gobierno boliviano como un hecho inédito, en clara muestra de optar por el diálogo con los sectores afectados por la contaminación minera del agua, ha instalado unas mesas de trabajo en las que participan los diversos actores, a fin de identificar los problemas y asignar responsabilidades, búsqueda de soluciones, financiamiento de soluciones y plazos. Mecanismo que tiende a la búsqueda de la resolución de conflictos de manera concertadaPerales Miranda, V. H. (2010). Conflictos geopolíticos por el agua en las cuencas mineras del Departamento de Oruro, Bolivia. [VertigO] La revue électronique en sciences de l’environnement, (7). https://www.erudit.org/en/journals/vertigo/2010-n7-vertigo3897/044530ar/minería, minas, bolivia, naturaleza
BoliviaArticulo Revista 2000Conflictos ambientales y desarrollo sustentable de las regiones urbanasFransciso SabattiniEl caso a tratar es crisis de planificación urbana y la poca capacidad de gestión publica, esto partiendo del hecho que La expansión exportadora de recursos naturales, las renovadas tendencias de urbanización, Ia mayor conciencia ambiental y el predominio de las libertades democráticas, se cuentan entre los factores que están estimulando Ia aparición de estos conflictos ambientales por toda América Latina.Los conflictos surgen en localidades rurales y en ciudades menores y, asimismo, son planteadospor los habitantes de las ciudades mayores. Argumentaré que estos conflictos ambientales son,en realidad, conflictos sociales por el control de los territorios y, en tanto tales, tienen gran relevanciapara el urbanismo. Se trata de conflictos originados por cambios en los usos del suelo, Iaesencia del desarrollo urbano, y por Ia distribución de las externalidades derivadas de esoscambios, un fenómeno territorial. " Por lo mismo, los conflictos ambientales no son, en lo fundamental, distintos que los conflictos urbanos derivados del desarrollo de proyectos inmobiliarios o de infraestructura. Con Ia fuerte penetración capitalista en el negocio inmobiliario,estamos asistiendo al deterioro más o menos rápido de los valores más esencialmenteurbanos: en lo funcional, Ia accesibilidad y movilidad internas, de las cuales dependen, entreotros, Ia realización de las oportunidades económicas brindadas por Ia ciudad; y en lo social ycultural, Ia posibilidad del encuentro con los otros y de Ia práctica abierta de Ia diversidad, de loque dependen las aspiraciones de progreso cultural y de integración social. " Sabatini, F. (1997). El suelo, minerales, flora y fauna. Estado de BoliviaPoblaciones suburdana de bolivia y el gobierno. Líder: En la capacidad de transformar conflictos ambientales y territoriales en consensos entre el gobierno y la población. La negociación ambiental formal y Ia participaciónpública parecen ser los caminos adecuadospara trabajar por Ia generación de estos consensos.Sin embargo, hay un tipo de consensosengañosos de los que el planificador territorialdebe recelar. Son los que se suelen imponer alas comunidades desde fuera, con el apoyo de Iaprensa e, incluso, de las autoridades políticascentrales. Puede tratarse de un programa decambio tecnológico o de recuperación ambientaldiseñado sin el concurso de Ia comunidad y delque ésta desconfía, pero que sirve a las empresaspara "salir del paso". . En el fondo, se intentacrear una opinión pública favorable a los interesesde Ia empresa.Sabatini, F. (1997). Conflictos ambientales y desarrollo sustentable de las regiones urbanas. Revista EURE - Revista de Estudios Urbano Regionales, 23(68). Recuperado de http://eure.cl/index.php/eure/article/view/1157crisis, planificación, bolivia, territorio
BoliviaArticulo Revista Letras Verdes. Revista Latinoamericana de Estudios Socioambientales214Gestión y administración pública ambientalEstudio de caso en el Municipio de Sipe Sipe, Departamento de Cochabamba, Bolivia Ing. M.Sc. Cídar F. Pinaya CéspedesEl caso de la aplicabilidad de la Ley 1333, Ley del Medio Ambiente; también la situación de la omisión o incumplimiento de deberes, se ha cargado al Estado un problema social, a tan solo 24 km. de la ciudad de Cochabamba, sobre carretera asfaltada, próximamente a ser de doble vía; haciendo sobre todo, que los responsables de la Alcaldía de Sipe Sipe como de la Gobernación de Cochabamba, asuman sus atribuciones, competencias, funciones y determinaciones dentro de medidas y acciones de mitigación de contaminantes atmosféricos o aplicación de medidas correctivas inmediatas, establecidas por Ley y Reglamentos. Los recursos de Bolivia se encuentran amenazados por permanentes procesos de degradación por la presión demográfica, la deforestación, quema, extracción selectiva de especies, caza ilegal y actividades productivas que se desarrollan bajo condiciones específicas de contaminación, que dependen de los insumos productivos, los procesos industriales utilizados, el nivel tecnológico y el medio donde se desenvuelven (MDSP, 2002).Los problemas ambientales surgen por la generación de impactos que causan una divergencia entre los costos privados y sociales de producción. "En este caso, la producción de bienes está por encima del óptimo social, mientras los precios de los bienes por debajo del mismo. Esto indica la presencia de externalidades negativas, que en muchos casos tienen características de bienes públicos, por ejemplo, la contaminación atmosférica urbana ." Scotto, G. (2013). Recurso hidrico, el suelo, minerales, flora y fauna.Cochamba,Estado de BoliviaAdministracion publica ambinetal, gobierno, la poblacion, empresas.En America Latina donde los lideres ambientales estan en pro de cuidar y velar por los recursos, es donde la violencia toma el poder. Hasta el momento no han dispuesto medidas ni acciones correctivas para mitigar los efectos del cambio climático debido a las crecientes emisiones de los gases de efecto invernadero. Scotto, G. (2013). Estados Nacionales, Conflictos Ambientales y Minería en América Latina. Letras Verdes: Revista Latinoamericana de Estudios Socioambientales, (14), 95-116. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5444026Leyes, medio ambiente, bolivia
BoliviaTesis Editorial MULTIFOCOOctubre de 2016Derechos ambientales y deberes ecologicós en boliviaFarit Limbert Rojas TudelaEl caso para tratar hace referencia a la necesidad de tener una constitución amplia en sentido de derecho al medio ambiente, la tendencia moderna e ilustrada del siglo XIX señaló que los derechos humanos son inherentes al ser humano y que tienen una naturaleza universal y finalizada, por supuesto se refería a los derechos liberales. Esto se dio como consecuencia, a las constantes disputas y faltas de garantías que el gobierno le brindaba a la población un claro ejemplo fue la guerra del agua. Este derecho se relaciona directamente con la protección del tejido de vida del que los seres humanos somos sólo una parte. Asimismo, debe entenderse como derecho a un medio ambiente protegido a la acción para salvaguardar el medio ambiente, disposición que es inherente a la Declaración de las Naciones Unidas y a muchas de sus convenciones ambientales." En consecuencia, el derecho a un medio ambiente protegido supone la prestación positiva por parte de los Estados, para generar herramientas y mecanismos que coadyuven a conservar la biósfera. Conforme a lo señalado en el Artículo 342, este deber no sólo es del Estado sino también de la población. El derecho a un ambiente equilibrado supone la interacción del conjunto de elementos naturales, artificiales y culturales de tal manera que posibiliten el desarrollo de la vida tanto de seres humanos como de otros seres vivos. El derecho a un medio ambiente también comprende el derecho a la información, a la participación en el proceso de toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia ambiental (Artículo 343). La otra cara de los derechos son los deberes. Para muchas culturas no es posible concebir un derecho sin que medie antes un deber. En este sentido el ejercicio del derecho al medio ambiente saludable, protegido y equilibrado debe proyectarse en el presente así como en el futuro, y no sólo respecto al ser humano sino respecto a otros seres vivos, en busca de un desarrollo normal y permanente"Tudela, F. L. R. (2016)Agua y suelo.Estado de BoliviaEstado de Bolivia Vs. derecho ambientalAquí no se puede identificar un sujeto como tal que cumpla las funciones de líder, sin embargo la constitución por medio de normas trata en lo posibilidad de Conforme a lo señalado en el Artículo 33 las personas tienen derecho a un medio ambiente saludable, protegido y equilibrado. Debe entenderse como derecho a un medio ambiente saludable, el derecho a que los elementos naturales, artificiales y culturales que rodean al ser humano y a otros seres vivos no sean nocivos a la salud y en consecuencia permitan el desenvolvimiento normal de la vida en todas sus formas. La Constitución Política del Estado presenta como acción de defensa para evitar la vulneración del derecho al medio ambiente a la Acción Popular. La Acción Popular es una garantía constitucional, es decir un medio procesal idóneo y efectivo y de naturaleza tutelar, que tiene por objeto la protección inmediata y efectiva del derecho al medio ambiente (y de otros derechos e intereses colectivos), contra los actos u omisiones ilegales o indebidos de autoridades públicas o personas particulares que los restrinjan, supriman o amenacen con su restricción o supresión.Tudela, F. L. R. (2016), ERECHOS AMBIENTALES Y DEBERES ECOLOGICÓS EN BOLIVIA. DEMOCRACIA AMBIENTAL NA AMÉRICA LATINA, 111. https://iris.unito.it/retrieve/2af48d0c-937d-41df-99cc-648914118cb3/miolo-_140217_impressa%CC%83o.pdf#page=111Derecho al medio ambiente, bolivia, protección
BrasilARTÍCULOObservatorio latinoamericano de conflictos ambientales2020Los guardianes de la Amazonía son asesinados mientras Bolsonaro desmantela los controles ambientalesObservatorio latinoamericano de conflictos ambientalesEstado de RondôniaLos Uru-Eu-Wau-Wau son un pueblo indígena en Brasil, que viven en el estado de Rondõnia Viven en seis aldeas en la frontera de la Terra Indigena Uru-Eu-Uaw-Uaw, la cual está compartida por tres subgrupos, los amondawa, los jupaú y los uru pa in. Tienen una población de 123 integrantes que comparten su territorio con las etnias Amondawa y Oro Win, así como con otros tres pueblos originarios que permanecen completamente aislados, sin contacto con la sociedad mayoritaria pero profundamente amenazados por las incursiones ilegales de los clandestinos. El documento hace énfasis , Ari Ari Uru-Eu-Wau-Wau primo de Awapu Uru-Eu-Wau-Wau, uno de los más reconocidos líderes de esta etnia que viene registrando diversas amenazas de muerte por el hecho de proteger su territorio contra las invasiones de quienes pretenden extraer ilegalmente recursos naturales. Ari Uru-Eu-Wau-Wau, de 33 años, participaba en la patrulla de vigilancia ambiental de su tierra indígena contra la ocupación ilegal de tierra y la deforestación para la extracción clandestina de madera. La Tierra Indígena de los Uru-Eu-Wau-Wau es un área natural protegida con una extensión de 1,8 millones de hectáreas. De acuerdo con la ONG WWF-Brasil, este es uno de los últimos grandes remanentes de selva en el estado de Rondonia, motivo por el que está siendo codiciado por un "número ascendente de invasiones, entre las que destacan la ocupación clandestina de terrenos para apropiación ilegal debido a las medidas de debilitamiento de la vigilancia y la punición por crímenes ambientales". Amnistía Internacional realizó una investigación sobre el aumento de asentamientos ilegales para apoderarse de parcelas de la tierra indígena Uru-Eu-Wau-Wau y destinarlos a agropecuaria, así como los consecuentes encuentros violentos y amenazas para los líderes que pretenden proteger la selva. Los resultados fueron presentados en forma de denuncia al Ministerio de Justicia que no reaccionó. Asimismo, WWF-Brasil también interpuso otra denuncia tras descubrir una nueva parcela del área indígena devastada por la explotación clandestina de recursos naturales. (texto citado del parrafo 1, 5 y 6).Bosques de la amazoniaLos Uru-Eu-Wau-Wau y las étnias Amondawa y Oro WinLíderes ambientales de la étnia Uru-Eu-Wau-Wau quienes velán por la seguridad de su comunidad luchando por la protección del medio ambiente.Este Líder protege su territorio afectado por actores ilegales, en razón de su trabajo recibe y registra constantes amenazas.Observatorio latinoamericano de conflictos ambientales, 2020, Los guardianes de la Amazonía son asesinados mientras Bolsonaro desmantela los controles ambientales, Revista del Observatorio latinoamericano de conflictos ambientales sacado de: https://olca.cl/articulo/nota.php?id=107875indígenas, brasil, extracción ilegal de minerales, minas
BrasilARTÍCULONaciones Unidas- Oficina del Alto Comisionado2019Defensores del medio ambiente brasileños luchan por justicia y reconocimientoNaciones UnidasBrumadinho, estado de Minas Gerais, sureste de Brasil,Borges es miembro del Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB) (Movimiento de personas afectadas por represas), es un movimiento popular, autónomo, de lucha, de masas, en la cual se intenta organizar toda la población amenazada o afectada por represas, en su mayoría represas hidroeléctricas. Es un movimiento que lucha para garantizar los derechos de estas personas que han sido afectadas de diversas maneras. Este movimiento pretende contribuir en la construcción de un nuevo modelo energético, alternativo y popular para Brasil. Este movimiento lleva más de 20 años. En Brasil hay una asociación la cual lucha por los derechos de las comunidades afectadas por las represas. Borges y Leticia Oliveira, dos líderes del Movimiento de personas afectadas por represas, junto con el apoyo del CETIM, el MAB ha podido denunciar este crimen ante la ONU, así como reclamar el acceso a la justicia para las comunidades afectadas. Estos líderes ambientales se reunieron en Ginebra con miembros de la comunidad internacional de derechos humanos para concientizarlos sobre la difícil situación de quienes resultaron damnificados por la reciente ruptura de la represa de Brumadinho ocasionada el 25 de enero del año 2019, ubicada en el estado de Minas Gerais y quien era de propiedad de la empresa multinacional Vale, que dejó al menos 214 fallecidos y 91 personas que todavía están desaparecidas. Este suceso es considerado como uno de los desastres ambientales e industriales en Brasil. Esta catástrofe supone serias consecuencias ambientales: el lodo que se filtró estaba lleno de residuos minerales y alcanzó el río Sao Francisco (segundo río brasileño) del cual dependen catorce millones de personas. Las pruebas revelaron una tasa de metal alarmante (hierro y aluminio en particular) en las aguas y peces, el principal alimento de la población local. (Naciones Unidas, 2019) (Texto citado del parrafo 2, 9 y 10).especies nativasMovimiento de personas afectadas por represasMovimiento de personas afectas por represas: grupos de personas que se reunen con el fin de mostrar una desconformidad con respecto a como se están usando los recursos con el fín de realizar represas.lucha por los derechos de las comunidades afectadas por las represas, se reunieron recientemente en Ginebra con miembros de la comunidad internacional de derechos humanos para concienciarles sobre la difícil situación de quienes resultaron damnificados por la reciente ruptura de la represa de BrumadinhoNaciones Unidas, 2019, Defensores del medio ambiente brasileños luchan por justicia y reconocimiento, Naciones Unidas- Oficina del Alto Comisionado Sacado de: https://www.ohchr.org/es/stories/2019/03/brazilian-environmental-defenders-fight-recognition-and-justiceBrasil, desastres ambientales, represas
BrasilARTÍCULOComisión Nacional de Derechos humanos en México2019Asesinato de Francisco Alves Mendes Filho, activista ambiental brasileño Defensor de la Amazonía.Comisión Nacional de Derechos humanos en MéxicoAmazoniaEn 1984, durante un encuentro nacional de trabajadores rurales, Chico Mendes defendió una propuesta: en ella, planteaba que la reforma agraria debería respetar los contextos sociales y culturales específicos. Un año después fundó, con otros defensores de la selva amazónica, el Consejo Nacional de Seringueiros ―o Consejo nacional de Extractores de Caucho―, en Brasilia, con el cual se abocó a la defensa del actual estado de Acre y de los indígenas recolectores del látex. Como miembro fundador del Consejo, Chico Mendes jugó un papel crucial en la organización de los extractores de caucho por la defensa de sus derechos y su supervivencia en la Amazonia contra la usurpación por parte de los rancheros y los comerciantes del caucho en sí, y la madera; los especuladores de la tierra, y los grandes proyectos de desarrollo financiados internacionalmente. También creó para ello a la Central Única de Trabajadores y el Partido de los Trabajadores, participando en la creación de Reservas Extractivas. En 1976 organizó la primera acción pacífica para frenar la tala de un seringal en Brasilia. Con otros seringueiros, impidió entre 1976 y 1988 la desforestación de 1.2 millones de hectáreas. En 1987 su lucha fue reconocida a nivel internacional: el Programa Global del Medio Ambiente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) le concedió el Premio Global 500, y la organización Better World Society (" Sociedad por un Mundo Mejor") le otorgó su medalla por la defensa del medio ambiente. En su discurso de aceptación denunció la implicación de compañías extranjeras en la devastación de la selva de Brasil. (Comisión Nacional de Derechos Humano para México)(Esta Cita fue Sacada del texto en el parrafo 2, 3, 5).arboles Hevea brasiliensis, llamado comunmente árboles de cauchoConsejo Nacional de seringueirosConsejo nacional de estractores de caucho, indígenas recolectores de Latex: es un grupo fundado por Chico Mendéz, es un sindicato de recolectores de cauchoUna importante acción de Chico Mendes a destacar, fue su campaña contra una autopista en Acre, un proyecto de carretera transamazónica de cinco mil kilómetros para ofrecer «una tierra sin hombres a los hombres sin tierra». En realidad, la tierra no era fértil… y tampoco estaba vacía, “sin hombres”: en ese territorio vivían los indios, los pueblos y colectividades ribeirinhas ―cuyos miembros habitan a orillas de ríos, pantanos y lagunas en palafitos―, los seringueiros, los verdaderos guardianes de la selva.Comisión Nacional de Derechos humanos en México, 2019, Asesinato de Francisco Alves Mendes Filho, activista ambiental brasileño Defensor de la Amazonía.
Sacado de: https://www.cndh.org.mx/noticia/asesinato-de-francisco-alves-mendes-filho-activista-ambiental-brasileno-defensor-de-la
Brasil, selva, amazonia, reforma
BrasilLibroCasa abierta al Tiempo, Universidad Autónoma- Ecología política Latinoamericana vol I2017Génesis y configuración de las luchas por justicia ambiental en BrasilFelipe Milanez PereiraEste artículo se refiere a todo el territorio de BrasilEn el año 1998 los Representantes de algunas redes del Movimiento de Justicia Ambiental de los EUA estuvieron en Brasil tratando de difundir su experiencia y establecer relaciones con organizaciones locales dispuestas a formar alianzas a favor de la resistencia a los procesos de “exportación de la injusticia ambiental” . Desarrollaron contactos con ONG y grupos académicos, que posteriormente desembocaron en la realización de varios talleres en el ámbito de diferentes ediciones del Fórum Social Mundial, en Porto Alegre. De aquí surgió la iniciativa se dio en ocasión de la realización de un material de discusión elaborado y publicado por iniciativa de la ONG IBASE (Instituto Brasilero de analisis sociales y economicos), la representación de la Central Sindical CUT en Rio de Janeiro y de grupos de investigación del IPPUR/UFRJ ( Instituto de Investigación y Planeamiento Urbano y Regional de la Universidad Federal de Rio de Janeiro). Quienes se unieron para hablar de lo que es la justicia ambiental y el sindicalismo. lo que culminó en la organización del Seminario Internacional Ambiental e Ciudadanía, realizado en septiembre del 2001 en la ciudad de Niteroi, que reunió a representaciones de di- ferentes movimientos sociales, ONG, investigadores de diferentes regiones de Brasil, como también a un cierto número de investiga- dores y representantes del movimiento de Justicia Ambiental de los EUA, entre los cuales se encontraba el sociólogo Robert Bullard, quien es conocido como el padre de la justicia ambiental, debido a su larga trayectoria en la lucha por aquellas afectaciones al medio ambiente. Durante el seminario, en septiembre del 2001, se creó la Red Brasileña de Justicia Ambiental, que, después de los debates, elaboró una Declaración que expandía el alcance de las denuncias más allá del tema del racismo ambiental existente en la localización de la basura tóxica, fundamento de la organización nacida dentro del movimiento negro de los EUA. (Página 248-249).Aguas superficiales y subterránes por el líquido percolado producto de la descomposición de las basuras que es llevado por los drenajes naturales a ríos y quebradas.o Central Sindical CUT en Rio de Janeiro o grupos de investigación del IPPUR/UFRJ o movimiento de Justicia Ambiental de los EUARepresentante de la Justicia Ambiental: son personas dedidacas a la academía que especializan en la protección de ambiente.Entre el 2001 y el 2004, la Red se estableció básicamente como instru- mento de transmisión de experiencias y denuncias por medio digital, reuniendo alrededor de 100 entidades. En el I Encuentro de la Red Brasileña de Justicia Ambiental realizado en el 2004, se reunieron por primera vez frente a frente los miembros de la Red, clarificando, en esa ocasión, las líneas de confrontación de los actores y movimientos sociales que estaban representados allí con el modelo de desarrollo “orientado hacia la producción de divisas a cualquier costo”.Felipe Milanez Pereira, 2017, Génesis y configuración de las luchas por justicia ambiental en Brasil, Casa abierta al Tiempo, Universidad Autónoma- Ecología política Latinoamericana vol I. Sacado de https://redmovimientos.mx/wp-content/uploads/2016/10/GT_Ecologia_politica_Tomo_I.pdf#page=232brasil, ambiente, justicia ambiental
BrasilARTÍCULOEcología Política2020Enfrentar a la extrema derecha: la red contra la megaminería en Rio Grande do Sul, Brasil.Marcos TodtRio Grande do Sul"Este artículo trata sobre el Comité de Combate a la Megaminería en Rio Grande do Sul (CCM/RS), articulación de cerca de ciento veinte organizaciones que se constituyó para oponerse a cuatro megaproyectos que pueden causar colapso ambiental y social en el estado más meridional de Brasil. Participan del CCM/RS, fundado en 2019, una gran variedad de organismos, incluidas asociaciones ambientales y profesionales, grupos estudiantiles y de agricultores, organismos sindicales y grupos universitarios de investigación. Además de la rica diversidad de entidades, el CCM/RS atrajo hacia el compromiso ambiental activistas que no solían participar en luchas relacionadas con la causa ecológica." (Todt, 2020). El CCM/RS comenzó a gestarse en mayo de 2019. Los representantes de una asociación de empleados de un banco público, la Apcef/RS, preocupados por los impactos socioambientales provocados por la implantación de los proyectos de megaminería en Rio Grande do Sul, buscaron a Agapan, una de las entidades ambientales más antiguas del país, con la idea de organizar una amplia articulación contra la megaminería. Apcef/RS se encargó de invitar a otras asociaciones profesionales y entidades sindicales a una primera reunión, mientras que Agapan movilizó a las entidades ambientales. También invitaron a grupos de investigadores. Ya en mayo tuvo lugar la primera reunión con representantes de veintisiete organizaciones, y se decidió trabajar con urgencia para realizar el lanzamiento público de un comité contra los megaproyectos mineros (Apcef/RS, 2019, Citado en Todt, 2020). Así, en junio de 2019 se lanzó el CCM/RS en un evento que contó con la presencia de representantes de comunidades afectadas por los megaproyectos mineros y con la divulgación de un manifiesto firmado, en un primer momento, por unas cincuenta organizaciones (Weissheimer 2019 citado en Todt 2020 ). Con el eslogan «¡Sí a la vida, no a la destrucción!», el objetivo inicial era concienciar a la sociedad de que la lucha contra la megaminería no solo es responsabilidad de las entidades ambientales. ( esa cita fue sacada del parrafo 5 de la página).Recurso hídrico, Suelo, faunao Comité de Combate a la Megaminería en Rio Grande do Sul (CCM/RS) o asociaciones ambientales o profesionales o estudiantesOrganizaciones Ambientalistas: son instituciones que buscan estudiar, monitorear o proteger el medio ambiente del mal uso o la degradación que implica el accionar humano.Manifestacion contra la megaminería, con el fin de concientizar a la sociedad que la lucha contra la estracción minera no responsabilidad de las entidades ambientales.Marcos Todt, 2020, Enfrentar a la extrema derecha: la red contra la megaminería en Rio Grande do Sul, Brasil, Ecología Política. Sacado de:
https://www.ecologiapolitica.info/enfrentar-a-la-extrema-derecha-la-red-contra-la-megamineria-en-rio-grande-do-sul-brasil/
brasil, minas, mineria, ecología
BrasilARTÍCULOOasis No. 252027Las Organizaciones de la sociedad Civil Latino Americana y su oferta de valorErli Margarita Marín Aranguren y Natalia Millares AbellaRIO DE JANEIROEn 2011, Greenpeace Brasil realizó una protesta, en Río de Janeiro, en contra de la explotación petrolera del grupo empresarial EBX. Los manifestantes se disfrazaron de ballenas y usaron máscaras con la cara del entonces presidente del grupo empresarial: Eike Batista. Según Greenpeace, las exploraciones cercanas al Parque Nacional Marino de Abrolhos afectaban a las ballenas jorobadas. Ellos lograron que, para agosto de 2011, más de 13.000 activistas enviaran cartas solicitando la ex- pulsión de los bloques de exploración. Luego de no recibir respuesta, ellos dieron cuenta de la poca transparencia en la prensa. No obstante, a la hora de ejecutar pro- yectos de explotación minera, los gobiernos siguen dejando a un lado a las comunidades. Esto fue lo que sucedió a finales de 2015, en Mariana, estado de Minas Gerais, cuando una avalancha de residuos tóxicos21 arrasó con el pueblo entero. Causó la muerte de 19 personas y provocó graves daños sociales, eco- nómicos y ambientales. Algo que el Instituto Socioambiental (ISA) y varias OSC brasileñas habían denunciado al inicio del proyecto . El Movimiento de Afectados por las Represas, junto con Articulación Internacional de Afectados y Afectadas por la Vale realizaron protestas durante el proceso de adjudicación; sin embargo, nunca fueron escuchados y, al contrario fueron estigmatizados (Álvarez, 2016 página 201- 202).Parque Nacional Marino de AbrolhosGreenpeace BrasilOrganización ecologista Internacional: Es una organización no gubernamental, que no depende política ni económicamente del Estado, cuyo objetivo es defender y proteger el medio ambiente realizando campañas de conciencia, protección medioambientamanifestacion contra las actividades realizadas en el parque marinoMarín-Aranguren, E. M. (2017, 7 junio). Las Organizaciones De La Sociedad Civil Latinoamericana Y Su Oferta De Valor. Estudio De Caso: México, Brasil, Colombia Y Argentina (Latin American Civil Society Organizations and its Value Offer. Case Study: Mexico, Brazil, Colombia and Argentina). https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2982483brasil, protestas, explotación petrolera
BrasilARTÍCULOOasis No. 252017Las Organizaciones de la sociedad Civil Latino Americana y su oferta de valorErli Margarita Marín Aranguren y Natalia Millares Abellaestado de Minas GeraisEn el año 2015, en Mariana, estado de Minas Gerais, una avalancha de residuos tóxicos arrasó con el pueblo entero. Fueron más de 50 millones de toneladas de lodos procedentes de minas de hierro que cubrieron pueblos enteros y el cauce de varios ríos en el Estado de Minas Gerais. La contaminación llegó al mar. La represa que contenía los desechos tóxicos no aguantó. Causó la muerte de 19 personas y provocó graves daños sociales, económicos y ambientales. La represa de Fundaçao se rompió, en el subdistrito de Bento Rodrigues, a 35 kilómetros de la ciudad de Mariana (58.000 habitantes), en el Estado de Minas Gerais, de Brasil. El muro del embalse de Fundão reventó y el lodo arrastró todo, pueblos enteros, cubriéndolos de barro tóxico Este suceso tuvo un gran impacto no solo ambiental, sino también ambiental. Pues el Instituto Socioambiental (ISA) y varias OSC brasileñas habían denunciado al inicio del proyecto. El Movimiento de Afectados por las Represas, junto con Articulación Internacional de Afectados y Afectadas por la Vale realizaron protestas durante el proceso de adjudicación; sin embargo, nunca fueron escuchados y, al contrario fueron estigmatizados Esto demuestra que las OSC logran tener prospectiva, que es indispensable cuando de proyectos de intervención se trata, pero que son invisibilizadas y criminalizadas. Con ello, su legitimidad técnica sobresale y su oferta de valor se pone de relieve. ( Aranguren y Avella, 2017, Página 200).Recurso hídrico (Ríos), suelos, fauna y floraInstituto Socioambiental OSC brasileñasOrganizaciones de la sociedad civil: Son organizaciones fomentadas por los mismos ciudadanos, los cuales comparten una lucha en comú, en este caso la protección del medio ambiente.Realizaron multiples denunciasMarín-Aranguren, E. M. (2017, 7 junio). Las Organizaciones De La Sociedad Civil Latinoamericana Y Su Oferta De Valor. Estudio De Caso: México, Brasil, Colombia Y Argentina (Latin American Civil Society Organizations and its Value Offer. Case Study: Mexico, Brazil, Colombia and Argentina). https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2982483brasil, minería, hierro, agua
BrasilARTÍCULOUniversidad de Amterdam - Repositorio Academico Digital2015Gobernanza ambiental en América Latinao Fabio de Castro o Barbara Hogenboom o Michiel BaudTODO EL TERRITORIO DE BRASILBrasil lanzó el Fondo Amazonia en 2008. Durante muchos años, el Gobierno brasileño fue un feroz opositor a cualquier intento de incluir a los bosques y el cambio de uso de la tierra en las negociaciones internacionales para reducir las emisiones de carbono. Aunque el mismo presidente Lula da silva apoyara esta perspectiva realista, como lo demostró en 2007 durante la apertura de la asamblea General de las Naciones Unidas (Hall, 2008), el cambio en la posición brasileña provino del interior del propio gobierno. Cuando el presidente Lula asumió en 2003 nombró a Marina Silva, ex senadora y dirigente cauchera, como Ministra de Medio Ambiente. Ella promovió algunos cambios institucionales que, en última instancia, llevaron a un cambio de tendencia en la posición oficial brasileña. Activistas y científicos han estado debatiendo propuestas para crear mecanismos de compensación y pagos para evitar la deforestación desde comienzos de 2000 (santilli et al., 2005). Cuando sus pares ascendieron a la nueva secretaría, los esfuerzos del gobierno para controlar la deforestación ya estaban dando resultados. Por lo tanto, la idea de ser compensados por reducir la deforestación tenía mucho más sentido para los funcionarios del gobierno. En 2009, unos meses antes de la UNFCOP , los gobernadores de los nueve Estados amazónicos se reunieron y le escribieron una carta al presidente, señalando que Brasil estaba a la zaga de otros países en vías de desarrollo en el mercado de carbono. Plantearon que, si Brasil desea recibir más fondos por los créditos de carbono y reducir sus propias emisiones de carbono, los mecanismos REDD debían incluirse en el mercado internacional de carbono bajo la UNFCCC. El Fondo Amazónico fue establecido como un medio para obtener fondos de donantes para financiar el Plan de acción para la Protección y el Control de la deforestación en la amazonía legal. El Fondo Amazonia se creó dentro del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil (BNDES). La movilización de la sociedad civil, en particular las ONG internacionales y otros ambientalistas desde los noventa, y el compromiso de los políticos a nivel estatal y federal han sido importantes para el progreso de las ideas similares a REDD. (Pagina 274 a 277).Bosques, suelos, fauna y floramovilización de la sociedad civil y UNFCOPDirigente cauchera: Es aquella persona que no solo hace parte de el grupo de luchadores en contra de la tala de árboles caucheros, sino que tambien los dirige.Promovió algunos cambios institucionales que, en última instancia, llevaron a un cambio de tendencia en la posición oficial brasileña.Castro, Hogenboom y Baud, 2025, Gobernanza ambiental en América Latina, Universidad de Amterdam - Repositorio Academico Digital pag 274-277
sacado de : https://pure.uva.nl/ws/files/2495586/159718_472319.pdf
brasil, bosques, suelos, fauna, flora
BrasilARTÍCULOBiblioteca Universidad Latino Americana de Ciecias sociales2005Políticas públicas Ambientales en LatinoamericaFaculdade Latino-Americana de Ciencias Sociais (Flacso)TODO EL TERRITORIO DE BRASILLa Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales es un organismo regional y autónomo de los países de América Latina y el Caribe dedicado a promover la formación, investigación, docencia y difusión en el campo de las ciencias sociales, a través de una red de sedes programas y proyectos que abarca más de una decena de países de todas las subregiones del continente. La Sede en Brasil de la FLACSO ha creado recientemente un área sobre políticas ambientales y ha firmado un convenio con el Ministerio del Medio Ambiente del Brasil para evaluar aspectos específicos de la política ambiental del Estado brasileño. A su vez, el Consejo Académico de la FLACSO Brasil ha resuelto impulsar proyectos de dimensión regional sobre la temática ambiental, y ese es el marco institucional, en que se inscribiría un proyecto de Observatorio de la Gestión Ambiental en América Latina. (Página 107)Previene la afectacion de todos los recursos naturalesUniversidadesOrganismo regional autónomo: Son aquellas entidades que tienen un régimen especial y autonomía dada la especialidad de sus funciones. En este caso, promueve la protección del medio AmbienteCreó una red de sedes programas y proyectos que abarca más de una decena de países de todas las subregiones del continente.Faculdade Latino-Americana de Ciencias Sociais (Flacso), Ministério do Meio Ambiente, Secretaria de políticas para Desenvolvimiento Sustentável Departamento de Economia e Medio Ambiente, Políticas Púbñicas Ambientales Latino-Americanas Pg 103-104
sacado de https://biblio.flacsoandes.edu.ec/shared/biblio_view.php?bibid=102674&tab=opac
brasil, medio ambiente, formación
BrasilEnsayoAnthropologica2022Desarrollo y política indígena en el Alto Yurúa (frontera Brasil-Perú)José PimientaEstado brasileño de Acre, en la región del Alto YurúaLos asháninkas del río Amónia viven en el estado brasileño de Acre, en la región del Alto Yurúa, en la frontera entre Brasil y Perú. Después de luchar contra la explotación intensiva de madera en la década de 1980 y conseguir la demarcación de su territorio al inicio de los años 1990, esta comunidad indígena pasó a construir alianzas estratégicas con varios aliados para buscar alternativas económicas a la explotación maderera. En los últimos veinte años, en un contexto marcado por la influencia creciente de las preocupaciones ambientales en el desarrollo amazónico, los asháninkas del Amónia conquistaron una gran visibilidad política con la implementación de diversos proyectos guiados por el paradigma del «desarrollo sostenible». A partir de trabajos etnográficos, realizados en diversas etapas a lo largo de los últimos veinte años con los asháninkas del río Amónia, este artículo recorre la lucha de esta comunidad para la demarcación de su tierra y las alianzas interétnicas y transfronterizas que construyeron durante las últimas dos décadas para implementar una vasta política de «desarrollo sostenible» en toda la región del Alto Yurúa. También reflexiona sobre las políticas actuales de desarrollo e integración transfronteriza en la zona amazónica promovidas por los estados brasileño y peruano, que representan nuevas amenazas para la población indígena de la región. (Esta cita fue sacado del parrafo 5, 8 de la página)Rios, suelos, hidrocarburos, minerales, entre otrosLos asháninkas del río AmóniaLíderes del río Amónia: Son aquellos líderes de las comunidades que habitan cerca de este río, el cual es el factor más grande de su superviviencia y por ende deciden protegerlo y luchar por su conservaciónDespués de luchar contra la explotación intensiva de madera en la década de 1980 y conseguir la demarcación de su territorio al inicio de los años 1990, esta comunidad indígena pasó a construir alianzas estratégicas con varios aliados para buscar alternativas económicas a la explotación maderera.José Pimienta, 2022, Desarrollo y política indígena en el Alto Yurúa (frontera Brasil-Perú), Revista Anthropologica http://www.scielo.org.pe/scielo.php?pid=S0254-92122022000100173brasil, suelos, rios
BrasilrevistaSupplementary material l2022El histórico Acuerdo de Escazú: una oportunidad para integrar democracia, derechos humanos y conservación transfronterizaSofía López-Cubillos, Lina Muñoz-Ávila, Leslie A. Roberson, Andrés F. Suárez- Castro, Jose Manuel Ochoa-Quintero, Renato Crouzeilles, Eduardo Gallo-Cajiao, Jonathan Rhodes, Wolfram H. Dressler, María José Martínez-Harms, Rebecca K.amazoniaAmérica Latina y el Caribe (ALC) es una de las regiones con mayor biodiversidad, sin embargo, esta se encuentra amenazada por la sobreexplotación de recursos naturales y por conflictos sociales internos. En el 2018, 33 países de la región ALC fueron invitados a firmar y ratificar el histórico Acuerdo de Escazú, el cual es el primer acuerdo de carácter vinculante que integra de manera explícita los derechos humanos con la protección de líderes ambientales. Este acuerdo también promueve la participación en toma de decisiones ambientales y fomenta la cooperación entre países para la protección ambiental y social. Diferentes países de ALC han establecido algunos mecanismos que tienen como objetivo proteger a los líderes ambientales, los cuales deben ampliarse y aplicarse de manera amplia en toda la región. En este sentido, Perú diseñó un protocolo dentro de una Resolución Ministerial para investigar las amenazas sociales y brindar asistencia legal a los defensores en 2019 . El apoyo legal nacional e internacional juega un papel clave en la protección de los defensores del medio ambiente, siendo las ONG actores fundamentales. En marzo de 2021, por ejemplo, comunidades indígenas amazónicas de Brasil y Colombia con el apoyo de una ONG ambientalista internacional, demandaron a una cadena de supermercados francesa, argumentando que esta institución vendía productos de carne de res que promovían la deforestación y amenazaban vidas indígenas . Además, la presentación de informes sobre los impactos ambientales de las cadenas de suministro podría ampliarse para incluir los impactos en los derechos humanos. El Acuerdo especifica la importancia de considerar las obligaciones internacionales en el ordenamiento jurídico para la adecuada protección de los derechos humanos (Artículo 9). Por lo tanto, la adopción de los Estándares Internacionales de Derechos Humanos, conjunto a leyes nacionales que protejan las libertades civiles, permitiría a los consumidores y las empresas monitorear más fácilmente sus impactos en los derechos humanos (OHCHR 2011). (Página 15)Recursos hídricos, Suelo, Aire,, Fauna y FloraIndígenas de la Amazonía brasilera y colombianaLíderes indigenas Amazonicos: Son aquellos líderes de las comunidades pertenecientes a zonas de la amazonía que velan por la protección del bosque.Comunidades indígenas amazónicas de Brasil y Colombia con el apoyo de una ONG ambientalista internacional, demandaron a una cadena de supermercados francesa, argumentando que esta institución vendía productos de carne de res que promovían la deforestación y amenazaban vidas indígenasArtículo en Español – Texto original publicado en inglés en Conservation Letters, López-Cubillos, Muñoz, Roberson, Castro, Ochoa, Crouzeilles, Cajiao, Rhodes, Dressler, Harms, Rebecca K, (2022) El histórico Acuerdo de Escazú: una oportunidad para integrar democracia, derechos humanos y conservación transfronteriza Pag 15 https://conbio.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/conl.12838brasil, líderes ambientales, legal, indígenas
BrasilLibroEscenarios globales y regionales de la gobernanza ambiental de la Amazonia2020Política externa brasileña hacia América del Sur: la gobernanza regional de la Amazonia en el gobierno BolsonarRegiane Nitsch BressanEl territorio Kayapó está situado sobre la planicie central de Brasil (Brasil Central), a aproximadamente 300 o 400 metros por sobre el nivel del mar.Los nativos de la Tierra Indígena Kayapó, son un pueblo indígena que habita en las tierras planas de Mato Grosso y Pará, en Brasil, al sur de la Amazonía entre los rios Iriri, Bacajá, Fresco y otros afluentes del río Xingú. Denuncian la agresividad de las actividades mineras en la región, dentro y cerca de su territorio. Los jefes de las aldeas de la región denuncian constantes explosiones para la explotación de depósitos de manganeso, la intensa actividad de deforestación y el flujo de camiones cargados de mineral. Tales actividades resultan en la destrucción de fuentes de agua: los ríos están llenos de lodo y contaminados por los productos químicos. La fauna simplemente desapareció debido a las explosiones. Los líderes indígenas ya interpusieron una acción civil pública ante los tribunales en 2019 para frenar la explotación, pero la acción fue ignorada bajo la justificación de que el instituto Kenourukware Kayapó “no tendría la legitimidad para representar a todos los indígenas”. La situación también fue ampliamente divulgada por FUNAI en 2019 (Instituto Socioambiental, 2 de octubre de 2020 citado por Bressan). Ante tantas amenazas y una gobernanza ambiental fragmentada, los indígenas protestan por la reanudación de sus derechos y participación en los ámbitos de la toma de decisiones ambientales. También hay manifestaciones provenientes de la Unión Europea y gobiernos de diferentes países — Australia, Nueva Zelanda, Canadá, Bolivia, México y Perú— que presionan por la representación de las comunidades indígenas en las negociaciones de la ONU, argumentando que las voces de los pueblos indígenas no se escuchan lo suficiente. La diplomacia brasileña actuó como obstáculo para la participación de los movimientos indígenas en la Asamblea General de la ONU en 2019, los cuales podrían causar vergüenza al Gobierno por exponer sus acciones depredadoras al medio ambiente y a estas comunidades en foros internacionales (Azzi, 20 de julio de 2019 citado en Bressan). ( Página 271, Nitsh Bressan).Recurso forestal, Suelos, RíosNativos de la Tierra Indígena KayapLíderes Nativos: son traductores de las necesidades de sus pueblos, por los que cultivan amor desde que nacen, de ahí que sus luchas se caractericen por ser colectivas.Los jefes de las aldeas de la región denuncian constantes explosiones para la explotación de depósitos de manganeso, la intensa actividad de deforestación y el flujo de camiones cargados de mineral.Regiane Nitsch Bressan, 2020, Política externa brasileña hacia América del Sur: la gobernanza regional de la Amazonia en el gobierno Bolsonar, Escenarios globales y regionales de la gobernanza ambiental de la Amazonia
Sacado de: https://www.kas.de/documents/273477/11482518/Gobernanza+Multinivel+de+la+Amazonia.pdf/58d120e4-07da-211a-d1dc-17da75caf79f?Version=1.0&t=1611927983522
brasil, recursos, territorio, suelo, rios
BrasilLibroCasa abierta al Tiempo, Universidad Autónoma- Ecología política Latinoamericana vol I2017Ecología Poliítica latinoamericanaFelipe Milanez Pereiraegión de Mato Grosso do SulEste artículo hace referencia a que la noción de los movimientos ambientalistas, en Brasil incluyen un conjunto de diversas organizaciones, las cuales van desde entidades que tienen financiamiento como aquellas conformadas por grupos pequeños. (Página 233) Dos líderes indígenas importantes en Brasil son Davi Kopenawa y Ailton Krenak, y de los sacerdotes del candomblé del Recôncavo da Bahia. Quienes han sido conocidos por luchar en materia ambiental, ofreciendo alternativas desde el punto de vista de los pueblos originarios, que se enmarca en armonizar con el ritmo de la naturaleza y trabajar para dar solución a todos los problemas ambientales causados actualmente en virtud del consumismo. (Página, 287-288). Para la comunidad indígena, la Tierra es un lugar sagrado y espiritual. Si el lugar es sagrado es porque evoca una idea que trasciende la Naturaleza en su percepción como recurso y alcanza una dimensión de convivencia. Uno de estos grupos son los Guaraní Kaiowá,un pueblo indígenas ubicado en la región de Mato Grosso do Sul, en Brasil, quienes han luchado durante mucho tiempo por sus derechos del territorio y que han venido ganando visibilidad con el tiempo, son copropietarios de la tierra en una demostración de revuelta y como performance política. Dicen que no abandonan la tierra porque la tierra no les pertenece, sino que pertenecen al lugar/la tierra. Es diferente de quien puede cambiar de lugar: para ellos no existe otro lugar. Los indígenas que pertenecen a la Tierra se enfrentan al expolio de su convivencia con la Naturaleza. Según el líder kaiowá guaraní Anastácio Peralta: "Volvemos a la tierra porque pertenecemos a esa tierra. Es muy diferente de ellos. Ellos piensan que la tierra les pertenece. Nosotros somos diferentes". (Página 296)suelos, tierras y especies nativasGuaraní Kaiowálíder indígena ambiental: vocero de su la comunidad quien busca la visibilización de entidades con el fin de que le apoyen con la lucha, en aquellos referido a su territorio y la protección de este en materia ambiental.Los guaraní-kaiowá son un pueblo indígena que vive en la región de Mato Grosso do Sul, en Brasil, donde han luchado durante mucho tiempo por sus derechos al territorio. En las últimas tres décadas, sus protestas han ganado visibilidad y fuerza en la región a través de la "Gran Asamblea" de Guarani-Kaiowá(H, Acselrad), 2017, Ecología Política Latinoamericana, Vol 1, Génesis y configuración de las luchas por justicia ambiental en Brasil,

sacad de: http://redmovimientos.mx/wp-content/uploads/2016/10/GT_Ecologia_politica_Tomo_I.pdf#page=232
brasil, territorio, especies nativas, indígenas
ColombiaArtículoRevista Perspectiva Geográfica2019Resiliencia comunitaria: defensa del agua y del territorio en la cuenca del río Sumapaz, Colombia.Clara Judyth Botia Flechas y Jair Preciado Beltrán"El objetivo central de este artículo es analizar la resiliencia comunitaria de los ac-tores locales y comunitarios de la cuenca del río Sumapaz a partir de los procesos de defensa del agua y del territorio ocurridos en el periodo comprendido entre los años 2012-2017 por la implantación los proyectos mineros, de exploración de hi-drocarburos y de generación de energía hidroeléctrica. La metodología se basó en la revisión documental del contexto histórico y los eventos recientes, a nivel nacional y local, relacionados con el tema, así como la aplicación de entrevistas semiestructur-adas a actores clave. Para el análisis de la resiliencia comunitaria se escogieron las categorías: identidad cultural, autoestima colectiva, cohesión social y prácticas de democracia participativa. La investigación evidenció que en la cuenca del río Suma-paz la resiliencia comunitaria se traduce en un fortalecimiento de los actores locales y comunitarios que comparten preocupaciones en torno al agua y se apropian de sus realidades territoriales para construir una conciencia crítica sobre el ser, el estar, el hacer y el transformar en su territorio." (Botía, Preciado, 2019). Las comunidades de los municipios que se encuentran aledaños al Río Sumapaz, a partir de una conciencia colectiva se ha organizado para enfrentar a intereses políticos y económicos que pretenden hacer proyectos energeticos en la cuenca del rio afectando el recurso hídrico utilizado para acueductos rurales y sistemas de riego. La comunidad se ha manifestado a partir de la democracia participativa a través de consultas populares y organizaciones en contra de proyectos que afecten el río. Entre los municipios donde se defiende el recurso están los municipios de Fusagasugá, San Bernardo, Pasca, Pandí y la localidad de Sumapáz de Bogotá D.C.agua, ríos y acuíferosComunidad que se beneficia del Rio Sumapaz (municipios de Fusagasugá, San Bernardo, Pasca, Pandí y la localidad de Sumapáz de Bogotá D.C) y privados con interés en desarrollar proyectos minero-energéticos y de hidrocarburos, Gobierno Nacional"Los movimientos sociales para la liberación de las estructuras impuestas desde el centro dominante hacia la periferia dependiente, fundamentadas en redes de intercambio desigual y transferencias geográfica el valor” (Soja y Hadjimichalis, 1979). Los autores tratan diversos conceptos alrededor del articulo que pueden llevar a una definición de la comundiad como defensora ambiental. Entre ellos la resiliencia, el autoestima colectiva, la identidad cultural. La defensa del agua y del territorio es una manifestación de resiliencia que permite a la comunidad un fortalecimiento de la defensa del territorio.Botia Flechas, C. J. y Preciado Beltran, J. (2019).Resiliencia comunitaria: defensa del agua y del territorio en la cuencadel río Sumapaz, Colombia. Perspectiva Geográfica, 24(1), 13-34. https://doi.org/10.19053/01233769.8425.Colombia, actores locales, proyectos mineros, minas
ColombiaArtículo (investigación)Revista Maguaré2018“Nuestro Futuro es Pasado”. Explotación de Oro, Medioambiente Y Resistencia Indígena en el Medio Río CaquetáMarco Tobón“Este artículo analiza tres contradicciones de la relación entre pueblos indígenas y explotación del oro en el medio río Caquetá en Colombia, que tienen el conflicto armado como trasfondo histórico. La primera es de carácter global-nacional, ligada al modelo económico agrominero exportador. La segunda es de escala regional-local, expresada en la ilegalidad de la explotación del oro en la Amazonia, en la que participaron grupos de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc). La tercera alude a la participación de los habitantes indígenas como fuerza de trabajo en la actividad minera. El artículo cierra exponiendo la situación humanitaria de los pueblos indígenas y su actuación política.” (Tobón, 2018). Las comunidades indígenas que habitan en la cuenca del Río Caquetá se han visto afectadas pues distintos grupos armados como guerilla y ejercito se han disputado el territorio por la riqueza minera que este tiene, el autor menciona que las comunidades a lo largo de la historia se han enfrentado a distintos tipos de violencia reconociendo el sometimiento económico y militar, lo que ha ocurrido en la zona, sin embargo las comunidades responden empoderándose de su territorio reafirmando su cultura pues no cuentan con más herramientas para enfrentar a los actores armados que ejercen distinto tipos de poder sobre ellos. Sobre la relevancia de la preservación ambiental para las comunidades indígenas en la Amazonia el autor menciona “Los pueblos indígenas han advertido una cruel verdad: su compromiso con la preservación ambiental apenas les alcanza para conservar los recursos necesarios que los modelos extractivos reclamarán en las futuras fases de explotación mercantil en los países amazónicos. De ahí la importancia de oponer a la práctica de la minería y a los planes estatales mineros la acción autónoma de las prácticas culturales, herramientas colectivas con las que, además, construyen su propia historia.” (Tobón, 2018).agua, fuente hídrica, ríosComunidades indígenas del Caquetá, actores armados (antiguas FARC-EP), Gobierno NacionalNo trata directamente el concepto pero se puede decir que las comunidades indígenas resisten y enfrentan problemáticas frente a actores armados y persecución por parte del Estado aún cuando sus creencias buscan una armonía con la naturaleza que se ha perdido por las condiciones precarias que han obligado a muchos indigenas en extraer el mineral de forma ilegal pero que aun asi se han manifestado en contra de actividades que van en detrimento del recurso hídrico, así como la búsqueda de la organización política, fortalecimiento de las fuerzas culturales y defensa del territorio. "(...) Enmarca en acciones concretas dirigidas a reafirmar su vida cultural y guarecerse de las fuerzas desatadas por el mercado, el Estado y los ejércitos que ocupan su territorio. Y esta forma de hacer política apelando a las prácticas culturales se manifiesta en actuaciones insubordinadas dirigidas a reafirmar su presencia en el territorio."Tobón, M. (2018). “Nuestro futuro es nuestro pasado”. explotación de oro, medioambiente y resistencia indígena en el medio río Caquetá. Recuperado de: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6670203colombia, pueblos indígenas, explotación, oro
ColombiaArtículoUniversidade Federal da Integraçao Latino-Americana2022"El Río Mogoticos está vivo", Acción colectiva por la defensa de los Bienes Comunes en Santander, Colombia (2016 – 2022)Aura María Díaz Cáceres“El objetivo de la presente investigación es realizar la reconstrucción histórica de la conflictividad socio ambiental dentro del marco de la organización, lucha y resistencia en defensa del Cañón y del Río Mogoticos en el Departamento de Santander- Colombia. Esta movilización social ocurre en respuesta a la presencia y las prácticas de la empresa privada Hidroturbinas Delta S.A.S y sus intenciones por obtener un licenciamiento de tipo ambiental que permita ejecutar el proyecto de la Pequeña Central Hidroeléctrica a filo de agua PCH Renacer. Por medio del estudio y la interpretación del despertar político y social de las comunidades, del papel que juegan las organizaciones, redes y actores que participan en el surgimiento, la consolidación y la búsqueda de la identidad colectiva del movimiento social local por el cuidado de la vida, del agua, del territorio y los bienes comunes en los municipios de Mogotes y San Gil, se pretende responder la siguiente pregunta: ¿Cómo se forjan y cuáles son las garantías que permiten que un movimiento social naciente se fortalezca y se visibilice a nivel regional y nacional? La hipótesis planteada es la siguiente: El surgimiento del movimiento social por la defensa del río Mogoticos aglutina actores regionales y locales que comparten demandas históricas por la soberanía del territorio y la defensa de los bienes comunes. Mediante marcos de acción colectiva y movilización social estos actores logran visibilizar la conflictividad socio ambiental desencadenando lazos de solidaridad a nivel regional y nacional. Metodológicamente se hizo una investigación cualitativa con Investigación Acción Participativa (IAP). En la primera parte de este trabajo se sitúa la conflictividad socio ambiental, junto con el abordaje teórico de la acción colectiva propia de los movimientos sociales. La segunda parte caracteriza la conflictividad socio ambiental, los actores, el surgimiento y los momentos constitutivos del movimiento social por la defensa del río Mogoticos. Por último, se recuperan algunos hechos históricos de un pueblo que sigue luchando por la soberanía y autonomía de su territorio.” (Díaz, 2022).agua, fuente hídrica, ríoAutoridades ambientales, empresa hidroeléctrica (Empresa Hidroturbinas Delta S.A.S), comunidad del municipio de Mogotes (El comité cívico de veeduría ambiental, la Corporación Compromiso, Líderes sociales y Juntas de Acciones comunales, la Iglesia, Comunidad de Mogotes en general, la Casa Aguaya, el Comité de Acción Jurídica Popular, la Personería Municipal, el Colectivo Popular Guane, el Comité Municipal de Juventud y la Fundación Manos pa’ la montaña.)No se establece directamente el concepto pero se uede definir como aquel persona o grupo de personas que se organiza individual y colectivamente para manifestarse en contra de obras o acciones que perjudiquen el medio ambiente o los recursos naturales. Manifestaciones políticas, jurídicas o sociales que contribuyen a la resistencia en contra de proyectos de terceros en un territorio local.CÁCERES, DIAZ Aura María. "El río Mogoticos está vivo", acción colectiva por la defensa de los bienes comunes en Santander, Colombia (2016 – 2022). Trabalho de Conclusão de Curso Ciência Política e Sociologia – Sociedade, Estado e Política na América Latina – Universidade Federal da Integração Latino-Americana, Foz do Iguaçu, 2021. Recuperado de: https://dspace.unila.edu.br/bitstream/handle/123456789/7124/%22El%20R%c3%ado%20Mogoticos%20est%c3%a1%20Vivo%22%2c%20Acci%c3%b3n%20Colectiva%20por%20la%20Defensa%20de%20los%20Bienes%20Comunes%20en%20Santander%2c%20Colombia%20%282016%20%e2%80%93%202022%29?sequence=2&isAllowed=yconflictos, ambiente, colombia, agua, rios
ColombiaTesis, trabajo de gradoUniversidad Pedagógica Nacional2021Memorias de Resistencia y Reexistencia Ambiental Comunitaria en el Humedal La Conejera, (Localidad de Suba – Bogotá D.C.)Santiago Cifuentes Corredor y Karen Milena Martínez Guerrero"El humedal La Conejera es un espacio de conservación e importancia ecológica invaluable ubicado al noroccidente de la ciudad de Bogotá, que, a pesar de estar protegido jurídicamente de manera especial, tanto por el orden jurídico nacional como por el internacional, desde finales de la década de los ochenta, ha sido objeto de ambición tanto de urbanizadores legales como ilegales, que han llenado su cuerpo de agua de escombros y han edificado diversas estructuras sobre él. El freno a esto fueron las prácticas, saberes y palabras de una comunidad comprometida y unos líderes valientes que se decidieron a cuidar la vida e impedir que este ecosistema desapareciera. Esta investigación de narrativas colectivas busca reconstruir y relatar las memorias de resistencia y reexistencia de los últimos treinta años, con el propósito de que sirva de conmemoración, de inspiración y de movilización para que la lucha por este territorio vivo continúe." (Cifuentes, Martinez, p5, 2022). El texto aborda una realidad no muy alejada del centro del país y es la búsqueda y lucha de comunidades por el reconocimiento y protección del humedal La Conejera el cual se ha visto afectado por el crecimiento de la ciudad, sin embargo se realiza una aproximación desde la educación y muestra cómo se han llegado a generar violencias entorno a su protección. Un ejemplo de esto se da en una de las declaraciones que surgen dentro del curso de la investigación de los autores. "Usted qué prefiere ¿estar bajo la tierra o encima de ella? debido al miedo y la zozobra las acciones de hecho debieron mermar, pero esto no detendría a la comunidad, la cual ya había logrado que se detuviera" ((Cifuentes, Martinez, p5, 2022).agua, humedal, territorioComunidad residencial, expertos, autoridad ambiental local, instituciones públicas (Alcaldía Local)No hace referencia directa a una definición de lider ambiental sin embargo trata a los líderes del humedal como personas que han realizado procesos de resistencia y acciones políticas para la protección del ecosistema.Cifuentes, S. Martinez, S. (2022). Memorias de Resistencia y Reexistencia Ambiental Comunitaria en el Humedal La Conejera, (Localidad de Suba – Bogotá D.C.). Universidad Pedagógica. Recuperado de: http://repository.pedagogica.edu.co/bitstream/handle/20.500.12209/17810/Memorias%20de%20resistencia%20y%20reexiastencia%20ambiental%20comunitaria%20en%20el%20humedal%20La%20Conejera-.pdf?sequence=3&isAllowed=ycolombia, agua, humedal, territorio
ColombiaArtículo de revistaRevista Gestión y Ambiente Universidad Nacional de Colombia2021Participación ciudadana y conflictos ambientales en el Proyecto Hidroeléctrico Montebonito, CaldasLaura Marcela Cifuentes-Osorio, Laurent Cuervo-Escobar, Jhoana Milena Zamorano-García, Javier Gonzaga Valencia-Hernández“El departamento de Caldas, especialmente en la parte Oriental, ha sido un escenario de conflictividad debido a la presencia de actores armados y a la implementación de proyectos hidroeléctricos. A finales de la década de 1990 comienzan los enfrentamientos entre actores armados y desde el año 2002 diferentes empresas privadas han aprovechado su potencial hídrico, con un aumento considerable en la solicitud de proyectos hidroeléctricos y el posterior otorgamiento de licencias por parte de la autoridad ambiental, a pesar de los conflictos socioambientales generados por los que ya se encuentran en operación en la región, como los proyectos hidroeléctricos Miel 1 y El Edén. Esto ha marcado un precedente para las comunidades vecinas como las de Marulanda y Manzanares que actualmente hacen parte de la jurisdicción del proyecto Hidroeléctrico Montebonito, con las que se ha realizado un acompañamiento sociojurídico desde 2015 hasta la actualidad, que se ha valido de la Investigación Acción Participación -IAP- y la revisión bibliográfica documental como estrategias metodológicas principales. Este artículo evidencia los resultados obtenidos en torno a los posibles impactos ambientales que se pueden generar y que no fueron contemplados dentro del proceso de otorgamiento de la Licencia Ambiental, además de señalar la organización y los mecanismos de participación ciudadana usados por las comunidades con el fin de oponerse a su construcción y buscar la manera de permanecer en sus territorios en condiciones de paz y dignidad.” (Cifuentes, cuervo, Zamorano, Valencia, 2021)río, fauna y floraEmpresa privada (Central Hidroeléctrica Montebonido E.S.P, Latinco S.A). Comunidades del área de influencia del proyecto (Montebonito, verdad La Suecia, La Gallera, La Laguna, Naranjal, Santa Clara, municipio de Marulanda, Manzanares ) Clínica Jurídica de Interés Público de la Universidad de Caldas, Programa de Investigación Colombia Científica: Reconstrucción del Tejido Social en Zonas de Posconflicto, el Movimiento Ríos vivos Autoridades ambientales (Corporación Autónoma Regional de Caldas).No se dice directamente el concepto pero se asocia a la resitencia y aquel que defiende el medio ambiente en el marco de un conflicto socio ambiental donde se contraponen intereses de la comunidad y de terceros interesados en la ejecución de determinado proyecto.L. M. Cifuentes-Osorio, L. Cuervo-Escobar, J. M. Zamorano-García, J. G. Valencia-Hernández. (2021). Participación ciudadana y conflictos ambientales en el Proyecto Hidroeléctrico Montebonito, Caldas. Recuperado de: https://revistas.unal.edu.co/index.php/gestion/article/view/92494/82596colombia, fauna, flora, rio, caldas
ColombiaArtículo de revistaRevista Nuevo Derecho2017Políticas públicas endógenas ambientales y gobierno de los bienes comunes en la zona de reserva campesina del valle del río CimitarraJulián Camilo Camilo Barreto García"El derecho ambiental colombiano contiene el dominio público, la función ecológica de la propiedad, la adquisición de bienes con fines de conservación, las prioridades del uso de recursos naturales renovables, las sanciones ambientales y los mecanismos de defensa y protección del ambiente, amparados en la Constitución Política, el Código de Recursos Naturales y la Ley 99 de 1993 (Mesa, 2011). Sin embargo, las sanciones ambientales a los actores individuales y colectivos por incumplimiento normativo no son suficientes, en parte por la limitada capacidad de lógica de acción colectiva que incentive la cooperación de todos los actores en la sustentabilidad del medio ambiente. El derecho ambiental soporta la política pública ambiental, pero no es la única, ya que endógenamente comunidades organizadas como la zona de reserva campesina del Valle del Rio Cimitarra, gobiernan recursos de uso común (Ostrom, 2000; Cárdenas, 2010; Barreto, 2012, 2013) y configuran elementos estructurales de política pública. De este modo, estas comunidades garantizan a través de un marco normativo y condiciones de autogobierno (Ostrom, 2002) lógicas de acción colectiva biocéntricas que propenden la ética ambiental en el uso y apropiación del territorio. De este modo, estas políticas públicas permiten la sustentabilidad en los territorios, enfrentando serios obstáculos como los del conflicto armado que asocia la minería ilegal, cultivos ilegales, tala indiscriminada de árboles, titularización de baldíos (Palacios, 1995; Estrada, 2013) y reconocimiento de autogobierno" (Barreto, 2017). Menciona que la Asociación Campesina del Valle del Rio Cimitarra se ha organizado para la protección del territorio que se ha visto afectado por colonos, evidencia que el autogobietno y la organización han permitido a la comunidad la administración del territorio. "La protección del medio ambiente no es una invención de política pública de autoridad pública estatal, ha sido endógena de comunidades tanto indígenas, como campesinas y demás que ocupan y se apropian del territorio, algunas más responsables que otras en sentido de conservación, sostenibilidad y sustentabilidad, pero siempre con un curso de acción de objetivos e instrumentos que cambian el accionar de los individuos que pertenecen del sistema." (Barreto, 2017)río, territorioorganizaciones campesinas, Juntas de acción comunal, entidades públicas (Agencia Nacional de Tierras, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural)No menciona expresamente el concepto pero lo establecerái como organizaciones o grupo de personas que buscan la defensa del territorio para que los recursos naturales existentes no se vean limitados o afectadosCamilo Barreto García, J. C. (2017). Políticas públicas endógenas ambientales y gobierno de los bienes comunes en la zona de reserva campesina del valle del río Cimitarra. Recuperado de: moz-extension://8bc83d79-452c-4d0a-b825-9e6e0f2930d8/enhanced-reader.html?openApp&pdf=https%3A%2F%2Fdialnet-unirioja-es.ez.urosario.edu.co%2Fdescarga%2Farticulo%2F6364086.pdffunción ecologica de la propiedad, colombia, medio ambiente
ColombiaTesisUniversidad del Rosario2014Como el agua entre los dedos. Estudio de los impactos de un proyecto hidroeléctrico, y de las frágiles y débiles acciones colectivas en la defensa de un río: Caso HidrosogamosoNelly Ardila Valderrama“La acción colectiva en el manejo y gobierno de los recursos de uso común (RUC) seguirá siendo uno de los asuntos que genera mayores controversias (especialmente cuando se trata de recursos naturales y procesos de gobernanza y gestión del agua), debido a los diversos enfoques que sobre el desarrollo se tienen. El presente estudio aborda el análisis de la acción colectiva en el manejo y gobierno de los recursos de uso común a partir del caso Hidrosogamoso en Santander. Además de ofrecer un análisis de los impactos ambientales, sociales y económicos, ventajas y efectos nocivos que puede tener un proyecto hidroeléctrico, se examinan algunos de los postulados básicos de la teoría de la acción colectiva y los RUC, con alguna alusión al enfoque de la bioeconomía. También se describe una de las experiencias comunitarias de autogobierno y preservación del río. Asimismo se estudia el contexto de interacción estratégica en la zona, en el conflicto entre quienes defienden el río y quienes abogan por el proyecto; se ubican las principales oportunidades políticas y aliados influyentes de los opositores durante la fase de construcción de la hidroeléctrica. Al final se insinúan posibles alternativas que podrían ayudar en la visibilización de las problemáticas generadas por el megaproyecto” (Ardila, 2014). Del mismo modo, la autora indica las formas en las que se ha realizado incidencia en el caso concreta mencionando: "Estrategias de participación comunitaria en el diseño de políticas y planes frente a las aguas; la minería y la energía en el departamento; Estrategias y desafíos del Ministerio de Ambiente para la protección de los derechos ambientales y la participación comunitaria frente al desarrollo de megaproyectos; Energía ¿para qué y para quién?-alternativas; La minería y la cultura; y, El agua y la vida, respectivamente. Delegados del movimiento social en defensa del río han participado en los encuentros latinoamericanos de afectados por represas, en el Tercer encuentro realizado en México, en octubre de 2010 y recientemente en Brasil, agosto 28 a septiembre 10 de 2013. De la misma manera, a nivel de Santander el Movimiento hace parte del Comité Departamental por la defensa del agua y del Páramo de Santurbán y participa en la organización y realización de las movilizaciones realizadas en el departament0" (Ardila, 2014)río, fauna y floraComunidad del Municipio de Sogamosos, Líderes "Movimiento Social en Defensa del Río Sogamoso", actores armado legale se ilegales. Empresa privada (ISAGEN S.A)No menciona el concepto pero se refiere a lo largo del texto a todo aquel persona o grupo de personas que desempeña acciones politicas con el fin de proteger los recursos naturales o medio ambiente. Acciones que suelen verse como activismo protestas, incidencia en espacios de participación ambiental, etc.Ardila Valderrama, N. Como el agua entre los dedos. Estudio de los impactos de un proyecto hidroeléctrico, y de las frágiles y débiles acciones colectivas en la defensa de un río: Caso Hidrosogamoso. (2014) (p.6,84). Universidad Del Rosario. Recuperado de: https://repository.urosario.edu.co/items/85322e2d-e3ef-480e-ac6f-9eb02c6fc369Recursos de uso común, Colombia, medio ambiente
ColombiaArtículoRevista Problemas del Desarrollo. Revista Latinoamericana de Economía2019Conflictos socioeconómicos y ambientales derivados de la distribución ecológica en la Cuenca Carbonífera de la Sinifaná en ColombiaLiliana Lotero Álvarez"El artículo consiste en la distribución ecológica, la cual es analizada a partir de los conflictos socioeconómico y ambientales generados por la explotación del carbón en la Cuenca Carbonífera de la Sinifaná (CCS) en Antioquia-Colombia. La metodología se realizó bajo un enfoque descriptivo donde se caracterizaron los conflictos socioeconómico y ambientales y analítico con énfasis relacional, donde se contrastó la hipótesis de relación entre los conflictos socioeconómico y ambientales, la distribución ecológica y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Se concluye que el mayor conflicto que se presenta en la zona de estudio está asociado con la insostenibilidad ambiental, derivada de la práctica de la minería ilegal o informal, ocasionando un sinnúmero de conflictos socioeconómico y ambientales que están impactando en el bienestar de las personas que habitan en la CCS." (Lotero, 2019). La autora expone conflictos ambientales que se dan en el marco de un proyecto minero y le aplica lo que llama la distribución ecológica donde varios actores como fundacion amigos de amagá, sindicatos y comunidad exponiendo la situación así: "Esta desigual apropiación y uso de los servicios ambientales, generan con-flictos ambientales asociados a los daños en la superficie del suelo y a la cobertura vegetal, generan emisión de partículas a la atmósfera al momento de realizarse las voladuras , la disminución de la calidad del agua se encuentra dentro del nivel de naturaleza negativa e impacto medio, causada por las deficientes prácticas de la minería ilegal e informal o tradicional, que cada día va en aumento, según la Asociación Na-cional de Industriales: “en materia ambiental el mayor problema está asociado con las prácticas insostenibles de la minería ilegal" (Lotero, 2019). Así una de las conclusiones más relevantes para el caso a las que llega la autora es "El mayor conflicto que se presenta en la zona de estudio se asocia a la insos-tenibilidad ambiental, derivada de la práctica de la minería ilegal o informal, lo que ha ocasionado un sinnúmero de ced que están impactando en el bienestar de las personas que habitan en la ccs. Además, este conflicto se agudiza cada vez más por el poco control y seguimiento que las autoridades locales y nacionales realizan a las prácticas mineras en la zona." (Lotero, 2019)Agua, ríos, fauna y flora.Alcaldías municipales, propietarios de minas, trabajadores mineros, asociaciones mineras, comunidad de los municipios (cultivadores de plátano, café, aguacate)No habla de concepto de líder o defensor ambiental, sin embargo el liderazgo se puede dar a raíz de los conflictos socioambientales que existen en el la cuenca carbonifera pue pobladores dedicados a cultivos se ven afectados por la degradación ambiental a causa de la minería.Alvarez, L. L. (2019). Conflictos socioeconómicos y ambientales derivados de la distribución ecológica en la Cuenca Carbonífera de la Sinifaná en Colombia (p, 1, 27). Recuperado de: https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0301-70362019000300169Distribución ecológica, conflicto, colombia
ColombiaLibroPontificia Universidad Javeriana2016Memorias de Tiquisio, Bolívar: por la defensa de la vida y la permanencia en el territorioCamila Saiz Sáenz“El Proceso Ciudadano por Tiquisio se conformó gracias a un grupo de habitantes de este municipio del sur de Bolívar, como una iniciativa de organización comunitaria y de resistencia pacífica frente a los grupos armados que han hecho presencia en este territorio. La defensa de la vida y la permanencia en el territorio inspiraron la realización de proyectos productivos y educativos y la formación de líderes en la Escuela Campesina, y otorgaron a los habitantes la capacidad de enfrentar y resolver los problemas propios de un contexto de guerra, del cual, como es usual, la mayor víctima fue la población civil. A través de los ocho relatos aquí reunidos, originados en la voz de sus protagonistas, Camila Saiz da cuenta de las disputas por el territorio, las dinámicas de la guerra y la resistencia pacífica que vivieron los habitantes de Tiquisio. Memorias de Tiquisio, Bolívar es el resultado de la experiencia de la autora durante su práctica profesional, a partir de la cual elaboró su tesis de grado. Las memorias trasformadoras de estos relatos emergen así como voces que cuentan, revaloran y resignifican las experiencias de quienes han estado inmersos en el conflicto.” (Saiz, 2016). La publicación evidencia varios relatos de pobladores de Tiquisio los cuales cuentan sus vivencias en el marco del conflicto armado, donde la estigmatización por la defensa del territorio los dejaba en cosntante peligro. Sobretodo porque la región se ha caracterizado pos su potencial auriferoagua, río, territorioGrupos armados legales (ejercito) e ilegales (FARC-EP, Paramilitares, AUC). Pobladores de Tiquisio y municipios aledaños en el BolivarTrata el concepto de lider enfocado a un liderazgo social el cual consiste en la defensa de las personas y el territorio buscando la eliminación de la estigmatización y lucha por los derechos humanos incluyendo el medio ambiente y los recursos naturalesSáenz, C. S. (2016). Memorias de Tiquisio, Bolívar : Por la defensa de la vida y la permanencia en el territorio. Pontificia Universidad Javeriana. Recuperado de: https://www-digitaliapublishing-com.ez.urosario.edu.co/a/56137Defensor ambiental, colombia, territorio
ColombiaTrabajo de gradoUniversidad Militar Nueva Granada2022La Megaminería y la Minería Ilegal como Prácticas Generadoras de la Movilización Social en el Páramo de SanturbánLaura Valentina Rojas Rocha“La minería en el Páramo de Santurbán ha sido ejecutada por diversos actores tales como mineros tradicionales, multinacionales extranjeras, e incluso grupos armados. La llegada de multinacionales permitió la generación de proyectos de megaminería, mientras que las fallas estructurales de la región y la presencia de los grupos armados dieron pie a la consolidación de la minería ilegal en la región, representando una amenaza para la comunidad que ha practicado la minera a menor escala por más de 80 años. Dichos acontecimientos han generado inestabilidad en la garantía de seguridad del individuo como un sujeto que tiene determinados intereses y su desafío a la seguridad, en este caso, es la subsistencia plena. El individuo como actor y la movilización ciudadana enmarcan el componente social en este escenario, configurándose como actor principal en las demandas al Estado por la defensa de los derechos fundamentales, la conservación del ecosistema, la estabilidad laboral y el cumplimiento de las leyes referentes a la seguridad ambiental e individual, brindando al Estado la oportunidad de redireccionar el futuro de la conservación de los ecosistemas en páramos estratégicos.” (Rojas, 2022). La autora expone la situación de Santurban y el conflicto sociombiental relativo a la realizacion de minería asi como organizaciones ciudadanas y sociales que se han organiado y manifestado en contra de proyectos mineros, lo que menciona acerca de la comunidad frente al proyecto es "(...) la sociedad civil empezó a ver con preocupación dos aspectos principales, la conservación ambiental y la garantía laboral para su supervivencia. Por un lado, el páramo es el encargado de abastecer de agua a los 40 municipios que lo rodean, Cúcuta, Bucaramanga y sus áreas metropolitanas, y, además, aporta el 60% del agua dulce a la región permitiendo el desarrollo de actividades económicas"(Rojas, 2022)agua, fauna y flora, ecosistema de páramoEmpresa privada (EcoOro), autoridades ambientales, alcaldías municipales, pobladores de municipios aledaños a SanturbánEl concepto lo maneja en torno a las organizaciones de personas que se han manifestado en contra de proyectos extractivos que potencialmente llegan a afectar a los ecosistemas locales. Movilisaciones sociales, juridicas y políticas que buscan la protección del ecosistema y los recursos naturalesRojas, L.V. (2022). La megaminería y la minería ilegal como prácticas generadoras de la movilización social en el Páramo de Santurbán (p 14). Universidad Militar Nueva Granada. Recuperado de: https://repository.unimilitar.edu.co/handle/10654/41391páramos, colombia, minería, recursos
ColombiaTesis Trabajo de gradoPontificia Universidad Javeriana2017Narrativas de Resistencia: Subjetividades Políticas en Defensa del Territorio de Cajamarca, Tolima.MARIANA ALEJANDRA LÓPEZ CAMPAGNOLI"La emergencia de subjetividades políticas en la resistencia a proyectos de carácter extractivo, a partir del estudio de caso del municipio tolimense de Cajamarca, es la problemática abordada en el presente trabajo de investigación. Para responder al objetivo de describir el proceso de subjetivación de los líderes políticos, se utilizó una metodología de corte cualitativo, adoptando un enfoque narrativo y biográfico para indagar por las trayectorias vitales de cuatro líderes de Cajamarca que defienden su territorio y se oponen al proyecto minero “La Colosa Regional”. Teniendo en cuenta la trayectoria política, afectiva y ocupacional, los hechos de violencia y las relaciones de poder que han vivido cuatro líderes en el marco de la defensa de su territorio, este trabajo se aproxima, analiza y describe la emergencia del sujeto político como un proceso dinámico, circular y en constante retroalimentación y reconstrucción. Esta investigación es una apuesta por posicionar los ejercicios de reflexividad y del reconocimiento del saber situado, poniendo en relevancia una serie de apuestas epistemológicas, políticas y éticas." (López, 2017). La autora entrevista a distintos lideres que se han manifestado en contra del proyecto La Colosa de AngloGold Ashanti donde varios de ellos pertenecEn a organizaciones o colectivos. (Colectivo Socio Ambiental Juvenil de Cajamarca, Asociación de Productores Agrícolas de la Cuenva del Rio). Cuenta las experiencias y vidas de los defensores y sus procesos de resistencia, además de las razones por las cuale se han demostrado en contra de el proyecto minero.agua, territorioEmpresa (AngloGold Ashanti), campesinos, líderes ambientales de Cajamarca, IbaguéNo lo define directamente, sin embargo los líderes y lideresas entrevistados/as son personas que han iniciado y acompañado procesos sociales y ambientales para dar a conocer una situación particular, resistiendo y enfrentandose a situaciones constantes de violencia.López, M.A. Narrativas de resistencia : subjetividades políticas en defensa del territorio de Cajamarca, Tolimahttps://repository.javeriana.edu.co/handle/10554/22131extracción, minas, colombia, organizaciones
ColombiaArtículo de revistaRevista Razón Crítica (Revista de estudios jurídicos, sociales y humanos)2020Participación Ciudadana y Democracia Ambiental (Consultas Populares en Colombia: Movimientos Sociales contra la Explotación Minera en el Municipio de Piedras, Tolima)Lesly Vanessa Jiménez Mancilla"El presente artículo analiza la necesidad de una política pública que posibilite una verdadera democracia ambiental en Colombia. Esta política debe mejorar la participación de las diferentes poblaciones afectadas por las actividades extractivas en el país. Para esto, se hace un análisis sociocultural, histórico y económico del concepto de Democracia Ambiental. Igualmente, se hace una contextualización del movimiento social en contra de la explotación minera, especialmente del caso del municipio de Piedras, en el departamento del Tolima. Este municipio hizo uso por primera vez de un mecanismo de participación ciudadana (consulta popular), con el fin de salvaguardar las riquezas naturales por sobre los intereses económicos privados" (Jiménez, 2020). La autora muestra como las organizaciones sociales han buscado dar freno a proyectos extractivos en la región pero esto no cuentan con las herramientas suficientes para una participación efectiva, concluye al respecto que: " (...) los ciudadanos sí tienen decisión e incidencia en temas medio ambientales, y sobre lo que puede hacerse o no en su territorio. El ejercicio de la participación ciudadana por medio de la consulta popular unicipios de Colombia.Como una forma de protesta colectiva y de acción política no violenta, estos procesos dan cuenta de la necesidad urgente de políticas que regulen la participación ciudadana en temas medio ambientales. A través de éstas, debe garantizarse el acceso a la información y a la participación. Igualmente, por medio de ellas es posible fortalecer las instituciones de control y regulación medio ambientales. Finalmente, este análisis encuentra que es imperativo que los municipios como Piedras y Cajamarca, con iniciativas políticas pacíficas sobre el porvenir de su territorio, puedan ser escuchados y sus luchas políticas sean atendidas. Esto permitiría acercarnos más a un ideal de democracia en su búsqueda del bien común" (Jiménez, 2020)aguaHabitantes , líderes y organizaciones del municipio de Piedras Tolima, empresa minera AngloGold Ashanti, entidades públicas (autoridad minera. Autoridad ambiental)No refiere al concepto de lider o defensor ambiental pero habla de personas u organizaciones sociales que buscan evitar un proyecto extractivo a nivel local a través de herramientas jurídicas y políticasJiménez Mancilla, L. V. (2020). Participación Ciudadana Y Democracia Ambiental (Consultas Populares en Colombia: Movimientos Sociales Contra La Explotación Minera en El Municipio De Piedras, Tolima). Revista Razon Critica, 8, 55–79. https://doi.org/10.21789/25007807.1589políticas públicas, participación, ambiental, colombia
ColombiaLibroEditorial Universidad de Cuenca.2020Activismo, Medio Ambiente y Derechos Humanos en América LatinaSandra Hincapié y Julio Teodoro VerdugoEn cuanto a liderazgo o defensa ambiental el más relevante es el Capitulo 4 de la publicación llamado "Movilización sociolegal ambiental y derechos humanos en Colombia". La autora Hincapié introduce el capítulo mencionando "En los últimos años se ha presentado un nuevo auge en la movilización y acción colectiva en Colombia en reivindicación de derechos humanos, tanto como dispositivo ético y moral de las reclamaciones, como mecanismo de ac- ceso a las instituciones estatales, y como estrategia de acción colectiva. Esta dinámica de movilización es consecuencia de innumerables acciones localizadas en los territorios, cuyo alcance desbordan los límites estatales, son reconocidos como valerosos esfuerzos por defender la vida, bienes comunes y ecosistemas fundamentales para el planeta (Hincapié, 2017; 2018; 2019). El cuestionamiento a la expansión de proyectos extractivos en todo el territorio nacional como política económica de los gobiernos, ha generado conflictos socioambientales donde convergen diversos actores y agendas de movi lización como el ecologismo, el respeto por la diversidad sociocultural de las comunidades étnicas, las demanda por el derecho a participar y decidir de manera directa en la planeación del desarrollo territorial local, entre otras. Además de todo lo anterior, en este mismo escenario confluyen las reivindicaciones de las víctimas del conflicto armado donde se traslapan múltiples agendas, las cua - les reclaman la propiedad individual o colectiva de sus tierras, muchas de ellas dedicadas hoy a proyectos extractivos. Las múltiples formas de movilización y acción son tan variadas como las territorialidades en las que se inscriben, actores y escenarios locales con sus particularidades, se están constituyendo por elección en los guardianes de la segunda reserva en megadiversidad del planeta. ¿Cómo llegamos a esta com- prensión de la importancia de los derechos de la naturaleza, los bienes comunes y cuál ha sido la dinámica de la movilización en medio de la diversidad de los conflictos asociados? Este capítulo está dedicado a analizar la movilización sociolegal ambiental de la última década en Colombia, argumentando que esta dinámica de movilización con carácter nacional, se constituye en un caso vanguardista de apropiación y expansión de las nuevas fronteras de los derechos humanos asociados a la naturaleza y la diversidad, posibilitando la construcción de nuevas sociabilidades en el contexto actual de cambio climático." (Hincapié, 2020). A lo largo del apartado trata distintos escenarios donde organizaciones sociales se manifiestan en contra de proyectos extractivos, uno de ellos es Santurbán pero también se encuentra la movilización para la defensa del Páramo de Pisba, defensa del Río Atrato promovido por Guardianes del Río Cauca.agua, páramoAutoridades de los departamentos de Boyacá y Casanare, comunidades locales, autoridades judiciales.Menciona al respecto que " Personas que se han apropiado de las ideas de los derechos humanos para liderar o acompañar pro- cesos localizados, que están transformando sus contextos de maneras innova- doras, creando posibilidades y salidas alternativas a problemas sociales y que se constituyen en ejemplo de lo que podemos crear juntos. Activistas localizados en pequeñas comunidades que iniciaron procesos de acción colectiva para cui- dar el agua hace más de veinte años, hasta integrantes de organizaciones no gubernamentales, universidades y centros de investigación, todos y todas creen en la implicación y acción conjunta como la vía para la transformación de las sociedades. Desde muy distintas facetas del activismo en derechos humanos, lo que caracteriza y une a cada una de las personas que escriben en este libro, es su compromiso con hacer de los derechos humanos una experiencia social, com- prometidos con la vida, el respeto de la naturaleza y su diversidad, como pilares fundamentales que permite nuestra propia existencia."HINCAPIÉ, S. (2018). Movilización Sociolegal Transnacional. Extractivismo Y Derechos Humanos en América Latina. América Latina Hoy, 80, 51–71. https://doi.org/10.14201/alh2018805171defensa ambiental, lider, colombia, acción
ColombiaArtículo de revistaRevista Luna Azul2018La Consuta Preiva Frente a la Minería. Esudio de Caso en los Resguardos Indígenas del Noroccidente Colombiano.Diana Magally Correa Valero"El derecho a la consulta previa en Colombia se encuentra regulado por convenios internacionales, ratificado por la ley, reglamentado, y existe una amplia jurisprudencia de las altas cortes; sin embargo, la materialización de la consulta previa es hostil para las comunidades indígenas, quienes a pesar de conocer sus derechos escritos sobre el papel, deben recorrer una senda difícil para lograr su reconocimiento material. Mediante el análisis de dos estudios de caso: Emberas contra Muriel Mining Corporation, en las sentencias de la Corte Constitucional, tutela T 769 de 2009 e indígenas Cartama contra Gran Colombia Gold, en la tutela T 438 de 2015, se analizarán las acciones del Estado, los indígenas y las empresas trasnacionales por medio de la triangulación de datos, y el análisis sociojurídico de la participación social ante el extractivismo minero, y se cuestionarán las acciones de cada uno de estos actores respecto a la consulta previa en la minería del oro. Durante el proceso de consulta previa del primer caso se verificó que aparecieron ‘seudorepresentantes’ de las comunidades que fueron demandados penalmente por estas debido a la falsedad en la representación; también se verificó que se realizó una preconsulta con indígenas Embera de otro municipio, Riosucio (Caldas), que no hacía parte del proyecto en cuestión. En el segundo caso, se pone en evidencia cómo las empresas trasnacionales subcontratan con empresas colombianas, conformando la triple alianza Estado, empresas transnacionales y poderes locales, que Boaventura de Sousa analiza, y que autores como Amparo Rodríguez y Cesar Rodríguez, señalan con ejemplos en sus libros sobre consulta previa." (Correa, 2018)aguaComunidades indígenas (Cartama y Embera), empresas (Muriel Mining Corporation y Gran Colombia Gold)Grupo étnico que busca la protección del territorio y de los recursos naturales a través de procesos jurídicos ante autoridades mineras y ambientales, buscan la optima participación de su comunidad en las decisiones que los pueden afectarCorrea Valero, D. M. (2018). LA CONSULTA PREVIA FRENTE A LA MINERÍA. ESTUDIO DE CASO EN LOS RESGUARDOS INDÍGENAS DEL NOROCCIDENTE COLOMBIANO. Revista Luna Azul, 46, 145–166. https://doi.org/10.17151/luaz.2018.46.9consulta previa, derechos, colombia
ColombiaArticulo de revistaRevista CIDOB d' Afers Internacionals2022Derecho y conflictos ambientales: la situación en la Ciénega Grande de Santa Marta en ColombiaAndrés Gómez Rey, Gloria Amparo Rodríguez y Álvaro José Henao Mera"Desde la intersección entre la so- ciología, la antropología y el derecho, este artículo analiza las diferentes herramientas legales existentes para la protección del me- dio natural en Colombia, las cuales han ge- nerado, en su aplicación, diversos conflictos derivados de las estrategias de conservación de los ecosistemas, la complejidad legal y la invisibilización de realidades sociales. A par- tir del análisis de la situación en la Ciénaga Grande de Santa Marta, el artículo argumen- ta que la interacción de las distintas medidas de protección y conservación del entorno está generando una tensión entre la garantía de los derechos humanos, el bienestar de las personas y los propios ecosistemas. (Gómez, Rodríguez, Henao, 2022). Se expone el caso de unos pescadores buscando la protección de la Ciénaga "la acción de tutela presentada en el año 2017 por el señor Edgardo Julio Camargo Suárez y otros, en calidad de pescadores artesanales, contra el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para que les fueran amparados sus derechos al mínimo vital, a la vida digna, a la alimentación, al ambiente sano, a la libertad de oficio y al agua, que se estaban viendo vulnerados por cuenta del incumplimiento de las funciones que les corresponden a los accionantes en relación con la protección del ecosistema de la CGSM. Las pretensiones de esta acción estaban dirigidas a que se ordenara a las entidades competentes la elaboración y adopción de un plan para superar la grave situación ambiental de este ecosistema y que, además, se adelantaran acciones para el cumplimiento del Convenio Ramsar y el Convenio sobre la Diversidad Biológica para así garantizar la conservación de las áreas protegidas. En virtud de la acción impetrada, la Corte Constitucional mediante la Sentencia T 596 de 2017, determinó que «es posible identificar, en principio, una relación causal entre la perturbación prima facie del derecho al medio ambiente y al mínimo vital dado que se trata de pescadores cuyo sustento depende de las condiciones ambientales del lugar donde desarrollan su actividad». También estableció que «no existe prueba que lleve al convencimiento de que, esa situación ambiental, que parece estar afectando el recurso hídrico y pesquero, implique una amenaza real y singularizada de los derechos fundamentales de los accionantes». Con base en esto, el alto Tribunal declaró improcedente la acción de tutela y refirió la idoneidad y eficacia de la acción popular para resolver este caso. Ello llama la atención en el entendido de que la Corte dejó de analizar la afectación al derecho al mínimo vital de los pescadores artesanales cuya subsistencia depende de esta actividad y que se ha visto afectada por cuenta de la situación ambiental en la CGSM, la falta de articulación del Estado y la centralización de competencias, por considerar que los presupuestos formales para acudir al juez constitucional en aras de resolver esta problemática ambiental no se acreditaban y que, en su lugar, se debía recurrir a otro mecanismo."(Gómez, Rodríguez, Henao, 2022)recursos pesqueros, fauna, floraGrupos pesqueros que se benefician de la Cíenaga Grande de Santa Marta, autoridades ambientalesQuien da a conocer un conflicto ambiental y busca soluciones jurídica o sociales para la conservación del medio ambiente o los recursos naturalesAndrés Gómez Rey. (2022). Derecho y conflictos ambientales: la situación en la Ciénega Grande de Santa Marta en Colombia. Revista CIDOB d’Afers Internacionals, 97–117. Recuperado de: https://www.cidob.org/es/articulos/revista_cidob_d_afers_internacionals/130/derecho_y_conflictos_ambientales_la_situacion_en_la_cienega_grande_de_santa_marta_en_colombiatutela, derechos, colombia
ColombiaLibroUniversidad del Rosario2022Conflictos ambientales en ecosistemas de alta montaña, estudio de caso del páramo de OcetáCarlos Alfonso Rueda ArdilaEl autor busca "(...) ahondar en los conictos ambientales referenciados en el plan de manejo ambiental del Parque Regional Siscunsí-Ocetá Siscunsí-Ocetá), además de visibilizar tensiones adicionales. Así es como primeramente se recopiló toda la información documental disponible sobre conictos en el páramo de Ocetá, tras lo cual f ue necesario realizar trabajo de campo por distintos sectores del complejo paramuno por medio de entrevistas semiestructuradas y diálogos de saberes en los recorridos por la montaña, en los que fue posible determinar y profundizar los principales conflictos ambientales en el páramo de Ocetá producto de los diversos intereses en los usos del suelo. A continuación, se elaboró un mapa de actores, para visual izar los distintos actores que confluyen en este ecosistema, las actividades que realizan y las interacciones e intraacciones que confluyen en el páramo. Además, se consultó por medio de derechos de petición a los actores institucionales (principales); se obtuvo respuesta de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá (Corpoboyacá) y de la Alcaldía Municipal de Monguí. Al margen de lo expuesto, conviene relacionar dos conceptos sumamente valiosos para comprender las dinámicas generadoras de tensiones en el páramo de Ocetá por usos del suelo: la interacción y la intraacción." (Rueda, 2022). El caso concreto no muestra un caso promovido por defensores ambientales sino los diversos conflictos socio ambientales que ocurren entorno al páramo de Ocetá, haciendo un recuento de la importancia ecoógica y social del ecositema asi como la multiplicidad de actores que se encuentran. Destacan los campesinos o habitantes rureles que tienen vocación de conservación del páramo como protección de nacederos y del ecosistema en general. Destaca "La Maruja y El Felix" como defensores del páramo y quienes han enfrentado los diversos conflictos. Por ello se realiza un análisis a profundidad de los distintos actores que pueden entraren conflicto en un escenario socioambiental, mencionando en sus conclusiones que "De ahí que concluyamos que los conictos ambientales en el páramo de Ocetá surgen a partir de las intraacciones de los actores descritos, en cuanto a los usos del suelo dados y los efectivamente permitidos. Tal relacionamiento da lugar a múltiples tensiones que han derivado en conflictos que han implicado agresiones a individuos, fauna, flora e, incluso, bienes; y si bien existe un gran porcentaje de habitantes que persiguen la conservación de este valioso ecosistema, no es menos cierto que la conveniencia econó- mica de la minería, ganadería y deforestación es ig ualmente perseguida por otros actores." (Rueda, 2022)agua, fauna y flora, ecosistema de páramoAlcaldía Municipal de Monguí, Corpoboyacá, Campesinos con vocación agricola o ganadera, campesinos o habitantes rurales con vocación de conservación, campesinos o habitantes rurales con vocación mineraActores que se involucran en un conflicto ambiental que buscan denunciar y enfrentae situaciones que vayan en detrimento de los recursos naturales y del ecosistemaRueda Ardila, C. A. (2022). Conflictos ambientales en ecosistemas de alta montaña. estudio de caso del páramo de Ocetá (p.276) . Universidad del Rosario. Recuperado de: https://app-vlex-com.ez.urosario.edu.co/#/search/jurisdiction:CO+content_type:4/defensores+del+paramo/#vid/conflictos-ambientales-paramo-oceta-916455097parque natural, colombia, recursos, ambiental
ColombiaTesisRepositorio Institucional: Universidad EAFIT2019Reglas, Acción Colectiva y Minería Aurífera en el Municipio de Segovia AntioquiaAndrés Felipe Jiménez Vargas y Maria Adelaida Calle Villegas"Este artículo presenta un estudio sobre el problema de la acción colectiva derivada de la incompatibilidad entre las reglas formales e informales en el municipio de Segovia, evidenciando la baja presencia institucional, la informalidad y la extracción ilícita de oro presentes en este territorio. De igual forma, el texto establece que es determinante lograr entender las dinámicas y los arreglos institucionales que se dan alrededor de la producción y comercialización aurífera, para detonar procesos de decisiones colectivas pertinentes que tengan en cuenta el complejo contexto que allí se da, de tal manera que no sean irruptoras de los acuerdos y consensos legítimos que ya funcionan dentro de este municipio y que puedan generan resultados benéficos para las partes" (Jiménez, Calle, 2019)agua, recursos minerosGran Colombia Gold, mineros ancestrales, grupos al margen de la leyActores que buscan la realización de minería ancestral en equidad donde las emrpesas multinacionales no sean las primeras en extraer el oro de su territorioJimenez Vargas, A.F. Calle Villegas, M.A. (2019). Reglas, acción colectiva y minería aurífera en el municipio de Segovia, Antioquia. Universidad EAFIT. Recuperado de: https://repository.eafit.edu.co/handle/10784/13734acción colectiva, recursos, colombia
ColombiaTesisPontificia Universidad Javeriana2020La Consulta Previa como mecanismo de transformación de los conflictos socioambientales en Colombia : Estudio de Caso UwaLyda Natalia Hernández García"La Consulta Previa es un derecho de los pueblos originarios establecido en normas internacionales y normas del orden nacional. Si bien el Convenio 169 de la OIT en Colombia, fue ratificado y posteriormente se expiden otras normas para reglamentar la aplicación de la Consulta Previa, fue por vía del desarrollo jurisprudencial que se comienza a desarrollar ésta de manera procedimental debido al reclamo de las comunidades étnicas por su indebida aplicación o no aplicación. Este trabajo analiza el conflicto generado por la extracción petrolera iniciada en los años noventa en territorio de la Comunidad Uwa y evalúa la Consulta Previa como un mecanismo de trasformación de conflictos socioambientales." (Hernandez, 2020).Así, la autora abarca a la comunidad indígena Uwa como protectora de su territorio y de los recursos naturales de este, demostrando que la Consulta Previa es un mecanismo utilizado por las comunidades para defender sus derechos como grupo étnico. Frente al caso concreto la autora menciona "Desde los inicios del conflicto, el pueblo Uwa ha generado y desplegado una serie de acciones de reivindicativas tanto a nivel nacional como en el ámbito internacional, que ha supuesto la lucha contra la exploración y explotación petrolera en los territorios ancestrales. Cabe resaltar que la relación entre esta población y el Estado se efectúa en virtud de los procesos de descentralización a través de entidades e instituciones de carácter local, municipal y regional, que, por medio de atención específica a esta población en programas y planes especiales, se articula al gobierno central. (Hernández, 2022)agua, río, territorioEmpresas petroleras, comunidad Uwa, ministerio del interiorComunidad que se ha manifestado en opisición a obras o intervenciones por parte de petroleras en el territorio, ejerciendo la busqueda de consulta previa para la protección y gobierno de territorio indígena. Así como la busqueda de transparencia, imparcialidad y legitimidad de los procesos de Consulta.Hérnández García , L.N. (2020). La Consulta Previa como mecanismo de transformación de los conflictos socioambientales en Colombia : Estudio de Caso Uwa. Pontificia Universidad Javeriana (p 61). Recuperado de: https://repository.javeriana.edu.co/handle/10554/50987consulta previa, derechos, colombia
ColombiaTesisUniversidad Externado de Colombia2019Salvaguardas al Territorio Ancestral desde los Sistemas de Conocimiento Tradicional y Espiritual del Pueblo Inga de Villagarzón PutumayoRobinson López Descanse"Esta investigación plantea una reflexión sobre las afectaciones al sistema de vida del Pueblo Inga de Villagarzón Putumayo sustentado en los sistemas de conocimiento ancestrales, producto de la intervención por parte de la industria petrolera y una inadecuada implementación del derecho fundamental a la Consulta Previa y el Consentimiento Previo libre e informado. En consecuencia, los elementos estructurales que sustentan la vinculación entre las comunidades y sus territorios se exponen desde los sistemas de conocimiento tradicional y espiritual; al tiempo que evidencia la forma en que esta visión ancestral, y holística se ha visto afectada por la incursión de proyectos petroleros en los territorios indígenas. El objetivo de este ejercicio es resaltar las tensiones existentes entre la visión de vida del Pueblo Inga y la política de desarrollo del Gobierno colombiano y proponer mecanismos de salvaguarda al territorio ancestral desde los sistemas de conocimiento tradicional y espiritual del Pueblo Inga, que nos permita vivir en armonía y equilibro con la Naturaleza." (López, 2019). El autor realiza un amplio análisis de la relación entre las empresas petroleras en el Minucipio de Villagarzón en el Putumayo en el territorio ancestral del Pueblo Inga y cómo este se ha visto afectado por las acciones de esta industria. Muestra como la población indígena se ha manifestado en contra de estas actividades extractivas cuando la Consulta Previa es ejecutada incluso con vicios.agua, rio, territorio, suelo, fauna y floraAsociación de Cabildos Indígenas del Municipio de Villagarzón Putumayo (resguardos Wasipungo, Chaluayaco, Albania, San Miguel de la Castellana, Blasiaku; y los Cabildos, Saladilloyaco, Nukanchipa Taita Kausadiru, Musu Waira Sacha Nukanchipa, Cachiyaco Andaki, Alparrumiyaco), Gobierno Nacional, Autoridad de Licencias Ambientales, Gran Tierra Energy Colombia Ltda (GTEC)Persona o grupo de personas de la comunidad que lucha por la defensa de los derechos colectivos y la reivindicación de su pueblo basados en los principios de unidad, territorio, cultura y autonomía.López, R. (2019). Salvaguardas al Territorio Ancestral desde los Sistemas de Conocimiento Tradicional y Espiritual del Pueblo Inga de Villagarzón Putumayo. Universidad Externado de Colombia. Recuperado de: https://bdigital.uexternado.edu.co/server/api/core/bitstreams/9d8425d3-7207-4bf0-9ef9-378408bd0401/contentconsulta previa, derechos, colombia, indígenas
ColombiaArtículo de revistaRevista Desafíos2016Extractivismo, conflictos y defensa del territorio: El caso del corregimiento de La Toma (Cauca-Colombia)María Fernanda Sañudo, Aida Juliet Quiñones, Juan David Copete, Juan Ricardo Díaz, Nicolás Vargas, Alirio Cáceres."En el presente artículo analizamos la relación entre la reconfiguración de los territorios rurales en escenarios de impulso a la minería de carácter transnacional en Colombia, así como la confrontación a la misma, a través del surgimiento y consolidación de procesos organizativos de defensa territorial. Para cumplir con tal cometido, en primer lugar nos centraremos en evidenciar las principales reformas que se han realizado en el nivel nacional y cómo estas operan en la reconfiguración territorial en un contexto específico: el corregimiento de La Toma, municipio de Suárez (Cauca). En segundo lugar, atendiendo a que tal reconfiguración se sucede en el marco de tensiones y disputas, se demuestra cómo dicho proceso da lugar a la construcción de alternativas comunitarias y políticas para la defensa territorial." (Sañuda, Quiñones, Copete, Díaz, Vargas, Cáceres, 2016) La zona tiene antecedentes de intervencioens minero-energéticas pues con la construcción del embalse de la Salvajuna, la comunidad de empoderó a la defensa del territorio. Tambien mencionan que "Las resistencias para la defensa del territorio tienen antecedentes en los procesos organizativos que emergieron frente a los impactos de la construcción de la Salvajina. Uno de los líderes de La Toma refiere al respecto “el proceso organizativo parte de los procesos que surgieron con la pretensión de desviación del rio Ovejas, con la construcción del embalse de la Salvajina. Entonces ya había una experiencia, pero nos tocó hacer muchos más esfuerzos en el momento en el que aparece la multinacional, y nos toca buscar ayuda a nivel nacional e internacional, porque la cosa se puso complicada” (Extracto de entrevista a líder comunitario del corregimiento de la Toma (Cauca), 2014)"agua,suelo, fauna y floraAngloGold Ashanti, lideres comunitarios del corregimiento de la Toma (Cauca), actores armados.Miembro o miembros de consejos comunitarios que buscan acciones jurídicas y políticas para evitar afectaciones al medio ambiente y al territorioSañudo, M. F., Quiñones, A. J., Copete, J., Ricardo Díaz, J., Vargas, N., & Cáceres, A. (2016). Extractivismo, conflictos y defensa del territorio: el caso de los habitantes rurales del corregimiento de La Toma (Cauca-Colombia). https://doi.org/10.12804/desafios28.2.2016.10territorios, rural, colombia, derechos
ColombiaArtículo de revistaÍconos, revista de ciencias sociales2021Monitoreos hídricos comunitarios: conocimientos locales como defensa territorial y ambiental en Argentina, Perú y ColombiaAstrid Ulloa, Julieta Godfrid, Gerardo Damonte, Catalina Quiroga, Ana Paula López."En Latinoamérica, en el contexto de la expansión de proyectos de minería a gran escala y dadas sus consecuencias socioambientales y territoriales, se han implementado diversos monitoreos del agua (institucionales y empresariales) basados en conocimientos técnicos que desvalorizan otros conocimientos. Por lo tanto, han emergido los monitoreos hídricos comunitarios (MHC), una estrategia para posicionar las concepciones y los conocimientos locales como una herramienta política, con la que se visibiliza y cuestiona los efectos de la minería en el agua. De igual manera, las comunidades han establecido redes con la academia, las ONG y las organizaciones sociales, y así propiciar el diálogo entre sus conocimientos y los conocimientos técnicos, con el fin de generar contranarrativas frente a los indicadores e informes institucionales o empresariales sobre la calidad del agua, y como estrategia de defensa territorial frente a la minería. Nos centramos en la investigación realizada entre 2018 y 2020 en Argentina (Veladero), Perú (Antapaccay-Expansión Tintaya) y Colombia (Cerrejón), en donde las comunidades locales han desarrollado MHC, basados en la producción y sistematización de sus conocimientos en torno al agua. Analizamos las asimetrías del conocimiento en contextos de desigualdad socioambiental y planteamos la necesidad de una discusión amplia que incluya los conocimientos locales y, por tanto, formas diversas de comprender, conocer y relacionarse con el agua y lo territorial de manera integral." (Ulloa, Godfrid, Damonte, Quiroga, López, 2021). En el caso concreto evidencia la situación que se ha vivido en el Cerrejón y con el río Ranchería. Por lo anterior se menciona "Las comunidades desconfían también de la información publicada por la compañía y señalan que padecen enfermedades en la piel y dolencias estomacales debido al manejo hídrico que hace Cerrejón. Al respecto del funcionamiento de la mina en la zona, uno de los líderes indígenas señala: "Ellos acaparan el agua del río Ranchería y de todos los arroyos. No conforme con eso, tienen 19 pozos profundos. El agua que sale de esos pozos está siendo contaminada, ya no la están usando para el consumo. El ferrocarril pasa contaminando a todos los arroyos, cuerpos de agua que están ahí […]. Anteriormente, uno cogía el jagüey y lo cerraba para el consumo humano; hoy no se puede hacer eso porque hasta los animales están saliendo con malformaciones por esa agua contaminada por el carbón (entrevista a líder de la Fuerza de Mujeres Wayuu, 25 de febrero de 2019). Desde el 2008, las comunidades del sur de La Guajira para generar información y conocimiento propio sobre la mina y sus impactos ambientales se han articulado en red con las ONG, los centros de investigación y la academia, entre ellos están: Fuerza de Mujeres Wayuu, Centro de Investigación de Educación Popular (CINEP); Centro Nacional Salud, Ambiente y Trabajo (CENSAT Agua Viva); Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” (CAJAR); Corporación Geoambiental Terrae e Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz). La red de organizaciones trabaja en procesos cotidianos de formación política y en la producción y el seguimiento de los impactos ambientales de la mina. (Ulloa, Godfrid, Damonte, Quiroga, López, 2021)agua, aire,Comundiades indígenas Wayuu, grupo minero del Cerrejón, autoridades ambientales (ANLA, MinInterior, gobierno ancional, MinAmbiente)Comunidad que se ha organizado para manifestarse en contra dle proyecto minero y sus implicaciones ambientales a partir de cosmovisiones propias sobre la naturaleza y el buen vivir.Ulloa, A. Godfrid, J.Damonte, G. Quiroga, C. López, A. (2021). Monitoreos hídricos comunitarios: conocimientos locales como defensa territorial y ambiental en Argentina, Perú y Colombia. Recuperado de: http://scielo.senescyt.gob.ec/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1390-12492021000100077mineria, colombia, indógenas, agua
ColombiaArticulo de revistaRevista Luna Azul2021Ciudadanía Ambiental y escalamiento de la agroecología en la Zona de Reserva Campesina de San Isidro, Pradera, Valle del Cauca, ColombiaFranco Alirio Vallejo Cabrera, Myriam del Carmen Salazar Villarreal, Reinaldo Giraldo DíazEl ejercicio de ciudadanía ambiental para la defensa, cuidado y protección de la vida es cada vez más importante para los pueblos y comunidades latinoamericanas. En este artículo de investigación se presenta el ejercicio de ciudadanía ambiental basado en prácticas agroecológicas para la defensa de la vida en la Zona de Reserva Campesina (ZRC) de San Isidro, Pradera, Valle del Cauca. Metodológicamente, se analizaron ocho impulsores para la promoción y escalamiento territorial de la agroecología, a saber, (1) crisis que promueven la búsqueda de alternativas; (2) organizaciones sociales; (3) prácticas agroecológicas efectivas; (4) procesos de enseñanza-aprendizaje constructivista; (5) discurso movilizador; (6) alianzas externas; (7) mercados favorables; (8) oportunidades políticas favorables. Se encontró que el ejercicio de ciudadanía ambiental basado en prácticas agroecológicas para la defensa de la vida ha logrado un escalamiento positivo de la agroecología en el que aún deben mejorarse acceso a mercados y oportunidades políticas. En cuanto a estos dos impulsores, los agricultores se enfrentan a la violencia concentrada y organizada del Estado y los organismos multilaterales. Se concluye que la ciudadanía ambiental basada en prácticas agroecológicas permite cultivar la biodiversidad, preservar el agua y conservar los suelos; mantener la soberanía alimentaria y la organización política de la comunidad para enfrentar el sistema agroalimentario mundial. (Vallejo Cabrera, Salazar Villarreal, y Giraldo Díaz, 2021)Suelo, recurso alimentario, agua, biodiversidad14 agroecosistemas de familias campesinas tradicionales de la zona de reserva de San Isidro, Pradera, Valle del Cauca; Estado, Asociación de Trabajadores Campesinos del Valle del CaucaNo define directamente liderazgo ambiental, pero el ejercicio de los agricultores de la ZRC de San Isidro de una ciudadanía ambiental basada en principios y prácticas agroecológicas para la defensa, cuidado y protección de la vida en su territorio, que permiten el cuidado del agua, la protección de la biodiversidad, el respeto de los derechos humanos y la consolidación de la paz territorial es ua muestra de su posicionamiento como líderes en su comunidad.Vallejo Cabrera, F. A., Salazar Villarreal, M. d., y Giraldo Díaz, R. (2021). Ciudadanía Ambiental y escalamiento de la agroecología en la Zona de Reserva Campesina de San Isidro, Pradera, Valle del Cauca, Colombia. Luna Azul, 126-144. Obtenido de https://revistasojs.ucaldas.edu.co/index.php/lunazul/article/view/7119/6332defensa, derechos, prácticas agroecológicas, campesinos
ColombiaArticulo de revistaRevista Republicana2023La eficacia de la participación judicial en el conflicto ambiental de la Reserva Forestal Río BlancoCatalina Gómez Duque, Claudia Munévar QuinteroEl artículo presenta los resultados del estudio de caso de la Reserva Forestal Protectora de Río Blanco y Quebrada Olivares, el cual partió del problema deinvestigación que abordó la eficacia de la participación ciudadana en el conflicto generado en el sector adyacente del área protegida. La estrategia metodológica se abordó desde el planteamiento de una investigación socio-jurídica de enfoque empírico-analítica. En primer lugar, se describe el área deestudio y los antecedentes legales y contextuales a ella atinente. En segundo lugar, se realiza una aproximación conceptual de los principales referentes socio-jurídicos que explican el conflicto ambiental y la participación ciudadana como elementos transformadores del conflicto generado con relación al estudio de caso abordado. Por último, se analizan los mecanismos judiciales que constituyeron los escenarios de participación ciudadana, los cuales condujeron a concluir que la eficacia de la participación ciudadana, además de movilizar el ejercicio de mecanismos judiciales, produce consecuencias socio-jurídicas en torno a la internalización de los derechos, la transformación del conflicto y la legitimidad del cumplimiento legal. (Gómez Duque y Munévar Quintero, 2022)Recurso forestal, suelo, fuentes hídricasComunidad circundante a la Reserva de río blanco, constructora CFC, alcaldía de ManizalesSe hace una revisión documental de la actuación que ha tenido la comunidad interesada en la protección de la reserva a lo largo de su proceso de urbanización, dejando en claro el papel de la participación colectiva en la toma de decisiones sobre los territoriosGómez Duque, C., y Munévar Quintero, C. (2022). La eficacia de la participación judicial en el conflicto ambiental de la reserva forestal río blanco. Revista Republicana, 217-236. Obtenido de http://ojs.urepublicana.edu.co/index.php/revistarepublicana/article/view/864/626reserva forestal, colombia, mecanismos judiciales, derechos
ColombiaCapítulo de libroUniversidad del Rosario2020Desde adentro y hacia todas las direcciones: en defensa y por la preservación de la vida, la semilla y el ambiente sano (Mocoa, Putumayo)Nathaly Jiménez Reinales y María Angélica Arias"La apuesta por una globalización que promueve la mercantilización a través de acuerdos comerciales como instrumentos de poder hegemónico hace que, en Colombia, por ejemplo, el Estado no haya favorecido el desarrollo rural ni protegido la diversidad biocultural de los territorios. La normatividad y la voluntad política de los últimos gobiernos continúan priorizando la explotación minera y la agricultura inspirada en la revolución verde, y obstaculizan con ello los procesos de recuperación ambiental y la protección de la diversidad biocultural; especialmente, en territorios donde el conflicto armado ha vulnerado la calidad de vida de los habitantes. Este capítulo resalta la importancia del trabajo socioam- biental en materia de autonomía alimentaria que desde el municipio de Mocoa, en el departamento del Putumayo, se ha venido reconfigurando por la necesidad de recrear condiciones favorables para la población y el territorio. Los sistemas agroalimentarios con enfoque agroecológico responden de forma sostenible, saludable y sustentable a la crisis ambiental que se eriva, entre otros, de la falta de garantías en el abastecimiento de alimentos sanos, la preservación de las semillas nativas y criollas y una consistente asociatividad." (Jiménez, Arias, 2020). "Este capítulo resalta la importancia de los procesos productivos en los cuales los agroecosistemas diversos y altamente resilientes, y la implicación de los grupos humanos en la organización del territorio reafirman una apuesta agroecológica como saber técnico y la importancia que tienen las comunidades étnicas, campesinas y urbanas como sujetos políticos conscientes capaces de producir modelos alternativos en la distribución alimentaria. De esta manera, se integran saberes técnicos desde la ecología y los saberes campesinos; también, saberes prácticos, como los propuestos por las economías solidarias y colaborativas que relacionan a las comunidades con el ejercicio político, el cual, desde la agroecología y en lo que se ha llamado nichos de innovación sociotécnica, se generan espacios de encuentro, transmisión de saberes, recuperación del territorio, empoderamiento de los agricultores familiares en la búsqueda de autonomía alimentaria y protección del medio ambiente, y así estos últimos se convierten en agentes de cambio y líderes potenciales en la creación de escenarios propios que mejoren las condiciones en el territorio (Acevedo y Jiménez, 2019).suelo, recurso alimentarioAsociación de Mujeres Indígenas de la Medicina Tradicional “Chagra de la Vida. La Renaf es una plataforma de más de 140 organizaciones agrarias campesinas, indígenas, afrodescendientes, de mujeres urales, de pesca artesanal, cooperativas, universidades, ong y organizaciones basadas en la fe, entre otros colectivos, todos los cuales deciden trabajar articuladamente para impulsar la agricultura familiar en Colombia bajo la campaña permanente Sembrando PAZ con Agricultura Familiar (Renaf, 2019). Grupos armados, Estado.Grupo de personas agremiadas que busca la defensa de la soberanía alimentaria y defensa del patrimonio biocultural y del buen vivirJiménez, N. Arias, M (2020). Formas dignas de coexistencia. Cap 5. Desde adentro y hacia todas las direcciones: en defensa y por la preservación de la vida, la semilla y el ambiente sano (Mocoa, Putumayo) (p.117).Editorial Universidad del Rosario. Recuperado de: https://editorial.urosario.edu.co/gpd-formas-dignas-de-coexistencia.htmlhkqdWxes#v=onepage&q=defensa%20ambiental%20en%20colombia&f=falsediversidad, colombia, comunidades étnicas, colombia
ColombiaTrabajo de gradoUniversidad de Antioquia2021Sembrando el Territorio: Participación Política de las Mujeres Campesinas pertenecientes al COA (Cinturón Occidental Ambiental) en los procesos de Defensa del Territorio y la identidad culturalLaura Peña Loaiza y Leany Marcela Ramírez DurangoLas autoras resumen su publicación mencionando"En este documento se hará un abordaje de la participación política de las mujeres campesinas del COA en los diferentes procesos de defensa del territorio y la identidad cultural. En este caso nos centramos en tres municipios: Caramanta, Pueblorrico y Támesis, ya que, es en estos donde la articulación mantiene un movimiento constante. Por lo mismo, estos viajes que emprendimos para la realización de este proyecto de investigación, serán los que aparecerán en el relato de esta tesis, bajo la mirada del feminismo comunitario y decolonial, el ecofeminismo y en general de la apuestadecolonial e intercultural.En razón de esta mirada teórica y metodológica que asumimos en la investigación, los resultadosse presentan no solo desde una construcción académica del conocimiento, sino que, también se apela a lo poético y lo simbólico de la siembra, proceso central dentro de estas estrategias de defensa y cuidado de la tierra, el cuerpo y la vida, desde la cual las mujeres se asumen. En este mismo sentido, gran parte de la redacción que hacemos está en primera persona, porque en medio del proceso de pensarnos y cuestionarnos las formas hegemónicas de construir conocimiento y de acercarnos a las comunidades para hacer investigación, encontramos que uno de los elementos transformadores y diferenciadores a los cuales podíamos apelar, era vincularnos a su cotidianidad, a sus procesos y proyectos de defensa del territorio. Así, para nosotras hablar en primera persona, es de cierta forma una posición política, en la medida de que nos vinculamos con su defensa del territorio a tal punto de que la sentimos propia; además, porque nosotras como mujeres que construyen conocimiento sobre mujeres, vemos la importancia de tomarnos la palabra para hablar sobre nosotras, sobre las mujeres desde nuestra experiencia y sentir, desde la complicidad que se construye entre mujeres, y no como algo aislado que no sentimos y no nos toca. Es decir, que parte de esta redacción en primera persona, parte también de esta perspectiva del feminismo decolonial. (Peña, Ramírez, 2021)Territorio, suelo, aguaMujeres campesinas del cinturon occidental ambiental, mineras (AngloGoldAshanti, entre otras), ANLA, Corporaciones Autónomas RegionalesPersona que busca tener la voz y la posición de poder incidir en las decisiones políticas, programas, proyectos y el desarrollo de un municipio en un proceso político y queriendo transformar muchas situaciones que ocurren en el municipio, y no solo en el municipio, a nivel departamental.Peña, L. Ramírez, L. (2021) Sembrando el territorio : participación política de las mujeres campesinas pertenecientes al COA (Cinturón Occidental Ambiental) en los procesos de defensa del territorio y la identidad cultural (p.1) Recuperado de: https://hdl.handle.net/10495/21104participación política, colombia, feminismo, lideres comunitarios
ColombiaTrabajo de gradoUniversidad Pedagógica Nacional2020Participación ciudadana en la consulta popular en defensa del agua; Fusagasugá "no a la minería no al fracking".Ricardo Emiliano Forero Gómez"Esta investigación es un análisis del proceso de organización comunitaria desde una perspectiva de la participación ciudadana que se dio en el municipio de Fusagasugá (Colombia), expresada a través de la consulta popular llevada a cabo el 21 de octubre del 2.018, y que su fin último era la oposición a proyectos de extracción minera y el fracking favoreciendo los recursos hídricos de la región (Agua). “NO A LA MINERÍA NO AL FRACKING”. Identifica, describe e interpreta las características, estrategias y acciones propuestas y realizadas por la organización comunitaria desde sus diferentes actores y sectores sociales a fin de comunicar, socializar, motivar y convocar a la ciudadanía a ejercer su derecho a la participación en asuntos relacionados con el ordenamiento de su territorio." (Forero, 2020). En el presente articulo el liderazgo se ve representado por la comunidad ejerciendo uno de los mecanismos de participación ciudadana que ha establecido el constituyente del 91. En concreto se habla de la consulta popular y como esta puede ser un instrumento para que las comunidades inicien o continúen procesos de resistencia para la protección del territorio y sus ecosistemas.suelo, agualíderes y lideresas del municipio de Fusagasugá, autoridades ambientales, alcaldía municipalPersona o grupo de personas que tienen como objetivo empoderar a su comunidad para el rechazo de proyectos que atenten contra sus formas de vida asi como los recursos naturales de la región. Buscan una educación para que la comunidad sepa los efectos y alcance de los proyectos extractivos que se llevarían a cabo.Forero, R. E. (2020). Participación ciudadana en la consulta popular en defensa del agua; Fusagasugá "no a la minería no al fracking". Recuperado de: http://hdl.handle.net/20.500.12209/13211.lideres comunitarios, minas, extracción, colombia
ColombiaArtículo de revistaRevista Estudios Constitucionales2021Justicia ambiental y jurisprudencia constitucional: El caso de las desigualdades ambientales en el Páramo de PisbaVíctor Manuel Moncada Prieto y Oscar Andrés López Cortés"Este artículo analiza las nociones de justicia ambiental y participación ciudadana en materia ambiental en Colombia con base en las posiciones jurisprudenciales fijadas por la Corte Constitucional Colombiana y los debates académicos al respecto. Teniendo como eje de referencia las discusiones: sociales, políticas y ambientales que sobre los ecosistemas paramunos en Colombia se han tenido, tomamos como ejemplo la afectación minera al páramo de Pisba y a las personas que habitan los municipios que hacen parte del páramo y de aquellos que le son circundantes." (Moncada, López, 2021). Los autores hacen un analisis jurisprudencial acerca de la participación, ecosistemas como sujetos de derechos y sobre todo abordan el problema de la delimitación de páramos. Respecto a líderes o defensores ambientales abordan el caso de la participación comunitaria en la delimitaicón del páramo de Pisba, los campesinos de la región consideran lesionados sus derechos ambientales, en cuanto consideran que son sus recursos hídricos los que se ven afectados y comprometidos. Entre 28 y 32 nacimientos de agua se han perdido por la intervención de empresas multinacionales y nacionales en su territorio. La preocupación porque este tipo de actuaciones empresariales puede dejar a esta población sin fuentes hídricas ha sido conocida en todo el país. Lo anterior se hace más grave si se considera la entrega de títulos mineros a favor de la multinacional Hunza Coal por encima de los 2800 metros sobre el nivel del mar, aun cuando para la fecha de entrega, los territorios sobre este nivel del mar ya eran considerados zona de páramos. (Moncada, Lopez, 2021). Por su lado se muestra como la comunidad se ha manifestado inconformidad ante las intervenciones ante la deficiente participación administrativa "Luego de las vías de hecho a las que se vieron obligadas las poblaciones campesinas de Pisba como consecuencia de la negligencia estatal en el otorgamiento de las licencias para la minera, sobrevino una discusión amplia en ese territorio acerca de la necesidad de proteger el páramo, entre otras, a través de acciones constitucionales que pusieran freno a los actos de injusticia ambiental cometidos por la administración local y el descuido del gobierno nacional. Si bien las acciones constitucionales han generado espacios institucionales para la discusión de los procesos de licenciamiento ambiental, resultan insuficientes para remediar, o al menos mitigar, el impacto causado por la minería en Pisba." (Moncada, Lopez, 2021)agua, suelo, recursos minerosEmpresas mineras, autoridades ambientales, comunidad local"Actores locales, a partir de formas de lucha jurídicas, políticas y de facto, las cuales promueven una intervención ambiental sobre los recursos básicos para la subsistencia, como es el agua y el uso de la tierra a través de formas tradicionales y sustentables." (Moncada, Lopez, 2021)Moncada Prieto, V.M y López Cortés, O.A. (2021). Justicia ambiental y jurisprudencia constitucional: El caso de las desigualdades ambientales en el Páramo de Pisba. Estudios constitucionales, 19(2), 228-259. Epub 31 de diciembre de 2021.https://dx.doi.org/10.4067/S0718-52002021000200228colombia, medio ambiente, paramo
ColombiaArtículo de revistaRevista Pontificia Universidad Católica del Perú2022El Conocimiento Tradicional Ecológico Indígena y su papel en el blindaje de territorios étnicos y en el ordenamiento territorial de Leticia, Amazonas - ColombiaCamila María Pérez Cubillos"El Conocimiento Tradicional Ecológico Indígena se constituye una herramienta de defensa y reivindicación del territorio por parte de las comunidades indígenas que viven en el municipio de Leticia en la amazonia colombiana. Estas acciones de protección son resultado de una serie de tensiones socioambientales relacionadas al ordenamiento territorial de esta zona que ha generado diferentes figuras territoriales y situaciones problemáticas en relación a las actividades productivas y sociales de estas comunidades. La población indígena en mención se compone de los pueblos Ticuna, Cocama, Yagua, y de otros pueblos que se han asentado en las últimas décadas (Muina Murui, Muinane, Bora, Miraña, Andoque y otros) que suman 54 pueblos indígenas en el municipio. Este manuscrito analiza la situación de la población que habita las áreas suburbanas que poseen pequeñas áreas de resguardo indígena o se encuentran solicitando la declaración de este ante el gobierno nacional. Por su ubicación e historia en este lugar, aquellas familias están siendo cercadas por las áreas de expansión urbana y la superposición de otras figuras territoriales, que generan efectos directos en el espacio disponible para el cultivo tradicional y desarrollo de sus espacios productivos. La reivindicación del conocimiento tradicional ecológico indígena de estos pueblos se constituye en la base por parte de los lideres indígenas y los conocedores en sus procesos de lucha para el reconocimiento de su territorio y de sus problemáticas ante el gobierno. A su vez desean expresar sus formas de concebir el territorio como un espacio de vida, salud y bienestar que está construido bajo sus prácticas, rituales, ceremonias y maneras de relacionarse con estos ecosistemas. La población indígena ha creado alianzas significativas entre sus organizaciones con el interés de blindar su territorio que significa cambiar la figura de Reserva Forestal de la Amazonia a Resguardo Indígena y para esto hacen uso de la normativa internacional y nacional para así alcanzar sus objetivos y beneficios de los derechos reconocidos en Colombia." (Pérez, 2022)territorio, suelo, recurso forestalComunidades indígenas de la amazonía, gobierno nacional, alcaldía municipal, ministerio de ambientePersonas que buscan la preservación de su territorio implementando saberes tradicionales y cosmovisiones propias ante la presión territorial por parte de terceros.Pérez Cubillos, C. M. (2022). El Conocimiento Tradicional Ecológico Indígena y su papel en el blindaje de territorios étnicos y en el ordenamiento territorial de Leticia, Amazonas – Colombia. Espacio Y Desarrollo, (39), 1-35. Recuperado a partir de https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/espacioydesarrollo/article/view/25554colombia, indígenas, defensa ambiental
ColombiaArtículo de revistaRevista Redipe2020Educación popular ambiental y resistencia Campesina al Extractivismo en el Municipio de Samacá- BoyacáNatalia Elisa Ramírez Hernández, Laura Viviana Hernández Rojas, Wilmer Yesid Leguizamón Arias"Expone una experiencia de educación popular en el contexto de las conflictividades socio ambientales derivadas de la extracción de carbón en el municipio de Samacá Boyacá. Para ello en principio se analizan los planteamientos básicos de la educación popular, la lucha frente al cambio climático y su aplicación en la educación ambiental. Posteriormente, en un segundo apartado se expone brevemente el proyecto de investigación titulado “Gobernanza ambiental y movimientos sociales casos de defensa del bosque alto andino en Boyacá” y se reflexiona en relación al municipio de Samacá Boyacá, finalmente, se presentan los resultados de investigación obtenidos donde la educación popular se vislumbra como una oportunidad para la construcción colectiva de soluciones concertadas entre el movimiento campesino emergente y las empresas que se dedican a la extracción de carbón y coquización de carbón que interactúan en un mismo ámbito territorial." (Ramírez, Hernández, Leguizamón, 2020). Resaltan los autores para efectos del tema de defensa del medio ambiente que "Un fenómeno creciente a nivel regional, nacional y local es la conciencia ambiental que se acentúa como respuesta a las prácticas extractivas de las últimas décadas. En este contexto, las comunidades han experimentado diferentes mecanismos institucionales y no institucionales de gobernanza ambiental, que van desde las consultas populares y referéndum hasta movilizaciones sociales no violentas, pasando por el uso de acciones judiciales y administrativas."Ramírez, Hernández, Leguizamón, 2020).agua, río, sueloComunidad campesina de Samacá, empresas mineras (carboníferas), autoridades locales.Grupo de personas preocupadas por una problemática local ambiental que buscan educar y empoderar a demás personas para una defensa jurídica y política de los recursos naturales localesRamírez Hernández NE, Hernández Rojas LV, Leguizamón Arias WY. Educación popular ambiental y resistencia campesina al extractivismo en el municipio de Samacá- Boyacá. bol.redipe . 1 de marzo de 2020 ;9(3):24-38. Disponible en: https://revista.redipe.org/index.php/1/article/view/926colombia, educación, conflictos ambientales
ColombiaArtículo de revistaRevista Jurídicas CUC2022Identidad y protección en derecho ambiental de los indígenas Mokaná en Malambo, AtlánticoLina Marcela Martínez Durango y Guissepe D’Amato Castillo"Este artículo estudia a la comunidad indígena Mokaná en la protección del medioambiente y de su entorno social en el departamento del Atlántico; lo que permite entender el papel de las comunidades indígenas como defensoras de la vida. Tiene como objetivo evaluar la evolución jurisprudencial y legal del derecho en la protección del medio ambiente; y como una comunidad indígena encontró en la contaminación y la destrucción una problemática para la conservación de sus espacios y territorios sagrados. El diseño metodológico hace una revisión conceptual, histórica y jurídica sobre la protección de los dere-chos de una comunidad indígena en la región Caribe colombiana. Dentro de los resultados parciales se encuentra como la contaminación de los suelos y canales de agua deterioran la calidad de vida, y afectan de forma directa la subsistencia de las minorías étnicas, como los Mokaná, que ven en actividades como la pesca y la agricultura unas formas de subsistencia. Otro aporte se encuentra en la identificación de los mecanismos de participación administrativa que controlan la contaminación ambiental en ese municipio, buscando conocer la efectividad de los mecanismos y el impacto la forma de vida Mokaná" (Martínez , D'Amato, 2022).agua, territorio, sueloComunidad indígena Mokaná, mineras, autoridades ambientalesPersona o comunidad que lidera esfuerzos políticos, jurídicos y de hecho para buscar enfrentar las decisiones administrativas que perjudican los ecosistemas locales y el agua para la agricultura.Martínez Durango, L y D'Amato, G. (2022). Identidad y protección en derecho ambiental de los indígenas Mokaná en Malambo, Atlántico. Universidad de la Costa, CUC. Recuperado de: https://repositorio.cuc.edu.co/handle/11323/9303comunidad, indígena, medioambiente, colombia
EcuadorTesisUniversidad Andina Simón Bolívar2020Acción y conflicto entre la comunidad Cofán de Sinangoe y el Estado ecuatoriano frente al extractivismo mineroSuárez Bastidas, Gisela Tatiana"Las actividades mineras, la caza y pesca no autorizada en territorio A´i cofán fueron continuamente detectadas por la guardia comunitaria durante sus recorridos de control y monitoreo a partir del año 2017. En el 2018, la comunidad descubre que la intromisión minera en su territorio se debía al otorgamiento estatal, inconsulto, de 20 concesiones mineras y 32 en trámite de concesión para la extracción de oro a pequeña y mediana escala, a orillas del río Aguarico y dentro de sus afluentes: río Cofanes y río Chingual. A pesar de la aparente asimetría en términos de recursos de poder entre los aparatos estatales, los propietarios de las concesiones mineras y la comunidad, el conflicto desembocó en la reversión de las 52 concesiones al estado ecuatoriano" (Suárez, 2020, pg. 5). Alexandra Narváez y Alex Lucitante encabezaron un movimiento para proteger el territorio ancestral y tomar acciones en contra de actividades mineras. "Ciertamente las afectaciones al territorio ancestral, a la cultura y al modo de vida cofán fueron igual de alarmantes para la comunidad como las potenciales amenazas que conllevaba la lucha en contra de la minería. Según Alexandra Narvaéz, ningún miembro de la comunidad se opuso a tomar acciones en contra de las actividades mineras, más bien ocurrió un proceso de autoconocimiento al interior de la comunidad. Para la gente A´i, la solución a los problemas se obtiene mediante compromisos de palabra. La palabra en la cultura cofán tiene un valor tan importante como la firma de un contrato, según la forma de vida occidental. Y, la paz tiene una importancia primordial. Sin embargo, la comunidad no podía desconocer la agresividad acelerada de las actividades mineras y su semejanza a otros casos de comunidades cofanes anteriormente enfrentadas al extractivismo petrolero y al engaño de los cucamas" (Suárez, 2020, pg.74).Suelo, bosques, especies endémicasEmpresas transnacionales y países desarrollados (pg. 23) - no se habla de ninguna en particular , empresas mineras nacionales y transnacionales, comunidad Sinangoe (pg. 23), Alex Lucitante (pg. 32) y Alexandra Narváez (pg. 75)Territorio A´i CofánLíderes de movimiento para proteger el territorio ancestral de las actividades mineras. Alex Lucitante, líder comunitario en la lucha contra las actividades mineras a pequeña y mediana escala realizadas en territorio A´i cofán de la comunidad de Sinangoe (Suárez, 2020, pg. 32). Alexandra se ha propuesto la tarea de ser una líder que motiva al resto de mujeres hacia su participación en otros espacios que les fueron negados por el simple hecho de ser mujeres (Suárez, 2020, pg. 75).Realizan recorridos de control y monitoreo.Suárez Bastidas, G. T. (2020). Acción y conflicto entre la comunidad Cofán de Sinangoe y el Estado ecuatoriano frente al extractivismo minero [MasterThesis, Universidad Andina Simón Bolívar]. http://repositorio.uasb.edu.ec/handle/10644/8043ecuador, mineria, caza, pesca
EcuadorTesisModern Languages: Student Scholarships & Creative Works.2021El cambio climático: Qué podemos aprender de los grupos indígenas de LatinoaméricaHannah Dinsmore"Nemonte Nenquimo, una activista indígena y miembro de la Nación Waorani de la Región Amazónica de Ecuador, lideró una campaña indígena que resultó en la protección de 500.000 hectáreas de selva amazónica contra la extracción petrolera" (Dinsmore, 2021, pg. 26). La activista indígena pretende defender la vida y el planeta, por lo que anhela que el mundo asumiera su parte en esa lucha y que no sean solo los pueblos indígenas los que enfrenten esas adversidades. En concreto, considera que para que se logre proteger la Amazonía es indispensable la unión de todos los individuos para que de esa forma se pueda cambiar el futuro de las generaciones, por lo que en su lucha tiene presente el concepto intergeneracional del cuidado del medio ambiente. Adicionalmente por el hecho de la tierra es el hogar y el medio de subsistencia para los grupos indígenas que allí radican, es indispensable proteger el medio ambiente de los impactos del cambio climático, la deforestación, la perforación, etc. Nemonte Nenquimo también comparte que el gobierno solo vea intereses. Como muchos grupos indígenas, la tierra de los Waorani tiene muchos recursos que otros grupos quieren extraer por la riqueza. Sin embargo, la selva les ha dado la vida y el hogar a los Waorani. Ella insista en que toda la humanidad deba “hacer algo para luchar por la vida, para combatir el cambio climático, y no solo esperar que los "pobres" indígenas sigamos protestando y luchando… Más bien, deberíamos unir fuerzas. Es la única manera de hacer algo para salvar la vida en este planeta” (Dinsmore, 2021, pg. 26).Fuentes hídricas, suelo.Empresas trasnacionales petroleras (no se habla de ninguna en particular), comunidades indígenas, Shell (pg. 25), Texaco (pg. 25), Nemonte Nenquimo, pueblo Waorani.Región Amazónica del EcuadorLider de campaña indígena para proteger la selva amazónica contra la extracción petrolera. Enfreta las adversidades y promueve la unión de todos para cambiar el futuro de las generaciones.Realiza campañas indígenas para la protección de la selva amazónica.Dinsmore, H. (2021). El cambio climático: Qué podemos aprender de los grupos indígenas de Latinoamérica [Modern Laguages: Studen Schlarship & Creative Works, Elizabethtown College]. https://jayscholar.etown.edu/modlangstu/13ecuador, indígena, mineria
EcuadorLibroUniversidad de Cuenca2022Resistencia: minería, impactos y luchas.Alberto Acosta; John Cajas Guijarro, Francisco Hurtado Caicedo, William Sacher; Patricio Carpio Benalcázar; David Fajardo Torres; Nataly Torres Guzmán; Eloy Alfaro; Carlos Castro Riera; Eduardo Gudynas; José Astudillo Banegas, Fernando Vega Cuesta; Jaime Idrovo Urigüen; Rebecca Clausen"El asesinato de Ángel Durazno, líder antiminero de la comunidad de Río Blanco, suscitado el 17 de marzo del 2021, es una expresión de la ola de violencia vinculada al extractivismo en este territorio. Dicho suceso fue relacionado con las labores de vigilia para evitar la minería ilegal en la comunidad, después de la suspensión de las operaciones de la minera china Ecuagoldmining South America S. A. (Plan V, marzo de 2021), Frente a esto, los impactos sociales que quedan para esta comunidad son la inseguridad, la violencia y la incertidumbre" (Acosta,. et al, 2022, pg 112). "La provincia del Azuay, ubicada al sur del Ecuador, se ha constituido en un espacio para la inversión minera, a través de los proyectos Loma Larga, Río Blanco y otros, que concentran el uso y aprovechamiento del 25 % del territorio de la provincia mediante la figura de “concesionamiento” (Primicias, enero de 2020)". Dichos proyectos han tenido diferentes trayectorias; no obstante, el factor común es el alto grado de conflictividad socioambiental" (Acosta,. et al, 2022, pg 104). "El 8 de mayo del 2018, la Contraloría General del Estado aprueba el informe DR2-DPA-0010-2019, del “Examen especial al proyecto minero Río Blanco en el Azuay, a cargo del Ministerio de Minería, Ministerio del Ambiente, Agencia de Regulación y Control Minero, y entidades relacionadas, por el período comprendido entre el 1 de enero del 2012 y el 31 de diciembre del 2017”, el que establece entre sus conclusiones que el proyecto minero: No contaba con una evaluación económica integral del yacimiento; No dispone de las autorizaciones de uso y aprovechamiento del agua en los caudales requeridos; Presentó un estudio contradictorio para el cambio de fase e inicio de explotación, pues el Estudio de Factibilidad en unos acápites dice que la lixiviación será sin cianuro y en otros que sí utilizarán cianuro de sodio. Por ende, no debía concederse la autorización para la fase de explotación" (Acosta,. et al, 2022, pg. 135 ).Fuentes hídricas, suelo.Empresa mineras transnacionales, Ecuagoldmining South America S.A, comunidad del Rio Blanco, Ángel DuraznoRio Blanco, MolleturoLíder antiminero de la comunidad de río Blanco, sus labores estuvieron direccionadas en combatir el extractivismo en dicho territorio.Realización de labores de vigilia para evitar la minería ilegal.Acosta, A., Cajas Guijarro, J., Hurtado Caicedo, F., Sacher, W., Carpio Benalcáza, P., Fajardo Torres, D., Torres Guzmán, N., Alfaro, E., Castro Riera, C., Gudynas, E., Astudillo Banegas, J., Vega Cuesta, F., Idrovo Urigüen, J., & Clausen, R. (2022). Resistencia: Minería, impactos y luchas. UCuenca Press. http://extractivismo.com/wp-content/uploads/2022/07/ResistenciaMineriaImpactosEcuador22.pdf#page=57%20ecuador, lider, minería ilegal
EcuadorTesisUniversidad Tecnológica Indoamérica2021Derecho a vivir en un ambiente sano: aciertos y retos en el ecuadorArmas Chávez Luis AdriánEs concebida como de las líderes y defensoras de los pueblos Shuar Arutma que se han visto afectados por las constantes actividades extractivas que se ejecutan en sus territorios ancestrales y que les vulneran sus derechos; Josefina Tunki, que ademas de lo anterior es la presidenta del pueblo Shuar Arutam, se ha desempeñado en su comunidad como una protectora del territorio ancestral que ha sido objeto de actividades extractivas como lo es la minería, las cuales son avaladas por el Estado ecuatoriano a empresas transaccionales. De igual forma es importante mencionar que en muchas de las ejecuciones de las actividades extractivas, se han estado vulnerando derechos como lo es el derecho a la consulta y consentimiento que le debe ser reconocido al pueblo Shuar Arutma. Lo que pretende la líder ambiental entonces, es que su territorio sagrado esté libre de la minería de tal forma que su territorio se mantenga con la esencia y la preservación de los recursos naturales que existen en dicho pueblo y que para los habitantes ademas de ser completamente importantes, tienen un carácter sagrado que se debe salvaguardar en todo caso ( pg. 36)Suelo, flora, fauna.Empresas transaccionales (no se especifíca cuales), Pueblo Shuar Arutam Josefina Tunki.Pueblo Shuar Arutma.Líder, defensora y presidenta del pueblo Shuar Arutma afectado por la ejecución de actividades extractivas que transgreden sus derechos fundamentales.Se ha desempeñado como una protectora de su territorio ancestral que ha sido objeto de actividades extractivas.Armas Chávez, L. A. (2021). Derecho a vivir en un ambiente sano: Aciertos y retos en el ecuador [BachelorThesis, Universidad Tecnológica Indoamérica]. https://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/2485ecuador, lider, territorio
EcuadorTesisUniversidad de Guayaquil2021Mecanismos de protección en las áreas reservadas del ecuadorÁlvarez Arellano Perla Alicia"Durante la Pandemia por el mes de septiembre del 2020, Las autoridades del consejo de la Nacionalidad Zapara del Ecuador (NASE) denunciaron la explotación de madera de balsa, la cual fue de manera ilegal en su territorio, ubicado en la selva de la provincia de Pastaza. La presidenta de la NASE, Lcda. Nema Grefa, manifestó que los madereros sacan por los ríos los tablones hacía la carretera Puyo – Ambato. Cada árbol de balsa de 120m tiene un valor de USD$ 2 y 8, pero estos árboles demoran entre cuatro y seis años para poder ser aprovechados. Cabe recalcar que en dichos territorios no solo se puede encontrar la madera Balsa, sino también, grandes reservas de hidrocarburo (petróleo) lo cual es un blanco de explotación. El territorio Zapara fue declarado en el año 2001 Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Esta nación endémica se reparte en 26 poblados en un territorio que, según sus líderes, abarca 375.000 hectáreas. La Nacional Zapara del Ecuador ha estado en una constante lucha durante varios años por la explotación de sus territorios, no solo los que se realizan de manera ilegal, sino también por aquellos en el Gobierno ha tomado decisiones de manera arbitraria. Actualmente la NASE está dispuesta a iniciar acciones legales respecto al contrato de explotación petrolera entre el Gobierno y la Empresa Andes Petroleum, en la cual se ha hablado de incrementar la producción petrolera para cumplir metas de 40.000 barriles diarios hasta fin de año, y un millón de barriles al final del periodo presidencial" (Álvarez Arellano, 2021, pg. 37, 38)Bosque, suelo.Madereros, autoridades del consejo de la NASE, comunidad Zapara, Nema Grefa, Gobierno, empresa Andes Petroleum.Provincia de Pastaza.Presidenta de la NASE ha denunciado la explotación de madera de balsa. Lucha por salvaguardar bosques para que puedan ser aprovechados.Denuncias e interposición de acciones legales.Álvarez Arellano, P. A. (2021). Mecanismos de protección en las áreas reservadas del Ecuador [BachelorThesis, Universidad de Guayaquil Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Sociales y Políticas]. http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/57974ecuador, denuncia, minas
EcuadorArtículo.Alianza de Derechos Humanos Ecuador.2021Denuncia Pública: El Estado criminaliza a dos defensores de derechos humanos por la protesta pacífica de la Comuna kichwa “El Edén”Alianza de Derechos Humanos Ecuador."Como Alianza de Organizaciones por los derechos humanos denunciamos un nuevo abuso del derecho penal para criminalizar defensores de derechos, incluido un miembro de nuestra Alianza. La empresa estatal Petroecuador ha iniciado un proceso penal contra el dirigente Wilson Geovanni Quindigua Salazar y su asesor jurídico Luis Xavier Solís Tenesaca, en el marco de la protesta sostenida por la comuna kichwa El Edén contra la petrolera. Pese a que la denuncia está presentada desde el 13 de mayo, recién el 22 de junio fue notificado uno de los denunciados. La comuna kichwa de “El Edén” es parte del pueblo naporuna que habita el bajo Napo en un territorio comunitario de más de veinte mil hectáreas. Parte de la zona de amortiguamiento del parque nacional Yasuní se encuentra en su territorio. El Edén soporta, por más de veinte años, las actividades del bloque petrolero 12 en su territorio. Las instalaciones incluyen la Central de Facilidades de Producción que procesa también el crudo de los bloques 31 y 43. En total, el bloque genera 89 mil barriles por día (de los cuales, al menos 29 mil son la producción propia del bloque 12). La explotación petrolera, provoca serios daños al entorno y la vida de El Edén que no han sido remediados ni compensados. Estos daños incluyen la contaminación acumulada por varios derrames de petróleo y por disposición indebida de aguas de formación; la contaminación y la pérdida de fauna por el ruido de los generadores; y, los efectos de la quema de gas asociado al aire libre, pues en Edén opera día y noche el mechero más grande en la Amazonía ecuatoriana. A lo anterior, se suma la fragmentación social y cultural que las acciones de “dividir y conquistar” de las petroleras provocan en las comunidades. La comuna vive en la pobreza y tiene comprometido su futuro inmediato y a largo plazo cuando el campo deje de producir" (Alianza por los Derechos Humanos, 2021, pg. 1).Fuentes hídricas, suelo.La empresa estatal Petroecuador, Wilson Quindigua, comuna el Edén.El Edén, Napo.Defensores de derechos humanos en la comuna kichwa de "El Edén" que se han visto vulnerados por la contaminación por varios derramente de petróleo, que se ha derivado del bloque petrolero 12.Protestantes por la comunidad Kichwa contra la empresa PetroEcuador.Alianza por los Derechos Humanos. (2021, julio 2). DENUNCIA PÚBLICA:El Estado criminaliza a dos defensores de derechos humanos por la protesta pacífica de la Comuna kichwa “El Edén”. Alianza de Derechos Humanos Ecuador. https://ddhhecuador.org/2021/07/02/documento/denuncia-publicael-estado-criminaliza-dos-defensores-de-derechos-humanos-porderechos humanos, ecuador, derecho penal
EcuadorArtículoUniversidad de Girona (España)2021Nosotras somos el autogobierno Mujeres Amazónicas defensoras de la Selva en el Ecuador construyendo su propia historiaMaría Inés Rivadeneira H."Mujeres Amazónicas defensoras de la Selva es un colectivo de más de 100 mujeres indígenas defensoras de los derechos humanos, de las mujeres y de la naturaleza, y lideresas comunitarias que pertenecen a diferentes generaciones de las once nacionalidades de la Amazonía de Ecuador (Kichwa, Shuar, Achuar, Waorani, Shiwiar, Andwa, Siekopai, Siona, Ai’Cofan, Quijos y Sápara). Este grupo hace incidencia política para demandar el cuidado de la Amazonía y de sus derechos como mujeres desde el año 2013. Las realidades en los territorios indígenas de la Amazonía en Ecuador dan cuenta de los efectos negativos de décadas de actividades de explotación de recursos de la biodiversidad y el deterioro de la calidad de vida en las comunidades por la ampliación de las fronteras extractivas, contaminación de fuentes de agua, pérdida de biodiversidad, afectaciones en los sistemas agroalimentarios, entre otros. Se calcula que la pérdida de biomasa forestal acumulada en el período 2013- 2016 es de un 79% debido a la degradación de los bosques. El 68% de la biomasa forestal se encuentra en los bosques situados en territorios indígenas, lo que significa que el proceso de deterioro de los ecosistemas afecta directamente a los medios de vida, la alimentación y sobrevivencia de estas poblaciones. En los últimos veintiséis años Ecuador ha perdido más de 2 millones de hectáreas de bosque" (Rivadeneira H., 2021, pg. 146, 147) . "Mujeres amazónicas defensoras de la selva han realizado demandas sobre la autodeterminación indígena, sus ejes de disputa y repertorios de movilización colectiva en torno a los planteamientos de las escalas de justicia y colonialismo interno" (Rivadeneira H., 2021, pg. 145) . Patricia Gualinga fue amenazada por defender su territorio, el Pueblo Kichwa Sarayaku pues ha participado en luchas sobre los temas petroleros. Este no es un caso aislado, Amnistía Internacional levantó una investigación sobre amenazas y ataques a las lideresas indígenas identificando como factor común “la labor de defensa y promoción de los derechos vinculados a la tierra, al territorio y al medio ambiente que llevan a cabo las Mujeres Amazónicas” (Rivadeneira H., 2021, pg. 164).Biodiversidad, fuentes hídricasEmpresas extractivas (no se especifícan), comunidad Kichwa, Patricia Gualinga, mujeres amazónicas defensoras de la selva.Pueblo Kichwa Sarayaku.Las mujeres Amazónicas defensoras de la Selva son defensoras de los derechos humanos, de las mujeres y de la naturaleza, así como tmbien se conciben como lideresas comunitarias.Labores de defensa de derechos vinculados al medioambiente, la tierra y el territorio. Han interpuesto demandas con el propósito de salvaguardar su autodeterminación, así como han hecho movilizaciones colectivas.Rivadeneira H., M. I. (2021). “Nosotras somos el autogobierno”: Mujeres Amazónicas defensoras de la Selva en el Ecuador construyendo su propia historia. Revista d’estudis autonòmics i federals, 34, 145-176.ecuador, mujeres, indígenas
EcuadorArtículoCampos en Ciencias Sociales2020Paz y desarrollo: dos conceptos irreconciliables para las Mujeres Amazónicas del EcuadorYesica Álvarez Lugo"El territorio kichwa de Cuenca Villano es uno de los que más han sufrido las consecuencias de la actividad extractiva. El Bloque 10 fue concesionado por veinte años hace unos veintiocho, pero aún sigue en actividad y pretende su ampliación. La empresa que opera en la zona es Agip Oil, una empresa italiana que, según el Ministro de Hidrocarburos, es todo un ejemplo a seguir: “el caso del Bloque 10 es una de las actividades mejor llevadas en cuanto a lo social y ambiental y eso son cosas que estamos revisando periódicamente” (Pérez, 2018). Esa no es la opinión de las mujeres que vienen representadas por su dirigente, Salomé Aranda, ni por las otras dirigentes que han oído y conocido la situación de su territorio. Esta intervención del Ministro de Hidrocarburos causó un cambio palpable en el rostro de la dirigenta de las nueve comunidades que forman la comuna de Moretecocha, pero como esta no estaba en la agenda de la audiencia, la indignación fue trasladada al presidente de la República y al Ministro de Hidrocarburos por Nina Gualinga, lideresa del pueblo Sarayaku" (Lugo, 2020, pg. 334). Salomé Aranda, lideresa de la Mujer de la Comuna Moretecocha, le solicito al presidente ayuda para que no se continúen abriendo pozos petroleros no realizando actividades extractivas en la Amazonía ni en sus territorios (pg. 330, 331). "Salomé Aranda lideresa kichwa de la Comuna Moretecocha, cuya persona y familia fueron amenazadas tras su denuncia pública de violaciones y abusos sexuales perpetrados por empleados de la Empresa Agip Oil que opera en la zona" (Lugo, 2020, pg. 337).Fuentes hídricas.Empresa Agip Oil, comunidad Kichwa, Salomé Aranda, Nina Gualinga..Comuna Moretecocha.Colectivo Mujeres Amazónicas que han realizado solicitudes para que no se le siga dando continuidad a la ejecución de actividades extractivas en la Amazonía ni en sus territorios.Se instauró una solicitud al presidente para que se dejen de abrir pozos petroleros ni actividades extractivas en sus territorios.Lugo, Y. Á. (2020). Paz y desarrollo: Dos conceptos irreconciliables para las Mujeres Amazónicas del Ecuador. Campos en Ciencias Sociales, 8(2), 313-346. https://doi.org/10.15332/25006681/6021ecuador, indígenas, territorio
EcuadorTesisFacultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO Ecuador Departamento de Desarrollo, Ambiente y Territorio2017Petróleo, ecología política y feminismo. Una lectura sobre la articulación de Mujeres Amazónicas frente al extractivismo petrolero en la provincia de Pastaza, Ecuador.Miriam García Torres"Las mujeres kichwa de Kawsak Sacha se vieron en la necesidad de crear una organización de mujeres se relaciona con los procesos de corrupción en los que se estaban viendo envueltos algunos dirigentes. La organización de mujeres resultaba un factor estratégico en el fortalecimiento de la defensa territorial del pueblo ancestral kichwa de Kawsak Sacha, en un momento en el que la XI Ronda Petrolera amenazaba con imponerse sobre su territorio. De ahí, Nancy Santi, primera presidente de la asociación, conformó la asociación de mujeres para defender a la Pachamama, su territorio y el derecho de los pueblos indígenas" (García Torres, 2017, pg. 84, 85). "Las mujeres kichwa de las cuencas de los ríos Bobonaza y Curaray son quienes tienen una participación más activa y numerosa. De hecho, fueron ellas quienes impulsaron la idea de realizar la marcha de octubre de 2013. Tal y como se ha venido argumentando, la necesidad de que las mujeres kichwa asuman el liderazgo político en la defensa del territorio se deriva de un contexto organizativo muy fragmentado, en el que las dirigencias tradicionales masculinas han sufrido un profundo proceso de deslegitimación debido a su cooptación por parte del actual proyecto gubernamental. Tal es así que en la actualidad no existe una organización sólida que aglutine y represente al conjunto de la nacionalidad kichwa. En este contexto, la unidad de las mujeres resulta un factor estratégico fundamental en la defensa del territorio. Por otro lado, cabe recordar que las lideresas kichwa poseen un gran legado de mujeres que en las décadas anteriores han ido abriendo camino para su participación política en las acciones colectivas". (García Torres, 2017, pg. 102).Fuentes hídricas, suelo.Empresas petroleras, Petroleras Conoco y Maxus, mujeres Kichwa de Kawsak.Provincia de Pastaza.Mujeres Amazónicas que se encargan de defender territorialmente el pueblo ancestral Kichwa de Kawsak Sacha.Las mujeres kichwa asUman el liderazgo político en la defensa del territorio.García Torres, M. (2017). Petróleo, ecología política y feminismo. Una lectura sobre la articulación de Mujeres Amazónicas frente al extractivismo petrolero en la provincia de Pastaza, Ecuador [MasterThesis, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales – FLACSO]. http://repositoriointerculturalidad.ec/jspui/handle/123456789/3897organización, mujeres, territorio, indígenas, ecuador
EcuadorTesisPontifica Universidad Católica de Perú2021Informe sobre el Caso N° 12.465 ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos Pueblo Kichwa de Sarayaku VS. EcuadorCarlos Humberto Galarza Cepeda"El Pueblo Kichwa de Sarayaku es un pueblo indígena de la Amazonía Ecuatoriana. El Pueblo radica en la región amazónica del Estado de Ecuador, en la provincia de Pastaza. Desde 1960, el Estado de Ecuador intensificó las actividades de exploración en la región amazónica para explorar recursos naturales, entre ellos, el petróleo. El 12 de mayo de 1992, el Estado adjudicó el sector geográfico denominado “Bloque 9” en favor de las comunidades que se encontraban en las cercanías del Río Bobonaza. Para la posterior explotación de este recurso resultaba necesario afectar territorios indígenas, entre los cuales, se encontraba el territorio del Pueblo. En el mes de junio de 1995, se procedió a convocar a una licitación internacional para la exploración y explotación de hidrocarburos, que dio lugar a que la empresa Compañía General de Combustibles S.A. suscribiera en el mes de julio de 1996, un Contrato de Exploración y Explotación de Petróleo con la Empresa Estatal de Petróleos del Ecuador. En 2002, el Pueblo, presentó un recurso de amparo ante el Juzgado Civil de Pastaza, cuyo juez ordenó que se suspendiera cualquier acción que afecte los derechos del Pueblo. Desde el momento en que fue interpuesto el recurso de amparo, se produjeron retrasos injustificados en el trámite del proceso, el cual finalmente tampoco fue resuelto conforme a la legislación prevista en el Derecho Interno de Ecuador. Entre 2003 y 2004, el Pueblo denunció una serie de hechos que configuraban hostigamientos hacia sus líderes, miembros y abogados del Pueblo. Las denuncias fueron interpuestas ante las autoridades policiales y fiscales, sin embargo, no se efectuaron diligencias suficientes y tampoco se obtuvieron resultados conclusivos o provisionales en el marco de la investigación de los hechos denunciados" (Galarza, 2021, pg. 5-7).Fuentes hídricas, aire.Empresa Estatal de Petróleos del Ecuadorpueblo Kichwa de Sarayaku.Provincia de Pastaza.El pueblo indígena luchó para que se salvaguardaran sus derechos y se suspendieran acciones relacionadas con las actividades de exploración y explotación.Interposición de recurso de amparo para sus derechos y para solicitar la suspensión de actividades que los afectaren.Galarza Cepeda, C. H. (2021). Informe sobre el Caso N° 12.465 ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos Pueblo Kichwa de Sarayaku VS. Ecuador [Universidad Pontificia Católica de Perú Facultad de Derecho]. https://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/20.500.12404/20599ecuador, indígenas, amazonas
EcuadorLibroUniversidad Libre2019La naturaleza como sujeto de derechos en el constitucionalismo democráticoLiliana Estupiñán Achury Claudia Storini Rubén Martínez Dalmau Fernando Antonio de Carvalho Dantas"El llamado “Caso Chevron” es el ejemplo paradigmático del vínculo entre catástrofe, impunidad e indefensión. La catástrofe ambiental y humana producida en la Amazonía ecuatoriana derivó de casi treinta años de vertidos tóxicos provenientes de las actividades de extracción de la empresa transnacional. Una actuación consciente y permanente de la petrolera, vinculada a su modelo extractivo, que destrozó una amplia extensión de la selva ecuatoriana. Un crimen corporativo sin precedentes que afectó ambiente, agua y suelo, que provocó desplazamientos forzosos y vulneró el derecho a la alimentación y a la salud de miles de indígenas y campesinos/as (...) Desde el año 1962, y durante casi 30 años, hasta 1992, la empresa petrolera Chevron, entonces Texaco, extrajo petróleo de la Amazonía ecuatoriana. Aquellas operaciones se caracterizaron por una doble realidad: fueron extremadamente rentables para la empresa y generaron una contaminación sin precedentes, devastando casi medio millón de hectáreas de selva amazónica. Rentabilidad y catástrofe estuvieron vinculadas de manera inextricable, una catástrofe mayor que la del Exxon Valdés. Las demandas de las víctimas contra la transnacional han dado lugar a procesos judiciales en distintas jurisdicciones nacionales, internacionales y foros regionales. Por cuestiones de extensión, dado que la parte más conocida del caso Chevron es la litigación ante los tribunales de Estados Unidos y de Ecuador, cuyos procesos arbitrales consiguen mantener la impunidad por encima de los derechos constitucionalmente reconocidos, incluso cuando los mecanismos en el plano interno funcionen. De hecho, el caso evidencia cómo, aun considerándose probada la existencia de un crimen corporativo contra la naturaleza y los derechos humanos, la culpable, la empresa, mantiene su impunidad gracias a la combinación de carencias normativas, estrategias jurídicas, captura corporativa y los “nuevos derechos” concedidos a las empresas transnacionales, en particular, el acceso a la justicia" (Estupiñán, et al. 2019, pg. 249, 250).Bosques, flora y fauna, recursos hídricos.Habitantes de la Amazonía ecuatoriana, Chevron, Corte Constitucional.Aamazonía ecuatoriana.Iniciaron la batalla jurídica en contra de Chevrón por la generación de contaminación y la devastación de hectáreas de la selva amazónica.Interposición de demandas y procesos judiciales contra la empresa Chevrón.Estupiñán Achury, L., Storini, C., Martínez Dalmau, R., & de Carvalho Dantas, F. A. (2019). La naturaleza como sujeto de derechos en el constitucionalismo democrático. Universidad Libre. Biblioteca.ecuador, extracción, petroleo
EcuadorTesisUniversidad de Guayaquil2022Análisis jurídico del caso ocp de abril -2020, acciones, sanciones e indemnizaciones contempladas en la legislación ambiental ecuatorianaRodriguez Tacuri Luis Alfredo"En el caso denominado Caso OCP 2020, lrededor de 35 ciudadanos, 10 miembros de organizaciones de protección de derechos humanos y un GAD parroquial descentralizado e independiente presentaron una acción preventiva contra tres instituciones y dos empresas públicas, en la cual solicitaron medidas cautelares. Según el mandatario, los organismos pertinentes no actuaron de manera oportuna y eficaz en caso de emergencia por un presunto derrame en una empresa petrolera, que se presumía fue ocasionado por la ruptura del oleoducto que transportaba crudo pesado al país, que se ocasionó el 7 de abril de 2020 en Cascada San Rafael. Los fiscales señalaron que el plan de emergencia y recuperación de desastres implementado por los acusados fue tardío e incompleto y que Petroecuador estaba al tanto del avance de la erosión de las riberas, a su juicio, como la principal causa del descontento. Los demandantes también señalan que las organizaciones y empresas involucradas no respondieron a las medidas solicitadas por los accionantes, quienes reclamaban afectaciones a los derechos de vivir en un ambiente sano, salud y alimentación, esto se dio porque la empresa no brindó información en el tiempo oportuno sobre el desastre. Los daños recaen sobre la comunidad indígena y según lo que mantienen tienen un vínculo indisoluble de vida ya que principalmente provoca afectaciones en los ríos Coca y Napo. Finalmente, los hechos se agravan debido a la emergencia sanitaria provocada por la COVID-19". (Rodriguez, 2020, pg. 46, 47).Recursos hídricos.Ciudadanos, organizaciones de protección de derechos humanos, empresa petrolera Petroecuador,Cascada San RafaelCiudadanos y miembros de organización de protección de derechos humanos, salvaguardaron su derecho a vivir en un ambiente sano, salud y alimentación.Interposición de acciones preventivas para preservar derechos fundamentales.Rodriguez Tacuri, L. A. (2022). Análisis jurídico del Caso OCP de abril -2020, acciones, sanciones e indemnizaciones contempladas en la Legislación Ambiental Ecuatoriana [BachelorThesis, Universidad de Guayaquil, Facultad de Jurisprudencia Ciencias Sociales y Polìticas]. http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/65121ecuador, empresas públicas, medidas cautelares
EcuadorInformeDefensoría del Pueblo Ecuador2020Dirección nacional del mecanismo de prevención, precaución, protección, promoción y restauración de los derechos de la naturalezaDefensoría del Pueblo de Ecuador.Organizaciones de la Sociedad Civil presentaron un Acción de Protección y la Delegación Provincial de Imbabura presentó un Amicus Curiae, haciendo énfasis en la protección de dos especies en peligro crítico de extinción de la rana denominada arlequín hocicudo (Atelopus longirostris), redescubierta en el año 2016 y la rana cohete confusa (Ectopoglossus confusus) redescubierta en agosto de 2019 por un equipo de científicos del Centro Jambatu, que fueron ubicadas en el Proyecto Llurimagua. La sentencia analiza a las 2 ranas y otras especies como seres que integran un ecosistema y para evitar la extinción de las primeras, el Estado debe adoptar medidas de precaución y prevención respectivamente para proteger los Derechos de la Naturaleza y en consecuencia se suspende la actividad minera; se dispone el cumplimiento de las observaciones que constan en el Informe de Contraloría; y, el EIA y el Plan de Manejo deben contemplar medidas de precaución. Dicha acción conllevo a que se suspendieran las actividades mineras hasta que el Estado implemente medidas de precaución en el Plan de Manejo Ambiental, y se fundamentó en la aplicación del principio de precaución, en aplicación también de los criterios razonabilidad, y del peligro y amenaza de extinción a que han estado expuestas las especies animales y vegetales, así como los componentes físicos de la concesión minera Llurimagua, al ni siquiera constar en los estudios de impacto ambiental, estableciéndose la verosimilitud de los antecedentes fácticos de afectación al componente físico de la naturaleza por las actividades desarrolladas por una empresa bajo control y evaluación del Ministerio del Ambiente y Agua, y que hasta la actualidad la extinción de especies, animales o vegetales es irreversible, como medidas cautelares se establece la suspensión del proceso administrativo de aprobación del Estudio Complementario al Estudio de Impacto Ambiental Ex Ante y Plan de Manejo Ambiental" (Defensoría del Pueblo Ecuador, 2020, pg. 8-9).Fauna.Organizaciones de la Sociedad Civil (no se especifica), Delegación Provincial de Imbabura.ImbaburaInstauraron la acción de protección.Interposición de un amicus curiae.Defensoría del Pueblo Ecuador. (2020). Dirección Nacional del mecanismo de prevenciación, precaucion, protección, promoción y restauración de los derechos de la naturaleza. Defensoría del Pueblo. https://www.dpe.gob.ec/rc2020/7.Compromisos_anio_anterior/Derechos_naturaleza/sentencias_emblematicas.pdfecuador, mecanismos judiciales, defensa, derechos
EcuadorArtículo.Centro de investigación para la paz.2009Los conflictos ambientales por petróleo y la crisis de gobernanza ambiental en el EcuadorGuillaume Fontaine"La oposición a las actividades petroleras en la Amazonía ecuatoriana se organizó tras la creación de Acción Ecológica, en 1987. Esta ONG, que se define como una organización “ecologista radical”, marcó una ruptura con el ecologismo de tipo institucional, encarnado desde 1978 por otra ONG, la Fundación ecuatoriana para la protección y conservación de la naturaleza (alias Fundación Natura). De 1989 a 1994, encabezó la campaña “Amazonía por la vida”, donde convergieron dos tipos de organizaciones: las organizaciones de apoyo no gubernamental (ecologistas y de defensa de los derechos humanos) y las organizaciones representativas (indígenas y campesinas). Sus principales ejes fueron la movilización para denunciar los impactos de la era Texaco en el Norte, así como las manifestaciones en contra de la licitación del bloque 16 en el parque nacional Yasuní. Ambos conflictos se volvieron ejemplos emblemáticos de campañas de incidencia política, aunque tuvieron resultados distintos. En efecto, la campaña contra Texaco fue al origen de un movimiento social regional, articulado con redes transnacionales de defensa. Al origen de este conflicto, se encuentra una demanda presentada en los Estados Unidos por los representantes legales de 30.000 ecuatorianos contra Texaco, por la contaminación producida por sus actividades entre 1972 y 1992. En 2002 este caso fue devuelto ante la justicia ecuatoriana, donde aún sigue su curso hasta hoy. Cierto es que este conflicto no fue el primero. Basta con recordar la lucha entre la Organización de los pueblos indígenas de Pastaza (OPIP) y el consorcio Arco-AGIP, que se abrió en 1989 con el inicio de la campaña de exploración sísmica del bloque 10. No obstante el caso Texaco fue el más mediatizado de todos, en particular por el efecto demostrativo de la contaminación que sigue afectando al norte de la región amazónica ecuatoriana" (Fontaine, 2009, pg. 2-3).Suelo.Empresa Texáco, ONG Amazonía por la vida.Amazonía ecuatoriana.Actúan en aras de proteger y conservar la naturaleza. Así mismo, iniciaron movilizaciones en contra de los graves impactos generados por Texaco y en contra de licitaciones.Movilización para denunciar los impactos de la era Texaco en el NorteFontaine, G. (2009). Los conflictos ambientales por petróleo y la crisis de gobernanza ambiental en el Ecuador. Centro de Investigación para la Paz (CIP-Ecosocial), 6. https://www.fuhem.es/media/cdv/file/biblioteca/Bolet%C3%ADn%20ECOS/Conflictos_ambientales_petroleo_Ecuador.pdfecuador, petroleo, amazonas, extracción
EcuadorArtículo.Federación Internacional de Derechos Humanos2020Organizaciones y comunidad Waorani demandan a PetroOriental por su contribución al cambio climáticoFederación Internacional por los Derechos Humanos."La demanda presentada por la comunidad Waorani ante la Corte Provincial de Justicia de Orellana denuncia a la empresa petrolera PetroOriental SA, subsidiaria de las transnacionales chinas China National Petroleum Corporation (CNPC) y China Petrochemical Corporation (SINOPEC), por la quema y venteo de gas en los mecheros en el Bloque 14 durante la extracción de petróleo y la consecuente contaminación atmosférica y sus efectos directos en el cambio climático, lo cual constituye una permanente violación a los derechos humanos y de la naturaleza. Las actividades petroleras que contribuyen al calentamiento global afectan a la humanidad entera, y en este caso a las personas cuyo sustento depende de los ciclos de la naturaleza para su subsistencia, como es el pueblo Waorani. Esta nacionalidad indígena vive en estrecho vínculo con el medioambiente, el río, el bosque. La demanda presentada, mediante una acción de protección, pide que se cierren los mecheros y se termine con la quema y el venteo de gas y que la empresa asuma su parte de responsabilidad y repare los daños causados por el impacto local de este fenómeno global. Proteger los ciclos de la naturaleza, prevenir y aminorar los efectos del cambio climático, es necesario para garantizar los derechos constitucionales de los habitantes de las comunidades afectadas, y prevenir futuras violaciones que pudieran reproducirse en circunstancias similares. La violación de los derechos constitucionales de los pueblos indígenas deriva de los efectos del cambio climático a los que la quema contribuye con una importante emisión de gases de efecto invernadero, como dióxido de carbono (C02), metano, hollín, óxido nitroso, ozono y vapor de agua. Demostrando la interdependencia entre derechos humanos y protección de la naturaleza” (Federación Internacional por los Derechos Humanos, 2020).Atmósfera, suelo, agua.Comunidad Waorani, PetroOriental SA, China Petrochemical.Orellana.Presentación de demandas y denuncias ante la empresa petrolera, por las incidencias que las actividades que ejecutan tienen en el calentamiento global y en la constante vulneración de derechos humanos.Instauraron una demanda ante la Corte Provincial de Justicia de Orellana.Federación Internacional por los Derechos Humanos. (2020). Organizaciones y comunidad Waorani demandan a PetroOriental por su contribución al cambio climático. Federación Internacional por los Derechos Humanos. https://www.fidh.org/es/region/americas/ecuador/organizaciones-y-comunidad-waorani-demandan-a-empresa-petroorientalecuador, suelo, agua, denuncia
EcuadorTesisUniversidad de Guayaquil2021Mecanismos de protección en las áreas reservadas del ecuadorÁlvarez Arellano Perla Alicia"El 5 de noviembre del 2018 el Municipio de Cotacachi presentó la acción de protección seguida por: Cevallos Moreno Jomar José Efrén, Almeida Herrera Jhesica Liseth en contra de Manuel Humberto Cholando Tipanluisa, Otero López Carlos Alberto, Gerente General de la Empresa Nacional Minera Del Ecuador, en virtud de que el Bosque Protector Los Cedros estaba siendo concesionado a la Empresa Nacional Minera (Enami) en su 68%. “El Bosque Protector “Los Cedros” es un área protegida con más de 6.000 hectáreas de bosques primarios, es adyacente a la Reserva Ecológica Cotacacho-Cayapas, la cual es una de las áreas protegidas privadas más importantes del país. El bosque es considerado una de las joyas de la biodiversidad del planeta, se han identificado más de 216 especies de pájaros y 180 orquídeas.” (COTACACHI MUNICIPIO, 2019). Dicha Acción fue rechazada por el Juez de primer nivel, Oscar Alfredo coba Vayas, a lo que el Municipio apeló la negativa a la acción, interponiendo dicho recurso el 19 de Noviembre del 2018 y de fecha 19 de Junio del 2019 la Sala Multicompetente de la corte Provincial de Imbabura, conformada por los Jueces Dra. Luz Angélica Cervantes, Dr. Farid Manosalvas Grana y Dr. Javier de la Cadena Correa, quienes admiten dicha acción y fallan a favor del Municipio de Cotacachi solicitando resarcir el daño causado y así también disculpas públicas por la explotación de dichas áreas" (Álvarez Arellano, 2021, pg. 40-41).Bosques.Comunidad del municipio de Cotacachi y empresa Nacional Minera del Ecuador.Reserva CotacachiBuscan salvaguardar el área protegida del bosque Protector Los Cedros que estaba siendo atropellado por la empresa Nacional MineraPresentación de acción de protección que tenía por objeto defender un área protegida.Álvarez Arellano, P. A. (2021). Mecanismos de protección en las áreas reservadas del Ecuador [BachelorThesis, Universidad de Guayaquil Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Sociales y Políticas]. http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/57974mecanismos judiciales, ecuador, bosques
EcuadorTesisSIT Ecuador: Desarrollo, Políticas y Lenguas. SIT Ecuador: Desarrollo, Políticas y Lenguas.2018‘Defensoras de la Selva’: Mujeres Indígenas en Resistencia al Extractivismo en la Amazonía de Ecuador / 'Defenders of the Jungle': Indigenous Women in Resistance to Extractivism in the Amazon EcuadorTanmatra Bhanti"Las mujeres indígenas siempre estuvieron en el centro del movimiento contra extractivismo en el Amazonia. Como defensoras de la tierra y protectoras del ambiente, las mujeres han liderado el camino en la lucha para eliminar las industrias dañinas de los territorios indígenas. Siempre en las primeros filas de la manifestaciones mujeres han tenido una papel fundamental en organización y estratégia del movimiento de resistencia indígena. Elvia Guatatuca explicó que “las mujeres son la fuerza de líderes y los hombres apoyan, siempre hombres esperan que las mujeres, siempre mujeres primero.” Margoth Escobar es miembro de las Mujeres Amazónicas, describió que “las mujeres siente más firmes en sus convicciones y tienen menos miedo a ser más radicales. Mientras estas son opiniones personales parece que las mujeres a menudo son primero en actuar. Cómo fue illistrutado en el paro en Piatua, fue las mujeres la que dijo vamos a la carretera y las mujeres que estaban en el frente de la manifestación. En Marzo de 2018 las mujeres amazónicas presentan un propuesta para proteger la amazonía y demandar el término de la explotación de petróleo en territorio indígena. Mujeres de las 7 nacionalidades ​Kichwa, Waorani, Shiwiar, Shuar, Achuar, Andoa y Zápara, se reunieron ​frente al Palacio de Gobierno en Quito para presentar su pedido. Esta organización interétnica indígena proporcionó a las mujeres una plataformamás alta para ser escuchadas. Cada población indígena tienen su propia cultura, idioma y tradiciones, mujeres de diferentes nacionalidades seguramente tienen sus retos distintos de sus comunidades pero el punto que unirse es ser mujer. Con esta solidaridad, las mujeres pueden unirse contra los sistemas más grandes que impulsan la explotación y daños ambientales. Las mujeres de todas nacionalidades, dirigentes y miembros de los pueblos han estado presente dentro del movimiento de resistencia" (Bhanti, 2018, pg. 20-21).Suelo, bosques.Empresas petroleras (no se especifíca), mujeres amazónicas.Amazonía ecuatoriana.Las mujeres son la fuerza de líderes, buscan proteger la amazonía y luchar en contra de la expotación de petóleo en territorio indígena y en contra de los daños ambientales.Propuesta para proteger la amazonía y demandar el término de la explotación de petróleo en territorio indígena.Bhanti, T. (2018). ‘Defensoras de la Selva’: Mujeres Indígenas en Resistencia al Extractivismo en la Amazonía de Ecuador / «Defenders of the Jungle»: Indigenous Women in Resistance to Extractivism in the Amazon Ecuador [SIT Study Abroad]. https://digitalcollections.sit.edu/isp_collection/2926ecuador, mujeres, indígenas
EcuadorTesisFacultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO Ecuador Departamento de Antropología, Historia y Humanidades Convocatoria 2018-20202022Los dueños del páramo en la lucha y resistencia antiminera de Río Blanco: Una mirada cosmopolíticaAdrián Esteban Chuquiguanga Morales"Las comunidades de Molleturo decidieron impulsar una estrategia por la vía judicial e interponer una Acción de Protección ante el Tribunal de Primaria Instancia de Cuenca por la violación el derecho a la consulta previa libre e informada; esto apoyados en la autoidentificación de estas comunidades como kañaris ingresando a una fase sustancialmente distinta en el desarrollo del conflicto (Quizhpe 2020). La identidad étnica de los habitantes de las comunidades formó parte de la discusión política. El primero de junio del 2018, la Corte Provincial de Justicia del Azuay, después de presentadas las pruebas de los demandantes, consideró que las fuentes de agua habían sido afectadas, además de la falta de estudios del impacto ecológico que tendría el proyecto sobre la comunidad y sobre la naturaleza. El juez ordenó suspender la actividad minera, la desmilitarización de la zona, y el derecho a una consulta libre e informada de los comuneros. Misma orden se ratificó en segunda instancia el 3 de agosto del 2018. La resistencia de los comuneros creó conciencia en toda la provincia a pesar de la insistencia, muchas veces violenta, del Estado en continuar con el proyecto (Acosta 2018). Esta sentencia fue apelada y actualmente se espera una tercera y última sentencia de la Corte Constitucional. La violencia, tanto simbólica como física, aumentó con la empresa china Junifield con la subsidiaria ecuatoriana Ecuagoldmining South America S.A. Los encuentros violentos entre comuneros y fuerzas públicas, militares y policías, fueron cada vez más constantes desde que los comuneros construyeron plumas de control que impedían la entrada y salida de volquetas con material proveniente de la mina" (Chuquiguanga Morales, 2022, pg. 20)Recursos hídricos, suelo.Empresa Junefield con su subsidiaria ecuatoriana Ecuagoldmining South America S.As, comunidad de Molleturo, fuerza pública.Río Blanco.Defensores del derecho a la consulta previa libre e informada, así como de su identidad étnica por los impactos ecológicos generados por la actividad minera.Impulsaron una estrategia por vía judicial e interpusieron una acción de protección.Chuquiguanga Morales, A. E. (2022). Los dueños del páramo en la lucha y resistencia antiminera de Río Blanco: Una mirada cosmopolítica [MasterThesis, Flacso Andes]. http://repositorio.flacsoandes.edu.ec/handle/10469/18912ecuador, recursos hídricos, suelo
EcuadorTesisUniversidad Central del Ecuador Facultad de Comunicación Social2020Comunicación para la salud: la experiencia de clínica ambiental en la prevención de los problemas de salud generados por la explotación petrolera en la parroquia San CarlosYuli Mariela Gaona Cárdenas"El movimiento social denominado el pueblo Shuar ya decidió "Nace como respuesta a la vulneración sistemática de los derechos colectivos por parte del Estado y las empresas mineras que vienen operando en los territorios de San Carlos-Panantza. El objetivo es dar a conocer su decisión, en ejercicio de su derecho a la libre determinación, ejercer su derecho a la resistencia frente a los proyectos mineros de la empresa china ECSA. S.A" (Gaona Cárdenas, 2020, pg. 46). Su justificación radia en que ellos manifiestan que el Estado no ha respetado su PLan de Vida que recoge su visión y lo que ellos quieren para el futuro; afirman que el 56% de sus territorios ancestrales ha sido entregado a 10 empress extractivas y que hasta agosto de 2019 se registraron 271 concesiones. Así como indican que el Estado ni las empresas han realizado procesos de consulta previa, libre e informada, generando así división, conflictos sociales, desalojos y molitarización. La comunidad así mismo manifiesta que han conservado mas de 230 mil hectáreas de bosque húmedo tropical en la Amazonía ecuatoriana. Por último exigen el respeto a su autonomía y autodeterminación (pg. 47).Suelo, recursos hídricos.Empresa china ECSA. S.A, pueblo Shuar.Territorio Wao.Resistencia Waorani es un movimiento a traves de la cual se lucha en contra de las licitaciones de campos petroleros que generan un detrimento social y ecológico.Resistencia a la licitación de 13 campos petroleros por las consecuencias que acarreaba en la comunidad.Gaona Cárdenas, Y. M. (2020). Comunicación para la salud: La experiencia de clínica ambiental en la prevención de los problemas de salud generados por la explotación petrolera en la parroquia San Carlos [BachelorThesis, universidad central de ecuador]. http://www.dspace.uce.edu.ec/handle/25000/22322ecuador, movimiento social, derechos
EcuadorRevistaPontificia Universidad Católica del Ecuador, sede Esmeraldas, Ecuador2016Movimientos Sociales con racionalidad ambiental: El caso de KimsakochaJulio A. Alvarado Vélez"En el caso de las movilizaciones en contra del proyecto minero Loma Larga, es importante indicar, que el proyecto se ubica sobre un páramo de suma importancia para comunas, comunidades, pueblos, y ciudades: el páramo de Kimsakocha. La importancia de las aguas del Kimsakocha se traduce en que en su recorrido, estas irrigan grandes valles de producción agrícola y ganadera y, más importante aún, brindan agua para uso doméstico de las comunas, comunidades, pueblos y urbes a su paso (Pérez Guartambel, 2012, p.43). En particular, de las aguas del Kimsakocha “se derivan 35 sistemas de agua, el 87% del caudal de agua se destina a actividades productivas, principalmente el riego, consumo doméstico y piscícola, pastos para actividad ganadera” (FIAN, 2013). Otro aspecto principal, por el cual, surgieron las movilizaciones del Kimsakocha, se debió a la inconstitucionalidad de la concesión del proyecto minero por parte del Estado (FIAN, 2013; Pérez Guartambel, 2012). En el año 2001, se entregó las concesión del proyecto minero Kimsakocha a la canadiense I am Gold sin consulta libre, previa e informada con las comunidades. La Constitución de 1998, señalaba en el artículo 84: “El Estado reconocerá y garantizará a los pueblos indígenas, (…) ser consultados sobre planes y programas de prospección y explotación de recursos no renovables que se hallen en sus tierras y que puedan afectarlos ambiental o culturalmente. Las movilizaciones sociales en rechazo de la megaminería en el Kimsakocha, si bien han venido planteándose, sobre todo, desde los actores locales, comprometidos y al mismo tiempo preocupados por los efectos que la explotación de los recursos minerales existentes en la zona pueden tener sobre la calidad de las aguas que utilizan para sus actividades pecuarias (Cisneros, 2008); al mismo tiempo, otros movimientos se han sumado a esta lucha altruista y, además, otros han surgido de la unión de movimientos sociales en el Ecuador" (Alvarado, 2016, pg. 87,88).Fuentes hídricas, suelo.Empresas canadiense Iam Gold, comunidades Kimsakocha.Loma larga.Movimientos sociales para salvaguardar el páramo de Kimsakocha, así como los recurdos hídricos que tienen un carácter importante en la comuna.Movilizaciones como rechazo dal proyecto Loma Largo y contra la megamineria en el Kimsakocha.Vélez, J. A. A. (2016). Movimientos sociales con racionalidad ambiental: El caso de Kimsakocha. Revista Colombiana de Ciencias Sociales, 7(1), Article 1. https://doi.org/10.21501/22161201.1617ecuador, minas, agua
EcuadorLibroHuman Rights Watch2018Amazónicos ante la injusticia Hostigamiento judicial de líderes indígenas y ambientalistas en EcuadorHuman Rights Watch"El líder indígena Shuar, Pepe Acacho, de la provincia de Morona Santiago, fue acusado en 2010 de “terrorismo” por haber presuntamente incitado a la violencia durante una protesta en 2009, en la cual participó el pueblo shuar, contra una nueva ley de minería. En ese entonces, Acacho presidía la Federación Interprovincial de Centros Shuar (FICSH), una organización que representa las causas del pueblo shuar en Ecuador. En 2013, un tribunal de primera instancia lo halló culpable y lo condenó a 12 años de prisión. Human Rights Watch consultó los documentos del juicio, incluidas transcripciones de testimonios, y no encontró pruebas creíbles que justificaran la condena contra Acacho. Durante entrevistas de radio en español que se reprodujeron durante el juicio, Acacho instó a miembros de la comunidad a que manifestaran, pero no dijo nada que pudiera razonablemente interpretarse como incitación a la violencia. La única prueba que la fiscalía presentó ante el tribunal de que Acacho había incitado a la violencia fueron tres testigos que hablaban el idioma shuar y que afirmaron haber escuchado grabaciones de las entrevistas concedidas por Acacho en una estación de radio shuar, en las cuales llamaba a los manifestantes a llevar “lanzas” y “veneno” a las protestas. No obstante, las grabaciones originales de estas entrevistas nunca se reprodujeron durante el juicio, y no pareciera que el tribunal en ningún momento haya tenido en su poder las grabaciones en Shuar. Estos tres testigos tenían vínculos con funcionarios públicos, y uno de ellos trabajaba para una empresa minera a la cual Acacho se había opuesto como presidente de la FICSH, lo cual genera dudas sobre si podrían haber sido presionados indebidamente para que cambiaran su declaración a favor de la fiscalía. Un cuarto testigo que hablaba Shuar y que no tenía lazos ni con el gobierno ni con la empresa minera, ofreció una declaración totalmente distinta sobre el contenido de las transmisiones radiales en esa lengua, y dijo que Acacho no había llamado a la violencia" (Humans Rights Watch, 2018, pg. 2-3)Suelo, agua.Funcionarios públicos, Federación Inerprovincial de Centros Shuar, empresa minera (no se especifíca).Provincia de Morona SantiagoManifestante en protesta contra leyes recientes que regulaban la minería y el manejo del agua en la provincia de Morona Santiago.Protestas en contra de la nueva ley de minería y el manejo del agua.Humans Rights Watch. (2018). Amazónicos ante la injusticia Hostigamiento judicial de líderes indígenas y ambientalistas en Ecuador. Humans Rights Watch. https://www.hrw.org/sites/default/files/report_pdf/ecuador0318_web_sp.pdfecuador, indígenas, derechos
EcuadorInformeCentro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA)2019Diálogo sobre la protección jurisdiccional de los derechos a la salud, educación, trabajo, seguridad social y medio ambiente sano en países de América LatinaSoledad García Muñoz, Pablo Octavio Cabral, Alejandro Bérgamo, Facundo Cattaneo, Hernán Rolando Medina, Charles Sabel, María Emilia Mamberti, Ana Timm, Alejandra Donoso, Ximena Sierra-Camargo, María Lucía Torres-Villarreal, Lina Muñoz-Avila, Paola Marcela Iregui-Parra, Anamaría Sánchez-Quintero, Camila Zuluaga-Hoyos, Andrés Martínez Moscoso, Adriana Abril Ortiz, Francisco Bermeo Cabrera, Horacio Javier Etchichury"El Proyecto minero “Río Blanco”, se ubica en las parroquias rurales de Molleturo y Chaucha, del cantón Cuenca, provincia del Azuay, destinado a la extracción de oro y plata, donde se ha determinado reservas privadas de 605 mil onzas de oro y 4,3 millones de onzas de plata, respectivamente. Se encuentra en una zona de estricto cuidado ambiental, por su cercanía a cuencas y microcuencas hídricas. Desde el punto de vista social, en el área de influencia se encuentra la comunidad de San Felipe de Molleturo, la misma que desde el 2006 inició su lucha de resistencia contra la explotación minera. La judicialización del conflicto inició en mayo de 2018, cuando el Procurador Común de la Comunidad, Yaku Sacha Pérez Guartambel (político y activista ambiental), presentó una acción constitucional de medida cautelar en contra de los titulares de los Ministerios de Minas y del Ambiente, respectivamente, para suspender la autorización de explotación minera del proyecto Río Blanco, petición que se sustentó en la falta de consulta previa, libre e informada, conforme lo establece el Convenio 169 de la OIT Constitución del Ecuador. Rafael Correa Delgado y Lenín Moreno Garcés, con el propósito de garantizar la exploración y explotación de recursos naturales no renovables, emplearon tanto el ejercicio de la fuerza física contra comuneros, indígenas y ambientalistas que ejercían su derecho constitucional a la resistencia, así como la aplicación del tipo penal de “terrorismo” y “sabotaje”, con el fin de perseguir a líderes sociales. En el caso, líderes de la comunidad de Molleturo denunciaron en el 2018, ser sujetos de una investigación previa en manos de la Fiscalía por el delito de “sabotaje”, a consecuencia de los enfrentamientos ocurridos con las fuerzas del Estado en las zonas de influencia del proyecto minero Río Blanco (Diario El Mercurio, 2018). Uno de los dirigentes que mayor persecución sufrió, fue precisamente el procurador común del caso Río Blanco, Yaku Pérez Guartambel" (García Muñóz, et al., 2019, pg. 185-186)Suelo, fuentes hídricas.Empresas mineras (no se especifíca cuáles), Ministerio de Minas y de Ambiente, Yaku Pérez.Río Blanco, provincia de AzuayPolítico y activista ambiental que presentó una acción constitucional de medida cautelra para que se suspendieran las autorizaciones que permitían la explotación minera en Río Blanco.Activista ambiental en contra del proyecto minero "Río Blanco", por no surtirse la consulta previa, libre e informada.García Muñoz, S., Octavio Cabra, P., Bérgamo, A., Cattaneo, F., Rolando Medina, H., Sabel, C., Mamberti, M. E., Timm, A., Donoso, A., Sierra-Camargo, X., María Lucía Torres-Villarreal, Muñoz-Avila, L., Iregui-Parra, P. M., Sánchez-Quintero, A., Zuluaga-Hoyos, C., Martínez Moscoso, A., Abril Ortiz, A., Bermeo Cabrera, F., & Etchichury. (2019). Diálogo sobre la protección jurisdiccional de los derechos a la salud, educación, trabajo, seguridad social y medio ambiente sano en países de América Latina. Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA). https://biblioteca.cejamericas.org/bitstream/handle/2015/5641/Informe%20Ceja-Giz%20vol%201%2016-12_OK.pdf?sequence=3&isAllowed=yecuador, proyecto, minas
EcuadorDocumentoCaminantes Ecuador2019LA NATURALEZA RETA A LA DEMOCRACIA Ecos de la consulta de KimsacochaAlberto Acosta"En el pequeño cantón de Girón, en la provincia del Azuay, de dio una consulta popular vinculante que decidió sobre la minería: la primera consulta de ese tipo en Ecuador. La consulta se alcanzó luego de largas resistencias y luchas, particularmente de la Federación de Organización Indígenas y Campesinas del Azuay (FOA) y de la Unión de Sistemas Comunitarios de Agua de Girón, que contaron con el respaldo de varios conglomerados ciudadanos, entre los que se destaca el Colectivo Yasunidos de Guapondelig (Cuenca). Es indispensable relievar que las comunidades campesinas de esa zona están peleando por el agua y sus páramos en Kimsacocha por casi 30 años, anhelando sostener su agricultura y ganadería; una lucha que cuenta en su vanguardia, como sucede en casi todas las luchas de resistencia a los extractivismos, a las mujeres indígenas y campesinas. En esa resistencia, enfrentaron al mayor promotor de la megaminería y de sus empresas transnacionales en la historia de este país: el presidente “progresista” Rafael Correa quien, violando el Mandato Minero, expedido por la Asamblea Constituyente el 18 de abril del 2008, abrió la puerta al festín minero del siglo XXI, como se lee en el artículo elaborado con Francisco Hurtado Caicedo. Tal enfrentamiento, visto en especial desde 2011, ha llevado a que las comunidades luchen contra el poder de grandes mineras y del Estado, dispuestos a bloquear la consulta como sea. Incluso, en la recta final tanto el capital (representado en la empresa INV Metals) como el Estado (representado en el Ministerio de Recursos no Renovables) interpusieron múltiples impugnaciones a la autoridad electoral para frenar el avance de la consulta" (Alberto Acosta Espinosa, 2019, pg. 2-3).Suelo.Empresa INV Metals, Federación de Organización Indígenas y Campesinas del Azuay.Provincia de Azuay.Resistencia en contra de los extractivismos y sobre todo en contra de la minería y las empresas transnacionales. Luchan por que se respete la consulta popular.Luchas de resistencia contra el extractivismo.Alberto Acosta Espinosa. (2019, marzo 27). La naturaleza reta a la democracia. Plan V. https://www.planv.com.ec/ideas/ideas/la-naturaleza-reta-la-democraciaecuador, consulta popular, territorio
EcuadorRevistaUniversidad Verdad2021Información Geográfica voluntaria para la detección de impactos socioambientales de la actividad petroleraen la amazonía ecuatorianaCristabell Aguirre Saula, Daniel Pabón Salazar, Massimo De Marchi, Daniele CodatoEn el recorrido del Toxic Tour de la Mano Negra de Chevron en Orellana y Sucumbíos y se visitaron puntos donde se encuentran mecheros asociados a las actividades petroleras para la quema de gas natural. Se encontró que los factores asociados al extractivismo petrolero ocasionan impactos socioambientales y riesgos para la salud de los habitantes en el noreste de la Amazonía ecuatoriana,en las provincias de Orellana y Sucumbíos (pg. 31). "Se evidenció que las empresas petroleras queman el gas residual para separarlo del petróleo, provocando la muerte de decenas de insectos carbonizados por las llamas de los mecheros que, de acuerdo a los guías y moradores del lugar, arden las 24 horas del día. En este contexto, en enero 2021 la Corte Provincial de Justicia de Sucumbíos falló a favor de nueve niñas que exigían que se apagaran estos mecheros que funcionan a temperaturas promedio de 400oC, pues han generado enfermedades mortales –cáncer particularmente-, en familiares y amigos" (Paz, 2021, como se citó en Aguirre, et al., 2021). Adicionalmente, Naciones Unidas para el Cambio Climático señala que “la quema del gas natural con- tribuye al cambio climático y constituye un desper- dicio de recursos energéticos que el mundo no puede permitirse” (United Nations Climate Change, 2018). Además, estas llamaradas contienen toxinas que contribuyen al deterioro de la capa de ozono como el dióxido de carbono (CO2), metano, etano, buta- no, propano, hidrógeno, monóxido de carbono, y los CFC entre otros (Codato et al., 2019; Facchinelli et al., 2020; Bravo, 2007). A nivel local, se generan problemáticas como la lluvia ácida que en conjunto con emisiones de óxidos de nitrógeno, carbono y azufre deterioran la capacidad agrícola, los bosques y las fuentes de agua debido a la acidificación y a la emisión de calor (Ismail y Umukoro, 2012)" (Aguirre - Saula, et al., 2021, pg. 39).Suelo, aire.Empresas extractivistas petroleras, comunidades, Corte Provincial de Justicia de SucumbíosOrellana y Sucumbios.Salvaguardaron el derecho a la salud de la comunidad por el alto numero de casos de cáncer ocasionados por las actividades extractivas que es ocasionado por la quema de gas residual.Exigieron ante la Corte apagar los mecheros que producian perjuicios a la salud y derechos fundamentales.Aguirre-Saula, C., Pabón-Salazar, D., De-Marchi, M., & Codato, D. (2021). Información Geográfica Voluntaria para la Detección de Impactos Socioambientales de la Actividad Petrolera en la Amazonía Ecuatoriana. Universidad-Verdad, 1(78), Article 78. https://doi.org/10.33324/uv.v1i78.353ecuador, petroleo, medio ambiente
EcuadorBoletínPetróleo, Pronunciamientos y denuncias, Cambio climático y servicios ambientales, Boletines Alerta Verde.2021¿Estaría PetroOriental tomando represalias en contra de la Comuna waorani de Miwaguno por demanda de acción de protección por cambio climático?Acción Ecológica Ecuador"París, Quito, 25 de enero de 2021.- Se tuvo conocimiento que la empresa china PetroOriental podría estar tomando represalias en contra de esa comunidad waorani, luego de que algunos de sus miembros demandaran a la empresa por los impactos del cambio climático en su territorios. La demanda consiste en la petición de una acción onstitucional de protección por la innegable contribución al calentamiento global de los mecheros del Bloque 14 y cuyos impactos a nivel local en Miwaguno ha provocado destrozos por la crecida del río, disminución de cosechas, cambios en los patrones de lluvias, entre otros. PetroOriental anunció a la comunidad que retiraría los aportes que entregaban a ancianos de la comunidad, que dejará de ofrecer el único puesto de trabajo que daba a la comunidad en el Bloque 14. De este modo, condiciona su apoyo a que la comunidad no reclame un mayor respeto de sus derechos. Estas formas de actuar de la empresa china resultan un escándalo y un acto inmoral, ante la demanda de cerrar los tres mecheros y tomar las medidas de reparación necesarias para que la comunidad pueda realizar proyectos que les permita enfrentar los impactos del cambio climático, como es la recuperación de sus cultivos y de semillas tradicionales, recobrar sus plantas medicinales -medida de suma urgencia en un contexto de COVID - o reconstruir viviendas que fueron arrasadas con la crecida del río. PetroOriental es una empresa cuyas matrices chinas son SINOPEC y CNCP, la cuales están entre las corporaciones petroleras más grandes del mundo y que obtuvieron como ingresos 822 mil millones de dólares en el año 2019" (Acción ecológica, 2021).Suelo, fuentes hídricas.Comuna waorani de Miwaguno, empresa PetrOrientalMiwaguno.Instauraron una acción constitucional de protección por los impactos del cambio climático en sus territorios que ha ocasionado impactos negativos en las cosechas y en los cambios de patrones de lluvias.Demanda ante la empresa por los impactos del cambio climatico.Acción Ecológica. (2021, enero 25). ¿Estaría PetroOriental tomando represalias en contra de la Comuna waorani de Miwaguno por demanda de acción de protección por cambio climático? Acción Ecológica. https://www.accionecologica.org/estaria-petrooriental-tomando-represalias-en-contra-de-la-comuna-waorani-de-miwaguno-por-demanda-de-accion-de-proteccion-por-cambio-climatico/ecuador, cambio climatico, territorio
EcuadorTesisPontificia Universidad Católica del Ecuador2020Democracia, extractivismo y resistencia: La criminalización de la protesta social en el gobierno de Rafael Correa 2007-2017José Braulio Borja MuñozEl movimiento indígena ecuatoriano fue el primero en ganar prominencia nacional e internacional como una nueva militancia de los pueblos “originarios” de América Latina. Fundada en 1986, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), que unió dos de las principales organizaciones indígenas, una de la Sierra y otra del Oriente: “la región amazónica del este de Ecuador, donde las empresas petroleras transnacionales estaban causando daño a las selvas tropicales” (Harnecker M. , 2011, como se citó en Borja Muñóz, 2020). En 1992, en el aniversario de los 500 años de la llegada de Colón a América, se llevó a cabo una gran movilización en el Ecuador. Dos mil indígenas dirigidos por la CONAIE iniciaron una marcha de 250 kilómetros desde el Oriente hasta Quito, exigiendo la titulación de las tierras comunales, reformas constitucionales y el fin de las políticas neoliberales. Para la CONAIE y otras organizaciones sociales, el objetivo inmediato no fue la conquista del poder estatal, puesto que las movilizaciones planteaban demandas específicas, como la apertura de espacios políticos autónomos, el reconocimiento de los valores culturales y una crítica de la modernidad. (Bretón & García, 2003,págs. 194-196) Luis Macas, presidente de la CONAIE 1990 -1996, señaló que el neoliberalismo y el proceso mismo de modernización tienen su raíz en los esfuerzos por destruir las sociedades nativas. El neoliberalismo es la última fase del capitalismo y la modernidad, que se han vinculado estrechamente desde la época de la conquista. “La aplicación del neoliberalismo está bastante bien diseñada para terminar con todo: la desaparición de culturas centenarias, la desaparición de los pueblos, la vida misma” (Gerlach, 2003, pág. 71), expreso Luis Macas en una entrevista de 2002" (Borja Muñóz, 2020, pg, 14-15).Suelo.Empresas petroleras (no se especifíca), CONAIE.Amazonía ecuatoriana.Iniciaron una marcha exigiendo la titulación de las tierras comunales, así como tambien las respectivas reformas constitucionales, en aras del reconocimiento de los valores culturales.Movilizaciones para exigir la titulación de tierras y de reformas constitucionales.Borja Muñoz, J. B. (2020). Democracia, extractivismo y resistencia: La criminalización de la protesta social en el gobierno de Rafael Correa 2007-2017 [BachelorThesis, PUCE]. http://repositorio.puce.edu.ec:80/handle/22000/17413ecuador, movimiento indígena, tierras
EcuadorInvestigaciónObservatorio de conflictos mineros de américa latinas.fConflicto Minero: Rio Blanco protesta por la instalación de la minera Ecuagoldmining en sus tierrasObservatorio de conflictos mineros de américa latina"El proyecto minero Río Blanco, ubicado a 65 km de la capital Azuay, en Molleturo, Ecuador, causa malestar y repudio en la población local desde su concepción. El motivo es la falta de consulta sobre la aceptación del proyecto en la localidad, así como los perjuicios causados al medio ambiente y a la salud por la actividad extractivista. Río Blanco es una comunidad rural compuesta por 80 familias dedicadas a la agricultura, del cantón Cuenca, que parece tan lejos de la ciudad como un pueblito de los Himalayas. Salió del anonimato cuando descubrieron un yacimiento de oro en sus extrañas y cuando un proyecto minero de una compañía extranjera tomó su nombre. Hace más de 20 años, llegó una minera británica y les prometió el paraíso. Y las familias de Río Blanco aceptaron encantadas. Con el paso de los años, el yacimiento terminó en manos de la compañía china Junefield Mineral Resources, que en el Ecuador adoptó el nombre de Ecuagoldmining S. A., pero el paraíso prometido nunca llegó y hoy ya no aguantan más. Del proyecto minero “no han tenido apoyo alguno para el adelanto de nuestra comunidad, causando divisionismo entre los mismos moradores, familias”. “desde hace meses, se han realizado algunas denuncias en el ámbito ambiental porque existen afecciones en especial en los ojos de agua que alimentan a los ríos Canoas y el Chorro fuentes hídricas que abastecen a la parroquia Molleturo y sector costanero”, añaden. El proyecto minero, está dentro del bosque protector Molleturo-Mollepongo, en las inmediaciones del Parque Nacional Cajas,ocupando alrededor de 5.700 hectáreas. Hay pajonales, lagunas, humedales, bosques primarios, fauna andina y varias microcuencas hidrográficas: Patul, Putucay, Migüir, Quitahuaycu, El Chorro, Río Blanco, Canoas y Migsihuigsi, entre otras. Junefield explotará el yacimiento mediante socavón, removerá 800 toneladas diarias de material durante 11 años y extraerá 23,1 toneladas de oro y 163,9 toneladas de plata" (Observatorio de conflictos mineros de América Latina, 2018).Suelo, fuentes hídricas.Ecuagoldmining S. A, comunidad rural de Río Blanco.Azuay, Molleturo.Han realizado denuncias en el ámbito ambiental por afectaciones a funtes hídricas que abastecen a la parroquia Molleturo y por las actividades extractivas que ocasionan perjuicios al medio ambiente.Denuncias ambientales por afectaciones al río Chorroy Canoas.Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina. (s. f.). Conflicto Minero: Rio Blanco protesta por la instalación de la minera Ecuagoldmining en sus tierras. Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina, OCMAL. Recuperado 30 de marzo de 2023, de https://mapa.conflictosmineros.net/ocmal_db-v2/conflicto/view/968ecuador, minas, rios
EcuadorInvestigaciónObservatorio de conflictos SocioAmbientales del Ecuador2019Proyecto LlurimaguaObservatorio de conflictos SocioAmbientales del Ecuador"El conflicto generado por la implementación del Proyecto Minero Llurimagua, ubicado en el valle de Intag, provincia de Imbabura data de 1995. Desde 1991 comenzaron las actividades mineras en la zona con el ingreso de la empresa minera japonesa Bishi Metals, subsidiaria de la Mitsubishi Corporation. En 1995 se conformó la DECOIN (Defensa y Conservación de Intag), organización que promueve la protección del valle de Intag, una región extremadamente importante en términos ecológicos y de diversidad biológica. Bishi Metals abandonó la zona en 1997 luego de que su campamento fuera quemado, Entre 2002 y 2004 la concesión fue entregada a Roque Bustamante, expresidente de la Cámara de Minería del Ecuador y miembro de la Cámara de Comercio Ecuatoriano - Canadiense, Posteriormente, la concesión fue cedida a la empresa canadiense Ascendant Copper Corporation que mantuvo operaciones hasta 2008 aunque mantuvo la titularidad de las concesiones hasta el 2011 con el nombre de Copper Mesa Mining. Desde 2011 hasta la actualidad la titularidad de las concesiones mineras le corresponde a la Empresa Nacional Minera, ENAMI EP en colaboración con la estatal chilena Corporación Nacional del Cobre (CODELCO). Durante estos más de 26 años de resistencia se han dado un sinnúmero de enfrentamientos entre comuneros y comuneras con fuerzas públicas, privadas e irregulares y en escenarios institucionales que hacen del valle de Intag un territorio en disputa. La población opuesta al proyecto minero lo rechaza por los impactos ambientales negativos que ya se han observado como la consamintacion de cursos de agua y el desmedido uso de agua en las operaciones de prospección. Para los pobladores tiene una especial importancia el hecho de que el proyecto se ubica en una zona humeda, con altos niveles de precipitación, de esta forma el riesgo de contaminación del agua aumenta considerablemente." (Observatorio de conflictos SocioAmbientales del Ecuador, 2019)Suelo, fuetes hídricas.Empresa minera japonesa Bishi Metals, DECOIN (Defensa y conservación), pobladores (no se especifíca)Valle de Intag.Organización que promueve la protección del valle de Intag, puesto que ésta tiene una gran importancia en términos ecolóicos y diversidad biológica.Lucha de resistencia y enfrentamientos con la fuerza pública.Observatorio de Conflictos Socioambientales del Ecuador. (2019a, marzo 24). Llurimagua – Observatorio de Conflictos Socioambientales del Ecuador. Observatorio de Conflictos Socioambientales del Ecuador. https://www.observatoriosocioambiental.info/2019/03/24/llurimagua/ecuador, diversidad biologica, quema
EcuadorInvestigaciónObservatorio de conflictos SocioAmbientales del Ecuador2019XI RondaObservatorio de conflictos SocioAmbientales del Ecuador"La Ronda Petrolera Suroriente es la decimoprimera ronda de licitaciones de bloques petroleros de parte del Estado ecuatoriano. La XI Ronda se abrió oficialmente en octubre de 2012. Un año después, en octubre de 2013, se licitaron los primeros bloques a empresas estatales y privadas nacionales e internacionales. En total han sido licitados seis bloques de los cuales ninguno ha entrado en la fase de explotación todavía. La Ronda Suroriente consiste en 16 bloques ubicados en el suroriente de la Amazonía ecuatoriana en las provincias de Pastaza, Orellana, Morona Santiago y Napo destinados a la explotación de petróleo crudo pesado. El área afectada de más de tres millones hectáreas casi vírgenes es caracterizada por su enorme biodiversidad y la integridad de sus ecosistemas. Además, el área en licitación es formado casi completamente por los territorios ancestrales de las nacionalidades indígenas Achuar, Andoa, Sápara, Shiwiar, Kichwa, Shuar y Waorani y se teme que también serán afectados los pueblos indígenas en aislamiento voluntario, Tagaeri y Taromenane. La XI Ronda Petrolera forma parte del extractivismo progresista como elemento del llamado Socialismo del Siglo XXI. El gobierno ecuatoriano persigue la ampliación de la frontera extractiva con el objetivo de la redistribución de la renta petrolera a fines de superar la pobreza y alcanzar el Buen Vivir. La resistencia de los pueblos indígenas, en cambio, se basa en la violación de su derecho constitucional a la consulta previa, libre e informada. El gobierno y las empresas petroleras se apropian de los territorios ancestralmente indígenas sin el consentimiento de las nacionalidades indígenas. Ellos, por lo tanto, han realizado paros, manifestaciones, marchas y eventos informativos que han recibido mucha atención al nivel internacional. Además, constantemente vuelven a afirmar que no van a dejar entrar ninguna empresa petrolera en sus territorios y están dispuestos a luchar por defenderlos". (Observatorio de conflictos SocioAmbientales del Ecuador, 2019).Suelo, biodiversidad.Empresas estatales y privadas nacionales e internacionales (no especifíca cuáles), comunidad Achuar, Andoa, Sápara, Shiwiar, Kichwa, Shuar y Waorani.Orellana, Pastaza, Morona Santiago y Napo.Resistencia de los pueblos indígenas en contra del extractivismo progresista, asi como pretenden sakvaguardar su derecho a la consulta previa.Luchan salvaguardar su derecho constitucional a la consulta previa, libre e informada.Observatorio de Conflictos Socioambientales del Ecuador. (2019c, marzo 24). XI Ronda – Observatorio de Conflictos Socioambientales del Ecuador. Observatorio de Conflictos Socioambientales del Ecuador. https://www.observatoriosocioambiental.info/2019/03/24/xi-ronda/ecuador, petroleo, afectaciones
EcuadorInvestigaciónObservatorio de conflictos SocioAmbientales del Ecuador2019Loma LargaObservatorio de conflictos SocioAmbientales del Ecuador"En Loma Larga se desarrolla el proyecto minero operado por INV Metals Inc. para la extracción de oro, plata y cobre, se espera una extracción estimada de 2,6 millones de onzas de oro equivalente, durante los 12 años de vida útil de la mina. INV Metals ha desarrollado una serie de estrategias para conciliar con las comunidades y pasar a la fase de explotación con la menor resistencia posible, con experiencia en manejo estratégico de conflictos comunitarios, usando discursividades de protección ambiental y generación de beneficios a las comunidades, como son: empleos, financiar microproyectos comunitarios, entre otros. La comunidad está dividida, ya que existen grupos que luchan por sacar la actividad minera de su territorio, mientras que otros buscan que las regalías se queden en el territorio. La lucha por el agua, por parte de los Guardianes del agua lleva varios años, ha tenido etapas de alta actividad, con represión por parte del Estado. A pesar de todo esto, el proyecto ha avanzado en su desarrollo, por lo que el 2019, ha terminado la fase de exploración avanzada y ha sido aprobada su factibilidad, por lo que se espera iniciar la construcción de la mina subterránea en el 2020, para en el 2021 tener la primera producción de concentrado de oro. La Consulta Popular para que la población se pronuncie sobre las actividades mineras en el territorio se realizó el 24 de marzo de 2019, donde el No se impuso con más del 80%, lo que ha causado varias reacciones desde el Estado, la empresa y de las organizaciones sociales. Como la consulta popular sólo se realizó en uno de los cantones donde se ubica el proyecto, existe la posibilidad de que el proyecto igual continúe, ya que según la empresa sólo deben cambiar la jurisdicción donde se ubicarán las instalaciones mineras. Se empieza a hablar sobre plantear una consulta popular en la provincia." (Observatorio de conflictos SocioAmbientales del Ecuador, 2019).Agua, suelo.INV Metals, Guardianes del agua, comunidad, Estado.Loma Larga.Luchan por sacar la actividad minera de su territorio, para salvaguardar la protección ambiental y el agua.Oposición en la consulta previa sobre las actividades mineras en el territorio.Observatorio de Conflictos Socioambientales del Ecuador. (2019, marzo 24). Loma Larga – Observatorio de Conflictos Socioambientales del Ecuador. https://www.observatoriosocioambiental.info/2019/03/24/loma-larga/ecuador, proyecto minero, oro, plata y cobre
EcuadorInvestigaciónObservatorio de conflictos SocioAmbientales del Ecuador2019Panantza San CarlosObservatorio de conflictos SocioAmbientales del Ecuador"El proyecto Panantza San Carlos es considerado uno de los 5 proyectos mineros emblemáticos de Ecuador. Vale mencionar que el proyecto minero de gran escala a cielo abierto para la producción, principalmente, de cobre y plata, es una de las mayores minas de cobre de Ecuador que se ubica en un territorio de propiedad ancestral indígena. Según estimaciones sus reservas de cobre es una de las mayores del país, con aproximadamente el 60% del total de dicho metal. El conflicto se desata en la región debido a que el proyecto minero está emplazado en territorio poblado y perteneciente a la nación Shuar. Ante esta disputa de intereses, las poblaciones Shuar, en conjunto con poblaciones de colonos mestizos que habitan la zona, avanzaron sobre el campamento minero en 2006 recuperando el control territorial. Además de las concesiones mineras, una parte del territorio también fue adquirido por la empresa de capitales chinos Explorcobres SA, que opera desde Canadá, a una persona que los recibiera ilegítimamente por parte del IERAC en el proceso de reforma agraria. Entre fines de 2015 y diciembre de 2016, la comunidad Nantkins establecida en el territorio fue nuevamente desalojada, produciéndose una secuencia de enfrentamientos con heridos, procesados, un oficial de policía muerto, persecuciones, militarización y criminalización de los pobladores indígenas por parte del gobierno nacional y provincial. Ante los hechos de escalada del conflicto, y luego de pasado un tiempo del despojo de la comunidad Nankints, el proyecto minero se ha afirmado y continúa avanzando en su exploración y realizando tareas de construcción de consentimiento en las localidades aledañas para evitar nuevos conflictos" (Observatorio de conflictos SocioAmbientales del Ecuador, 2019).Suelo.Empresa Explorcobres SA y extractivistas, comunidad Shuar y comunidad Nantkins, Estado.San Carlos.Recuperación de control territorial que ha sido ocupado por las empresas o que a su vez han sido licitados a empresas extractivas.Salvaguardan propiedad ancestral indígena que ha sido transgredido por empresas.Observatorio de Conflictos Socioambientales del Ecuador. (2019, marzo 24). Panantza San Carlos – Observatorio de Conflictos Socioambientales del Ecuador. Observatorio de Conflictos Socioambientales del Ecuador. https://www.observatoriosocioambiental.info/2019/03/24/panantza-san-carlos/proyecto minero, ecuador, territorio, indígena
EcuadorInvestigaciónObservatorio de conflictos SocioAmbientales del Ecuador2019Proyecto Minero el MiradorObservatorio de conflictos SocioAmbientales del Ecuador"El país ingresa a la industria de explotación de commodities a gran escala con la firma del convenio del proyecto El Mirador en la parroquia Tundayme del cantón El Pangui de la provincia de Zamora Chinchipe. El Estado con toda su institucionalidad facilita la explotación de mina de cobre a cielo abierto en una de las zonasmás mega diversa de la cordillera del Cóndor. La empresa Ecuacorriente ECSA SA, para desarrollar el proyecto minero implementó desalojos, persecuciones, destrucción de centros poblados, intimidaciones entre otros.La población shuar y colona en contra de la actividad minera realiza acciones como medidas de protesta ante la vulneración de los derechos humanos, naturaleza y territorio. El Mirador esta considerado dentro de los 5 megraproyectos mineros calificados como estatégicos para el gobierno, se ubica a unos 1000 msnm en la Cordillera del Cóndor. A marzo de 2019 es el proyecto minero mas avanzado del ecuador se encuentra en la etapa de construcción de infraestructura necesaria para la extracción a cielo abierto de cobre y oro. Su construcción inició en diciembre 2015 y se prevé que empiece a producir el segundo semestre de 2019. Durante el desarrollo de las actividades ha sufrido 3 suspensiones por falta de cumplimiento en las actividades descritas en el plan de manejo ambiental" (Observatorio de conflictos SocioAmbientales del Ecuador, 2019).Suelo.Empresa Ecuacorriente ECSA SA, población Shuar.El Pangui de la provincia de Zamora Chinchipe.Interposición de acciones como medidas de protesta ante la vulneración de los derechos humanos, de sus derechos al terriorio y de la naturalezaProtestas por vulneraciones a derechos humanos, naturaleza y territorio.Observatorio de Conflictos Socioambientales del Ecuador, (2019, Marzo 24). Mirador - Observatorio Socioambiental. Observatorio de Conflictos Socioambientales del Ecuador. https://www.observatoriosocioambiental.info/2019/03/24/mirador/ecuador, minas, cobre, oro
EcuadorInvestigaciónObservatorio de conflictos SocioAmbientales del Ecuador2019Proyecto Hidroeléctrico PiatúaObservatorio de conflictos SocioAmbientales del Ecuador"El proyecto se ubica entre las provinciars de Pastaza y Napo, específicamente en los cantones Carlos Julio Arosemena Tola, Santa Clara, Mera y Tena. Dos ecosistemas, el bosque siempreverde montano alto del Norte de la Cordillera Oriental de los Andes y el bosque siempre verde montano alto del Norte de la Cordillera Oriental de los Andes, El 74% de la cuenca del río Piatúa está dentro de láreas protegidas.Las comunidades Kichwa de Santa Clara se movilizaron en contra de la construcción de la hidroeléctrica por la potencial afectación del río. El Piatúa tiene un significado de subsistencia y conservación anceral de su entorno, herencia que ls ha permitido lograr una autonomía real y por tanto una justa autodeterminación. El río tiene importancia para la reproducción de todas las expresiones de vida del pueblo Kichwa. El desvío de las aguas del río Piatúa al río Jandiayaku, conlleva a poner en riesgo a las poblaciones aledañas, a la vez altera el ecosistema que llegí a un equilibrio durante millones de años. En la acción extraordinaria de protección se plantea que el río Piatúa se declare con derechos, como un ser vivo. Desde la perspectiva Kichwa hay una interrelación con el río y su entorno. Por otro lado, con la demanda de acción de proteccion Ponakisc se posiciona como la organización que representa a las comunidades Kichwa afectadas por la construcción de la hidroeléctrica, demandan el reconocimiento de sus derechos y el consentimiento a traves de la consulta previa, libre e informada. Exige una reparación por parte del Estado y la empresa Genefran" (Observatorio de conflictos SocioAmbientales del Ecuador, 2019).Fuentes hídricas.Empresa Genefran, comunidad Kichwa.Pastaza y Napo.Iniciaron una movilización en contra de la contrucción de la hidroeléctrica por las afectaciones del río. En aras de salvaguardar la cosmovisión que se tiene de la subsistencia y la conservación.Salvaguardan su autonomía real y una justa autodeterminación.Observatorio de Conflictos Socioambientales del Ecuador. (2019a, julio 25). Piatúa – Observatorio de Conflictos Socioambientales del Ecuador. Observatorio de Conflictos Socioambientales del Ecuador. https://www.observatoriosocioambiental.info/2019/07/25/piatua/ecuador, agua, rio, derechos, protesta
EcuadorInvestigaciónObservatorio de conflictos SocioAmbientales del Ecuador2019Fierro UrcoObservatorio de conflictos SocioAmbientales del Ecuador"El cerro Fierro Urco se ubica en la cordillera de Huagrahuma en la región noroccidental de la provincia de Loja, en la frontera con la provincia de El Oro. Tiene una altura de 3900 m.s.n.m. y provee de agua a cuatro cuencas hidrográficas en la vertiente Pacífica y Amazónica. Desde inicios del siglo XXI se asientan sobre esta región una serie de concesiones mineras de explotación de oro, plata y cobre. Estas tienen previsto ser explotadas mediante minería de cielo abierto. Ante esta realidad, miembros de las comunidades cercanas de la provincia de Loja y El Oro, conjuntamente con organizaciones urbanas de la ciudad de Loja han establecido una serie de estrategias territoriales e institucionales de resistencia frente a las cuales el Estado central ha respondido con criminalización, apresamiento y juzgamiento de dirigentes sociales, campesinos e indígenas, que han sido declarados inocentes, no sin antes pasar largos períodos de tiempo en cárcel. La población opuesta a la minería porque consideran que esta actividad va en contra de su visión de lo que es el agua, ya que para ellos es vida. La población opuesta exige que la minería salga, pues es una actividad que contamienta los recursos hídricos, que a su vez siempre para cuestiones de consumo de las poblaciones locales de la provincia. Aquellos pobladores que estan a favor de la actividad minera de la zona, solicitan que las regalías sigan siendo invertidas en el sector, así como el apoyo que reciben de la empresa minera para varios proyectos de emprendimiento productivo. La lucha se da porque la población que quiere conservar el agua, siente que no se les reconoce como dueños legítimos de los terrenos ancestrales, lo que llegva a una lucha por un reconocimiento para que se respete sy derecho a recibir agua limpia para sus actividades. De igua forma, para salvaguardar los derechos a la protesta social, contra la criminalización de la misma. " (Observatorio de Conflictos Socio Ambientales del Ecuador, 2019).Fuentes hídricas, suelo.Oganizaciones urbanas, empresas mineras (no se especifíca) y extractivas, Estado.Cordillera de Huagrahuma en la región noroccidental de la provincia de LojaOposición a la minería por los perjuicios a los rcursos naturales. Así mismo, han luchado en contra de la mineria, en tanto que ésta va en contra de su concepción del agua.Iniciaron estrategias territoriales e institucionales de resistencia para proteger sus territorios de la explotación.Observatorio de Conflictos Socioambientales del Ecuador. (2019, noviembre 25). Fierro Urco – Observatorio de Conflictos Socioambientales del Ecuador. Observatorio de Conflictos Socioambientales del Ecuador. https://www.observatoriosocioambiental.info/2019/11/25/fierro-urco/ecuador, minas, comunidades, problematicas
EcuadorTesisUniversidad de Guayaquil2021Mecanismos de protección en las áreas reservadas del ecuadorÁlvarez Arellano Perla Alicia"Pesca Ilegal De Tiburones En La Reserva Marina De Galapagos. El 13 de agosto del 2017 fue aprehendido un buque de Nacionalidad china con trescientas toneladas de carga en sus bodegas, en la cual se encontró especies protegidas como tiburones Martillo y Silky. La Reserva Marina de Galápagos alberga varias especies de tiburón, incluyendo poblaciones de tiburón martillo, especie icono de esta área protegida. En nuestro país, los tiburones están considerados especies marinas protegidas; y, en el ámbito especifico de Galápagos, los tiburones están categorizados como especies frágiles y vulnerables. Es por ello que la normativa aplicable al régimen especial de la provincia de Galápagos prohíbe la realización de actividades pesqueras o extractivas de tiburón en la Reserva Marina de Galápagos. La prohibición abarca todas las especies de tiburón que se encuentran en Galápagos. La infracción de esta normativa tiene consecuencias jurídicas de carácter administrativo y penal. El 14 de Agosto del 2017 ante la Jueza Alexandra Ivonne Arroyo León, Jueza Multicompetente de San Cristóbal, se realiza petición realizada por FAREZ FALCONI CHRISTIAN HUMBERTO de Audiencia de Formulación de Cargos en contra de FENG MEI, PING WANG, BIN XUE, DAOGUO CHEN, YUNPING XU, KONGQIANG CHEN, KONGZHANG CHEN, QUING ZHENG, DAOYOU CHEN, ZHAOYN LIU, ZHEN XUE, NAICHENG CHEN, BENSHENG WU, FEI LI, YIHUA HE, NAIEN CHEN, HUA LIN, ZEZHANG ZHENG, ZUNHUO LI, DAOYUN CHEN por Delitos contra la Flora y Fauna Silvestres. Pese a que el trabajo de las autoridades de la Isla fue bastante eficaz, el tiempo transcurrido para que se pueda concluir el proceso o poder contar con la una sentencia favorable a las especies perjudicadas juega un papel indispensable en estos casos, ya que se trata de la vida de muchas especies las cuales son protegidas por nuestro país" (Álvarez Arellano, 2021, pg. 40, 41-42).Fauna silvestre.Christian Humberto Farez, particulares que incurrieron en delitos de flora y fauna silverstre.San Cristobal.Defensor de especies marinas protegidas que denuncia delitos contra la flora y la fauna silvestres.Presentación de peticiones e instauración de denuncia ante el juzgado, por la comision de la conducta de delitos contra la flora y la fauna silvestre.Álvarez Arellano, P. A. (2021). Mecanismos de protección en las áreas reservadas del Ecuador [BachelorThesis, Universidad de Guayaquil Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Sociales y Políticas]. http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/57974ecuador, pesca ilegal
PerúArtículoCahiers des Amériques latines2022Mutaciones territoriales y etnogénesis. La emergencia de la nación yanawara en el contexto del proyecto minero Las Bambas (Perú)Bruno Hervé-Huamaní y Maud YvinecLos Andes al sur del PerúEl proyecto minero a cielo abierto “Las Bambas” está aproximadamente en 35.000 hectáreas en los Andes sur del Perú. Razón por la cual en el 2010 surgió una nueva identidad étnica que reunía a varias decenas de comunidades del entorno minero denominada “nación yanawara”, quienes se veían afectadas por la actividad minera. Yanawara “es el nombre de un grupo étnico andino precolombino que sería originario de la región actual de Apurímac y que también habría transitado por las actuales regiones de Arequipa y Cusco como mitimae de los incas. Se encuentran menciones de los antiguos yanawara en distintos textos coloniales (crónicas, listas de corregimientos, etc.)”. Esta identidad autóctona emergente resurge para poder visibilizarse, causar interés, respeto y reclamar sus derechos mediante la expresión ciudadana frente al inconformismo con el proyecto pues su territorio se veía amenazado. Además, “Esta (re)emergencia identitaria refleja, a todas luces, un proceso de etnogénesis, esto es, un fenómeno de “creación y/o recomposición de una identidad étnica singular, a menudo usada como un motor de acción colectiva por los movimientos sociales y como un instrumento político que se volvió en ciertos casos casi imprescindible para intentar obtener acceso a derechos socioeconómicos fundamentales” [Robin Azevedo & Salazar-Soler, 2009, p. 14]”. Además, la comunidad al ver que no se estaban cumpliendo los compromisos sociales firmados por la empresa, empezaron a solicitar su cumplimiento mediante llamados al diálogo entre el Estado y la empresa minera, al no ver resultado alguno, iniciaron varios procesos judiciales en contra del Estado y un paro indefinido en el cual se presentaron varios muertos y heridos por la intervención del ejército y la policía. Por lo anterior, el estado se involucró más y decidió iniciar un proceso de diálogo con las organizaciones civiles locales y las comunidades campesinas, con seguimiento de instituciones públicas. También se hicieron diferentes tipos de marcha y huelgas de hambre en Lima para llamar la atención del Estado y en plena campaña presidencial en el 2015 y 2016 los yanawara acapararon los reflectores en los medios de comunicación nacionales y en los canales de información alternativa.Agua y aireAgricultores Comunidades indígenas Organizaciones sociales internacionales Organizaciones sociales locales Gobiernos locales/partidos políticos Estado de PerúLíderes : Lucha e inspiran la lucha contra la minería, tala de árboles, cultivos ilícitos y otros actos de criminalidad que se puedan presentar en el territorio y combaten para que se respeten los derechos de las comunidades, los territorios y los pueblos originarios.Realizaron diversas movilizaciones, huelgas y realizaron una emergencia de una identidad étnica singular.Bruno Hervé-Huamaní & Maud Yvinec. (2022). Mutaciones territoriales y etnogénesis. La emergencia de la nación yanawara en el contexto del proyecto minero Las Bambas (Perú). Cahiers des Amériques latines, 98, Article 98. https://doi.org/10.4000/cal.14240Peru, minas, cielo abierto, agua, aire
PerúFicha de casoGrufides2023Conflicto minero ShahuindoMartín PeregrinoEste proyecto está ubicado geográficamente al sur de la Provincia de Cajabamba.En la Provincia de Cajabamba al sur de Cajamarca estaba ubicado el proyecto minero Shahuindo liderado por la empresa minera Shahuindo SAC, los pobladores del Valle de Condebamba se oponen al proyecto, debido a que identificaron las afectaciones que esté proyecto estaba causando en la comunidad y en su territorio, ya que se podía evidenciar que en razón a la contaminación ambiental al suelo, agua y aire, su comunidad se estaba enfermando. Además, se encuentran muy preocupados porque las fuentes hídricas están desapareciendo debido a la construcción de pozos no autorizados por parte de la empresa minera y esto está afectando no solo su calidad de vida, sino que también está afectado a productividad de su comunidad, también se encuentran consternados porque hay poca presencia del Estado para evitar estas afectaciones o pese a que en diversas ocasiones le solicitaron al estado impulsar y apoyar proyectos diferentes a la minería en el territorio de la comunidad o a sus alrededores ya que afirman que su valle es muy fértil. Ahora bien, la comunidad también se encuentra disgustada con la empresa debido al incumplimiento de los beneficios laborales que les habían prometido, sino que por el contrario solo estaban vulnerando los derechos humanos de toda la comunidad y afirman que denunciaron el proceso de consulta previa de la comunidad indigena frente al proyecto minero en cuestión, por ende cuestionan el consentimiento libre e informado de su comunidad, pero no hubo resultado alguno. Es por lo anterior que la comunidad indigena creo unos frentes de defensa y se movilizaron en más de 5 ocasiones junto a otras organizaciones del Valle de Condebamba, realizaron paros indefinidos, bloquearon carreteras, convocaron reuniones entre la comunidad y las autoridades regionales, para hacer visible su lucha ambiental y exigir a las autoridades tomar acciones al respecto.Agua y airePobladores de Chuquibamba, empresa minera Shahuindo SAC / Pan American Silver Corp,Líderes: Se encargan de visibilizar la lucha ambiental, exigirles a las autoridades que tomen acciones al respecto.La comunidad junto con los frentes de defensa y otras organizaciones sociales del Valle de Condebamba se movilizaron en varias ocasiones, realizaron paros indefinidos, bloquearon carreteras, convocaron reuniones entre la comunidad y las autoridades regionales.Martín Peregrino. (2023). Conflicto minero Shahuindo. Grufides. https://grufides.org/casos/caso-proyecto-shahuindoperu, estado, comunidad, incumplimiento, empresa
PerúTesisRepositorio de la Universidad Privada del Norte.2020La minería y los conflictos sociales en Cajamarca: un análisis del caso Máxima Acuña vs Yanacocha - NewmontJager Lucas SilvestreDistrito de Sorochuco en la provincia de CelendínMáxima Acuña nació en el distrito de Sorochuco en la provincia de Celendín, allí tiene un terreno en el que vive junto a su esposo, dicho terreno está cerca a unas lagunas donde la mina Yanacocha tenía la intención de realizar el proyecto denominado Conga y ampliar su explotación. En mayo del 2011 ingenieros de la mina y policías entraron al territorio de su comunidad con maquinaria y trabajadores y les solicitaron desalojar la zona, argumentando que esos terrenos les pertenecen por lo que Máxima y su esposo Jaime Chaupe deciden iniciar la lucha por el medio ambiente y la preservación del agua. Ellos interpusieron una denuncia por usurpación contra la empresa minera Yanacocha ante la Comisaría de Sorochuco, posteriormente esta fue tramitada en el Ministerio Público Primero de Celendín, esta familia se ha encargado de visibilizar su caso y han presentado varias entrevistas ya que consideran que la empresa continuó atemorizando a la sociedad destruyendo varias viviendas. Máxima y su familia siempre se rehusaron a desalojar el territorio a pesar de que mataron a sus animales y los golpearon en algunas ocasiones. Por ende, luego de varias amenazas decidieron acudir con varias personas a la facultad de Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos para contar lo que estaban viviendo y acudieron a la CIDH, también realizaron una demanda a Newmont en Estados Unidos por abuso por parte de los guardias de seguridad contratados por la mina. En los casos que Máxima y su familia se sentía amenazada llamaban a la emisora local Radio Líder para no demostrarle temor a la empresa minera; también realizaron diversas denuncias públicas en sus redes sociales porque se sentían hostigados por la empresa minera.AguaLa familiaChaupe Acuña, la empresa Minera Yanacocha y la Policía Nacional del Perú.Los líderes sociales: surgen porque hay comunidades muy alejadas de las autoridades, ayudan a dar más estabilidad y seguridad a las comunidades puesto que lideran los conflictos sociales.Se interpuso una denuncia por usurpación contra la empresa minera Yanacocha ante la Comisaría de Sorochuco, se acudió a la facultad de Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos quienes ayudaron acudir a la CIDH y también se realizó una demanda a Newmont en Estados UnidosJager Lucas Silvestre. (2020). La minería y los conflictos sociales en Cajamarca: Un análisis del caso Máxima Acuña vs Yanacocha—Newmont [Universidad Privada del Norte]. https://hdl.handle.net/11537/25424peru, minas, territorio, agua
PerúArtículoGrisul2019Pacha: Defendiendo la tierra. Extractivismo, conflictos y alternativas en América Latina y CaribeGrupo de Relaciones Internacionales y Sur Global (GRISUL/UNIRIO), Escuela de Ciencia Política, Universidad Federal del Estado de Río de Janeiro.Región de PunoEn la región de Puno, en el sur de Perú, se encuentra la mina a cielo abierto Santa Ana. Este proyecto lo promueve la empresa canadiense Bear Creek en el 2004, quien logró los permisos de concesión para explotar la zona y en 2012 decidió dar inicio a sus actividades. Cabe destacar que dicha región se caracteriza por ser rica en plata. De acuerdo con la comunidad el proyecto en cuestión se encontraba contaminando los ríos y lagos cercanos a la región y estaba explotando algunas áreas de la reserva Aymara-Lupaca, lo que produce daños ambientales irreversibles. Pese a que la empresa minera realizó una conferencia a la comunidad, en la cual expusieron los beneficios de sus actividades para la región y expusieron que no están contaminando su medio ambiente, la comunidad no creyó en ello y argumentó que dicha empresa estaba irrespetando la integridad de la comunidad y de su ecosistema. Por lo anterior, los líderes de la comunidad Aymara convocaron a su comunidad y realizaron protestas y manifestaciones para expresar su rechazo a la explotación de la mina de Santa Ana e intentar detenerla. El grupo que se logró reunir se denominó “Aymarazo” y se encargaron de bloquear carreteras, así como realizar ataques a la policía en los cuales resultaron heridos, muertos y daños materiales. Con ocasión de las movilizaciones el presidente de ese entonces revocó la concesión y prohibió la explotación de la mina Santa Ana, por lo cual se puede afirmar que la comunidad logró detener las actividades de Bear Creek. Sin embargo, varios de los líderes fueron acusados por perturbación a la paz y obstrucción a los servicios públicos y a pesar de que por falta de pruebas los procesos no avanzaron, el líder Walter Aduviri Calizaya fue condenado a varios años de prisión y el pago de una multa.AguaLideres indígenas, empresa canadiense Bear CreekLideres ambientalistas: luchan por su territorio y hacer valer sus derechosSe realizarón realizaron protestas y manifestacionesGrisul. (2019). Pacha: Defendiendo la tierra. Extractivismo, conflictos y alternativas en América Latina y Caribe. Biodiversidad en América Latina. https://www.biodiversidadla.org/Recomendamos/Pacha-Defendiendo-la-tierra.-Extractivismo-conflictos-y-alternativas-en-America-Latina-y-Caribeperu, proyecto, empresa, mineria
PerúArtículoRevista del Doctorado Interinstitucional en Ciencias Ambientales2015Extractivismo denoliberal minero y conflictos socio-ambientales en Perú y ColombiaGuillermo Ruiz Torres y Irene Veléz TorresDepartamento de CajamarcaEl departamento de Cajamarca se caracteriza por ser una región rica en agua, debido a que cuenta con aproximadamente 40 lagunas que provienen del río Jadibamba. En esta zona se quería desarrollar el proyecto minero Conga del consorcio Yanacocha, lo que generó un gran conflicto socio-ambiental, puesto que el desarrollo de las actividades de la empresa minera amenazaba con daños irreversibles al medio ambiente y afectar las fuentes hídricas que son necesarias no sólo para el su uso doméstico de la comunidad, sino también para el desarrollo de la agricultura y la ganadería (actividades que representan los trabajos más comunes en la zona que habitan y de las dependen los ingresos económicos de la comunidad). De igual manera la comunidad tenía una gran preocupación por la salubridad y la calidad de vida de las personas. Por lo anterior, la comunidad desarrolló un movimiento de protesta desde que conoció las intenciones de Yanacocha, con el cual se oponían al proyecto minero en cuestión. No obstante, el movimiento no fue de gran agrado para el gobierno de Perú, habiéndose señalado que este intentó reprimir la protesta con la Policía y el Ejército causando enfrentamientos y varios muertos; Además, el Estado argumentó que ya tenían firmados contratos con la empresa minera y le debían dar prioridad a eso. Como consecuencia de las masivas protestas que se presentaron en el 2011 y que el movimiento de protesta duró aproximadamente 3 años luchando contra el proyecto minero que se quería realizar en su comunidad, el gobierno decidió suspender el proyecto antes de que la empresa minera diera inicio a sus actividades y hacer varios estudios antes de iniciar.AguaComunidad del departametno de Cajamarca, Consorcio de Yanacocha y Gobierno.Comunidad indígena: se preocupa por su territorio y su comunidadSe realizarón realizaron diversas protestasGuillermo Ruiz Torres & Irene Veléz Torres. (2015). Extractivismo denoliberal minero y conflictos socio-ambientales en Perú y Colombia. Ambiente y Sostenibilidad, 5, 3-15. https://doi.org/10.25100/ays.v5i1.4297peru, agua, lagunas, daños, mineria
PerúTesisFacultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Ecuador2017Economía de arraigo en el valle de Tambo: Conflicto y resistencia por el proyecto minero Tía María en Arequipa, PerúGinno Martínez TuestaValle de San Lorenzo, distrito de TambograndeEn el Valle de San Lorenzo, ubicado en el distrito de Tambogrande, surgió un enfrentamiento entre los agricultores locales contra la empresa minera de oro de origen canadiense Manhattan Minerals. Esta situación se origino debido a que dicha empresa quería realizar un proyecto de minería a cielo abierto en el área urbana del distrito y los agricultores temían que como consecuencia de las actividades de la empresa no se pudieran seguir realizando las actividades agrícolas y la población se viera obligada a desplazarse de sus hogares y ser reubicada. La fuente de ingresos de la población del Valle de San Lorenzo proviene principalmente de la agricultura, puesto que esta actividad produce la mayoría de trabajos en la zona. Además, la comunidad afirmaba que, una vez introducida la actividad en el sector, iban a empezar a ampliarla hasta desplazar a toda la población que allí habitaba, sosteniendo que la empresa minera ya contaba con la autorización para realizar la explotación minera. Adicionalmente, los habitantes de dicho Valle también estaban molestos porque al tratarse de una zona altamente productiva, el gobierno podría apoyar otro tipo de proyectos que beneficien la comunidad y no la ponga en peligro como, a su juicio, lo hace la minería. Los pobladores, con el apoyo del Frente de Defensa del Valle de San Lorenzo y otras organizaciones nacionales, promovieron un referéndum local para revisar la viabilidad del proyecto. Como se esperaba la mayoría de la población que votó rechazó el proyecto. Gracias a la presión realizada por la comunidad el proyecto minero en Tambogrande no pudo desarrollarse, pero en la actualidad la comunidad sigue luchando contra la minería informal.Agua y sueloComunidad del Valle de San Lorenzo, Gobierno y la empresa minera canadiense de oro Manhattan MineralsComunidad agrícola: “se encargará de mantener la exigencia de la integración social, o en otras palabras, de conservar las mercancías ficticias, pues éstas son los medios de reproducción socio-económica de muchos pobladores” ( Martínez Tuesta, 2017, p.5)Promovieron un referéndum localGinno Martínez Tuesta. (2017). Economía de arraigo en el valle de Tambo: Conflicto y resistencia por el proyecto minero Tía María en Arequipa, Perú [FLACSO Ecuador]. https://repositorio.flacsoandes.edu.ec/bitstream/10469/12762/16/TFLACSO-2017GMT.pdfperu, mineria, cielo abierto
PerúTesisFacultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Ecuador2017Economía de arraigo en el valle de Tambo: Conflicto y resistencia por el proyecto minero Tía María en Arequipa, PerúGinno Martínez TuestaEn el Valle de Tambo ubicado en la región de ArequipaEl Valle de Tambo, ubicado en la región de Arequipa, es reconocido por su fertilidad, puesto que allí se encuentran cultivos de arroz, ají y azúcar. La comunidad lo considera un Valle de riqueza, por el cual atraviesa el río Tambo. Las aguas de este río fueron motivo de conflicto, puesto que en este valle se pretendía introducir la minería a gran escala con el denominado proyecto Tía María. Las comunidades consideraban que las aguas de este río iban a utilizarse en las actividades de la empresa maiera, produciendo un riesgo para la comunidad agrícola del valle y la calidad de vida de la población que allí habitaba. Cabe recalcar que la mayoría de dicha zona se dedica a la agricultura, por lo que la comunidad al sentir el peligro procedió a realizar movilizaciones con el fin de evitar el desarrollo del proyecto minero, incluso en varias ocasiones la comunidad se enfrentó a la Policía dejando varios muertos y heridos. Por ello, la comunidad organizó un Frente de Defensa del Medio Ambiente y Recursos Naturales para luchar en contra del proyecto que promovía la empresa Southern Peru Copper Corporation, por lo cual realizaron una consulta popular donde los resultados evidenciaron que la mayoría de la comunidad estaba en contra de este proyecto; sin embargo, el gobierno aseguro que estas medidas no tenían carácter vinculante alguno. Así las cosas, la comunidad siguió realizando protestas por varios meses, las cuales resultaron con muertos y heridos. Posteriormente, el Ministerio de Energías y Minas anunció la cancelación del proyecto minero, pero en el año 2014 el Ministerio aprobó el proyecto y la población retomó las calles, sin embargo, el presidente de Perú seguía apoyando el proyecto.AguaComunidad Valle de Tambo, Gobierno, la empresa Southern Peru Copper CorporationComunidad agrícola: “se encargará de mantener la exigencia de la integración social, o en otras palabras, de conservar las mercancías ficticias, pues éstas son los medios de reproducción socio-económica de muchos pobladores” ( Martínez Tuesta, 2017, p.5)Consulta popular, manifestacionesGinno Martínez Tuesta. (2017). Economía de arraigo en el valle de Tambo: Conflicto y resistencia por el proyecto minero Tía María en Arequipa, Perú [FLACSO Ecuador]. https://repositorio.flacsoandes.edu.ec/bitstream/10469/12762/16/TFLACSO-2017GMT.pdfperu, territorio, siembra, problematica
PerúArtículoRevista de ciencia política (Santiago)2021Conflicto y estrategia social en la minería y los hidrocarburos peruanos: Los usos variados de la participación en la evaluación de impacto ambientalMaiah JaskoskiEn la región de PiurEn la región de Piura, al norte de Perú, se ha querido realizar un proyecto de mina de cobre a cielo abierto denominado “Río Blanco”. Las comunidades de Yanta y de Segunda y Cajas se han sentido amenazadas, por lo cual decidieron realizar un movimiento contra el proyecto. Decidieron emplear una acción preventiva, argumentando el derecho al uso de la tierra y que la empresa minera no contaba con la autorización para hacer uso de la tierra comunal. Durante los años 2004 y 2005 hubo una gran ola de protestas, a las cuales el gobierno siempre respondía con diálogo, pero las comunidades afirman que la explotación minera era ilegal en esa zona. Una de las marchas con mayor impacto fue una movilización que duró tres días y se realizó hasta el campamento de la empresa, se llegaron a realizar secuestros a empleados de la empresa minera por parte de los campesinos y organizaciones comunitarias de autodefensa, de modo que el presidente regional de Piura convocó a una mesa de concentración para poder dialogar con la comunidad sobre este proyecto. Pese a lo anterior, la comunidad abandonó la mesa porque consideraba que no se estaba permitiendo la presencia efectiva de la comunidad, y en su lugar se estaban limitando los cupos para la asistencia a dichas reuniones. Consideraban que se estaban excluyendo a los campesinos y estaban dando pocas oportunidades para discutir los impactos ambientales, por lo que decidieron iniciar nuevamente las movilizaciones, en las cuales intervino la policía y las fuerzas de seguridad privada causando heridos y muertos. Con el paso del tiempo estas manifestaciones atrajeron la atención internacional y varias ONGs ayudaron a la comunidad a presentar una demanda contra la empresa minera Monterrico Metals ante el Tribunal Superior de Inglaterra. Por todo lo anterior el proyecto quedó paralizado.SueloGobierno, empresa Monterrico Metals, comunidad Yanta y de Segunda y CajasComunidades que se ven afectadas: usan diferentes canales con el fin de expresar su preocupaciónManifestaciones, demanda, mesa de diálogoMaiah Jaskoski. (2021). Conflicto y estrategia social en la minería y los hidrocarburos peruanos: Los usos variados de la participación en la evaluación de impacto ambiental. Revista de ciencia política (Santiago), 41(3), 587-609. https://doi.org/10.4067/S0718-090X2021005000123peru, protestas, lideres, comunidad
PerúTesisPontificia Universidad Católica del Perú Escuela de Posgrado2018Expectativa laboral, territorialidad y conflicto socioambiental: Proyecto minero Cerro Verde y Proyecto minero Las BambasCecilia Carolina Torre SandovalArequipaEn la ciudad de Arequipa en el distrito de Uchumayo se encuentra ubicada la mina a cielo abierto de Cerro Verde, proyecto desarrollado por la empresa “la Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A.” Aunque la empresa ha generado estrategias para minimizar el impacto ambiental, como lo son las instalaciones de tuberías y desagües hacia una planta de tratamiento de las aguas residuales, se realizaron estudios que demostraron que esta empresa estaba incumpliendo con las normativas ambientales al encontrarse vertiendo agua que afectan los suelos del distrito de Uchumayo. La actividad económica más común de esta región es la actividad agropecuaria, por lo cual la comunidad consideraba que los recursos naturales de su territorio estaban afectando su forma de vida, sus relaciones interpersonales y sus ingresos económicos. Así las cosas, la comunidad decidió iniciar movilizaciones con alcaldes buscando que la empresa pague impuesto de renta y que sean eliminados los beneficios tributarios. Estas movilizaciones duraron aproximadamente 12 días, posteriormente se intentó hacer una mesa de diálogo; meses después empezaron nuevos paros y movilizaciones de la población por el incumplimiento de los compromisos que tenía la empresa minera. Como consecuencia, se llegó a un acuerdo en el cual la empresa se comprometió a financiar los estudios para realizar la construcción de una planta de tratamiento de agua del río Chili, la cual también beneficiaba a la empresa porque le garantiza seguir operando en la zona de Arequipa y al mismo tiempo beneficia al sector agrícola el turismo. Por ende, la empresa logró reducir los conflictos socioambientales y los daños ambientales que estaba generando en esta comunidad. En este caso fue indispensable la presión de la comunidad, los agricultores, los ganaderos, de sus trabajadores, los gobiernos locales y las grandes huelgas.AguaGobierno, agricultores, Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A.Comunidad que lucha por su beneficio y busca la manera de solucionar los problemas de su comunidadManifestaicones y mesas de diálogoCecilia Carolina Torre Sandoval. (2018). Expectativa laboral, territorialidad y conflicto socioambiental: Proyecto minero Cerro Verde y Proyecto minero Las Bambas [Pontificia Universidad Católica del Perú Escuela de Posgrado]. https://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/20.500.12404/16595/TORRE_SANDOVAL_CECILIA_CAROLINA.pdf?sequence=1&isAllowed=yperu, mineria, cielo abierto
PerúProyecto de gradoUniversidad Privada del Norte2019Conflictos socioambientales frente al extractivismo minero en la comunidad campesina el Tingo, en la ciudad de Cajamarca durante el 2019Wainer Castillo BravoCiudad de CajamarcaEn la microcuenca de Puente de la Hierba del departamento de Cajamarca, donde habita la comunidad campesina El Tingo, se encuentra ubicado el proyecto Tantahuatay. Este proyecto es liderado por la empresa minera Coimolache, la cual ha explotado la zona por varios años. La empresa minera decidió en el año 2002 perforar diamantina complementaria en 3.000 metros, y a través de los años ha ampliado su producción explotando en nuevas áreas. La empresa cuenta con estudios de impacto ambiental aprobados por el Ministerio de Energías y Minas. La comunidad Tingo se ha dedicado a la agricultura y a la ganadería. Aunque su producción tiene como fin principal el consumo de la misma comunidad, también ha sido una fuente principal de ingreso importante para la comunidad. Durante los últimos años se ha observado que la empresa se ha venido posicionando de las tierras de la comunidad que considera que esta empresa traerá problemas a futuro. “El conflicto en la comunidad el Tingo, se generó a raíz del incumplimiento del Estudio de Impacto Ambiental por parte de la empresa minera, generando riesgo de contaminación de sus cuencas, que son vitales para el cultivo de la agricultura y ganadería siendo el pilar económico de la zona Tantahuatay” (p. 9). Las autoridades del departamento de Cajamarca le han demostrado su inconformidad a la empresa minera y sostienen una postura antiminera, lo que motivó a la agrupación civil a salir a manifestar y realizar protestas para buscar una solución la comunidad ha argumentado en varias ocasiones que la clave del cambio es el diálogo y solicitan a las autoridades que el canon minero debería dirigirse un porcentaje para ayudar a mejorar la infraestructura, educación y demás necesidades de la comunidad del TingoAguala comunidad campesina el Tingo, empresa minera CoimolacheDiversos actores sociales se involucran en una situación ambiental determinará y se posicionan enfrentados a hechos para defender los recursos naturales, cada grupo expresan de diversas maneras sus posiciones e intereses y de eso dependen los resultados de su lucha.Manifestaciones, mesas de diálogoWainer Castillo Bravo. (2019). Conflictos socioambientales frente al extractivismo minero en la comunidad campesina el Tingo, en la ciudad de Cajamarca durante el 2019 [Universidad Privada del Norte]. https://repositorio.upn.edu.pe/handle/11537/24483peru, mineria, campesinos
PerúTesisPontificia Universidad Católica del Perú Escuela de Posgrado2020Conflicto socioambiental alrededor del proyecto especial Majes Siguas I : el caso de la salinización y deslizamientos del Valle de Siguas en el distrito de San Juan de SiguasRocio Lynn Zeballos Arivilcavalle de Siguas, en el distrito de San Juan de Siguas,El proyecto Especial Majes tiene una gran infraestructura hidráulica por el Río Colca, sin embargo, después de que se empezó a desarrollar el proyecto, los pobladores de San Juan de Siguas empezaron a notar que se iniciaron deslizamientos en el Río Siguas, que los terrenos dejaron de ser fértiles, que las aguas empezaron a contaminarse y que cada vez los impactos ambientales sobre el Valle de San Juan de Siguas era más notorio. Por ende, la comunidad se unió para exigirle a la empresa minera la reposición de sus terrenos afectados por otros terrenos. Después de varias movilizaciones el Gobierno Regional de Arequipa ha realizado disposiciones legales, con el fin de ayudar a la comunidad que estaba perdiendo su tierra debido a los deslizamientos y las inundaciones que se estaban presentando. La comunidad continuó con su lucha y se hacía notar a través de protestas y manifestaciones A pesar de que en el 2015 se emite una resolución, en la cual se daba una lista de aproximadamente 400 campesinos que debían ser reparados por los daños causados, en el 2016 se declaró nulo el acuerdo y no se logró compensación alguna. Por lo anterior, a pesar de la lucha muchos habitantes de la comunidad tuvieron que abandonar sus viviendas y los que quedan afirman que dicho proyecto minero acabó con la riqueza y la cultura en su Valle.Agua y sueloComunidad de campesina, empresa mineraComunidad Campesina: lucha por el binestar de su territorio y de su comunidad,ManifestacionesRocio Lynn Zeballos Arivilca. (2020). Conflicto socioambiental alrededor del proyecto especial Majes Siguas I: El caso de la salinización y deslizamientos del Valle de Siguas en el distrito de San Juan de Siguas [Pontificia Universidad Católica del Perú Escuela de Posgrado]. https://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/20.500.12404/16718peru, rio, agua, suelo
PerúArtículoRevista de ciencia política (Santiago)2021Conflicto y estrategia social en la minería y los hidrocarburos peruanos: Los usos variados de la participación en la evaluación de impacto ambientalMaiah JaskoskiRegión de PunoEn la región de Puno se desarrolló el proyecto de minería a cielo abierto Santa Ana dirigido por Bear Creek Mining Company, Sucursal del Perú de Bear Creek Mining Company de Canadá. Desde que se supo sobre este proyecto las comunidades que habitaban el territorio de influencia directa empezaron a organizarse para demostrar su inconformidad con dicho proyecto. Por lo cual Varios activistas de estas comunidades se unieron para desarrollar el “Aymarazo”, aquella movilización afectó el sur de Puno donde habita la comunidad indígena Aymara y Quechua, además también había conflicto entre las comunidades afectadas puesto que en esta región inicialmente estaba prohibida la panerai por considerarse que era la Reserva Aymara Lupaca. La empresa minera consiguió el apoyo de la comunidad Huacullani para modificar los límites de esta reserva dejando a Santa Ana por fuera de ella. En el 2008 cuando empezó la explotación iniciaron con gran fuerza varias protestas contra el proyecto, en una de estas protestas la comunidad tomó el campamento minero destruyendo las oficinas de la empresa. Iniciaron unas audiencias sobre el Instrumento de Gestión Ambiental para evidenciar que se cuenta con un plan de acción frente a los impactos negativos del proyecto pero la comunidad se disgusto porque solo estaban dejando participar a una parte de la comunidad por lo cual siguieron las manifestaciones y el Consejo regional de Punto emitió una ordenanza regional por medio de la cual se prohibió la minería en la región pero el presidente de Puno se negó a firmar dicho documento, por ende continuaron las manifestaciones por más de 4.000 personas intentando tomar control del aeropuerto y el Gobierno finalmente revocó el permiso de la actividad mineraAguaGobierno, comunidad indígena y Bear Creek Mining Company Sucursal del Perú de Bear Creek Mining Company de CanadáComunidades que se ven afectadas: usan diferentes canales con el fin de expresar su preocupaciónManifetaciones, paros, toma y destruccion de diversos lugareMaiah Jaskoski. (2021). Conflicto y estrategia social en la minería y los hidrocarburos peruanos: Los usos variados de la participación en la evaluación de impacto ambiental. Revista de ciencia política (Santiago), 41(3), 587-609. https://doi.org/10.4067/S0718-090X2021005000123peru, agua, mineria, cielo abierto
PerúArtículoRevista de ciencia política (Santiago)2021Conflicto y estrategia social en la minería y los hidrocarburos peruanos: Los usos variados de la participación en la evaluación de impacto ambientalMaiah Jaskoskiregión de Cusco en la cuenca del Bajo UrubambaEn la región de Cusco en la cuenca del Bajo Urubamba habitan comunidades indígenas de la nación Machiguenga, allí se anunció el inicio del proyecto del Lote 56 de gas natural de Camisea, al enterarse las comunidades indígenas locales se unieron para rechazar las actividades mineras. Además, se unió el Consejo Machiguenga del Río Urubamba representante de 30 comunidades y la Central de Comunidades Nativas Machiguenga representante de 8 comunidades, a quienes citaron a audiencias de Instrumento de Gestión Ambiental. Sin embargo, “la rotura de la tubería en diciembre de 2004 produjo un importante derrame de gas. La alarma de los Machiguenga por el incidente fue tan intensa que, en enero de 2005, COMARU y CECONAMA presentaron una carta conjunta al MINEM. La carta exigía, entre otras cosas, una explicación sobre las causas de la rotura, una inspección completa del gasoducto y una auditoría independiente de todas las actividades del Lote 88 y del gasoducto. En la carta, las organizaciones también sostenían que hasta que no se abordarán sus reclamos, rechazarían cualquier actividad en el Lote 56, incluso amenazaron con impedir la audiencia” (Jaskoski, 2021). Es por ello que las comunidades impidieron que se llevará a cabo la audiencia mediante fuertes protestas frente al lugar donde se desarrollaría, como consecuencia fue necesario reprogramar la audiencia, la fecha y el lugar fue informado a la comunidad pero decidieron no asistir y realizar una parcela, los gerentes de las empresas se comunicaron con los líderes de las comunidades indígenas y los citaron nuevamente para explicarle el desarrollo del proyecto porque consideraban que su participación era fundamental para que el proyecto se desarrollara de la mejor manera. Sin embargo, los líderes se negaron a asistir y el proyecto inició a comienzos del 2008 sin la aprobación ni la participación de la comunidad.sueloConsejo Machiguenga del Río Urubamba (su deber era representar 30 comunidades) y la Central de Comunidades Nativas Machiguenga (su deber era representar a 8 comunidades), Consorcio Camisea la empresa Hidrocarburos AndinosComunidades que se ven afectadas: usan diferentes canales con el fin de expresar su preocupaciónLas comunidades indígenas: ejercen presión de manera organizativa para luchar contra el impacto ambiental.Maiah Jaskoski. (2021). Conflicto y estrategia social en la minería y los hidrocarburos peruanos: Los usos variados de la participación en la evaluación de impacto ambiental. Revista de ciencia política (Santiago), 41(3), 587-609. https://doi.org/10.4067/S0718-090X2021005000123peru, comunidad indígena, gas natural
PerúArtículoScielo Perú2021Conflictos socioambientales en el proyecto gasoducto sur peruano provincia de Canas - CuscoRonny Andree Chacon Guevara, Emilio Flores Mamani, Delmia Socorro Valencia Blanco, Nilda Quispe Cornejo.La Provincia de Canas - Cusco“La Provincia de Canas - Cusco está considerada dentro del proyecto Gasoducto Sur Peruano como una de las zonas de influencia directa (..). En el año 2013, inició el proyecto bajo la responsabilidad de Kuntur (Transportadora de gas).” (Chacon,Flores, Valencia, Socorro, Quispe, 2021). La empresa, con el afán de conseguir la licencia social, llegó a aceptar peticiones que hacía la comunidad y realizaron un periodo de participación brindando información del proyecto a la comunidad de manera muy rápida. En el 2014 Odebrecht y Enagás ganaron la licitación y realizaron los estudios de impacto ambiental, en el cual concluyeron que debían modificar la ubicación de la tubería debido a los fuertes impactos que podría tener en los recursos naturales, donde se involucraron más comunidades campesinas de los distritos de Túpac Amaru y Yanaoca. A pesar de que las comunidades inicialmente estaban ansiosas por el proyecto ya que consideraban que iba a traer muchos beneficios, con el pasar del tiempo se dieron cuenta que no sería así, por lo cual sentían incertidumbre sobre el impacto negativo en sus fuentes hídricas. Además, las comunidades consideran que no cualquier persona puede y debe entrar a su territorio sin una autorización previa y que muchas de sus reglas iban en contra de todo lo que conllevaba el desarrollo de las actividades. Por ende, los comuneros han solicitado que el Estado y las empresas deben comprender que ellos tienen una manera de vivir y de proteger su territorio, no pueden permitir la destrucción o perdición de su comunidad y sus raíces. La comunidad manifestó en diversas ocasiones porque rechazaba este proyecto y consideraban que no entendían bien el proyecto al no estar en su idioma nativo, hubo poca participación por parte de la comunidad y no tuvieron la oportunidad de relacionarse con la empresa para hablar sobre el proyecto.sueloComunidades Pampamarca, Yanaoca, Layme, Llallapara, Túpac Amaru y Yanaoca, Kuntur (Transportadora de gas) y Odebrecht y EnagásComunidades Indígenas: Luchan por preservar su cultura, su territorio y su comunidad. Dentro de sus valores está luchar para que no se destruya su territorio.ManifestacionesRonny Andree Chacon Guevara, Emilio Flores Mamani, Delmia Socorro Valencia Blanco, & Nilda Quispe Cornejo. (2021). Conflictos socioambientales en el proyecto gasoducto sur peruano provincia de Canas—Cusco. Comuni@cción, 12(1), 15-24. https://doi.org/10.33595/2226-1478.12.1.469peru, proyecto, empresa, afectacion
PerúTesisUniversidad Nacional del Centro del Perú2015Conflicto socioambiental entre la empresa minera Mantaro Perú S.A.C. y las comunidades campesinas de Aco, Vicso y Cruz Pampa durante los años 2010-2014Karol Pablo Moratillo BuenoRegión de JunínLa comunidad indígena Aco está ubicada en la Sierra Central de Perú en la provincia de Concepción, esta comunidad se destaca por sus artesanías en cerámica y la actividad agrícola. La comunidad de Visco se encuentra ubicada en la Región Junín y se considera una comunidad productora de papa, trigo, linaza, arveja y maíz y la comunidad de Cruz Pampa también reside en la región de Junín y su economía depende de la agricultura. En el año 2009 la empresa minera Mantaro Perú S.A.C obtuvo autorización por parte del Ministerio de Energía y Minas para poder explotar aproximadamente 340 hectáreas en las cuales habita la comunidad de Vicso, Cruz Pampa y Aco (la cual estuvo de acuerdo con la explotación de su territorio). El conflicto socioambiental entre las comunidades campesinas de Aco, Vicso, Cruz Pampa y la empresa minera Mantaro Perú S.A.C. se desató porque la comunidad no estaba de acuerdo con el uso de sus territorios comunales, argumentando que conocian los desastres ambientales que se generarían. Lo anterior conllevo a que se generará un malestar social que se materializó en movilizaciones que terminaron en bloqueos de carreteras, movilizaciones en las calles interrumpiendo el tránsito vehicular y propagandas y manifestaciones en contra de la empresa minera. Debido a las fuertes movilizaciones en la comunidad de Visco no se realizaron actividades mineras. En la comunidad de Cruz Pampa la empresa minera presentó el estudio de impacto ambiental, pero la comunidad seguía manifestándose, por lo cual la empresa no pudo dar inicio a su actividad. En el año 2012 la empresa decidió enviar un comunicado al Ministerio de Energía y Minas en el cual informó que iba a suspender sus actividades en dicho territorio hasta nuevo aviso, con lo cual la comunidad se sintió más tranquila y también dieron fin a sus manifestaciones.Agualas comunidades campesinas de Aco, Vicso, Cruz Pampa y la empresa minera Mantaro Perú S.A.C.Comunidades indígenas: defienden su territorio y en muchas ocasiones llegan hasta la violencia con el fin de hacer respetar sus ideales.ManifestacionesKarol Pablo Moratillo Bueno. (2015). Conflicto socioambiental entre la empresa minera Mantaro Perú S.A.C. y las comunidades campesinas de Aco, Vicso y Cruz Pampa durante los años 2010-2014 [Universidad Nacional del Centro del Perú]. http://repositorio.uncp.edu.pe/handle/20.500.12894/1696peru, comunidad, artesanías
PerúLibroUniversidad Nacional de General Sarmiento2018Los conflictos ambientales en América Latina I (casos y reflexiones)Francisco Suárez y Carlos RuggerioSierra Central del PerúEn la Sierra Central del Perú se encuentra la ciudad La Oroya, caracterizada por la actividad minera, pues cuenta con una gran cantidad de plomo y cobre. La compañía norteamericana Cerro de Pasco Cooper Corporation ingresó a esta zona desde hace muchos años. Cabe destacar que la Ciudad la Oroya fue fundada por la empresa minera en cuestión debido a que tenía la necesidad de crear una refinería de minerales y tener a sus obreros cerca, para que no tuvieran que hacer largos desplazamientos y pudieran tratar de una manera más constante. Sin embargo, con la actividad que desarrollaba la empresa, las poblaciones aledañas notaron que se estaban contaminando las pastizales, pues alrededor de La Oroya habitaban varias comunidades campesinas que se dedicaban a las actividades agrícolas. Las comunidades que estaban cerca era: Santa Rosa de Sacco, Paccha, Yauli y La Oroya antigua. Estas comunidades se encontraban muy preocupadas porque afirmaban que en tan solo 2 años la empresa contaminó los principales recursos naturales, como lo son su ríos y obligó a varias personas a trasladarse a otros territorios. Por lo anterior, las comunidades se unieron y presentaron quejas ante el poder judicial y el gobierno se vio obligado a intervenir mediante una comisión que debía estudiar todos lo impactos ambientales que había causado la minería en la población, y dicha comisión concluyó que la empresa era la principal responsable de la contaminación de los recursos naturales. “El conflicto terminó con la indemnización de algunos comuneros, la destrucción de los ecosistemas naturales de la zona y el fin de formas de producción predominantemente agrícolas; se inició así la proletarización de los campesinos, que se iban a convertir en obreros de la compañía.” (Suárez & Ruggerio, 2018, p. 136)AguaLa comunidades de Santa Rosa de Sacco, Paccha, Yauli y La Oroya antigua y la compañía norteamericana Cerro de Pasco Cooper CorporationQuejas ante el poder judicialFrancisco Suárez & Carlos Ruggerio. (2018). Los conflictos ambientales en América Latina I (casos y reflexiones). Universidad Nacional de General Sarmiento. https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/62450608/2018_-_Miglaro._En_Conflictos_ambientales_en_AL120200323-42897-1cf16em-libre.pdf?1586205891=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DPescado_arroz_y_ainda_mais_Disputas_terr.pdf&Expires=1681530127&Signature=RVgut4ia7chtLjc9saDsBjqYl3MaT1N5akkX41g7qMMaBSCvUZqTlaxqyjZ4UNpHY147ucvLORDN86dG5NxFVL3kBXBQHSAe6I5r-XciDCuMTtDhDiZ6OryvtNYunQXDpHQqX8R4osRzCugPVxckuWG2tlflGD~ijD5Sd0iyOJ0YHDBbd65Tk9hLHdRaOZf5fK-jEt1anT2m2ngVuLYRTGhEQZi4NrtJkWZCmPoc9hIYdvoN33w4M41UVpiar7WryWJ6Rr0MbK8~MDugdW4RWLL9BQBofY-UnlaxpBF2fSU1YsexM6j8pYQ7NQDZRFic-onuKxwOXKJJUm~hqMlM-g__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA#page=131peru, mineria, desplazamiento
PerúArtículoUniversidad Nacional Mayor de San Marcos de Lima, Perú2020Expansión minera y politización de las identidades étnicas (2002-2012). Los casos de Abra Pampa (Jujuy-Argentina) y Espinar (Cusco-Perú)Jorge Luis Duárez MendozaProvincia de EspinarEl Espinar varias organizaciones interpusieron demandas contra empresa minera, además las comunidades campesinas realizaron paros, movilizaciones e incluso llegaron a realizar toma de las instalaciones de la empresa. La primera toma fue el 21 de mayo de 1990 y la comunidad conmemora este día todos los años protestando contra la minería. Al ver el movimiento de la comunidad, las instituciones locales promovieron los espacios de diálogo, con el fin de llegar acuerdos entre las partes. En el 2011 la comunidad de Espinar entregó una propuesta para la reformulación del Convenio Marco a la empresa. Sin embargo, “las partes no lograron arribar a un acuerdo. Para la empresa no existían razones por las cuales reformular el Convenio Marco. Para el gobierno local y las organizaciones sociales, el incumplimiento de los compromisos y el inicio de operaciones del nuevo proyecto Antapaccay demandaban un nuevo Convenio Marco.” (Mendoza, 2020). En el 2012 la comunidad difundió en la región el resultado de unos estudios realizados por el Ministerio de Salud sobre los riesgo por exposición a metales en los resultados se podía observar que el nivel de contaminación de las personas y de los río de la comunidad excede los valores predeterminados. Por lo anterior, las organizaciones sociales y el gobierno local iniciaron con reclamos a la empresa. en 2012 la comunidad inició un paro indefinido, no obstante, “el paro fue duramente reprimido, generándose enfrentamientos entre pobladores y las fuerzas policiales, así como ataques a la propiedad pública y privada. Estos enfrentamientos no sucedieron únicamente en la zona urbana, sino también en los terrenos de las comunidades campesinas de Alto Huancané y Tintaya Marquiri. El saldo de la represión fue personas fallecidas, numerosos heridos y detenidos (...). El veintiocho de mayo se decretó el Estado de Emergencia en Espinar, poniendo el Gobierno Nacional de esta manera punto final al paro.” (Mendoza, 2020).aguaLa comunidad de EspinarComunidades indígenas: luchan por preservar su territroio y sus riquezas naturales haciendo un consumo moderado y protegindolos de contaminación.Mesas de diálogo, paros, movilizaciones, demandas, manifestaciones.Jorge Luis Duárez Mendoza. (2020). Expansión minera y politización de las identidades étnicas (2002-2012). Los casos de Abra Pampa (Jujuy-Argentina) y Espinar (Cusco-Perú). Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Lima, Perú, 31(2), 00-00.peru, mineria, salud
PerúArtículoGerencia de políticas y análisis económico2019Conflictos sociales en la industria de hidrocarburos del Perú: análisis de dos casos representativosMelissa Llerena y Francisco Coelloel distrito de Megantoni en la región de CuscoEn el distrito de Megantoni, en la región de Cusco, en el 2016 la comunidad nativa Nuevo Mundo inició un conflicto “se originó porque la empresa Repsol Exploración Perú S. A. Sucursal del Perú (en adelante Repsol) no realizó la consulta previa para construir una planta de compresión para facilitar la extracción de gas en el lote 57. La comunidad (...), con una población de más de 1100 habitantes y representada por su líder, exigió negociar con la empresa los contratos de alquiler del área utilizada para la construcción, ubicada a 400 metros de la comunidad” (Llanera & Coello, p. 26 ). El lote 57 es uno de los mayores productores de gas natural en el mundo, la comunidad afirma que esta empresa a contaminado sus fuentes hídricas. La comunidad se ha opuesto desde los inicios a este proyecto debido a que nunca le informaron a la comunidad, ni consideraron las decisiones de la comunidad, además afirman que en diferentes ocasiones la empresa ha reformado el proyecto sin realizar la consulta previa en la comunidad. Por lo anterior, la comunidad de Nuevo Mundo presentó varias peticiones a Repsol sin que se logrará llegar a un acuerdo, por lo cual promovieron una mesa de diálogo y aunque se llegaron a concertaciones, la empresa solo cumplió algunos de los puntos. Como la empresa siguió sus actividades normalmente, la comunidad tomo una de sus unidades donde estaba la planta de compresión y exigieron el pago de un millón y medio de dólares. Se siguió en diálogos hasta que en el 2017 se estableció un preacuerdo donde la empresa debía compensar a la comunidad con el pago de 50.000 dólares y crear un fondo de desarrollo para la comunidad por el término de 4 años destinando 450.000 dólares anuales aproximadamenteaguacomunidad nativa Nuevo Mundo y la empresa Repsol Exploración Perú S. A.Luchan por sus ideales así sean contradictorios ante el gobierno y las empresas mineras, incentivando a realizar negociaciones directasManifestaciones, demanda, mesa de diálogoFrancisco Javier Coello Jaramillo, Melissa Isabel Llerena Pratolongo, Melissa Llerena, & Francisco Coello. (2019). Conflictos sociales en la industria de hidrocarburos del Perú: Análisis de dos casos representativos. Gerencia de políticas y análisis económico. https://www.osinergmin.gob.pe/seccion/centro_documental/Institucional/Estudios_Economicos/Documentos_de_Trabajo/Osinergmin-Documento-Trabajo-46-GPAE.pdfperu, consulta previa, gas
PerúArtículoGerencia de políticas y análisis económico2019Conflictos sociales en la industria de hidrocarburos del Perú: análisis de dos casos representativosMelissa Llerena y Francisco CoelloDistritos Urarinas ubicado en la región de LoteroEn el Distritos Urarinas ubicado en la región de Lotero las Comunidades Nativas Kukama-Kukamiria evidenciaron derrames de petróleo “en el Oleoducto Nor Peruano (...) y el impacto ambiental asociado a la actividad petrolera en los lotes 8 y 192 de los últimos cuarenta años” (Llanera & Coello, p. 26). La comunidad al verse afectada por la gran contaminación a mitades del 2016 se unió para protestar en contra de las actividades de Petroperú S.A. y Pluspetrol Norte S.A, además, varias organizaciones de comunidades indígenas convocaron un paro indefinido, en el cual exigieron que cesarán las actividades, cambiar el oleoducto, crear una ley de monitoreo ambiental, compensar a los pueblos indígenas por los daños causados, remediar los daños causados por el lote 8 y 192. Al séptimo día del paro indefinido el gobierno les propuso a los líderes indígenas una mesa de diálogo en la cual llegaron acuerdos y compromisos entre las partes los cuales generaron grandes avances que beneficiaban tanto a las empresas petroleras, como a las comunidades indígenas. Debido al buen resultado que tuvo la mesa de diálogo, las partes siguieron reuniéndose para dialogar temas relevantes como lo son: protección a derechos humanos, asistencia humanitaria, seguridad territorial, seguridad alimentaria, educación, salud y saneamiento. Las mesas de diálogo se conformaban por “funcionarios del gobierno, autoridades regionales y locales de Loreto, representantes de las empresas petroleras y de las organizaciones indígenas de la zona” (Llanera & Coello, p. 29). Sin embargo, en algunas ocasiones la empresa incumplía con el acta firmada por las partes y la comunidad aludía a las movilizaciones y la protesta para hacerlas cumplir. Además los líderes indígenas citaron al Presidente de la República y el Primer Ministro, para conversar sobre el agua del río Marañón, porque no era apta para el consumo humano y consideraba que los problemas ambientales no estaban siendo solucionados.aguaCominidad NativaLuchan por sus ideales así sean contradictorios ante el gobierno y las empresas mineras, incentivando a realizar negociaciones directasProtestas y mesas de dialogoFrancisco Javier Coello Jaramillo, Melissa Isabel Llerena Pratolongo, Melissa Llerena, & Francisco Coello. (2019). Conflictos sociales en la industria de hidrocarburos del Perú: Análisis de dos casos representativos. Gerencia de políticas y análisis económico. https://www.osinergmin.gob.pe/seccion/centro_documental/Institucional/Estudios_Economicos/Documentos_de_Trabajo/Osinergmin-Documento-Trabajo-46-GPAE.pdfperu, comunidades, petroleo
PerúLibroUniversidad Autónoma Metropolitana2020Procesos de reconstitución comunitaria en la defensa del territorio contra el extractivismo en América LatinaLucas Pinto y Fabiola EscárzagaCajamarca y LambayequeLa comunidad campesina munchkin Santa Catalina de Chongoyape, fue fundada en 1975 y se encuentra ubicada en la Cajamarca y Lambayeque al norte de Perú. Esta comunidad desde sus inicios ha tenido una gestión ecológicamente responsable, tanto así que al no tener acceso al agua potable construyeron un canal logrando obtener agua, lo cual género una identidad comunitaria, con motivación para seguir realizando un desarrollo comunal. Es así como en 1999 en una de sus asambleas decidieron declararse comunidad ecológica para poder cuidar sus bosques naturales, proteger la biodiversidad de su territorio y así poder mejorar la calidad de vida de los comuneros. “Estas acciones promovieron el interés de personas e instituciones defensoras del ambiente, y dieron paso a la firma de varias alianzas y convenios. Entre ellos, los concertados con el fotógrafo y conservacionista local Heinz Plenge, el doctor Bernard Peyton (experto internacional en el estudio de los osos), la Asociación Cracidae Perú, el Consejo Nacional de Camélidos Sudamericanos (Conacs), el Ministerio de Agricultura (Minagri), la Fundación Backus, el Programa de Pequeñas Donaciones del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Asociación Naylamp, que impulsaron programas para la conservación de la fauna, como el del oso andino (Tremarctos ornatus) y la reintroducción de especies como la pava aliblanca (Penelope albipennis) y el guanaco (Lama guanicoe); de esta forma se avanzó en el objetivo de ser la primera comunidad ecológica de Perú” (p.78). Por lo anterior los comuneros y sus aliados iniciaron un proyecto para destinar el 80% del territorio de la comunidad a una reserva ecológica a la cual denominaron “Chaparri”. En el 2001 de manera oficial se reconocieron varias hectáreas a la conservación, la primera área que no fue propiedad del estado.Agua y sueloComunidad ecológicaComunidad ecológica quiere luchar por la preservación del territroio y la biodiversidadSe declararón comunidad ecológicaLucas Pinto & Fabiola Escárzaga. (2020). Procesos de reconstitución comunitaria en la defensa del territorio contra el extractivismo en América Latina. Universidad Autónoma Metropolitana. https://www.researchgate.net/profile/Lucas-Pinto-4/publication/353417510_Procesos_de_reconstitucion_comunitaria_en_la_defensa_del_territorio_contra_el_extractivismo_en_America_Latina/links/60fb05b42bf3553b2909607c/Procesos-de-reconstitucion-comunitaria-en-la-defensa-del-territorio-contra-el-extractivismo-en-America-Latina.pdf#page=74peru, comunidades, territorio
VenezuelaArtículoObservatorio de Ecología Política de Venezuela2023Minería ilegal de diamantes genera desplazamiento de los indígenas Eñepa de Guaniamo (Bolívar)Observatorio de Ecología Política de VenezuelaMunicipio de Cedeño, Estado de Bolívar, Venezuela"La región de Guaniamo está ubicada en el municipio Cedeño del estado Bolívar, y como tal está asentada en el Escudo Guayanés, una formación geológica de 4.000 millones de años que ha generado importantes mineralizaciones de alto interés científico y económico (Fundación Empresas Polar, 2008). La región norte del Municipio Cedeño está habitada por grupos Eñepa y en la zona sur por Eñepa y Hodï, siendo los primeros los mencionados en el conflicto socio-ambiental que presentamos en este informe. Los Eñepa son un grupo de filiación Caribe, tradicionalmente llamado Panare en la literatura etnográfica. La exploración y extracción de diamantes en esta zona inició en los años 50, pero no fue hasta los 70´que se masificó. Simultáneamente, en 1970 se produjo el primer brote de malaria de importancia en el municipio Cedeño, que fue llamado “Brote Guaniamo” por su relación con la extracción minera de la región (Bevilaqua et. al, 2009). Asimismo surgieron otras epidemias, como la zoonosis, gastroenteritis, desnutrición, leshmaniasis, micosis y fiebre amarilla, relacionadas con la instalación de rancherías improvisadas en medio de condiciones sanitarias precarias. Esto generó el desplazamiento de la comunidad Eñepa. También se han causado grandes daños ecológicos fruto de la deforestación y la contaminación de las aguas, datados en estudios desde 1994. Adicionalmente se han registrado daños ecológicos relacionados con la destrucción de la selva, sedimentación, y contaminación de los ríos Guaniamo, Cuchivero y Orinoco. Hoy en día el Estado de Venezuela tiene el monopolio de las licencias mineras. Desde entonces la comunidad Eñepa ha realizado peticiones de saneamiento ambiental, atención médica, erradicación de bandas armadas del territorio y la solicitud de que demarquen sus territorios ancestrales para ejercer su derecho a la autodeterminación y manejo de recursos naturales. Algunas organizaciones han solicitado la derogatoria del decreto 2.248 que oficializó el proyecto del Arco Minero del Orinoco."Agua, flora y faunaEmpresas privadas de minería anteriormente relacionadas: Guaniamo Minning Company (E.E.U.U.), Nambed (Namibia), Endiama E.P. (Angola), Corporación Ecominera de Diamante (Palestina). El grupo guerrillero ELN. Entidades estatales involucradas: Presidencia de la República de Venezuela, Ministerio para Desarrollo Minero Ecológico, Vicepresidencia de la República de Venezuela, Ministerio del Poder Popular para Ecosocialismo y Aguas, Ministerio del Poder Popular para la Defensa, Corporación Venezolana de Minería, Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas, Banco Central de Venezuela, Instituto Nacional de Geología INGEOMIN y Diavén. Pueblo indígena Eñepa.En este texto se refiere a quienes promueven el caso como "comunidad indígena". No mencionan una definición explícita de este concepto, sin embargo, se entiende que esta defensa surge a raíz de la relación especial que tiene la comunidad con su territorio."La comunidad Eñepa ha realizado peticiones de saneamiento ambiental, atención médica, erradicación de bandas armadas del territorio y la solicitud de que demarquen sus territorios ancestrales para ejercer su derecho a la autodeterminación y manejo de recursos naturales. Algunas organizaciones han solicitado la derogatoria del decreto 2.248 que oficializó el proyecto del Arco Minero del Orinoco."Observatorio de Ecología Política de Venezuela. (2022). Minería ilegal de diamantes genera desplazamientos de los indígenas Eñepa de Guaniamo. https://ecopoliticavenezuela.org/georeferencias/mineria-ilegal-de-diamantes-genera-desplazamientos-de-los-indigenas-enepa-de-guaniamo-bolivar/Venezuela, extracción, mineria
VenezuelaArtículoObservatorio de Ecología Política de Venezuela2023Expansión de la minería de yeso y caliza amenaza a los morros de Macaira (Guárico)Observatorio de Ecología Política de VenezuelaMunicipio José Tadeo Monagas, Estado de Guárico, Venezuela"Los morros de Macaira son un conjunto de promontorios aislados ubicados en el municipio José Tadeo Monagas, estado de Guárico, Venezuela. En agosto de 2019, el alcalde de Altagracia de Orituco (capital del municipio José Tadeo Monagas) informó en sus redes sociales que la alcaldía iniciaría la explotación artesanal de los yacimientos de piedra caliza (respetando el monumento natural de los Morros de Macaira) para la producción de material estratégico para la demanda nacional y la exportación. La respuesta de la población fue un rechazo general a la actividad minera, expresándose en la gente del común, grupos organizados, periodistas y partidos políticos, quienes divulgaron denuncias, reportajes y videografías por las redes sociales, blogs y medios de noticias locales, regionales y nacionales. Lo anterior derivó en la movilización organizada y la convocatoria a reuniones públicas y asambleas de ciudadanos, interpelación de funcionarios y requerimientos a la Asamblea Nacional. El ecosistema de los morros se considera frágil y sus bosques están en permanente retracción por la actividad humana, donde son habituales los incendios y pérdidas de suelo. Todo lo anterior sin considerar el efecto en el régimen natural de perturbaciones afectado por el cambio climático. La comparación entre el valor de la piedra caliza a obtener por la destrucción permanente de los morros es deleznable respecto a los beneficios que se obtienen por los servicios ecosistémicos, como son la biodiversidad y el mantenimiento de acuíferos en cotas inferiores, entre otros. Los grupos ambientales han solicitado al Gobierno que se detengan las extracciones, puesto que la empresa interviniente no cuenta o presenta los permisos exigidos para esta actividad. Además, no se ha presentado el estudio de impacto ambiental y no existe vigilancia ni control de la actividad humana."Flora y faunaEmpresas privadas: Corporación SERCA (México). Entidades estatales: Alcaldía del municipio de José Tadeo Monagas, Gobernación del Estado de Guárico, Instituto Nacional de Parques INPARQUES, Asamblea Nacional (diputados).En este texto se refiere a quienes promueven el caso como "grupos ambientales". No se menciona una definición explícita, Sin embargo, se entiende que es un colectivo que se dedica a pasar propuestas y solicitudes al gobierno para evitar que se continúe con el daño al medioambiente."Los grupos ambientales han solicitado al Gobierno que se detengan las extracciones, puesto que la empresa interviniente no cuenta o presenta los permisos exigidos para esta actividad. Esto mediante interpelación a funcionarios y requerimientos a la Asamblea Nacional. Además, no se ha presentado el estudio de impacto ambiental y no existe vigilancia ni control de la actividad humana."Observatorio de Ecología Política de Venezuela. (2023). Expansión de la minería de yeso y caliza amenaza a los Morros de Macaira (Guárico). https://ecopoliticavenezuela.org/georeferencias/expansion-de-la-mineria-de-yeso-y-caliza-amenaza-a-los-morros-de-macaira-guarico/Venezuela, fauna, flora, explotación
VenezuelaArtículoObservatorio de Ecología Política de Venezuela2022La contaminación de la Laguna de Sinamaica por el contrabando transfronterizo de Combustible (Zulia)Observatorio de Ecología Política de VenezuelaMunicipio de Guajira, Estado de Zulia, Venezuela"El pueblo indígena Añú-Paraujano lleva habitando durante siglos la Laguna de Sinamaica, municipio de Guajira, estado de Zulia, Venezuela. Este ecosistema manglar-lagunar ha sido la cuna de quienes son considerados los “primeros venezolanos”. Su relación con el agua es tan intensa que no es sólo el medio físico en donde desarrollan su dinámica cotidiana, sino que también les provee las materias primas para su modo de vida (Fernández, 2002). Sin embargo, gran parte de la población ha migrado por las difíciles condiciones de vida. Los que se quedaron son personas muy viejas con una estrecha relación con el lugar, y jóvenes que utilizan su posición geográfica como base de contrabando, principalmente de gasolina. El problema surge cuando los oficiales de policía encuentran los bidones, pues si incautan el material en el agua el contenido es vertido directamente en la laguna, y si es incautado en la tierra se quema en los manglares y las eneas, lo que produce humo y la muerte de los peces. Todos sufren las múltiples consecuencias de la contaminación de la laguna: la degradación de los ecosistemas, la aparición de enfermedades gastrointestinales, los riesgos de quemas y explosiones por el mal manejo del combustible y cambio en los patrones de vida; pero son pocas las denuncias que se registran porque en realidad el contrabando es muy lucrativo y constituye la manera más rápidas de obtener recursos económicos en un localidad empobrecida. Incluso, habitantes justifican el desarrollo de este tipo de actividad ante la falta de ayuda gubernamental y sus precarias condiciones de vida. Las denuncias por la contaminación ambiental las realizan ambientalistas, periodistas e investigadores de la región preocupados por la materia."Flora y faunaPueblo indígena Añú-Paraujano Entidades estatales: Gobernación del estado de Zulia, Alcaldía del municipio Guajira, Fuerza Armada Nacional Bolivariana, ICLAM.En este texto se refiere a quienes promueven el caso como "pueblo indígena". No se menciona una definición explícita, sin embargo, nuevamente se entiende que existe una relación estrecha entre el pueblo y su ecosistema, pues dependen de él como sustento."El pueblo Añú y la población local en general solicita mejoras en el acceso y la calidad de los servicios públicos en su comunidad, reclama la falta de viviendas, de transporte, de agua potable y también indican que es urgente que lleguen hasta este sector alimentos a bajo costo. La demanda ambiental está entre sus preocupaciones, dado que es insostenible una vida saludable en un entorno tan contaminado como el de Sinamaica. Sin embargo, parece haber cierto nivel de acostumbramiento a la situación. En todo caso, en algunos viejos añú es posible encontrar concepciones más vinculadas a valoraciones sobre el territorio muy conectadas con el bienestar de las personas. Por su parte, los pescadores denuncian la degradación de las condiciones para su actividad, y la disminución de las especies que eran aprovechadas para la pesca y las especies asociadas; hablan de un socavamiento de sus medios de vida."Observatorio de Ecología Política de Venezuela. (2022). La contaminación de la Laguna de Sinamaica por el contrabando transfronterizo de combustible (Zulia)
https://ecopoliticavenezuela.org/georeferencias/la-contaminacion-de-la-laguna-de-sinamaica-por-el-contrabando-transfronterizo-de-combustible-zulia/
Venezuela, contaminación, contrabando
VenezuelaArtículoObservatorio de Ecología Política de Venezuela2022El conflicto en torno al vertedero a cielo abierto Pedregalito en Cabimas.Observatorio de Ecología Política de VenezuelaMunicipio Cabimas, Estado de Zulia, Venezuela"El vertedero Pedregalito es un vertedero a cielo abierto que funciona desde hace más de 40 años y se encuentra ubicado entre las parroquias Jorge Hernández y Punta Gorda del municipio Cabimas en el estado Zulia, Venezuela. Se ha encontrado colapsado debido a la inadecuada gestión en la recolección de desechos en la región, este debe ser clausurado por el alto grado de contaminación que allí persiste. Tiene un área de 40 hectáreas ocupadas netamente por basura y según cifras de 2013, el vertedero ha llegado a recibir más de 300 toneladas de desechos al día (Marval, 2013), aunque en cifras más recientes se ha mencionado que la carga disminuyó a un aproximado de 480 toneladas por semana (Un Nuevo Tiempo Cabimas, 2021) En torno a este vertedero se ha desarrollado la comunidad Pedregalito, la cual carece de servicios públicos básicos y cuyos habitantes subsisten gracias a la venta de los materiales reciclados que se pueden encontrar entre los desechos, actividad que según la ley integral de gestión de la basura de 2010 es ilegal. El cartón, vidrio, cobre, bronce, aluminio, plástico y papel son comercializados por peso, el resto de los desechos que no pueden ser aprovechados son quemados diariamente. Esta situación genera diversos problemas entre los que destacan los malos olores y la contaminación del aire que afecta a los habitantes de esta misma comunidad, cuyos efectos nocivos se extienden gracias a la circulación de los vientos y se hace evidente con la aparición de una “nube tóxica” en las comunidades de las parroquias más afectadas. Los problemas respiratorios, de la visión y de la piel de los habitantes de las parroquias afectadas son ocasionados por la quema de desechos. Es en tal sentido que estos pobladores han reclamado la clausura del vertedero, la puesta en funcionamiento de un nuevo relleno sanitario en el sector Barlovento (parroquia Jorge Hernández del municipio Cabimas) y la reubicación de quienes viven en los alrededores del vertedero."Aire y tierra.La comunidad Pedregalito. Entidades estatales: Gobernación Bolivariana de Zulia, Alcaldía de Cabimas, Coordinador de Planes y Proyectos del CLPP, Autoridad Única Ambiental, Secretaría Ejecutiva del Organismo de Planificación, Dirección Municipal de Ambiente, Instituto Municipal de Aseo Urbano de Cabimas, Líder de proyecto del Relleno Sanitario, Instituto Autónomo Regional del Ambiente.En este texto se refiere a quienes promueven el caso como "la comunidad de Pedregalito". No se menciona una definición explícita, sin embargo, resuta viable decir que las actividades de reciclaje de la comunidad va más allá de un medio para sobrevivir, pues cumple funciones ecológicas que el Estado se niega a cumplir. No obstante, resulta muy complejo hacer esto en medio de gases tóxicos derivados de la quema de basuras, por lo que se vieron obligados a realizar las correspondientes solicitudes."Los habitantes de las parroquias afectadas solicitan la clausura del vertedero Pedregalito, la reubicación de los habitantes del vertedero y la culminación del nuevo vertedero en el sector Barlovento, ubicado en la parroquia Jorge Hernández (Cabimas). Por su parte, los habitantes de Pedregalito solicitan las mejoras en el abastecimiento de los servicios públicos para el sector."Observatorio de Ecología Política de Venezuela. (2022). El conflicto en torno al vertedero a cielo abierto Pedregalito en Cabimas. https://ecopoliticavenezuela.org/georeferencias/el-conflicto-en-torno-al-vertedero-a-cielo-abierto-pedregalito-en-cabimas/Venezuela, cielo abierto, territorio, mineria
VenezuelaArtículoObservatorio de Ecología Política de Venezuela2021La contaminación del aire en Maracaibo y su relación con la crisis del aseo urbano (Zulia)Observatorio de Ecología Política de VenezuelaMunicipio de Maracaibo, Estado de Zulia, Venezuela"La ciudad de Maracaibo, estado de Zulia, en Venezuela, es la segunda ciudad más poblada de Venezuela y ha sido en el último siglo el centro económico más importante del occidente del país, gracias al desarrollo de actividades administrativas vinculadas con la explotación y exportación del petróleo, así como de las actividades de gran intercambio comercial y servicios tanto a nivel nacional como internacional, por su cercanía con las fronteras terrestres y marítimas. La atmósfera de Maracaibo se ha convertido en la más contaminada del país, con una degradación de 300% en el periodo de 2004 a 2008 (Galbán y Hurrinson, 2013). Estudios desde el año 2001 han demostrado que las Partículas Suspendidas Totales (SPT) han aumentado exponencialmente. Esto está asociado con las emisiones del parque industrial, tráfico automotor, suelo desprovisto de vegetación o deforestación y con el incremento de la industria del cemento y la construcción. El rápido aumento de la población y la crisis de Venezuela ha traído otro problema, el colapso del servicio de recolección de basura. Esto ha causado que la única solución encontrada por la población sea la quema de los residuos, lo que empeora el problema de contaminación del aire. Las comunidades afectadas reclaman la pronta recolección de los desechos sólidos mediante las vías tradicionales o incluso la creación de planes alternos por parte de la alcaldía de Maracaibo. Gustavo Carrasquel, secretario de gestión ambiental del PCD, sostiene que deben profundizarse las regulaciones descritas en la legislación ambiental y establecer sanciones severas y oportunas a quien las incumpla. La Fundación Azul Ambientalistas realiza un llamado de atención ambiental a las autoridades del estado Zulia y del municipio Maracaibo, a fin de que se establezcan soluciones integrales para el problema de los desechos sólidos."Aire.Las parroquias afectadas: Cristo de Aranza, Manuel Dagnino, Idelfonso Vásquez, Venancio Pulgar, Antonio Borjas Romero, Francisco Eugenio Bustamante y parcialmente las parroquias Juana de Ávila, Chiquinquirá, Cacique Mara, Cecilio Acosta, Luis Hurtado Higuera, Coquivacoa, Juana de Ávila, Olegario Villalobos, Chiquinquirá, Bolívar, Cacique Mara y Cecilio Acosta. Secretaría de Gestión Ambiental del PCD. La Fundación Azul Ambientalistas. Las entidades estatales: Gobernación de Zulia, Ministerio de Ecosocialismo, Alcaldía del Municipio de Maracaibo, Instituo Municipal de Ambiente, Instituto Municipal de Aseo Urbano de Maracaibo.En este texto se refiere a quienes promueven el caso como "comunidades afectadas" y "fundación ambientalista". No se menciona una definición explícita. En cuanto a las comunidades, no se entiende una relación entre ellos o entre ellos y el ambiente más allá de simple vecindad, y la incomodidad que genera la mala disposición de los desechos. Por otro lado, en cuanto a la fundación ambientalista, si resalta su voluntad de corregir el daño que se le está generando al medioambiente, además de una vocación educativa al respecto."Las comunidades afectadas reclaman la pronta recolección de los desechos sólidos mediante las vías tradicionales o incluso la creación de planes alternos por parte de la alcaldía de Maracaibo e IMAU para evitar las quemas. Gustavo Carrasquel, secretario de gestión ambiental del PCD, sostiene que deben profundizarse las regulaciones descritas en la legislación ambiental y establecer sanciones severas y oportunas a quien las incumpla, teniendo como referencia el desarrollo de una cultura sostenible que ha sido establecido a nivel internacional en las Naciones Unidas. La Fundación Azul Ambientalistas realiza un llamado de atención ambiental a las autoridades del estado Zulia y del municipio Maracaibo, a fin de que se establezcan soluciones integrales para el problema de los desechos sólidos. Indican la necesidad de programas de educación ambiental difundidos de forma masiva, la existencia de un plan programático obligatorio para la generación y recolección de desechos previamente separados, el respeto a la legislación, el desarrollo de composteros comunitarios y la instalación de centros de acopio para desechos limpios (Azul Ambientalistas, 2018)."Observatorio de Ecología Política de Venezuela. (2021). La contaminación del aire en Maracaibo y su relación con la crisis del aseo urbano (Zulia). https://ecopoliticavenezuela.org/georeferencias/la-contaminacion-del-aire-en-maracaibo-y-su-relacion-con-la-crisis-del-aseo-urbano-zulia/Venezuela, contaminación, explotación, petroleo
VenezuelaArtículoObservatorio de Ecología Política de Venezuela2021Impactos socio-ambientales de las plantaciones de palma aceitera en el Sur del Lago Maracaibo (Zulia)Observatorio de Ecología Política de VenezuelaMunicipios de Jesús María Semprúm, Catatumbo y Colón, Estado de Zulia, Venezuela"Al sur del Lago de Maracaibo, en los municipios de Jesús María Semprúm, Catatumbo y Colón, en el estado de Zulia, Venezuela, la tierra se ha caracterizado por tener una gran fertilidad y por tanto gran potencial agrícola, a lo largo de la historia esta zona ha tenido un importante atractivo económico para diversos actores. Por esto, desde la época colonial es utilizada en diferentes tipos de cultivos. Desde los 90´ el principal cultivo es la palma aceitera. Estos cultivos han sido criticados por parte de sectores ambientales y de defensa de los derechos humanos. Se ha reportado sus impactos antes, durante y después del establecimiento de las plantaciones. Se ha desarrollado un patrón de despojo, deforestación, desplazamientos, degradación de los suelos y contaminación en cualquiera de las latitudes en las que se ha implantado el cultivo. El corozo, fruto de la palma es aprovechado de manera directa para la producción de aceite comestible, pero como su calidad disminuye pasadas las 24 horas después de su cosecha, las industrias procesadoras deben instalarse en las cercanías de los predios cultivados lo que, aunque reporta mayores ingresos económicos para algunas personas vinculadas a la actividad, ha generado problemas de contaminación y de salud para palmicultores, trabajadores de la industria y habitantes de las comunidades cercanas en varios municipios rurales y urbanos. Se han realizado varias solicitudes y reclamos a las autoridades, pero en cuanto al tema ambiental, se ha demandado un cese de la deforestación y un cuidado de los bosques que quedan en el sur del lago, así como de las especies que se encuentran en riesgo. Las comunidades afectadas han solicitado cosas como la implementación de medidas reparatorias por el daño ambiental que ha causado la deforestación en su territorio."Flora y faunaLas comunidades afectadas de los municipios de Jesús María Semprúm, Catatumbo y Colón. Asociación Zuliana de Productores de Palma Aceitera del estado Zulia (Azupalma). Entidades Estatales: Gobernación de Zulia, Ministerio de Agricultura y Tierras, Palmeras Diana del Lago y demás empresas procesadoras nacionalizadas, Secretaría de Desarollo Agropecuario.En este texto se refiere a quienes promueven el caso como "comunidades afectadas". No se menciona una definición explícita, nno obstante, es posible deducir unas cosas. En primer lugar, aún cuando en este y en anteriores casos se habla de "comunidad", no siempre es el mismo concepto. Por ejemplo, en el presente caso, la violencia generalizada que han sufrido los habitantes de esta zona, sumado al abandono estatal en temas de seguridad y cuidado del exosistema, han llevado a una unión mucho más fuerte, que terminó materializándose en los reclamos y demandas."Los reclamos y demandas varían en función de 6 niveles de conflictos: En el primer nivel de conflicto, correspondiente al nivel histórico no se registran reclamos por parte de los indígenas y campesinos desplazados desde el inicio y expansión de los cultivos, que son unos de los grupos más afectados por la actividad que data de la década de 1990. En el segundo nivel de conflicto, los actores sensibilizados por lo ambiental han demandado un cese de la deforestación y un cuidado de los bosques que quedan en el sur del lago, así como de las especies que se encuentran en riesgo. Las comunidades afectadas han solicitado cosas como la implementación de medidas reparatorias por el daño ambiental que ha causado la deforestación en su territorio, como por ejemplo lo ha planteado los habitantes del caserío El Castillo, en la parroquia El Moralito del municipio Colón. En el tercer y cuarto nivel de conflicto los trabajadores de la palma realizan varias exigencias a sus empleadores directos: en el año 2016 la Asociación Zuliana de Productores de Palma Aceitera del estado Zulia (Azupalma) solicitó la sinceración de los precios para recuperar el desarrollo de las actividades agrícolas en el municipio Jesús María Senprúm. (Ojeda, 2016). Los reclamos que los palmicultores rechazan que sea el Estado quien se encargue de la producción de la palma aceitera, ya que los precios de comercialización son mucho más bajos que el que perciben de las empresas privadas. El quinto y sexto nivel de conflicto agrupa los reclamos que realizan las comunidades en torno al control territorial que ejercen los grupos armados transfronterizos sobre esta región y pocas son las denuncias que se difunden por temor a represalias."Observatorio de Ecología Política de Venezuela. (2021). Impactos socio-ambientales de las plantaciones de palma aceitera en el Sur del Lago de Maracaibo (Zulia). https://ecopoliticavenezuela.org/georeferencias/impactos-socio-ambientales-de-las-plantaciones-de-palma-aceitera-en-el-sur-del-lago-de-maracaibo-zulia/Venezuela, despojo, deforestación
VenezuelaArtículoObservatorio de Ecología Política de Venezuela2021Deforestación por la produción de malanga en la Sierra de PerijáObservatorio de Ecología Política de VenezuelaMunicipios de Catatumbo, Jesús María Semprúm, Machiques y Rosario de Perijá, Estado de Zulia, Venezuela"En la Sierra de Perijá, ubicada en los municipios de Catatumbo, Jesús María Semprúm, Machiques y Rosario de Perijá, en el Estado de Zulia, Venezuela, es una biorregión ubicada en el estado Zulia. Su cadena montañosa se extiende tanto en Venezuela como en Colombia. Hace parte de una compleja dinámica fronteriza, atravesada también por el contrabando y el conflicto armado colombiano. La sierra es territorio importante gracias a la existencia de una gran biodiversidad. Cultivos como café, cacao, yuca, maíz, plátano, tomate, pimentón, topocho, ajíes y plantas medicinales se han sembrado tradicionalmente en la Sierra de Perijá, sin embargo, las dificultades para su manipulación, traslado y los bajos márgenes de ganancia de su comercialización ocasionaron que fuesen desplazados durante los últimos lustros por la malanga, un tubérculo resistente a condiciones extremas de almacenamiento y movilización, y cuyas ganancias económicas son considerablemente superiores, aunque trae como consecuencia diversos problemas ambientales. Se señala que el crecimiento de este cultivo en la sierra está vinculado a los negocios transfronterizos que ha controlado la guerrilla de las Farc y el ELN (presentes también en el lado colombiano de la sierra) y a las alianzas que estas establecen con productores locales y desplazados colombianos. Para su crecimiento, el ocumo debe sembrarse en zonas de pendiente, contar con grandes cantidades de nutrientes y agua y además recibir radiación solar directa, por lo que los agricultores realizan prácticas de quema y deforestación, lo que ha provocado que se hayan afectado alrededor de 8.500 hectareas en la sierra. Los grupos ambientalistas afirmaban la urgencia de la paralización de la producción de la malanga u ocumo en la Sierra de Perijá (dados los niveles de deforestación que estaba provocando). Al estar buena parte de los grupos ambientalistas vinculados a las instancias de la autoridad ambiental del Zulia, una demanda fue la resolución de prohibición del cultivo en la zona, y la ejecución de la misma."Flora y faunaEmpresas privadas: PepsiCo - Frito Lay Entidades públicas: Ministerio de Ecosocialismo, Instituto Nacional de Parques, Gobernación de Zulia, Secretaría Regional de Ambiente, Alcaldías de los municipios de Catatumbo, Jesús María Semprúm, Machiques y Rosario de Perijá. ONG Fundación Azul AmbientalistasEn este texto se refiere a quienes promueven el caso como "fundación ambientalista". No se menciona una definición explícita, sin embargo, es posible afirmar que se trata de una organización no gubernamental que se encuentra realmente preocupada por los efectos ambientales no medidos por la desmedida explotación de los suelos."Los grupos ambientalistas afirmaban la urgencia de la paralización de la producción de la malanga u ocumo en la Sierra de Perijá (dados los niveles de deforestación que estaba provocando). Al estar buena parte de los grupos ambientalistas vinculados a las instancias de la autoridad ambiental del Zulia, una demanda fue la resolución de prohibición del cultivo en la zona, y la ejecución de la misma. Por otro lado, la empresa rechazó las acusaciones y afirmó vía comunicado público que no usaba la malanga para la elaboración de sus productos y que sus estándares tienen a la sostenibilidad ambiental como uno de sus principios. En relación a los productores del rubro, campesinos e indígenas, estos rechazaron la prohibición de la malanga y defendieron su derecho a cultivar. Aunque admitieron la realización de prácticas de quema y de deforestación, indicaron que no utilizan agrotóxicos y que el cultivo no es tan agresivo ya que hace muchos años que se siembra y las tierras de la región no han perdido su fertilidad, que cuentan con toda la permisología requerida para transportar su mercancía y que no se vinculan con transnacionales, sino que más bien comercializaban sus productos en los mercados mayoristas de Barquisimeto y Maracay principalmente. Los agricultores solicitaban mejoras de la vialidad e indicaban sus dificultades para acceder a los servicios fundamentales. El tema de la presencia de los grupos armados irregulares en la zona y sus vínculos con la promoción del cultivo rara vez fue mencionado por los grupos movilizados, a pesar de la importancia en el problema ambiental. En algunas ocasiones, grupos ambientales mencionaron la necesidad de mayor presencia de las fuerzas armadas venezolanas en la zona, para mejor el resguardo de la misma."Observatorio de Ecología Política de Venezuela. (2021). Deforestación por la producción de malanga en la Sierra de Perijá. https://ecopoliticavenezuela.org/georeferencias/deforestacion-por-la-produccion-de-malanga-en-la-sierra-de-perija/venezuela, problematica ambiental, flora y fauna
VenezuelaArtículoObservatorio de Ecología Política de Venezuela2021Comunidades Yanomami afectadas por minería ilegal de oro en Cerro Aracamuni y río Siapa (municipio Ríonegro, Amazonas)Observatorio de Ecología Política de VenezuelaCerro Aracamuni y el Río Siapa, Estado de Amazonas, Venezuela"Parte del pueblo Yanomami habita el Cerro Aracamuni y el Río Siapa, en el estado de Amazonas, Venezuela. En las últimas décadas la Amazonia venezolana se ha visto afectada por la presencia de mineros ilegales procedentes de Brasil y Colombia, y otros en menor cantidad de Venezuela. Estas constantes acciones han provocado graves daños socio-ambientales por la explotación del oro, ocasionando enfermedades y arriesgando la integridad física y sociocultural de las comunidades. En este caso, se analiza el crecimiento de la minería ilegal en una parte de la RBAOC, que comprende el Cerro Aracamuni y la cuenca del río Siapa, que a su vez pertenecen al municipio Río Negro y se localizan dentro de los linderos del Parque Nacional Serranía de La Neblina. La presencia de la minería ilegal en las tierras Yanomami ha supuesto la invasión de sus comunidades, la introducción indiscriminada de armas de fuego y municiones en las mismas y el incremento de la violencia en la zona, habiendo sufrido ataques violentos con numerosos heridos y muertes por masacres en ambos lados de la frontera venezolana-brasileña. Los diferentes actores movilizados han solicitado básicamente el desalojo de estas zonas protegidas, así como la protección de las comunidades indígenas expuestas. En la última década, organizaciones como el Grupo de Trabajo Socioambiental del Amazonas, Wataniba, o la Red Jurídica para la Defensa de la Amazonia, coinciden en el urgente resguardo de las áreas protegidas bajo las figuras de Parque Nacional y Monumento Natural. Desde el pronunciamiento realizado por la Organización Yanomami HORONAMI en el 2012, se solicitó el patrullaje permanente y sostenido para el desalojo definitivo de los campamentos de minería ilegal en la zona del Alto Ocamo y otras zonas del Alto Orinoco, como Hashimú, Cerro Delgado Chalbaud y el río Siapa, entre otros. Además, se solicitó un plan de atención en salud que sea continuo y eficiente para la zona del Alto Ocamo."Flora y faunaOrganización indígena Yanomami HORONAMI Grupo de Trabajo Socioambiental del Amazonas Red Jurídica para la Defensa de la Amazonía Entidades estatales: Gobernación del estado de Amazonas, Ministerio Público, Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Alcaldía del Municipio de Rionegro, Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas, Ministerio del Poder Popular para Ecosocialismo, Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Instituto Nacional de Parques INPARQUES.En este texto se refiere a quienes promueven el caso como "organización indígena" y "organizaciones ambientales". No se menciona una definición explícita, sin embargo, es posible intuir algunas cosas. Lo primero es el tema de la diferencia entre "organización indígena" y "pueblo o comunidad indígena", pues la segunda, en principio, no tiene ningún fin en común, solo cuando ven que sus derechos y su entorno se ve afectado, es que se agrupan para defenderse. Por otro lado, la organización sí tiene desde un principio defender los intereses de sus integrantes. Por otro lado, en cuanto a las organizaciones ambientales, se nota un interés en proteger el medioambiente por la vía jurídica, más allá del activismo."Los diferentes actores movilizados han solicitado básicamente el desalojo de estas zonas protegidas, así como la protección de las comunidades indígenas expuestas. Desde el 2003 la Defensoría del Pueblo del estado Amazonas pidió la intervención de las autoridades nacionales a los efectos de coordinar esfuerzos para un plan de vigilancia y control permanente que permitiera erradicar la minería ilegal en el Estado Amazonas. En la última década, organizaciones como el Grupo de Trabajo Socioambiental del Amazonas, Wataniba, o la Red Jurídica para la Defensa de la Amazonia, coinciden en el urgente resguardo de las áreas protegidas bajo las figuras de Parque Nacional y Monumento Natural, asimismo en aquellos territorios donde habitan comunidades indígenas. Desde el pronunciamiento realizado por la Organización Yanomami HORONAMI en el 2012, se solicitó el patrullaje permanente y sostenido para el desalojo definitivo de los campamentos de minería ilegal en la zona del Alto Ocamo y otras zonas del Alto Orinoco, como Hashimú, Cerro Delgado Chalbaud y el río Siapa, entre otros. Además, se solicitó un plan de atención en salud que sea continuo y eficiente para la zona del Alto Ocamo. La atención sanitaria con formación de Agentes de Salud Yanomami de las propias comunidades y la instalación de radios de comunicación, son fundamentales para mejorar la salud y evitar la reincidencia de mineros ilegales en la zona."Observatorio de Ecología Política de Venezuela. (2021). Comunidades yanomami afectadas por minería ilegal de oro en Cerro Aracamuni y río Siapa (municipio Río Negro, Amazonas). https://ecopoliticavenezuela.org/georeferencias/comunidades-yanomami-afectadas-por-mineria-ilegal-de-oro-en-cerro-aracamuni-y-rio-siapa-municipio-rio-negro-amazonas/venezuela, explotación, mineria ilegal
VenezuelaArtículoObservatorio de Ecología Política de Venezuela2023La memoria histórica en el Valle de Mocotíes y su vigencia para el rechazo a la minería en BailadoresObservatorio de Ecología Política de VenezuelaMunicipio Rivas Dávilas, Estado de Mérida, Venezuela"En la ciudad de Bailadores, (valle de Mocotíes, municipio Rivas Dávila, Mérida), Venezuela, existe existe un yacimiento mineral con una antigua explotación subterránea. La mina es reconocida desde 1672 y activa en los siglos XIX y gran parte del siglo XX, hasta que en 1966 cesó la explotación, al parecer por problemas de disminución de reservas. El yacimiento contiene una combinación de minerales como el sulfuro de zinc y, en menor medida plomo, cobre y plata (Carlson 1977), pero las mineralizaciones de sulfuros han sido el centro de la actividad comercial. Se ha indicado que la mayor parte del área de la mina Las Tapias puede estar dentro de los límites del Parque Nacional Juan Pablo Peñaloza, que resguarda los páramos y fuentes de agua regionales (Mora 2004). Esta mina se encuentra sin actividad, pero en la última década del siglo XX en Bailadores y áreas cercanas, hubo un conflicto en contra de la reactivación del proyecto minero, considerándose que el mismo ocasionaría impactos ambientales y económicos irreversibles. En 2018 y 2019, el conflicto se reactivó por la presencia de campamentos militares en la zona y la construcción ilegal (y con severo impacto ambiental) de una carretera cercana al parque nacional. Este escenario promovió la organización y movilización popular para la protesta y la denuncia por diferentes rutas, así como el esclarecimiento de la situación. Como respuesta a las reuniones y asambleas de ciudadanos, así como las campañas por las redes sociales y portales de noticias entre 2018 y 2019, se logró un rechazo generalizado contra la minería por parte de todos los sectores. De igual manera, se logró detener la construcción de la carretera y los entes gubernamentales procesaron procedimientos administrativos a los involucrados, además de comprometerse a revisar los linderos del área protegida y evaluar las áreas afectadas."Agua.Entidades estatales: Gobernación del estado de Mérida, Alcaldía de Rivas Dávila, Alcaldía de Uribante, Diputados Asamblea Nacional, Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo. Comunidad de Bailadores.En este texto se refiere a quienes promueven el caso como "comunidad de Bailadores". No se menciona una definición explícita, sin embargo, es posible afirmar que la historia de daños ambientales causados por la mina fue lo que motivó a la comunidad para unirse y poder generar un movimiento social que detuviera su reactivación."Entre los reclamos y peticiones de los grupos movilizados destacan la necesidad de: a) la explicación gubernamental y paralización de toda la actividad asociada con la minería, b) la evaluación del impacto ambiental (previo) causado por la minería, c) la paralización de toda la actividad asociada con la construcción de la carretera, d) la evaluación de permisos y del impacto ambiental relativos a la construcción de la carretera, e) la verificación de límites del Parque Nacional Juan Pablo Peñaloza y su posible afectación debido a la construcción, y f) la condena a funcionarios públicos e individuos que participaron en el delito ambiental. Las bases populares y ambientalistas que sustentan estas peticiones y movilizaciones al parecer estriban en una concepción de pertenencia territorial por encima de la actividad agrícola. Así, el territorio podría ser valorado más allá de una mera superficie que ofrece servicios ecosistémicos y visto como componente fundamental en la sustentabilidad de familias y pueblos: el territorio -y acaso lo que hay abajo- es la familia y viceversa. Esta condición no parece ocurrir con tanta intensidad en otros sectores rurales, como los pescadores o agricultores de tierras bajas, por ejemplo. En esta escala, luego del territorio viene la conservación del ambiente (suelos y aguas), la cual tendría un valor importante y defendible pero signado más por su utilidad agrícola que por el sentido de pertenencia."Observatorio de Ecología Política de Venezuela. (2023). La memoria histórica en el valle de Mocotíes y su vigencia para el rechazo a la minería en Bailadores (Mérida). https://ecopoliticavenezuela.org/georeferencias/la-memoria-historica-en-el-valle-de-mocoties-y-su-vigencia-para-el-rechazo-a-la-mineria-en-bailadores-merida/venezuela, minas, explotación
VenezuelaArtículoObservatorio de Ecología Política de Venezuela2023La minería ilegal en el Parque Nacional YapacanaObservatorio de Ecología Política de VenezuelaMunicipio de Atabapo, Estado de Amazonas, Venezuela"Yapacana, ubicado en el municipio de Atabapo, en el estado de Amazonas, Venezuela, fue declarado Parque Nacional el 12 de diciembre de 1978 para proteger áreas con valiosos recursos escénicos y científicos, que encierran importantes descubrimientos fitogeográficos, incluyendo además sabanas con vegetación pionera especializada, testimonio de la evolución de la vegetación con conexiones florísticas del paleotrópico y el neotrópico. El parque también cumple funciones reguladoras importantes, las cuales ayudan a minimizar ciertos fenómenos y procesos impactantes de la biosfera como el desgaste de la capa de ozono, el calentamiento del planeta, las lluvias ácidas, la desertificación, la extinción de especies animales y vegetales, entre otros (Castillo y Salas, 2007). La minería en la zona ha causado graves daños ambientales, como la destrucción de grandes extensiones de selva y bosque amazónicos, alteración del curso de los ríos y la contaminación por mercurio. Por su parte, los pueblos indígenas han sufrido severos impactos, se ha generado una afectación de la cadena alimentaria por la diseminación del mercurio; y han proliferado diversas enfermedades endémicas como la malaria. Las organizaciones ORPIA, KUBAWI, HORONAMI, OIPUS, KUYUNU, OMIDA, OIYAPAN y OPIJKA hicieron un llamado a las autoridades civiles y militares del Estado venezolano, para que tomen acciones urgentes y coordinadas, destinadas a controlar la minería ilegal de las llamadas “balsas chupadoras” en el río Atabapo, especialmente mediante acciones bilaterales con Colombia, y las actividades de vigilancia y control permanente en todo el bajo Ventuari y el Yapacana. Entre las propuestas dadas por las organizaciones, está la elaboración de un estudio de mejoramiento ambiental a corto plazo de los centros mineros ubicados en el Parque Nacional Yapacana y en otras áreas del estado Amazonas. Además de la prohibición del paso de máquinas pesadas extractoras tipo draga, máquinas horizontales y motobombas, así como piezas y accesorios para su funcionamiento."Agua, flora y faunaLas organizaciones ORPIA, KUBAWI, HORONAMI, OIPUS, KUYUNU, OMIDA, OIYAPAN y OPIJKA. Entidades estatales: Gobernación del estado de Amazonas, Ministerio Público, Defensoría del Pueblo, Alcaldía del Municipio de Atabapo, Alcaldía del Municipio de Maroa, Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas, Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo, Dirección Estatal Amazonas, Ministerio del Poder Popular Para Relaciones Interiores, Justicia y Paz.En este texto se refiere a quienes promueven el caso como "organizaciones indígenas". No se menciona una definición explícita,sin embargo, como se mencionó anteriormente, estas organizaciones tienen como fin la defensa de los derechos de sus integrantes y, por extensión, del ecosistema en el que viven y se desarrollan."Las organizaciones ORPIA, KUBAWI, HORONAMI, OIPUS, KUYUNU, OMIDA, OIYAPAN y OPIJKA hicieron un llamado a las autoridades civiles y militares del Estado venezolano, para que tomen acciones urgentes y coordinadas, destinadas a controlar la minería ilegal de las llamadas “balsas chupadoras” en el río Atabapo, especialmente mediante acciones bilaterales con Colombia, y las actividades de vigilancia y control permanente en todo el bajo Ventuari y el Yapacana (S.O.S. Orinoco, 2019). Entre las propuestas dadas por las organizaciones, está la elaboración de un estudio de mejoramiento ambiental a corto plazo de los centros mineros ubicados en el Parque Nacional Yapacana y en otras áreas del estado Amazonas. Además de la prohibición del paso de máquinas pesadas extractoras tipo draga, máquinas horizontales y motobombas, así como piezas y accesorios para su funcionamiento."Observatorio de Ecología Política de Venezuela. (2023). La minería ilegal en el Parque Nacional Yapacana. https://ecopoliticavenezuela.org/georeferencias/la-mineria-ilegal-en-el-parque-nacional-yapacana/Venezuela, fauna y flora, afectacion
VenezuelaArtículoObservatorio de Ecología Política de Venezuela2023Habitantes de San Diego de Cabrutica se movilizan por escasez de agua e impactos de PDVSA (Faja petrolífera del Orinoco)Observatorio de Ecología Política de VenezuelaMunicipio José Gregorio Monagas, Estado de Anzoátegui, Venezuela"San Diego de Cabrutica es una pequeña población de no más de 4 mil habitantes, ubicada en el municipio José Gregorio Monagas, estado Anzoátegui, Venezuela. Además de la significativa predominancia de la actividad petrolera, los pobladores de la zona viven también de la agricultura y la planta Termoeléctrica. Se encuentra dentro de las poligonales de la Faja Petrolífera del Orinoco, la cual es la mayor concentración de crudo extrapesado del mundo y probablemente la mayor reserva petrolera del planeta en la actualidad. En este sentido, la economía de San Diego de Cabrutica depende casi en su totalidad de la actividad petrolera, y se ha movido al compás de los ciclos del petróleo, lo que trae consigo un aumento de la actividad y del ingreso, al mismo tiempo que deja los aspectos negativos de dichos momentos. Desde hace varios años es la sede de las operaciones de producción de una empresa mixta (Petrocedeño) de la que han sido socios Petróleos de Venezuela, Total (Francia) y Statoil (Noruega), hasta el 2021 que PDVSA adquiere el 100% accionario (VTV, 2021); así como lugar de paso para operaciones de Petro San Félix (100% venezolana). Varias empresas de servicios petroleros tienen también oficinas operativas y personal en San Diego. La instalación de las empresas petroleras ha generado conflictos en torno al acceso al agua con las comunidades locales, por lo cual durante años, los habitantes permanentes de San Diego han presionado en forma más o menos organizada para obtener el servicio de este líquido, tanto al Gobierno nacional y regional, como a las empresas petroleras y de servicios. Por esta razón, sus habitantes han presentado solicitud de servicio de agua potable, una red de distribución confiable de agua, saneamiento ambiental y atención médica."AguaLa Comunidad de San Diego de Cabrutica. Empresas privadas: Total (Francia) (cese de operaciones), Statoil (Noruega) (cese de operaciones). Entidades estatales: Gobernación del estado Anzoátegui, Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), Ministerio del Poder Popular de Petróleo, Ministerio del Poder Popular para Ecosocialismo y Aguas y Alcaldía del municipio MonagasEn este texto se refiere a quienes promueven el caso como "la comunidad de San Diego de Cabrutica". No se menciona una definición explícita, sin embargo, se entiende que las necesidades derivadas de la falta de agua potable en la comunidad, fue lo que motivó realmente a una agrupación de personas que, en principio, no tiene nada en común.La comunidad de San Diego de Cabrutica presentó solicitudes de servicio de agua potable, una red de distribución confiable de agua, saneamiento ambiental y atención médica.Observatorio de Ecología Política de Venezuela. (2023). Habitantes de San Diego de Cabrutica se movilizan por escasez de agua e impactos de PDVSA (Faja Petrolífera del Orinoco). https://ecopoliticavenezuela.org/georeferencias/habitantes-de-san-diego-de-cabrutica-se-movilizan-por-escasez-de-agua-e-impactos-de-pdvsa-faja-petrolifera-del-orinoco/venezuela, petroleo, reserva, agua
VenezuelaArtículoObservatorio de Ecología Política de Venezuela2022La expansión de la minería en Las Claritas y su relación con la epidemmia de malaria en VenezuelaObservatorio de Ecología Política de VenezuelaMunicipio de Sifontes, Estado de Bolívar, Venezuela"Las Claritas, municipio de Sifontes, estado de Bolívar, Venezuela, es una zona de ocupación de pueblos indígenas, principalmente kariñas, akawayos y pemones, pero a raíz del desarrollo de la minería, desde mediados del siglo XIX se han asentado habitantes de otras regiones del país y de países vecinos, produciendo desplazamientos de indígenas en algunos casos. La actividad minera en la zona ha dejado altos niveles de deforestación, siendo uno de los más dramáticos en todo el país. Así mismo, ha provocado contaminación de las aguas por mercurio; además de dejar severos niveles de violencia relacionada a las disputas por el control de las minas. Uno de los impactos más notorios que ha provocado la minería en la zona está vinculado con la expansión de la malaria. Además, la crisis humanitaria compleja que se ha desarrollado en el país generó un colapso en el sistema de salud, y afectó el sistema de prevención y tratamiento de la enfermedad, generando escasez de insumos. Investigadores, activistas ambientales y grupos indígenas han denunciado el potencial destructivo del proyecto Arco Minero sobre el río Orinoco y sus tributarios, así como el grave daño que ocasiona la deforestación de la región amazónica relacionada con la minería y su efecto destructivo sobre culturas y pueblos originarios. Se ha exigido la anulación del decreto, la implementación de estudios de impacto ambiental y la aplicación de protocolos de consulta previa, libre e informada. Adicionalmente, en lacarta entregada al foro de Malaria en las Américas 2017, los firmantes solicitaron a la OMS e instancias de salud internacionales apoyar y tomar decisiones urgentes destinadas a controlar la epidemia, calificada como la peor epidemia de malaria en las Américas en el siglo XXI."Agua, flora y faunaInvestigadores, activistas ambientales y grupos indígenas de la comunidad. Empresas privadas: GR Mining Inc. (entre las últimas empresas anunciadas), en representación de la canadiense Gold Reserve. (Empresa Mixta Ecosocialista Siembra Minera en alianza con la Corporación Venezolana de Minería (CVM)), Yankuang Group (China). Entidades estatales: Ministerio para Desarrollo Minero Ecológico, Ministerio del Poder Popular para Ecosocialismo y Aguas, Ministerio del Poder Popular para la Defensa, Corporación Venezolana de Minería, Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas, Instituto Nacional de Geología y Minería, Ministerio del Poder Popular para la Salud, Empresa Nacional Forestal S.A (ENAFOR).En este texto se refiere a quienes promueven el caso como " Investigadores", "activistas ambientales" y "grupos indígenas". No se menciona una definición explícita, sin embargo, es posible afirmar lo siguiente: en primer lugar, como ya se mencionó anteriormente, los grupos indígenas son agruáciones de una comunidad indígena que tienen como objetivo la defensa de sus intereses. Por otro lado, se deduce que la labor de los investigadores se reduce a reunir la información necesaria para adelantar las respectivas solicitudes o acciones legales. En cuanto a los activistas ambientales, realizan actividades varias, sin embargo, en el presente caso se intuye que son quienes promueven las acciones anteriormente mencionadas.Investigadores, activistas ambientales y grupos indígenas han denunciado el potencial destructivo del proyecto Arco Minero sobre el río Orinoco y sus tributarios, así como el grave daño que ocasiona la deforestación de la región amazónica relacionada con la minería y su efecto destructivo sobre culturas y pueblos originarios. Al respecto se ha exigido la anulación del decreto, la implementación de estudios de impacto ambiental y la aplicación de protocolos de consulta previa, libre e informada, acordes con los procedimientos establecidos en el marco legal nacional e internacional. Se han solicitado políticas de remediación ambiental y alternativas económicas para la Amazonía venezolana, diferentes a la minería. En relación directa con el problema sanitario, en la carta entregada al foro de Malaria en las Américas 2017, los firmantes exigieron al Ejecutivo entre otras cosas: 1) reconocer el problema de salud pública como una emergencia compleja de importancia nacional e internacional, aplicando con urgencia respuestas de control de vigilancia; 2) garantizar el diagnóstico y suministro de medicamentos adecuados para el tratamiento de malaria aprobados por la Organización Mundial de la Salud/Organización Panamericana de la Salud (OMS/OPS) y por el Ministerio del Poder Popular para la Salud de Venezuela (MPPS), y que se administren en las dosis y tiempo adecuados con demostrada eficacia y seguridad; 3) publicar el boletín epidemiológico semanal; 4) no hacer ofertas de vacunas que no existen en el momento actual; y 5) solicitar ayuda y cooperación internacional, entre otras (ANM y otros, 2018).Observatorio de Ecología Política de Venezuela. (2022). La expansión de la minería en Las Claritas y su relación con la epidemia de malaria en Venezuela. https://ecopoliticavenezuela.org/georeferencias/la-expansion-de-la-mineria-en-las-claritas-y-su-relacion-con-la-epidemia-de-malaria-en-venezuela/Venezuela, afectaciones, indígenas
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