Autores: Christoph Josef Kaufmann, Enrique Prieto-Ríos

En su aceptación más amplia, un conflicto ambiental se ha definido como un “conflicto social relacionado al medio ambiente” (Le Billon 2015, 599). La revisión de literatura arrojó que este tipo de conflictos es particularmente frecuente cuando actores externos pretenden implementar proyectos económicos con altos impactos locales. Basándonos en la revisión de literatura de conflictos ambientales en Latinoamérica y el mundo, podemos afirmar, entonces, que conflictos ambientales suelen emerger cuando varios grupos de actores con poder desigual se disputan por el acceso y el control de recursos naturales, por distintos usos de éstos, por la distribución desigual de los beneficios y pasivos de proyectos económicos, por distintas visiones de cómo se debería aprovechar los recursos naturales de un territorio específico, y por disputas sobre quiénes deberían participar de qué manera en la toma de decisiones en torno a la agenda de desarrollo.

Estos conflictos medioambientales se han interpretado conceptualmente en el marco de conflictos de distribución ecológica. Esto hace referencia a disputas “de la distribución desigual de los beneficios y costos ambientales de proyectos, tales como industrias extractivas, instalaciones de transporte o vertido de desechos” (Tran et al. 2020, 1190). En este sentido, la causa subyacente a estos conflictos es un intercambio ecológico desigual donde las poblaciones históricamente marginales se ven desproporcionadamente afectadas por los impactos negativos, mientras que los actores poderosos cosechan gran parte de sus beneficios. A pesar de esto, las operaciones económicas en cuestión se fundamentan en discursos de progreso, modernidad y desarrollo; y más recientemente también de conservación, mitigación del cambio climático y ‘ecologización’ de la economía. Estos discursos son importantes porque se han utilizado para legitimar la vulneración de los derechos de las poblaciones que habitan los territorios donde se pretende desarrollar dichos proyectos.

La protección del medio ambiente ha cobrado un lugar cada vez mayor en las normativas de los países estudiados, ya que el un ambiente sano es ampliamente considerado un derecho fundamental. A través la revisión de normativa relevante, se identificaron cuatro tipos de normas que se han ido consolidado con el fin de prevenir conflictos ambientales: primero, participación ciudadana en torno a proyectos económicos; segundo, derechos diferenciales de minorías étnicas; tercero, protección ambiental; y, cuarto, defensa de derechos humanos y del medio ambiente. La normativa y jurisprudencia que se han ido consolidando en torno a conflictos ambientales se han interpretado, entonces, como mecanismos fundamentales para abordar las desigualdades sistémicas. Este abordaje es fundamental para lograr la justicia ambiental. Sin embargo, esta “juridificación de los conflictos socioambientales” (Sieder, Montoya, and Bravo-Espinosa 2022) también se ha traducido en el uso de mecanismos judiciales para deslegitimar, encarcelar y criminalizar a las personas defensoras del medio ambiente.

Referencias

• Le Billon, Philippe. 2015. “Environmental Conflict.” In The Routledge Handbook of Political Ecology, edited by Tom Perreault, Gavin Bridge, and James McCarthy, 598–608. Oxon, New York: Routledge.
• Sieder, Rachel, Ainhoa Montoya, and Yacotzin Bravo-Espinosa. 2022. “Presentación Del Dossier Extractivismo Minero En América Latina: La Juridificación de Los Conflictos Socioambientales.” Íconos. Revista de Ciencias Sociales. XXVI (72): 7–12.
• Tran, Dalena, Grettel Navas, Joan Martinez-Alier, and Sara Mingorria. 2020. “Gendered Geographies of Violence: A Multiple Case Study Analysis of Murdered Women Environmental Defenders.” Journal of Political Ecology 27 (1): 1189–1212. https://doi.org/10.2458/v27i1.23760.