Casos de afectaciones a Derechos Humanos de los Defensores | La Alianza de Clínicas Jurídicas Ambientales de Latinoamérica y el Caribe

Afectaciones

En desarrollo del proyecto “Supporting Environmental Defenders in Latin America” (Apoyo a los defensores del medio ambiente en América Latina), la Alianza de Clínicas Jurídicas Ambientales de Latinoamérica y el Caribe, con apoyo de la Universidad del Rosario y American Bar Association, presenta a continuación un repositorio de casos de afectaciones a los derechos humanos de personas defensoras del ambiente en Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela.

Este repositorio fue estructurado a partir del estudio y registro de casos identificados en cada uno de los países, documentando la persona, organización o comunidad afectada, la pertenencia a una minoría étnica, la organización o grupo representado, el cargo, el recurso natural afectado, la violencia identificada, los obstáculos y necesidades frecuentes, las acciones judiciales, administrativas o estrategias de defensa, las buenas prácticas, la judicialización o no de la persona, comunidad o líder, los aliados para la defensa y el manejo de las herramientas para la defensa.

Los casos registrados se han organizado siguiendo el orden alfabético de los países. Para revisar información puntual seleccione el Estado que le interesa consultar o filtre según el tipo de dato que requiere.

País	Lugar especifico	Persona, organización o comunidad afectada	Pertenece a una minoría étnica	Organización o grupo que representa	Cargo	Recurso natural afectado	Violencia identificada	Obstáculos y necesidades frecuentes	Acciones judiciales, administrativas o estrategias de defensa	Buenas prácticas	Judicialización de la comunidad, organización o líder	Aliados en la defensa de Derechos Humanos	¿Conoce herramientas para su defensa jurídica, de su integridad y de su familia? No – Si, Cuáles
Colombia	Colombia/Risaralda	Héctor García Ramírez	No	Sindicato de los Trabajadores y Empleados de los Servicios Públicos e Institutos Autónomos Descentralizados de Colombia	Secretario de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional del Sindicato. Adicionalmente, es Sindicato de los Trabajadores y Empleados de los Servicios Públicos e Institutos Autónomos Descentralizados de Colombia.	Recursos hídricos	Héctor García Ramírez afirma que del 3 de enero de 2010 iniciaron sus amenazas. Pues, ese día por primera vez fue víctima de diversos actos intimidatorios en su casa, cuando personas indeterminadas dispararos a las ventas y a la puerta de su residencia. También recibió varias amenazas en las que le indicaban que él y otro de sus compañeros sindicalistas iban a ser asesinados por el trabajo que tenían. Pese a que el 5 de enero del 2010 la Fiscalía Segunda con Funciones de Policía Judicial de Risaralda tomo la decisión de solicitarle a la Policía Metropolitana de Risaralda que tomar medidas para proteger y garantizar la seguridad personal y familiar del accionante. Y que 13 de enero del mismo año el comandante de la Policía Metropolitana de Risaralda expidió un oficio con medidas de seguridad a favor de Héctor García Ramírez entre las cuales indicaban que debían hacerle un patrullaje en su sitio de trabajo y de domicilio constantemente e implementar un frente de seguridad en la cuadra que vivía, entro otros. El 28 de septiembre de 2015 Héctor García Ramírez, volvió hacer víctima de amenazas en las cuales le indicaron que iba a ser asesinado si continuaba con sus actividades sindicales. Por todo lo anterior decidió interponer las denuncias correspondientes en: Fiscalía General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación y la Unidad Nacional de Protección. Pero el 16 de junio de 2016 mientras caminaba por su barrio volvió hacer amenazado por una persona desconocida que iba armada, pero al ver la presencia de la policía se fue. El 20 de junio de 2017 Héctor García Ramírez recibió un correo electrónico de las Autodefensas Unidas de Colombia en el cual lo amenazaban y lo declaraban objetivo militar a él y a todas las organizaciones de Derechos Humanos y sindicales .	Los obstáculos que se evidencia según los hechos narrados son las constantes amenazas que sufre por parte de personas no identificadas que atormentan su vida y la de su familia y le impiden desarrollar sus funciones con tranquilidad y con la motivación necesaria. Pues al recibir este tipo de amenazas le impide seguir realizando sus actividades por temor que agredan a su familia. La Policía Metropolitana de Risaralda le ha colaborado mucho con el esquema de seguridad y se ha sentido con mayor tranquilidad, cabe recalcar que la Fiscalía Segunda con Funciones de Policía Judicial de Risaralda fue quien intervino para que le dieran el esquema de seguridad a Héctor García Ramírez.	Interpuso las demandas correspondientes ante a Fiscalía General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación y la Unidad Nacional de Protección.	Interponer acción de tutela cuando haya un detrimento a los derechos adquiridos, pues el líder de este caso había adquirido un esquema de seguridad que luego se lo querían quitar y ponerle otras medidas de seguridad con las que corría más peligro. A penas reciba una amenaza comunicárselo a la Fiscalía y solicitar medidas de seguridad para su protección.	No ha sido judicializado por su contraparte pues interpuso acción de tutela contra la Unidad Nacional de Protección porque no estuvo de acuerdo con las medidas de seguridad tomadas por la Resolución Nº 5343 de 2017, pero se resolvió con el fallo de tutela.	Fiscalía Segunda con Funciones de Policía Judicial de Risaralda solicitó a la Policía Metropolitana de Risaralda que tomar medidas para proteger y garantizar la seguridad personal y familiar del accionante. La Policía Metropolitana de Risaralda expidió un oficio con medidas de seguridad a favor de Héctor García Ramírez El 23 de octubre de 20125 la Unidad Nacional de Protección realizó una evaluación personal de riesgo. El 30 de diciembre de 2015 el Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas expidió un concepto en el cual indicaba el nivel de riesgo de Héctor García Ramírez, e indicó teniendo en cuenta los hechos narrados y todas las particularidades del caso se calificó como riesgo extraordinario, por lo que hicieron las siguientes recomendaciones: “implementar un (1) medio de comunicación y un (1) chaleco blindado, implementar apoyo de transporte en cuantía de dos (2) SMMLV, el cual tendrá una vigencia de tres (3) meses, a partir de la fecha de implementación.” (Corte Constitucional, 2018, párr. I.3).	Si, Héctor García conoce diversas medidas debido a que interpuso las demandas correspondientes ante a Fiscalía General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación y la Unidad Nacional de Protección.
Colombia	Colombia/Barranquilla/ Atlántico	Karl Lewis de Jesús Delgado Rada	No	Mesa de participacion de víctimas del distrito de Barranquilla,	Coordinador de la mesa de participación devíctimas del distrito de Barranquilla.	Suelo	Karl Lewis de Jesús Delgado Rada es miembro y coordinador de la mesa de participación de víctimas del distrito de Barranquilla, su cargo le impone llevar y dirigir procesos en materia de restitución y como consecuencia de la función que desempeña y su constante lucha por la protección de los derechos humanos en la región del Caribe, empezó a recibir amenazas de muerte por parte de grupos ilegales que delinquen en dicho territorio. Por ende, decidió solicitar a la Defensoría Regional del Pueblo que adoptara medidas de protección y esta entidad oficio a la Unidad Nacional de Protección, Seccional Barranquilla, para que tuviera conocimiento del caso la cual lo aprobó mediante acto administrativo que se le entregara un radio de comunicación, un chaleco antibalas y apoyo de transporte por el termino de 6 meses que contarían a partir de enero de 2013. Luego la Unidad Nacional de Protección le realizó un estudio de nivel de riesgo cuyo resultado fue ordinario”, es decir que el nivel de riesgo es muy mínimo. Sin embargo, días después recibió un panfleto en el cual recibió una amenaza por un grupo que se denomina “Los rastrojos comandos urbanos”.	Los obstáculos que se pueden inferir de los relatos realizados por Karl Lewis de Jesús Delgado Rada, es que las constantes amenazas le impiden realizar de manera diligente su trabajo. Y a pesar de que le importen medidas de seguridad para proteger su vida, lo hacen por un tiempo determinado y no se vuelven a comunicar con él a ver si las amenazas continúan, sino que debe enviar un comunicado a la Unidad Nacional de Protección y aun así no responden, sino que debe acudir a medidas judiciales para obtener alguna respuesta. Es decir que a pesar de su excelente labor que es de gran importancia para la comunidad, debe afrontar peligros que está dispuesto hacerlo, pero aun así las entidades encargadas no le brindan la atención oportuna, ni la seguridad necesaria para proteger su vida.	Solicitó a la Defensoría Regional del Pueblo la adopción de medidas de protección. Por lo cual la Unidad Nacional de Protección hizo el estudio correspondiente y le asigno medidas de seguridad por un tiempo determinado, pero ya se iba a terminar la vigencia de estas medidas y las amenazas continuaban y a pesar de que solicitó una prórroga o nuevas medidas no obtuvo respuesta alguna. Por ende, acudió a la acción de amparo constitucional para obtener una respuesta sobre sus medidas de seguridad.	Solicitar a la Defensoría Regional del Pueblo la adopción de medidas de protección. Y en caso de no tener respuesta y continuar en peligro acudir a la acción de amparo constitucional para obtener una respuesta sobre sus medidas de seguridad de manera prioritaria.	No ha sido judicializado por su contraparte pues interpuso una acción de amparo constitucional contra la Unidad Nacional de Protección, pero se resolvió con el fallo de la sentencia.	Quienes hicieron posible que Karl Lewis de Jesús Delgado Rada tuviera medidas cautelares fue la Defensoría Regional del Pueblo y la Unidad Nacional de Protección, Seccional Barranquilla.	Si, Karl Lewis de Jesús Delgado Rada conoce algunas medidas debido a que cuando empezó a recibir amenazas solicita la Defensoría Regional del Pueblo que adoptara medidas de protección y una vez la vigencia de las mismas estaba por terminar solicito prorroga ante la Unidad Nacional y al no tener respuesta interpuso una acción de amparo constitucional. Por ello, se establece que si tiene el conocimiento de herramientas para su defesa judicial, pues acudió a los órganos competentes. Además, no se puede dejar de lado que Karl Lewis de Jesús Delgado Rada es abogado de profesión.
Colombia	Colombia/Bogotá	Javier Alfonso Alba Grimaldos	No	Alcaldía de Bosa	Alcalde Local	Suelo	Javier Alfonso Alba Grimaldos fue Alcalde Local de Bosa y como consecuencia de sus funciones recibio varias amenazas por parte de varias organizaciones criminales del sector por lo que se considero que representaban un riesgo para su seguridad por lo cual el solicitó a la Unidad Nacional de Protección otorgarle un esquema de seguirdad para proteger su vida, es por ello que esta entidad mediante “Resolución No. 10221 del 6 de diciembre de 2018 la UNP ordenó el ajuste de las anteriores medidas de protección de la siguiente manera: “ratificar un (1) chaleco blindado y un (1) botón de apoyo aprobados por el trámite de emergencia, finalizar un (1) hombre de protección aprobado por trámite de emergencia, implementar un (1) medio de comunicación y así mismo la implementación de las medidas preventivas de la Policía Nacional, esto en atención al nivel de riesgo extraordinario que pondero (sic) la valoración efectuada”. La anterior, decisión fue confirmada mediante Acto Administrativo No. 1389 de 2019” (Corte constitucional, 2020, párr. 1.2). No obstrante, Javier no estuvo de acuerdo con estas medidas porque considera que simplemente se las otorgaron peor no hicieron un estudio para corrobar su situación y el nivel real de peligro por el que esta atravesando ya que su objetivo es luchar contra las bandas criminals que afectan la localidad con todo tipos de crimenes. Es decir que “la UNP no estudió la ponderación conforme a los riesgos del cargo que desempeña ni a las amenazas de las organizaciones criminales existentes en la localidad de Bosa (bandas de micro tráfico, tierreros y delincuencia común)”. Y considero que si algo le pasaba la UNP sería la responsable de esto, debido a que le quito el esquema de seguridad que tenía para garantizar su protección personal.	Las amenazas han sido la mayor problemática que presento a lo largo d su gestión ya que le impide realizar diligentemente sus funciones y luchar por la inseguridad de su comunidad. Sin embargo, intento conseguir los medios para salvaguardar su vida y aunque los consiguió gracias a que la Unidad Nacional de Protección le otorgo un personal de seguridad, después de un tiempo sin razón alguna se lo quitaron y lo cambiaron por una comunicación, lo que dificulto aún más su labor y tuvo que llevarlo a isntancias judiciales.	Solicito a la Unidad Nacional de Protección un esquema de seguridad para su protección y le otorgaron acompañamiento de un hombre de seguridad. Sin embargo, mediante la resolución No. 10221 del 6 de diciembre de 2018 la UNP decisión que fue confirmada mediante Acto Administrativo No. 1389 de 2019 cambiaron sus medidas de seguridad y le quitaron el derecho a tener un hombre de seguridad y se lo cambiaron por un medio de comunicación con la policía. El alcalde consideraba que con esta iba a ser víctima de un peligro mayor. Por lo cual interpuso una acción de tutela en la cual en primera instancia negaron sus peticiones y lucho hasta que llego a la revisión constitucional instancia en la cual se tutelaron sus derechos.	El alcalde Javier Alfonso Alba Grimaldos fue muy diligente al solicitar medidas de seguridad a la Unidad Nacional de Protección y también fue muy pertinente haber hecho saber su inconformiso con las medidas tomadas por esta entidad al considerar que no eran suficientes y estaban desmejorando un esquema de seguridad que ya le habían asignado, sin importar de tener que llegar a una medida judicial con el fin de salvaguardar sus intereses y su vida y poder seguir luchando por su comunidad. Además, se evidencia que en la acción de tutela no se dio por vencido cuando en primera instancia negaron sus pretensiones, sino que fue hasta segunda instancia y luego hasta revisión por parte de la corte para poder garantizar sus derechos.	No ha sido judicializado por su contraparte pues interpuso acción de tutela contra la Unidad Nacional de Protección porque no estuvo de acuerdo con las medidas de seguridad tomadas por la Resolución No. 10221 del 6 de diciembre de 2018 la UNP decisión que fue confirmada mediante Acto Administrativo No. 1389 de 2019 pero se resolvió con el fallo de tutela.	Alcaldía de Bosa	Sí, el señor Javier Alfonso Alba Grimaldos tiene el conocimiento y experticie a que entidades acudir para la protección de sus derechos, debido a que tiene un gran conocimiento pues cuenta con un pregrado y posgrado, además fue alcalde local de la localidad de Bosa por lo que se puede evidenciar que ha estado muy rodeado de asuntos judiciales, los cuales le dan conocimeinto o la facilidad de investigar, o acudir a sus colegas para preguntar a que medida puede acudir.n
Colombia	Colombia/ Municipio de Betulia	Ligia Edilia Quiroz Bedoya	No	Hospital Germán Vélez Gutiérrez del municipio de Betulia	Auxiliar de enfermería	Atmosfera	Ligia Edilia Quiroz Bedoya se desempeñaba como auxiliar de enfermería en el Hospital Germán Vélez Gutiérrez del municipio de Betulia desde 1999. Posteriormente el 20 de mayo de 2000, empezó a recibir llamadas vía telefónica en las que le informaban que iba ser asesinada. Por lo que decidió trasladarse al municipio de la Estrella junto con su familia que está conformada por su esposo y sus hijos de 5 y 9 años, con el fin de evitar afectaciones a su integridad. Sin embargo, era consciente que debía seguir trabajando por lo que inicio las gestiones pertinentes ante diferentes autoridades con el fin de obtener un traslado laboral a otro lugar en el cual no corriera peligro. Sin embargo, a todas las entidades que acudió le manifestaron que no tenían la competencia y no podían ayudarla. Por lo cual tuvo que acudir a medidas judiciales para que ordenaran el traslado laboral para salvaguardar su vida y en primera y segunda instancia le negaron la tutela de sus derechos, hasta que en revisión constitucional se logró la tutela de sus derechos.	Los obstaculos han sido la falta de conocimiento y de acceso información, puesto que al inicio acudió a muchas entidades que no eran competentes, por lo que en este proceso se desgasto mucho y perdió tiempo que le hubiera sido más útil si de una vez hubiera acudido a la entidad competente o a instancias judiciales. Sin embargo, es cuestionable porque a pesar de que acudió a varias entidades ninguna le dio la información o la asesoro en cómo podía resolver su conflicto o en donde podía buscar información, pues a pesar de que no tengan la competencia, tiene un compromiso social de ayudar a las personas más aún cuando su vida está en peligro.	“Envió solicitudes a la Procuraduría Departamental de Antioquia, a la Defensoría del Pueblo, al Ministerio del Interior, al Ministerio de Salud, al Departamento Administrativo de la Función Pública y a la Secretaría de Gobierno de Antioquia exponiéndoles su situación personal y pidiendo ordenar su traslado a otra localidad en la que pudiera continuar prestando sus servicios como auxiliar de enfermería y vivir una vida tranquila. Todas estas entidades resolvieron las peticiones enviadas señalando que carecían de competencia para conceder el traslado demandado, de modo tal que la señora Quiroz Bedoya no ha recibido solución alguna a su caso”. Además, interpuso una acción de tutela para la protección de sus derechos fundamentales, pero en primera instancia negaron la protección, porque el encargado de resolver este conflicto es el gerente de la Empresa Social del Estado, Hospital Germán Vélez Gutiérrez y este trato de contactarse con ella pero no fue posible, por lo cual tendría competencia la Comisión Nacional del Servicio Civil instituida por la Ley 443 de 1998, por lo cual dicho juez no tenía competencia. En segunda instancia se estableció que debido a que “la acción amenazante contra la vida de la señora Ligia Edilia Quiroz Bedoya no es atribuible a ninguna autoridad pública y menos a las demandadas, sino a un grupo subversivo, concretamente a las FARC. Es decir, el derecho fundamental a la vida, en cabeza de la demandante, no está en peligro por acción alguna del hospital ´Germán Vélez Gutiérrez´, de la Secretaría de Salud Pública del departamento ni de ninguna otra entidad o autoridad pública. En consecuencia, no pueden ser esas entidades destinatarias de una orden de tutela tendiente que ellas no han puesto en peligro” (Corte Constitucional, 2001, párr. 4.1.) y que el gerente del hospital intento ofrecerle a la accionante todas las garantías posibles para que estuviera a salvo de las amenazas, no tiene la competencia en otros establecimientos hospitalarios. Por lo cual no es procedente tomar alguna decisión en este caso. Por lo que se tuvo que ir a revisión constitucional donde se tutelaron sus derechos.	A pesar de que la señora Ligia Edilia Quiroz Bedoya no tenía conocimiento de la competencia de las entidades, es admirable que acudió a muchas entidades a ver si alguna le ayudaba a resolver su conflcito y a pesar de que le decían que no siguió intentando en otras entidades hasta llevar la tutela la última instancia. Por lo cual es recomendable acudir a diferentes entidades, buscar ayuda por todos lados y no rendirse cuando tenga un no por respuesta, sino que debe seguir buscando la manera de hacer valer sus derechos.	No ha sido judicializado por su contraparte pues interpuso una acción de amparo constitucional contra la Unidad Nacional de Protección, pero se resolvió con el fallo de la sentencia.	Hospital Germán Vélez Gutiérrez del municipio de Betulia	No conoce las herramientas pues se puede observar que acudió a muchas entidades que no eran competentes antes de acudir a la tutela.
Colombia	Colombia/ municipio de Tierralta-Córdoba	José Luis Ruiz Ruiz	No	Asociación Campesina para el Desarrollo del Alto Sinú	Pedagogía, educación y publicidad	Suelo	José Luis Ruiz Ruiz actualmente es un “desmovilizado de los acuerdos de paz suscritos entre el Gobierno Nacional y la Corriente de Renovación Socialista. A su vez se desempeña como líder social y político y gestor de paz en el municipio de Tierralta-Córdoba” (Corte Constitucional, 2018, párr. 1.1). Por su labor y su pasado empezó a recibir constantes amenazas en contra de su vida y la de su familia y como consecuencia tuvo domiciliarse en la ciudad de Bogotá. No obstante, en el año 2012 volvió a al municipio de Tierralta Córdoba, para presentar sus servicios en en la Asociación Campesina para el Desarrollo del Alto Sinú, realizaba labres de pedagogía y educación, lugar donde nuevamente se empezó a desempeñar como líder social y a recibir amenazas contra su vida. Por ello, la Unidad Nacional de Protección tomo la decisión de asignarle un esquema de seguridad. José Luis asegura que las amenazas incrementaron desde el pasado 8 de diciembre de 2015 vía telefonía y a través de redes sociales, por lo que el decidió denunciar estos hechos antes la Fiscalía General de la Nación. Sin embargo, el 21 de junio de 20216, la Unidad Nacional de Protección volvió hacer un estudio la revisar la situación de seguridad del José Ruiz y establecieron un riesgo ordinario, por ende, decidieron quitar el esquema de seguridad que se le había asignado años atrás.	La mayor dificultad que se observa en este caso en concreto es el difícil acceso a esquemas de seguridad para que le garanticen su integridad y sus derechos fundamentales y de esta manera poder seguir ejerciendo sus labores con tranquilidad.	José Luis Ruiz Ruiz instauro una acción de tutela, la cual llegó a la Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional y tutelo sus derechos y en su fallo ordeno a la Unidad Nacional de Protección y a la Secretaría Técnica del Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas que: “en un término no mayor a dos (2) meses, practique un nuevo estudio de riesgo al accionante, con la finalidad de que adopte las medidas de protección necesarias, para garantizar la seguridad del ciudadano JOSÉ LUIS RUIZ RUIZ” (Corte Constitucional, 2018, párr.III). Además, acudio a la Físcalia general de la Nación para denunciar las nuevas amenazas.	Es pertinente solictar las medidas de protección correspondientes al nivel de riesgo correspondiente de cada líder. Tal y como lo hizo José Luis Ruiz Ruiz pues considero que las garantías que le querían disminuir la protección que ya le habían dado y las nuevas medidas ponían su vida en riesgo por lo que decidió acudir a instancia judiciales con el fin de no permitir esta vulneración.	No, no fue judicializado por su contraparte, se resolvió el conflicto con el fallo de tutela	Fiscalía General de la Nación, la Asociación Campesina para el Desarrollo del Alto Sinú, Unidad Nacional de Protección, la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos de Colombia.	Al acudir a la acción de tutela se puede inferir que si sabía las herramientas para su defensa jurídica.
Colombia	Colombia/ Palmira/ Valle del Cauca.	Julián David Palacios Obregón	No	Junta del Barrio Zamorano	Presidente	Atmosfera	Julián David Palacios Obregón es líder social y fue presidente de la Junta del Barrio Zamorano en la ciudad de Palmira ,Valle del Cauca. Se ha caracterizado por ser un líder activo y por ende ha ejercido diferentes actividades como lo son “procesos de trabajo con jóvenes, promovió manifestaciones de control político y denunció presuntos actos de corrupción acaecidos en la administración municipal, entre otros asuntos de importancia para la comunidad. Como consecuencia de las referidas labores ha recibido múltiples amenazas, ha sido víctima de atentados y otros hechos delictivos y es sujeto protegido por la Unidad Nacional de Protección (en adelante, la UNP) desde el año 2018” (Corte Constitucional, 2022, párr. I.1.1). Es por ello que la Unidad Nacional de Protección realizó un estudio para identificar los niveles de riesgo del líder en cuestión, el resultado de este estudio fue un riesgo extraordinario y por ello decidieron implementar un esquema de seguridad que tuviera un chaleco blindado, un medio de comunicación y un escolta. A pesar de ello en el 2019 la Unidad Nacional de Protección volvió a realizar un estudio para saber si el nivel de vulneración de Julián había cambiado y el resultado arrojo nuevamente riesgo extraordinario pero el porcentaje del resultado subió pues esta vez fue del 80% y el primer examen que se hizo fue del 53%, no obstante, la entidad decidió dejar las mismas medidas. Julián David Palacios considero que esto no era conveniente y por ello instauro una acción de tutela, en la cual se tutelaron sus derechos. Pese a lo anterior en el 2020 se volvió a realizar la evaluación de riesgo al líder y disminuyó en un 54% por lo cual la accionante decidió retirar el vehículo blindado y otorgo un convencional, aunque se presentó recurso de reposición a esta resolución No. 2444 del 22 de abril de 2020 fue resulto negativamente. Por lo cual instauro una acción de tutela al considerar que “la entidad accionada vulneró los mencionados derechos al no tener en cuenta los siguientes hechos relevantes para realizar la valoración de riesgos: la tentativa de incendio que sufrió el vehículo que le fue asignado, los diversos inconvenientes que ha tenido con los agentes de escolta que lo protegían y el secuestro que sufrió el 7 de enero de 2020, entre otros asuntos que, a su juicio, de haber sido tenidos en cuenta hubieran variado la decisión de la entida. Estas situaciones fueron informadas a la entidad en varios correos electrónicos, así como también a la Fiscalía General de la Nación” (Corte Constitucional, 2022, párr. I.1.7)	La mayor dificultad que se presenta en este caso en concreto es que la Unidad Nacional de Protección cada vez le pone más inconvenientes para tener el esquema de seguridad que le corresponde según el nivel de riesgo real y latente por el cual está pasando el líder. Poniendo en riesgo su seguridad y dejando de lado el principio de economía procesal, haciendo que todas las personas acudan a la tutela para ellos hacer el trabajo que les corresponde desde un inicio.	Instauro una acción de tutela contra la Unidad Nacional de Protección el 26 de agosto de 2019 por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Palmira y en esta se tutelaron sus derechos por lo cual ordeno a la accionada a ratificar el esquema de protección y añadir vehículo blindado y un escolta adicional. En el 2020 se volvió a realizar un estudio y se identificó que el nivel de riesgo bajo por. lo cual le redujeron su esquema de seguridad por ello instauro un recurso de reposicion en contra de la resolución. Por lo cual volvió a interponer una acción de tutela al considerar que la accionada estaba vulnerando sus derechos.	El líder ha conseguido un buen esquema de seguridad gracias a que ha instaurado las acciones correspondientes y no se ha conformado o limitado a las decisiones de la Unidad Nacional de Protección, sino que cuando cree que se han equivocado en sus estudios de riesgo de una vez le hace saber a la entidad su desacuerdo y las razones debidamente motivadas, con el fin de evitar que se ejecuten y en caso de que respondan negativamente acude a la acción de tutela. Ahora bien, también informa de cualquier amenaza nueva que le hagan ante la Unidad Nacional y la Fiscalía General de la Nación para luego tener pruebas del riesgo que tiene que y que estas entidades son conscientes de ello.	No, no fue judicializado por su contraparte, se resolvió el conflicto con el fallo de tutela puesto que se tutelaron sus derechos y la accionada cumplió.	Este líder se ha caracterizado por tomar iniciativas solo, por utilizar sus conocimientos e iniciar procesos judiciales para intervenir en donde el considera que hay una vulneración en la que puede ayudar.	Según todo lo antes analizado se puede evidenciar que el líder social Julián David Palacios Obregón tiene los conocimientos para una defensa judicial, porque supo instaurar la acción de tutela en varias ocasiones contra la entidad que le estaba vulnerando sus derechos, cumplió con el requisito de subsidiaridad al interponer el recurso de reposición primero ante la Unidad Nacional de Protección.
Colombia	Colombia/ resguardo de la Alta y Media Guajira	Javier Rojas Uriana	Sí	Asociación Autoridades Tradicionales Indígenas Wayúu Shipia Wayúu	Representante	Suelo	El día 31 de marzo de 2012 el líder indígena de la asociación indígena de la Alta y Media Guajira Javier Rojas Uriana, interpuso una acción de tutela en contra de: “la Presidencia de la República, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio del Interior, la Unidad Nacional de Protección y la Secretaría Técnica del CERREM, para solicitar el amparo de sus derechos a la vida y seguridad personal” (Corte Constitucional, 2014, párr. I). Debido a que recibió amenazas en contra de su vida y la de su familia, como consecuencias de sus denuncias a los “actos de corrupción y delictivos de funcionarios públicos, que afectan gravemente los derechos nativos de su comunidad” (Corte Constitucional, 2014, párr. I.1). Por lo que solicitó protección a las entidades contra la cuales dirigió la tutela, es por ello que la Unidad Nacional de Protección realizó un estudio de riesgo del líder y decidió poner como medidas de seguirdad: chaleco antibalas, reubicación y una ayuda de 2 SMLMV por 3 meses y apoyo económico frente a los traslados y tiquetes aéreos. Sin embargo, La asociación Autoridades Tradicionales Indígenas Wayúu Shipia Wayúu considera que las medidas adoptadas no son suficientes para el nivel de riesgo que estaba teniendo el líder y radicaron un documento indicando que un chaleco antibalas no es un medio adecuado de seguridad porque incluso con chalecos antibalas la gente ha muerto porque les pueden disparar en la cabeza y solicitaron “1. Un vehículo con protección que garantice la movilidad en todo el territorio, 2. Un cuerpo de seguridad que acompañe a nuestro representante en sus recorridos y 3. Garantizar la seguridad de la familia… porque debido a las amenazas recibidas” se encuentran alojados “temporalmente en un sitio prestado” (Corte Constitucional, 2014, párr. I.1.3). Con el fin de salvaguardar la vida de su líder. A pesar de ello la Unidad Nacional de Protección negó está petición.	El difícil acceso a la seguridad y a la protección para el líder ha sido una de las dificultades más grandes que ha tenido y a Unidad Nacional de Protección, aunque dicto medidas no eran suficientes y se niega a vincular en la toma de decisiones los argumentos del líder obligándolo a acudir a medidas judiciales.	Solicitó la protección ante al Presidencia de la República, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio del Interior, la Unidad Nacional de Protección y la Secretaría Técnica del CERREM, para solicitar el amparo de sus derechos a la vida y seguridad persona. Al considerar que no eran suficientes estas medidas acudió a una acción de tutela, la cual ordeno “a la Unidad Nacional de Protección y a la Secretaría Técnica del Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas, por conducto de sus representantes legales o quienes hagan sus veces, que si aún no lo ha efectuado, en el término de cinco (5) días hábiles contados a partir de la notificación de la presente sentencia valore nuevamente las medidas de seguridad propias del caso de Javier Rojas Uriana, teniendo en cuenta i) un enfoque diferencial en el estudio y en la implementación de las medidas de seguridad, y ii) que éste ha manifestado que quiere continuar sus labores dentro su territorio” (Corte Constitucional, 2014, párr. IV).	Es pertinente acudir a la acción de tutela cuando no se esté de acuerdo con las decisiones Unidad Nacional de Protección con los argumentos y pruebas suficientes para tutelar los derechos.	No, no fue judicializado por su contraparte, se resolvió el conflicto con el fallo de tutela puesto que se tutelaron sus derechos y la accionada cumplió.	En el proceso para tener acceso a su protección no se tiene conocimiento si alguna entidad nacional o internacional le ayudo con esta labor.	Si conoce algunas herramientas como la acción de tutela y la petición ante la Presidencia de la República, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio del Interior, la Unidad Nacional de Protección y la Secretaría Técnica del CERREM.
Colombia	Colombia/Cauca	Henry Torres Torres	No	Líder de las comunidades negras del Cauca	Presidente de la Junta de Gobierno del Consejo Comunitario de la Toma, Gerente de la Cooperativa de Mineros,	Suelo	Henry Torres Torres fue un defensor del medio ambiente y luchaba por “la recuperación del territorio y la salvaguarda de la minería artesanal” (Corte Constitucional, 2020, párr. I), por lo que ha sido víctimas de amenazas, desplazamientos y atentados. Desde el 2010 Henry Torres ha sido víctima desde estas amenazas vía mensajes de texto, llamdas, personalmente, cartas en su domicilio por lo que decidió que cada vez que recibía una nueva amenaza lo denuncia antes la Fiscalía General de la Nación. Unas de las amenazas que se resaltaron en el escrito de tutela fueron: “o El 6 de abril de 2010, denunció las amenazas que recibió personalmente en el marco de una reunión de la Cooperativa de Mineros (Coomultimineros), en la que se le advirtió que lo iban a matar. Explicó que dichas amenazas las recibió en su calidad de Gerente de la Cooperativa, por ser el encargado de adelantar investigaciones al interior de la misma y por un conflicto con otras personas de la zona que tienen intereses en la actividad minera.[1] o En el 2011, “por las múltiples amenazas (le) tocó dejar abandonado (su) predio y (su) mina de explotación aurífera, único medio de sustento”, ubicado en Buenos Aires (Cauca). Razón por la cual fue inscrito, junto a su núcleo familiar, en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente, mediante Resolución RC 02119 de 2017.[2] o El 16 de diciembre de 2013, informó sobre una misiva que dejaron en su casa, con el siguiente contenido: “hola amiguito, usted ya no es el gerente de la cooperativa ni lo eligieron alcalde como para que se sienta dueño de la minería de estos dos municipios. nosotros sabemos lo que tenemos y para donde vamos así que no va a haber nadie que se interponga en nuestros planes parcerito. dedíquese a lo suyo y si no lárguese si es que quiere alguito su vida.”[3] o El 19 de noviembre de 2015, declaró ante la Fiscalía que había sido víctima de un atentado mientras se desplazaba desde el municipio de Suarez hacia Jamundí, en la camioneta asignada por la UNP. También, relato haber recibido una nota de voz continuando con la amenaza.” (Corte Constitucional, 2020, párr. 1.1) Por lo anterior desde el año 2014 contaba con un esquema de seguridad que lideraba la Unidad Nacional de Protección, esta entidad calificó como nivel de riesgo extraordinario el caso de este líder, por ende, se le brindo un vehículo blindado, tres escoltas, chaleco blindado y un medio de comunicación. Sin embargo, Henry afirma que estas medidas no son suficientes por los cargos que tenía y todas las vulneraciones que ha sufrido. Pero la entidad nunca respondió a este requerimiento, sino que por el contrario lo llamaron para indicarle que le querían quitar el vehículo por mal uso. Adicionalmente, indico que sus escoltas no atienden a sus necesidades, lo graban sin autorización por lo que teme que puedan compartir su información.	Los obstáculos han sido la inseguridad, las amenazas, los atentados que suceden cada vez que el líder hacia una denuncia contra alguna afectación ambiental. Y que a pesar de que se los hacía saber a las entidades competentes cada vez trataban de limitarle las medidas que ya habían sido otorgadas.	Interpuso una acción de tutela por considerar que los mecanismos de seguridad que le estaba brindando la Unidad Nacional de Protección no eran suficientes y por ende ponían en riesgo su vida y la de su familia. Por lo que solcito un nuevo vehículo de protección, no suspensión del vehículo, esquema de seguridad para su familia, un escolta de confianza, su traslado a la regional del Valle del Cauca de la Unidad Nacional de Protección y un subsidio económico para sufragar su vivienda y manutención.	Las buenas prácticas que realizó este líder fue denunciar cada denuncia ante la Fiscalía General de la Nación y la Unidad Nacional de Protección y acudir a vías judiciales para garantizar su protección.	No, no fue judicializado por su contraparte, se resolvió el conflicto con el fallo de tutela puesto que se tutelaron sus derechos y la accionada cumplió.	Fiscalía General de la Nación.	Según el análisis y la investigación que se realizó a este líder se puede evidenciar que si tenía los conocimientos sobre sus derechos y como poder exigir su protección por ello cada vez que era amenazado le informaba a la fiscalía general de la nación y a la Unidad Nacional de Protección. Adicionalmente, sabía interponer las quejas antes la Unidad Nacional de Protección para hacer su inconformidad con las medidas y como no fueron respondidas acudió a la acción de tutela.
Colombia	Colombia/ la cuenca del Río Jiguamiand	Danilo Murillo Córdoba	Si	Asociación de Desplazados de Jiguamiandó Paraíso	Representante legal	Suelo	El líder Danilo Murillo Córdoba es un líder social afrocolombiano que hace parte de la Asociación de Desplazados de Jiguamiandó Paraíso, él lucha por proteger y salvaguardar los derechos de las comunidades negras establecidas en la cuenca del Río Jiguamiandó pues durante varios años han sido víctimas del conflicto armado y han sido desplazados en varias ocasiones. Esta asociación se encarga de ejercer diferentes labores como lo son: “(i) formular proyectos de desarrollo que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades negras desplazadas; (ii) contribuir a la formación y consolidación de grupos comunitarios dedicados a la promoción del respeto, la tolerancia y la convivencia; y (iii) promover la defensa de los derechos humanos” (Corte Constitucional, párr. 1.1), adicionalmente el líder afirma que entre sus labores esta promover “la defensa de los derechos humanos y el retorno de las comunidades desplazadas de Jiguamiandó a sus territorios” (Corte Constitucional, párr. 1.2). Cabe resaltar que este territorio es muy recurrido por grupos armados al margen de la ley que se oponen a sus labores, es por ello que estas actividades han generado grandes consecuencias pues ha sido víctima de varias amenazas y hostigamiento por parte de distintos criminales. Por lo anterior la Unidad Nacional de Protección en el 2013 estableció un esquema de protección, sin embargo, como ya se ha visto en muchos otros casos de otros líderes sociales esta entidad después de un tiempo brindando la protección empieza a desmontar gradualmente el esquema de protección brindado, poniendo en grave riesgo la vida del defensor. Pues, en el 2013 se le brindo un vehículo blindado, dos escolta, un chaleco blindado y un medio de comunicación por el término de 3 meses o hasta que terminaran el estudio de riego que le estaban haciendo a este líder. No obstante, el estudio “culminó con la expedición de la Resolución 5196 de julio 30 de 2019, mediante la cual se dispuso a finalizar las medidas de protección de emergencia, y mantener únicamente “un hombre de protección, un medio de comunicación y un chaleco blindado” por el término de 12 meses o hasta que se hiciera un nuevo estudio de riesgo.” (Corte Constitucional, 2021, párr. 1.4). Por lo que él señor Murillo Córdoba interpuso un recurso de reposición que se resolvió negativamente, por lo que el 15 de noviembre de 2019 decidió interponer una acción de tutela contra la Unidad Nacional de Protección al considerar que no se habían valorado debidamente los hechos de las amenazas recientes ya que en la tutela expuso “Hoy sábado 09 de marzo de 2019, el señor Danilo Murillo Córdoba fue contactado vía telefónica correspondiente al número [xxxx], por una persona que se identificó pertenecer a los “Urabeños” y en los mismos términos le pidió desplazarse al Atrato para realizar una reunión. De igual forma manifiesta en los apartes del audio llamada, que en los próximos días realizarán una limpieza social en el municipio de Chigorodó, debido a que ha aumentado la delincuencia. Como quiera que el señor Danilo Murillo Córdoba se negó a asistir por las buenas a las reuniones programas por dicha organización, ellos podían actuar con presión militar, llevándose a la familia y a él mismo por la fuerza. Situación que se puede interpretar [como] amenaza y que pone en riesgo la vida del protegido. Lo cual para constancia anexo a la presente el audio. Hoy jueves 18 de abril de 2019, en las horas de la tarde, el señor Danilo Murillo fue contactado vía telefónica correspondiente al número [xxxx], por persona indeterminada, cuya persona manifestó pertenecer a las FARC. Por lo que procedió a decirle al señor Danilo Murillo Córdoba que él es una piedra en el zapato para el consejo comunitario de Jiguamiandó y para el proceso de paz, de tal forma que en los apartes del audio se puede apreciar que también lo declaran objetivo militar, diciéndole que ya no hay nada que hablar con él y que la orden que hay es matarlo.” (Corte Constitucional, 2021, párr. 1.4).	Se puede observar que el obstáculo que ha tenido este líder es el difícil acceso a unas medidas de control, que garanticen su seguridad teniendo en cuenta el verdadero nivel de riesgo. Y a pesar de que acude a varias medidas cada vez a Unidad Nacional de Protección le pone más barreras administrativas con el fin de que dificultar o impedir el acceso a la seguridad.	Solicitó medidas de seguridad y protección ante la Unidad Nacional de Protección. Interpuso recurso de reposición en contra de la Resolución 5196 de julio 30 de 2019, al tener una respuesta negativa instauró una acción de tutela contra la Unidad Nacional de Protección por vulnerar sus derechos fundamentales a la vida, a la seguridad e integridad personal y al debido proceso. Sin embargo, denunciaba todas las amenazas que padecía ante la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional y la Unidad Nacional de Protección y solicito el seguimiento al proceso de la Unidad Nacional de Protección que ponía en riesgo su vida ante la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación.	Es muy recomendable realizar la respectiva denuncia con las pruebas que se tenga de cualquier amenaza ante la Fiscalía General de la Nación y la Unidad Nacional de Protección si es la encargada de brindar el esquema de seguridad. Solicitar la revisión del proceso de la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación, con el fin de evitar la vulneración de sus derechos e instaurar acción de tutela en caso de que las anteriores vías no hayan sido satisfactorias.	No, no fue judicializado por su contraparte, se resolvió el conflicto con el fallo de tutela puesto que se tutelaron sus derechos y la accionada cumplió.	Fiscalía General de la Nación, Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación y la Unidad Nacional de Protección	Henry Torres Torres si tiene conocimiento sobre las herramientas para proteger sus derechos debido a que cada vez que sufría de algún tipo de amenaza lo denunciaba inmediatamente ante Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional y la Unidad Nacional de Protección. Solicito las medidas de protección ante la Unidad Nacional de Protección y en el momento que no estuvo de acuerdo con las medidas establecidas instauro un recurso de resposición contra la Resolución, además solicito seguimiento a su proceso por parte de la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación al considerar que en cualquier momento la Unidad Nacional de Protección le podía vulnerar sus derechos y sabía que con el seguimiento de estas entidades era menos probable que esto sucediera. Además, instauro una acción de tutela para reclamar sus derechos fundamentales a la vida, a la seguridad e integridad personal y al debido proceso.
Colombia	Colombia/Bucaramanga	Luis Alberto Cabeza Espinel	No	Corporación Nuevo Arcoiris.	Vocero público del proceso de paz de la Corriente de Renovación Socialista	Flora	El vocero público del proceso de paz de la Corriente de Renovación Socialista Luis Alberto Cabeza Espinel interpuso acción de tutela contra la Nación – Ministerio del Interior y de Justicia, con el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales a la vida y a la igualdad que habrían sido vulnerados. Puesto que era beneficiaron del Programa de Protección del Ministerio del Interior y de Justicia debido a las labores que desempeñaba y por ello desde 1997 Luis Alberto ha tenido que un esquema de seguridad en el cual sde beneficia de un escolta de la Policía Nacional armado con una pistola, un agente escolta del DAS, ambos armados con pistola y una camioneta Nissan. Sin embargo, la camioneta que le fue suministrada necesita mantenimiento, pero el Ministerio del Interior y de Justicia no ha querido asumir este costo por lo que tuvieron que dejarla en un parqueadero de la policía más de tres meses y debido a esto ha tenido que movilizarse en transporte público, poniendo en riesgo su seguridad, adicionalmente afirma que debe pagar el SOAT y el ministerio tampoco quiere sufragar este gasto. Además, su esquema de seguridad no cuenta con radio, celulares por lo que estarán incomunicados. Es por ello que mediante tutela solicito reforzar el esquema de seguridad, la asignación de un vehículo que este en buenas condiciones, se dote a su equipo de celulares o radios, el mantenimiento del equipo y los seguros que requiera.	El obstáculo que se ve en el presente caso es el difícil acceso a una seguridad que ralmente le garantice su integridad puesto que a pesar de que brindaron unas medidas no eran suficientes, pues le dieron un vehículo, pero estaba dañado por lo cual no podía transportarse en él y sus escoltas no tenían equipos de telecomunicación por lo cual no estaban comunicados. Es decir, pese a que el Ministerio del Interior y de Justicia dicto unas medidas no eran las adecuadas y no estaban garantizando su seguridad, por lo cual el líder seguía en riesgo sin poder ejercer sus labores.	El líder Luis Alberto Cabeza Espinel interpuso acción de tutela que llevo hasta la revisión constitucional en donde se lograron tutelar sus derechos y reforzar el esquema de seguridad. Por ello revoco la sentencia anterior, ordeno a al Ministerio del Interior y de Justicia equipar a los escoltas con equipos de telecomunicación, dar un automóvil con el cual se puedan desplazar con seguridad, pagar todos los gastos de este seguro (menos la gasolina) hasta que se haga un nuevo examen de riesgos.	De este caso se puede resaltar que el señor Luis Alberto Cabeza Espinel conocía su derecho a la seguridad personal, por lo que sabía que con las medidas que se estaban tomando no eran suficientes para garantizar realmente este derecho por lo que lucho pese a que en primera instancia le hayan negado la protección de sus derechos, hasta llegar a la revisión constitucional.	No fue judicializado por su contraparte, se resolvió el conflicto con el fallo de tutela puesto que se tutelaron sus derechos a la seguridad. Además, el Juez solicito las medidas que eran pertinentes para garantizar la real protección a Luis Alberto Cabeza Espinel, lo que debió hace la contraparte desde un inicio sin ningún tipo de proceso judicial.	Policía Nacional, Programa de Protección del Ministerio del Interior y de Justicia y el Departamento Administrativo de Seguridad.	Sí, se puede establecer que Luis Alberto Cabeza Espinel conoce la acción de tutela y todas sus instancias como herramienta para hacer valer sus derechos pues la llevo hasta revisión constitucional.
Colombia	Colombia/ Barrancas, La Guajira.	Mary Luz Uriana Ipuana y Yasmina Uriana	Sí.	Resguardo Indígena Provincial	integrantes del Resguardo Indígena	Atmosfera, suelo, recurso hídricos, flora	Mary Luz Uriana Ipuana y Yasmina Uriana son integrantes del Resguardo Indígena Wayúu Provincial, que se encuentra ubicado en el municipio de Barrancas, La Guajira, consideraban que sus derechos fundamentales a la vida, a la integridad personal, a la salud, al ambiente sano y a la intimidad de los habitantes de su comunidad, debido a la explotación de minera a cielo abierto que se realizaba por parte de la empresa Carbones del Cerrejón Limited cerca de su resguardo. Pues “indican que a lo largo de la cuenca del río Ranchería han habitado históricamente asentamientos Wayúu y que el 20 de septiembre de 1988 se reconoció legalmente su resguardo Provincial, hoy conformado por 679 personas” (Corte Constitucional, 2019, párr.1.2). A pesar de ello la empresa minera antes mencionada “desde hace décadas utiliza un mecanismo de extracción a cielo abierto mediante voladura con explosivos en un área que abarca 38.000 hectáreas, durante las 24 horas de los 7 días de la semana y genera emisiones permanentes de material particulado, ruidos constantes y olores prolongados que afectan la salud de su comunidad” Corte Constitucional, 2019, párr.1.3). Cabe recalcar que estos botaderos se encuentran aproximadamente a dos kilómetros del resguardo indígena, lo que genera que la explosiones generen temblores en las viviendas del resguardo, dispersión de polvos que afectan no solo a las viviendas sino también a las plantas ya animales, adicionalmente las secuelas del carbón quemado generan constantes incendios. Todo lo relatado anteriormente ha generado consecuencias adversas en la salud de la comunidad, el estado de la biodiversidad y la madre tierra. Ahora bien, la comunidad también se ha visto afectada porque se le está imposibilitando el acceso al agua debido a que en efecto hay agua, pero está contaminada, lo que además de quitarles el acceso para el uso humano, ha generado la improductividad de la tierra. Además, al acudir a la empresa minera culpan a los indígenas por estar cocinando con lecha que por eso se encuentra el polvillo negro en su comunidad y por esto se está viendo afectada la salud de la comunidad.	Se puede observar que como prima instancia la comunidad intento hablar con la empresa minera y esta se aprovechaba del “desconocimiento” que podía tener la comunidad frente a diversos temas, entonces los culpan a ellos de la situación que estaban viviendo, les indicaban que la contaminación se debía a las malas prácticas que ellos estaban teniendo al cocinar con leña. Negaban su culpabilidad en las consecuencias adversas que estaba negando la comunidad, y tuvo que pasar muchos años para lograr la protección de sus derechos fundamentales, debido a que nunca se hizo una inspección sobre las labores que estaba realizando la empresa, ni como estaba afectando a la comunidad.	Las señoras Mary Luz Uriana Ipuana y Yasmina Uriana en primera instancia hablaron con la empresa minera, interpusieron varias quejas pero como nunca obtuvieron una respuesta satisfactoria decidieron en segunda medida interponer acción de tutela quienes eran integrantes del Resguardo Indígena Provincial interpusieron una acción de tutela en contra de “la empresa Carbones del Cerrejón Limited, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Ministerio de Salud y Protección Social, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), la Agencia Nacional de Minería y la Corporación Autónoma Regional de La Guajira (Corpoguajira)” (Corte Constitucional, 2019, párr. I). Con el fin de conseguir la protección a sus derechos fundamentales a la vida, a la integridad personal, a la salud, al ambiente sano y a la intimidad de los habitantes de su comunidad. En esta se tutelaron los derechos de la comunidad y se ordenaron varias medidas que favorecían a la comunidad.	Estudiar la afectación que están padeciendo para tener una mejor argumentación y argumentos más sólidos, buscar información, casos similares y que ha hecho ante estos la corte constitucional, también es recomendable acudir a estudios en los que se demuestre las consecuencias que pueden producir en caso de que no cese la vulneración que están padeciendo.	No, han sido judicializadas por su contraparte, ya que en el desarrollo de la tutela se demostro las consecuencias que esta generanod el mal actuar de la empresa mienra, auqnue traten de negarlo.	En este caso no se evidencia colaboración de alguna entidad, no obstante, si se basaron en varios estudios realizados por algunas instituciones educativas de nivel superior para reforzar su argumentación como lo fueron los estudios demorados “Evaluación y caracterización de mezclas complejas generadas en una mina de carbón a cielo abierto y sus efectos biológicos en linfocitos humanos polimórficos realizado en su comunidad por la Universidad del Sinú (Colombia) y la Universidad Federal de Rio Grande du Soul (Brasil), con el apoyo de Colciencias y la Corporación Autónoma Regional de La Guajira” (Corte Constitucional, 2019, párr. 1.5) y el otro estudio es “de las Universidad Nacional, de los Andes y Externado de Colombia que explican las consecuencias ambientales que genera la explotación de carbón a cielo abierto” (Corte Constitucional, 2019, párr. 1.8).	No ejercen activamente esta actividad, sino que al verse afectadas por vivir en una comunidad donde esta tan cerca trabajando una empresa minera, se vieron en la obligación de defender sus derechos a la vida, a la integridad personal, a la salud, al ambiente sano y a la intimidad de los habitantes de su comunidad, puesto que interpusieron varias quejas ante la empresa minera, intentaron en varias ocasiones en resolver esto directamente con ella, peor al ver que no era posible interpusieron una acción de tutela la cual llevaron hasta la revisión de la corte constitucional para lograr el amparo de sus derechos fundamentales.
Colombia	Colombia/ Macroterritorio indígena del Yurupari, amazonas y guainúa	La Asociación de Capitanes Indígenas del Mirití (ACIMA), Asociación de Capitanes Indígenas de Yaigojé Apaporis – V. (ACIYA), Asociación de Comunidades Indígenas de Yaigojé Apaporis – V. (ACIYAVA), Asociación de Capitanes Indígenas del Río Pirá Paraná (ACAIPI) y la Asociación de Autoridades Indígenas de la zona del Río T. (AATIZOT).	Si	a Asociación de Capitanes Indígenas del Mirití (ACIMA), Asociación de Capitanes Indígenas de Yaigojé Apaporis – V. (ACIYA), Asociación de Comunidades Indígenas de Yaigojé Apaporis – V. (ACIYAVA), Asociación de Capitanes Indígenas del Río Pirá Paraná (ACAIPI) y la Asociación de Autoridades Indígenas de la zona del Río T. (AATIZOT).	En este caso no se indicó que cargo tenían las personas de las asociaciones que se encargaron de llevar de impulsar los procesos mencionados a continuación.	Atmosfera, suelo, recurso hídricos,.	La Asociación de Capitanes Indígenas del Mirití (ACIMA), Asociación de Capitanes Indígenas de Yaigojé Apaporis – V. (ACIYA), Asociación de Comunidades Indígenas de Yaigojé Apaporis – V. (ACIYAVA), Asociación de Capitanes Indígenas del Río Pirá Paraná (ACAIPI) y la Asociación de Autoridades Indígenas de la zona del Río T. (AATIZOT) considera que han sido vulnerados sus derechos fundamentales al agua, a la salud, a la soberanía alimentaria de los pueblos, al derecho de mujeres indígenas, Al territorio y o la supervivencia física y cultural, con conexidad con la integridad étnica, cultural y social. Puesto que ha sido negligentes las actuaciones y omisiones de: la Presidencia de la República, Ministerios de Ambiente y Desarrollo Sostenible Minas y Energías, Salud y Protección Social, Interior, Cultura, Transporte, Comercio, Industria y Turismo, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional, Agricultura, Hacienda y Crédito Público, Fiscalía General de la Nación, Ejército Nacional, Policía Nacional, Armada Nacional, Fuerza Aérea Nacional Unidad Nacional de Minería, Agencia Nacional de Tierras, Corpoamazonía, Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y Oriente Amazónico, Gobernaciones de Amazonas, C., V. y Guanía, frente a la minería ilegal que se está presentando en sus comunidades. En primer lugar, su cultura se basa en que el oro y los diversos minerales que senpueden encontrar bajo la tierra no pueden ser explotados debido a la importancia cultural que tiene para ellos y por razones ecológicas, no obstante, se ha vuelto muy común que se encuentre minería ilegal lo que ha causado un deterior en la madre tierra y un cambio negativo en las relaciones bioculturales del territorio. A pesar de que reconocen que el Estado no reconoce aún quienes son los que están realizando esta minería ilegal, afirman que el Estado está incumpliendo con sus obligaciones al no hacer nada por evitar estas situaciones y con este actuar están desconociendo el compromiso que tienen de garantizar una nación multicultural, ya que con este actuar lo único que se está buscando es la exterminación de estas comunidades indígenas. Puesto que con esta explotación minera “no solo ha afectado sus territorios sino su salud y su cuerpo dado el mal manejo del mercurio, ya que dicha sustancia se vierte sobre los lechos de los ríos C. y Apaporis, sin tener en cuenta que su principal fuente de alimentación es el pescado” (Vlex, 2020, párr. 1.12). Pese a que acudieron a varias entidades que para lograr cesar la vulneración a sus derechos no obtuvieron una respuesta satisfactoria, acudieron a la Unidad de Parques Nacionales Naturales y su respuesta fue “negligente e insuficiente, no solo para detener de manera efectiva estas actividades irregulares, sino para prevenir y contrarrestar los impactos que la extracción ilícita de minería ha generado sobre los territorios y comunidades indígenas de las asociaciones demandantes” (Vlex, 2020, párr. 1.14): De la misma manera la “Defensorio del Pueblo la defensora delegada de los derechos colectivos y del medio ambiente, los Ministros del Interior, de Relaciones Exteriores y de Medio Ambiente, y el director de Corpoamazonía, para poner en conocimiento la minería ilegal y su consecuente erradicación” (Vlex, 2020, párr. 1.15), sin embargo no se erradico la minería; El “Ministerios de Minas y de Defensa, las Fuerzas Militares y la Policía Nacional ejercieron acciones en pro de la eliminación de la minería ilegal en ese sector; Sin (sic) embargo, no lograron los resultados deseados y los exculpó bajo el argumento de que eran territorios de conflicto armados o de zonas rojas, y que los departamentos de Amazonas, Guainía y los municipios de L., Puerto Carreño[,] Inírida, C. y S. no cumplieron con sus deberes de vigilancia y control, lo cual los convertía en directos responsables de la presencia de minería ilegal en la región” (Vlex, 2020, párr. 1.17); interpusieron una acción penal en la cual la Fuerza Aérea Colombiana y la Fiscalía General de la Nación e indicaron que tenían conocimiento de que “en Araracuara operaban ilícitamente 62 dragas y tenían identificada la magnitud de los daños y las cifras de oro ilícitamente extraído y comercializado, de lo cual era claro que el aparato judicial y el Estado tenían conocimiento de que en esa actividad participaban actores privados con la "complacencia" de miembros de la fuerza pública. Sin embargo, a la fecha -no señalaron cual (sic)- esas investigaciones penales no han dado resultados contundentes” (Vlex, 2020, párr. 1.19). Adicionalmente, estas organizaciones indígenas indican que “las acciones urgentes para enfrentar la vulneración de derechos fundamentales de los pueblos indígenas también obliga al P. de la República, el cual suscribió el "Pacto de L. por la Amazonia", con el cual se comprometió entre otras actividades a "Concretar Iniciativas de restauración, rehabilitación y reforestación acelerada en las zonas degradadas por incendios forestales y actividades ilegales incluyendo la extracción ilegal de minerales con miras a la mitigación de impacto, y recuperación de especies y funcionalidad de ecosistemas" (Vlex, 2020, párr. 1.24)	Pese a que tienen el conocimiento de que herramientas tienen para reclamar la protección al medio ambiente y a su comunidad y las han usado todas con el fin de evitar consecuencias mayores y con el fin de advertirle al Estado la intensidad con la que se estaba desarrollando la minería ilegal en su territorio y los efectos adversos que estaba generando, hubo una falta de acción por parte del mismo, adicionalmente se le comunico a todas las entidades que tienen competencia para hacer algo al respecto y hubo una falta de acción y coordinación por parte de las mimas. Por lo que se evidencia que las comunidades indígenas han hecho todo lo posible para erradicar la minería ilegal y el Estado no le ha dado el apoyo suficiente para lograr con este objetivo que es de interés general y de todos los colombianos.	La Asociación de Capitanes Indígenas del Mirití (ACIMA), Asociación de Capitanes Indígenas de Yaigojé Apaporis – V. (ACIYA), Asociación de Comunidades Indígenas de Yaigojé Apaporis – V. (ACIYAVA), Asociación de Capitanes Indígenas del Río Pirá Paraná (ACAIPI) y la Asociación de Autoridades Indígenas de la zona del Río T. (AATIZOT), han buscado apoyo ante Unidad de Parques Nacionales Naturales, realizaron una “acción popular, contra el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Parques Nacionales de Colombia y Corpoamazonía, y otras instituciones, respecto de la cual el Juzgado Administrativo de L. en el 2007 profirió decisión en el sentido de declarar que la minería presentada en el Amazonas era ilegal” (Vlex, 2020, párr. 1.16), adelantaron un "proceso penal ante el Juzgado Primero Penal Municipal de Garantías de L., por los delitos de explotación ilícita de oro, daños ambientales y contaminación, además la Policía Nacional efectuó labores que establecieron la base ambiental sobre el rio C., los daños sobre el recurso hídrico, el suelo, la flora y fauna, como también la magnitud de la tragedia del uso del mercurio” (Vlex, 2020, párr. 1.18); en el 2016 “las asociaciones indígenas "AATI, ACIMA, AIPEA, ACIYA y ACIYAVA" en alianza con la Unidad de Restitución de Tierras, presentaron una demanda con el fin de buscar protección legal del territorio ancestral el cual estaba siendo afectado por actividades de minería ilegal promovida por actores armados” (Vlex, 2020, párr. 1.20) en el cual el juzgado ordeno una medida cautelar ordenando la protección del territorio ancestral y ordeno Unidad Nacional de Protección, a la Fiscalía General de la Nación y a Corpoamazonía ordenar la suspensión de licencias ambientales, investigar y sancionar toda la explotación ilícita del sector. Al no tener una respuesta que realmente garantizara los derechos y evitara que se siguierea causando el precioso decidieron interponer una acción de tutela en contra de e la Presidencia de la República, Ministerios de Ambiente y Desarrollo Sostenible Minas y Energías, Salud y Protección Social, Interior, Cultura, Transporte, Comercio, Industria y Turismo, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional, Agricultura, Hacienda y Crédito Público, Fiscalía General de la Nación, Ejército Nacional, Policía Nacional, Armada Nacional, Fuerza Aérea Nacional Unidad Nacional de Minería, Agencia Nacional de Tierras, Corpoamazonía, Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y Oriente Amazónico, Gobernaciones de Amazonas, C., V. y Guanía, por la presunta vulneración de los derechos a la integridad étnica, al territorio, a la vida, a la salud, a la cultura, al agua, entre otros.	Se puede destacar que es bueno acudir a más personas que esten sufirendo la misma afectación o a personas que tal vez tengan conocimiento judicial sobre qué hacer en estos casos, porque estas asociaciones indígenas acudieron a muchas entidades y buscaron alguna respuesta a la vulneración de sus derechos ante todas las entidades y personas que están involucrada directa o indirectamente, por lo que se evidencia que agotaron todas las instancias posibles y existentes. Gracias a que se apoyaron entre las mismas asociaciones y no interpusieron acciones por aparte, además al unirse se pueden complementar los conocimientos que tienen y de esta manera se les facilita una respuesta satisfactoria en el proceso judicial.	Hasta el momento no se registra que la contraparte haya interpuesto acciones judiciales en contra de la Asociación de Capitanes Indígenas del Mirití (ACIMA), Asociación de Capitanes Indígenas de Yaigojé Apaporis – V. (ACIYA), Asociación de Comunidades Indígenas de Yaigojé Apaporis – V. (ACIYAVA), Asociación de Capitanes Indígenas del Río Pirá Paraná (ACAIPI) y la Asociación de Autoridades Indígenas de la zona del Río T. (AATIZOT).	La Asociación de Capitanes Indígenas del Mirití (ACIMA), Asociación de Capitanes Indígenas de Yaigojé Apaporis – V. (ACIYA), Asociación de Comunidades Indígenas de Yaigojé Apaporis – V. (ACIYAVA), Asociación de Capitanes Indígenas del Río Pirá Paraná (ACAIPI) y la Asociación de Autoridades Indígenas de la zona del Río T. (AATIZOT).	En el caso analizado se puede observar que al unirse tantas asociaciones tienen diversos conocimientos y tienen claros cuáles son sus derechos constitucionales como lo son el derecho a la integridad étnica, al territorio, a la vida, a la salud, a la cultura, al agua, entre otros. Y de que manera defenderlos pues acudieron a acciones penales y constitucionales. Adicionalmente al interponer la acción de tutela la dirigieron en contra de todos lo implicados en el proceso que no han garantizado sus derechos fundamentales.
Colombia	Popayán	"Luis" para proteger la identidad del solicitante de medidas de protección, mantiene en reserva el nombre del accionante.	No se puede saber porque por seguridad se mantiene en reserva el nombre del accionante	No se puede saber porque por seguridad se mantiene en reserva la información personal del señor Luis.	Líder indígena y defensor de los derechos humanos	Recursos hídricos	Por seguridad no se revelo el nombre real del accionante de la tutela. Pueseto que todas “las personas protegidas por el Estado tienen derecho a que su identidad, sus niveles de riesgo y el tipo de protección suministrada permanezcan en reserva con el fin de garantizar su integridad personal” (Corte Constitucional, 2018, párr. I). Por todo lo anterior lo denominaron “Luis”, quien interpuso una acción de tue contra la Unidad Nacional de Protección con el fin de tutelar sus derechos fundamentales a la vida, la integridad personal, debido a que estaba siendo desplazado forzosamente y estaba recibiendo amenazas por ser un líder indígena y defensor de los derechos humanos, por lo cual la Unidad Nacional de Protección le asigno un vehículo y dos hombres de seguridad con enfoque diferencial y/o de confianza. Pero en el 2017 se decidió modificar el esquema de seguridad y quitarle el vehículo y uno de los hombres de seguridad, por ende, se le dejo u hombre de seguridad y un chaleco antibalas. Después de que se modificaron las medidas el señor Luis denuncio que fue víctima de amenazas y hostigamientos en el lugar de residencia por dos sujetos hecho que puso en conocimiento de las autoridades, Luis “precisó que estas amenazas se desarrollan en un contexto adverso que ha enfrentado su pueblo indígena por causa de organizaciones armadas no estatales” (Corte Constitucional, 2018, párr. I.4). En septiembre de 2017, Luis fue víctima de un atentado en su lugar de residencia en horas de la noche, se acercó una moto y le disparo, por todo lo anterior el señor Luis se ha sentido atemorizado y que su vida está en un constante riesgo, como consecuencia de la reducción de su esquema de seguridad.	El líder afirma que a pesar de que tiene la necesidad de luchar por los derechos de su comunidad y su territorio se la ha imposibilitado ejercer con libertad y sin temores su oficio, teniendo en cuenta que debe estar desplazándose constantemente en su territorio en donde afirma que n hay presencia del Estado para que se sienta seguro, el esquema de seguridad bridando no es suficiente y cada día recibe más amenazas con el objetivo de que el deje sus labores de liderazgo.	Interpuso una acción de tue contra la Unidad Nacional de Protección con el fin de tutelar sus derechos fundamentales a la vida, la integridad personal, en la cual se le solicitó a la accionada la prórroga de las medidas de protección conforme a la resolución del 2017 ya que las amenazas persistían y su vida estaba cada vez más en riesgo. Esta acción de tutela se resolvió a su favor y se dictaron nuevas medidas de seguridad para proteger la vida de este líder.	Algo que se puede destacar de este caso es la solicitud que hizo el señor Luis para que se tuviera en confidencialidad su nombre y su residencia para que sus agresores no tuvieran más información al respecto, de esta manera considero que se pueden evitar futuras amenazas.	No se puede saber porque por seguridad se mantiene en reserva el nombre del accionante y solo se tiene conocimiento hasta lo que paso en el desarrollo del fallo de tutela T-349 de 2018.	En la sentencia se afirma que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos decreto unas medias cautelares, pero no se menciona más información al respecto.	Se podría considerar que conocía su derecho a la tutela consagrado en la Constitución Política de Colombia para reclamar el derecho a la vida y a la seguridad personal.
Colombia	Colombia/ Tierralta, Córdoba	Eldarico Lana Domico Vladimi, Kheythzmang Rubiano Domico y Aurelio Jarupia Domico, Nokos Mayores, autoridades y representantes legales del Cabildo Mayor del Río Sinú y Río Verde	Si	Comunidad Embera Katío del Alto Sinú del Municipio de Tierralta Córdoba	representantes legales del Cabildo Mayor del Río Sinú y Río Verde	Recursos hídricos	Eldarico Lana Domico Vladimi, Kheythzmang Rubiano Domico y Aurelio Jarupia Domico, Nokos Mayores, autoridades y representantes legales del Cabildo Mayor del Río Sinú y Río Verde, afirman que la empresa Urrá S. A. E. S. P. ha vulnerado sus derechos debido a que, esta empresa está a cargo el proyecto hidroeléctrico Urrá I, la cual recibió licencia ambiental para primera fase del proyecto en abril de 1993, sin embargo, no se le hizo consulta previa a la comunidad, por lo que se desarrollaron constricciones de obras para lograr la desviación del río Sinú. En el momento que se solicitó la ampliación de la licencia ambiental para la segunda fase del desarrollo del proyecto el Ministerio del Medio Ambiente decidió rechazarla porque considero que no había cumplido con varios de los requisitos establecidos entre ellos la consulta previa en mención. Sin embargo, ya se habían generado varios daños ambientales generados sobre el territorio sagrado del pueblo Embera Katío del Alto Sinú. Por lo cual interpusieron una acción de tutela, la cual se falló a su favor, pero la empresa minera estaba poniendo muchas barreras para cumplir con este fallo con el fin de no indeminizar a toda la población.	Tal vez el obstáculo que han tenido estos lideres es la falta de compromiso que tiene la empresa minera con la comunidad y que a pesar de que existen fallos en su contra el Estado no ha hecho nada por garantizar que se cumplan los mismos, ni ha revisado si efectivamente la empresa minera ha cumplido con sus obligaciones, lo cual hace que la comunidad sea más vulnrable ante la empresa minera.	Interpusieron acción de tutela ya que consideraban que se les estaban vulnerando sus derechos fundamentales a la supervivencia, a la integridad étnica, cultural, social y económica, a la participación y al debido proceso la cual fue fallada por la Corte Constitucional en Sentencia T-652 de 1998, la cual ordeno la indemnización del pueblo indígena, sin embargo, este fallo no se cumplió a cabalidad por estaban buscando excusas para no indemnizar a toda la comunidad, por ende volvieron a interponer otra acción de tutela.	La práctica que se puede resaltar en ese caso es la diligencia y la prontitud con la que interpusiseron las acciones judiciales.	En el presente caso no se observa que los líderes hayan sido judicializados por la empresa minera.	Autoridades y representantes legales del Cabildo Mayor del Río Sinú y Río Verde.	Aunque los líderes hicieron todo lo posible porque se les garantizara sus derechos, considero que no conocían todas las herramientas para hacer valer sus derechos debido a que cuando la empresa minera ya tenía un fallo de tutela en su contra debía cumplirlo y de no ser así podían interponer un incidente de desacato, no óbstate no lo hicieron, sino que por el contrario interpusieron otra acción de tutela.
Colombia	Colombia/ San Juan del Cesar, La Guajira	Saúl David Carrillo Urariyu y Francisco Barreto	No	Organización indígena “Aciwasug” y acompañamiento a la reincorporación de desmovilizados.	Líderes Sociales	suelo	Saúl David Carrillo Urariyu es líder social de las comunidades indígenas del Caribe y Francisco Barreto realiza un acompañamiento a la reincorporación de desmovilizados, ambos consideraban que se esta entidad estaba tomando decisiones en las cuales estaba desconociendo “su verdadera situación de riesgo y amenaza sus derechos fundamentales a la vida, a la integridad y a la seguridad” (Corte Constitucional, 2020, párr. I). Saúl David Carrillo Urariyu es líder en la organización indígena “Aciwasug” y tiene la función de delegado a la Mesa Permanente de Concertación, en donde defiende los derechos las comunidades étnicas. Es por ello que en varias ocasiones ha sido amenazado y perseguido por lo que considera que su vida y la de su familia se ha encontrado en peligro, por lo cual no se siente tranquilo en ningún lugar pues teme que le hagan algo. Por lo anterior en el 2014 decidió acudir a la Unidad Nacional de Protección y los análisis de riesgo que le hicieron decidieron que tenía un riesgo de tipo extraordinario y le asignaron un esquema de seguridad en el cual le brindaban un vehículo blindado, dos escoltas con enfoque diferencial y/o de confianza, un medio de comunicación y un chaleco antibalas. No obstante, en el 2019 se disminuyó el nivel de riesgo y la Unidad aseguro que el líder no ha sido víctima de amenazas en el último año, por ello le quitaron el vehículo blindado y un hombre de protección. Ahora bien, Francisco Barreto “es sobreviviente de la Unión Patriótica y militante del Partido Comunista Colombiano. Además, asegura hacer parte de la Central Nacional Provivienda y promotor de la Cooperativa de excombatientes de las FARC-EP, entre otras posiciones de liderazgo político y social. Considera que por su labor ha sido blanco de “las fuerzas oscuras de este país” que han buscado atentar en su contra” (Corte Constitucional, 2020, párr. 2.8), por lo cual acudió en el 2015 a la Unidad Nacional de Protección, en donde le arrojó un resultado de riego extraordinario y como esquema de seguridad le asignaron un vehículo blindado, dos hombres de protección, un medio de comunicación y un chaleco blindado. Pero en el 2017 a realizar otro nivel de riesgo, arrojo unos resultados menores, sin embargo, la Unidad Nacional de Protección mantuvo el mismo esquema. En el año 2019 se le volvió hacer un nuevo examen para determinar el nivel de riesgo donde se identificó que el nivel había bajado a riesgo ordinario por lo que la unidad decidió “realizar el desmonte gradual de su esquema, finalizando de manera inmediata con el vehículo blindado y el hombre de protección asignado. Se dispuso a conservar, por un término de tres meses, un hombre de protección. Asimismo, ratificó un medio de comunicación, un chaleco blindado y un apoyo de transporte en cuantía de tres salarios mínimos mensuales vigentes, con una vigencia de nueve meses” (Corte Constitucional, 2020, párr. 2.10). Pero el señor Francisco Barreto afirma que la Unidad de Protección no tuvo en cuenta los riesgos que está viviendo.	El obstáculo que presentan los dos líderes en común es el difícil acceso a la seguridad, pues se puede observar que aunque demostraron las amenazas los juzgados de primera y según instancia les negaban la tutela de sus derechos. Por lo que no podían ejercer sus cargos con normalidad y tranquilidad.	Acudieron a la Unidad Nacional de Protección para que les garantizara un esquema de seguridad y al sentir que esta entidad estaba vulnerando sus derechos y poniendo en peligro su vida y la de su familia, puesto que en cualquier momento podían ser asesinados, ambos acudieron a la acción de tutela. el señor Carrillo afirmo que cuando se disminuyó el esquema de seguridad aumentaron las amenazas por personas armadas y encapuchadas por lo que solicito que se identifique de manera real el riesgo que vive, en dicha tutela adjunto todas las pruebas documentales que tenia de las amenazas. “En primera instancia, el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Hatonuevo (La Guajira), mediante providencia del 9 de mayo de 2019, resolvió conceder el amparo puesto que una disminución aproximada del 2% “no supone que hayan desaparecido las variables de riesgo, peligro y/o amenazas en contra de la vida, la humanidad la seguridad personal del hoy accionante.”[10] Ordenó a la UNP mantener el esquema del cual venía gozando, “hasta tanto se realice un nuevo estudio de riesgo teniendo en cuenta todas las circunstancias de inseguridad denunciadas”. No obstante, en segunda instancia, el Juzgado Promiscuo de Familia de San Juan del Cesar (La Guajira) revocó la decisión. Para el ad quem, la valoración efectuada por la UNP fue razonable y respondió a criterios técnicos. Además, de presentarse hechos sobrevinientes, el accionante podría solicitar una nueva valoración del riesgo” (Corte Constitucional, 2020, párr. 1.7). En el caso del señor Barreto, solicito mantener el esquema de seguridad y que se tenga en cuenta el nivel de riesgo real. “En primera instancia, el Juzgado Primero Laboral de Neiva (Huila) tuteló el derecho a la vida, la integridad personal y la libertad de locomoción del accionante. Ordenó a la UNP: (i) reestablecer el esquema de protección que tenía inicialmente, e (ii) iniciar el trámite de investigación sobre la situación real de seguridad del tutelante, atendiendo la denuncia penal que formuló y las amenazas que viene recibiendo, para así establecer el esquema que requiere para la protección de su vida e integridad. Sin embargo, el Tribunal Superior de Neiva -Sala Cuarta de Decisión- revocó la decisión. Consideró que la UNP era el órgano técnico competente para valorar la situación de peligro en que se encuentra una persona, así como las medidas idóneas. (Corte Constitucional, 2020, párr. 2.14).	De este caso se puede destacar que siempre intentaban tener pruebas de todas las amenazas que sufrían e intentaban que sus escoltas dejaran constancia de todos los hechos por escritos y que se los enviaran a la Unidad Nacional de Protección con copia a ellos para tener prueba. Así pudieron demostrar que dicha entidad n o estaba teniendo en cuenta el verdadero nivel de riesgo que ellos padecían. También fue relevante que interpusieron la acción de tutela apenas les querían disminuir su esquema de seguridad.	No estos líderes no han sido judicializados por la Unidad Nacional de Protección todo se resolvió con la acción de tutela.	En el caso en concreto no se mencionan ninguna entidad que los allá ayudado a en sus labores.	Considero que estos líderes conocen las herramientas para hacer valer sus derechos a la vida y a la seguridad personal. Por ello solicitaron su protección ante la Unidad Nacional de Protección y luego acudieron a la acción de tutela que llevaron hasta última instancia.
Colombia	Colombia/Páez, Cauca	Naryiby Yineth Julián, María Angélica Usnas, María Venecia Ipia Volveras, José Alirio Acue Menza, Luis Esneir Ponton Tenorio	Si	Comunidad indígena Nasa Pickwe Tha Fiw	Autoridades Ancestrales de la comunidad indígena Nasa Pickwe Tha Fiw	Recursos hídricos	Naryiby Yineth Julián, María Angélica Usnas, María Venecia Ipia Volveras, José Alirio Acue Menza, Luis Esneir Ponton Tenorio, son autoridades Ancestrales de la comunidad indígena Nasa Pickwe Tha Fiw y afirman que esta se reconoció la existencia del Resguardo Indígena mediante Resolución 012 del 22 de julio de 2003, adicionalmente se reconoció a esta comunidad como víctima colectiva del conflicto armado en el Registro Único de Víctimas mediante Resolución 2015-181437 del 24 de agosto de 2015. Sin embargo, afirman que han sido víctimas de amenazas y hostigamientos frecuentemente por parte de grupos armados, las amenazas se hecho vía telefónica contra los líderes del resguardo, hombres armados han entrado a sus comunidades, de igual manera varios hombres armados han rodeado la comunidad, han entrado a la casa de los líderes y les solicitan que guarden su armamento bajo amenaza, los han extorsionado y han hecho retenes ilegales en los cuales preguntan por los líderes indígenas del resguardo, estos sucesos los han puesto en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación.	En el presente caso se puede evidenciar que la mayor problemática es la dificultad para acceder a la protección de los líderes indígenas, pues, aunque había varias entidades solicitándole a la Unidad Nacional de Protección que se debían tomar medidas de manera urgente, dicha entidad se negaba porque decía que no había pruebas suficientes para otorgar un esquema de seguridad, poniendo en peligro a toda la comunidad. Además, se puede evidenciar que con las omisiones de la Unidad Nacional la comunidad se enfrenta a una revictimización.	Acudieron a la Organización Nacional Indígena de Colombia para que los ayudara y esta presento una acción urgente dirigida al Estado colombiano y las organizaciones garantes de los derechos humanos. Adicionalmente, denunciaron todo en la Fiscalía General de la Nación por lo que est solicitó a la Unidad Nacional de Protección tomar medidas colectivas de emergencia ante las amenazas que estaba vivián do esta comunidad. También acudieron a la Unidad Nacional de Protección soliictando medidas de emergencia colectiva. La Defensoría del Pueblo le reitero a la Unidad Nacional de Protección la necesidad de tomar medidas urgentes y emitió la alerta Temprana No. 029-2020”. Y el Consejo Regional Indígena del Cauca también les ayudo a iniciar el proceso en la Unidad de Protección. Aunque todas entidades presionaron para que la Unidad Nacional no tuvieron respuesta satisfactoria por lo que decidieron acudir a una acción de tutela para que garantizaran sus derechos fundamentales a la vida, integridad, seguridad, enfoque diferencial y al debido proceso la cual tutelo sus derechos fundamentales.	De este caso se puede resaltar la persistencia que tuvo la comunidad y el apoyo que le brindaron otras entidades a la comunidad, gracias a que denunciaron todas las amenazas con las pruebas suficientes. Además, le solicitaron el esquema de seguridad a la entidad competente, y les demostró a las demás entidades que la encargada de brindarle la seguridad estaba siendo negligente.	No estos líderes no han sido judicializados por la Unidad Nacional de Protección todo se resolvió con la acción de tutela.	Organización Nacional Indígena de Colombia “presentó una solicitud de Acción urgente al Estado y las organizaciones garantes de los derechos humanos para proteger y salvaguardar la integridad de la comunidad Pickwe Tha Fiw” (Corte Constitucional, 2021, párr. 1.3) y “la Fiscalía General de la Nación solicitó a la Unidad Nacional de Protección (en adelante UNP) adoptar medidas colectivas de emergencia ante la presencia de las Águilas Negras en la zona” (Corte Constitucional, 2021, párr. 1.3).	Se puede observar que esta comunidad tiene el conocimiento para acudir a las entidades que le pueden ayudar pues acudió a la Fiscalía General de la Nación, a la Organización Nacional Indígena de Colombia, a la Unidad Nacional de Protección, hasta interponer una acción de tutela y llevarla a revisión constitucional por lo que se observa que agoto todos las instancias posibles.
Colombia	Colombia/ Chocó	Centro de Estudios para la Justicia Social “Tierra Digna”.	Si	En representación del Consejo Comunitario Mayor de la Organización Popular Campesina del Alto Atrato (Cocomopoca), el Consejo Comunitario Mayor de la Asociación Campesina Integral del Atrato (Cocomacia), la Asociación de Consejos Comunitarios del Bajo Atrato (Asocoba), el Foro Inter-étnico Solidaridad Chocó (FISCH)	Organización en pro del ambiente y los derechos humanos	Recursos hídricos	Centro de Estudios para la Justicia Social “Tierra Digna”, afirma que es necesario detener la extracción de minería en el río Atrato debido a que se está realizando de manera intensiva y a gran escala mediante diversos métodos de extracción, lo que ha conllevado a que se realice una explotación forestal ilegale, usanod sustancias toxicas en el río, en sus cuentas, ciénagas, humedales y afluentes, por lo que se han venido contaminado y generando consecuencias adeversas al medio abmiente. Afectando de esta manera los derechos fundamentales de las comunidades allí asentadas al modificar el qeuilibrio natural del territorio que habitan. Por lo anterior, no solo se ha afectado el rio Atrato, sino que se ha afectado su desembocadura en el golfo de Urabá, el río Quito, el río Andágueda, el río Bebará y el río Bebaramá “a través del uso de maquinaria pesada como dragas de succión -también llamadas por los locales “dragones”-, elevadores hidráulicos y retroexcavadoras, que a su paso destruyen el cauce del río y realizan vertimientos indiscriminados de mercurio y otras sustancias e insumos requeridos para el desarrollo de estas actividades en el Atrato y sus afluentes, además de la dispersión de vapores que arroja el tratamiento del mencionado químico en los entables mineros” (Corte Constitucional, 2016, párr. 2.2.2). Además, la entidad afirmo que en el rí Atrato ocurrió “los más graves es el vertimiento de mercurio, cianuro y otras sustancias químicas tóxicas relacionadas con la minería, lo que representa un alto riesgo para la vida y la salud de las comunidades toda vez que el agua del río es utilizada para el consumo directo, es la fuente principal para la agricultura, la pesca y para las actividades cotidianas de las comunidades. En consecuencia, considera que la contaminación del río Atrato está atentando contra la supervivencia de la población, los peces y el desarrollo de la agricultura que son elementos indispensables y esenciales de alimento en la región, que es el lugar en donde las comunidades han construido su territorio, su vida y recrean su cultura” (Corte Constitucional, 2016, párr. 2.2.4).	Afirman que “resulta altamente preocupante que las instituciones estatales competentes, entre ellas la Presidencia de la República y los Ministerios de Salud, Ambiente, Minas, Agricultura, Vivienda, Educación, Defensa, el Instituto Nacional de Salud y los departamentos de Chocó y Antioquia, entre otros, no hayan realizado acciones integrales para enfrentar y dar solución a esta grave situación que amenaza la calidad de las aguas del río Atrato, sus principales afluentes, la existencia de sus bosques y de su población” (Corte Constitucional, 2016, párr. 2.2.6). Por lo que se observa que lo más dificil para que la etnidad pueda ayudar a la comundad y realizar diligente sus activiadades, es la falta de apoyo que tiene por parte del Estado.	El Centro de Estudios para la Justicia Social “Tierra Digna”	Del aso en concreto se destaca que acudieron al El Centro de Estudios para la Justicia Social “Tierra Digna”, puesto que es una entidad que tiene todo el conocimeinto y toda la disposición de ayudar a las comunidades que se encuentran afectadas y no han logrado ser escuchadas. Además, le brindan a las comundiades la asesoria jurídica necesaria para poder defender sus derechos.	No esta entidad no ha sido judicializada por parte de la Presidencia de la República, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.	El Centro de Estudios para la Justicia Social “Tierra Digna”.	La entidad que esta representando a la comundad tiene el conocimiento de las herramientas que se tienen para la defensa juridica del medio ambietne y las comunidades, debdio a que es una organización en pro del ambiente y los derechos humanos que se dedica a estos labores desde el 2010. Su objetivo es velar por el bienestar del territorio la vida, la espiritualidad ancestral de las comunidad. Se encargan de defender las comunidades afrodescendientes, campesinas e indígenas en varias regiones de Colombia.
Colombia	Colombia/ La Guajira	Gonzalo Sánchez Bonivento y Rosa Matilde Epiayu	Si	Comunidad de Arroyo Guerrero y Comunidad de Santa Rosa	Autoridad tradicional	Suelo	Gonzalo Sánchez Bonivento es considerado una autoridad tradicional de la y Comunidad de Arroyo Guerrero y Rosa Matilde Epiayu es considerada una autoridad tradicional de la Comunidad de Santa Rosa, ellos consideraban que se le está vulnerando los derechos fundamentales a sus comunidades, porque desde 1935 ejercieron la posesión del territorio en el que habitaban denominado Arroyo Guerrero en el cual hicieron uso de sus costumbres por lo cual construyeron un cementerio, sin embargo, su territorio ha sido “sustraído mediante la utilización de procesos de adjudicación de baldíos y de prescripción adquisitiva del dominio” (Corte Constitucional, 2017, párr. I.ii) debido a que afirman que el “Ministerio del Interior mediante la Resolución 3476 de 1953, tituló parte de su territorio ancestral a un particular sin que este hiciera explotación económica del mismo. Así mismo, aseveran que mediante diversas acciones de prescripción adquisitiva del dominio que datan del año 1954 se han usurpado al Estado cientos de hectáreas baldías, las cuales por ocupación ancestral pertenecen a la comunidad accionante”. Adicionalmente, mediante varias acciones de prescripción se les adjudicaron sus terrenos a otras personas. Por ende, muchas personas llegaron a despojar a la comunidad de su territorio mediante diversas acciones policivas. Debido a que ellos empezaron a instaurar acciones judiciales en contra de quienes los despojaban de su territorio y se reusaban en salir de sus viviendas, empezaron a vivir amenazas por parte de unos encapuchados que llegaban a sus casas con armas de fuego.	El obstáculo que se observa en este caso es la falta de intereses que tiene el Estado por las comunidades indígenas, pese a que la comunidad acudió a todas las autoridades competentes con las pruebas que demostraban la afectación y vulneración a los derechos fundamentales, nunca huno un respaldo, ni apoyó por parte del Estado.	instauraron acción de tutela contra todas las personas que intentaron despojarlas de sus territorios. Enviaron una solicitud al Incora, con el fin de que reconocieran su comunidad indígena Wayuú habitante en el área de El Arroyo, como resguardo indígena, sin embargo, no hubo respuesta alguna. Acudieron a la Defensoría del Pueblo – Regional Guajira, a solicitar la protección des sus derechos al territorio ancestral. También realizaron una petición a la Dirección de Asuntos Indígenas Rom y Minorías del Ministerio del Interior, realizaron quejas disciplinarias en contra del personero municipal ante la Procuraduría General de la Nación, ya que consideraron que “incurrió en prevaricato por acción y omisión, abuso del derecho y extralimitación de poderes al levantar acta de incumplimiento contra la población accionante” (Corte Constitucional, 2017, párr. vii). Además, afirmaron que han realizado “diversas solicitudes, quejas y denuncias ante las autoridades estatales accionadas con miras a lograr la protección de los derechos que estiman vulnerados” (Corte Constitucional, 2017, párr. vii), pero aseguran que no obtuvieron respuestas satisfactorias. Por lo que deicieron interponer una acción de tutela en contra de: el Ministerio del Interior – Dirección de Asuntos Indígenas, el Ministerio de Defensa- Ejército Nacional, la Policía Nacional - Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía Nacional, Agencia Nacional de Tierras, el Distrito Turístico y Cultural de Riohacha, Personería Municipal de Riohacha, Superintendente de Notariado y Registro, Departamento de la Guajira – Secretaría de Asuntos Indígenas, el Director Seccional de Fiscalías de la Guajira, el Comandante de Policía Departamento de la Guajira, Corpoguajira, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Procuraduría General de la Nación (Delegados en Asuntos Ambientales y Agrarios), la Defensoría Regional del Pueblo, la Inspección de Policía de Riohacha, la Unidad de Restitución de Tierras, el Juzgado 2º Penal de Rioacha, la Notaría Primera de Rioacha, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, la Presidencia de la República y el Ministerio de la Protección Social, en la cual tutelaron sus derechos fundamentales.	En este caso se puede destacar que la comunidad acudió a todas las autoridades competentes y lucho por la protección de sus derechos y el de su territorio, sin importar que la mayoría de las autoridades que acudieron no les prestaban la atención suficiente, puesto que no garantizaron sus derechos fundamentales ni les daban una asesoría jurídica de que hacer en el caso en concreto, solo trataban de perjudicar cada vez más a la comunidad.	Esta comunidad no ha sido judicializada por ninguna de las personas que los despojo de su territorio ni por las diversas entidades contra las cuales interpuso la acción de tutela.	Considero que en el caso en concreto no hay autoridades que hayan apoyado la labor de la comunidad pues ellos solos acudieron antes todas las autoridades y sus representantes instauraban las acciones de tutela.	La comunidad conoce las herramientas con las que cuenta para hacer valer sus derechos debido a que instauraron acción de tutela contra todas las personas que intentaron despojarlas de sus territorios. Enviaron una solicitud al Incora, con el fin de que reconocieran su comunidad indígena Wayuú habitante en el área de El Arroyo, como resguardo indígena, sin embargo, no hubo respuesta alguna. Acudieron a la Defensoría del Pueblo – Regional Guajira, a solicitar la protección des sus derechos al territorio ancestral. También realizaron una petición a la Dirección de Asuntos Indígenas Rom y Minorías del Ministerio del Interior, realizaron quejas disciplinarias en contra del personero municipal ante la Procuraduría General de la Nación, ya que consideraron que “incurrió en prevaricato por acción y omisión, abuso del derecho y extralimitación de poderes al levantar acta de incumplimiento contra la población accionante” (Corte Constitucional, 2017, párr. vii). Además, afirmaron que han realizado “diversas solicitudes, quejas y denuncias ante las autoridades estatales accionadas con miras a lograr la protección de los derechos que estiman vulnerados” (Corte Constitucional, 2017, párr. vii), pero aseguran que no obtuvieron respuestas satisfactorias. Por lo que deicieron interponer una acción de tutela en contra de: el Ministerio del Interior – Dirección de Asuntos Indígenas, el Ministerio de Defensa- Ejército Nacional, la Policía Nacional - Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía Nacional, Agencia Nacional de Tierras, el Distrito Turístico y Cultural de Riohacha, Personería Municipal de Riohacha, Superintendente de Notariado y Registro, Departamento de la Guajira – Secretaría de Asuntos Indígenas, el Director Seccional de Fiscalías de la Guajira, el Comandante de Policía Departamento de la Guajira, Corpoguajira, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Procuraduría General de la Nación (Delegados en Asuntos Ambientales y Agrarios), la Defensoría Regional del Pueblo, la Inspección de Policía de Riohacha, la Unidad de Restitución de Tierras, el Juzgado 2º Penal de Rioacha, la Notaría Primera de Rioacha, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, la Presidencia de la República y el Ministerio de la Protección Social.
Colombia	Todo el territorio colombiano	Eberto Enrique Diaz Montes	No	Comunidades campesinas	Líder campesino y sindical en todo el territorio nacional	Atmosfera, Recursos hídricos, Fauna, Flora, Suelo.	El señor Eberto Enrique Diaz Montes desde hacer varios años se ha desempeñado como líder campesino y sindical en todo el territorio nacional, por lo que se desplazaba por todo el país buscando a personas o comunidades a las cuales le podía ayudar con la protección de sus derechos. Motivo por el cual ha sido víctima de varias amenazas vía telefónica dirigidas a él y a todo su núcleo familiar. El señor Diaz afirma que estas situaciones las ha denunciado públicamente y en las autoridades competentes, por ello consiguió que el DAS y la Unidad Nacional de Protección le brindaran un esquema de seguridad desde hace 10 años. No obstante, “el 5 de mayo de 2018, la Corte Interamericana de Derechos Humanos - CIDH mediante la Resolución 30/2018, expidió la medida cautelar No. 210/17, “Dirigentes del Movimiento Político y Social Marcha Patriótica respecto de Colombia”, que se encuentra vigente y lo ampara, circunstancia que, en su sentir obliga al Estado colombiano a garantizar su vida, integridad física y seguridad, en aras de continuar desempeñando el trabajo como líder campesino y sindical” (Corte Constitucional, 2021, párr. 1.3.5). Sin embargo, días después la Unidad Nacional de Protección decidió modificar su esquema de seguridad la Unidad Nacional de Protección tomo la decisión de disminuir su esquema de seguridad pues le quito el vehículo y el escolta, solo le dejo el chaleco y un radio de comunicación, a pesar de que el continúa ejerciendo sus labores como líder nacional, por ello sigo corriendo peligro su vida.	El líder considera que las amenazas de las cuales ha sido víctima le generan inseguridad a donde quiera que vaya pues siente que su vida está en peligro, por lo cual considera que no puede continuar con el desempeño de su trabajo, considera que si tuviera el esquema de seguridad suficiente para sentirse tranquilo podría ejercer mejor su trabajo y podría alcanzar con su ayuda a más personas.	Acudió a la acción de tutela contra la Unidad Nacional de Protección para reforzar su medida de seguridad ya que al disminuirla estaban generando una afectación a su seguridad y acudió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual mediante la Resolución 30/2018, expidió la medida cautelar No. 210/17.	En el presente caso se puede destacar que el líder acudió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que le garantizaran sus derechos fundamentales y esta Corte dicto medidas cautelares a su favor. No es muy común que los líderes o las comunidades acudan a esta Corte que tiene toda la disponibilidad de brindar su ayuda en caso de que realmente se demusetre una afectación.	No este líder social no ha sido judicializado por la Unidad Nacional de Protección.	La Corte Interamericana de Derechos Humanos	Considero que el líder conoce las herramientas que tiene para hacer valer sus derechos, ya que su labor es ir a comunidades y ofrcer su ayuda para que no se le sigan vulnerando sus derechos. Además, instauro una acción de tutela y llevo su caso ante la Corte Interamericana de derechos humanos.
Colombia	Colombia/ Riosucio, Chocó	La Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, actuando en representación de Eliodoro Polo Mesa, Luis Ovidio Londoño Borja, Ana Berlide Tuirán González, Ledis Tuirán González, Edilson Jadith Salas Martínez, Jhon Jairo Hinestrosa Cuesta, Gildardo Antonio Sepúlveda Arenas, Gumercindo Manuel González y Rosario María Anayala.	Si	Consejo Comunitario de Pedeguita y Mancilla	Población del Consejo Comunitario de Pedeguita y Mancilla	Suelo, Flora.	La Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, actuando en representación de Eliodoro Polo Mesa, Luis Ovidio Londoño Borja, Ana Berlide Tuirán González, Ledis Tuirán González, Edilson Jadith Salas Martínez, Jhon Jairo Hinestrosa Cuesta, Gildardo Antonio Sepúlveda Arenas, Gumercindo Manuel González y Rosario María Anayala, consideraban que se le estaban vulnerando los derechos fundamentales al ambiente sano, al territorio y a la propiedad colectiva, a la consulta previa, a la dignidad humana y de acceso a la justicia al municipio de Riosucio. Pues a pesar de que hace muchos años las comunidades negras y afro-mestizas se han establecido en dicho territorio y por ello “el INCORA adjudicó a favor de las comunidades del Consejo Comunitario de Pedeguita y Mancilla la propiedad colectiva de 48.971 hectáreas y 5.850 metros cuadrados” (Corte Constitucional, 2020, párr. I.3). Sin embargo, “se ha visto afectada por fenómenos de la violencia y el actuar de grupos armados que causaron […] el despojo y desplazamiento forzado de una enorme cantidad de la población, alrededor de los años 1996 y 1997, así como la ocupación y compra masiva de tierra al interior del territorio, donde se consolidaron […] proyectos agroindustriales de palma de aceite, plátano y ganadería” (Corte Constitucional, 2020, párr. I.5). Por todo lo anterior gran parte de la comunidad se ha tenido que desplazar pues no han tenido acceso a sus predios, han sido víctimas de amenazas y hostigamientos, están explotando la madera de su territorio y ha habido bastantes asesinatos en este territorio.	El obstáculo más grande que se puede presenciar en este caso es la falta de apoyo del estado hacía las comunidades indígenas, pues no brindan un apoyo y no tutelan los derechos de la comunidad hasta que no se han generado consecuencias adversas y se llega a la revisión del fallo de segunda instancia.	En este caso solamente se interpusieron acción de tutela, la cual tutelo sus derechos.	De este caso se puede destacar que la comunidad acudió a la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, la cual es una organización que tiene muchos años de experiencia en este tipo de casos y hace un apoyo jurídico, económico, social, cultural, ambiental, psicológico y políticos. Lo cual es un apoyo muy grande para la comunidad si no tiene el conocimiento o tiene algunas dudas sobre temas en específico.	La organización Comisión Intereclesial de Justicia y Paz ni Eliodoro Polo Mesa, Luis Ovidio Londoño Borja, Ana Berlide Tuirán González, Ledis Tuirán González, Edilson Jadith Salas Martínez, Jhon Jairo Hinestrosa Cuesta, Gildardo Antonio Sepúlveda Arenas, Gumercindo Manuel González y Rosario María Anayala, han sido judicializados por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Agencia Nacional de Licencias Ambientales –ANLA-, Corporación Autónoma de Desarrollo Sostenible del Chocó –CODECHOCÓ-, Inspección de Policía de Riosucio, Inspección de Policía del Carmen del Darién y Asociación Agropecuaria Campesina –AGROMAR-.	La Comisión Intereclesial de Justicia y Paz.	Si la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz que fue quien represento a la comunidad tiene conocimiento acerca de las herramientas para hacer valer los derechos de esta comunidad pues es una organización que promueve y defiende los derechos de personas con el fin de contruir paz y una democracia más justa, por lo cual brindan apoyo y asesoría jurídica, tienen varios expertos con mucho conocimiento sobre vulneración a las comunidades en estado de vulnerabilidad.
Colombia	Colombia	Nubia Amparo Ortega Arcos, Henry Paul Rosero López, Dora Marcela Pepinosa Calderón, José Alfonso Rodríguez Muñoz, Tomás Ignacio Erira Erira, Ricardo Palomino Ducuará, Francisco Gamboa Hurtado y Emiro del Carmen Ropero Suárez	No	Excombatientes de las FARC/EP y firmantes del Acuerdo Final de Paz,	Líderes sociales	Suelo	En el presente caso todos los accionantes afirman que han sido víctimas de amenazas graves contra su vida e integridad física personal y la de su familia. Es por ello que solicitaron a la Unidad Nacional de Protección que les brindara un esquema de seguridad adecuado según el riesgo que cada uno padece o en algunos casos también se solicitó que no disminuyera las medidas de protección que ya habían sido establecidas debido a que esto ponía en riesgo su seguridad. Además, aseguran que se les esta vulnerando el derecho a la vida, a la integridad personal, a la seguridad y a la paz, ya que se han visto en una situación de amenaza por la falta de apoyo de las partes accionadas, las cuales son: Presidencia de la República, Ministerio del Interior, Unidad Nacional de Protección, Oficina del Alto Comisionado para la Paz, Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Pues argumentaban que para nadie es un secreto la cantidad de muertes que hubo contra los firmantes del acuerdo de paz, por lo cual se sentían desprotegidos. Por lo cual solicitaron un esquema de seguridad adecuado a su nivel de riesgo.	La falta de apoyo del Estado y todas sus entidades para brindarle la seguridad y la atención necesaria a los firmantes del acuerdo de paz, más aún a los que se desmovilizaron y se dedicaron hacer líderes sociales para apoyar a las comunidades en situación de vulnerabilidad. El estado los dejo abandonados, poniendo en riesgo su seguridad y la de toda su familia.	En este caso solamente se interpusieron acción de tutela, para reclamar sus a la vida, a la integridad personal, a la seguridad y a la paz, esta acción de tutela se falló a su favor y reconoció todos sus derechos.	Lo que se puede resaltar de este caso es que todos acudieron a la acción de tutela el cual es el mecanismo idóneo para reclamar los derechos fundamentales que les estaban siendo vulnerados. Además, en primera instancia acudieron a la Unidad Nacional de Protección y le hicieron saber el desacuerdo que tenían frente a las medidas que estaban tomando y vulneraban sus derechos, como eta entidad no les puso intención ahí acudieron a la acción de tutela.	No en el presente caso Nubia Amparo Ortega Arcos, Henry Paul Rosero López, Dora Marcela Pepinosa Calderón, José Alfonso Rodríguez Muñoz, Tomás Ignacio Erira Erira, Ricardo Palomino Ducuará, Francisco Gamboa Hurtado y Emiro del Carmen Ropero Suárez, no han recibido judicializaciones por parte Presidencia de la República, Ministerio del Interior, Unidad Nacional de Protección, Oficina del Alto Comisionado para la Paz, Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Pues argumentaban que para nadie es un secreto la cantidad de muertes que hubo contra los firmantes del acuerdo de paz, por lo cual se sentían desprotegidos. En razón a la acción de tutela instaurada.	En el caso en concreto no se evidencia apoyo por parte de ninguna entidad. La única que les ayudo con su seguridad fue a Unidad Nacional de Protección, no obstante, muchas veces quería disminuirles el esquema de seguridad y por ellos tuvieron que interponer una acción de tutela.	Considero que estas personas si conocen algunas de las herramientas que tienen para hacer valer sus derechos pues acudieron a la entidad competente a solicitar un esquema de seguridad la cual es la Unidad Nacional de Protección. Cómo no tuvieron una respuesta dirigida a solucionar los inconvenientes que presentaban acudieron a la acción de tutela para que se les respetara el derecho a la vida, a la integridad personal, a la seguridad y a la paz.
Colombia	Colombia/Resguardo Caño Mochuelo, Casanare	Ángel Tadache Moreno	Si	Comunidad indígena Yajotja de la etnia Waüipijiwi	Gobernador	Suelo	El señor Ángel Tadache Moreno gobernador de la Comunidad indígena Yajotja de la etnia Waüipijiwi, aseugra que en el 2003 su comunidad empezo a ser vítima de diversas “amenazas de muerte, reclutamiento forzado de menores y de violencia sexual contra las mujeres de la comunidad” (Corte Constitucional, 2022, párr. I.2), como consecuencia muchos de los miembros de la etnia tuvieron que salir del resguardo y buscar otro domicilio. Sin embargo, en el 2006 regresaron, pero se encontraron con la sorpresa de que “desde su regreso no se les permitió participar en el gobierno del Resguardo y tampoco recibieron los recursos que les corresponden como etnia de lo que se le asigna al Resguardo por el Sistema General de Participación, el Plan de Alimentación Escolar y las ayudas de Acción Social” (Corte Constitucional, 2022, párr. I.3). Por ello, la comunidad estaba pasando por un crsis alimentaria, cabe recalacr que el suelo donde estaban ubicados no era apto para la agricultura. “Las dificultades en el Resguardo durante el año 2017 se intensificaron por i) disputas de poder entre etnias por la distribución de recursos, ii) carencia de alimentos, iii) problemas de violencia intrafamiliar, iv) acoso y abuso sexual a menores, v) reclutamiento forzado, vi) descuido de los adultos mayores y vii) embarazos de temprana edad. Además en el caso de la comunidad Waüpijiwi, algunos de sus miembros murieron consecuencia de la mala atención médica que recibieron en el Resguardo y también recibieron amenazas por parte de miembros de la comunidad Getsemaní, lo cuales exigieron que abandonaran el resguardo y regresaran al Vichada” (Corte Constitucional, 2022, párr. I.5).	Los obstáculos que presenta esta comunidad es que es muy difícil tener apoyo por parte del Estado, pues los dejan abandonados y como en su territorio o en sus alrededores no hay presencia del Estado, se vuelven una población más vulnerable y propensa a recibir cualquier tipo de amenazas.	Ejercieron una acción penal contra las personas que estaban abusando sexualmente de los menores de edad y realizando reclutamiento forzado. La Personería Municipal interpuso solicitudes ante Ministerio del Interior y el Departamento de Prosperidad Social con el fin de que dieran ayudas humanitarias de emergencia. Además, la comunidad suscribió un acta “e constitución de la comunidad indígena Yajotja en la inspección de Agua Verde, La Primavera, Vichada” (Corte Constitucional, 2022, párr. I.9). el señor Ángel Tadache Moreno solicitó protección del territorio ancestral y la realización de la visita técnica de la Agencia Nacional de Tierras, esta entidad abrio el expediente con número de radicado 201851008299800037E. En le 2018 la la Alcaldía de La Primavera reubico a la comunidad en l”a finca Las Reliquias. El 25 de noviembre de 2018 fueron reubicados en una vega a la orilla del Río Meta. El espacio en donde fueron ubicados los ponía en riesgo de enfermedades. A raíz de esas dificultades la Alcaldía Municipal de La Primavera los reasentó nuevamente en la finca Las Reliquias” (Corte Constitucional, 2022, párr. I.12).	De estes caso se puede destacar que el gobernador interpuso acciones para defender los derechos de su comunidad en cada ocasión que había una vulneración diferente, con el fin de ser escuchado y busco apoyo en otras entidades como lo es La Personería Municipal.	No, el gobernador ni la comunidad han sido judicializados por este caso en concreto.	Personería Municipal, la Alcaldía de La Primavera	Considero que el gobernador sabe las herramientas para hacer valer los derechos de su comunidad a la vida y a la seguridad personal, puesto que acudió a varias entidades como se pudo ver anteriormente y interpuso una acción penal y una tutela, con el fin de garantizar la protección de los derechos de su comunidad.
Colombia	Colombia/ Buenos Aires Cauca	Fiscalía General de la Nación	No	Comunidad de Peña caraño, resguardo Hojal la Turbia	Organismo independiente adscrito al poder judicial en Colombia.	Recursos hídricos, suelo	La comunidad de Peña caraño, resguardo Hojal la Turbia, hace varios años ha sido vícitima de minería ilegal en su territroio, el cual se considera propiedad colectiva perteneciente al resguarda awá de hojal de turbina. Adicionalmente afirma que “se encuentra en grave riesgo de sufrir desplazamiento forzado debido a la presencia de empresas mineras en su territorio, quienes están comprando tierras a los miembros de la comunidad, esta actividad es permitida por los grupos armados que hacen control en este territorio, por lo tanto muchos de sus líderes y miembros han sido amenazados por estos grupos para que permitan dejar hacer la explotación minera en sus territorios” (Corte Suprema de Justicia, 2022, párr. 1.20). Por lo anterior la comunidad tiene miedo de estar en su territorio y afirman que han tenido porblemas con el recurso hidrico, debdio a las malas practicas que han usado en la explotación minera.	El obstáculo que se puede evidenciar en el presente caso es el abuso de poder debido a que la fiscal Judith Esperanza Ariza se aporvechaba del cargo y del poder que tenía sin importar que estuviera vulnerando los derechos fndamentales de las comunidades indigenas, y/o campesinas y sin razón alguna y sin dar a conocer los motivos cerraba los proceso que ellas abrian para lograr la protección de los mismos.	Se inaturo una acción penal, porque la accionada cometio los “delitos de prevaricato por acción, en concurso homogéneo, al proferir orden de archivo en los siguientes radicados y fechas: (i) 2010-01313, de 29 de agosto de 2014; (ii) 2012-00065, de 23 de septiembre de 2013; (iii) 2013-00300, de 16 de diciembre de 2014; (iv) 2011-13840, de 13 de agosto de 2014; (v) 2012-00057, de 22 de enero de 2015; (vi) 2012-00421, de 13 de marzo de 2015; (vii) 2011-0051, de 14 de noviembre de 2014 y (viii) 2011-13852, de 26 de marzo de 2014. Y” (Corte Suprema de Justicia, 2022, párr. I.V). Sin tenr razones de fondo para hacerlo, por ende fue condenada la señora Judith Esperanza Ariza.	En este caso se puede resltar que la investigación fue impulsada por la fiscalía, por lo cual se puede resaltar que ayudo a las comunidades a tener acceso a la justicia, debdio a que la señora Judith Esperanza Ariza al cerrar los casos ambientales promovidos por comunidades vulnerables, sin razón alguna les estaba negando el acceso a la justicia. Por ende, se le reconoce a la Físcalia su gran labor.	No en el presente caso no ha sido judicializada la Fiscalia General de la Nación.	Defensoría del pueblo, Fiscalía General de la Nación.	Al ser la fiscalía quien lleva este proceso se puede evidenciar que si tiene los conocimientos y la experticia para reclamar los derechos de las comunidades.
Colombia	Colombia/Riosucio, Caldas	"GJD" se utilizan las iniciales de los nombres del accionante y del pueblo indígena al que pertenece. Lo anterior, por cuanto en esta sentencia se incluye información relativa a su seguridad personal, la cual está sometida a reserva legal.	Si	No se sabe porque por seguridad toda esta información se mantiene en reserva.	No se sabe porque por seguridad toda esta información se mantiene en reserva.	Suelo	En el 2002 la Corporación para la Defensa de los Derechos Humanos (Reiniciar), la Asociación de Ayuda Solidaria (Andas) y la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) presentaron, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la solicitud de medidas cautelares a favor de las comunidades indígenas ubicadas en los departamentos de Caldas y Risaralda En particular, solicitaron “la adopción urgente de medidas cautelares” en relación con algunos líderes y representantes de dichas comunidades, entre ellos el señor GJD” (Corte Constitucional, 2018, párr. I.2). Por ello, el 15 de marzo del mismo año la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó a Colombia adpotar unas medidas cautelares, para defender a los líderes sociales en cuestio. Sin embargo en junio de 2003 ocrurrió la masacare de la herradura donde murieron varios de sus líderes que eran beneficiarios de las medidas cautelares.	La dificultad que se puede observar en este caso como en los anteriores es la falta de apoyó del Estado y todas sus entidades quien son las que tienen la responsabilidad de apoyar, proteger y guiar a los lideres, con el fin de que pueda desempeñar sus funciones satisfactoriamente, pero realmente esto no está pasando.	Se solcitaron medidas cautealres antes la la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la misma solicitó al Estado colombiano “adoptar (…) las medidas necesarias para proteger la vida y la integridad física de los miembros de los resguardos y asentamientos (…) individualizados en la solicitud de los peticionarios, así como los mecanismos de prevención y protección para las comunidades, incluyendo auxilio para su desplazamiento de resultar necesario (…)” (Corte Constitucional, 2018, párr. I.3) y le indico al gobierno que le hiciera saber de las medidas adoptadas. Como no se cumplieron estas medidas y los beneficiarios voliveron a ser vícitimas de varias amenazas isntauraron una acción de tutela la cual prdeno a la Unidad Nacional de Protección brindar un esquema de seguirdad a los líderes.	En este caso se puede resaltar que los líderes solicitaron ayuda en varias entidades las cuales tienen el conocimiento y experticia para luchar por sus derechos fundamentales y por ello llevaron su caso hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lo cual no logran todos los líderes.	Hasta donde se tiene conocimento los líderes no han sido judicializados.	Defensoría del Pueblo – Regional Caldas, la Corporación para la Defensa de los Derechos Humanos (Reiniciar), la Asociación de Ayuda Solidaria y la Comisión Colombiana de Juristas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.	Si las autoridades tienen conocimiento sobre las herramientas que tiene para exigir los derechos fundamentales de la comunidad por ende solicitó medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Colombia	Colombia a nivel nacional, ya que so varios líderes	En el auto se menciona “por líderes y lideresas sociales y defensores de derechos humanos” no se nombra los líderes en específico por seguridad y al buscar por el número de expediente no es posible encontrarlos.	Si	Comunidades campesinas e indígenas	Líderes sociales, ambientales y defensores de derechos humanos	Suelo, recursos hídricos	La corte constitucional hizo la revisión de los siguientes expedientes: T-8.018.193, T-8.136.698, T-8.062.595, T-8.091.278, T-8.242.042, T-8.266.696, T-8.270.692, T-8.365.345 y T-8.473.048. En total fueron 9 acciones de tutela interpuestas por diversos líderes ambientales, sociales y defensores de los derechos humanos contra la Presidencia de la República, el Ministerio del Interior, la Fiscalía General de la Nación, el Ministerio de Defensa, la Unidad Nacional de Protección, la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral de Víctimas y la Procuraduría General de la Nación. Porque consideraron que se les estaban vulnerando sus derechos fundamentales a “la integridad personal, libertad de reunión, libertad de asociación, libertad de circulación y residencia, participación política, libre desarrollo de la personalidad, derecho a la tierra y el territorio, diversidad étnica y cultural, intimidad, honra, buen nombre, a la manifestación pública y pacífica, libertad de expresión y el derecho a defender los derechos humanos. Esto como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones de respeto, garantía y protección de su vida y de los colectivos que integran” (Corte Constitucional, 2022, párr.I.2). Debido a que a pesar de que les brindan un esquema de seguridad este no es suficiente para protegerlos de los peligros a los que se enfrentan, muchas veces, aunque denuncian los casos de sus amenazas la Unidad Nacional al hacer el estudio de riesgos no toma en cuenta todas las amenazas alegadas, además los esquemas de seguridad son muy limitados pues los brindan por tiempos mínimos y en el momento que se solicita una prórroga ponen muchas barrearas administrativas hasta llegar a instancia judiciales. Además, afirman que frecuentemente sufren muchas amenazas de las cuales el estado tiene conocimiento y no les brinda el apoyo suficiente.	Consideran que la problemática más grande es que “si bien el Estado les ha brindado protección a través de esquemas de seguridad, ello no es suficiente porque (i) las amenazas y los atentados no disminuyen; (ii) los esquemas de protección no tienen enfoque diferencial de género, étnico racial, cultural, ni territorial; (iii) los esquemas de protección, en algunos casos, no son suficientes para proteger sus vidas; (iv) es ineficaz la protección impactando negativamente la representación de las colectividades; y (v) no hay políticas que eviten la estigmatización sistemática de la cual son víctimas. Adicionalmente, señalan la necesidad de que (vi) la Fiscalía General de la Nación adopte las medidas necesarias para dar prioridad de manera célere, eficaz y adecuada a la investigación sobre amenaza contra defensores de derechos humanos” (Corte Constitucional, 2022, párr.I.4).	Se realizaron las siguientes acciones de tutela las cuales obtuvieron su respectivo fallo: T-8.018.193, T-8.136.698, T-8.062.595, T-8.091.278, T-8.242.042, T-8.266.696, T-8.270.692, T-8.365.345 y T-8.473.048, todas tutelaron los derechos de los accionados y le ordenaron a la Unidad Nacional de Protección brindar el esquema de seguridad adecuado para cada lider según el nivel de riesgo que padezcan.	Del análisis de este caso se puede destacar que todos culpaban al estado de la inseguridad que estaban viviendo debido a que no cuentan con el apoyo y fueron muy claros en establecer que la Unidad Nacional de Protección, si bien les da un esquema de seguridad muchas veces son muy precarios e insuficientes, porque los establecen por muy poco tiempo.	Los líderes no han sido judicializados por la Presidencia de la República, el Ministerio del Interior, la Fiscalía General de la Nación, el Ministerio de Defensa, la Unidad Nacional de Protección, la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral de Víctimas y la Procuraduría General de la Nación.	Defensoría del pueblo.	Se puede considerar que los líderes tienen el conocimiento sobre la acción de tutela para hacer valer sus derechos a la integridad personal, libertad de reunión, libertad de asociación, libertad de circulación y residencia, participación política, libre desarrollo de la personalidad, derecho a la tierra y el territorio, diversidad étnica y cultural, intimidad, honra, buen nombre, a la manifestación pública y pacífica, libertad de expresión y el derecho a defender los derechos humanos. Esto como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones de respeto, garantía y protección de su vida y de los colectivos que integran” (Corte Constitucional, 2022, párr.I.2).
Colombia	Colombia/Puerto Wilches, Santander	Yuvelis Morales	Si	En el caso en concreto representa a la población de Puerto Wilches, Santander pero hace parte de Alianza Colombia Libre de Fracking	Consejera Municipal de Juventudes	Recursos hídricos	Yuvelis Morales es una líder social que ha luchado por la protección del Rio Magdalena, los ecossitemas del humedalr del Magdalena Medio, por lo cual ha buscado la manera de visibilizar las problemáticas ambientales que identifica en el territorio y sus comunidades que habitan dicho territorio. Es integrante de la Alianza Colombia Libre de Fracking. Ella afirma que el 21 de febrero de 2022 hombres armados entraron a su vivienda en la madrugada cuadno ella dormia y la amenazaron de muerte de contrinuar con sus labores como activista, por lo que tuvo que salir del país por un tiempo ya que esto le genero mucho temor pues su vida se encontraba en peligro y no contama con un esquema de seguridad. Se afirma que la mayoría de las amezas contra los lideres ambientales en el sectro de Santander son realizadas por los grupos sucesores del paramilitarismo, como los es el Clan del Golfo y las autodenominadas Águilas Negras, ellos se encargan de intimidar a los líderes con panfletos y llamadas intimidantes como sucedió con Yuvelis Morales.	Yuvelis Morales establece que una de las dificultades que tiene para ejercer su puesto son las amenazas de las cuales es vícitima y considera que el Estado no brinda el apoyo suficiente aún cuando es consisente de las amenazas que reciben los líderes sociales, por este motivo en una ocasión tuvo que dejar el país. Considera que si el Estado los protegiera más podrían tener mayores logros y podrían ayudar más a la comunidad. Afrima que “No hay derecho que por la defensa del medio ambiente y por oponernos a estos proyectos de fracking tengamos que salir corriendo a la madrugada con chaleco y escolta de la vivienda, sintiendo miedo estando en su propia casa; hombres armados que llegan hasta la casa, por una defensa del territorio” (el espectador, 2022, párr.3)	En el presente caso se observa que la defensora Yuvelis Morales no ha iniciado acciones judiciales, sino que ha recurrido a las denuncias públicas, con el apoyo de Alianza Colombia Libre de Fracking, dicha entidad también ha realizado denuncias publicas porque teme por la vida de la lideresa. Sin embargo, no se tiene evidencia ninguna acción judicial a su nombre.	Del presente caso se puede destacar que Yuvelis Morales hace muchas denuncias públicas, informa a su comunidad mediante la red social twitter e impulsa todas sus iniciativas por este medio. También es muy activa en su red social facebook por medio de la cual sube muchos videos explicando todas las situaciones de riesgo que presenta su comunidad.	Según el analisis realizado Yuvelis Morales nunca ha sido judicializada por alguna persona y/o entidad.	La Corporación Compromiso, Alianza Colombia Libre de Fracking	Yuvelis Morales conoce los mecanimos de defensa de sus derechos fundametnales y los derechos ambeitnales debido a que se dedica a defender los derechos de su territorio mediante las denuncias públicas, incentiva marchas pacíficas, informa a su comunidad. Incluso en una ocasión ganó el premio de la Iniciativa Marianne para defensores de derechos humanos.
Colombia	Colombia/Magdalena Medio	Teófilo Acuña y Jorge Tafur	No	Comisión de Interlocución del Sur de Bolivar, Centro y Sur del Cesar (CISBCSC)	Líderes ambientales e integrantes de CISBCSC	Suelo, recursos hídricos	Teófilo Acuña y Jorge Tafur desde el año 2021 recibieron amenazas de muerte en panfletos, llamadas telefónicas y hasta ataques directos en sus propias casas. Y el 20 de febrero la CISBCSC había denunciado públicamente que las comunidades campesinas estaban siendo amenazadas y hostigadas por personas presuntamente vinculadas a la alcaldía de San Martín, a la policía y a un terrateniente del municipio, ante lo cual, la Fiscalía abrió una investigación entorno a los asesinatos. Sin embargo, el 22 de febrero de 2022 los reconocidos líderes sociales, defensores de la tierra y de los derechos de las comunidades campesinas fueron asesinados con armas de fuego, mientras se encontraban junto con sus familias en una vivienda del corregimiento de Puerto Oculto, municipio de San Martín, departamento del Cesar. Los anteriores hechos se enmarcan en un cotexto de hostigamiento y violencia contra aquellos que promueven la defensa de la tierra, el territorio y los derechos de los campesinados.	Los obstáculos que se presentan se relacionan con el actuar de actores estatales y de estructuras paramilitares. Las amenazas y los ataques a líderes en la región se debe en gran parte todos los grupos armados ilegales que actúan en la zona, pues se encargaron de publicar panfletos con nombres de líderes que declaran como objetivo militar y los intimidan hasta que salgan del territorio. Además, estos hechos se fan en medio de la consolidación de las Autodefensas Gaitanistas (AGC), en la región, la guerrilla del ELN y las disidencias de las FARC. También, se presentaron otras amenazadas por parte del un grupo autodenominado Águilas Negras, que amenazó a varios líderes ambientales que rechazaban los los pilotos autorizados por el gobierno nacional para la exploración petrolera usando fracking. Esto implica que a pesar de denunciar las amenazas antes las autoridades pertinentes son más los grupos que continúan con el hostigamiento.	Dos días antes de su asesinato la CISBCSB, organización de la cual eran miembros, había denunciado públicamente que las comunidades campesinas de Puerto Oculto estaban siendo amenazadas y hostigadas por actores estatales y grupos al margen de la ley. Adicionalmente, la Defensoría del Pueblo advirtiendo los peligros de los líderes ambientales había realizado diversas alertas tempranas emitidas desde el 2018. Además, ante el aumento de amenazas, a principios del año 2022, la persona del municipio de Barrancabermeja, Yina Marcela Romo, le pidió a varias entidades un plan de acción para proteger la vida de al menos 25 líderes ambientales, entre estos a Tafur y Acuña. Sin embargo, dichos llamados no evitaron el asesinato de los mencionados lideres.	Los líderes ambientales denunciaron que habían recibido amenazas en su contra y acudieron a las autoridades pertinentes.	Desde diciembre de 2020, Teófilo Acuña enfrentaba un proceso judicial en su contra por el supuesto delito de ”rebelión”.	La Fiscalía General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la Personería del Municipio de Barrancabermeja, y la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos.	Si, se podría conformar una Mesa Departamental de Garantías, una herramienta que contempla la ley colombiana para activar medidas urgentes que puedan proteger la labor de los líderes ambientales. Además, es importante que el Estado brinde soluciones de fondo, que realmente estén encaminadas a proteger la vida de las personas, pues al entregar un celular o un esquema de seguridad los culpables siguen estando en libertad.
Colombia	Colombia/ Cajamarca	Róbinson Mejía	No	Territorio de Cajamarca	Líder ambiental	Suelo	Robinson Mejía ha sido amenazado en varias ocasiones por defender el territorio de Cajamarca de la mineria, pues teme que estas montañas desaparezcan por las indebidas practicas que realizan las empresas mineras. Afrima que empezo a ejercer su liderazgo en el 2017 cuando se negaba a permitir que la empresa minera multinacional AngloGold Ashanti realizara mineria en Cajamarca. Desde ese entonces afirma que empezo a recibir diversas amenazas. El año 2021 fue el que más recibio amenazas, aunque afirma que no le teme a estas amenazas, sino que le teme a que el Estado no tenga en cuenta las consultas populares. Además, afirma que muchas veces las empresas mineras tratan de poner a la comunidad encontra de los líderes asegurando que ellos traen beneficios para la comunidad y quieren que ellos esten bien, por lo que muchas personas de la comunidad también lo amenazan o lo hostigan en la calle gritandole “desempleado, sin oficio, guerrillero”, y demás. Pero quienes más los amenazan son integrantes de Águilas Negras y los Rastrojos mediante panfletos y llamadas.	El líder afirma que a pesar de su constante lucha y de que en las consultas populares siempre la comunidad siempre rechaza la minerai afirma que las empresas mineras ni el Gobierno reconocen estos resultados, sino que hacen lo que ellos quieren y lo que más les conviente. Vulnerando los derechos fundamentales y la opinion de la comunidad. Por lo cual se siente abandonado y muchas veces llega a pensar que todo su esfuerzo es en vano, pues el Estado no lo apoya sino que por el conrtario apoya a las empresas mineras, pese a que es consciente de que la comunidad no está de acuerdo con estas prácticas y que generan consecuencias adversas para la comunidad que habita cerca de las áres donde se realiza explotación minera. Además, asegura que no tienen mecanismos efectivos de participación.	Acudio a la Unidad Nacional de Protección, por lo que cuenta con un esquema de seguirdad, además audió al Centro Sociojurídico para la Defensa Territorial Siembra quienes lo ayudaron a solicitar una audiencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con el fin de solicitar el desarrollo de mecanismos efectivos de participación en temas relacionados con la minería y en general el medio ambiente.	De este caso se puede destacar que el líder solicito ayuda a al Centro Sociojurídico para la Defensa Territorial Siembra con el fin de poder acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por lo cual se evidencia que busca la ayuda en las entidades correspondientes y que cuentan con el conocimiento y la exerticia para desarrollar un caso ante la comisión.	No hay evidencia de que Robinson Mejía hay sido judicializado por sus labores.	Centro Sociojurídico para la Defensa Territorial Siembra.	Por todas las actuaciones antes mencionadas se puede identificar que Robinson Mejía cuenta con el conocimiento para hacer solicitudes ante la Unidad Nacional de portección y tiene idea ante que autoridades solicitar ayuda.
Colombia	Colombia/ Guajira	Yazmín Romero Epiayú	Si	Comunidad Wayúu	Activista, conservacionista y feminista wayú y es representante legal del Movimiento Feminista Niñas y Mujeres Wayú	Suelo	Yazmín Romero Epiayú es una activista, conservacionista y feminista wayú y ella afirma que desde el 2012 ha sido víctima de persecución y hostigamientos como consecuencia de las labores de desempeña, todos estos hechos ella los ha denunciado ante la Fiscalía. Estas amenazas han sido mediante panfletos o llamadas telefonicas, en una de estas llamdas le comunicaron que sus horas estaban contadas. Debido a que en varias ocasiones ha luchado contra la mineria en el Cerrejón en actuacions nacionales e internacionales, la mayoría de estas acciones las ha realizado como líder del movimeinto Fuerza de Mujeres Wayú. También se ha opuesto a la desviación del río Ranchería y del arroyo Bruno. Y en varias ocasiones ha realizado denuncias de corrupción en los usos que se le daban a los los recursos del Sistema General de Participaciones (cabe resaltar que estos debian dirigirse al uso de los territorio étnicos de la Guajira). Esta líder afirma que no sabe quienes son los que estan amenazandola.	La líder afirma que su involucración “constante en el activismo genera siempre riesgos dado qué he venido desnudando las malas prácticas tanto a las multinacionales en territorio concretamente en los temas ambientales y por otro lado cuestionó todas las prácticas de corrupción que vienen de las instituciones”(El Tiempo, 2022). Por lo que afirma que lo más dificil es no sentirse segura para continuar desarrollando sus funciones. Además, siente que no tiene apoyo ni respaldo estatal.	Para solicitar seguirdad ha acudido a realizar peticiones a la Defensoría del Pueblo, Fiscalía, ministerio del Interior y la Unidad de Protección y a pesar de que esta última le brindó un esquema de protección la líder considera que no es suficiente para el peligro al cual ella se enfrenta y afirma que las investigaciones que realiza esta entidad no avanzan.	De este caso se pude destacar que la líder simpre fue muy diligente, pues apenas recibia una amenaza denunciaba el hecho ante la fiscalía general de la nación, solicito de inmediato esquema de seguirdad ante la Unidad Naciónal de Portección y impulsava las investigaciones de estas amenazas.	Hasta el momento no hay ningún proceso en contra de Yazmín Romero Epiayú.	Comité Cívico por la Dignidad de la Guajira.	Esta líder tiene el conocimeitno pues ha realizado denuncias sobre hechos de corrupción ante las entidades competentes, ha solicitado esquema de seguirdad mediante peticiones a la Defensoría del Pueblo, Fiscalía, ministerio del Interior y la Unidad de Protección.
Colombia	Colombia/ Meta, Río Humadea	Marlén Arévalo	Si	Corporación Ambiental y Turística Corpohumadea	Líder ambiental y Fundadora de la Corporación Ambiental y Turística Corpohumadea	Recursos hídricos	El 22 de febrero de 2013, luego de que el Juzgado de Guamal fallará en contra de las tutelas presentadas por 12 mujeres de Guamal y Castilla, entre ellas Marlén, inicio el traslado del taladro que perforaría el pozo Lorito 1, cerca del Humadal, motivo por el cual, la comunidad comenzó un plantón pacífico que se extendió por 8 meses. Desde ese entonces iniciaron las amenazas y persecuciones en su contra, ella afirmó que “Pasaban camionetas blancas con vidrios polarizados y solamente se veían las cámaras filmándonos. Me llamaban a decirme que si no le decía a ese hijueputa mechudo, a mi esposo, que se callara, que se iba a morir, y que iba a ser mi culpa por no decirle que se quedara callado”.	Marlén afirma que el liderazgo ambiental en el Meta tiene la característica de ir en contraria a las políticas extractivas del gobierno, debido a que pretenden sacar el máximo provecho del bloque CPO-09. Y señaló que en un documento denominado “Estrategia Territorial de Hidrocarburos”, el cual elabora el Ministro del interior, y tiene como objetivo eliminar la conflictividad de la industria con las comunidad en el Ariari, señala los nombres y las organizaciones sociales que se oponen al proyecto extractivo, y en el documento se encuentran los nombres de Marlen y Edgar, lo cual, ha puesto en peligro su seguridad, pues genera que la comunidad desarrolle cierto odio hacía ellos por supuestamente atentar contra con los intereses de quienes trabajan con la industria.	En noviembre de 2012, 12 mujeres de Guamal y Castilla interpusieron una acción de tutela por la vulneración de los derechos a la salud y a la vida, ante el Juzgado de Guamal, argumentando que si se presentaba algún incidente, el río Humareda se contaminaría, y con el, el acueducto del centro turístico de Humadea. Posteriormente, realizaron un plantón pacífico que se extendió por 8 meses, durante los cuales alrededor de 48 familias resistieron, hasta que la Corte Constitucional, ante la acción de tutela interpuesta decidió suspender las operaciones del Pozo.	En cuando a la vulneración de derechos fundamentales, la vía adecuada a la cual pueden acudir es a la acción de tutela, como ocurrió en este caso. Ante las amenazas, es importante acudir a la Unidad Nacional de Protección, a la Policía Nacional. Debido a que gracias a ellos el esposo de Marlon recibió un chaleco antibalas, y la policía ha estado visitando la casa de Edgar y Marlén para completar una planilla en donde certifiquen que ambos continúan sanos y salvos.	No, pero el Ministerio del Interior había puesto su nombre en el documento denominado "Estrategia Territorial de Hidrocarburos”, el cual, consagra los nombres de aquellas personas que se oponen a los proyectos extractivos.	Corte Constitucional, Unidad Nacional de Protección y Policía Nacional.	Marlen sí tiene conocimiento pues ante la vulneración de los derechos a la salud y a la vida ante el juez competente. Asimismo, ante las amenazas acudieron a la Unidad Nacional de Protección y a la Policía Nacional para evitar que cualquier persona pudiera atenta contra su vida.
Ecuador	Ecuador, Provincias de Morona Santiago, Zamora Chinchipe, Pastaza y Orellana.	José Isidro Tendetza Antún	Si	Comunidad Indígena Shuar	Cargo sindíco - Lider antiminero administrativo en la comunidad Shuar / Máximo líder vicepresidente de la asociación	Suelo (mineria)	José Tendetza, un destacado líder ambiental ecuatoriano, emergió como una voz valiente en la resistencia contra la empresa minera Ecuacorriente S.A. (ECSA) y su controvertido proyecto Mirador en el año 2013. Este proyecto de explotación minera suscitó profundas preocupaciones debido a los efectos perjudiciales que tenía en la vivienda y los cultivos de Tendetza. Su firme oposición no solo defendía sus propios intereses, sino también los de la comunidad Shuar, que se enfrentaba a la amenaza inminente de la degradación de sus tierras y recursos vitales debido a la minería.En respuesta a la defensa apasionada de Tendetza y sus esfuerzos por proteger el medio ambiente y los derechos de su comunidad, ECSA eligió una táctica de confrontación legal. En noviembre de ese mismo año, ECSA presentó una denuncia en su contra, en un intento de desalojarlo y sofocar sus protestas. Sin embargo, la agresiva postura de la empresa minera tuvo un resultado opuesto: en lugar de amedrentarse, Tendetza recurrió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para obtener apoyo y protección en su lucha por la justicia y la preservación de su tierra y modo de vida.La determinación inquebrantable de Tendetza y su búsqueda de respuestas internacionales no lograron evitar una tragedia desgarradora. En el año 2014, fue víctima de un brutal asesinato. Este trágico evento subrayó el hecho de que la violencia no solo surgió de los intentos de ECSA de desplazarlo de su territorio, sino que escaló debido a su compromiso de proteger sus derechos y buscar justicia a nivel internacional. A pesar de las tácticas de intimidación, Tendetza no se amilanó y enfrentó las amenazas de manera valiente al recurrir a instancias internacionales para defender sus derechos y los de su comunidad. No obstante, estas acciones desencadenaron represalias cada vez más mortales, que culminaron en su trágico asesinato.En respuesta al atroz crimen, se lanzó una investigación, pero lamentablemente, no condujo a la justicia completa. Aunque se detuvo a dos individuos bajo sospecha de ser los autores del asesinato, en 2016 fueron declarados inocentes, lo que dejó el caso en un limbo judicial y acentuó la sensación de impunidad. La falta de seguimiento exhaustivo en la investigación oscureció la búsqueda de justicia por la muerte del valiente líder ambiental.Mientras tanto, ECSA continuó operando sus actividades mineras sin abordar adecuadamente las preocupaciones ambientales y sociales que planteaba su proyecto. A pesar de la resistencia valiente de Tendetza y otros activistas, la empresa avanzó con el proyecto Mirador, infligiendo daños considerables al medio ambiente y causando perjuicios a la comunidad local.La lucha incansable de José Tendetza, aunque truncada por su trágica muerte, puso de relieve los desafíos monumentales que enfrentan quienes defienden la tierra y los derechos humanos frente a los intereses corporativos poderosos y los sistemas de impunidad. Su legado persiste como un recordatorio impactante de la importancia de la justicia ambiental y la necesidad de abogar por los derechos humanos en medio de circunstancias adversas.	Durante la gestión de las labores de José Tendetza, se evidenciaron varios obstáculos y necesidades que reflejaban la complejidad de su lucha en contra de la empresa minera Ecuacorriente S.A. (ECSA) y su proyecto Mirador, así como su defensa de los derechos medioambientales y de la comunidad Shuar. Algunos de los principales obstáculos y necesidades que identificamos son los siguientes:1. Amenazas y Violencia: Uno de los obstáculos más evidentes fue la violencia y las amenazas que José Tendetza enfrentó por parte de individuos o grupos que se oponían a su activismo. Estas amenazas se intensificaron conforme su resistencia se volvía más notoria y al recurrir a instancias internacionales para buscar protección. Estas amenazas finalmente culminaron en su trágico asesinato que se dio en el 2014.2. Falta de Apoyo y Protección: Tendetza y otros defensores del medio ambiente a menudo enfrentan la falta de apoyo y protección por parte de las autoridades locales y gubernamentales. En este caso, las autoridades ecuatorianas no brindaron suficiente respaldo para proteger a Tendetza y su comunidad de las amenazas y la violencia que enfrentaban, pese a que él ya había informado y había acudió a las autoridades en búsqueda de protección y garantías.3. Impunidad y Falta de Justicia: A pesar de las investigaciones iniciales sobre el asesinato de Tendetza y la detención de sospechosos, no se logró llevar a cabo un proceso judicial exitoso para determinar la responsabilidad y sancionar a los culpables. La falta de justicia en su caso ilustra la impunidad que a menudo prevalece en los casos de defensores ambientales asesinados, y pone en evidencia que los recursos judicialices que tiene los defensores a su alcance no brindan seguridad ni son efectivos.4. Resistencia de Empresas Mineras: La empresa minera Ecuacorriente S.A. (ECSA) representó un obstáculo importante en la lucha de Tendetza. ECSA buscaba continuar con su proyecto minero y maximizar sus ganancias, a pesar de las preocupaciones ambientales y sociales planteadas por Tendetza y la comunidad Shuar. La empresa utilizó tácticas legales y posiblemente tácticas de intimidación para contrarrestar la oposición.5. Intereses Económicos y Políticos: Detrás de la resistencia de Tendetza se encontraban los intereses económicos y políticos que respaldaban la explotación minera. Estos intereses podían incluir el apoyo gubernamental a proyectos mineros para impulsar la economía, lo que a menudo crea un conflicto de intereses con la protección del medio ambiente y los derechos de las comunidades locales.En resumen, la gestión de las labores de José Tendetza enfrentó obstáculos significativos, desde la violencia y las amenazas personales hasta la falta de apoyo gubernamental y la impunidad en la persecución de la justicia. La empresa minera ECSA representó una entidad directamente relacionada con estos obstáculos, ya que buscaba avanzar en su proyecto a pesar de las preocupaciones planteadas por Tendetza y la comunidad Shuar. Además, los intereses económicos y políticos también influyeron en el enfrentamiento entre la protección del medio ambiente y los derechos humanos frente a la explotación minera.	Como consecuencia de las amenazas que recibía José Tendetza y considerando su labor de defensor del medio ambiente y los derechos de la comunidad Shuar, él empleó diversas estrategias para proteger su causa frente a la amenaza de la empresa minera Ecuacorriente S.A. (ECSA) y su proyecto Mirador. Estas estrategias incluyeron acciones judiciales, administrativas y esfuerzos de defensa en distintos niveles.Una de las estrategias más notables fue su búsqueda de apoyo y protección a través de instancias internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Tendetza presentó su caso ante la CIDH para denunciar las amenazas, la violencia y la intimidación que enfrentaba debido a su activismo medioambiental y su oposición a las operaciones mineras de ECSA. Esta acción buscaba no solo proteger sus propios derechos, sino también poner de relieve la importancia de la protección de los defensores ambientales y los derechos humanos en situaciones similares.La presentación del caso ante la CIDH tuvo el propósito de obtener medidas cautelares para garantizar la seguridad y la integridad de Tendetza y su comunidad. Además, esta acción tenía como objetivo llamar la atención internacional sobre el conflicto y la vulnerabilidad de los defensores del medio ambiente y los derechos humanos en contextos de intereses económicos poderosos. La denuncia ante la CIDH también buscaba responsabilizar al Estado ecuatoriano por la falta de protección adecuada a los defensores ambientales.Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos en instancias internacionales, el resultado final no fue el deseado. La CIDH emitió medidas cautelares en favor de Tendetza y su familia, con el objetivo de proteger su seguridad ante las amenazas y el hostigamiento que enfrentaban. Sin embargo, lamentablemente, estas medidas no fueron suficientes para evitar que en el 2014 José Tendetza fuera asesinado, evidenciando la profundidad de los riesgos a los que se enfrentan los defensores medioambientales.El resultado en términos de justicia por su asesinato también fue insatisfactorio. Aunque inicialmente se realizaron arrestos y se acusó a individuos de estar involucrados en el crimen, en 2016, estas personas fueron declaradas inocentes y no se logró establecer responsabilidades claras por su muerte. Este resultado subraya la triste realidad de la impunidad que a menudo rodea los casos de defensores ambientales asesinados, lo que enfatiza la necesidad de mayores esfuerzos por garantizar la justicia y la protección de quienes luchan por el medio ambiente y los derechos humanos.En resumen, José Tendetza empleó acciones judiciales y estrategias de defensa, incluyendo la denuncia ante la CIDH, para proteger su causa y la de su comunidad en contra de las amenazas y la violencia derivadas de la oposición a ECSA y su proyecto minero. Aunque estas acciones no pudieron evitar su trágica muerte, su valiente búsqueda de protección y justicia resalta la necesidad de una mayor protección y reconocimiento para los defensores medioambientales en todo el mundo.	El liderazgo de José Tendetza como defensor ambiental y líder comunitario en el caso de la resistencia contra la empresa minera Ecuacorriente S.A. (ECSA) proporciona valiosas lecciones y buenas prácticas para situaciones similares en la defensa de los derechos medioambientales y comunitarios. En primer lugar, Tendetza demostró una firme determinación en su lucha contra ECSA, incluso cuando enfrentaba amenazas y violencia. Su disposición a enfrentar estos riesgos y a mantener su compromiso con la causa es un ejemplo inspirador para otros defensores ambientales. La resistencia constante y la negativa a ceder ante la intimidación y las adversidades son esenciales para mantener la visibilidad y el impacto en la defensa de los derechos y el medio ambiente.Además, la búsqueda de apoyo internacional es crucial en la protección de los defensores comunitarios. La decisión de Tendetza de acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) demostró la importancia de elevar el caso a instancias globales para obtener protección y visibilidad. Esta estrategia es esencial para exponer las amenazas y las preocupaciones a una audiencia más amplia, lo que a su vez ejerce presión en las partes involucradas y puede prevenir acciones violentas. No obstante, aunque el resultado no fue el deseado en este caso, la acción de buscar apoyo internacional sigue siendo una estrategia valiosa para la defensa de los derechos humanos.La colaboración y el fortalecimiento de la comunidad son otras prácticas cruciales. Tendetza no solo luchó por sus propios derechos, sino también por los de la comunidad Shuar. Esta solidaridad fortaleció su posición y aumentó la resonancia de su lucha. La organización comunitaria y la construcción de alianzas son fundamentales para generar un frente unido y generar mayor impacto. Además, la comunicación constante con la comunidad y la inclusión de sus perspectivas son esenciales para garantizar que las acciones de resistencia sean representativas y relevantes.En términos legales, la documentación meticulosa de amenazas, actos de violencia y otros incidentes es vital. Mantener registros detallados puede respaldar las denuncias y las acciones legales futuras, y proporciona una base sólida para demostrar la necesidad de protección y justicia. Esta documentación también puede ser utilizada para crear conciencia pública y mantener la presión en las partes responsables.Por último, el caso de José Tendetza resalta la necesidad de una respuesta integral de la comunidad internacional, los gobiernos y las organizaciones no gubernamentales. El asesinato de Tendetza es un triste recordatorio de la urgencia de abordar la impunidad en los casos de defensores ambientales asesinados. La presión global y la colaboración entre diversas entidades pueden contribuir a crear un entorno en el que la violencia y la intimidación no queden impunes y se promueva la justicia.En resumen, el liderazgo de José Tendetza en su lucha contra ECSA ofrece lecciones cruciales para situaciones similares. La perseverancia, la búsqueda de apoyo internacional, la colaboración comunitaria, la documentación rigurosa y la respuesta integral son todas prácticas que pueden guiar futuros esfuerzos de defensa de los derechos medioambientales y comunitarios en todo el mundo.	En el caso de José Tendetza, la confrontación con la empresa minera Ecuacorriente S.A. (ECSA) tomó un giro legal en noviembre de 2013, cuando ECSA interpuso una denuncia en su contra. La denuncia se centró en su oposición a las operaciones mineras y su presencia en un área que ECSA consideraba esencial para su proyecto, conocido como el proyecto Mirador. Esta acción legal se convirtió en un punto crucial en la lucha de Tendetza por los derechos medioambientales y la protección de su comunidad, los Shuar.La denuncia de ECSA contra José Tendetza tenía un propósito claro: instar al líder ambiental a desalojar la zona donde tenía su vivienda y donde parte de la comunidad Shuar se encontraba asentada. Sin embargo, este intento de desalojo no se trataba únicamente de un asunto de propiedad, sino que estaba profundamente arraigado en el conflicto entre la preservación del medio ambiente y los intereses de explotación minera.La denuncia se apoyó en la resistencia constante de Tendetza a las operaciones mineras de ECSA en el proyecto Mirador. No solo estaba preocupado por las implicaciones directas que tendría en su hogar y sus tierras, sino también por los impactos devastadores que la minería podría tener en el entorno natural y en la comunidad Shuar en general. Su labor como defensor medioambiental lo impulsó a desafiar abiertamente las prácticas de ECSA y a enfrentar la violencia y las amenazas que se desencadenaron como resultado de su postura.La denuncia de ECSA contra Tendetza refleja la táctica de la empresa para neutralizar su resistencia y eliminar un obstáculo potencial para sus operaciones mineras. Al presentar la denuncia, ECSA buscaba debilitar la posición de Tendetza y, posiblemente, desmovilizar sus esfuerzos de oposición. Esta medida legal también subrayó la disparidad de poder entre una empresa poderosa y un activista local que luchaba por la justicia medioambiental y los derechos de su comunidad.A pesar de esta acción legal, José Tendetza se mantuvo firme en su postura y buscó respaldo en instancias internacionales, incluida la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para proteger sus derechos y la integridad de su comunidad frente a los intereses de ECSA. Su búsqueda de justicia no solo se centró en la denuncia presentada en su contra, sino en el enfrentamiento más amplio entre la explotación de recursos y la preservación del entorno natural y los derechos humanos.En última instancia, la denuncia presentada por ECSA fue un intento de presionar a José Tendetza para que abandonara su lucha, pero su valiente perseverancia y su búsqueda de apoyo internacional resaltan la importancia de la protección de defensores medioambientales y de los derechos humanos en contextos de intereses comerciales y económicos. Su historia destaca los desafíos que enfrentan aquellos que defienden la tierra y el medio ambiente frente a las presiones de las industrias extractivas y las empresas poderosas.	La labor de José Tendetza como defensor medioambiental y líder comunitario en su lucha contra la empresa minera Ecuacorriente S.A. (ECSA) involucró el apoyo y la colaboración de diversas entidades, tanto a nivel nacional como internacional. Estas entidades, provenientes de sectores públicos, privados e internacionales, desempeñaron un papel importante en su lucha por la justicia y la protección del medio ambiente.A nivel internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desempeñó un papel crucial en la defensa de los derechos de Tendetza. Cuando se enfrentó a amenazas y violencia, Tendetza recurrió a la CIDH en busca de apoyo y protección. Aunque las medidas cautelares emitidas por la CIDH no pudieron prevenir su trágico asesinato, esta instancia internacional destacó la importancia de la protección de los defensores de derechos humanos y medioambientales en situaciones similares. La denuncia ante la CIDH también contribuyó a aumentar la visibilidad de su caso y a ejercer presión en las partes involucradas.En el ámbito privado, individuos y grupos comprometidos se unieron a la causa de Tendetza, en su gran mayoría fueron los mismos lideres de la comunidad que trabajaban con él. Enfrentando las amenazas y la violencia, estos aliados locales respaldaron su lucha y contribuyeron a crear conciencia sobre los desafíos que enfrentaba. El apoyo privado subraya la importancia de la solidaridad comunitaria y cómo las personas comunes pueden desempeñar un papel fundamental en la protección de los derechos y el medio ambiente.Es importante señalar que, a pesar del apoyo brindado por diversas entidades, José Tendetza enfrentó desafíos significativos en su búsqueda de justicia y protección. Aunque recibió respaldo internacional y local, el resultado final no logró prevenir su trágico asesinato ni garantizar la plena rendición de cuentas por su muerte. Su historia refleja la complejidad y los riesgos que enfrentan los defensores ambientales en su lucha contra intereses económicos poderosos y sistemas de impunidad.En resumen, José Tendetza recibió apoyo de una variedad de entidades a nivel nacional e internacional, incluyendo la CIDH, organizaciones no gubernamentales y colaboradores privados. Estas entidades jugaron un papel fundamental al resaltar la importancia de la protección de los defensores de derechos humanos y medioambientales. A pesar de los obstáculos y el trágico desenlace, su lucha destaca la necesidad continua de colaboración y apoyo para garantizar la justicia y la protección en casos similares en todo el mundo.	José Tendetza, en su lucha como defensor ambiental y líder comunitario contra la empresa minera Ecuacorriente S.A. (ECSA), buscó y utilizó diversas herramientas para su defensa jurídica, la protección de su integridad y la seguridad de su familia. EN este sentido, apesar de queTendentza no conocia todas las herramientas jurídicas y demás, es posible identificar algunas medidas que él pudo haber conocido y aplicado en su situación.En términos de defensa jurídica, Tendetza demostró conciencia y acción al acudir a instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La presentación de su caso ante la CIDH refleja su comprensión de la importancia de obtener apoyo y protección a través de canales legales internacionales. Si bien las medidas cautelares emitidas no pudieron prevenir su trágico destino, su decisión de buscar apoyo en la comunidad internacional ilustra su conocimiento de herramientas legales para la defensa de los derechos humanos.En cuanto a la protección de su integridad y la de su familia, es probable que Tendetza haya considerado el valor de la colaboración con organizaciones no gubernamentales (ONG) especializadas en derechos humanos y medio ambiente. El apoyo de estas ONG habría incluido asesoramiento legal y logístico para fortalecer su posición ante amenazas y actos de violencia. Además, la colaboración con estas organizaciones habría contribuido a la construcción de redes de apoyo y solidaridad, lo que es esencial para enfrentar retos de manera colectiva.El monitoreo y la documentación detallada de las amenazas y la violencia son herramientas fundamentales en la defensa de los defensores medioambientales. Si Tendetza estaba al tanto de buenas prácticas, es probable que haya registrado cuidadosamente los incidentes, lo que habría respaldado denuncias legales y proporcionado evidencia en futuras investigaciones.En términos de seguridad personal y familiar, Tendetza pudo haber conocido la importancia de variar sus rutinas y limitar el acceso a información personal sensible para minimizar el riesgo. Dada la naturaleza de su lucha y las amenazas que enfrentaba, es plausible que haya implementado algunas medidas de precaución para proteger su integridad y la de su familia.En resumen, a pesar de que la información específica sobre las herramientas exactas utilizadas por José Tendetza no se proporciona en detalle, su búsqueda de apoyo internacional, su posible colaboración con ONG, la documentación de amenazas y posibles medidas de seguridad personal sugieren que pudo haber tenido conocimiento de herramientas y estrategias para su defensa jurídica, la protección de su integridad y la seguridad de su familia. Su caso resalta la necesidad de una respuesta integral y efectiva para proteger a los defensores medioambientales y sus derechos en situaciones de riesgo.
Ecuador	Ecuador, Provincia de Pastaza en Ecuador, Pueblo Kichwa.	Patricia Gualinga	Si	Lideresa indígena de Sarayaku, un pueblo kichwa del Ecuador.	Lider y defensora del pueblo Kichwa - Defensa de los derechos de los pueblos indígenas	Fauna, Flora y Suelo (principalmente petroleo)	La líder indígena Patricia Gualinga y la comunidad Sarayaku han sido sometidas a varios tipos de violencia a lo largo de los años debido a su defensa del medio ambiente y los derechos indígenas en la región amazónica de Ecuador. Estos actos violentos, que han incluido amenazas, hostigamiento y enfrentamientos físicos, han sido perpetrados principalmente por intereses económicos y actores involucrados en la industria extractiva. Esta violencia dirigida hacia Patricia Gualinga y su comunidad busca suprimir su activismo y detener su lucha por la protección de sus tierras, cultura y modo de vida.La lucha de Sarayaku contra la explotación petrolera comenzó en la década de 1990 cuando se dieron cuenta de que sus tierras estaban siendo amenazadas por proyectos de extracción de petróleo. La comunidad se opuso firmemente a esta invasión en su territorio, lo que resultó en actos de violencia dirigidos hacia ellos. Los intereses económicos detrás de la explotación petrolera en la Amazonía ecuatoriana se encontraron con la resistencia activa de la comunidad Sarayaku.Los actores que ejercieron la violencia incluyeron a empresas petroleras y sus asociados, así como las fuerzas de seguridad que a menudo operan en colaboración con estos intereses económicos. A lo largo de los años, la comunidad ha enfrentado amenazas verbales y físicas, intimidación y hostigamiento por parte de individuos y grupos que buscan silenciar su oposición a la explotación de recursos naturales en su tierra ancestral.La lucha de Patricia Gualinga y su comunidad no se ha limitado solo a enfrentar la violencia física, sino también a desafiar un sistema que a menudo ignora los derechos indígenas y el impacto ambiental. Han llevado su caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, obteniendo un histórico fallo en 2012 que reconoció sus derechos y la importancia de la consulta previa y el consentimiento informado en proyectos que podrían afectarles.En este contexto, Patricia Gualinga se ha convertido en una voz poderosa en la defensa de los derechos humanos y medioambientales. Su determinación y resistencia frente a la violencia y la adversidad han destacado la importancia de la justicia ambiental y los derechos de las comunidades indígenas en un mundo cada vez más amenazado por la explotación y el cambio climático.En resumen, la violencia experimentada por Patricia Gualinga y la comunidad Sarayaku ha sido ejercida principalmente por intereses económicos vinculados a la explotación de recursos naturales en la región amazónica de Ecuador. A pesar de estas adversidades, su lucha ha tenido un impacto duradero en la promoción de los derechos indígenas y la protección del medio ambiente a nivel nacional e internacional.	En la gestión de las labores de Patricia Gualinga, líder indígena de la comunidad Sarayaku, se han presentado diversos obstáculos y necesidades que han surgido como resultado de la protección del medio ambiente y los derechos indígenas en la región amazónica de Ecuador. Estos desafíos han estado entrelazados con intereses económicos, empresas extractivas y la falta de reconocimiento y respeto a los derechos de las comunidades indígenas.Uno de los obstáculos más significativos ha sido la constante presión de las empresas petroleras y sus asociados que buscan explotar los recursos naturales en la región amazónica. Desde la década de 1990, la comunidad Sarayaku se ha opuesto a la explotación petrolera en su territorio, lo que ha llevado a enfrentamientos con empresas como la Compañía General de Combustibles S.A. (CGC) y la Petrolera Argentina San Jorge S.A. La resistencia de Sarayaku ha sido vista como un obstáculo por parte de estas empresas, que han buscado su consentimiento para la exploración, pero han encontrado una firme negativa por parte de la comunidad.La falta de reconocimiento y respeto a los derechos de las comunidades indígenas ha sido un obstáculo recurrente en la lucha de Patricia Gualinga y su comunidad. A pesar de su identidad cultural y derechos territoriales reconocidos en el estatuto del Pueblo Originario Kichwa de Sarayaku en el año 2004, han enfrentado la falta de consulta adecuada y la exclusión en las decisiones que afectan directamente su territorio y modo de vida. La falta de reconocimiento de sus derechos por parte del Estado ecuatoriano y las empresas extractivas ha generado un constante conflicto y la necesidad de defender sus derechos ante instancias nacionales e internacionales.Las necesidades más frecuentes en la gestión de las labores de Patricia Gualinga y su comunidad han estado relacionadas con la protección del territorio y el medio ambiente. La degradación del ambiente causada por la exploración petrolera ha tenido un impacto negativo en la tierra, el agua y los recursos naturales que son esenciales para su forma de vida. Además, han necesitado recursos para su defensa legal y la participación en instancias internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde buscaron justicia y reconocimiento de sus derechos.Los obstáculos y necesidades identificados están intrínsecamente relacionados con empresas extractivas, como la CGC, y la falta de reconocimiento de los derechos indígenas por parte de las autoridades gubernamentales. Estos actores han creado una dinámica de conflicto y desafíos para la comunidad Sarayaku en su búsqueda de preservar su territorio y derechos ancestrales.En resumen, Patricia Gualinga y la comunidad Sarayaku han enfrentado obstáculos que incluyen la presión de empresas extractivas y la falta de reconocimiento de sus derechos indígenas. Las necesidades más frecuentes han girado en torno a la protección del medio ambiente y los recursos naturales esenciales para su subsistencia, así como la defensa legal y el reconocimiento de sus derechos a nivel nacional e internacional. Estos obstáculos y necesidades han resaltado la complejidad de la lucha por la justicia ambiental y los derechos indígenas en el contexto de la explotación de recursos naturales.	Patricia Gualinga ha empleado diversas estrategias judiciales, administrativas y de defensa en su incansable lucha por la protección del medio ambiente y los derechos indígenas en la región amazónica de Ecuador. Su activismo ha estado marcado por un enfoque multifacético que abarca acciones legales, movilización comunitaria y la participación en instancias internacionales para obtener justicia y reconocimiento de los derechos de su comunidad.Una de las estrategias más destacadas fue la presentación del caso del Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El caso se originó a raíz de la explotación petrolera en el territorio de Sarayaku y las violaciones a los derechos de la comunidad. La CIDH emitió un fallo histórico en junio de 2012, en el cual reconoció que el Estado ecuatoriano había incumplido su deber de consulta previa y consentimiento informado, vulnerando los derechos de los indígenas. La sentencia estableció la necesidad de reparaciones y medidas para evitar daños futuros.El caso ante la CIDH fue una estrategia de defensa fundamental, ya que proyectó la lucha de Patricia Gualinga y su comunidad a nivel internacional. La sentencia de la CIDH fue un logro significativo al reconocer la importancia de la consulta y el consentimiento en proyectos que afectan a comunidades indígenas y al respeto de sus derechos. Esta sentencia también estableció un precedente para la protección de los derechos ambientales y culturales de las comunidades indígenas en la región.Además del caso ante la CIDH, Patricia Gualinga ha empleado acciones legales a nivel nacional. Uno de los ejemplos más notables fue el caso en el que ella y otros líderes de la comunidad Sarayaku fueron demandados por la Compañía General de Combustibles S.A. (CGC) en 2011. La empresa buscó una indemnización por supuestas difamaciones. Sin embargo, en 2013, un tribunal ecuatoriano emitió un fallo a favor de los líderes indígenas, reconociendo su derecho a la libertad de expresión y su legítimo activismo en defensa de los derechos humanos y ambientales.Además de las acciones judiciales, Patricia Gualinga y su comunidad han empleado estrategias administrativas y movilización comunitaria. Han buscado diálogo con las autoridades gubernamentales, presentando propuestas y exigiendo el respeto a sus derechos territoriales. La movilización y protesta pacífica han sido herramientas clave para llamar la atención sobre la importancia de la protección del medio ambiente y los derechos indígenas.Así entonces, se evidencia que Patricia Gualinga ha empleado diversas estrategias judiciales, administrativas y de movilización en su defensa del medio ambiente y los derechos indígenas. La presentación del caso ante la CIDH fue un hito importante que resultó en un fallo histórico en favor de su comunidad y estableció un precedente en la protección de los derechos de las comunidades indígenas en proyectos extractivos. A nivel nacional, su comunidad también ha obtenido victorias legales en casos de difamación presentados por empresas extractivas.	La líder comunitaria Patricia Gualinga se ha destacado en su gestión principalmente por la lucha por que ha desempeñado en relación con la protección del medio ambiente y los derechos indígenas en la región amazónica de Ecuador, con lo cual ofrece valiosas lecciones y buenas prácticas que pueden ser aplicadas en casos similares de activismo y defensa de causas justas. Ella se ha destacado por tener un enfoque multifacético, sin embaro siempre se centra en la participación comunitaria, el diálogo constructivo, la movilización internacional y la perseverancia, con lo cual proporciona valiosas lecciones para aquellos que buscan abogar por la justicia ambiental y los derechos humanos.En primer lugar, Patricia Gualinga siempre ha demostrado la importancia de generar una participación activa y con ello involucrar a los miembros de la comunidad en la toma de decisiones y en la defensa de sus derechos. La comunidad Sarayaku se ha unido en su lucha, participando en manifestaciones, vigilias y asambleas para expresar su unidad y determinación. Esta cohesión ha fortalecido su posición y les ha permitido enfrentar los desafíos con mayor eficacia.El diálogo constructivo con las autoridades gubernamentales y las partes interesadas es otra buena práctica. Patricia Gualinga ha buscado oportunidades para presentar propuestas y argumentos sólidos a las autoridades, promoviendo el entendimiento mutuo y la búsqueda de soluciones. Este enfoque ayuda a evitar la confrontación innecesaria y fomenta un ambiente en el que se puedan encontrar soluciones equitativas y sostenibles.La movilización internacional es una herramienta poderosa. La presentación del caso de la comunidad Sarayaku ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos no solo proporcionó un reconocimiento a nivel internacional, sino que también estableció un precedente para la protección de los derechos indígenas en proyectos extractivos. Esta estrategia demuestra cómo llevar la lucha a instancias internacionales puede generar apoyo global y presión sobre las partes responsables.La perseverancia y la resistencia son fundamentales en la lucha por la justicia ambiental y los derechos humanos. Patricia Gualinga y su comunidad han demostrado una determinación inquebrantable a pesar de los obstáculos y las amenazas. Su capacidad para mantenerse firmes en su causa, incluso cuando enfrentan desafíos legales y riesgos personales, inspira a otros a continuar en la lucha por la justicia.Otro aspecto fundamental en Patricia Gualinga, es la visión a largo plazo sobre las problemáticas ya que ha comprendido la importancia de no solo abordar los problemas inmediatos, sino también de trabajar hacia una transformación estructural y duradera. Su lucha va más allá de casos individuales y se centra en la preservación de los ecosistemas, la cultura indígena y la garantía de los derechos de las generaciones futuras.En conclusión la presente lideresa ambiental, cuenta con aspectos muy importantes a destacar como: la participación comunitaria, el diálogo constructivo, la movilización internacional, la perseverancia y una visión a largo plazo son elementos clave en su enfoque. Su liderazgo ejemplar ha demostrado que la lucha por la justicia y la protección del medio ambiente pueden lograrse con determinación, solidaridad y estrategias efectivas.	En el marco de su labor en defensa del medio ambiente y los derechos indígenas, Patricia Gualinga y la comunidad Sarayaku han enfrentado procesos judiciales iniciados por sus contrapartes, que buscan limitar sus esfuerzos y preservar intereses económicos vinculados a la explotación de recursos naturales en la región amazónica de Ecuador. Estos procesos legales han sido utilizados como una estrategia para intimidar y silenciar a los líderes indígenas y a la comunidad en su conjunto.Un ejemplo de esta judicialización es el caso de la empresa petrolera Compañía General de Combustibles S.A. (CGC), que demandó a Patricia Gualinga y otros líderes de la comunidad Sarayaku en el año 2011. La demanda se basó en acusaciones de supuestas difamaciones y daños a la imagen de la empresa realizados por los líderes comunitarios durante su lucha contra la explotación petrolera en el territorio Sarayaku. La empresa buscó una millonaria indemnización por daños y perjuicios.La demanda contra Patricia Gualinga y otros líderes de Sarayaku fue considerada por muchos como un intento de amedrentar y desalentar su activismo en defensa de los derechos indígenas y el medio ambiente. Sin embargo, esta acción legal también generó una respuesta solidaria a nivel nacional e internacional, con organizaciones de derechos humanos y ambientales, así como otros defensores indígenas, expresando su apoyo a la comunidad Sarayaku.El resultado del proceso judicial fue una victoria para Patricia Gualinga y la comunidad Sarayaku. En el año 2013, un tribunal ecuatoriano emitió un fallo a favor de los líderes indígenas, desestimando las demandas de la empresa petrolera. El tribunal reconoció el derecho a la libertad de expresión y el legítimo ejercicio del activismo en defensa de los derechos humanos y medioambientales. La sentencia también estableció que los líderes de Sarayaku habían actuado en el interés público al denunciar las posibles afectaciones ambientales y culturales causadas por la explotación petrolera.Esta victoria legal fue un hito importante en la lucha de Patricia Gualinga y su comunidad, demostrando que la defensa de los derechos y la justicia ambiental puede prevalecer sobre los intentos de silenciamiento por parte de las empresas extractivas. El caso también resaltó la importancia de contar con el apoyo de la comunidad nacional e internacional, así como la relevancia de los sistemas judiciales para la protección de los defensores indígenas y los derechos humanos.En conclusión, Patricia Gualinga y la comunidad Sarayaku han enfrentado procesos judiciales iniciados por sus contrapartes, en este caso la empresa petrolera CGC, como una táctica para frenar su activismo en defensa de los derechos indígenas y el medio ambiente. Sin embargo, el resultado de este proceso fue positivo para la comunidad, ya que el tribunal falló a favor de los líderes indígenas, reafirmando el derecho a la libertad de expresión y la importancia del activismo en la protección de los derechos humanos y medioambientales. De igual forma, han existido otros casos en donde la comunidad.	La incansable labor de Patricia Gualinga en defensa de los derechos indígenas y la protección del medio ambiente en la región amazónica de Ecuador ha contado con el apoyo de diversas entidades, tanto a nivel público como privado e internacional. A lo largo de los años, varias organizaciones y actores han brindado su respaldo a su lucha y la causa de su comunidad, contribuyendo significativamente a su labor y a la visibilidad de sus demandas.En primer lugar, un número significativo de ONGs, tanto ecuatorianas como internacionales, han jugado un papel fundamental en apoyar la labor de Patricia Gualinga. Organizaciones como Amazon Watch, Fundación Pachamama y Front Line Defenders han trabajado en estrecha colaboración con Patricia y su comunidad, brindando asesoramiento legal, documentando violaciones de derechos y promoviendo la causa en foros nacionales e internacionales. Estas organizaciones han contribuido a amplificar las voces de Patricia Gualinga y su comunidad, proporcionando recursos y herramientas para enfrentar desafíos legales y comunicativos.De igual forma, la solidaridad entre las comunidades indígenas ha sido un pilar fundamental en el apoyo a Patricia Gualinga y su lucha. Otros líderes indígenas y comunidades afectadas por proyectos extractivos y ambientales han compartido experiencias, consejos y estrategias. Esta colaboración ha fortalecido el tejido social y ha proporcionado un sistema de apoyo mutuo en la búsqueda de justicia y protección del medio ambiente.Por otra parte, diversas organizaciones internacionales y agencias gubernamentales han expresado su apoyo a Patricia Gualinga y su comunidad. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) y otros organismos han reconocido la importancia de su labor en la protección de los derechos humanos y la biodiversidad. Además, algunos gobiernos y legisladores han levantado la voz en apoyo a su causa, promoviendo la adopción de políticas y medidas que respeten los derechos indígenas y el medio ambiente.Así mismo, la colaboración con abogados y expertos en derechos humanos, como Mario Melo, ha sido crucial en la defensa de Patricia Gualinga. Estos profesionales han brindado asesoramiento legal, presentado casos ante instancias judiciales y proporcionado orientación estratégica para enfrentar los desafíos legales que se presentan en la lucha por los derechos indígenas y ambientales.En resumen, Patricia Gualinga ha recibido apoyo de una amplia gama de entidades y actores que han respaldado su labor en la defensa de los derechos indígenas y la protección del medio ambiente en la Amazonía ecuatoriana. La colaboración entre ONGs, defensores de derechos humanos, comunidades indígenas, medios de comunicación, artistas, organizaciones multilaterales y gubernamentales, así como expertos legales, ha sido esencial para enfrentar los desafíos y avanzar hacia la justicia ambiental y la promoción de los derechos humanos en la región.	En el caso de Patricia Gualinga y su dedicada lucha por la protección del medio ambiente y los derechos indígenas en la región amazónica de Ecuador, se ha destacado por emplear una serie de herramientas para su defensa jurídica, la preservación de su integridad personal y la seguridad de su familia. Estas estrategias han sido cruciales para enfrentar los desafíos y riesgos inherentes a su activismo y para garantizar su bienestar y el de su comunidad.En primer lugar, Patricia Gualinga si bien n o cuenta con un conocimiento jurídico específico, ha sido asesorada y apoyada por diferentes abogados y organizaciones legales que se especializan en derechos humanos y ambientales que la han ayudado la comprensión de los instrumentos legales nacionales e internacionales que respaldan los derechos de las comunidades indígenas y la protección del medio ambiente, con los cuales se ha defendido. A través de estas colaboraciones, ha presentado casos y denuncias ante instancias como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), lo que ha resultado en importantes fallos a favor de su comunidad y ha sentado precedentes en la defensa de los derechos indígenas.Por otra parte, una estrategia clave ha sido la utilización de plataformas de medios de comunicación y redes sociales para denunciar violaciones de derechos y amenazas. Patricia Gualinga y su comunidad han dado a conocer públicamente las injusticias que enfrentan, lo que crea conciencia y presión sobre los perpetradores y las autoridades responsables.La participación de Patricia Gualinga en foros y eventos internacionales ha sido una herramienta vital. Al participar en conferencias, encuentros y reuniones de alto nivel, ha presentado su caso y ha atraído la atención internacional sobre los problemas que enfrentan las comunidades indígenas en Ecuador. Esto también proporciona un nivel adicional de protección al exponer su situación ante una audiencia global. De igual forma una de las herramientas más importantes que a la cual ella acudió junto con la comunidad que representa fue la presentación de su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y posteriormente ante la Corte IDH. La solidaridad y el apoyo de defensores de derechos humanos nacionales e internacionales han sido cruciales. Patricia Gualinga ha trabajado en red con otros líderes y activistas, compartiendo estrategias y experiencias. Esto proporciona un sistema de apoyo mutuo y refuerza la defensa colectiva de los derechos humanos y ambientales.En este orden de ideas, Patricia Gualinga ha adoptado una serie de herramientas estratégicas para su defensa jurídica, la protección de su integridad y la seguridad de su familia. Su comprensión de los instrumentos legales, su colaboración con organizaciones de derechos humanos, su visibilidad pública, su participación en foros internacionales y el apoyo de defensores son componentes esenciales de su enfoque integral para enfrentar los desafíos y avanzar en la protección de los derechos indígenas y el medio ambiente en su región.
Ecuador	Ecuador, territorio Sampara	Nema Grefa	Si	Pueblo Sápara	Presidenta de la Nación Indígena Sápara	Suelo (explotación petrolera)	Nema Grefa, una destacada líder ambiental ecuatoriana, ha dedicado su vida y esfuerzos a la defensa y protección del medio ambiente en su territorio natal. Su valiente y comprometida postura antiextractivista en defensa del territorio Sapara la ha convertido en un referente en la lucha por la preservación de los recursos naturales y la vida sostenible en la Amazonía.Desde aproximadamente el año 2016, Nema Grefa asumió un papel fundamental como presidenta de la Nación Sapara, una posición que la colocó en el centro de los esfuerzos por proteger el territorio y las formas de vida ancestrales de su comunidad. Sin embargo, con este nuevo rol también vinieron desafíos significativos y peligrosas amenazas que ponían en riesgo tanto su integridad física como su seguridad.La labor de Nema Grefa como líder medioambiental y presidenta de la Nación Sapara no solo desencadenó debates acalorados sobre el desarrollo sostenible y la explotación de recursos naturales, sino que también generó fuertes reacciones por parte de aquellos que buscaban obtener beneficios económicos a través de la extracción petrolera en el territorio Sapara. La posición antiextractivista de Grefa desafiaba directamente los intereses de estas personas y entidades, lo que provocó una serie de amenazas y ataques en su contra.Entre las formas de violencia y amenazas que Nema Grefa enfrentó, se incluían amenazas dirigidas a la integridad de su hogar y, aún más alarmante, hacia la seguridad de sus seres queridos, como su padre. Estas acciones amenazantes buscaban no solo debilitar su postura, sino también generar un clima de temor y presión en su entorno personal y profesional. Además, se presentaron ataques verbales y escritos que cuestionaban y desaprobaban su liderazgo y su trabajo, intentando deslegitimar su labor y desmotivar su lucha.La valentía de Nema Grefa al enfrentar estas adversidades y persistir en su defensa del territorio Sapara resalta su dedicación a una causa que va más allá de su propia seguridad personal. Su compromiso con la protección del medio ambiente y la sostenibilidad es un ejemplo inspirador para otras comunidades y líderes en todo el mundo que se encuentran en situaciones similares.La historia de Nema Grefa ejemplifica los desafíos que enfrentan muchos líderes ambientales en su lucha contra intereses económicos y políticos que buscan la explotación de recursos naturales a expensas del medio ambiente y las comunidades locales. A pesar de las amenazas y la violencia, su persistencia y determinación han permitido que su voz resuene a nivel nacional e internacional, llamando la atención sobre la importancia de la protección de los ecosistemas y las culturas indígenas en la Amazonía y en todo el mundo.	Nema Grefa y el pueblo Sapara han enfrentado numerosos obstáculos en su lucha por la protección del medio ambiente y la defensa de su territorio. Estos obstáculos pueden estar relacionados con diversos actores, entidades y empresas que buscan intereses económicos a través de la explotación de recursos naturales en la región amazónica. Algunos de los obstáculos y necesidades más frecuentes que podrían haber enfrentado incluyen:1. Explotación de Recursos Naturales: Uno de los obstáculos más prominentes es la presión de empresas extractivas que buscan explotar los recursos naturales, como la industria petrolera. Estas empresas suelen estar motivadas por beneficios económicos a corto plazo, sin considerar los impactos ambientales y sociales a largo plazo. Sumado a este, se afirma que quienes son responsables de las amenazas son hombres de otras nacionalidades indígenas, ex dirigentes de la NASE que buscan recuperar el control de la organización para negociar con empresas petroleras y beneficiarse.2. Falta de Reconocimiento de Derechos Indígenas: Las comunidades indígenas, como los Sapara, a menudo enfrentan la falta de reconocimiento de sus derechos territoriales y culturales por parte de los gobiernos y otras entidades. Esto puede dar lugar a desalojos forzados y pérdida de su patrimonio cultural y ancestral.3. Conflictos de Intereses: Los intereses económicos y políticos a menudo entran en conflicto con la protección del medio ambiente y los derechos indígenas. Los líderes como Nema Grefa se encuentran en medio de estos conflictos, enfrentando presiones para ceder ante actividades extractivas, por lo tanto como se evidencia, se busca que ella no esté en el poder para así evitar que interrumpan los objetivos de continuar con la extracción de recursos petroleros.4. Falta de Acceso a Recursos y Apoyo: Las comunidades indígenas a menudo carecen de acceso a recursos financieros y apoyo técnico para llevar a cabo acciones legales, campañas de sensibilización y otras iniciativas destinadas a proteger su territorio y derechos.5. Amenazas y Violencia: La lucha por la protección ambiental y territorial puede resultar en amenazas y actos de violencia por parte de intereses contrarios. Las amenazas a la integridad física y emocional de líderes como Nema Grefa son utilizadas para silenciar su voz y sus esfuerzos.6. Desinformación y Difamación: Los opositores a la causa pueden difundir desinformación y difamar a los líderes y comunidades que defienden el medio ambiente. Esto busca socavar su credibilidad y debilitar el apoyo público a sus esfuerzos.7. Falta de Consulta y Consentimiento: La falta de procesos de consulta y consentimiento adecuados antes de llevar a cabo proyectos extractivos en territorios indígenas es un obstáculo común. Esto viola los derechos de las comunidades a tomar decisiones sobre su propio territorio.En el caso de Nema Grefa y el pueblo Sapara, es posible que estos obstáculos estén relacionados con empresas petroleras, intereses gubernamentales o incluso grupos locales que buscan beneficios económicos a expensas de la preservación ambiental y cultural.	Nema Grefa ha sido una líder destacada en la defensa de los derechos ambientales y territoriales de la comunidad Sapara en el Ecuador. Su incansable lucha ha involucrado una serie de acciones judiciales, administrativas y estrategias de defensa para proteger la causa que promueve. A través de su valiente liderazgo, ha buscado preservar el territorio ancestral de su comunidad y enfrentar amenazas y desafíos significativos.Uno de los aspectos cruciales en su labor ha sido la presentación de denuncias y acciones legales contra las intimidaciones y amenazas que ha enfrentado. La realización de denuncias es una estrategia esencial para exponer y responsabilizar a aquellos que buscan silenciar su voz. Al documentar y presentar pruebas de las amenazas, Nema Grefa ha buscado la protección legal y la rendición de cuentas de quienes intentaron socavar sus esfuerzos. Aunque no tengo detalles específicos sobre los resultados de estas acciones judiciales, su objetivo podría haber sido obtener medidas de seguridad y justicia, además de llamar la atención pública sobre la violencia y la intimidación que enfrentan los defensores ambientales.La batalla por la protección del territorio Sapara también ha implicado estrategias administrativas y de movilización. En particular, la recuperación del 70% del territorio adjudicado a la asociación Naruka en 2020 ilustra la resistencia y la movilización comunitaria. La NASE lideró acciones de protección y protestas para presionar por la restitución de lo que legítimamente les pertenecía. Este enfoque de movilización ha demostrado ser efectivo en revertir decisiones perjudiciales y en consolidar el apoyo público para su causa.Además de las acciones legales y de movilización, Nema Grefa ha buscado aliados y colaboradores para fortalecer su causa. La colaboración con la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) destaca la importancia de construir redes y alianzas sólidas para obtener apoyo y legitimidad en la lucha. Establecer conexiones con otras organizaciones indígenas y no gubernamentales amplifica su voz y aumenta la presión sobre las autoridades.Sin embargo, el éxito alcanzado no ha venido sin costos. La persistente amenaza a su seguridad ha llevado a medidas de protección adicionales. La necesidad de notificar a la Fiscalía sobre sus movimientos y la solicitud constante de acompañamiento en sus viajes subrayan la seriedad de las amenazas que enfrenta. Estas medidas no solo reflejan los riesgos que enfrentan los líderes ambientales, sino también su determinación en medio de la adversidad.En este orden de ideas, es necesario destacar que Nema Grefa ha empleado una combinación de acciones judiciales, estrategias administrativas, movilización comunitaria y construcción de alianzas para proteger la causa que promueve. Su liderazgo en la defensa del territorio ancestral Sapara ha destacado la importancia de la perseverancia, la valentía y la colaboración en la lucha por los derechos ambientales y territoriales. Aunque no tengo información específica sobre los resultados de todas estas estrategias en su caso, su historia resalta la necesidad continua de apoyar y proteger a los líderes ambientales que dedican sus vidas a la preservación de nuestro planeta y las comunidades indígenas.	La gestión de Nema Grefa como líder comunitaria en la defensa del territorio Sapara proporciona valiosas lecciones y buenas prácticas para casos similares en todo el mundo. Su dedicación y la implementación de estrategias efectivas resaltan cómo enfrentar desafíos en la protección del medio ambiente y los derechos indígenas. Algunas recomendaciones basadas en su experiencia pueden ser:1. Empoderamiento Comunitario: Una de las fortalezas clave de Nema Grefa ha sido el empoderamiento de su comunidad. La participación activa y la consulta constante con los miembros de la comunidad son fundamentales para garantizar que las acciones sean respaldadas por la mayoría. El empoderamiento comunitario fortalece la legitimidad de la lucha y la cohesión dentro de la comunidad.2.Alianzas Estratégicas: La colaboración con organizaciones indígenas y no gubernamentales, como la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), ha demostrado ser esencial. Establecer alianzas estratégicas amplía la red de apoyo, fortalece la voz colectiva y aumenta la visibilidad de la causa a nivel nacional e internacional.3. Movilización y Protesta Pacífica: La movilización comunitaria y las protestas pacíficas son tácticas efectivas para generar atención y presionar a las autoridades. Organizar manifestaciones y acciones de protección demuestra la unidad y la determinación de la comunidad en la defensa de su territorio.4. Documentación y Pruebas: La documentación exhaustiva de amenazas y violencia es esencial. El uso de pruebas, como videos y denuncias, aumenta la credibilidad de las acusaciones y proporciona una base sólida para acciones legales y sensibilización pública.5.Acciones Legales y Administrativas: La presentación de denuncias y acciones legales frente a las amenazas es crucial. Buscar justicia y medidas de seguridad a través de procesos legales demuestra que los líderes no tolerarán la intimidación y están dispuestos a responsabilizar a los culpables.6. Educación y Sensibilización: Las campañas de sensibilización son herramientas poderosas para involucrar al público y generar apoyo. Comunicar la importancia del medio ambiente y los derechos indígenas a través de medios de comunicación y redes sociales ayuda a construir una base de apoyo más amplia.7. Construcción de Solidaridad: La empatía y la solidaridad de individuos y grupos que no están directamente afectados son cruciales. Crear conciencia y obtener el apoyo de personas fuera de la comunidad puede influir en las decisiones gubernamentales y empresariales.8. Medidas de Protección Personal: La seguridad personal de los líderes debe ser una prioridad. La implementación de medidas de protección, como la notificación a las autoridades y el acompañamiento en viajes, es esencial para garantizar su seguridad.9. Persistencia y Resiliencia: La lucha por la protección ambiental y los derechos indígenas puede ser larga y desafiante. La persistencia y la resiliencia son virtudes necesarias para superar obstáculos y mantener el enfoque en los objetivos a largo plazo.10. Promoción de Cambio Político: Buscar la atención y el apoyo de figuras políticas y organismos internacionales puede influir en la toma de decisiones. La presión política puede resultar en cambios legislativos y decisiones gubernamentales a favor de la causa.	El caso de Nema Grefa ha sido marcado por una serie de acciones legales que no solo buscaban resguardar su seguridad en su labor como líder ambiental en la comunidad Sapara, sino también luchar por la protección de su territorio. Además, se han presentado situaciones en las cuales aquellos que se oponían a su continuación como líder ambiental tomaron medidas legales. Durante su mandato de cuatro años como presidenta de la NASE (Nación Sapara del Ecuador), se desencadenaron acontecimientos que tuvieron implicaciones significativas para la preservación de su territorio ancestral.Uno de los obstáculos más notables que Nema Grefa y la NASE enfrentaron fue la amenaza de despojo de su territorio ancestral. La defensa de este territorio no solo representaba la protección de un entorno natural vital, sino también la preservación de una historia y una cultura que habían perdurado durante generaciones. Sin embargo, durante su liderazgo, en el 2020 el Ministerio de Agricultura adjudicó el 70% del territorio sápara a una asociación llamada Naruka, a pesar de que esta asociación no tenía reconocimiento estatal y era declarada ilegítima por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), se autodenominaba sápara a pesar de estar compuesta por personas que no pertenecían a esa nacionalidad. Esta maniobra amenazó gravemente la integridad del territorio y puso en riesgo el legado de la comunidad Sapara.Nema Grefa, enfrentando este desafío, encabezó una lucha incansable para recuperar lo que legítimamente les pertenecía. A través de acciones de protección y protestas, lideró la NASE en una batalla por la restitución de su territorio ancestral. La determinación y la resistencia de Grefa y su comunidad fueron fundamentales para lograr un resultado positivo: en 2021, después de esfuerzos considerables, la NASE logró recuperar el territorio que les había sido arrebatado.No obstante, este éxito no estuvo exento de dificultades y riesgos. La amenaza constante a la seguridad de Nema Grefa seguía presente. Las denuncias sobre intimidación y amenazas previas llevaron a medidas precautorias. La líder comunitaria, una vez puso en conocimiento la amenaza capturada en un video, se vio en la necesidad de notificar a la Fiscalía cada vez que se desplazaba a otras provincias, reportarse periódicamente y a menudo requerir de acompañamiento en sus viajes, todo ello como estrategias para asegurar su seguridad.Estos asuntos con las denuncias que buscaban recuperar el territorio y que buscaban alejarla de su papel como líder ambiental no solo la afectó a nivel individual, sino que tuvo un impacto en su vida cotidiana. La constante preocupación por su seguridad la llevó a tener que adoptar precauciones en su vida diaria. Las restricciones incluso se extendieron a las interacciones con su familia, quienes la llamaban constantemente para asegurarse de su bienestar, ya que el acompañamiento previo que solía recibir había disminuido.	En la valiente lucha de Nema Grefa Ushigua y su colectivo Mujeres Amazónicas por la protección del medio ambiente y los derechos humanos en la Amazonía ecuatoriana, diversas entidades han desempeñado roles importantes, tanto a nivel local como internacional. Aunque estas mujeres enfrentan desafíos considerables debido a los intereses políticos y económicos en juego, han encontrado apoyo en una red diversa de organizaciones y defensores de los derechos humanos que comparten su causa.A nivel nacional, el reconocimiento de Nema Grefa como presidenta de la Nación Sapara por la Secretaría Nacional de Gestión de la Política en octubre de 2018 marcó un hito importante. Este reconocimiento público no solo validó su liderazgo, sino también envió un mensaje de apoyo a su labor en la defensa de los derechos indígenas y el medio ambiente. Sin embargo, Nema Grefa también ha señalado la necesidad de medidas de protección más adecuadas para su comunidad y contexto de riesgo, lo que sugiere la importancia de una mayor colaboración con las autoridades nacionales para garantizar su seguridad.A nivel internacional, organizaciones como Amnistía Internacional han alzado sus voces en apoyo a Nema Grefa y otras líderes ambientales. La directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosas, resaltó la importancia de su labor y cómo el trabajo de defensores del medio ambiente es crucial en el contexto de la crisis ambiental global. Las declaraciones de Amnistía Internacional y otras organizaciones de derechos humanos aumentan la visibilidad de la lucha de estas mujeres a nivel internacional y presionan a las autoridades ecuatorianas para que brinden la protección necesaria.Además, la colaboración con el colectivo Mujeres Amazónicas ha sido un factor clave en la labor de Nema Grefa. Trabajar en conjunto con otras líderes indígenas y defensoras del medio ambiente fortalece su voz y su capacidad para generar impacto. El colectivo, que reúne a más de cien mujeres mayoritariamente indígenas, comparte valores y objetivos similares en la defensa del territorio, la cultura y los derechos humanos. Esta red de apoyo mutuo no solo empodera a las líderes, sino que también resalta la importancia de la solidaridad entre las comunidades indígenas.Para concluir, el apoyo para Nema Grefa y su colectivo ha venido de una variedad de fuentes, incluidas entidades gubernamentales, organizaciones internacionales y redes de defensores de derechos humanos. Este apoyo ha sido fundamental para elevar su voz y sus esfuerzos en la defensa del medio ambiente y los derechos indígenas. Sin embargo, su lucha también subraya la necesidad de un compromiso continuo por parte de estas entidades para garantizar la protección y el respeto de los derechos de las líderes ambientales en riesgo constante.	Nema Grefa ha utilizado diversas herramientas para su defensa jurídica, la protección de su integridad y la seguridad de su familia en su lucha como líder ambiental y defensora de los derechos indígenas en la Amazonía ecuatoriana.1. Denuncias y Acciones Legales: Nema Grefa ha presentado denuncias formales y acciones legales contra las amenazas y la intimidación que ha enfrentado. Las denuncias ante las autoridades judiciales son fundamentales para documentar y visibilizar las violaciones a los derechos y buscar justicia.2. Medidas de Protección Personal: Después de enfrentar amenazas y agresiones, Nema Grefa ha buscado medidas de protección para garantizar su seguridad y la de su familia. Esto puede incluir solicitar acompañamiento en sus viajes, notificar a las autoridades sobre sus movimientos y requerir medidas de protección específicas.3. Apoyo de Organizaciones de Derechos Humanos: Nema Grefa ha recibido apoyo de organizaciones de derechos humanos, como Amnistía Internacional. Estas organizaciones pueden brindar asesoramiento legal, visibilidad internacional y presionar a las autoridades para que tomen medidas de protección adecuadas.4. Redes de Solidaridad y Alianzas: La colaboración con el colectivo Mujeres Amazónicas y otras organizaciones indígenas proporciona una red de apoyo. Trabajar en conjunto con otras líderes y defensoras fortalece su capacidad de resistencia y protección.5.Reconocimiento Oficial: El reconocimiento público de su liderazgo por parte de la Secretaría Nacional de Gestión de la Política en 2018 brindó una medida de protección simbólica al validar su posición como presidenta de la Nación Sapara.6. Sensibilización Pública: La visibilidad mediática y las declaraciones públicas sobre las amenazas que ha enfrentado pueden actuar como una forma de protección. Al exponer las violaciones a los derechos y la intimidación, se crea conciencia pública y se ejerce presión sobre las autoridades para que tomen medidas.7.Colaboración con Organizaciones Indígenas: La colaboración con organizaciones indígenas, como la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), fortalece su posición y amplifica su voz. Las organizaciones indígenas pueden brindar apoyo y recursos para la defensa de los derechos.8. Comunicación Internacional: La difusión de su historia y su lucha a nivel internacional a través de organizaciones de derechos humanos y medios de comunicación extranjeros puede aumentar la presión sobre las autoridades ecuatorianas para que brinden protección y garanticen su seguridad.Estas herramientas y estrategias combinadas son esenciales para la defensa de Nema Grefa, su integridad y la seguridad de su familia en medio de los desafíos y las amenazas que enfrenta. La diversidad de enfoques, desde medidas legales hasta sensibilización pública y colaboración con aliados, demuestra su enfoque integral para protegerse y continuar su labor como líder ambiental y defensora de los derechos indígenas.
Ecuador	Río Blanco y Molleturo.	Ándres Durazno	Si	Lider de Río Blanco y Molleturo.	Lider de Río Blanco y Molleturo, donde vigilaba las acciones antimineras.	Recursos Hídricos y Suelo: Mineria	Andrés Durazno, un reconocido defensor de los derechos humanos y de la naturaleza, fue víctima de violencia marcada principalmente con su asesinado en la noche del 17 de marzo de 2021. Su asesinato tuvo un impacto profundo en la comunidad y en su entorno familiar, dejando en orfandad a ocho hijos y generando zozobra en su círculo cercano. Su muerte resalta la peligrosa realidad en la que operan los defensores de derechos humanos y de la naturaleza en Ecuador y en otros lugares.Andrés Durazno era una de las principales voces de la resistencia contra la minería en las zonas de Río Blanco y Molleturo, en la provincia del Azuay. Estas zonas han sido escenario de conflictos y tensiones debido a la actividad minera y los intereses extractivos. En 2018, Andrés Durazno y otros pobladores presentaron denuncias por persecución y hostigamientos por parte de la operadora minera Junefield Ecuador-Ecuagoldmining South America S.A. Estas denuncias resaltaron la creciente conflictividad social en torno a la minería en la zona del proyecto minero Río Blanco, que había sido suspendido por orden judicial, pero que continuaba generando tensiones y violencia.El contexto en el que Andrés Durazno fue asesinado ilustra la importancia de la labor de los defensores de derechos humanos y de la naturaleza, así como los riesgos que enfrentan en su lucha contra actividades extractivas y otros intereses. Su asesinato puso en evidencia la necesidad de protección para él y para otros defensores de derechos humanos y de la naturaleza que se enfrentan a amenazas constantes, hostigamientos y violencia.Las organizaciones que formaban parte de la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos instaron a la Fiscalía a llevar a cabo una investigación urgente, eficiente y transparente para esclarecer los hechos y sancionar a los responsables. Además, resaltaron la importancia de considerar el riesgo inherente a la labor de los defensores en la investigación y la necesidad de adoptar medidas de protección adecuadas.El asesinato de Andrés Durazno subraya la necesidad de abordar la violencia que enfrentan los defensores de derechos humanos y de la naturaleza desde su raíz. La imposición de actividades extractivas en territorios en contra de la voluntad de las comunidades y el incumplimiento de obligaciones de protección por parte del Estado contribuyen a la violencia y la inseguridad que enfrentan estos líderes.Para prevenir futuros actos de violencia, es necesario no solo conducir investigaciones y aplicar sanciones, sino también abordar los factores de riesgo y las amenazas de manera integral. Esto incluye un análisis de contexto que evalúe el riesgo y que tome en cuenta las situaciones particulares de los defensores y defensoras, así como la adopción de medidas de prevención y protección que aborden enfoques étnicos, colectivos y de género.El asesinato de Durazno resalta la importancia de proteger y apoyar a los defensores que dedican sus vidas a esta labor, y recalca la responsabilidad del Estado en cumplir sus obligaciones de protección y promoción de los derechos.	Andrés Durazno, un destacado defensor de los derechos humanos y de la naturaleza en Ecuador, enfrentó numerosos obstáculos en su labor de resistencia contra la minería y en su lucha por proteger el medio ambiente y los derechos de las comunidades locales. Su valiente trabajo en la defensa de la tierra y los recursos naturales lo llevó a enfrentar una serie de desafíos y a identificar necesidades urgentes para la gestión de sus labores.Uno de los principales obstáculos que Andrés Durazno enfrentó fue la oposición de empresas mineras y otras entidades que tenían intereses económicos en la explotación de recursos naturales en las zonas de Río Blanco y Molleturo. Su trabajo en la resistencia contra la minería generó tensiones con estas empresas, que buscaron desacreditar y deslegitimar su labor. Además, las denuncias de persecución y hostigamientos por parte de la operadora minera Junefield Ecuador-Ecuagoldmining South America S.A. ilustran la presión y la intimidación que los defensores del medio ambiente enfrentan por parte de actores poderosos.La falta de un entorno seguro para su labor fue otro obstáculo constante. Andrés Durazno y otros defensores se encontraron en una posición de vulnerabilidad debido a la falta de medidas de protección efectivas por parte del Estado. A pesar de su contribución esencial al fortalecimiento de la democracia y la protección de los derechos humanos, enfrentaron amenazas, intimidaciones y violencia. Esto refleja una preocupante realidad en Ecuador y en otros lugares, donde los defensores de derechos humanos y de la naturaleza a menudo operan en un entorno de peligro constante.En su lucha contra la imposición de actividades extractivas en territorios comunales, Andrés Durazno identificó la necesidad de que el Estado aborde los factores subyacentes de la violencia. La falta de consulta previa y el incumplimiento de obligaciones por parte de las autoridades para proteger los derechos de las comunidades locales contribuyen a la conflictividad y la violencia en estas zonas. La imposición de proyectos extractivos en contra de la voluntad de las comunidades crea un caldo de cultivo para tensiones y enfrentamientos.Aunque el texto no menciona directamente a entidades, empresas o personas específicas como responsables de los obstáculos y las amenazas que enfrentó Andrés Durazno, se puede inferir que las empresas mineras y ciertos sectores económicos tienen intereses contrarios a su labor y pueden estar detrás de los obstáculos y la violencia que enfrentó. Las denuncias de hostigamiento y persecución por parte de la operadora minera Junefield Ecuador-Ecuagoldmining South America S.A. sugieren que ciertas empresas estaban involucradas en acciones que afectaron su seguridad y su capacidad para defender los derechos humanos y la naturaleza.En resumen, Andrés Durazno enfrentó obstáculos como la oposición de empresas mineras, la falta de protección efectiva por parte del Estado, y la imposición de actividades extractivas en contra de la voluntad de las comunidades locales. Estos desafíos reflejan la lucha constante de los defensores del medio ambiente y los derechos humanos en entornos donde los intereses económicos a menudo chocan con la protección de la tierra, los recursos naturales y las comunidades locales. Su sacrificio subraya la importancia de garantizar un entorno seguro y propicio para la labor de estos valientes defensores.	Andrés Durazno, un incansable defensor de los derechos humanos y del medio ambiente en Ecuador, desplegó una serie de estrategias y acciones para proteger la causa que promovía, enfrentando los obstáculos impuestos por la industria extractiva y otros actores que buscaban desafiar su labor. A lo largo de su lucha, recurrió a diversas vías judiciales y administrativas para abogar por la protección de los derechos de las comunidades locales y el medio ambiente.Una de las acciones más destacadas que Andrés Durazno emprendió fue la presentación de denuncias judiciales y administrativas contra la operadora minera Junefield Ecuador-Ecuagoldmining South America S.A. y sus funcionarios por persecución y hostigamientos en 2018. A pesar de que estas denuncias no obtuvieron el resultado deseado, ya que el proceso judicial fue archivado, representaron una importante estrategia para visibilizar los abusos y desafíos que enfrentaban las comunidades locales ante las actividades extractivas.La persistencia de Andrés Durazno en estas denuncias demuestra su compromiso con la justicia y su lucha por la protección de los derechos humanos y el medio ambiente. A pesar de los obstáculos que enfrentó, su labor ayudó a poner en evidencia las tácticas intimidatorias de ciertas empresas mineras y su impacto negativo en las comunidades locales y el entorno natural.En el texto se menciona que una denuncia en contra de Andrés Durazno por parte de funcionarios de la minera permanecía abierta en la Fiscalía General desde 2017. Aunque no se especifica cómo manejó esta situación, es plausible suponer que Andrés y su equipo legal llevaron a cabo medidas para defenderse y responder a estas acusaciones. Esta denuncia, sin embargo, también ilustra cómo las entidades poderosas pueden emplear el sistema legal para obstaculizar y deslegitimar la labor de los defensores de derechos humanos y del medio ambiente.Además de las acciones legales, es probable que Andrés Durazno haya utilizado estrategias de movilización social, campañas de concientización y trabajo en redes para fortalecer su causa. Su papel como líder y vocero de la resistencia contra la minería en las zonas de Río Blanco y Molleturo demuestra su capacidad para unir a las comunidades y sensibilizar a la opinión pública sobre la importancia de la protección del medio ambiente y los derechos humanos.Andrés Durazno desplegó una variedad de acciones judiciales y administrativas, junto con estrategias de movilización social y concientización, para proteger la causa que promovía en defensa de los derechos humanos y del medio ambiente. Aunque algunas de estas acciones no obtuvieron los resultados esperados, su persistencia y dedicación resaltan la importancia de la labor de los defensores en la lucha contra intereses económicos poderosos y la necesidad de abogar por un entorno seguro y propicio para su trabajo.	Andrés Durazno, un incansable defensor de los derechos humanos y del medio ambiente en Ecuador, desplegó una serie de estrategias y acciones para proteger la causa que promovía, enfrentando los obstáculos impuestos por la industria extractiva y otros actores que buscaban desafiar su labor. A lo largo de su lucha, recurrió a diversas vías judiciales y administrativas para abogar por la protección de los derechos de las comunidades locales y el medio ambiente.Una de las acciones más destacadas que Andrés Durazno emprendió fue la presentación de denuncias judiciales y administrativas contra la operadora minera Junefield Ecuador-Ecuagoldmining South America S.A. y sus funcionarios por persecución y hostigamientos en 2018. A pesar de que estas denuncias no obtuvieron el resultado deseado, ya que el proceso judicial fue archivado, representaron una importante estrategia para visibilizar los abusos y desafíos que enfrentaban las comunidades locales ante las actividades extractivas.La persistencia de Andrés Durazno en estas denuncias demuestra su compromiso con la justicia y su lucha por la protección de los derechos humanos y el medio ambiente. A pesar de los obstáculos que enfrentó, su labor ayudó a poner en evidencia las tácticas intimidatorias de ciertas empresas mineras y su impacto negativo en las comunidades locales y el entorno natural.En el texto se menciona que una denuncia en contra de Andrés Durazno por parte de funcionarios de la minera permanecía abierta en la Fiscalía General desde 2017. Aunque no se especifica cómo manejó esta situación, es plausible suponer que Andrés y su equipo legal llevaron a cabo medidas para defenderse y responder a estas acusaciones. Esta denuncia, sin embargo, también ilustra cómo las entidades poderosas pueden emplear el sistema legal para obstaculizar y deslegitimar la labor de los defensores de derechos humanos y del medio ambiente.Además de las acciones legales, es probable que Andrés Durazno haya utilizado estrategias de movilización social, campañas de concientización y trabajo en redes para fortalecer su causa. Su papel como líder y vocero de la resistencia contra la minería en las zonas de Río Blanco y Molleturo demuestra su capacidad para unir a las comunidades y sensibilizar a la opinión pública sobre la importancia de la protección del medio ambiente y los derechos humanos.Andrés Durazno desplegó una variedad de acciones judiciales y administrativas, junto con estrategias de movilización social y concientización, para proteger la causa que promovía en defensa de los derechos humanos y del medio ambiente. Aunque algunas de estas acciones no obtuvieron los resultados esperados, su persistencia y dedicación resaltan la importancia de la labor de los defensores en la lucha contra intereses económicos poderosos y la necesidad de abogar por un entorno seguro y propicio para su trabajo.	Andrés Durazno, un destacado defensor de los derechos humanos y de la naturaleza en Ecuador, enfrentó diversos obstáculos en su lucha por la protección del medio ambiente y los derechos de las comunidades locales frente a la minería y la explotación de recursos naturales. A lo largo de su labor, enfrentó acciones legales por parte de actores que buscaban desafiar su trabajo y deslegitimar su causa.En 2018, Andrés Durazno y otros pobladores de la zona denunciaron a la operadora minera Junefield Ecuador-Ecuagoldmining South America S.A. por persecución y hostigamientos. Estas denuncias pusieron de manifiesto la intensa oposición que enfrentó por parte de entidades con intereses económicos en la explotación de los recursos naturales en las zonas de Río Blanco y Molleturo. Sin embargo, este proceso legal fue archivado, lo que podría interpretarse como un reflejo de la dificultad de los defensores de derechos humanos y de la naturaleza para obtener justicia en casos que involucran a poderosas empresas extractivas.Por otro lado, una denuncia de funcionarios de la minera en contra de Andrés Durazno permaneció abierta en la Fiscalía General desde 2017. Esta situación revela una paradoja, ya que a pesar de que el Estado ecuatoriano tenía la responsabilidad de proteger al defensor de derechos, mantenía abierta una investigación en su contra. Esto puede interpretarse como un abuso del sistema legal para criminalizar y deslegitimar la labor de Andrés Durazno y otros líderes similares, lo que agrega un nivel adicional de obstáculos a su trabajo en defensa del medio ambiente y los derechos humanos.El resultado de estas acciones legales y denuncias no se menciona explícitamente en el texto proporcionado. Sin embargo, es importante notar que el proceso judicial puede ser un terreno complicado para los defensores de derechos humanos, especialmente cuando se enfrentan a entidades con recursos y poder significativos. En muchos casos, las acciones legales pueden ser utilizadas para acosar, intimidar o desviar la atención de la causa que los defensores están promoviendo.En resumen, Andrés Durazno enfrentó acciones legales y denuncias por parte de la operadora minera y sus funcionarios en el marco de su labor como defensor de derechos humanos y de la naturaleza. Estas acciones resaltan los desafíos y obstáculos adicionales que los defensores enfrentan en su lucha contra intereses económicos poderosos. Si bien los resultados específicos de estas acciones legales no se detallan en el texto, es evidente que la judicialización puede ser utilizada como una herramienta para obstaculizar y debilitar la labor de aquellos que defienden la protección del medio ambiente y los derechos de las comunidades locales.	La labor de Andrés Durazno ha sido apoyada por diversas entidades y organización, si bien no se tiene conocimiento especifico de que entidades u organizaciones le permitieron apoyar y crecer en su labor como líder medio ambiental, es plausible suponer que Andrés recibió respaldo de diversas fuentes a lo largo de su lucha.En muchos casos de defensores de derechos humanos y del medio ambiente, la colaboración con organizaciones no gubernamentales (ONG), tanto a nivel nacional como internacional, es común. Estas ONG suelen proporcionar recursos, asesoramiento legal y apoyo en campañas de concientización, y esto es posible evidenciarlo, considerando que tras su asesinato múltiples páginas web de las ONG han publicado parte de la historia de Andrés y así mismo dan a conocer las diversas herramientas que utilizo para su lucha intentando dar visibilidad a su caso para que no quede en la impunidad. Andrés Durazno pudo haber trabajado con organizaciones ecuatorianas que se dedican a la protección del medio ambiente y los derechos humanos, así como con ONG internacionales con experiencia en temas similares. Estas entidades podrían haber brindado asistencia en la planificación y ejecución de acciones legales y estrategias de defensa.Es plausible que Andrés Durazno haya colaborado con organizaciones locales y regionales que compartían su objetivo de proteger el medio ambiente y los derechos de las comunidades. La Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos, mencionada en el texto, podría haber sido un importante aliado en su lucha. Esta alianza, conformada por varias organizaciones, pudo haber proporcionado apoyo en términos de recursos, conocimientos y redes de contactos.Además, es posible que Andrés Durazno haya contado con el respaldo de líderes comunitarios, autoridades locales y nacionales que compartían su visión y valoraban su trabajo en defensa de los derechos humanos y del medio ambiente. En algunos casos, los líderes políticos y las figuras influyentes pueden desempeñar un papel clave al elevar la voz de los defensores y abogar por su causa en diferentes niveles de gobierno.Aunque el texto no proporciona información específica sobre el apoyo internacional que Andrés Durazno pudo haber recibido, es común que defensores de derechos humanos y del medio ambiente colaboren con organismos internacionales, como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos o Amnistía Internacional, que brindan visibilidad a las causas y promueven la protección de los defensores.En resumen, mientras que el texto no detalla las entidades específicas que apoyaron a Andrés Durazno en su labor, es plausible que haya colaborado con una variedad de actores, incluyendo ONG locales e internacionales, comunidades locales, líderes políticos y posiblemente instituciones internacionales. La colaboración con estas entidades habría proporcionado el apoyo necesario para enfrentar los obstáculos y desafíos que enfrentó en su lucha por la protección de los derechos humanos y del medio ambiente en Ecuador.	La trágica noticia del asesinato de Andrés Durazno, resalta la peligrosa realidad que enfrentan aquellos que alzan su voz contra actividades extractivas y la defensa del medio ambiente. Frente a esta situación, las organizaciones que conforman la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos han emitido un enérgico llamado a la acción.En respuesta al asesinato de Andrés Durazno, estas organizaciones han instado a la Fiscalía a llevar a cabo investigaciones urgentes, eficientes y transparentes para esclarecer los hechos y asegurar la rendición de cuentas de los responsables. Además, han demandado que se considere el riesgo inherente a su labor como defensor de derechos humanos y de la naturaleza en la investigación y en la protección de su familia y de otros defensores comunitarios en su entorno.Para abordar esta grave situación, han enfatizado la necesidad de realizar un análisis profundo y minucioso del contexto en conjunto con organizaciones de derechos humanos. Esto permitiría evaluar el riesgo al que se enfrentan los defensores y defensoras en diversas situaciones y lugares, especialmente en zonas como Río Blanco, donde las actividades extractivas han generado conflictividad social y amenazas crecientes.El asesinato de Andrés Durazno no solo ha causado zozobra en la comunidad, sino que también ha dejado a ocho hijos en orfandad y ha impactado profundamente a su círculo familiar, quienes comparten un compromiso activo con la naturaleza y los derechos humanos. La necesidad de proteger a su familia y a otros defensores comunitarios se vuelve evidente en este contexto de violencia.La lamentable situación resalta la conflictividad que rodea a la minería en el proyecto minero Río Blanco, donde las autoridades no han actuado de manera eficaz para resolver las tensiones y proteger a los defensores. Esta situación subraya la importancia de la labor de los defensores de derechos humanos y de la naturaleza para el fortalecimiento de la democracia y la promoción de los derechos fundamentales.El asesinato de Andrés Durazno también pone de manifiesto el peligro constante al que se enfrentan los defensores en todo el país. Su labor vital en la lucha por la defensa de los derechos humanos y del medio ambiente a menudo los coloca en una situación de riesgo, incluso de perder la vida.En 2018, Andrés y otros pobladores denunciaron persecución y hostigamientos por parte de la operadora minera Junefield Ecuador-Ecuagoldmining South America S.A. A pesar de que este proceso fue archivado, la denuncia contra Andrés Durazno por parte de la minera seguía abierta desde 2017 en la Fiscalía General. Esta situación revela la necesidad de protección efectiva para los defensores, ya que el Estado ecuatoriano tenía la responsabilidad de salvaguardar su integridad.La respuesta a esta tragedia no puede limitarse a investigaciones y sanciones. Para prevenir futuras violencias, el Estado debe abordar la raíz del problema: la imposición del extractivismo en contra de la voluntad de las comunidades locales. Además, es esencial que el Estado evalúe diligentemente las amenazas y riesgos que enfrentan los defensores de derechos humanos y del medio ambiente.
Ecuador	Ecuador, Comunidad Indígena Shuar	Bosco Wisuma	Si	Comunidad Indígena Shuar	Profesor Bilingüe de la comunidad indigena Shuar	Recursos Hídricos y Suelo: Mineria	El caso de Bosco Wisuma, el profesor indígena bilingüe del pueblo shuar, expone una serie de violencias infligidas sobre la comunidad indígena y sus líderes que se desencadenaron en torno a la protesta contra la política extractiva del gobierno de Rafael Correa. Esta serie de eventos trágicos comenzaron en 2009 y perduraron durante varios años, dejando un como la mayor marca de violencia el asesinato.La violencia que Bosco Wisuma y la comunidad shuar enfrentaron se manifestó en varias formas: represión policial, uso de fuerza excesiva, criminalización de los manifestantes y líderes, represalias, y finalmente, el asesinato. El año 2009 marca el inicio de estas hostilidades cuando la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie) convocó a protestas en contra de la Ley de Minería y la Ley de Aguas propuestas por el gobierno de Rafael Correa. Estas leyes abrieron la puerta a la minería a gran escala y al control estatal sobre los recursos hídricos, generando un conflicto con las comunidades indígenas que veían amenazadas sus formas de vida y su entorno natural.En septiembre de 2009, la protesta alcanzó su punto álgido en la provincia amazónica de Morona Santiago, donde se encontraba Bosco Wisuma. Fue en este contexto que Wisuma perdió la vida en circunstancias aún no del todo aclaradas. Recibió un disparo durante la manifestación, lo que resultó en su muerte. A pesar de que las investigaciones oficiales y las declaraciones del gobierno intentaron responsabilizar a los manifestantes shuar de la muerte de Wisuma, la evidencia forense y las circunstancias apuntaban a la represión policial como la causa de su fallecimiento.La comunidad shuar y otras organizaciones indígenas continuaron enfrentando violencia tanto física como psicológica. La represión estatal, la criminalización de las protestas y la falta de una investigación transparente profundizaron la desconfianza hacia el gobierno y sus instituciones. La detención y sentencia injusta de líderes como José "Pepe" Acacho, quien ni siquiera estuvo presente en el lugar donde Wisuma murió, revelan el nivel de persecución política y judicial que enfrentaron los activistas indígenas.El caso Bosco Wisuma también destaca la manipulación política que el gobierno de Correa llevó a cabo. Aprovechando la tragedia, el gobierno intentó reconfigurar la narrativa en su favor, utilizando la figura de Wisuma para desviar la atención de otras acusaciones y como elemento propagandístico. A pesar de la falta de pruebas concluyentes, el gobierno presentó una versión oficial poco fundamentada sobre la responsabilidad del disparo que acabó con la vida de Wisuma.El caso de Bosco Wisuma y la comunidad shuar reflejan una serie de violencias y represiones que comenzaron en 2009 y continuaron durante varios años. La violencia se manifestó en la represión policial durante las protestas, la criminalización de los manifestantes, la muerte de Wisuma y la falta de una investigación transparente esto y la manipulación política que buscó utilizar su muerte como un recurso propagandístico.	La gestión de sus labores se ha visto obstaculizada por una serie de desafíos persistentes que han afectado tanto a nivel comunitario como individual. Estos obstáculos han surgido principalmente debido a la lucha contra la política extractiva del gobierno de Rafael Correa y la defensa de los derechos indígenas en la Amazonía ecuatoriana.Uno de los obstáculos más notables ha sido la represión estatal y la violencia policial durante las manifestaciones. La comunidad shuar, liderada por Wisuma y otros activistas, se ha enfrentado a la fuerza excesiva por parte de las fuerzas de seguridad en su lucha contra la minería a gran escala y la explotación de recursos naturales en sus territorios ancestrales. Esta represión ha socavado su capacidad para expresar sus preocupaciones legítimas y defender sus derechos de manera pacífica, creando un entorno de temor y desconfianza.Otro desafío ha sido la criminalización de los manifestantes y líderes indígenas. La detención y posterior sentencia injusta de José "Pepe" Acacho, quien no estuvo presente en el lugar donde ocurrió la muerte de Wisuma, ilustra cómo las autoridades intentaron silenciar a los líderes indígenas mediante acusaciones infundadas de terrorismo y sabotaje. Esta criminalización ha dificultado la participación activa y libre de la comunidad shuar en la defensa de sus derechos y la protesta legítima.La falta de una investigación transparente y exhaustiva sobre la muerte de Bosco Wisuma ha sido otro obstáculo significativo. Aunque las pruebas apuntaban a la represión policial como la causa de su muerte, el gobierno intentó manipular la narrativa y culpar a los manifestantes shuar. Esta falta de claridad y justicia ha dejado a la comunidad shuar sin respuestas y sin la sensación de que se hizo justicia por la pérdida de uno de sus líderes más destacados.Estos obstáculos y desafíos han estado relacionados principalmente con las políticas y acciones del gobierno de Rafael Correa. El gobierno promovió políticas extractivas y una postura represiva hacia las protestas indígenas y la defensa de los derechos territoriales. A través de la represión, la criminalización y la manipulación de la información, el gobierno buscó silenciar las voces de los líderes indígenas y debilitar su capacidad para resistir la expansión de la minería y la explotación de recursos naturales en sus tierras.En conclusión, la gestión de las labores de Bosco Wisuma y la comunidad shuar se ha visto obstaculizada por la represión estatal, la criminalización de los líderes indígenas y la falta de una investigación transparente sobre su muerte. Estos obstáculos han estado directamente relacionados con las políticas y acciones del gobierno de Rafael Correa, que promovió la política extractiva y buscó debilitar la capacidad de los indígenas para defender sus derechos y su tierra.	El presente caso involucra el tema de la trágica muerte de Bosco en medio de una protesta contra las políticas extractivas y las leyes propuestas por el gobierno de Rafael Correa, diversas acciones judiciales, administrativas y estrategias de defensa se llevaron a cabo con el propósito de proteger la causa que promovía y esclarecer las circunstancias de su fallecimiento. Sin embargo, los resultados de estas acciones han sido mixtos y marcados por contradicciones y falta de claridad.La Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), en conjunto con otras organizaciones indígenas, desempeñó un papel fundamental en la defensa de la memoria y la causa de Bosco Wisuma. Tras su muerte, estas organizaciones convocaron a protestas a nivel nacional, exigiendo justicia y una investigación transparente. Su movilización condujo al establecimiento de una comisión legislativa encargada de investigar la muerte de Wisuma y a la realización de investigaciones por parte de la Fiscalía General del Estado.La estrategia de defensa buscó desafiar las versiones oficiales presentadas por el gobierno de Correa, que intentaron atribuir la muerte de Wisuma a los propios manifestantes indígenas. Se presentaron pruebas y testimonios que contradecían estas aseveraciones y se evidenciaron inconsistencias en la versión oficial sobre el presunto autor del disparo. Expertos forenses y peritos intervinieron en el caso, como la forense francesa Tania Delabarde y el perito argentino Roberto Meza Niella, cuyos análisis respaldaron la versión de que la muerte de Wisuma fue causada por un perdigón.A pesar de estos esfuerzos, las acciones judiciales y administrativas no lograron proporcionar una conclusión definitiva. La versión oficial sobre el autor del disparo carecía de suficientes pruebas y los testimonios de los testigos protegidos se contradecían, lo que sembró dudas sobre la verdadera causa de la muerte. Además, las acusaciones de terrorismo y sabotaje dirigidas hacia líderes indígenas como José Acacho desviaron la atención de la causa principal, creando un ambiente de desconfianza y conflicto.En este contexto, el gobierno de Correa adoptó una postura defensiva, rechazando la posibilidad de que la Policía Nacional hubiera empleado armamento de este tipo en las protestas. Esta respuesta generó aún más escepticismo y desconfianza por parte de las comunidades indígenas y la sociedad en general.Aunque se lograron algunos acuerdos, como la creación de una comisión legislativa para investigar la muerte de Wisuma, la falta de claridad en las investigaciones y la contradictoria versión oficial sobre su muerte generaron un ambiente de incertidumbre y desconfianza. La causa que Bosco Wisuma promovía, en contra de las políticas extractivas y por la protección de los derechos indígenas, siguió siendo relevante, pero la falta de una resolución definitiva en su caso dejó muchas interrogantes sin respuesta.	El caso de Bosco Wisuma y su trágica muerte durante las protestas contra la política extractiva en Ecuador ofrece valiosas lecciones sobre liderazgo comunitario y cómo enfrentar desafíos similares. Aquí se presentan algunas buenas prácticas recomendadas para líderes comunitarios que enfrentan situaciones de conflicto y luchan por causas sociales:1. Compromiso con la causa: Bosco Wisuma era un profesor indígena bilingüe y activista comprometido con la defensa de los derechos de su pueblo shuar. Su dedicación a la causa fue un factor clave en su capacidad para movilizar a otros y generar conciencia sobre los problemas que enfrentaba su comunidad. Los líderes comunitarios deben tener un fuerte compromiso con la causa que defienden y estar dispuestos a dedicar tiempo y esfuerzo para lograr un cambio significativo.2. Comunicación efectiva: Wisuma utilizó su posición como profesor y líder comunitario para comunicar claramente las preocupaciones y demandas de su comunidad. La comunicación efectiva es esencial para movilizar a las personas y ganar apoyo para una causa. Los líderes deben ser capaces de articular de manera convincente los problemas en juego y explicar por qué es importante tomar medidas.3. Unidad y solidaridad: Wisuma era parte de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), una organización que unió a diversas comunidades y pueblos indígenas en la lucha contra la política extractiva. La unidad y la solidaridad entre diferentes grupos son cruciales para fortalecer la resistencia y aumentar la presión sobre las autoridades. 4. Diálogo y negociación: A pesar de la dura represión que enfrentó su comunidad, Wisuma y otros líderes buscaron el diálogo con el gobierno para encontrar soluciones pacíficas a los problemas. El diálogo y la negociación son herramientas poderosas para resolver conflictos y buscar soluciones que beneficien a todas las partes involucradas.5. Evidencia y transparencia: Wisuma y otros líderes buscaron evidencia y datos sólidos para respaldar sus afirmaciones y contradecir la narrativa oficial. La búsqueda de la verdad y la transparencia son esenciales para desafiar narrativas falsas y construir confianza entre la comunidad. 6. Resiliencia y adaptabilidad: A pesar de los desafíos y amenazas que enfrentó, Wisuma y su comunidad no se rindieron. Demostraron resiliencia y adaptabilidad al persistir en sus esfuerzos a pesar de la adversidad. 7. Educación y conciencia: Wisuma era un profesor, y su compromiso con la educación y la conciencia de su comunidad fue evidente. La educación y la conciencia son herramientas poderosas para empoderar a las personas y generar un cambio duradero. Los líderes comunitarios pueden desempeñar un papel crucial al educar a su comunidad sobre sus derechos, el contexto histórico y las implicaciones de las políticas propuestas.8. Liderazgo colectivo: Si bien Wisuma fue un líder destacado, su trabajo fue parte de un esfuerzo colectivo más amplio. El liderazgo comunitario efectivo a menudo involucra a múltiples personas que trabajan juntas para lograr un objetivo común. Fomentar el liderazgo colectivo permite una distribución equitativa de responsabilidades y aumenta la sostenibilidad de la causa.	El caso de Bosco Wisuma pone en evidencia a un líder indígena shuar y activista en contra de la minería y las políticas extractivas que murió en 2009 durante una protesta en la que se manifestaba en contra de la Ley de Minería y la Ley de Aguas propuestas por el gobierno de Rafael Correa. Su muerte generó indignación y fue utilizada por el gobierno como parte de su narrativa propagandística.En este orden de ideas, más allá de hablar sobre algún tipo de judicialización por parte de la contraparte, se presentaron investigaciones en torno a la muerte de Wisuma que resultaron en contradicciones y falta de claridad. Se señaló a un individuo como autor del disparo que causó su muerte, pero las pruebas de balística y testimonios presentaron incongruencias, lo que generó dudas sobre la versión oficial. La Fiscalía y los testigos protegidos ofrecieron testimonios inconsistentes, lo que hizo difícil determinar con certeza las circunstancias de su muerte.Además, se intentó responsabilizar a los manifestantes indígenas de la muerte de Wisuma, argumentando que el arma por el cual murió era similar al que se utilizó contra los miembros de la fuerza pública. Sin embargo, la pericia forense no pudo establecer la posición del disparador con precisión y se destacó que tanto manifestantes como policías resultaron heridos con la misma clase de perdigones en un radio cercano al lugar.El gobierno de Correa descartó la posibilidad de que la Policía Nacional hubiera empleado ese tipo de armas y buscó responsabilizar a los manifestantes indígenas. A pesar de ello, las acusaciones no se sustentaron y las investigaciones revelaron un ambiente de incertidumbre y contradicciones en torno a la muerte de Wisuma.En este contexto, se describe también que otras voces críticas fueron acusadas durante el gobierno de Correa por terrorismo y sabotaje, con ejemplos como el caso de José Acacho, quien fue sentenciado en relación con la muerte de Wisuma, aunque no se encontraba en el lugar de los hechos. El caso de Acacho resalta cómo el gobierno buscaba silenciar y deslegitimar a los opositores.La política extractiva impulsada por el gobierno de Correa generó descontento y protestas por parte de las comunidades indígenas, que veían afectados sus territorios y recursos naturales por proyectos de minería a gran escala. Estas políticas contradecían los principios plasmados en la Constitución de 2008, lo que llevó a manifestaciones y enfrentamientos entre los indígenas y las fuerzas de seguridad.Como conclusión si bien no se evidencian casos iniciados por la contraparte, el caso de Bosco Wisuma y las protestas contra la política extractiva en Ecuador durante el gobierno de Rafael Correa ilustran la tensión entre los intereses de las comunidades indígenas y las políticas gubernamentales. La muerte de Wisuma y las circunstancias que rodean su fallecimiento reflejan la complejidad de un contexto en el que se buscaba imponer proyectos extractivos en medio de una fuerte oposición y en el que las investigaciones y acusaciones no siempre resultaron concluyentes o justas.	En el caso de Bosco Wisuma, diversas entidades y actores han desempeñado un papel importante en respaldo de la causa que él promovía y en la búsqueda de justicia en torno a su fallecimiento durante una protesta contra las políticas extractivas del gobierno de Rafael Correa. Tanto a nivel nacional como internacional, se han sumado esfuerzos para arrojar luz sobre este trágico incidente y proteger los derechos de las comunidades indígenas.A nivel nacional, la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie) fue una entidad fundamental en la defensa de la memoria de Bosco Wisuma y la causa que él representaba. Conaie, junto con otras organizaciones indígenas, movilizó a las bases y lideró protestas a nivel nacional para exigir justicia por su muerte y una investigación transparente. Estas acciones visibilizaron la lucha indígena y su rechazo a las políticas extractivas.Además, la Conaie y otras organizaciones indígenas colaboraron en la creación de la comisión legislativa encargada de investigar la muerte de Wisuma. A través de esta comisión, se buscó llevar a cabo un análisis más imparcial de los hechos y desafiar la versión oficial que intentaba responsabilizar a los manifestantes indígenas por su muerte.A nivel internacional, organizaciones de derechos humanos y ambientales se unieron para respaldar la causa que Wisuma defendía y exigir una investigación exhaustiva. Estas entidades destacaron la importancia de proteger los derechos de las comunidades indígenas y el medio ambiente, así como la necesidad de esclarecer las circunstancias de la muerte del activista.La labor de expertos forenses y peritos, tanto nacionales como internacionales, también fue crucial en este caso. La participación de la forense francesa Tania Delabarde y el perito argentino Roberto Meza Niella en las investigaciones aportó análisis técnicos y objetivos que respaldaron la versión de que la muerte de Wisuma fue causada por un perdigón. Estos expertos contribuyeron a cuestionar la versión oficial y arrojar luz sobre las contradicciones en las pruebas presentadas por el gobierno.En este orden de ideas se evidencia entonces, que en el caso de Bosco Wisuma, la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie) y otras organizaciones indígenas a nivel nacional, junto con entidades internacionales de derechos humanos y expertos forenses, desempeñaron un papel fundamental en la protección de la causa que él promovía y en la búsqueda de justicia en torno a su fallecimiento. Su colaboración y movilización contribuyeron a desafiar la versión oficial y a visibilizar la importancia de proteger los derechos indígenas y el medio ambiente en medio de la disputa por las políticas extractivas.	En el contexto del caso de Bosco Wisuma y las protestas contra las políticas extractivas en Ecuador durante el gobierno de Rafael Correa, se pueden identificar ciertas herramientas para la defensa jurídica, la protección de la integridad y la seguridad de los líderes indígenas y sus familias. A nivel nacional, la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie) y otras organizaciones indígenas han utilizado la movilización y la protesta como herramientas para llamar la atención sobre la injusticia y la necesidad de esclarecer la muerte de Wisuma. A través de manifestaciones y concentraciones, han buscado presionar al gobierno y a las instituciones responsables para que se realice una investigación transparente y exhaustiva.La creación de una comisión legislativa para investigar la muerte de Wisuma también puede considerarse una herramienta importante. Esta comisión buscaba proporcionar una plataforma imparcial para analizar los hechos y desafiar la versión oficial. Además, se involucraron expertos forenses y peritos nacionales e internacionales para llevar a cabo análisis técnicos que respaldaran la versión de que su muerte fue causada por un perdigón, lo que fortaleció la defensa de la causa indígena.A nivel internacional, la cooperación con organizaciones de derechos humanos y ambientales ha sido una herramienta para aumentar la presión y la visibilidad del caso. Estas organizaciones han utilizado la denuncia pública, la difusión de información y los informes sobre el caso para exponer las contradicciones en la versión oficial y destacar la importancia de proteger los derechos de las comunidades indígenas y el medio ambiente.La comunidad internacional y las redes de solidaridad también han sido un recurso en la defensa de los líderes indígenas. La atención global al caso ha llevado a un escrutinio más riguroso y a la sensibilización sobre la situación de los activistas indígenas en Ecuador. Esto ha actuado como una forma de disuasión contra posibles represalias y ha proporcionado apoyo moral y material a los líderes y sus familias.En cuanto a la protección de la integridad y seguridad personal, es probable que los líderes indígenas hayan tomado precauciones adicionales debido a las amenazas y riesgos que enfrentan. Esto podría incluir medidas como el fortalecimiento de las redes comunitarias y el establecimiento de mecanismos de alerta temprana ante posibles peligros. Además, la colaboración con organizaciones de derechos humanos y abogados especializados podría haber brindado asesoramiento legal y apoyo en casos de represión o intimidación.En conclusión, en el caso de Bosco Wisuma y las protestas contra las políticas extractivas en Ecuador, las herramientas utilizadas para la defensa jurídica, la protección de la integridad y la seguridad de los líderes indígenas y sus familias han incluido la movilización y protesta a nivel nacional, la creación de comisiones investigativas, la cooperación con organizaciones internacionales, la colaboración con expertos forenses y peritos, así como la atención y el apoyo de la comunidad internacional. Estas herramientas han sido esenciales para enfrentar los desafíos y riesgos inherentes al activismo en un contexto de lucha por los derechos indígenas y la protección del medio ambiente.
Ecuador	Ecuador, Movimiento indígena Pachakutik	Yaku Pérez	Si	Movimiento indígena Pachakutik	Activista, político y líder indígena del movimiento indígena Pachakutik	Recursos Hídricos y Suelo: Mineria	Yaku Pérez, líder indígena y político ecuatoriano, ha sido una figura destacada en la lucha por los derechos indígenas, sociales y ambientales en Ecuador. A lo largo de los años, tanto él como la comunidad a la que representa han enfrentado diversas formas de violencia y hostigamiento debido a su activismo y defensa de estos valores.La violencia dirigida hacia Yaku Pérez y su comunidad ha adoptado múltiples formas, desde amenazas verbales hasta actos de intimidación y represión por parte de diversas partes interesadas. El año 2015 marcó un hito significativo en este aspecto, cuando Yaku Pérez lideró el movimiento de resistencia contra la explotación minera en la zona de Río Blanco, en la provincia de Azuay. En ese momento, la comunidad enfrentó amenazas y hostigamiento tanto de actores privados involucrados en proyectos mineros como de las autoridades gubernamentales.El conflicto en Río Blanco se originó debido a los planes de extracción minera en una región rica en recursos naturales y de gran valor ecológico. Yaku Pérez y otros líderes indígenas se opusieron firmemente a la explotación minera en esta área, preocupados por los impactos ambientales negativos que podría tener sobre la tierra, el agua y la vida de las comunidades locales.El año 2016 marcó un punto álgido en la confrontación. La violencia escaló cuando las fuerzas de seguridad reprimieron una protesta pacífica de los manifestantes, utilizando gases lacrimógenos y la fuerza física para dispersar la movilización. Este episodio de represión y el uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes reflejaron la tensión que había crecido entre la comunidad y las autoridades estatales que respaldaban los intereses de las empresas mineras.Además de la represión física, Yaku Pérez y otros líderes indígenas han enfrentado amenazas y difamación a nivel personal. Estas amenazas y ataques verbales han buscado desacreditar su liderazgo y su posición en defensa de los derechos humanos y ambientales. Los líderes comunitarios, a menudo, han sido estigmatizados y acusados de ser obstáculos para el progreso económico, lo que ha incrementado el riesgo de violencia en su contra.A lo largo de los años, Yaku Pérez ha continuado enfrentando desafíos a su seguridad y su integridad debido a su activismo. Su trabajo ha inspirado a otros y ha promovido un debate más amplio sobre el equilibrio entre el desarrollo económico y la protección ambiental en Ecuador. Sin embargo, esta visión también ha atraído oposición y confrontación.En definitiva, el liderazgo y activismo de Yaku Pérez han estado marcados por desafíos significativos y diversas formas de violencia. A pesar de estos obstáculos, ha seguido siendo una voz fuerte en la defensa de los derechos de las comunidades indígenas y la protección del medio ambiente en Ecuador. Su lucha resalta la importancia de abordar la violencia y la represión hacia los defensores de derechos humanos y líderes comunitarios, así como la necesidad de encontrar soluciones sostenibles y justas para los conflictos entre el desarrollo y la conservación.	A lo largo de su carrera como líder indígena y político en Ecuador, Yaku Pérez ha enfrentado diversos obstáculos y ha identificado necesidades recurrentes en la gestión de sus labores en defensa de los derechos indígenas, sociales y ambientales. Estos desafíos han surgido en el contexto de la lucha por la justicia, la igualdad y la protección del medio ambiente, y en muchos casos, pueden ser relacionados con entidades, empresas o personas específicas que representan intereses contrapuestos.Uno de los obstáculos más destacados ha sido la resistencia por parte de empresas y actores interesados en proyectos extractivos, como la minería y la explotación de recursos naturales. Estos proyectos a menudo generan conflictos con las comunidades locales, que ven amenazada su forma de vida, su tierra y su entorno natural. En este sentido, Yaku Pérez ha identificado la falta de consulta previa y el desprecio por los derechos de las comunidades indígenas como un obstáculo recurrente. Empresas y entidades gubernamentales han priorizado los beneficios económicos a corto plazo por encima de los derechos y el bienestar de las poblaciones locales.Otro obstáculo importante ha sido la falta de reconocimiento y respeto por parte de las autoridades gubernamentales hacia los líderes indígenas y las organizaciones comunitarias. La lucha de Yaku Pérez por los derechos indígenas y ambientales a menudo ha sido minimizada o ignorada, lo que dificulta la implementación de políticas y medidas en favor de la justicia social y ambiental.Además, Yaku Pérez ha enfrentado resistencia y hostigamiento de sectores políticos y económicos que ven sus ideas y su activismo como una amenaza a sus intereses. Su defensa de una economía sostenible y su llamado a la protección de los recursos naturales han desafiado el status quo de ciertos sectores poderosos que buscan maximizar sus ganancias a expensas del medio ambiente y las comunidades.En términos de necesidades, Yaku Pérez ha subrayado la importancia de la educación y la concienciación pública sobre los problemas ambientales y los derechos indígenas. La falta de información precisa y la comprensión de la interconexión entre el medio ambiente y la sociedad a menudo dificultan la construcción de una coalición sólida para el cambio.Asimismo, la necesidad de acceso a la justicia y a mecanismos legales efectivos para abordar las violaciones de derechos humanos y ambientales ha sido una constante. Las comunidades indígenas y los defensores de derechos humanos enfrentan obstáculos en el sistema judicial, lo que resulta en impunidad para quienes perpetúan la violencia y la explotación.En cuanto a las entidades, empresas o personas específicas relacionadas con estos obstáculos, es importante destacar que Yaku Pérez ha señalado a actores gubernamentales y empresas extractivas como responsables de acciones que socavan los derechos y la justicia. La colisión de intereses económicos y ambientales en ocasiones ha involucrado a empresas que buscan la explotación de recursos naturales en detrimento de la sostenibilidad y el bienestar de las comunidades.	Yaku Pérez, líder indígena y ferviente defensor de los derechos ambientales en Ecuador, ha desplegado una serie de acciones judiciales, administrativas y estrategias de defensa en su incansable esfuerzo por proteger y promover las causas que son fundamentales para su visión de un Ecuador más justo y sostenible. En el contexto de las elecciones presidenciales de 2021, Pérez se convirtió en un destacado candidato que representaba las aspiraciones de las comunidades indígenas y diversos sectores sociales preocupados por la conservación ambiental y la justicia social.Una de las estrategias más notables que Pérez adoptó fue su insistencia en la demanda de un reconteo de votos en varias provincias, donde alegaba la posibilidad de irregularidades en el proceso electoral. En asociación con Guillermo Lasso, otro candidato presidencial, Pérez buscó la revisión del 50% de los votos en 16 provincias y del 100% en la extensa provincia de Guayas. Sin embargo, esta táctica enfrentó desafíos considerables. Lasso retiró su apoyo al acuerdo de reconteo, lo que debilitó la solicitud conjunta y dificultó su viabilidad. A pesar de los desafíos, el intento de Pérez de buscar la transparencia electoral a través de este recurso legal ilustra su determinación por proteger la integridad del proceso democrático.Además de las acciones administrativas, Pérez recurrió a instancias judiciales para presentar una denuncia formal por fraude electoral ante la Fiscalía General del Estado. Argumentando la existencia de irregularidades en el proceso de votación, Pérez buscó activamente presentar pruebas y testimonios que respaldaran sus afirmaciones de corrupción. Esta medida judicial buscaba tanto visibilizar posibles fallas en el proceso como mantener viva la causa en los medios y en la opinión pública. Pérez entendía que llevar su lucha a los tribunales no solo era un acto legal, sino también un medio para mantener la atención sobre las cuestiones que consideraba cruciales para el futuro de su país.En el ámbito de la movilización ciudadana, Pérez lideró manifestaciones pacíficas y protestas para expresar su descontento y exigir transparencia electoral. A través de estas movilizaciones, buscaba presionar a las autoridades y mantener la atención sobre su causa. Su capacidad para movilizar a sus seguidores y a la comunidad indígena fue fundamental para generar visibilidad y presión social en torno al proceso electoral. Las manifestaciones también tenían un componente simbólico importante, ya que reafirmaban su compromiso con las causas que defendía y demostraban su disposición a luchar por ellas en todos los frentes.Es fundamental destacar que el esfuerzo de Yaku Pérez no solo se centraba en el resultado inmediato de las elecciones, sino también en el impacto a largo plazo en la conciencia pública y en la promoción de las causas que consideraba cruciales. Pérez ha demostrado ser un defensor apasionado de los derechos indígenas, la conservación del medio ambiente y la justicia social, y sus acciones en el contexto electoral reflejan su compromiso profundo con estas cuestiones.	La gestión de Yaku Pérez como líder comunitario y defensor de los derechos indígenas y ambientales en Ecuador ofrece valiosas lecciones y buenas prácticas que pueden ser aplicadas en casos similares en todo el mundo. Su enfoque estratégico y compromiso con la justicia social y ambiental han sido fundamentales para movilizar a las comunidades y lograr un impacto significativo en la esfera política y social. Aquí hay algunas recomendaciones basadas en su gestión:1. Conexión con la base: Pérez ha demostrado una fuerte conexión con las comunidades a las que representa. Esta relación cercana le ha permitido comprender las preocupaciones reales de la gente y articular sus luchas de manera efectiva. Recomendaría a otros líderes comunitarios establecer vínculos sólidos con su base, escuchar sus voces y preocupaciones, y ser un verdadero representante de sus intereses.2. Defensa de causas justas: Pérez ha dedicado su vida a la defensa del medio ambiente y los derechos indígenas. Su enfoque coherente y apasionado ha atraído la atención y el apoyo de personas y organizaciones que comparten sus valores. En casos similares, es crucial identificar causas que sean socialmente relevantes y valiosas para la comunidad y abrazarlas con firmeza y dedicación.3. Movilización pacífica y estratégica: Las manifestaciones pacíficas y las protestas bien planificadas han sido una característica central de la estrategia de Pérez. Esta movilización ha mantenido la atención sobre su causa y ha presionado a las autoridades para abordar las preocupaciones planteadas. Alentaría a otros líderes a desarrollar estrategias de movilización cuidadosamente planificadas que respeten los valores de no violencia y generen apoyo popular.4. Uso de medios y redes sociales: Pérez ha aprovechado las redes sociales y los medios de comunicación para difundir su mensaje y movilizar a las personas. Estos canales ofrecen una plataforma para llegar a un público más amplio y crear conciencia sobre cuestiones críticas. Recomendaría a otros líderes utilizar los medios y las redes sociales de manera estratégica para aumentar la visibilidad de sus causas y comunicar mensajes claros y convincentes.5. Colaboración y alianzas: Pérez ha buscado alianzas y colaboraciones con otros líderes, incluso aquellos que no comparten exactamente las mismas opiniones. Esta capacidad de construir puentes y trabajar juntos en objetivos comunes ha fortalecido su movimiento y amplificado su voz. Aconsejaría a otros líderes buscar oportunidades para colaborar con diferentes sectores y actores en la búsqueda de objetivos compartidos.6. Transparencia y rendición de cuentas: Pérez ha insistido en la transparencia electoral y ha denunciado posibles irregularidades. Esta actitud de transparencia y rendición de cuentas no solo fortalece su posición, sino que también inspira confianza en su liderazgo. En situaciones similares, se debe priorizar la honestidad, la integridad y la responsabilidad hacia la comunidad y el público en general.	En el marco de la gestión de Yaku Pérez y su participación en las elecciones presidenciales en Ecuador, se ha enfrentado a situaciones que han desencadenado procesos judiciales y disputas legales en relación con la transparencia electoral y la supuesta comisión de fraudes. Su posición como candidato del movimiento indígena Pachakutik y su defensa de los derechos indígenas, sociales y ambientales lo llevaron a una situación de incertidumbre y conflicto tras los resultados de las elecciones.En el proceso electoral de febrero de 2021, Yaku Pérez se posicionó en tercer lugar, muy cerca de Guillermo Lasso, el candidato de la derecha empresarial, y Andrés Arauz, representante del correísmo. Sin embargo, la diferencia entre Pérez y Lasso fue mínima, lo que generó controversia y cuestionamientos sobre la transparencia y la legitimidad del proceso electoral. Pérez y su movimiento político Pachakutik denunciaron presuntos fraudes y solicitaron el reconteo de votos en varias provincias, incluyendo la más grande del país, Guayas, donde se encuentra la ciudad de Guayaquil.El proceso judicialización se inició con la presentación de una solicitud de reconteo de votos por parte de Pérez y Lasso. Sin embargo, posteriormente, Lasso se retractó de su apoyo al acuerdo de reconteo, argumentando que cualquier acuerdo debería contar con el consenso de todos los candidatos y operarse una vez declarados oficialmente los resultados de la primera vuelta. Esta situación llevó a la negativa por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE) de realizar el reconteo solicitado por Pérez y Lasso.La respuesta del CNE generó descontento y acusaciones de falta de transparencia por parte de Pérez y su movimiento. Pérez afirmó que el CNE no había respondido adecuadamente a la solicitud de reconteo y que se estaba ocultando un posible fraude electoral. El movimiento Pachakutik y varias organizaciones sociales y ambientales expresaron su preocupación por la falta de definiciones claras por parte de la autoridad electoral.En este contexto, Yaku Pérez presentó una demanda en la Fiscalía por fraude electoral y manifestó su intención de utilizar todas las herramientas jurídicas nacionales e internacionales disponibles para demostrar la presunta corrupción en las elecciones. Pérez insistió en que no se rendiría y que lucharía por la justicia y la transparencia en el proceso electoral.	En su labor como líder comunitario y defensor de los derechos indígenas y ambientales, Yaku Pérez ha recibido apoyo y colaboración de diversas entidades, tanto nacionales como internacionales. Su trabajo ha involucrado la colaboración con organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, así como con comunidades locales y movimientos sociales, como las siguientes:1. Movimiento Pachakutik y organizaciones indígenas: Yaku Pérez es candidato por el movimiento indígena Pachakutik, lo que implica que ha trabajado en colaboración con diversas organizaciones y comunidades indígenas en Ecuador. Estas entidades han proporcionado apoyo, movilización y una plataforma para sus esfuerzos de defensa de derechos.2. Organizaciones ambientales: Pérez ha colaborado con organizaciones ambientales en la lucha por la protección del agua y el medio ambiente en Ecuador. Su compromiso con la defensa de la naturaleza lo ha llevado a trabajar junto a grupos como la Fundación Pachamama y Acción Ecológica.3. Comunidades locales: Su trabajo se ha centrado en representar y defender los intereses de las comunidades locales, especialmente aquellas afectadas por proyectos extractivos y ambientales. La colaboración con estas comunidades ha sido fundamental para comprender sus necesidades y preocupaciones.4. Redes internacionales: A través de su enfoque en temas ambientales y de derechos humanos, Pérez ha establecido conexiones con redes y organizaciones internacionales que comparten su causa. Su participación en plataformas internacionales le ha brindado visibilidad y apoyo en la escena global.5. Medios de comunicación y redes sociales: Pérez ha utilizado los medios de comunicación y las redes sociales para difundir su mensaje y movilizar a la sociedad. Estos canales han sido esenciales para crear conciencia y obtener apoyo tanto a nivel nacional como internacional.6. Grupos de derechos humanos: Dada su dedicación a la protección de los derechos indígenas y su enfoque en temas de justicia social, Pérez podría haber colaborado con organizaciones de derechos humanos en Ecuador y en el extranjero.7. Entidades gubernamentales locales y provinciales: Como prefecto del Azuay, Pérez podría haber trabajado en colaboración con entidades gubernamentales a nivel local y provincial para implementar políticas y proyectos en beneficio de las comunidades y el medio ambiente.8. Organismos internacionales y de desarrollo: En temas relacionados con el agua y el medio ambiente, es posible que Pérez haya colaborado con organismos internacionales y de desarrollo que respaldan proyectos de sostenibilidad y gestión de recursos naturales.9. ONGs y donantes internacionales: Organizaciones no gubernamentales y donantes internacionales que se centran en la conservación, derechos humanos y desarrollo podrían haber brindado financiamiento y apoyo a las iniciativas de Pérez.10. Organismos de observación electoral y democracia: En el contexto de las elecciones y la controversia en torno a los resultados, Pérez podría haber colaborado con organismos de observación electoral y promoción de la democracia para garantizar transparencia y justicia en el proceso.	En el caso de Yaku Pérez, el líder indígena y candidato presidencial en Ecuador, y considerando la información proporcionada, es posible identificar algunas herramientas que podría haber utilizado para su defensa jurídica, la protección de su integridad y la seguridad de su familia en medio de las circunstancias políticas y electorales descritas. A continuación, se detallan algunas de estas herramientas:1. Asesoramiento Legal Especializado: Ante las alegaciones de fraude electoral y la incertidumbre en los resultados, Yaku Pérez podría haber recurrido a asesores legales especializados en derecho electoral y derechos humanos. Estos profesionales habrían brindado orientación sobre cómo presentar denuncias y pruebas, y habrían asesorado en el proceso de presentación de recursos legales.2. Denuncias y Recursos Legales: Pérez podría haber presentado denuncias formales ante las autoridades electorales y judiciales en relación con las supuestas irregularidades electorales. Esto podría incluir la presentación de recursos legales como impugnaciones y solicitudes de recuento de votos en las zonas donde hubo dudas.3. Medios de Comunicación y Redes Sociales: Utilizar los medios de comunicación y las redes sociales para denunciar públicamente las alegaciones de fraude y para informar a sus seguidores y al público en general sobre el proceso electoral y los obstáculos que enfrenta.4. Movilización Social y Apoyo Ciudadano: Pérez podría haber convocado a sus seguidores y a la sociedad civil a manifestaciones y protestas pacíficas para exigir transparencia en el proceso electoral y justicia en caso de irregularidades. El apoyo ciudadano puede ejercer presión sobre las autoridades y aumentar la visibilidad del caso.5. Apoyo de Organizaciones Internacionales: Pérez podría haber solicitado el apoyo y la intervención de organizaciones internacionales de derechos humanos y observadores electorales para supervisar el proceso y verificar la integridad de las elecciones.6. Comunicación con Aliados Políticos: Mantener comunicación con otros partidos políticos, líderes indígenas y movimientos sociales que compartan preocupaciones similares podría haber fortalecido su posición y facilitado la coordinación de acciones conjuntas.7. Estrategias de Litigio: Si las denuncias de fraude llevaran a procedimientos legales prolongados, Pérez podría haber considerado estrategias de litigio para sostener sus alegaciones y presentar pruebas en instancias judiciales.8. Protección de Datos y Pruebas: Resguardar cuidadosamente cualquier evidencia, documentos y pruebas que respalden las alegaciones de fraude y garantizar la protección de dicha información.9. Diálogo con Autoridades y Organismos Electorales: Mantener un diálogo abierto con las autoridades electorales y otros organismos pertinentes para buscar soluciones y esclarecer cualquier duda sobre el proceso.10. Apelación a la Opinión Pública Internacional: Pérez podría haber utilizado su plataforma para sensibilizar a la opinión pública internacional sobre la situación electoral en Ecuador y buscar el respaldo y la solidaridad de la comunidad internacional.
Ecuador	Ecuador, Comunidad A’i Cofán Dureno	Eduardo Mendúa	Si	Comunidad A’i Cofán Dureno	Lider de la Comunidad A’i Cofán Dureno	Suelo (explotación petrolera)	El líder comunitario Eduardo Mendúa y la comunidad A’i Cofán de Dureno en el nororiente de Ecuador han enfrentado diversos tipos de violencia en su lucha contra la imposición de proyectos extractivos, en particular la explotación petrolera. La violencia se ha manifestado de varias maneras a lo largo de los años y ha llevado a una situación de tensión y conflicto en la comunidad. El evento más violento se presentó cuando este líder fue asesinado por defender sus causas. La resistencia y los conflictos en la comunidad comenzaron hace aproximadamente siete años, cuando se propuso la perforación de 30 pozos petroleros en el territorio comunitario por parte de la petrolera estatal Petroecuador. Esto generó divisiones internas en la comunidad, ya que algunos miembros apoyaron la iniciativa extractiva, mientras que otros se opusieron a ella debido a las preocupaciones sobre los impactos ambientales y sociales.La falta de consulta previa, libre e informada sobre el proyecto petrolero provocó tensiones y desacuerdos en la comunidad. La facción a favor del proyecto contó con el apoyo de miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, lo que agravó aún más la situación.A lo largo de los años, se han registrado episodios de enfrentamientos entre las dos facciones de la comunidad, lo que ha llevado a heridas y violencia física. En enero de 2023, la situación se deterioró aún más cuando miembros de la comunidad se enfrentaron debido a la imposición del proyecto petrolero. Este enfrentamiento resultó en seis personas heridas.Eduardo Mendúa, como líder y defensor del medio ambiente, enfrentó amenazas de muerte debido a su activismo y oposición al proyecto petrolero. A través de sus redes sociales, Mendúa advirtió sobre la incitación a la violencia por parte del gobierno y pidió que cesara la violencia que estaba causando conflictos internos.El asesinato de Eduardo Mendúa en febrero de 2023 marcó un punto trágico en esta serie de eventos. Fue asesinado por sicarios con 12 disparos en la chacra de su casa. Su asesinato parece haber estado relacionado con su papel en la resistencia antipetrolera y su liderazgo en la comunidad. Su muerte exacerbó las tensiones en la comunidad y en la relación entre la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) y el gobierno de Guillermo Lasso.En resumen, la comunidad A’i Cofán de Dureno y su líder Eduardo Mendúa han enfrentado una serie de conflictos, divisiones internas, enfrentamientos físicos y amenazas de muerte relacionadas con su oposición a la explotación petrolera y su lucha por los derechos ambientales y territoriales. La violencia ha afectado profundamente la vida y la seguridad de los miembros de la comunidad y ha tenido un impacto significativo en la relación entre la comunidad y las autoridades gubernamentales.	Eduardo Mendúa, líder de la comunidad A’i Cofán Dureno en el nororiente de Ecuador, enfrentó una serie de obstáculos y desafíos en la gestión de sus labores como defensor del medio ambiente y líder comunitario. Estos obstáculos estuvieron vinculados a la lucha contra la imposición de proyectos extractivos, en particular la explotación petrolera, en su territorio. Uno de los principales obstáculos que Mendúa enfrentó fue la falta de consulta previa, libre e informada en relación con el proyecto petrolero propuesto en su territorio. La imposición de proyectos extractivos sin la participación significativa de las comunidades afectadas a menudo genera conflicto y descontento. En el caso de Dureno, la falta de consulta generó tensiones internas y divisiones en la comunidad, ya que algunos miembros apoyaban la iniciativa extractiva mientras que otros la rechazaban debido a los posibles impactos negativos en el medio ambiente y el estilo de vida tradicional.Además, la violencia y las amenazas de muerte que enfrentó Mendúa y otros líderes comunitarios resaltan el peligro constante al que se exponen quienes luchan por la protección del medio ambiente y los derechos indígenas. Las amenazas de violencia y la intimidación buscan silenciar la voz de los defensores y desalentar su activismo. En este sentido, la falta de seguridad y la exposición a riesgos físicos son obstáculos significativos en la gestión de sus labores.En cuanto a las necesidades más frecuentes, Eduardo Mendúa y otros líderes como él a menudo requieren apoyo legal y recursos para defender sus derechos y los de sus comunidades. La asistencia legal es esencial para abordar los conflictos legales derivados de la oposición a proyectos extractivos y para garantizar que se respeten los procesos de consulta y consentimiento previo.La visibilidad y el reconocimiento de sus luchas son también necesidades clave. Los líderes ambientales como Mendúa a menudo luchan en contra de poderosas empresas y a menudo carecen de una plataforma amplia desde la cual puedan hacer oír sus voces. El apoyo de organizaciones nacionales e internacionales, así como la cobertura mediática, son vitales para amplificar sus demandas y aumentar la conciencia pública sobre los problemas que enfrentan.En cuanto a los obstáculos relacionados con entidades, empresas o personas específicas, Petroecuador y el gobierno ecuatoriano parecen haber sido actores involucrados en la imposición del proyecto petrolero en el territorio de la comunidad A’i Cofán Dureno. La falta de consulta previa y las divisiones internas que se generaron en la comunidad pueden relacionarse con decisiones y políticas gubernamentales, así como con la presión ejercida por empresas extractivas.	Eduardo Mendúa, líder de la comunidad A'i Cofán Dureno y defensor del territorio indígena ante la imposición de proyectos petroleros, adoptó diversas estrategias legales y administrativas para proteger la causa que promovía. Su lucha estuvo marcada por la defensa del derecho a la consulta previa, libre e informada de su comunidad y por la protección del medio ambiente en su territorio ancestral. Aunque no se brinda un panorama detallado de todas las acciones emprendidas por Mendúa, su historia refleja la complejidad de los desafíos que enfrentan los líderes indígenas en la defensa de sus derechos y la preservación de sus tierras.Una de las principales estrategias de Mendúa fue la movilización y la organización de su comunidad. Junto con otros líderes y miembros de la comunidad, lideró protestas, marchas y acciones de resistencia para hacer frente a la imposición de proyectos extractivos en su territorio. Estas acciones tenían como objetivo visibilizar su causa y ejercer presión tanto a nivel local como nacional. Además, Mendúa utilizó las redes sociales y la comunicación para difundir información sobre el conflicto y llamar la atención sobre la importancia de la consulta previa y la protección del medio ambiente.Mendúa también buscó establecer alianzas y colaboraciones con organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos y ambientales. Estas alianzas tenían como finalidad fortalecer su lucha, generar apoyo público y obtener asesoramiento legal y técnico. La cooperación con estas organizaciones permitía amplificar su voz y exponer la situación a una audiencia más amplia, presionando a las autoridades y a la empresa involucrada.En términos legales, Mendúa y su comunidad podrían haber buscado asesoramiento para explorar posibles acciones judiciales o medidas legales para proteger sus derechos y detener la implementación del proyecto petrolero. Esto podría haber incluido la presentación de recursos legales ante las instancias judiciales nacionales para exigir el cumplimiento de la consulta previa y la protección de sus derechos territoriales. También podrían haber buscado medidas cautelares para suspender temporalmente el proyecto hasta que se resolvieran los asuntos legales y se llevara a cabo una consulta adecuada.En cuanto a las administrativas, Mendúa y su comunidad podrían haber recurrido a las instituciones gubernamentales relevantes para presentar quejas y solicitar la intervención del Estado en la protección de sus derechos. Esto podría incluir comunicaciones formales con el Ministerio de Ambiente y otras agencias gubernamentales para plantear sus preocupaciones y solicitar una revisión del proyecto.En conclusión, Eduardo Mendúa adoptó diversas estrategias, como la movilización comunitaria, la colaboración con organizaciones y la posible búsqueda de acciones legales y administrativas, para proteger la causa que promovía en defensa de su comunidad y el medio ambiente. Su lucha destaca los desafíos a los que se enfrentan los líderes indígenas en la defensa de sus derechos frente a proyectos extractivos y la importancia de una respuesta legal y administrativa efectiva para garantizar la consulta previa y la preservación del territorio ancestral.	La gestión de Eduardo Mendúa como líder comunitario en la resistencia antipetrolera de la comunidad A'i Cofán Dureno en Ecuador ofrece valiosas lecciones y buenas prácticas que pueden ser recomendadas para casos similares de defensa de derechos indígenas y ambientales en todo el mundo.1. Movilización y Organización Comunitaria: Mendúa demostró la importancia de la movilización y la organización de la comunidad. Fomentar la unidad entre los miembros de la comunidad, comunicar de manera efectiva los objetivos y desafíos, y establecer una estructura organizativa sólida permiten afrontar desafíos con mayor fuerza y cohesión.2. Alianzas Estratégicas: La colaboración con organizaciones locales, nacionales e internacionales de derechos humanos y ambientales puede amplificar el impacto de la lucha. Estas alianzas proporcionan recursos, asesoramiento legal y técnico, y aumentan la visibilidad de la causa en múltiples plataformas.3. Comunicación Efectiva: El uso de las redes sociales y otros medios de comunicación para difundir información y sensibilizar al público sobre la causa es fundamental. Mendúa aprovechó estas herramientas para dar a conocer la lucha de su comunidad y la importancia de la consulta previa y el respeto por el medio ambiente.4. Defensa del Medio Ambiente y Cultura: Mendúa destacó cómo la preservación del territorio ancestral y del medio ambiente es fundamental para la supervivencia de las comunidades indígenas. Integrar la protección del entorno natural y la cultura en la narrativa de la lucha puede generar un apoyo más amplio y apelar a la conciencia pública.5. Diálogo Constructivo: A pesar de la confrontación, Mendúa asistió a diálogos y consejos ampliados para buscar soluciones pacíficas y mantener canales de comunicación abiertos. El compromiso con el diálogo puede ser una estrategia para generar cambios positivos y resolver conflictos.6. Explorar Medidas Legales y Administrativas: La búsqueda de medidas legales y administrativas puede ser efectiva para respaldar la lucha. Presentar quejas formales, recursos legales y solicitudes de intervención estatal son pasos legítimos para proteger los derechos y el territorio.7. Visibilidad Internacional: La proyección del caso a nivel internacional, a través de instancias como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, puede ejercer presión adicional sobre las partes involucradas y atraer la atención global hacia la causa.8. Transparencia y Rendición de Cuentas: Mantener la transparencia en la gestión de fondos, decisiones y acciones fortalece la confianza de la comunidad y los aliados. Una gestión responsable ayuda a mantener la legitimidad y el apoyo a largo plazo.9. Resistencia Pacífica y No Violenta: Mendúa lideró una resistencia pacífica y no violenta, enfocándose en la defensa de los derechos y evitando la escalada de conflictos. Esta estrategia a menudo gana apoyo y simpatía de la opinión pública y puede evitar represalias violentas.10. Persistencia y Compromiso: La lucha de Mendúa fue constante y duradera. La persistencia en la defensa de los derechos y la protección del territorio demuestra el compromiso a largo plazo y la determinación en la búsqueda de un cambio positivo.	En el caso específico de la comunidad A'i Cofán Dureno y Eduardo Mendúa cpn respecto a las judicializaciones por su contraparte, no se evidencia que hayan sido objeto de acciones legales directas por parte de Petroecuador o el gobierno. En cambio, el enfoque del conflicto parece haber sido más en términos de confrontaciones y divisiones internas, así como la presión ejercida por la empresa para avanzar con su proyecto.La comunidad A'i Cofán Dureno, liderada por Eduardo Mendúa, se enfrentó a una situación de conflicto con la empresa estatal Petroecuador EP en relación con la imposición de un proyecto petrolero en su territorio. Este conflicto escaló a niveles alarmantes, resultando en el asesinato de Eduardo Mendúa, quien había sido un férreo defensor de la resistencia antipetrolera en su comunidad.La tensión surgió debido a la falta de consulta previa, libre e informada por parte de Petroecuador antes de implementar su proyecto extractivo. Miembros de la comunidad se opusieron a la iniciativa, alegando que no se había respetado su derecho a participar en decisiones que afectarían profundamente su entorno y estilo de vida. La comunidad, liderada por Mendúa, estableció un frente de resistencia para evitar que la empresa avanzara con sus planes inconsultos y su presencia en la zona.En el proceso de resistencia, la comunidad y sus líderes se enfrentaron a una serie de desafíos, incluyendo la división interna y la presión por parte de sectores favorables a la iniciativa extractiva. Esto resultó en enfrentamientos y tensiones en la comunidad, y se informó que incluso hubo heridos en incidentes relacionados con la imposición del proyecto petrolero.En medio de esta situación, Eduardo Mendúa se convirtió en el rostro visible de la resistencia antipetrolera. A través de sus redes sociales y declaraciones públicas, advirtió sobre los riesgos de la violencia y la confrontación entre miembros de la comunidad y expresó su rechazo a los actos de incitación por parte del gobierno y la empresa. Mendúa buscaba evitar la violencia entre los miembros de su propia comunidad y llamaba al cese de la violencia generada por las discrepancias.Trágicamente, el conflicto alcanzó un punto crítico con el asesinato de Eduardo Mendúa en febrero de 2023. Su muerte conmovió tanto a nivel nacional como internacional y puso de relieve la tensa situación entre la comunidad y la empresa extractiva. El asesinato de Mendúa no solo resalta los peligros que enfrentan los defensores ambientales y líderes indígenas en situaciones de conflicto socioambiental, sino que también subraya la urgencia de abordar de manera efectiva y justa los desafíos de los conflictos entre comunidades y empresas extractivas.	En la lucha de Eduardo Mendúa y la comunidad A'i Cofán Dureno por la defensa de sus derechos indígenas y ambientales, se observa una colaboración diversa y crucial de diversas entidades, tanto públicas como privadas y organizaciones internacionales. Estas contribuciones han sido fundamentales para amplificar la voz de la comunidad y fortalecer su posición en la lucha contra la imposición de proyectos extractivos en su territorio ancestral.1. Organizaciones Indígenas y Sociales: La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) desempeñó un papel fundamental en el apoyo a la comunidad A'i Cofán Dureno. Eduardo Mendúa era un dirigente de Relaciones Internacionales de la Conaie y participó activamente en la toma de decisiones y en la coordinación de acciones. La Conaie brindó asesoramiento, visibilidad y recursos para respaldar la resistencia de la comunidad.2. ONGs y Defensores Ambientales: Organizaciones no gubernamentales como Amazon Frontlines y Acción Ecológica se involucraron en la causa de Dureno al proporcionar asesoramiento legal, recursos técnicos y apoyo estratégico. Estas ONGs han estado involucradas en la defensa de los derechos indígenas y la protección del medio ambiente en la región amazónica y han ayudado a visibilizar el caso de Dureno en ámbitos nacionales e internacionales.3. Medios de Comunicación: La colaboración con medios de comunicación, como Mongabay Latam y La Barra Espaciadora, permitió difundir ampliamente la historia de Dureno y la lucha de Mendúa. La cobertura mediática contribuyó a aumentar la conciencia pública sobre la situación y a ejercer presión sobre las partes involucradas.4. Organismos Internacionales de Derechos Humanos: La comunidad A'i Cofán Dureno buscó elevar su caso a instancias internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Aunque este proceso estaba en sus primeras etapas, la consideración de recurrir a organismos internacionales subraya la gravedad del conflicto y busca una rendición de cuentas más amplia.5. Líderes Comunitarios y Familiares: El liderazgo de Eduardo Mendúa y el respaldo de su familia y otros líderes comunitarios desempeñaron un papel esencial. La dedicación de Mendúa y su compromiso inspiraron a la comunidad y reforzaron la determinación de resistir. Los líderes comunitarios que continuaron la lucha después de su asesinato también desempeñaron un papel vital en mantener viva la causa.6. Gobiernos y Entidades Internacionales: Si bien el Gobierno ecuatoriano bajo la administración de Guillermo Lasso no cumplió completamente con los acuerdos y demandas de la comunidad, la lucha de Dureno también atrajo la atención y la preocupación de entidades internacionales y defensores de los derechos humanos. Esta presión internacional puede influir en las decisiones del gobierno y en su respuesta a la situación.	En el caso de Eduardo Mendúa y la comunidad A'i Cofán Dureno, la defensa jurídica, la seguridad personal y la protección de la familia fueron preocupaciones fundamentales dada la naturaleza sensible y conflictiva de la lucha que estaban enfrentando. Si bien no hay herramientas especificas utilizadas en su caso, es posible utilizar estrategias como estas:Asesoramiento Legal: El asesoramiento legal es una herramienta esencial en la defensa de los derechos indígenas y la protección ambiental. En el caso de Eduardo Mendúa y la comunidad A'i Cofán Dureno, es probable que hayan contado con abogados especializados en derecho indígena y ambiental para asesorarles sobre sus derechos, las leyes nacionales e internacionales aplicables y las posibles acciones legales.Medidas Cautelares: Solicitar medidas cautelares ante los tribunales o ante organismos internacionales puede ser una forma de proteger la integridad personal de líderes comunitarios y defensores ambientales en situaciones de riesgo. Estas medidas podrían incluir la asignación de escoltas de seguridad, restricciones de movimiento para agresores potenciales y otras medidas que buscan garantizar la seguridad.Redes de Apoyo: Establecer redes de apoyo dentro de la comunidad y en la sociedad civil puede ayudar a aumentar la seguridad personal y la protección de la familia. La comunidad A'i Cofán Dureno probablemente contaba con una red de líderes, defensores y aliados que se apoyaban mutuamente y brindaban vigilancia ante posibles amenazas.Comunicación y Visibilidad: Mantener una presencia pública y comunicar de manera transparente y constante sobre la lucha y los desafíos puede actuar como una medida de protección. La atención de los medios de comunicación y la visibilidad internacional pueden disuadir a posibles agresores y generar apoyo y solidaridad.Alerta Temprana: Estar alerta ante posibles amenazas es fundamental. La comunidad podría haber implementado sistemas de alerta temprana para detectar movimientos sospechosos o amenazas potenciales. Esto les permitiría tomar medidas preventivas y reforzar la seguridad en momentos críticos.Capacitación en Seguridad: Proporcionar capacitación en seguridad personal y defensa puede ser útil para los líderes comunitarios y defensores. Esto podría incluir consejos sobre cómo mantener la discreción, cómo responder a situaciones de riesgo y cómo evitar ponerse en peligro.Contactos de Emergencia: Mantener una lista actualizada de contactos de emergencia, incluidos abogados, organizaciones de derechos humanos y agencias gubernamentales, puede ser valioso en caso de enfrentar situaciones de amenaza inminente.
Ecuador	Ecuador: Regiones de Morona Santiago y Zamora Chinchipe	Fredy Taish	Si	Comunidad Indígena Shuar	Miembro de la Comunidad Indigena Shuar	Suelo: Mineria	En el caso de Freddy Taish la violencia más importante que se presento fue el asesinato del líder indígena shuar, este ocurrió el 7 de noviembre de 2013, durante un operativo militar y de control minero en la isla Tutus, en la comunidad Shiram Entza, en el cantón Gualaquiza, Ecuador. Este trágico incidente tuvo lugar en el contexto de conflictos mineros en las regiones de Morona Santiago y Zamora Chinchipe, que se intensificaron debido a la reforma a la Ley de Minería en 2013, la cual limitó la minería artesanal y otorgó concesiones mineras a empresas internacionales.En ese día, el Ejército ecuatoriano y la Agencia de Regulación y Control de Minas (Arcom) llevaron a cabo un operativo para controlar y decomisar dragas utilizadas en la minería ilegal en las comunidades shuar a orillas del río Zamora. Johnny Q., uno de los personajes clave en esta historia, estaba operando una draga en el río cuando se le acercó una funcionaria de Arcom, solicitando sus permisos. Como no tenía los permisos, proporcionó su información personal y colaboró con el proceso de decomiso.El conflicto escaló cuando Johnny Q. y otros se dirigieron hacia la comunidad de Campanak Entza después del decomiso. Aparentemente, Johnny Q. realizó disparos al aire para llamar la atención y buscar ayuda ante la situación. Este acto fue interpretado de diferentes maneras, con algunas versiones argumentando que estaba tratando de asustar a los militares y otras sugiriendo que podría haber estado armado.En paralelo, en la isla Tutus, Freddy Taish estaba pescando con su familia cuando tres desconocidos buscaron su ayuda para enfrentar a los militares que habían decomisado las dragas en Campanak Entza. Sin embargo, Taish se negó y pidió a su familia que se alejara del lugar. Más tarde, cuando intentaban abandonar la isla, dos embarcaciones militares rodearon la isla y dispararon gases lacrimógenos. Freddy Taish intentó escapar y fue acorralado por un militar que, agazapado, le disparó en la cabeza, causándole la muerte.El caso ha estado plagado de controversias y cuestionamientos sobre la versión oficial. Johnny Q. fue señalado inicialmente como el principal sospechoso del asesinato de Freddy Taish, acusación que fue apoyada por el gobierno y las Fuerzas Armadas. Sin embargo, para la defensa y varias organizaciones de derechos humanos, Johnny Q. es un testigo clave que podría demostrar que la responsabilidad recae en las Fuerzas Armadas y, por lo tanto, en el Estado ecuatoriano.La versión oficial presentada por el gobierno en 2013 trató de vincular a Freddy Taish con el terrorismo y la minería ilegal, aunque existen evidencias de que Taish era un miembro de la comunidad shuar dedicado a actividades agrícolas, pesca y minería artesanal, en línea con las tradiciones ancestrales. Taish también estaba involucrado en organizaciones de defensa de los derechos humanos y la naturaleza.	La gestión de labores relacionadas con la defensa del medio ambiente y los derechos de las comunidades indígenas suele estar plagada de obstáculos y desafíos significativos. El caso de Freddy Taish y los eventos que rodearon su asesinato en 2013 resalta estos desafíos y ofrece una visión de los obstáculos persistentes que enfrentan los líderes y defensores ambientales en su lucha por la justicia y la protección de sus territorios.Uno de los obstáculos más notorios en la gestión de labores como las de Freddy Taish es la falta de transparencia y claridad por parte de las autoridades y entidades involucradas. La opacidad en la investigación del asesinato y la demora en proporcionar documentos y pruebas clave crean un ambiente de incertidumbre y desconfianza. Esto afecta la búsqueda de la verdad y la justicia para las víctimas y sus familias, además de socavar la confianza en el sistema de justicia en su conjunto. Además, la presión militar y la influencia de las Fuerzas Armadas en el proceso investigativo pueden estar relacionadas con la falta de avance en la resolución del caso.Otro desafío inherente a la gestión de estas labores es la criminalización de los defensores ambientales, como en el caso de Freddy Taish. La versión oficial presentada por el gobierno en 2013, que intentaba vincular a Taish con actividades terroristas y minería ilegal, refleja un patrón común en el que los líderes indígenas y defensores del medio ambiente son estigmatizados y acusados injustamente para deslegitimar sus luchas legítimas. Esta criminalización puede ser influenciada por entidades con intereses económicos o políticos que buscan silenciar la oposición a proyectos extractivos y de explotación.La falta de recursos y apoyo para las comunidades indígenas y los líderes ambientales también es un obstáculo recurrente. Estos líderes a menudo carecen de acceso a asesoría legal adecuada, financiamiento y protección, lo que los deja en una posición vulnerable frente a poderosos intereses empresariales o estatales. En el caso de Freddy Taish, su familia y comunidad tuvieron que lidiar con una carga emocional y económica adicional después de su asesinato, sin contar con los recursos necesarios para una búsqueda efectiva de justicia.Relacionar estos obstáculos con entidades, empresas o personas específicas puede ser complejo, ya que los intereses detrás de estos desafíos pueden estar ocultos y entrelazados en redes de poder. Sin embargo, es evidente que en el caso de Freddy Taish, existían intereses tanto estatales como empresariales en la explotación minera, que podrían haber influido en la respuesta inicial y en la falta de acción efectiva para esclarecer el asesinato. La falta de transparencia y la posible influencia de las Fuerzas Armadas en la investigación también pueden estar relacionadas con intereses gubernamentales.	En el caso de Freddy Taish y la causa que promovía en defensa del medio ambiente y los derechos de la comunidad indígena shuar, se han llevado a cabo diversas acciones judiciales y estrategias de defensa para buscar justicia y proteger su legado. 1. Denuncias y Presentación de Pruebas: Tras el asesinato de Freddy Taish, su familia, la comunidad shuar y organizaciones de derechos humanos como la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) han presentado denuncias formales a las autoridades y organismos internacionales. Esto incluye la comunicación individual presentada al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU) en busca de justicia y reparación. Además, se han recopilado pruebas y testimonios que respaldan la versión de los eventos y buscan contrarrestar las acusaciones infundadas de actividades ilegales.2. Presión y Difusión Pública: La difusión de información sobre el caso y la presión pública son herramientas importantes en la búsqueda de justicia y protección de la causa de Freddy Taish. Organizaciones de derechos humanos, defensores ambientales y la comunidad shuar han utilizado medios de comunicación, redes sociales y campañas de sensibilización para generar atención y conciencia sobre el asesinato y la necesidad de esclarecer los hechos.3. Participación en Organizaciones de Defensa: Freddy Taish formaba parte de la Asociación Shuar Bomboiza y era considerado un defensor de los derechos humanos y de la naturaleza. La participación en organizaciones indígenas y de derechos humanos proporciona un respaldo colectivo y fortalece la voz de los defensores. A través de estas redes, se han impulsado acciones conjuntas y estrategias de incidencia para presionar por una investigación rigurosa.4. Involucramiento Legal: Abogados y asesores legales, como los de Inredh, han desempeñado un papel fundamental en la búsqueda de justicia. Han trabajado en la presentación de denuncias, en la acumulación de pruebas y en la representación de la familia de Freddy Taish en el proceso judicial. Su involucramiento ayuda a contrarrestar los obstáculos legales y brinda apoyo técnico y estratégico.5. Comunicación Internacional: La presentación de denuncias y la difusión del caso a nivel internacional buscan aumentar la presión y el escrutinio sobre las autoridades ecuatorianas. La comunicación de casos ante organismos internacionales de derechos humanos, como la ONU, puede generar un seguimiento y vigilancia más estrictos de la situación, lo que podría contribuir a un avance en la investigación y una mayor atención a la causa de Freddy Taish.El resultado de estas acciones es mixto. Si bien se ha logrado mantener el caso en la atención pública y en la agenda de los organismos internacionales de derechos humanos, la falta de transparencia y avance en la investigación judicial sigue siendo un problema. La comunicación individual presentada ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU podría eventualmente llevar a recomendaciones y presiones internacionales sobre el Estado ecuatoriano, pero hasta la fecha no se ha alcanzado una resolución satisfactoria.	El caso de Freddy Taish, su liderazgo comunitario y su lucha en defensa del medio ambiente y los derechos indígenas, ofrece valiosas lecciones y buenas prácticas que podrían aplicarse en casos similares para fortalecer la protección de los líderes ambientales y las comunidades indígenas que enfrentan desafíos similares. A continuación, se destacan algunas recomendaciones basadas en su gestión:1. Construcción de Redes y Alianzas: Freddy Taish participaba en organizaciones indígenas y de derechos humanos, lo que le permitió tener un respaldo colectivo. En casos similares, es esencial establecer redes y alianzas con otras comunidades, organizaciones no gubernamentales y defensores ambientales. La colaboración y el apoyo mutuo fortalecen la voz y aumentan la capacidad de incidencia.2.Documentación y Recopilación de Pruebas: La recopilación de pruebas sólidas es crucial para respaldar la narrativa de los hechos. Documentar eventos, testimonios y evidencia visual puede ser fundamental para contrarrestar acusaciones infundadas y establecer una versión creíble de los acontecimientos. Esto puede incluir fotografías, videos, informes y registros de comunicación.3. Comunicación Estratégica: Freddy Taish y su comunidad utilizaron medios de comunicación y redes sociales para difundir información sobre su lucha y el caso. Mantener una comunicación estratégica es esencial para generar atención pública y sensibilización. Las redes sociales, campañas en línea y comunicados de prensa pueden ayudar a aumentar la visibilidad y la presión.4. Participación en Organismos Internacionales: La presentación de denuncias y casos ante organismos internacionales de derechos humanos, como la ONU, puede generar un seguimiento y escrutinio más amplio. Esto puede presionar a las autoridades nacionales a tomar medidas más efectivas y generar un mayor apoyo internacional.5. Apoyo Legal y Asesoramiento: Contar con asesores legales y defensores de derechos humanos con experiencia en casos similares es fundamental. Un equipo legal puede brindar orientación, representación y estrategias para enfrentar los desafíos legales y judiciales que puedan surgir.6. Empoderamiento de la Comunidad: La participación activa de la comunidad es esencial para mantener la lucha y la presión. Empoderar a los miembros de la comunidad mediante la educación sobre sus derechos, la toma de decisiones colectivas y la organización fortalece la voz y la capacidad de acción.7. Mantener la Paz y la No Violencia: A pesar de las tensiones y los desafíos, mantener una postura pacífica y no violenta es fundamental. La violencia puede ser utilizada en contra de los defensores como pretexto para justificar represiones. La coherencia en la no violencia fortalece la legitimidad de la causa.8. Búsqueda de Apoyo Internacional: Buscar apoyo y solidaridad a nivel internacional puede aumentar la presión sobre el gobierno y las autoridades locales. Organizaciones internacionales de derechos humanos, gobiernos extranjeros y defensores internacionales pueden desempeñar un papel importante en la defensa de los derechos humanos y la justicia.	En el caso de Freddy Taish y la gestión que realizaba en defensa del medio ambiente y los derechos de la comunidad indígena shuar, no se menciona específicamente que haya sido judicializado por su contraparte en el marco de su actividad. Sin embargo, su historia resalta una problemática común que enfrentan muchos líderes y defensores ambientales en todo el mundo: la criminalización y persecución legal como una estrategia para silenciar su labor y deslegitimar sus esfuerzos.Aunque no se menciona un proceso judicial específico en su caso, la criminalización de los defensores ambientales y líderes indígenas es una táctica común utilizada por actores con intereses económicos y políticos en la explotación de recursos naturales. La estigmatización y la presentación de acusaciones infundadas de actividades ilegales, como el terrorismo o la minería ilegal, son utilizadas para desacreditar su trabajo legítimo y crear un ambiente hostil hacia ellos.En muchos casos similares, los líderes ambientales son objeto de amenazas, intimidación y ataques legales por parte de empresas extractivas o actores gubernamentales que buscan mantener el status quo y los intereses económicos. Estos procesos judiciales pueden ser utilizados como herramientas de presión para detener la defensa del medio ambiente y los derechos indígenas, y pueden tener un impacto devastador en la vida de los defensores y sus comunidades.A pesar de la falta de información específica en el caso de Freddy Taish, es importante reconocer que la criminalización y la judicialización de líderes ambientales son problemas sistemáticos que se repiten en muchas partes del mundo. La falta de transparencia y justicia en casos como el de Freddy Taish subraya la necesidad de una mayor protección y apoyo para los defensores ambientales y las comunidades indígenas que luchan por sus derechos y la sostenibilidad del entorno natural.En conclusión, aunque no se menciona una judicialización específica en el caso de Freddy Taish, su historia refleja una problemática global en la que los defensores ambientales y líderes indígenas enfrentan acusaciones infundadas y criminalización en un intento de silenciar sus voces. La lucha por la justicia y la protección del medio ambiente a menudo va acompañada de amenazas y presiones legales que destacan la necesidad de un enfoque más sólido en la protección de los derechos humanos y la defensa del medio ambiente.	En el caso de Freddy Taish y su lucha en defensa del medio ambiente y los derechos indígenas, varias entidades y organizaciones han desempeñado un papel crucial en su labor y en la búsqueda de justicia tras su trágico asesinato. 1. Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh): Esta organización ecuatoriana ha desempeñado un papel fundamental en la búsqueda de justicia para Freddy Taish y su familia. Proporcionó asesoramiento legal, representación y apoyo en la presentación de denuncias formales ante organismos internacionales de derechos humanos, como el Comité de Derechos Humanos de la ONU. Inredh ha trabajado incansablemente para visibilizar el caso y presionar por una investigación exhaustiva.2. Comunidades Indígenas Shuar y Organizaciones de Derechos Humanos: Las comunidades indígenas shuar, a las que pertenecía Freddy Taish, y diversas organizaciones de derechos humanos locales han estado unidas en su lucha por la justicia. Su participación en protestas, campañas de sensibilización, recopilación de pruebas y presentación de denuncias ha sido esencial para mantener la presión y la atención sobre el caso.3. Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas: La presentación de una comunicación individual al Comité de Derechos Humanos de la ONU fue un paso importante en la búsqueda de justicia. A través de este organismo internacional, se busca generar un seguimiento y una supervisión más estricta de la situación, así como recomendaciones al Estado ecuatoriano para abordar la violación de derechos.4. Organizaciones y Defensores Ambientales Internacionales: Varias organizaciones internacionales dedicadas a la defensa del medio ambiente y los derechos humanos han expresado su solidaridad con la causa de Freddy Taish. Su apoyo ha ayudado a amplificar el alcance del caso y a generar mayor atención a nivel global.5. Redes Sociales y Medios de Comunicación:Las redes sociales y los medios de comunicación han sido herramientas clave para difundir información sobre el caso y generar conciencia. Las publicaciones en línea, los hashtags y las campañas en redes sociales han permitido que la historia de Freddy Taish llegue a audiencias más amplias.6. Abogados y Asesores Legales: Abogados y asesores legales que han trabajado en el caso han proporcionado orientación y representación legal a la familia de Freddy Taish. Su experiencia y conocimiento han sido esenciales para enfrentar los desafíos legales y judiciales que han surgido en el proceso.7. Organismos Internacionales de Derechos Humanos: La presentación del caso ante organismos internacionales de derechos humanos ha llevado a una mayor atención sobre la situación y ha generado un seguimiento más riguroso por parte de estas entidades. La supervisión y el escrutinio de organizaciones internacionales contribuyen a presionar por una investigación imparcial y justa.	En el caso de Freddy Taish entre las posibles herramientas para su defensa jurídica, así como para proteger su integridad y la de su familia se encuentran las siguientes: 1. Asesoramiento Legal: En casos legales complejos como este, es esencial contar con el asesoramiento de abogados expertos en derechos humanos y derecho penal. Un abogado puede analizar la evidencia, presentar argumentos legales sólidos y guiar a la familia de Freddy Taish a través del proceso legal.2. Organizaciones de Derechos Humanos: Buscar el apoyo y la asistencia de organizaciones de derechos humanos puede ser útil. Estas organizaciones a menudo brindan asesoramiento legal, defensa y visibilidad a casos de violaciones de derechos humanos.3. Comunicación con la Comunidad Internacional: La presentación de comunicaciones individuales ante organismos internacionales de derechos humanos, como la ONU, puede ayudar a aumentar la visibilidad del caso y presionar al Estado para que tome medidas apropiadas.4. Documentación y Evidencia: Es crucial mantener registros detallados de todos los hechos, pruebas y testimonios relacionados con el caso. Esto puede incluir fotografías, videos, declaraciones escritas y cualquier otra información relevante.5. Protección de Testigos: Dado que Johnny Q. parece ser un testigo clave en este caso, podría ser importante considerar medidas de protección para él y para otros testigos potenciales. Esto podría incluir medidas para garantizar su seguridad y la de sus familias.6. Cobertura Mediática: La cobertura mediática puede aumentar la conciencia pública sobre el caso y ejercer presión sobre las autoridades para que actúen de manera adecuada y transparente.7. Defensores de Derechos Humanos: Trabajar con defensores de derechos humanos, abogados y organizaciones que tengan experiencia en casos similares puede proporcionar un mayor respaldo y conocimiento en la búsqueda de justicia.8. Búsqueda de Apoyo en la Comunidad: Obtener el apoyo de la comunidad local, grupos indígenas y otras organizaciones puede brindar un respaldo adicional en la búsqueda de justicia.9. Redes Sociales y Activismo: Utilizar las redes sociales y el activismo en línea para difundir información sobre el caso y generar conciencia sobre las irregularidades y la falta de transparencia en la investigación.10. Contacto con Autoridades y Funcionarios: Mantener una comunicación constante y constructiva con autoridades locales, legisladores y funcionarios gubernamentales puede ayudar a mantener el caso en su radar y presionar por una investigación justa.
Ecuador	Ecuador, Comunidad Indígena Shuar	María Taant	Si	Comunidad Indígena Shuar	Defensora y líder de la Comunidad Indigena Shuar	Suelo (explotación petrolera)	María Taant, líder defensora de la naturaleza de la nacionalidad Shuar, y su comunidad en Shinkiatam, enfrentaron una serie de formas de violencia en el contexto de su lucha contra la explotación petrolera en la región amazónica de Ecuador. La violencia se manifestó de diversas maneras a lo largo del tiempo, siendo la más trágica el atropellamiento que resultó en la muerte de María Taant el 26 de marzo de 2021. Aunque este acto en sí mismo constituye una forma de violencia letal, la violencia también se expresó en otros aspectos:1. Violencia física y letal: La muerte de María Taant a raíz del atropellamiento es un ejemplo evidente de violencia física y letal dirigida hacia ella. Este acto fatal no solo privó a la comunidad de una defensora apasionada de la naturaleza, sino que también dejó a sus hijos en situación de orfandad y desamparo.2. Violencia estructural y ambiental: La comunidad de Shinkiatam enfrentó una violencia estructural debido a la amenaza constante de la extracción petrolera en su territorio. La explotación petrolera en la región amazónica ha causado daños ambientales significativos, como la contaminación del agua y la degradación del suelo, lo que afecta directamente la salud, la subsistencia y el bienestar de las comunidades locales.3. Violencia psicológica y emocional: La falta de progreso en la investigación sobre la muerte de María Taant y la impunidad de los responsables podrían generar un ambiente de miedo y desconfianza en la comunidad. La falta de justicia puede tener un impacto psicológico y emocional profundo en la comunidad, generando un sentimiento de vulnerabilidad y desprotección.4. Violencia institucional: La inacción y falta de respuesta efectiva por parte de las instituciones estatales, como la Fiscalía de Morona Santiago, frente a la muerte de María Taant puede ser vista como una forma de violencia institucional. La lentitud en la investigación y la solicitud apresurada de archivo del caso pueden reflejar una falta de compromiso en brindar justicia y protección a los defensores de la naturaleza.5. Violencia socioeconómica: La comunidad de Shinkiatam, y en particular los hijos de María Taant, enfrentan dificultades económicas y de acceso a recursos para continuar con la búsqueda de justicia. La falta de recursos económicos limita su capacidad para presionar por una investigación exhaustiva y para obtener el apoyo necesario en el proceso legal.En cuanto al año de inicio de la violencia, el conflicto y la amenaza en la comunidad de Shinkiatam pueden remontarse a décadas atrás, cuando la explotación petrolera comenzó a impactar la región amazónica ecuatoriana. Sin embargo, el punto más crítico y trágico de la violencia ocurrió el 26 de marzo de 2021, cuando María Taant murió atropellada.	La labor de María Taant como defensora de la naturaleza y líder indígena en la comunidad de Shinkiatam, Ecuador, estuvo marcada por diversos obstáculos y necesidades que a menudo están interconectados y que resaltan los desafíos que enfrentan los líderes ambientales en la región amazónica. Estos obstáculos no solo representan desafíos para María Taant en particular, sino que también reflejan problemas estructurales en la gestión de labores de defensa de la naturaleza y derechos indígenas en la región.1. Falta de protección efectiva: Uno de los obstáculos más graves que enfrentan los defensores de la naturaleza es la falta de protección efectiva por parte de las instituciones estatales. María Taant y su comunidad estaban amenazadas por la extracción petrolera y la degradación ambiental, pero a menudo no recibieron el respaldo necesario para proteger su territorio y su forma de vida. La ausencia de medidas de seguridad adecuadas dejó a los líderes indígenas expuestos a amenazas y violencia.2. Impunidad y falta de justicia: La falta de avance en la investigación sobre el atropellamiento y muerte de María Taant pone de manifiesto la impunidad que a menudo prevalece en casos de violencia contra defensores de la naturaleza. La impunidad puede generar un ambiente en el que los responsables se sientan libres de cometer actos violentos sin consecuencias, lo que a su vez desalienta a otros defensores y perpetúa un ciclo de violencia.3. Limitados recursos económicos: La falta de recursos económicos y apoyo financiero adecuado representa un obstáculo significativo para los líderes indígenas que luchan contra actividades extractivas. María Taant y su comunidad tenían dificultades para obtener los recursos necesarios para viajar a la ciudad y presionar por una investigación exhaustiva. La falta de acceso a recursos puede debilitar su capacidad para llevar adelante sus acciones y demandas.4. Acceso limitado a tecnología e información: La comunidad de Shinkiatam tenía poco acceso a dispositivos móviles e Internet, lo que dificultaba la comunicación y la búsqueda de información sobre sus derechos y las amenazas que enfrentaban. Esta falta de acceso a tecnología e información puede ser explotada por aquellos que desean oprimir y silenciar a las comunidades indígenas.5. Falta de reconocimiento y apoyo estatal: La lucha de María Taant y su comunidad por la protección de su territorio y la preservación del ambiente a menudo no fue reconocida ni respaldada adecuadamente por el gobierno. La falta de reconocimiento oficial puede socavar los esfuerzos de los líderes indígenas y debilitar su posición en las negociaciones con entidades gubernamentales y empresas.	En el caso de María Taant, defensora de la naturaleza de la nacionalidad Shuar en la comunidad de Shinkiatam, en el centro-sur de la Amazonía ecuatoriana, su labor de defensa ambiental y de derechos indígenas se vio truncada por un trágico incidente. El 26 de marzo de 2021, el mismo día en que recibió un reconocimiento de la Defensoría del Pueblo por su labor en la defensa de la naturaleza y los derechos humanos, María Taant murió atropellada en circunstancias que aún no han sido esclarecidas. Quince meses después de su fallecimiento, la Fiscalía de Morona Santiago no ha encontrado a los responsables, y la investigación ha enfrentado obstáculos y falta de avance.María Taant, una líder shuar de 50 años, viuda y madre de cuatro hijos, fue una defensora comprometida en la lucha contra la extracción petrolera que amenazaba su comunidad. En el contexto de la explotación petrolera en la provincia Morona Santiago, Taant lideró la oposición al extractivismo y se unió al colectivo Mujeres Amazónicas en 2018. Esta organización buscaba la anulación de concesiones petroleras en la Amazonía y la eliminación de actividades extractivas en territorios indígenas.El atropellamiento mortal de María Taant ocurrió cuando regresaba a su comunidad desde Puyo, donde había asistido a un evento en el que la Defensoría del Pueblo reconoció a mujeres indígenas defensoras de la naturaleza. En su camino de regreso, en la Y de Taisha, fue atropellada por un vehículo desconocido, y aunque la comunidad y el colectivo Mujeres Amazónicas han exigido justicia, hasta el momento no se han obtenido resultados concluyentes.La falta de avance en la investigación ha generado preocupación y críticas. Se ha denunciado la falta de interés de las instituciones estatales, incluida la Fiscalía, en proteger a los defensores de la naturaleza y en esclarecer los hechos en casos como este. Aunque se presentó una denuncia y se realizaron gestiones para impulsar la investigación, esta no ha arrojado resultados concretos ni ha identificado a los responsables del atropellamiento. Además, se ha cuestionado si el factor racial y la condición de dirigente popular podrían estar influyendo en la falta de avance en el caso.El colectivo Mujeres Amazónicas ha liderado la demanda de justicia en este caso y ha buscado mayor notoriedad a través de una campaña en Change.org, recolectando miles de firmas en apoyo a su causa. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de la comunidad y las organizaciones, el caso de María Taant aún no ha tenido un desenlace satisfactorio y sigue siendo una preocupante muestra de la falta de protección y justicia para los defensores de la naturaleza y los derechos humanos en la región.	María Taant, como líder comunitaria y defensora de la naturaleza, dejó un legado valioso en su lucha por la protección del ambiente y los derechos indígenas en la Amazonía ecuatoriana. A través de su labor y compromiso, podemos identificar varias buenas prácticas que podrían ser recomendadas en casos similares para fortalecer la efectividad de la gestión y el impacto de los líderes comunitarios:1. Compromiso y Pasión: María Taant demostró un profundo compromiso y pasión por la causa de la defensa del medio ambiente y los derechos indígenas. Su dedicación inquebrantable inspiró a otros y le permitió mantenerse firme en su lucha. Esta pasión y compromiso son esenciales para mantener el impulso y superar los desafíos que surgen en la labor de liderazgo comunitario.2. Unidad y Colaboración: La participación de María Taant en el colectivo Mujeres Amazónicas resalta la importancia de la unidad y la colaboración. Trabajar en conjunto con otros líderes y organizaciones permite compartir experiencias, conocimientos y recursos, además de aumentar la visibilidad y el impacto de las acciones emprendidas.3. Conexión con la Comunidad: María Taant mantenía una conexión cercana con su comunidad y conocía de cerca sus necesidades y preocupaciones. Esto le permitía abogar de manera más efectiva en nombre de su comunidad y garantizar que sus acciones fueran verdaderamente representativas de los intereses locales.4. Comunicación Efectiva: La habilidad de María Taant para comunicarse con claridad y efectividad le permitía transmitir su mensaje y movilizar a otros. El uso de cantos tradicionales y arengas en eventos y reuniones no solo inspiraba a la gente, sino que también ayudaba a mantener viva la cultura y las tradiciones de su comunidad.5. Movilización y Visibilidad: La participación en eventos y ceremonias, como el reconocimiento de la Defensoría del Pueblo, le brindó a María Taant una plataforma para dar visibilidad a su causa. Aprovechar oportunidades para difundir el mensaje y movilizar a la comunidad y a la opinión pública es fundamental para lograr un cambio significativo.6. Adaptabilidad y Resiliencia: A pesar de los desafíos, María Taant seguía comprometida con su causa. Su capacidad para adaptarse a diferentes situaciones y superar obstáculos es una habilidad esencial para los líderes comunitarios, especialmente en contextos desafiantes.7. Promoción de la Justicia: El hecho de que María Taant y su comunidad buscaran justicia tras su trágica muerte resalta la importancia de no ceder ante la impunidad. La búsqueda de justicia y rendición de cuentas es esencial para mantener viva la memoria de los líderes y para prevenir futuras violaciones.8. Educación y Conciencia: María Taant utilizaba cantos tradicionales para transmitir mensajes sobre la importancia de la protección del ambiente y los derechos indígenas. Esta estrategia de educación y conciencia es una herramienta poderosa para involucrar a la comunidad y generar apoyo.	En el caso de María Taant, defensora de la naturaleza de la nacionalidad Shuar en la comunidad de Shinkiatam, en el centro-sur de la Amazonía ecuatoriana, su labor de defensa ambiental y de derechos indígenas se vio truncada por un trágico incidente. El 26 de marzo de 2021, el mismo día en que recibió un reconocimiento de la Defensoría del Pueblo por su labor en la defensa de la naturaleza y los derechos humanos, María Taant murió atropellada en circunstancias que aún no han sido esclarecidas. Quince meses después de su fallecimiento, la Fiscalía de Morona Santiago no ha encontrado a los responsables, y la investigación ha enfrentado obstáculos y falta de avance.María Taant, una líder shuar de 50 años, viuda y madre de cuatro hijos, fue una defensora comprometida en la lucha contra la extracción petrolera que amenazaba su comunidad. En el contexto de la explotación petrolera en la provincia Morona Santiago, Taant lideró la oposición al extractivismo y se unió al colectivo Mujeres Amazónicas en 2018. Esta organización buscaba la anulación de concesiones petroleras en la Amazonía y la eliminación de actividades extractivas en territorios indígenas.El atropellamiento mortal de María Taant ocurrió cuando regresaba a su comunidad desde Puyo, donde había asistido a un evento en el que la Defensoría del Pueblo reconoció a mujeres indígenas defensoras de la naturaleza. En su camino de regreso, en la Y de Taisha, fue atropellada por un vehículo desconocido, y aunque la comunidad y el colectivo Mujeres Amazónicas han exigido justicia, hasta el momento no se han obtenido resultados concluyentes.La falta de avance en la investigación ha generado preocupación y críticas. Se ha denunciado la falta de interés de las instituciones estatales, incluida la Fiscalía, en proteger a los defensores de la naturaleza y en esclarecer los hechos en casos como este. Aunque se presentó una denuncia y se realizaron gestiones para impulsar la investigación, esta no ha arrojado resultados concretos ni ha identificado a los responsables del atropellamiento. Además, se ha cuestionado si el factor racial y la condición de dirigente popular podrían estar influyendo en la falta de avance en el caso.El colectivo Mujeres Amazónicas ha liderado la demanda de justicia en este caso y ha buscado mayor notoriedad a través de una campaña en Change.org, recolectando miles de firmas en apoyo a su causa. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de la comunidad y las organizaciones, el caso de María Taant aún no ha tenido un desenlace satisfactorio y sigue siendo una preocupante muestra de la falta de protección y justicia para los defensores de la naturaleza y los derechos humanos en la región.	María Taant, líder y defensora de la naturaleza de la nacionalidad Shuar en la Amazonía ecuatoriana, desplegó su labor en un contexto donde la lucha por la protección del ambiente y los derechos indígenas es crucial. Aunque su trabajo estuvo principalmente impulsado por su comunidad y su propio esfuerzo, existen algunas entidades y organizaciones que jugaron un papel importante en apoyar y respaldar su labor:1. Colectivo Mujeres Amazónicas: Esta agrupación fue fundamental en la vida de María Taant. A través de su participación en este colectivo, pudo conectar con otras líderes indígenas y defensoras de la naturaleza. La colaboración con estas mujeres le permitió compartir experiencias, fortalecer su mensaje y aumentar el impacto de su trabajo.2. Defensoría del Pueblo de Ecuador: En marzo de 2021, María Taant recibió un reconocimiento de la Defensoría del Pueblo por su labor en la defensa de la naturaleza y los derechos humanos. Este reconocimiento no solo validó su trabajo, sino que también proporcionó visibilidad a su causa y a la lucha de los pueblos indígenas en la Amazonía.3. Amazon Watch: Esta organización internacional, dedicada a la protección de la Amazonía y los derechos de los pueblos indígenas, también respaldó la labor de María Taant. A través de su comunicadora, Alejandra Yépez, María Taant tuvo la oportunidad de compartir su historia y su mensaje en plataformas más amplias, lo que contribuyó a su visibilidad y a la denuncia de las amenazas que enfrentaba su comunidad.4. Campaña en Change.org: Tras el trágico fallecimiento de María Taant, el colectivo Mujeres Amazónicas lanzó una campaña en Change.org para exigir justicia y esclarecimiento sobre su muerte. Esta campaña permitió movilizar a personas de todo el mundo y presionar a las autoridades para que se investigara el caso.5. Organizaciones de Derechos Humanos: Diversas organizaciones y alianzas de derechos humanos, tanto locales como internacionales, han estado vigilantes ante el caso de María Taant. Su participación ha contribuido a mantener la presión sobre las autoridades y garantizar que el caso no caiga en la impunidad.A pesar de estos apoyos, es importante resaltar que María Taant llevó a cabo gran parte de su labor en condiciones desafiantes y con recursos limitados. Su trabajo se fundamentó en su pasión, compromiso y profundo conocimiento de su comunidad y su territorio. Su historia demuestra que, si bien la colaboración con entidades externas puede brindar apoyo valioso, el cambio real y duradero proviene del empoderamiento de la comunidad y del liderazgo local.La trágica muerte de María Taant dejó un vacío en su comunidad y en la lucha por la protección de la Amazonía. Sin embargo, su legado continúa inspirando a otros líderes comunitarios y defensores de la naturaleza a seguir adelante en la búsqueda de justicia, la defensa de los derechos humanos y la preservación del medio ambiente. Su historia resalta la importancia de reconocer y valorar el trabajo de los líderes locales, especialmente aquellos que enfrentan amenazas y desafíos en su lucha por un mundo más justo y sostenible.	María Taant, siempre estuvo predispuesta a diferentes problemáticas por su labor, con respecto a la protección del ambiente y los derechos indígenas. Si bien es cierto que su trágica muerte dejó en evidencia la falta de protección efectiva, es importante analizar las posibles herramientas y medidas que podrían haber contribuido a su defensa jurídica, la salvaguardia de su integridad y la protección de su familia.María Taant se encontraba en un contexto en el que la defensa de la naturaleza y los derechos indígenas implicaba desafiar intereses poderosos, como la industria extractiva. En situaciones similares, las siguientes herramientas podrían haber sido útiles para su defensa jurídica podrían ser:1. Leyes de Protección a Defensores Ambientales: Varios países tienen leyes específicas que otorgan protección legal a los defensores del medio ambiente. Si existieran tales leyes en Ecuador, María Taant podría haberse beneficiado de medidas de protección jurídica y recursos legales para enfrentar las amenazas.2. Medidas Cautelares: Ante amenazas inminentes, los defensores de los derechos humanos pueden solicitar a organismos de derechos humanos o a la justicia medidas cautelares que busquen asegurar su seguridad y la de sus familias. Esto podría haber sido una opción para María Taant en caso de amenazas identificables.En cuanto a la integridad personal y seguridad, es importante considerar que en un contexto donde la vida de los defensores del medio ambiente y los derechos indígenas está en peligro, es esencial contar con medidas que salvaguarden su integridad y seguridad, tales como:1. Programas de Protección a Defensores: Algunos países cuentan con programas especiales de protección para defensores amenazados. Estos programas pueden incluir medidas como la asignación de escoltas, sistemas de alerta temprana y asesoramiento legal.2. Redes de Apoyo: Colaborar con organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos y ambientales puede brindar un mayor nivel de seguridad a los defensores. Estas redes pueden ofrecer recursos, visibilidad y apoyo en momentos de amenaza.3. Capacitación en Autoprotección: Los defensores pueden recibir capacitación en técnicas de autoprotección, seguridad digital y manejo de situaciones de riesgo. Estos conocimientos les permiten reducir riesgos y proteger su integridad en situaciones peligrosas.Seguido de lo anterior, respecto a la protección familiar, es importante recalcar que dado que María Taant era madre de cuatro hijos, la protección de su familia también era esencial. Algunas medidas que podrían haber sido útiles incluyen:1. Apoyo Psicosocial: En situaciones de riesgo, la salud mental de los defensores y sus familias puede verse afectada. Acceder a servicios de apoyo psicológico puede ayudar a mitigar el impacto emocional.2. Planes de Emergencia Familiar: Desarrollar planes de emergencia que incluyan protocolos de seguridad para los miembros de la familia en caso de amenaza puede ser crucial para garantizar su protección.3. Acceso a Recursos Económicos: En muchos casos, los defensores enfrentan dificultades económicas debido a la persecución. Acceder a recursos económicos puede permitirles mantener la estabilidad de sus familias en momentos difíciles.
Ecuador	Ecuador, Comunidad Yanahurco de Juigua, Canton de Puijíl, en Cotopaix	José Inocencio Tucumbi Vega	Si	Comunidad Yanahurco de Juigua	Líder y defensor de la Comunidad Yanahurco de Juigua	Suelo (mineria)	Inocencio Tucumbi y su comunidad, Yanahurco de Juigua, en la provincia de Zamora-Chinchipe, Ecuador, han enfrentado diversas formas de violencia en su lucha contra la minería y en defensa de su territorio y ambiente. Estas tensiones han sido profundas y a menudo han surgido como consecuencia de la resistencia comunitaria a las actividades extractivas que amenazan su forma de vida y sus recursos naturales. Uno de los principales tipos de violencia que la comunidad de Yanahurco de Juigua ha enfrentado es la violencia institucional y legal. La oposición a la minería a menudo ha llevado a conflictos legales con las empresas y el gobierno que intentan impulsar estas actividades extractivas. Estos enfrentamientos legales pueden resultar en represión, criminalización y detenciones injustas de los líderes y miembros de la comunidad que defienden su territorio. Además, la falta de reconocimiento y respeto por los derechos territoriales de las comunidades indígenas y locales ha generado un clima de incertidumbre y conflicto en la región.Además de la violencia legal, la comunidad ha enfrentado amenazas, intimidación y hostigamiento por parte de actores interesados en la minería. Los defensores del territorio como Inocencio Tucumbi han sido objeto de amenazas de muerte y ataques físicos como represalia por su labor de protección del ambiente y los recursos naturales. Estas amenazas no solo buscan silenciar a los líderes, sino también aterrorizar a la comunidad en su conjunto y debilitar su resistencia.Adicionalmente, la violencia más fuerte evidenciada fue la muerte de Inocencio Tucumbi, ya que el lider ambiental fue asesinado por su labor como defensor del medio ambiente, estos hechos ocurrieron durante un para nacional donde este fue embestido por miembros de la polícia y finalizo con la muerte del lider. Es importante destacar que estos actos de violencia no solo afectan a los líderes y defensores individuales, sino que también tienen un impacto en toda la comunidad. La incertidumbre, el temor constante y la presión psicológica pueden generar un clima de tensión y desconfianza en la comunidad. Estos factores pueden socavar la cohesión comunitaria y dificultar la movilización y la resistencia efectiva.En cuanto al año de inicio de estas tensiones, la oposición de Yanahurco de Juigua a las actividades mineras y la lucha por la protección de su territorio y ambiente es un conflicto en curso que ha estado presente durante varios años. La creciente amenaza de la minería y la resistencia comunitaria probablemente se hayan intensificado a medida que las empresas extractivas buscaron expandirse y aprovechar los recursos naturales en la región. El caso de Inocencio Tucumbi y la comunidad Yanahurco de Juigua es un recordatorio doloroso de los peligros que enfrentan los líderes y defensores del territorio en su lucha por los derechos humanos, la justicia ambiental y la protección de su modo de vida. Su valiente resistencia y sacrificio resaltan la importancia de abordar estos problemas sistémicos y trabajar hacia un mundo donde la defensa del ambiente y los derechos de las comunidades locales sean respetados y protegidos.	Inocencio Tucumbi, líder de la comunidad Yanahurco de Juigua en la provincia de Zamora-Chinchipe, Ecuador, se ha enfrentado a una serie de obstáculos y desafíos en su labor como defensor del territorio y el ambiente. Su lucha contra las actividades mineras y la defensa de su comunidad y recursos naturales ha sido valiente pero también ha conllevado amenazas y dificultades significativas.Uno de los principales obstáculos que Inocencio Tucumbi y su comunidad han enfrentado es la oposición y presión de empresas extractivas y actores interesados en la explotación de los recursos naturales de la región. Las compañías mineras suelen tener intereses económicos y políticos poderosos que buscan obtener ganancias a expensas de la tierra y los derechos de las comunidades locales. Estas empresas a menudo cuentan con recursos significativos y pueden ejercer presión sobre las autoridades locales y nacionales para avanzar en sus proyectos, lo que dificulta la labor de defensa de líderes como Inocencio Tucumbi.Además, la falta de reconocimiento y protección efectiva de los derechos territoriales de las comunidades indígenas y locales ha sido un obstáculo recurrente en la labor de Inocencio Tucumbi. La debilidad en la aplicación de leyes y regulaciones que deberían garantizar el derecho a la consulta previa y el consentimiento libre, previo e informado antes de llevar a cabo proyectos que afecten sus territorios, ha dejado a las comunidades en una posición vulnerable. Esto ha permitido que las empresas mineras operen sin el consentimiento y participación adecuada de las comunidades afectadas.La violencia y las amenazas también han sido un desafío constante para Inocencio Tucumbi y otros líderes ambientales en Ecuador. La lucha contra la minería y la defensa del ambiente a menudo generan conflictos con intereses económicos y políticos arraigados. Como resultado, los líderes como Tucumbi enfrentan amenazas de muerte, intimidación y hostigamiento por parte de actores que buscan silenciar sus voces y debilitar su resistencia. Estas amenazas pueden tener un impacto emocional y psicológico profundo en los líderes y sus comunidades, creando un ambiente de miedo y tensión constante.En cuanto a las necesidades más frecuentes identificadas en la gestión de sus labores, Inocencio Tucumbi y su comunidad han requerido apoyo legal y asesoramiento para enfrentar los conflictos legales generados por su oposición a la minería. La asistencia legal es crucial para garantizar que sus derechos sean protegidos y para hacer frente a las represalias legales que a menudo enfrentan como resultado de su labor.Asimismo, el acceso a recursos y financiamiento para llevar a cabo campañas de concienciación, movilización comunitaria y capacitación es esencial para fortalecer la resistencia y la participación activa de la comunidad. La educación y la formación en derechos humanos y ambientales también son fundamentales para empoderar a los miembros de la comunidad a medida que defienden sus derechos y recursos naturales.	Inocencio Tucumbi y la comunidad Yanahurco de Juigua han implementado diversas estrategias de defensa para proteger su causa y resistir la actividad minera en su territorio. Estas estrategias han abarcado tanto acciones judiciales como administrativas, y han sido fundamentales en su lucha por la justicia ambiental y la protección de su comunidad.Una de las estrategias clave ha sido el ejercicio de acciones legales para impugnar y detener la actividad minera en su territorio. A través de la presentación de demandas y recursos legales, Inocencio Tucumbi y su comunidad han buscado cuestionar la legalidad y validez de los permisos otorgados a las empresas mineras para operar en su territorio. Estas acciones judiciales han tenido como objetivo demostrar la violación de derechos fundamentales, la falta de consulta previa y la ausencia de consentimiento informado de la comunidad.Además de las acciones judiciales, la comunidad Yanahurco de Juigua ha utilizado vías administrativas para expresar su oposición a la actividad minera. Han presentado recursos y denuncias ante autoridades gubernamentales y reguladoras, exigiendo una revisión exhaustiva de los permisos otorgados y la consideración de los impactos ambientales y sociales de la minería en su territorio. Estas acciones buscan presionar a las autoridades a cumplir con sus obligaciones de proteger los derechos de la comunidad y el ambiente.La movilización y la organización comunitaria también han sido elementos esenciales en la estrategia de defensa de Inocencio Tucumbi y su comunidad. Han realizado protestas, marchas y campañas de sensibilización a nivel local y nacional para visibilizar su causa y presionar por la atención de sus demandas. Estas acciones de movilización han sido fundamentales para unir a la comunidad y atraer la atención de la opinión pública y los medios de comunicación.Sin embargo, la implementación de estas estrategias de defensa no ha estado exenta de desafíos y obstáculos. Las empresas mineras y otros actores interesados han respondido con tácticas de intimidación y acoso, lo que ha generado un clima de riesgo y vulnerabilidad para los líderes comunitarios como Inocencio Tucumbi. Además, la falta de respuesta efectiva por parte de las autoridades en algunos casos ha generado una sensación de impunidad y desconfianza en el sistema legal y administrativo.El resultado de estas estrategias de defensa ha variado. En algunos casos, las acciones judiciales y administrativas han logrado suspender temporalmente la actividad minera y abrir espacios para el diálogo con las autoridades. Sin embargo, en otros casos, la falta de voluntad política y los intereses económicos han obstaculizado la resolución favorable de la causa de la comunidad. A pesar de los desafíos, la perseverancia de Inocencio Tucumbi y su comunidad en la defensa de su territorio ha mantenido viva la esperanza de lograr justicia ambiental y protección para su entorno.	La gestión de Inocencio Tucumbi como líder comunitario en la defensa del territorio y los derechos de su comunidad ofrece valiosas lecciones y buenas prácticas que pueden ser aplicadas en casos similares de lucha por la justicia ambiental y la protección de comunidades vulnerables.1. Organización Comunitaria y Participación: La base de la gestión de Inocencio Tucumbi ha sido la organización comunitaria. La formación de grupos y comités de trabajo, la participación activa de los miembros de la comunidad y la toma de decisiones colectivas han sido fundamentales para fortalecer la unidad y la voz de la comunidad en su lucha. Recomendaría fomentar la participación y el empoderamiento de todos los miembros de la comunidad, asegurando que cada voz sea escuchada y respetada.2. Movilización y Sensibilización: La capacidad de movilizar a la comunidad y generar conciencia a nivel local y nacional ha sido un factor crucial en la gestión de Inocencio Tucumbi. Las marchas, protestas y campañas de sensibilización han contribuido a visibilizar la causa y presionar a las autoridades y empresas. Recomendaría utilizar estrategias creativas y efectivas para captar la atención de la opinión pública y los medios de comunicación, generando solidaridad y apoyo.3. Alianzas y Redes: Inocencio Tucumbi ha sabido establecer alianzas con organizaciones, activistas y expertos en derechos humanos y medio ambiente. Estas alianzas han proporcionado recursos, asesoramiento legal y apoyo técnico a la comunidad. Recomendaría buscar aliados en organizaciones locales, nacionales e internacionales que compartan los mismos objetivos y puedan brindar conocimientos y recursos adicionales.4. Estrategias Legales y Administrativas: La utilización de acciones judiciales y recursos administrativos para impugnar la actividad minera ha sido una estrategia importante. Recomendaría contar con asesoría legal especializada para entender las leyes y regulaciones pertinentes y presentar argumentos sólidos en los tribunales y ante las autoridades. La documentación detallada y la recopilación de pruebas también son esenciales.5. Respeto por la Cultura y el Territorio: Inocencio Tucumbi ha enfatizado la importancia de la cultura y la conexión con la tierra en su lucha. Mantener una conexión sólida con las tradiciones culturales y el territorio fortalece el sentido de pertenencia y la determinación de la comunidad. Recomendaría resaltar los aspectos culturales y espirituales en la defensa del territorio, ya que pueden tener un impacto significativo en la movilización y el apoyo.6. Comunicación Efectiva: La comunicación abierta y transparente dentro de la comunidad y hacia el público en general ha sido esencial. Mantener a los miembros de la comunidad informados sobre los desarrollos, desafíos y logros de la lucha crea un sentido de unidad y confianza. Recomendaría utilizar medios de comunicación tradicionales y digitales para difundir información y mantener a las personas involucradas e informadas.7. Resistencia Pacífica y Determinación: Inocencio Tucumbi y su comunidad han demostrado una resistencia pacífica y una determinación constante en su lucha. A pesar de los obstáculos y las amenazas, han mantenido su compromiso con la causa. Recomendaría enfocarse en la resistencia pacífica y en el largo plazo, evitando provocaciones y manteniendo una postura firme pero no violenta.	En el caso de Inocencio Tucumbi y la comunidad Yanahurco de Juigua en Ecuador, la judicialización ha sido una realidad que ha acompañado su lucha en defensa del territorio y el ambiente contra las actividades mineras. La judicialización es una táctica utilizada por las empresas extractivas y otros actores interesados para debilitar la resistencia de las comunidades y líderes que se oponen a sus proyectos, y busca desalentar su labor y su capacidad de movilización.La judicialización de líderes como Inocencio Tucumbi puede manifestarse a través de diversas formas, como demandas legales, acusaciones penales o acciones legales destinadas a criminalizar su labor y su activismo. En muchos casos, estas acciones legales son utilizadas como una estrategia para intimidar y acosar a los defensores del territorio y el ambiente, y para distraerlos de sus esfuerzos en la lucha por la justicia ambiental.Inocencio Tucumbi y su comunidad han enfrentado procesos judiciales derivados de su oposición a la actividad minera en su territorio. Estos procesos pueden tener un impacto devastador en la vida de los líderes y sus comunidades, ya que a menudo implican recursos financieros y tiempo para enfrentar las demandas legales. Además, las acusaciones legales pueden generar estrés emocional y psicológico en los líderes y sus familias, lo que puede afectar su bienestar y capacidad de continuar con su labor de defensa.El resultado de los procesos judiciales en el caso de Inocencio Tucumbi y su comunidad Yanahurco de Juigua ha variado. En algunos casos, las demandas legales pueden ser utilizadas como una táctica de presión para forzar a los líderes a ceder o a detener sus actividades de oposición. Sin embargo, en otros casos, la comunidad y sus defensores han logrado resistir las acciones legales y han recibido apoyo de organizaciones de derechos humanos, abogados y la sociedad civil.La judicialización también puede tener efectos negativos en la percepción pública de los líderes y las comunidades. Las acusaciones legales pueden ser utilizadas para difamar y estigmatizar a los defensores del territorio, presentándolos como criminales o perturbadores del orden público. Esta narrativa distorsionada puede influir en la opinión pública y debilitar el apoyo a la causa de la comunidad.Es importante destacar que la judicialización de líderes ambientales y defensores de derechos humanos no solo afecta a nivel local, sino que también resalta cuestionamientos sobre la garantía de derechos fundamentales y la justicia en el sistema legal. La falta de protección efectiva para los defensores y la debilidad en la aplicación de leyes y regulaciones que protejan su labor pueden socavar la confianza en las instituciones judiciales y el Estado de derecho.	En el caso de Inocencio Tucumbi y su lucha por la defensa del territorio y los derechos de su comunidad, varias entidades, tanto públicas como privadas e internacionales, han desempeñado un papel crucial en brindar apoyo, visibilidad y recursos para fortalecer su labor, como:1. Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) Locales y Nacionales: Diversas ONGs dedicadas a la defensa de los derechos humanos y ambientales en Ecuador han brindado apoyo a Inocencio Tucumbi y su comunidad. Estas organizaciones han ofrecido asesoramiento legal, recursos técnicos, capacitación en derechos y estrategias de movilización, así como la creación de campañas de sensibilización. Su apoyo ha sido esencial para empoderar a la comunidad y fortalecer su capacidad de enfrentar desafíos legales y administrativos.2. Organizaciones Internacionales de Derechos Humanos y Medio Ambiente: Entidades internacionales, como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, han puesto en relieve la situación de Inocencio Tucumbi y su comunidad en un contexto global. Han generado informes y pronunciamientos que han aumentado la visibilidad de la lucha en el ámbito internacional, presionando a las autoridades ecuatorianas a tomar medidas adecuadas para proteger los derechos de la comunidad.3. Medios de Comunicación y Periodistas: Los medios de comunicación y periodistas comprometidos con la causa de los derechos humanos y el medio ambiente han sido vehículos importantes para difundir la historia de Inocencio Tucumbi y su comunidad. La cobertura mediática ha contribuido a sensibilizar a la opinión pública y ha aumentado la presión sobre las entidades gubernamentales y las empresas involucradas en la explotación minera.4. Universidades y Centros de Investigación: Instituciones académicas y centros de investigación han brindado análisis y expertise en temas legales, ambientales y culturales relacionados con la lucha de Inocencio Tucumbi. Sus investigaciones y análisis han respaldado los argumentos presentados por la comunidad en su defensa del territorio y han proporcionado datos y pruebas fundamentales.5. Religiosos y Líderes Espirituales: Líderes religiosos y espirituales han expresado su solidaridad con la comunidad de Inocencio Tucumbi, brindando apoyo moral y espiritual a los miembros de la comunidad. Su presencia y compromiso han reforzado el sentido de unidad y determinación en la lucha.6. Alianzas con Comunidades y Grupos Afectados: Inocencio Tucumbi y su comunidad han establecido alianzas con otras comunidades y grupos afectados por actividades extractivas. Estas alianzas han permitido compartir experiencias, estrategias y recursos, y han fortalecido la red de apoyo en la lucha por la justicia ambiental.7. Instituciones Estatales y Políticos Comprometidos: Aunque la relación con las instituciones estatales ha sido en muchos casos desafiante, algunos políticos y funcionarios comprometidos con la causa de los derechos humanos y el medio ambiente han brindado su apoyo y han trabajado para presionar por un cambio en las políticas y decisiones gubernamentales.8. Activistas y Ciudadanos Solidarios: El apoyo de activistas individuales y ciudadanos solidarios ha sido esencial. A través de campañas en línea, donaciones, participación en protestas y difusión de información, han contribuido a aumentar la visibilidad de la lucha y han demostrado que la causa de Inocencio Tucumbi no está sola.	En el caso de Inocencio Tucumbi y su lucha por la defensa del territorio y los derechos de su comunidad, se han utilizado diversas herramientas para su defensa jurídica, protección de su integridad y salvaguarda de su familia. Estas herramientas han sido fundamentales para enfrentar los desafíos legales, ambientales y sociales que la comunidad ha enfrentado en su lucha por la justicia y la preservación de su territorio ancestral.1. Asesoramiento Legal y Representación Jurídica: Inocencio Tucumbi y su comunidad han buscado asesoramiento legal y representación jurídica de abogados y organizaciones especializadas en derechos humanos y medio ambiente. Estos profesionales han brindado orientación sobre los procesos legales, han presentado recursos legales y han representado a la comunidad en los tribunales para hacer valer sus derechos y proteger su territorio.2. Acciones de Amparo y Medidas Cautelares: Se han presentado acciones de amparo y solicitudes de medidas cautelares para detener o suspender actividades extractivas que podrían causar daños irreparables al territorio y el medio ambiente. Estas acciones buscan la protección inmediata de la comunidad mientras se resuelven cuestiones legales más amplias.3. Documentación y Evidencia Legal: Inocencio Tucumbi y su comunidad han recopilado evidencia legal, científica y cultural para respaldar sus argumentos. Esto incluye documentos que demuestran la ocupación ancestral del territorio, pruebas de la afectación ambiental y estudios que respaldan sus reclamos. Esta documentación sólida ha sido esencial para respaldar sus demandas en instancias legales.4. Sensibilización y Campañas de Defensa: La comunidad ha llevado a cabo campañas de sensibilización a nivel local e internacional para dar a conocer su lucha y generar apoyo. Han utilizado plataformas en línea, redes sociales, medios de comunicación y eventos públicos para destacar su causa y presionar a las autoridades y empresas responsables.5. Movilización y Protestas Pacíficas: Inocencio Tucumbi y su comunidad han organizado movilizaciones y protestas pacíficas para expresar sus demandas y llamar la atención sobre la explotación minera en su territorio. Estas acciones buscan generar presión pública y política para que se tomen medidas adecuadas.6. Apoyo de Organizaciones y Redes: La comunidad ha buscado el respaldo de organizaciones locales, nacionales e internacionales que trabajan en temas de derechos humanos y medio ambiente. Estas organizaciones han brindado recursos, capacitación y apoyo técnico para fortalecer la capacidad de la comunidad en su lucha.7. Diálogo con Autoridades: A pesar de los obstáculos, Inocencio Tucumbi y su comunidad han buscado el diálogo con las autoridades gubernamentales y las empresas involucradas en la explotación minera. Han presentado sus demandas y argumentos en diversas instancias y han buscado soluciones a través de canales legales.8. Protección de Testigos y Defensores de Derechos Humanos: Dada la amenaza a la integridad de Inocencio y otros defensores de derechos humanos en la comunidad, se han buscado medidas de protección para salvaguardar su seguridad. Esto incluye el respaldo de organizaciones de derechos humanos y la solicitud de protección a las autoridades competentes.
Ecuador	Ecuador, Comunidad de Moretecocha	Salomé Aranda	Si	Comunidad de Moretecocha	Líder de la Comunidad de Moretecocha	Recursos Hídricos	La líder amazónica Salomé Aranda y su comunidad, la Comunidad de Moretecocha, han sido víctimas de violencia y amenazas en relación con su lucha ambiental y su oposición a la operación petrolera en la provincia de Pastaza, Ecuador. Estos incidentes de violencia y hostigamiento han ocurrido en varios momentos a lo largo de los años.Un ejemplo de esta violencia tuvo lugar en mayo de 2018, cuando la vivienda de Salomé Aranda fue apedreada en un ataque dirigido durante la madrugada. Este ataque físico y directo a su propiedad fue un intento de amedrentarla y silenciar su activismo. Salomé Aranda fue una de las Mujeres Amazónicas que se reunió con el Presidente Lenín Moreno en marzo de 2018 para denunciar los impactos ambientales negativos causados por la operación de la empresa petrolera Agip en la cuenca del río Villano. Además de resaltar la degradación ambiental, también denunció la violencia de género que las mujeres enfrentan como consecuencia de la operación petrolera en su territorio.Estos incidentes de amenazas y hostigamiento no se limitan a Salomé Aranda, ya que otros líderes y activistas amazónicos también han sido blanco de agresiones similares. Patricia Gualinga, otra destacada defensora del medio ambiente, fue amenazada de muerte en enero de 2018 por un desconocido que irrumpió en su hogar, rompiendo ventanales y emitiendo amenazas. Además, en abril de 2018, se difundió un video en redes sociales que mostraba a Roberto Felipe Mucuchigua amenazando de muerte a la Presidenta de la Nacionalidad Sapara, Nema Grefa. Estos casos de violencia y amenazas forman parte de un patrón preocupante de hostigamiento dirigido hacia las líderes y defensoras de la Amazonía.Lo más inquietante es la falta de acciones concretas por parte de las autoridades para investigar y prevenir estas amenazas y actos violentos. Esta impunidad deja a las líderes amazónicas en una situación vulnerable y sin la protección necesaria. Se sostiene que el gobierno ecuatoriano tiene responsabilidad en estos eventos debido a su apoyo continuo a la explotación petrolera en la provincia de Pastaza, lo que crea un ambiente propicio para la violencia y el hostigamiento contra aquellos que se oponen a estas actividades.En respuesta a estos problemas, se exige una rendición de cuentas a la empresa Agip Oil, con el llamado a realizar una auditoría socioambiental independiente de sus operaciones y sus impactos en la comunidad y la naturaleza. Además, se demanda detener la exploración y explotación de nuevas áreas en Pastaza, lo que incluye detener la operación de pozos como Moretecocha, Jimbikit y Campo Oclan.	Salomé Aranda, líder de la Comunidad de Moretecocha y defensora de la Amazonía ecuatoriana, ha enfrentado una serie de obstáculos y desafíos en su incansable lucha por la protección ambiental y los derechos de las comunidades indígenas. Su valiente trabajo en la denuncia de los impactos negativos de la explotación petrolera en su territorio y la defensa de los derechos de las mujeres amazónicas ha revelado una serie de necesidades críticas y adversidades que se interponen en su labor.Uno de los obstáculos más prominentes que Salomé Aranda ha enfrentado es la violencia y las amenazas directas dirigidas a ella y a otros líderes indígenas en la región. El apedreamiento de su vivienda en mayo de 2018, así como los ataques y amenazas contra otras líderes, como Patricia Gualinga y Nema Grefa, evidencian el riesgo constante que enfrentan aquellos que defienden los derechos de las comunidades y el medio ambiente. Estas acciones intimidatorias buscan silenciar sus voces y desalentar su activismo, generando un clima de miedo y vulnerabilidad.Otro obstáculo significativo es la falta de acciones concretas por parte de las autoridades para investigar y prevenir estas amenazas y actos violentos. La impunidad que rodea estos eventos perpetúa la sensación de indefensión y desconfianza en las instituciones gubernamentales encargadas de proteger a los ciudadanos y garantizar sus derechos. La falta de avances en las investigaciones y la ausencia de medidas de protección adecuadas han dejado a líderes como Salomé Aranda sin el respaldo necesario para continuar su labor sin temor.En términos de necesidades, Salomé Aranda y otros líderes amazónicos requieren un ambiente seguro y protegido para llevar a cabo su activismo. Esto implica una respuesta efectiva por parte de las autoridades para investigar y prevenir actos de violencia, así como la implementación de mecanismos de protección que garanticen su seguridad y bienestar. Además, necesitan el apoyo y reconocimiento de la sociedad en general y de la comunidad internacional, lo que puede aumentar la visibilidad de su causa y ejercer presión sobre las entidades responsables.En relación con los obstáculos y las necesidades, se puede identificar la relación directa entre las amenazas y la violencia que enfrenta Salomé Aranda y su comunidad con su oposición a la operación petrolera en la provincia de Pastaza. Las denuncias de impactos ambientales negativos y violencia de género en la región, así como la demanda de una auditoría socioambiental independiente a la empresa Agip Oil, señalan claramente a las empresas extractivas como un factor desencadenante de tensiones y conflicto.	Salomé Aranda, una líder indígena y defensora de los derechos ambientales en Ecuador, ha enfrentado numerosos obstáculos y amenazas en su lucha por la protección de su territorio y la preservación del medio ambiente en la región amazónica. Frente a estos desafíos, ha adoptado diversas estrategias de defensa para proteger la causa que promueve.Una de las estrategias que Salomé Aranda y otras líderes amazónicas han utilizado es la denuncia pública y la movilización social. A través de protestas, marchas y manifestaciones en la capital y en sus propias comunidades, han buscado generar conciencia sobre los impactos negativos de las actividades extractivas en sus territorios y han exigido a las autoridades la anulación de contratos y concesiones a empresas petroleras y mineras. Estas acciones han contribuido a visibilizar su lucha y a presionar por medidas de protección y justicia.Además, Salomé Aranda y otras líderes amazónicas han recurrido a la denuncia formal ante las instituciones judiciales y administrativas. Han presentado denuncias por amenazas, ataques y violencia, buscando que las autoridades investiguen y lleven a los responsables ante la justicia. Aunque estas denuncias no siempre han avanzado de manera efectiva, han mantenido la presión sobre las autoridades y han documentado las agresiones que enfrentan.En términos de resultados concretos, la situación es compleja. Aunque han logrado cierta visibilidad a nivel nacional e internacional y han obtenido medidas de protección en algunos casos, la impunidad sigue siendo un problema persistente. Las investigaciones en torno a las amenazas y agresiones a líderes como Salomé Aranda han avanzado lentamente y en muchos casos no han resultado en la identificación y condena de los responsables. Esto ha generado un clima de temor constante y ha dificultado su trabajo en defensa del medio ambiente y los derechos de las comunidades indígenas.Es importante destacar que las estrategias de defensa de Salomé Aranda y otras líderes amazónicas son fundamentales para resaltar la importancia de la protección ambiental y los derechos de las comunidades indígenas en la región amazónica. Sin embargo, la falta de resultados concretos en términos de justicia y protección resalta la necesidad de un mayor compromiso por parte de las autoridades para garantizar la seguridad de los defensores ambientales y para abordar de manera efectiva los problemas de violencia y amenazas que enfrentan.	Salomé Aranda, como líder indígena y defensora del medio ambiente en la región amazónica, ha demostrado diversas buenas prácticas que pueden servir como ejemplo en casos similares de defensa comunitaria y ambiental. Estas prácticas resaltan la importancia de la organización comunitaria, la movilización social, la denuncia pública y la colaboración con instituciones gubernamentales y organizaciones no gubernamentales.En primer lugar, Salomé Aranda ha demostrado la importancia de la organización comunitaria y el trabajo conjunto. La unión de las comunidades y la creación de colectivos como el de las "Mujeres Amazónicas" permiten que las voces individuales se conviertan en una fuerza colectiva más poderosa. La solidaridad entre las comunidades y la colaboración en estrategias de defensa fortalecen la capacidad de enfrentar los desafíos conjuntamente y tener un mayor impacto en la opinión pública y las autoridades.La movilización social también ha sido una herramienta efectiva utilizada por Salomé Aranda y su colectivo. Marchas, manifestaciones y protestas en lugares clave, como la sede presidencial, han llamado la atención de la sociedad y los medios de comunicación sobre los problemas ambientales y los derechos indígenas. Estas acciones no solo generan visibilidad, sino que también ejercen presión sobre las autoridades para que respondan a las demandas de las comunidades.La denuncia pública y la visibilidad de las amenazas y agresiones son esenciales para la protección de los defensores ambientales. Salomé Aranda y su colectivo han utilizado los medios de comunicación y las redes sociales para difundir información sobre los ataques y las amenazas que enfrentan. Esto crea una mayor conciencia tanto a nivel nacional como internacional y aumenta la presión sobre las autoridades para que tomen medidas concretas para proteger a los defensores.Además, Salomé Aranda ha buscado colaboración con instituciones gubernamentales y organizaciones no gubernamentales. Ha presentado denuncias formales ante la Fiscalía y ha trabajado con la Defensoría del Pueblo para obtener medidas de protección. La colaboración con estas instituciones puede fortalecer la defensa de los derechos y la seguridad de los defensores, así como proporcionar recursos legales y de apoyo.Para concluir, las buenas prácticas de Salomé Aranda como líder y defensora ambiental incluyen la organización comunitaria, la movilización social, la denuncia pública y la colaboración con instituciones gubernamentales y organizaciones no gubernamentales. Estas estrategias han permitido a Salomé y a su colectivo enfrentar los desafíos y amenazas, generar conciencia y presionar a las autoridades para que tomen medidas efectivas en la protección de los derechos indígenas y el medio ambiente. Estas prácticas pueden ser inspiradoras y útiles para otros líderes comunitarios que se encuentran en situaciones similares de defensa y protección.	Salomé Aranda, lideresa de la Comunidad de Moretecocha y defensora de la Amazonía ecuatoriana, ha sido parte de un patrón de hostigamiento y violencia dirigido a líderes indígenas y defensores del medio ambiente en Ecuador. Junto con otras líderes, Salomé ha enfrentado amenazas y ataques en el contexto de su activismo en contra de la explotación petrolera y a favor de la protección de sus territorios y comunidades.En el año 2018, Salomé Aranda, al igual que sus colegas líderesas, fue objeto de amenazas y ataques. El ataque a su vivienda, donde apedrearon su casa en la madrugada, fue un intento de amedrentarla y silenciar su voz. Su lucha contra las operaciones petroleras y la defensa de los derechos de las comunidades indígenas la puso en la mira de intereses que buscaban socavar su labor y proteger sus propios intereses económicos.Salomé Aranda y su activismo en contra de la operación de la empresa Agip Oil (ahora parte de PlusPetrol) se convirtieron en un factor de conflicto. Aranda denunció la contaminación y los impactos ambientales causados por la empresa en el territorio de Moretecocha. Su oposición a la explotación petrolera llevó a enfrentamientos con la compañía, lo que culminó en amenazas y actos intimidatorios en su contra.Además de enfrentar actos de violencia directa, Salomé Aranda y otras líderes amazónicas también han luchado contra la impunidad y la falta de avances en las investigaciones judiciales. Aunque presentaron denuncias ante la Fiscalía por las amenazas y ataques, los casos han avanzado con extrema lentitud y ninguno ha alcanzado una resolución satisfactoria. La falta de acción efectiva por parte de las autoridades ha perpetuado la sensación de vulnerabilidad y ha dejado a estas líderes sin el respaldo necesario para continuar su lucha sin temor.En relación con los obstáculos y las necesidades, se puede identificar la relación directa entre las amenazas y la violencia que enfrenta Salomé Aranda y su oposición a la explotación petrolera. La mención de la empresa Agip Oil en sus denuncias y su defensa del medio ambiente y los derechos indígenas se ha convertido en un punto de conflicto evidente.En resumen, Salomé Aranda ha sido víctima de violencia y amenazas debido a su liderazgo en la defensa del medio ambiente y los derechos de las comunidades indígenas. Los ataques a su vivienda y el hostigamiento constante son intentos de silenciar su voz y detener su activismo. A pesar de enfrentar obstáculos en forma de impunidad y falta de respuestas efectivas por parte de las autoridades, Salomé Aranda y otras líderes continúan luchando por la protección de sus territorios y la justicia socioambiental en la Amazonía ecuatoriana.	Salomé Aranda, como líder indígena y defensora ambiental, ha contado con el apoyo de diversas entidades públicas, privadas y organizaciones internacionales y locales que han contribuido a su labor de defensa de los derechos de las comunidades indígenas y la protección del medio ambiente en la región amazónica.En el ámbito público, Salomé y su colectivo han trabajado en colaboración con la Defensoría del Pueblo de Ecuador. Esta institución ha desempeñado un papel fundamental al proporcionar protección y acompañamiento a los defensores ambientales en situaciones de amenaza y peligro. La Defensoría ha brindado asesoramiento legal, seguimiento de casos y medidas de protección para garantizar la seguridad de Salomé y otros líderes en riesgo.Asimismo, Salomé Aranda ha buscado apoyo de organizaciones no gubernamentales (ONG) y movimientos sociales en Ecuador. Estas organizaciones desempeñan un papel crucial al crear espacios de formación, movilización y sensibilización. Han brindado capacitación en derechos humanos, estrategias de defensa y empoderamiento comunitario. Algunas de estas ONG incluyen Amazon Watch y la Fundación Pachamama, que han estado involucradas en la protección de los derechos indígenas y la promoción de la justicia ambiental en la región.A nivel internacional, Salomé Aranda ha contado con el apoyo y la solidaridad de organizaciones y redes internacionales que defienden los derechos humanos y el medio ambiente. Estas organizaciones han ayudado a visibilizar las amenazas y ataques que enfrentan los defensores en Ecuador y han abogado por su protección. Además, han proporcionado recursos técnicos y de comunicación para difundir la situación de Salomé y su colectivo en el escenario global.El trabajo de Salomé también ha llamado la atención de medios de comunicación y periodistas que han cubierto su labor y las amenazas que enfrenta. La visibilidad mediática es esencial para generar conciencia y presionar a las autoridades a tomar medidas concretas en la protección de los defensores ambientales.En el ámbito privado, Salomé Aranda ha colaborado con empresas y grupos que comparten preocupaciones ambientales y sociales. La denuncia de actividades extractivas y la defensa de los territorios indígenas han generado alianzas con sectores de la sociedad civil y empresas comprometidas con la responsabilidad social y la sostenibilidad.	Salomé Aranda ha recurrido a diversas herramientas para su defensa jurídica, la protección de su integridad y la seguridad de su familia en el contexto de su labor como líder indígena y defensora ambiental en la región amazónica de Ecuador. Estas herramientas son esenciales dada la constante amenaza y hostigamiento que enfrenta por parte de intereses extractivos y otros actores que buscan silenciar su voz y la de su comunidad.En términos de defensa jurídica, Salomé ha buscado asesoramiento legal y ha presentado denuncias formales ante la Fiscalía y otras instancias judiciales para documentar las amenazas, ataques y otros actos de violencia que ha sufrido. La presentación de denuncias es un paso fundamental para visibilizar los casos y presionar a las autoridades a tomar medidas de protección y garantizar la investigación de los hechos.Además, Salomé ha contado con el apoyo de abogados y defensores de derechos humanos que la han acompañado en el proceso legal y la han asistido en la elaboración de estrategias de defensa. La asesoría legal es crucial para garantizar que sus acciones se ajusten a las normativas y procedimientos legales, así como para defender sus derechos en el sistema de justicia.En cuanto a la protección de su integridad y la de su familia, Salomé ha buscado refugio en medidas de seguridad implementadas por la Defensoría del Pueblo. Esto incluye la asignación de escoltas o agentes de seguridad que la acompañan en sus desplazamientos y actividades diarias. Estas medidas buscan disuadir posibles agresores y brindarle un ambiente de mayor seguridad en su vida cotidiana.Además, Salomé ha participado en programas de protección de testigos ofrecidos por la Fiscalía. Estos programas tienen como objetivo garantizar la seguridad de los defensores amenazados y sus familias al mantener su identidad y ubicación en confidencialidad. También se ha beneficiado de la atención y el seguimiento psicológico y emocional para ayudarla a lidiar con el estrés y el impacto de las amenazas y ataques en su bienestar.La difusión de su caso a nivel nacional e internacional a través de medios de comunicación y redes sociales también ha sido una herramienta clave para generar atención y apoyo. La visibilidad mediática puede actuar como un elemento disuasorio y presionar a las autoridades para tomar medidas efectivas de protección.Como conclusión, se evidencia que Salomé Aranda ha empleado una serie de herramientas para su defensa jurídica, la protección de su integridad y la seguridad de su familia. La combinación de asesoría legal, medidas de seguridad, participación en programas de protección de testigos y la difusión mediática han contribuido a su capacidad para resistir las amenazas y continuar con su labor de defensa de los derechos indígenas y la protección ambiental en la región amazónica de Ecuador. Estas herramientas son esenciales en un entorno donde los defensores enfrentan riesgos constantes y necesitan estrategias sólidas para enfrentar los desafíos que se les presentan.
Ecuador	Puyo, Pastaza, Ecuador, Pueblo Sápara	Gloria Ushigua	Si	Pueblo Sápara	Presidenta de la Asociación de Mujeres Sapara del Ecuador “Ashiniawka”	Suelo (explotación petrolera)	Gloria Ushigua, una valiente líder del pueblo Sapara en la Amazonía ecuatoriana, ha enfrentado diversas formas de violencia y amenazas a lo largo de su lucha por la protección de su territorio ancestral y la preservación de su cultura. Su labor como defensora de los derechos humanos, las mujeres y la naturaleza ha llevado a un constante enfrentamiento con empresas extractivas y actores gubernamentales que buscan explotar los recursos naturales en su territorio.Desde la XI Ronda Petrolera en 2012, la comunidad Sapara ha sido confrontada con la imposición de proyectos de explotación petrolera que violan su derecho a la libre determinación y amenazan su forma de vida tradicional. Esta ronda incluyó la licitación de bloques para la exploración y explotación de crudo, abarcando la totalidad del territorio Sapara en 7 bloques. Desde entonces, Gloria Ushigua y su comunidad han enfrentado presiones y graves violaciones a los derechos humanos en un intento de establecer la actividad extractiva.En 2016, el Estado Ecuatoriano y el consorcio petrolero chino Andes Petroleum firmaron contratos para la exploración y explotación en los bloques 79 y 83. A pesar de la resistencia Sapara, el proceso de consulta se caracterizó por irregularidades y falta de respeto a los estándares de consentimiento. La lucha y la resistencia Sapara lograron detener el proyecto de Andes Petroleum, pero los contratos aún persisten como una amenaza latente.La comunidad Sapara ha perdido gran parte de su territorio a lo largo de la historia, sufriendo también la explotación del caucho que diezmó a su pueblo. A pesar de estas dificultades, Gloria Ushigua y su comunidad siguen luchando por conservar su cultura y tradiciones. El patrimonio cultural de los Sapara fue reconocido por la UNESCO en 2001 como "patrimonio cultural intangible de la humanidad", pero la ex Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Victoria Tauli-Corpuz, ha expresado preocupación por la posible extinción de la nación Sapara debido a los desafíos que enfrentan.La pandemia del Covid-19 también impactó a la comunidad Sapara, quienes recurrieron a conocimientos ancestrales y plantas medicinales para enfrentar la enfermedad. A pesar de la falta de apoyo estatal, la solidaridad nacional e internacional ha ayudado a la comunidad a garantizar sus necesidades básicas.La última amenaza que enfrenta la comunidad es la tala ilegal de balsa, agravada por la pandemia. Gloria Ushigua y su pueblo han negado la entrada a las compañías madereras, reafirmando su territorio como libre de actividades extractivas.A lo largo de su lucha, Gloria Ushigua ha enfrentado acosos, presiones y amenazas por parte del estado y las empresas. A pesar de esto, no ha cedido. Reconoce que la voz de las mujeres indígenas aún no se escucha lo suficiente y aboga por la unión de los pueblos indígenas en su lucha. Su trabajo ha sido fundamental para la creación y liderazgo de Ashiniawka, la Asociación de Mujeres Sapara del Ecuador, que busca fortalecer los derechos de las mujeres y la defensa del patrimonio cultural y territorial Sapara.	Gloria Ushigua, líder del pueblo Sapara en la Amazonía ecuatoriana, ha enfrentado numerosos obstáculos en su lucha por la protección del territorio ancestral y la preservación de la cultura. Estos obstáculos han surgido tanto de actores estatales como de empresas extractivas que buscan aprovechar los recursos naturales en su territorio, poniendo en riesgo tanto su forma de vida como su patrimonio cultural.Uno de los principales obstáculos que Gloria Ushigua ha enfrentado es la presión de las empresas extractivas y su alianza con el Estado Ecuatoriano. Desde la XI Ronda Petrolera en 2012, la comunidad Sapara ha sido objeto de intentos de imposición de proyectos de explotación petrolera en su territorio. Empresas como Andes Petroleum han buscado explotar recursos naturales como petróleo, madera y minerales, poniendo en riesgo la integridad del territorio y la cultura Sapara.El proceso de consulta previa en la exploración y explotación petrolera en los bloques 79 y 83 también fue un obstáculo. A pesar de la resistencia Sapara y las irregularidades en el proceso, el Estado Ecuatoriano y la empresa firmaron contratos que no respetaban los estándares de consentimiento y participación de los pueblos indígenas. Esto evidenció la falta de consideración hacia los derechos de los pueblos originarios y su libre determinación.La estigmatización y campañas de desprestigio contra Gloria Ushigua y la Asociación de Mujeres Sapara del Ecuador (Ashiniawka) también han sido obstáculos significativos. Los actores interesados en la explotación de recursos naturales han intentado socavar su liderazgo y su lucha mediante intimidaciones y acusaciones falsas. Estas campañas buscan deslegitimar sus esfuerzos y silenciar su voz en la defensa de los derechos humanos y la naturaleza.Las necesidades más frecuentes identificadas en la gestión de las labores de Gloria Ushigua están relacionadas con la protección de su comunidad y la preservación de su cultura. La seguridad física y emocional de ella y su comunidad es una necesidad constante debido a las amenazas y presiones que enfrentan. Además, la comunidad Sapara requiere apoyo en la formación de estrategias legales y de comunicación para contrarrestar las campañas de desprestigio.La solidaridad y el apoyo internacional han sido fundamentales en la lucha de Gloria Ushigua y su comunidad. Las alianzas con organizaciones nacionales e internacionales han proporcionado recursos, asesoramiento y visibilidad para su causa. Sin embargo, persiste la necesidad de un mayor apoyo de entidades gubernamentales y organizaciones locales para fortalecer su lucha y proteger sus derechos.En resumen, Gloria Ushigua ha enfrentado obstáculos tanto de empresas extractivas como del Estado en su lucha por la protección del territorio y la cultura Sapara. La presión para explotar recursos naturales, la falta de respeto hacia el consentimiento previo y la estigmatización de su liderazgo son algunos de los desafíos que ha enfrentado. Sus necesidades principales incluyen la seguridad de su comunidad, el apoyo legal y estratégico, y la solidaridad tanto nacional como internacional. Su historia refleja la valiente resistencia de los pueblos indígenas en la defensa de sus derechos y su entorno.	Gloria Ushigua, líder del pueblo Sapara en la Amazonía ecuatoriana, ha emprendido diversas acciones judiciales, administrativas y estrategias de defensa para proteger la causa que promueve: la preservación de su territorio, cultura y derechos. A través de una combinación de esfuerzos legales y movilización comunitaria, ha buscado enfrentar los desafíos derivados de la explotación petrolera y otros intereses extractivos en su territorio ancestral.Una de las acciones más destacadas fue la presentación de una demanda ante la Corte Constitucional de Ecuador en 2017. Gloria Ushigua y la comunidad Sapara impugnaron el proceso de consulta previa llevado a cabo para los contratos de exploración y explotación petrolera en los bloques 79 y 83 de su territorio. Alegaron que la consulta no cumplía con los estándares internacionales de consentimiento previo, libre e informado, y que no se había respetado la voluntad de la comunidad. El resultado de esta acción legal fue una victoria parcial, ya que la Corte Constitucional reconoció la defectuosidad de la consulta y ordenó una nueva consulta con los estándares adecuados. Aunque los contratos no fueron anulados de inmediato, esta decisión marcó un hito en la lucha de los Sapara por la protección de su territorio.Además de las acciones judiciales, Gloria Ushigua y su comunidad han adoptado estrategias administrativas y de movilización para defender su causa. Han participado en protestas pacíficas, marchas y manifestaciones para visibilizar su lucha y presionar a las autoridades a tomar medidas adecuadas. Estas acciones han tenido un impacto en la sensibilización de la opinión pública tanto a nivel nacional como internacional, generando apoyo y solidaridad hacia su causa.La estrategia de incidencia y sensibilización también ha involucrado la participación en foros nacionales e internacionales, donde han expuesto los impactos de la explotación petrolera en su territorio y cultura. A través de la denuncia y el diálogo constructivo, han buscado influir en las políticas públicas y en la toma de decisiones que afectan sus derechos. Además, Gloria Ushigua ha sido una voz activa en la defensa de los derechos indígenas y la protección del medio ambiente en conferencias y eventos internacionales.La organización de la comunidad Sapara y su capacidad de movilización han sido fundamentales en su estrategia de defensa. Han fortalecido su unidad y cohesión interna para enfrentar los desafíos y resistir la presión de actores externos interesados en la explotación de recursos. La Asociación de Mujeres Sapara del Ecuador (Ashiniawka), presidida por Gloria Ushigua, ha sido un motor clave en la movilización y en la defensa de los derechos de las mujeres y de la naturaleza.Sin embargo, estas estrategias de defensa no están exentas de obstáculos y retos. A pesar de las victorias parciales en el ámbito legal y de la movilización comunitaria, la anulación definitiva de los contratos petroleros sigue siendo un objetivo pendiente. La falta de reconocimiento pleno de los derechos indígenas y la persistencia de intereses económicos en la explotación de recursos representan desafíos continuos.	Gloria Ushigua, como líder comunitaria del pueblo Sapara en la Amazonía ecuatoriana, ha demostrado una serie de buenas prácticas que podrían servir de inspiración y guía en casos similares de defensa de derechos indígenas y protección del medio ambiente. Su enfoque resiliente, su capacidad de movilización y su dedicación a la causa son ejemplos valiosos para otros líderes comunitarios que enfrentan desafíos similares.En primer lugar, la importancia de la unidad y la organización comunitaria es un aspecto central en la gestión de Gloria Ushigua. Su liderazgo se ha basado en la creación y fortalecimiento de la Asociación de Mujeres Sapara del Ecuador (Ashiniawka), que ha desempeñado un papel fundamental en la movilización y defensa de los derechos de las mujeres y de la naturaleza. Esta estrategia de empoderamiento comunitario ha permitido que la comunidad Sapara se mantenga cohesionada y enfocada en sus objetivos, a pesar de los desafíos y presiones externas.La capacidad de Gloria Ushigua para combinar estrategias legales y de movilización ha sido clave para su éxito. La presentación de demandas judiciales ha permitido visibilizar los problemas y forzar a las autoridades a reconocer las irregularidades en los procesos de consulta y explotación. A la par, su participación en protestas pacíficas, manifestaciones y foros internacionales ha generado conciencia y apoyo en la opinión pública. Esta combinación de esfuerzos legales y de movilización ha ayudado a amplificar la voz de la comunidad Sapara y a ejercer presión sobre las partes interesadas.La comunicación efectiva es otro punto fuerte en la gestión de Gloria Ushigua. Su capacidad para articular claramente los problemas que enfrenta su comunidad y para transmitir su mensaje tanto a nivel local como internacional ha sido esencial. La habilidad de comunicación contribuye a sensibilizar a la opinión pública y a generar apoyo y solidaridad de diferentes sectores de la sociedad.La resistencia pacífica y la determinación son rasgos destacados en el liderazgo de Gloria Ushigua. A pesar de los obstáculos, amenazas y presiones, ha mantenido su enfoque en la causa y ha demostrado valentía al defender los derechos de su pueblo y la preservación del medio ambiente. Su ejemplo de no ceder ante la adversidad puede inspirar a otros líderes comunitarios a mantenerse firmes en sus objetivos y principios.La capacidad de adaptación y la inclusión de enfoques tradicionales también son buenas prácticas que Gloria Ushigua ha mostrado. La utilización de conocimientos ancestrales en la respuesta a desafíos como la pandemia del COVID-19 demuestra la importancia de integrar prácticas tradicionales y saberes locales en la gestión de crisis.	Gloria Ushigua, líder del pueblo Sapara en la Amazonía ecuatoriana, ha enfrentado desafíos legales en el marco de su lucha por la protección del territorio y la cultura Sapara. La judicialización es una táctica que algunas veces se utiliza para silenciar a defensores de derechos humanos y líderes comunitarios que se oponen a proyectos extractivos y otros intereses comerciales. Uno de los casos más relevantes en el que Gloria Ushigua y la comunidad Sapara han sido judicializados está relacionado con la explotación petrolera en los bloques 79 y 83 de su territorio ancestral. A pesar de la resistencia y las irregularidades en el proceso de consulta previa, el Estado Ecuatoriano y la empresa petrolera Andes Petroleum firmaron contratos de exploración y explotación. Esto generó una situación de conflicto en la que los Sapara se vieron obligados a recurrir a acciones legales para proteger sus derechos.La comunidad Sapara presentó una demanda ante la Corte Constitucional de Ecuador en 2017 para impugnar la consulta previa realizada y buscar la nulidad de los contratos con Andes Petroleum. Esta demanda argumentaba que el proceso de consulta no cumplió con los estándares internacionales de consentimiento previo, libre e informado, y que no se respetó la voluntad de la comunidad. La Corte Constitucional decidió en 2018 que la consulta previa había sido defectuosa y ordenó la realización de una nueva consulta con los estándares adecuados.El resultado de esta acción legal fue una victoria parcial para la comunidad Sapara. Si bien la consulta previa fue reconocida como defectuosa y se ordenó una nueva consulta, los contratos no fueron anulados de inmediato. Esto puso de manifiesto tanto los desafíos como las limitaciones del sistema judicial en la protección de los derechos indígenas y la preservación de su territorio. A pesar de esta victoria parcial, la lucha de Gloria Ushigua y su comunidad continuó para lograr la anulación definitiva de los contratos y la protección de su territorio.Además de los desafíos legales relacionados con la explotación petrolera, Gloria Ushigua y la Asociación de Mujeres Sapara del Ecuador (Ashiniawka) han enfrentado campañas de desprestigio y acusaciones falsas por parte de actores interesados en la explotación de recursos naturales en su territorio. Estas tácticas buscan debilitar su liderazgo y deslegitimar su lucha. Aunque no necesariamente se tradujeron en procesos judiciales formales, estas campañas tuvieron un impacto en su labor y en su seguridad.	Gloria Ushigua, líder comunitaria del pueblo Sapara en la Amazonía ecuatoriana, ha contado con el apoyo de diversas entidades, tanto a nivel nacional como internacional, en su labor de defensa de los derechos indígenas y la protección del medio ambiente. Este respaldo ha sido fundamental para fortalecer su causa y amplificar su voz en un contexto de desafíos y amenazas.A nivel nacional, organizaciones y entidades como la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) y otras organizaciones indígenas han sido aliados importantes en la lucha de Gloria Ushigua y su comunidad. La CONAIE es una plataforma de coordinación y movilización que ha respaldado la defensa de los derechos de los pueblos indígenas en Ecuador, y su apoyo ha contribuido a visibilizar los problemas que enfrenta el pueblo Sapara.En el ámbito internacional, organismos y entidades como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Unión Europea (UE) han brindado apoyo y reconocimiento a la labor de Gloria Ushigua. La ONU, a través de la Relatora Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, ha expresado su preocupación por la situación del pueblo Sapara y ha instado a respetar sus derechos. Esta visibilidad internacional ha ejercido presión sobre el gobierno ecuatoriano y otras partes interesadas.Asimismo, organizaciones no gubernamentales (ONGs) internacionales como Amazon Watch y Global Witness han desempeñado un papel crucial en la defensa de los derechos humanos y la protección del medio ambiente en la Amazonía. Estas ONGs han destacado la labor de Gloria Ushigua y han colaborado en la denuncia de irregularidades en proyectos extractivos y en la promoción de soluciones sostenibles.En el ámbito privado, la cooperación de empresas y fundaciones comprometidas con la responsabilidad social y la sostenibilidad también ha sido relevante. La Fundación Pachamama y otras organizaciones han brindado apoyo financiero y logístico a la comunidad Sapara para fortalecer sus acciones de defensa y movilización. Estas colaboraciones demuestran cómo la colaboración entre el sector privado y las comunidades puede ser beneficiosa para impulsar causas justas.La academia y la investigación también han aportado al trabajo de Gloria Ushigua. Expertos en temas ambientales, indígenas y jurídicos han respaldado la documentación de violaciones de derechos y han proporcionado análisis técnicos que refuerzan los argumentos de la comunidad Sapara.El apoyo de personas influyentes, como líderes políticos y figuras públicas comprometidas con los derechos humanos y el medio ambiente, ha contribuido a dar visibilidad a la causa de Gloria Ushigua. La atención mediática y las redes sociales también han sido herramientas valiosas para compartir información y generar conciencia sobre los desafíos que enfrenta su comunidad.A pesar de este apoyo, es importante reconocer que Gloria Ushigua y su comunidad también han enfrentado campañas de desprestigio y presiones por parte de sectores que buscan intereses económicos en la explotación de recursos naturales. Esta situación pone de manifiesto la importancia de contar con apoyo constante y diversificado para contrarrestar los intentos de silenciar a los defensores de los derechos indígenas y el medio ambiente.	Gloria Ushigua, líder indígena y defensora de los derechos humanos y ambientales de su comunidad Sapara en la Amazonía ecuatoriana, ha enfrentado numerosos desafíos en su lucha por la protección de su territorio y cultura. En este contexto, ha buscado diversas herramientas para garantizar su defensa jurídica, su integridad personal y la seguridad de su familia.Defensa Jurídica:Gloria Ushigua ha recurrido a múltiples herramientas legales y jurídicas para respaldar su lucha. Una de las estrategias clave ha sido la presentación de denuncias y demandas en los tribunales ecuatorianos. Estas acciones legales buscan poner de manifiesto las violaciones de los derechos de su comunidad y solicitar la protección de su territorio ancestral. Además, ha aprovechado la legislación nacional e internacional que reconoce los derechos de los pueblos indígenas, como el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.Defensa de la Integridad:Para salvaguardar su integridad personal, Gloria Ushigua ha recurrido a estrategias que van más allá de lo legal. La sensibilización es una herramienta clave en este sentido. Ha utilizado los medios de comunicación y las redes sociales para difundir información sobre las amenazas que enfrenta su comunidad y su causa. A través de entrevistas, artículos y comunicados de prensa, ha logrado captar la atención nacional e internacional, generando solidaridad y presión para proteger su seguridad.La solidaridad es otro componente importante de su defensa personal. Gloria Ushigua ha recibido apoyo de organizaciones locales e internacionales, así como de personas y activistas comprometidos con los derechos humanos y ambientales. Esta red de apoyo ha sido esencial para brindarle protección y visibilidad en momentos de riesgo.Protección de la Familia:La protección de su familia ha sido una preocupación constante para Gloria Ushigua. Para ello, ha mantenido una comunicación abierta y constante con su comunidad y su familia, asegurándose de que estén informados sobre su trabajo y su seguridad. Además, ha buscado asesoramiento y apoyo de organizaciones y expertos en seguridad para tomar medidas preventivas y estar preparada ante cualquier amenaza.La estrategia de resiliencia también ha sido fundamental. Gloria Ushigua ha compartido con su familia y su comunidad el valor de la lucha que están llevando a cabo. Al promover la importancia de sus objetivos y la protección de su patrimonio cultural y natural, ha logrado un compromiso colectivo en la defensa de sus derechos.Capacitación y Autodefensa:Gloria Ushigua ha participado en capacitaciones y talleres para fortalecer sus habilidades de autodefensa y seguridad. Estos programas le han proporcionado herramientas prácticas para enfrentar situaciones de riesgo y saber cómo reaccionar ante posibles amenazas. La capacitación en seguridad digital y la protección de datos también han sido fundamentales en la era de la tecnología, donde la privacidad y la seguridad en línea son cruciales.
Ecuador	Puyo, Pastaza, Ecuador, Comunidad Waorani	Nange Yeti	Si	Waorani	Sabio Waorani, Líder de la comunidad	Suelo (explotación petrolera)	El asesinato de Nange Yeti Nimonca, un sabio waorani y defensor de la naturaleza en la Amazonía ecuatoriana, representó un acto de violencia que tuvo profundas implicaciones tanto para él como para su comunidad. Este trágico incidente ocurrió el 19 de diciembre de 2021, cuando Nange Yeti desapareció mientras realizaba un patrullaje en la comunidad de Wawampare, cerca del río Curaray. Su cuerpo fue encontrado dos días después, el 21 de diciembre, con signos evidentes de violencia, incluyendo golpes en el cráneo y cortes en el cuello. Este acto de violencia brutal dejó una huella duradera en la comunidad waorani y en la defensa de los derechos indígenas y ambientales en la región.El contexto en el que tuvo lugar este asesinato es relevante para comprender su gravedad. Nange Yeti era un defensor apasionado de la naturaleza y un líder respetado en su comunidad. Su trabajo y compromiso se centraron en la protección de su territorio ancestral y la promoción de la preservación del medio ambiente. Sin embargo, este activismo también lo convirtió en un objetivo para aquellos que se oponían a su labor. Se cree que Nange Yeti recibió amenazas previas a su asesinato, lo que indica la presencia de un ambiente hostil en su contra.La violencia que sufrió Nange Yeti puede ser interpretada como un intento de silenciar su voz y desalentar a otros líderes y defensores de seguir sus pasos. La comunidad waorani y otros defensores ambientales han enfrentado oposición por parte de intereses que buscan la explotación de recursos naturales en la región amazónica. Esto ha generado tensiones y conflictos entre aquellos que buscan la preservación del medio ambiente y la cultura indígena, y aquellos que buscan beneficios económicos a corto plazo a través de la explotación de recursos naturales.La respuesta a este acto de violencia ha sido un proceso largo y complejo. La denuncia del asesinato fue presentada en la Fiscalía de Asuntos Indígenas de Puyo el 30 de diciembre de 2021, pero la investigación no avanzó de manera oportuna. Hubo retrasos en la ejecución de diligencias clave, como la toma de versiones y la exhumación del cuerpo, lo que generó críticas por parte de la comunidad waorani y de organizaciones defensoras de los derechos humanos. Además, el caso reveló problemas en la actitud y compromiso de los funcionarios encargados de la investigación, lo que llevó a la destitución del fiscal a cargo.Este caso resalta los desafíos que enfrentan los líderes indígenas y defensores de los derechos humanos en la Amazonía y en todo el mundo. La violencia dirigida hacia ellos busca frenar sus esfuerzos por proteger la naturaleza y sus comunidades, así como silenciar sus voces en la lucha por la justicia y la equidad. La respuesta de la sociedad civil, las organizaciones internacionales y las instituciones gubernamentales es fundamental para garantizar que estos actos de violencia no queden impunes y que se promueva un ambiente seguro y propicio para la defensa de los derechos humanos y el medio ambiente.	Nange Yeti Nimonca, como líder waorani y defensor de la naturaleza en la Amazonía ecuatoriana, tuvo que afrontar una serie de obstáculos y necesidades en su labor que reflejan las complejidades de su rol y la lucha por la preservación de su territorio y cultura. Estos desafíos pueden ser relacionados con diversas entidades, empresas y actores que representan intereses opuestos a la protección del medio ambiente y los derechos indígenas.Uno de los principales obstáculos que Nange Yeti enfrentó fue la oposición de compañías extractivas y actores involucrados en la explotación de recursos naturales en la Amazonía. Estas empresas buscan beneficios económicos a corto plazo a expensas de la degradación ambiental y la violación de los derechos indígenas. La lucha de Nange Yeti por la protección de su territorio y la resistencia a estas actividades extractivas lo puso en conflicto directo con intereses que amenazaban la integridad de su comunidad y su entorno natural.Otro obstáculo significativo fue la falta de respuesta efectiva por parte de las instituciones gubernamentales encargadas de proteger los derechos indígenas y el medio ambiente. La demora en la ejecución de diligencias en la investigación de su asesinato, así como la actitud "desinteresada" de algunos funcionarios, reflejaron la falta de voluntad política y la debilidad en la aplicación de la justicia en casos relacionados con defensores ambientales. Estas limitaciones institucionales dificultaron la búsqueda de justicia y perpetuaron un clima de impunidad que podría desalentar a otros líderes indígenas de seguir su ejemplo.Además, la comunidad waorani enfrenta desafíos históricos en la protección de su territorio ancestral. La expansión de actividades extractivas, la deforestación y la invasión de su territorio por parte de terceros representan amenazas constantes para su modo de vida y su cultura. Estas amenazas han sido exacerbadas por la falta de reconocimiento y respeto a los derechos territoriales indígenas por parte de diversos actores, incluyendo el gobierno y sectores interesados en la explotación de recursos naturales.La comunidad waorani también se ha enfrentado a la criminalización y violencia contra líderes y defensores de los derechos indígenas, incluyendo el asesinato de Nange Yeti. Este tipo de violencia busca silenciar a aquellos que luchan por la justicia ambiental y los derechos humanos, creando un ambiente de temor y vulnerabilidad en las comunidades indígenas.En resumen, los obstáculos y necesidades que Nange Yeti enfrentó en su labor como líder waorani y defensor de la naturaleza estuvieron interconectados y reflejaron las tensiones entre la protección del medio ambiente y los intereses económicos de la explotación de recursos naturales. Los actores involucrados en estas actividades extractivas, la debilidad institucional en la aplicación de la justicia y la falta de reconocimiento de los derechos territoriales indígenas fueron obstáculos significativos que dificultaron su labor y la de su comunidad. Su trágico asesinato resalta la importancia de abordar estos desafíos de manera integral y de promover un ambiente seguro y propicio para la defensa de los derechos humanos y la naturaleza.	Hasta el momento de su lamentable asesinato en diciembre de 2021, Nange Yeti Nimonca y su comunidad waorani habían empleado diversas estrategias de defensa para proteger su territorio y su causa de la explotación de recursos naturales. Si bien no hay registros detallados de acciones judiciales específicas lideradas por Nange Yeti, las iniciativas administrativas y de movilización comunitaria desempeñaron un papel importante en su enfoque.1. Movilización y Resistencia Comunitaria: El líder participó activamente en movilizaciones y protestas pacíficas en contra de la explotación petrolera y otras actividades extractivas en su territorio ancestral. Junto a su comunidad waorani, se involucró en campañas de sensibilización, marchas y manifestaciones para defender su tierra y su modo de vida. Su presencia en estas iniciativas contribuyó a llamar la atención sobre los impactos negativos de la explotación y la importancia de la preservación ambiental y cultural.2. Organización y Participación: Nange Yeti fue parte de organizaciones como la Nacionalidad Waorani del Ecuador (NAWE) y la Organización Waorani de Pastaza (OWAP). Estas instituciones desempeñaron un papel fundamental en la coordinación de acciones de defensa y la representación de los intereses de la comunidad waorani a nivel nacional e internacional. A través de estas plataformas, Nange Yeti y su comunidad buscaron influir en la toma de decisiones y ejercer presión sobre las autoridades.3. Denuncias y Visibilidad: Yeti y su familia presentaron denuncias en instancias como la Fiscalía de Asuntos Indígenas de Puyo, informando sobre amenazas y presiones en relación con su labor como defensor de la naturaleza y líder comunitario. Estas denuncias tenían como objetivo resaltar la importancia de su trabajo y generar visibilidad en torno a los riesgos que enfrentaban. Sin embargo, las denuncias también exponen las dificultades que a menudo enfrentan los líderes indígenas al intentar acceder a la justicia y a medidas de protección efectivas.4. Alianzas y Solidaridad: El defensor y su comunidad waorani buscaron aliados y solidaridad tanto a nivel nacional como internacional. Colaboraron con organizaciones indígenas, defensores de los derechos humanos y ambientales, y otras comunidades afectadas por actividades extractivas. Estas alianzas fortalecieron su posición en la defensa de su territorio y generaron una red de apoyo para enfrentar los desafíos.5. Medios de Comunicación y Redes Sociales: La comunidad waorani utilizó medios de comunicación y redes sociales para difundir información sobre su lucha y los riesgos que enfrentaban. Comunicados, entrevistas y publicaciones en línea permitieron sensibilizar a un público más amplio sobre la importancia de proteger la Amazonía y los derechos de los pueblos indígenas.	La gestión de líderes comunitarios como Nange Yeti Nimonca ofrece valiosas lecciones y buenas prácticas que pueden ser útiles en casos similares de defensa de territorios y derechos indígenas:1. Fortalecimiento Organizativo: Nange Yeti participó activamente en organizaciones como la NAWE y la OWAP. Estas plataformas brindaron a su comunidad un espacio para coordinar acciones, tomar decisiones colectivas y representar sus intereses de manera más efectiva. Recomendaría fortalecer la organización comunitaria y buscar la unidad en torno a objetivos compartidos.2. Alianzas Estratégicas: La colaboración con otras comunidades indígenas, organizaciones de derechos humanos y ambientales fue esencial en la estrategia de Nange Yeti. Formar alianzas amplía la voz y la influencia, y permite compartir recursos y experiencias valiosas.3. Comunicación y Visibilidad: Nange Yeti y su comunidad utilizaron medios de comunicación y redes sociales para difundir información sobre su lucha. Comunicados, entrevistas y publicaciones ayudaron a generar apoyo y sensibilizar a un público más amplio. La comunicación efectiva es crucial para atraer la atención y el respaldo de la sociedad en general.4. Defensa Pacífica y Movilización: Las protestas y manifestaciones pacíficas, como las que Nange Yeti participó, son formas poderosas de llamar la atención sobre los problemas y ejercer presión. Es importante mantener la lucha de manera no violenta para mantener la legitimidad y el apoyo público.5. Documentación y Denuncia: La documentación de amenazas y agresiones, así como la presentación de denuncias formales, son herramientas esenciales. Ayudan a generar evidencia y atraer la atención de las autoridades y los medios de comunicación. También son importantes para buscar justicia en caso de violaciones.6. Empoderamiento de las Mujeres: Nange Yeti destacaba por ser un sabio waorani y defensor de la naturaleza. Es importante reconocer y promover el papel de las mujeres líderes en la defensa de los territorios y los derechos indígenas. Su hija, Rosalina Yeti Orengo, también desempeñó un papel activo en la denuncia y la continuidad de la lucha.7. Acciones Legales y Monitoreo: Si bien no hay registros detallados de acciones legales lideradas por Nange Yeti, la consideración de estrategias legales y el monitoreo constante de los avances legales son importantes. Esto podría incluir la asesoría legal y la búsqueda de justicia en instancias nacionales e internacionales.8. Apoyo Nacional e Internacional: El apoyo de aliados tanto dentro del país como a nivel internacional es fundamental. Organizaciones indígenas, defensores de derechos humanos y ambientales, así como gobiernos y agencias internacionales, pueden brindar respaldo político, financiero y de visibilidad.9. Educación y Sensibilización: Nange Yeti era un profesor y apoyaba la educación en su comunidad. La educación y la sensibilización son esenciales para empoderar a las comunidades indígenas y a la sociedad en general sobre la importancia de la preservación cultural y ambiental.10. Persistencia y Determinación: La lucha de Nange Yeti se extendió a lo largo de décadas. Su persistencia y determinación son ejemplos de la resiliencia requerida para enfrentar los obstáculos y desafíos en la defensa de los territorios y los derechos indígenas.	Hasta el momento de su trágico asesinato en diciembre de 2021, no se tienen registros de que Nange Yeti Nimonca haya sido judicializado directamente por su contraparte en el marco de la gestión que realizaba como líder waorani y defensor de la naturaleza en la Amazonía ecuatoriana. Sin embargo, su labor y la de su comunidad estaban marcadas por la constante presión y amenazas provenientes de intereses extractivos y empresas involucradas en la explotación de recursos naturales en su territorio ancestral.La principal confrontación de Nange Yeti y su comunidad waorani estaba centrada en la protección de su territorio y la oposición a actividades extractivas, como la explotación petrolera y la deforestación, que amenazaban su modo de vida y su entorno natural. Estas actividades se realizaban en contra de la voluntad de la comunidad y sin respetar sus derechos territoriales y culturales.Aunque no se tiene constancia de procesos judiciales específicos dirigidos directamente contra Nange Yeti, las amenazas y presiones que él y su familia enfrentaron indican que su labor no fue ajena a la hostilidad de aquellos que se beneficiarían de la explotación de recursos naturales en su territorio. Las denuncias y el rechazo hacia estas actividades podían haber generado conflictos con empresas y actores que tenían intereses económicos en la región amazónica.Es importante destacar que la violencia que sufrió Nange Yeti, que culminó en su asesinato, refleja una forma extrema de represión contra su labor y su liderazgo en la defensa de la naturaleza y los derechos indígenas. Si bien no hubo un proceso judicial específico que resultara en su persecución, su trágico destino resalta los riesgos que enfrentan los líderes indígenas y defensores ambientales cuando se oponen a intereses poderosos que buscan explotar los recursos naturales sin considerar las consecuencias para las comunidades y el medio ambiente.En este contexto, la ausencia de procesos judiciales directos puede no representar la totalidad de las amenazas y tensiones que Nange Yeti y su comunidad enfrentaron. Su asesinato destaca la necesidad de una protección efectiva para los defensores de los derechos humanos y ambientales, así como de una justicia imparcial y diligente para prevenir y castigar actos de violencia y represión.	En la labor de defensa de los territorios y derechos indígenas llevada a cabo por Nange Yeti Nimonca, diversas entidades, tanto públicas como privadas e internacionales, han brindado apoyo en diferentes momentos y capacidades. Su lucha en conjunto con su comunidad, la Nacionalidad Waorani del Ecuador (NAWE) y otras organizaciones, atrajo la atención y el respaldo de actores comprometidos con la preservación cultural y ambiental. A continuación, se describen algunas de las entidades que han colaborado en su labor:1. Nacionalidad Waorani del Ecuador (NAWE): Como la organización que representa a la nacionalidad waorani, la NAWE ha sido un actor clave en la lucha de Nange Yeti y su comunidad. La NAWE ha proporcionado plataforma y estructura organizativa para coordinar acciones y estrategias de defensa, así como para promover la visibilidad de sus causas.2. Organizaciones de Derechos Humanos y Ambientales: Diversas organizaciones nacionales e internacionales que se dedican a la defensa de los derechos humanos y la protección del medio ambiente han brindado su apoyo a la lucha de Nange Yeti. Estas organizaciones han amplificado sus voces, documentado las amenazas y agresiones, y contribuido con campañas de sensibilización y denuncia.3. Amazon Frontlines: Esta organización internacional ha estado involucrada en la defensa de los derechos de las comunidades indígenas en la Amazonía, incluida la comunidad waorani. Han proporcionado asesoramiento, recursos y visibilidad a la lucha de Nange Yeti y su comunidad.4. Medios de Comunicación: Los medios de comunicación, tanto locales como internacionales, han jugado un papel crucial en la difusión de la historia de Nange Yeti y la visibilización de los desafíos que enfrentan las comunidades indígenas en su lucha por la preservación cultural y ambiental. Estos medios han contribuido a generar conciencia y a movilizar el apoyo público.5. Aliados y Defensores Indígenas: Otros líderes y defensores indígenas han brindado su solidaridad y apoyo a la causa de Nange Yeti. La unión y el respaldo mutuo entre diferentes comunidades indígenas fortalecen la lucha y la presión ejercida sobre las autoridades y empresas.6. Gobiernos y Agencias Internacionales: Algunos gobiernos y agencias internacionales que defienden los derechos humanos y la preservación del medio ambiente han mostrado su apoyo a través de pronunciamientos, financiamiento y asesoramiento. Su respaldo contribuye a que la lucha de Nange Yeti trascienda las fronteras nacionales.7. Pueblos Indígenas en General: La solidaridad entre diferentes pueblos indígenas es una fuerza poderosa. Las luchas compartidas y el intercambio de experiencias y estrategias fortalecen la defensa de los derechos y territorios indígenas en general.	En su labor de defensa de los derechos indígenas, la integridad personal y la protección de su familia, Nange Yeti Nimonca pudo haber utilizado una serie de herramientas y estrategias que son comunes entre los líderes indígenas y defensores de los derechos humanos, tales como:1. Marco Legal y Derechos Indígenas: Los líderes indígenas a menudo buscan respaldo en la legislación nacional e internacional que protege los derechos de los pueblos indígenas. El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas son instrumentos fundamentales para la defensa de sus territorios y derechos.2. Organizaciones y Redes de Apoyo: Las comunidades y líderes indígenas se agrupan en organizaciones y redes que proporcionan apoyo mutuo, asesoramiento legal, acompañamiento en casos de amenazas y agresiones, y plataformas para la visibilización de sus causas. Nange Yeti pudo haberse beneficiado del respaldo de la Nacionalidad Waorani del Ecuador (NAWE) y otras organizaciones aliadas.3. Asesoramiento Legal: Buscar asesoramiento legal es fundamental para entender y ejercer sus derechos de manera efectiva. Abogados y defensores legales especializados en derechos indígenas pueden proporcionar orientación sobre cómo enfrentar amenazas legales y cómo abordar casos judiciales.4. Medios de Comunicación y Visibilidad: La visibilidad mediática es una herramienta poderosa. Difundir información sobre amenazas, agresiones y logros puede generar conciencia y presionar a las autoridades y actores responsables. Entrevistas, reportajes y comunicados de prensa pueden ser utilizados para contar su historia y sensibilizar al público.5. Redes de Solidaridad: La solidaridad entre organizaciones nacionales e internacionales, así como con otros pueblos indígenas y defensores de derechos humanos, fortalece la lucha y puede ofrecer apoyo en situaciones de emergencia.6. Denuncias Internacionales: En situaciones de agresiones graves o en casos donde las autoridades locales no brindan la protección adecuada, acudir a instancias internacionales de derechos humanos, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) o relatores de la ONU, puede generar presión internacional.7. Formación en Derechos y Defensa: La formación en derechos humanos y derechos indígenas ayuda a los líderes a entender mejor su situación legal y a estar preparados para enfrentar situaciones de conflicto.8. Seguridad y Autocuidado: Estrategias de seguridad personal y autocuidado son esenciales. Esto puede incluir la formación en técnicas de seguridad, la evaluación de riesgos, la comunicación segura y la planificación para situaciones de emergencia.9. Comunicación Comunitaria: Mantener una comunicación constante con la comunidad y líderes locales permite mantenerse informado sobre amenazas potenciales y tomar medidas preventivas.
Ecuador	Puyo, Pastaza, Ecuador, Comunidad Waorani	Nemonte Nequimo	Si	Comunidad Waorani	Líder Comunidad Waorani	Suelo (Oposición a actividades extractivas)	Nemonte Nenquimo, una destacada líder indígena perteneciente al pueblo Waorani de Ecuador, ha sido reconocida a nivel mundial por su valiente defensa de la selva amazónica y los derechos de su comunidad, a pesar de las graves amenazas y violencia que ella y su comunidad han enfrentado. Su liderazgo ha sido fundamental en la resistencia contra las actividades extractivas en sus territorios ancestrales. Nenquimo, presidenta de la organización Waorani de Pastaza CONCONAWEP, ha empoderado especialmente a las mujeres de su comunidad y ha desempeñado un papel esencial en la organización de la lucha de los indígenas contra la extracción petrolera. En 2019, los Waorani lograron una importante victoria legal cuando la Corte de Pastaza determinó que no se habían consultado adecuadamente a los indígenas sobre el bloque petrolero 22, ubicado en su territorio ancestral. Esta sentencia evitó la explotación de más de 180,000 hectáreas de bosque.Sin embargo, la valiente resistencia de Nenquimo y su comunidad no ha estado exenta de peligros. Han enfrentado amenazas y violencia por parte de empresas extractivas y otros actores que buscan explotar los recursos naturales en sus tierras. La lucha de Nenquimo por la protección de la selva ha puesto su vida en riesgo, ya que ha denunciado la destrucción ambiental y los impactos negativos en la salud y el bienestar de su comunidad causados por la extracción de petróleo.Nenquimo ha alzado su voz con firmeza para denunciar las amenazas que enfrentan las selvas y los pueblos indígenas a causa de las empresas extractivas. Ha señalado que estas compañías destruyen los bosques, contaminan el agua y ponen en riesgo la vida de las comunidades. Para ella, la protección de la selva es crucial no solo para los indígenas, sino para el bienestar de todo el mundo, ya que sin tierra no hay vida.A pesar de las dificultades y los riesgos, el liderazgo de Nemonte Nenquimo ha sido un faro de esperanza para los indígenas de la Amazonía que luchan contra la explotación petrolera, la minería y la extracción de madera. Además, ha dado voz a las preocupaciones de las mujeres indígenas y ha trabajado incansablemente para asegurar un futuro sostenible para las generaciones venideras.En 2019, los Waorani lograron cerrar la puerta a las actividades petroleras en su territorio, gracias a un fallo judicial que reconoció que no se habían respetado sus derechos de consulta en relación al bloque petrolero 22. Sin embargo, a pesar de esta victoria, Nenquimo y su comunidad continúan enfrentando desafíos y amenazas por parte de los gobiernos y las empresas.El reconocimiento de Nemonte Nenquimo como una de las 100 personas más influyentes del mundo por la revista Time es un logro significativo que ha puesto en relieve la lucha de los Waorani y de otros pueblos indígenas de la Amazonía. Este reconocimiento no solo honra a Nenquimo, sino que también destaca la importancia de proteger la selva amazónica y apoya los esfuerzos de los indígenas por preservar sus territorios y su forma de vida.