Registro de Casos ambientales

En desarrollo del proyecto “Supporting Environmental Defenders in Latin America” (Apoyo a los defensores del medio ambiente en América Latina), la Alianza de Clínicas Jurídicas Ambientales de Latinoamérica y el Caribe, con apoyo de la Universidad del Rosario y American Bar Association, presenta a continuación un repositorio de casos ambientales promovidos por personas defensoras del ambiente en Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela.

Este repositorio fue estructurado a partir del estudio y registro de casos identificados en cada uno de los países, documentando el lugar de los hechos, la persona, organización o comunidad afectada, la contraparte del caso, el resumen de los hechos, las acciones adoptadas, el recurso natural involucrado, las afectaciones sociales derivadas, la instancia jurisdiccional que conoce del caso, la autoridad que conoce del caso, y la decisión o estado del proceso.

Los casos registrados se han organizado siguiendo el orden alfabético de los países. Para revisar información puntual, seleccione el Estado que le interesa consultar o filtre según el tipo de dato que requiere.

Cualquier duda o inquietud, por favor comunicarse al correo electrónico: andrea.dominguez@pucp.pe

País	Lugar especifico	Persona, organización o comunidad afectada	Contraparte del caso	Resumen de los hechos	Acciones que ha adoptado la comunidad frente al caso	Recurso natural afectado	Afectaciones sociales que se han generado	Instancia jurisdiccional del caso	Corte, Tribunal o entidad que lleva el caso	Resumen de la decisión o del estado actual del proceso	Fuente de información
Bolivia	La Paz	Comunidad indigena.	Estado	La problemática surge en el marco de la creación de una ley financial en el 2011 que está en contra de las normativas constitucionales, al parecer es contradictoria al artículo 343 de la CPE, ya que, las disposiciones adicional séptima de la ley 211 aparece regulada la “consulta previa”, contradiciendo totalmente la disposición constitucional antes señalada y se realiza una acción popular, por cuanto, si una actividad o proyecto va a afectar al medio ambiente, como la actividad hidrocarburifera, la construcción de carreteras, deben ser consultadas e informadas previamente, no de manera posterior o diferida como establece la Ley Financial.Ahora bien, se discute que la normativa creada con la ley Financial establece ciertos beneficios a las empresas cuyas tareas impactan el medio ambiente y, además la ley 211, vulnera el artículo 410 de la constitución por cuanto no cumple en ninguna de sus partes con lo dispuesto en la norma suprema y viola las disposiciones del articulo 411 de la misma, referida a la reforma de la Constitución Política del Estado, toda vez que aquella siendo una norma inferior a la constitucional, modifica el derecho a la consulta previa que es un derecho constitucional y un derecho humano consagrado en normas internacionales, por tanto la Disposición Adicional Séptima de la Ley 211, que contiene regulaciones atentatorias a procedimientos que aseguran el ejercicio de derechos colectivos, está viciada de nulidad, especialmente cuando no activó la consulta en el “momento previo” a la toma de esta medida legislativa. Gracias a lo anteriormente narrado se decide demandar por inconstitucionalidad puesto que, como se viene mencionando, va en contra de los derechos	La comunidad indígena originaria campesina afectada ha adoptado diversas acciones frente al caso con el objetivo de proteger sus derechos y preservar su territorio y medio ambiente.En primer lugar, la comunidad ha buscado hacer valer su derecho a la consulta previa y obligatoria. Han organizado asambleas comunitarias y reuniones para discutir el impacto de la Disposición Adicional Séptima de la Ley 211 y han exigido al gobierno que respete su derecho a ser consultados de manera adecuada y oportuna.Además, la comunidad ha llevado a cabo protestas y movilizaciones pacíficas para visibilizar su situación y demandar la protección de sus derechos. Han realizado marchas, bloqueos de carreteras y otras formas de protesta para llamar la atención de las autoridades y la opinión pública sobre los impactos negativos de la legislación en cuestión.La comunidad también ha recurrido a instancias legales para impugnar la constitucionalidad de la Disposición Adicional Séptima de la Ley 211. Han presentado recursos legales y acciones de amparo ante el Tribunal Constitucional Plurinacional para solicitar la revisión y anulación de dicha disposición, argumentando que vulnera sus derechos fundamentales y va en contra de los principios del Estado Plurinacional Comunitario.Asimismo, la comunidad ha buscado alianzas y apoyo de organizaciones indígenas, ambientalistas, derechos humanos y otras organizaciones de la sociedad civil. Han participado en espacios de articulación y coordinación para fortalecer su lucha y promover una respuesta conjunta frente a las amenazas y violaciones que enfrentan.En este sentido, han llevado a cabo campañas de sensibilización y difusión en medios de comunicación y redes sociales para informar a la opinión pública sobre su situación y movilizar el apoyo de la sociedad en general. Han buscado generar conciencia sobre la importancia de respetar los derechos de las comunidades indígenas y proteger el medio ambiente.Además, la comunidad ha promovido la participación y empoderamiento de sus miembros a través de la educación y formación en derechos indígenas, derechos ambientales y mecanismos de participación ciudadana. Han organizado talleres, capacitaciones y encuentros comunitarios para fortalecer la conciencia colectiva y la capacidad de defensa de sus derechos.Estas acciones reflejan la determinación y resistencia de la comunidad para enfrentar las amenazas y violencias que enfrentan, y su lucha por la defensa de sus derechos y su forma de vida.	Fauna, flora, suelo	Desplazamiento, perdida cultural, invación en territorio indigena.	Constitucional en la sala plena de la corte plurinacional.	Corte constitucional plurinacional de Bolivia "2056/2012Expediente 00213-20120-01-AIA"	El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su sala plena; en virtud a la autoridad que le confieren la constitución política del estado plurinacional de bolivia y el art. 12.1 de la ltcp, resuelve: 1. 1o declarar la inconstitucionalidad de la disposición adicional séptima de la ley 211 de 23 de diciembre de 2011, ley del presupuesto general del estado para la gestión fiscal 2012, en la parte de su parágrafo i. que señala: “...no se admitirá la discusión de otros temas que no sean de competencia de la autoridad competente y otros no relacionados a la implementación de la actividad hidrocarburífera y de otros sectores...”, con los efectos previstos en el art. 107.3 de la ltcp; y, 2. 2o declarar la inconstitucionalidad de la disposición adicional séptima de la señalada ley, en la parte de su parágrafo ii. que señala: “...si no se llegara a la suscripción del convenio de validación de acuerdo por las razones antes mencionadas, se continuará con el procedimiento para la elaboración y aprobación del eeia conforme a la normativa vigente.”, con los efectos previstos en el art. 107.3 de la ltcp.	BibliografíaBOLIVIA, T. C. (16 de octubre de 2012). TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL. Obtenido de https://jurisprudenciaconstitucional.com/resolucion/39540-sentencia-constitucional-plurinacional-2056-2012
Bolivia	Potosí	Comunidad originaria.	Administración Autónoma para Obras Sanitarias (AAPOS) Potosí	El 7 de octubre del 2014 se realiza una revision de resulución ya que "El Ayllu ""Jesús de Machaca"" es una comunidad originaria en Bolivia que legalmente posee ocho lagunas que abastecen de agua a la ciudad de Potosí y por lo que se mencionara llevan a cabo una acción popular. La comunidad no tiene acceso a agua potable ni a servicios básicos, y la empresa concesionaria de sus aguas, AAPOS, se ha adueñado completamente de las lagunas, vendiendo incluso sus aguas residuales a las empresas mineras sin compartir los beneficios con la comunidad. Los concesionarios han explotado los recursos naturales de la comunidad sin medir las consecuencias y han contaminado el agua, dañando el territorio y la salud de los habitantes de la zona.La Constitución Política del Estado de Bolivia establece que todas las concesiones de recursos naturales, incluyendo las concesiones de agua, deben adecuarse a la nueva Constitución y cumplir con la consulta a los pueblos de los territorios afectados. La comunidad de ""Jesús de Machaca"" ha esperado pacientemente la convocatoria de AAPOS para participar en un proceso de consulta previa, pero no han sido convocados ni consultados sobre las nuevas condiciones de explotación de los recursos naturales en su territorio.La comunidad considera que ningún documento ni resolución es válido sin su intervención, ya que tienen el derecho colectivo a la consulta previa y a participar. Además, tienen derecho a la gestión territorial indígena autónoma. A pesar de los requisitos y condiciones para el proceso de adecuación, la comunidad no ha sido convocada a ningún proceso previo y menos ha sido consultada.La comunidad de ""Jesús de Machaca"" exige su derecho a la consulta previa y a participar. Además, exigen su derecho a la gestión territorial indígena autónoma y la protección de sus recursos naturales y su salud. Es necesario que se respeten los derechos de las comunidades originarias y se promueva un manejo sustentable de los recursos naturales."	El texto no menciona explícitamente las acciones específicas que la comunidad ha tomado frente al caso. Sin embargo, se menciona que han realizado gestiones amigables y de concertación con la empresa concesionaria de las aguas, AAPOS, con el objetivo de abordar la situación y lograr un acuerdo favorable para la comunidad. También se menciona que han esperado pacientemente la convocatoria por parte de AAPOS y han realizado solicitudes para ser incluidos en el proceso de adecuación de concesiones y contratos de explotación de los recursos naturales en su territorio.Aunque el texto no proporciona detalles sobre las acciones específicas que han llevado a cabo, es posible inferir que la comunidad ha estado involucrada en la defensa de sus derechos a través del diálogo, la negociación y la búsqueda de soluciones pacíficas. Es probable que hayan presentado reclamos formales y realizado gestiones ante las autoridades competentes para hacer valer sus derechos colectivos y difusos.Dado que el texto no proporciona información detallada sobre las acciones emprendidas, no es posible brindar una descripción exhaustiva de las medidas adoptadas por la comunidad frente al caso. Sin embargo, es evidente que han buscado establecer un diálogo y hacer valer sus derechos a través de los canales correspondientes, con el objetivo de encontrar una solución justa y equitativa a la problemática que enfrentan.	Recursos hídricos	1) Falta de acceso a agua potable y servicios básicos2) Apropiación de recursos naturales3) Contaminación de agua y tierra 4) Exclusión en la toma de decisiones5) Ausencia de beneficios económicos	Sentencia Constitucional Plurinacional Sala Primera Especializada.	Corte constitucional plurinacional de Bolivia Expediente 06988-2014-14-AP	El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su sala primera especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la constitución política del Estado Plurinacional de Bolivia y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: revocar la resolución 08/2014 de 7 de octubre, cursante de fs. 384 a 388, pronunciada por la sala social y administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí; y, en consecuencia, conceder en parte, únicamente respecto del derecho al agua, con el consiguiente acceso del servicio básico de agua potable.	BibliografíaPLIRINACIONAL, T. C. (19 de 12 de 2014). TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL. Obtenido de https://jurisprudencia.tcpbolivia.bo/Fichas/ObtieneResolucion?idFicha=21042
Bolivia	Pando	Duri Mar Merelis Genaro, Presidente de la Central Indígena de Pueblos Originarios de la Amazonía de Pando	Particular Miguel Ruiz Cambero.	La comunidad indígena “Takana El Turi Manupare II” el 14 de febrero del 2013 que por medio de Duri presenta acción de amparo constitucional, afiliada a la CIPOAP, fue objeto de amenazas y amedrentamientos con armas de fuego por Miguel Ruiz Cambero, quien dice tener derecho sobre más de 4000 ha en el lugar donde se encuentra asentada dicha comunidad, la misma que, con la finalidad de resolver el problema y ser escuchada, bloqueó las vías camineras, solicitando la presencia del Gobernador del departamento de Pando. Luego de una reunión efectuada entre la Viceministra de Justicia y los dirigentes de las distintas comunidades indígenas, la organización campesina de Pando que los representó, logró firmar un documento denominado “Acta de acuerdo y compromiso de Nanawa”, por el que se convino: a) Conformar una comisión para el análisis de las tierras en conflicto; b) Acuerdo para la zafra 2012-2013; y, c) Formar una comisión técnica para la revisión de las concesiones forestales. Cuando la comisión se encontraba analizando el “decreto barraquero”, recibió la llamada de los indígenas de la comunidad “Takana El Turi Manupare II”, denunciando que Miguel Ruiz Cambero y un grupo de personas armadas, ingresaron nuevamente al predio en conflicto, conminándoles a salir “por las buenas”; caso contrario, no responderían de lo que pasara en el predio; minutos después, recibió una segunda llamada, en la que con gritos de desesperación sus hermanos indígenas le informaron que los hombres armados ingresaron a las casas y sacaron sus cosas, temiendo que algo grave pasara. Parece ser que las amenazas están dirigidas a desalojar a las comunidades de sus territorios para lograr hacer uso de una concesión forestal que permitiría un lucro, así las cosas, se inicia con la acción de amparo constitucional para que los derechos humanos sean respetados y se evidencie un accionar por parte del Estado ya que también se pide una reparación de daños y perjuicios.	Según los antecedentes presentados, la comunidad afectada es la comunidad indígena "Takana El Turi Manupare II", afiliada a la CIPOAP (Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente, Chaco y Amazonía de Bolivia). Se menciona que esta comunidad ha sido objeto de amenazas y amedrentamientos con armas de fuego por parte de Miguel Ruiz Cambero, quien reclama derechos sobre más de 4000 hectáreas de tierra en las que se encuentra asentada la comunidad.La comunidad ha buscado resolver el problema y ser escuchada a través de la movilización y bloqueo de vías camineras, solicitando la intervención del Gobernador del departamento de Pando. Posteriormente, se llevó a cabo una reunión entre la Viceministra de Justicia y los dirigentes de las distintas comunidades indígenas, en la cual se firmó un documento denominado "Acta de acuerdo y compromiso de Nanawa". Este acuerdo estableció la conformación de una comisión para el análisis de las tierras en conflicto, acuerdos para la zafra y la formación de una comisión técnica para la revisión de las concesiones forestales.Sin embargo, durante el proceso de análisis de las tierras en conflicto, se reportó que Miguel Ruiz Cambero y un grupo de personas armadas ingresaron nuevamente al predio, amenazando a la comunidad y sacando sus pertenencias de las casas. Estos actos generaron temor y desesperación en los miembros de la comunidad.En cuanto a las características de la comunidad afectada, se menciona que se autoidentifican como descendientes originarios de la Amazonía de Pando y se dedican a actividades económicas y sociales, como la recolección de la castaña. También se destaca su pertenencia a la comunidad indígena y su demanda de dotación de tierras fiscales en las que se encuentran asentados.En relación a las amenazas y otras formas de violencia sufridas por la comunidad, se menciona la presencia de personas armadas que han realizado amedrentamientos y han ingresado a las viviendas de la comunidad. Además, se reporta la quema de casas y el robo de productos, como cajas de castaña. Estos actos representan una amenaza a la integridad física y psicológica de los miembros de la comunidad.En resumen, la comunidad indígena "Takana El Turi Manupare II" ha sufrido amenazas y otras formas de violencia, incluyendo amedrentamientos con armas de fuego, ingreso forzado a viviendas, quema de casas y robo de productos. Estos actos constituyen una violación de sus derechos, incluyendo el derecho al hábitat o domicilio y al debido proceso, según alega la parte accionante. La comunidad ha buscado proteger sus derechos a través de una demanda legal y solicita la intervención para detener los actos de agresión y que se haga justicia.	Suelo, fauna, flora	1) Amenazas y violencia:2) Desplazamiento y pérdida de viviendas:3) Pérdida de pertenencias y recursos: 4) Tensiones y conflictos intercomunitarios:5) Obstáculos para el desarrollo comunitario	ConstitucionaL en la sala primera especializada	Corte constitucional plurinacional	"El tribunal constitucional plurinacional, en su sala primera especializada, en virtud a la autoridad que le confiere la constitución política del estado plurinacional de bolivia y el art. 12, 7 de la ley del tribunal constitucional plurinacional, en revisión, resuelve: 1. 1o confirmar la resolución 01/2013 de 14 de febrero, cursante de fs. 41 a 42 vta., pronunciada por la sala de turno por vacación judicial del tribunal departamental de justicia de pando; y en consecuencia, conceder la tutela solicitada, conforme a los fundamentos expuestos en la presente sentencia constitucional plurinacional, ratificando lo dispuesto por el tribunal de garantías, respecto a que el demandado no realice ni ejerza ningún acto que implique violencia física y psicológica contra la comunidad indígena “takana el turi manupare ii”, ni contra los accionantes, además del pago de daños y perjuicios. 2. 2o disponer que la comunidad indígena “takana el turi manupare ii”, retorne a su territorio ancestral, catalogado como “tierra fiscal no disponible” con una superficie de 4 412,6497 ha, sobre la que el demandado efectuó la solicitud de concesión forestal y que actualmente se la tiene por desistida. 3o exhortar a inra de pando y a la abt, que definan la situación del territorio en conflicto a partir de la interpretación efectuada en el fundamento jurídico iii.4.3 de la presente sentencia constitucional plurinacional. 4o exhortar al inra de pando, abt y juez agroambiental del departamento de pando, que al momento de aplicar disposiciones legales a los pueblos indígena originario campesinos, consideren los criterios de interpretación contenidos en la presente sentencia constitucional plurinacional. 5. 5o ordenar, la difusión del presente fallo a la abt, inra y a la jurisdicción agroambiental, así como a los diferentes tribunales departamentales de justicia, y a las organizaciones de los pueblos indígenas. 6. 6o disponer que la cipoap informe a este tribunal, a través de la unidad de coordinación departamental de este tribunal, en el plazo de un mes, sobre si el proceso de retorno al territorio por parte de la comunidad indígena “takana el turi manupare ii”, ha sido efectuado sin ninguna obstrucción por parte de la parte demandada, otras personas o instituciones. 7o disponer que el tribunal de garantías, efectué el seguimiento correspondiente al cumplimiento de la presente sentencia constitucional plurinacional, exigiendo los informes pertinentes a la abt e inra sobre el tercer punto dispuesto en este fallo. 8o disponer que la unidad de coordinación departamental de pando de este tribunal supervise el cumplimiento de la presente sentencia constitucional plurinacional. "	PLURINACIONAL, T. C. (10 de 03 de 2014). TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL. Obtenido de https://jurisprudencia.tcpbolivia.bo/Fichas/ObtieneResolucion?idFicha=14094
Bolivia	Santa Cruz	Hernán Rivero Chávez, Luis Ernesto Mazzone Mayser, Roberto Carlos Gómez Santivañez; y, Carlos Pablo Klinsky Fernández	Particulares : Eduardo Zuna Conde, Martha Solíz Roca, Angélica Inca, Carolina Eguez Justiniano, Amed Abel Rivero Ayala, Roberto Rivero Guardia y otros.	"Ostentan derecho propietario sobre un lote de terreno denominado La Quinta, ubicado en la zona oeste, en inmediaciones del cuarto anillo de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, con una superficie de 451 279,47 m2 debidamente registrado en Derechos Reales (DD.RR.), cuya tradición de dominio data de 1959 bajo la propiedad de su familia. De manera clandestina, destruyendo la flora, parte del enmallado y construyendo sus viviendas precarias, los demandados, entre otros, ingresaron al mencionado terreno afectando su derecho propietario, hecho que fue denunciado por la vía penal y en cuyo merito lograron aprehender a Eduardo Zuna Conde -hoy demandado-, situación que motivó que más personas se asentaran en sus terrenos, pues se interpone acción de amparo constitucional el 18 de,impidiendo con violencia su ingreso, metiendo maquinaria pesada y advirtiendo que no se retiraran, en franca intención de apropiarse del terreno señalado. En el presente caso, se ha demostrado que la OTB “Comunidad Villa Flor de Pucara” es propietaria original de la vertiente u ojo de agua que se está utilizando para la ejecución del proyecto del sistema de agua potable de la “Comunidad Jatun Pampa”. Sin embargo, la autoridad demandada no consultó a la OTB sobre la inclusión de su comunidad en el proyecto ni les otorgó la coparticipación en la producción de agua potable, vulnerando de esta manera sus derechos colectivos y difusos reconocidos en la CPE y la LTCP.En consecuencia se presenta la revision de resulucion 11 de 18 de febrebro de 2016, este Tribunal Constitucional considera que se ha configurado la vulneración de los derechos e intereses colectivos y difusos de la OTB “Comunidad Villa Flor de Pucara” y, en consecuencia, se procede a tutelar dichos derechos mediante la presente acción popular. Asimismo, se ordena a la autoridad demandada la inclusión de la OTB en el proyecto del sistema de agua potable de la “Comunidad Jatun Pampa” y la correspondiente coparticipación en la producción de agua potable, respetando así los derechos de la comunidad demandante."	"la comunidad ha adoptado diversas acciones frente al caso de la ocupación ilegal de sus terrenos y la violación de su derecho de propiedad. Estas acciones incluyen:1) Denuncia penal: Los miembros de la comunidad indígena presentaron una denuncia penal contra los ocupantes ilegales de sus terrenos, buscando que se apliquen las medidas legales correspondientes y se detenga la ocupación.2) Acción de amparo constitucional: La comunidad presentó una acción de amparo constitucional con el objetivo de proteger su derecho de propiedad privada y solicitar el desalojo de los ocupantes mediante la intervención de la fuerza pública. Esta acción busca obtener una tutela inmediata y evitar la dilación de los procesos ordinarios.3) Participación en audiencias: Los miembros de la comunidad asistieron a audiencias públicas relacionadas con el caso, donde ratificaron su posición y ampliaron la información y argumentos presentados en la acción de amparo constitucional. Durante estas audiencias, se expusieron pruebas documentales y se presentaron testimonios que respaldaban la ocupación ilegal de sus terrenos.4) Defensa legal: La comunidad contó con representación legal para hacer valer sus derechos y argumentar su posición frente a los ocupantes ilegales y las autoridades judiciales involucradas en el caso. A través de sus abogados, presentaron informes, réplicas y dúplicas en las audiencias, resaltando aspectos como la función social de la propiedad y la existencia de daños inminentes.5) Recopilación de pruebas: La comunidad ha recopilado pruebas para respaldar su posición, incluyendo documentos legales que demuestran su derecho propietario sobre los terrenos, fotografías satelitales para mostrar la ocupación ilegal y certificados que respaldan la antigüedad de los asentamientos de algunos ocupantes.6) Reclamo de cumplimiento de la función económico-social: Los miembros de la comunidad han argumentado que los ocupantes ilegales no han cumplido con la función económico-social requerida para la propiedad privada y que, por lo tanto, no pueden reclamar derechos sobre los terrenos.En general, la comunidad ha buscado utilizar los mecanismos legales disponibles para proteger su derecho de propiedad y recuperar sus terrenos. Han presentado denuncias, acciones de amparo constitucional y argumentos legales respaldados por pruebas documentales y testimonios. Su objetivo principal es lograr el desalojo de los ocupantes ilegales y recuperar el control de sus tierras."	Flora, fauna	Desplazamiento, invación en territorio.	Constitucional	Corte constitucional plurinacional 0726/2016expediente 14314-2016-29-AAC	No se violan derechos al medio ambiente toda vez que hubo justicia por mano propia y por consiguiente hay violación de derechos?"III.1. Procedencia de la protección directa e inmediata otorgada en forma excepcional por la acción de amparo constitucional, ante las medidas de hecho sobre el particular, la jurisprudencia del entonces Tribunal Constitucional consagrada en la SC 0534/2007-R de 28 de junio, es uniforme al sostener que:“...el fundamento constitucional que sustenta la procedencia excepcional de una tutela ante medidas de hecho, -ante cualesquier acto- es que en un Estado de Derecho, no es legal ni válido que una autoridad pública o un particular, invocando supuesto ejercicio 'legítimo' de sus derechos subjetivos, se arrogue facultades y adopte medidas de hecho (justicia directa o justicia por mano propia) para poner término a sus diferencias o solucionar sus conflictos con otros desconociendo que existen los mecanismos legales y las autoridades competentes para el efecto”. De ahí que la jurisprudencia constitucional entendió que las medidas de hecho, se configuran como aquellos "...actos ilegales arbitrarios que desconocen y prescinden de las instancias legales y procedimientos que el ordenamiento jurídico brinda, realizando justicia directa, con abuso del poder que detentan frente al agraviado, actos que resultan ilegítimos por no tener respaldo legal alguno y que por el daño ocasionado y la gravedad de los mismos, merecen la tutela inmediata que brinda el amparo por vulnerar derechos fundamentales. La idea que inspira la protección no es otra que el control al abuso del poder y el de velar por la observancia de la prohibición de hacerse justicia por mano propia, control que se extiende tanto a las autoridades públicas como a los particulares que lo ejercen de manera arbitraria por diferentes razones y en determinadas circunstancias..." (SC 0832/2005-R de 25 de julio). "	BibliografíaPLURINACIONAL, T. C. (2016 de JUNIO de 2016). TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL. Obtenido de https://jurisprudencia.tcpbolivia.bo/Fichas/ObtieneResolucion?idFicha=26541
Bolivia	La paz	Sub Central Agraria de las comunidades Kata Katani, Isquillani Pampa, Belén Iquiaca y Pinaya Pampa	Pariculares y Estado:Juana Ali y Leonardo Laura Flores, ambos Sub Centrales; Daniel Mollo Ali, Secretario General de la Sub Central Agraria de Viscachani; y, Nicacio y Germán Mollo Ali, todos de la provincia Aroma del departamento de La Paz.	"I.1.1. Hechos que motivan la acciónA partir del 3 de julio de 2016 aproximadamente, los ahora demandados de forma arbitraria procedieron a cortar el suministro de agua proveniente del río “Keto” el cual nace en el municipio de Ayo Ayo y cuyo caudal beneficia y provisiona a sus familias desde hace casi un siglo, y continua su curso hasta la comunidad Jacopampa, por tanto establecen una acción de amparo constitucional; sin embargo, los prenombrados taparon el caudal con arena y lo desviaron con piedras, acciones que carecen de sostén jurídico y pasan a constituirse en medidas de hecho que vulneran derechos y garantías reconocidas constitucionalmente, poniendo en riesgo la salud y la seguridad alimentaria, entre otras, de las comunidades a las que representan, debido a que las aguas del referido río son también utilizadas en labores agrícolas y ganaderas, aspecto que afecta la producción de hortalizas y de ganado vacuno, ovino y porcino.1 Tratándose de violaciones al orden constitucional vigente que importan excepción al principio de subsidiariedad, acuden directamente a la vía constitucional a través de esta acción tutelar, sin necesidad de agotar otros mecanismos ordinarios ante las circunstancias de necesidad que los apremian.I.1.2. Derechos supuestamente vulneradosLos accionantes consideran lesionados sus derechos al agua, a la salud, al trabajo, a la seguridad alimentaria y a los derechos del menor, citando al efecto los arts. 20.I y III, 35.I, 37, 46.I y II y 47.I de la Constitución Política del Estado (CPE)."	Las acciones que tomaron las personas afectadas por la problemática mencionada en el texto son las siguientes:1) Presentaron una demanda: Las personas afectadas presentaron una demanda el 8 de julio de 2016, solicitando amparo constitucional debido al corte arbitrario del suministro de agua y a las acciones que vulneraban sus derechos.2) Ratificaron y ampliaron la acción: En la audiencia, las personas afectadas ratificaron y ampliaron los argumentos de su demanda, detallando los efectos negativos del corte de agua en sus derechos a la salud, al trabajo, a la seguridad alimentaria y a los derechos del menor.3) Solicitaron restitución y compensación: En su petitorio, las personas afectadas solicitaron la restitución del acceso al agua del río "Keto" mediante la eliminación de los obstáculos que bloqueaban su cauce. Además, pidieron el pago de daños y perjuicios, así como el reembolso de costas procesales y honorarios profesionales.4) Denunciaron ante la Policía: Los afectados presentaron denuncias ante la Policía de Patacamaya por agresiones físicas, avasallamientos e ingreso arbitrario y apertura de otro canal. Buscaron así hacer valer sus derechos y obtener respaldo legal.5) Participaron en reuniones comunitarias: Las personas afectadas participaron en reuniones con las autoridades y personas demandadas para tratar el problema de límites y del agua. Intentaron buscar una solución mediante el diálogo, pero no se llegó a un acuerdo satisfactorio.6) Obtuvieron una resolución favorable: El Juez de garantías emitió una resolución en la que concedió la tutela solicitada por los afectados. Ordenó a los demandados restituir el curso normal del agua en las mismas condiciones previas al corte y fundamentó su decisión en la protección constitucional del derecho al acceso al agua.En resumen, las acciones que tomaron las personas afectadas incluyeron presentar una demanda, ampliar y ratificar su acción, denunciar ante la Policía, participar en reuniones comunitarias y obtener una resolución favorable del juez.	Recurso hidrico	Riesgo a la salud.Impacto a la salud alimentariaConflicto entre comunidades	Constitucional	Corte constitucional plurinacional 1230/2016-s3Expediente 1671-2016-33-AAC	"por tanto el Tribunal Constitucional Plurinacional, en su sala tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la constitución política del estado y el art. 12.7 de la ley del tribunal constitucional plurinacional; en revisión, resuelve:1° confirmar la resolución 5/2016 de 18 de julio, cursante de fs. 45 a 51, pronunciada por el juez público de la niñez y adolescencia e instrucción penal primero de sica sica del departamento de la paz en suplencia legal del juez público mixto, de partido y de sentencia penal de patacamaya del mismo departamento; y en consecuencia, conceder la tutela impetrada, no pudiendo limitarse el derecho al acceso al agua de ningún comunario, mientras no se dilucide los conflictos subsistentes en la zona por la vías correspondientes.2° disponer que los ahora demandados procedan al retiro de escombros y materiales, y permitan que fluya el cauce natural del río “keto” para el aprovechamiento de las comunidades afectadas.3° notificar a las máximas autoridades ejecutivas del órgano ejecutivo como del órgano legislativo, deliberativo y fiscalizador del gobierno autónomo municipal de patacamaya, provincia aroma del departamento de la paz, para el cumplimiento de la presente sentencia constitucional plurinacional.4° exhortar al ministerio de medio ambiente y agua, para que coadyuve con el gobierno autónomo municipal de patacamaya así como con otros municipios colindantes que aglutinen a comunidades que se benefician de las aguas del río“keto”, en la implementación de proyectos de distribución de agua para consumo humano, realizando la verificación de las fuentes existentes y los estudios necesarios al respecto."	BibliografíaPLURINACIONAL, T. C. (8 de noviembre de 2016). TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL. Obtenido de https://jurisprudencia.tcpbolivia.bo/Fichas/ObtieneResolucion?idFicha=28872
Bolivia	Potosí.	Palmira Llanos Leniz	particulares y trabajadores del estado:Mario Villanueva Fernández, Secretario de Actas del Cantón Tarapaya, Distrito 13 Sub Central; Miguel Nilo Villanueva Mamani, “Mayor”; Teodoro Leandro Estrada y Margarita Ruiz Villanueva de Méndez, todos miembros de la Comunidad de Miraflores de la provincia Tomás Frías del departamento de Potosí	los hechos que motivan una acción legal de la heredera de un balneario llamado "PRITH". La heredera alega el 4 de julio de 2013 tener derechos propietarios y una licencia de funcionamiento válida, además de haber cumplido con los pagos requeridos por las autoridades locales. También afirma que el gobierno municipal es el único que tiene la autoridad para imponer cargas y regular el uso de los recursos naturales, incluyendo las aguas termales del "ojo N° 14". Por eso accionan el amparo constitucional. Sin embargo, en julio de 2013, un grupo de personas, incluyendo a los demandados en este caso, desvió el curso de las aguas termales del balneario de la heredera sin autorización legal. La heredera interpuso una querella criminal contra los demandados por delitos como la usurpación de aguas y la usurpación agravada, que están previstos en el Código Penal. En una audiencia conciliatoria posterior, los demandados se negaron a devolver el cauce de las aguas termales. La heredera también sostiene que los demandados han confundido a la opinión pública y continúan con actos arbitrarios. La heredera argumenta que solo el Estado tiene la autoridad para regular el uso de los recursos naturales y que los particulares demandados carecen de autoridad para tomar medidas de hecho en relación con el uso de las aguas termales.el 19 de julio del mismo año, interpuso querella criminal por la presunta comisión de los delitos que atentan contra la libertad de trabajo, usurpación de aguas, usurpación agravada y concurso ideal [ilícitos que están previstos en los arts. 303, 354, 355 y 44 del Código Penal (CP)]; el 13 de agosto de 2013, en el despacho del Fiscal de Materia a cargo de la investigación, Héctor Molina Condori, se procedió al levantamiento del Acta de Audiencia Conciliatoria, en la cual, los querellados manifestaron no devolver el cauce de las aguas, (punto 4 de dicha Acta).	la comunidad ha adoptado las siguientes acciones frente al caso:Presentación de una demanda: La comunidad, representada por la accionante, ha presentado una demanda ante un tribunal de garantías. En la demanda, se exponen los hechos que motivan la acción y se argumenta que se han vulnerado varios derechos constitucionales, incluyendo el derecho al agua, al trabajo y a dedicarse a actividades económicas lícitas.Querella criminal: La accionante interpuso una querella criminal contra las personas demandadas por la presunta comisión de delitos como atentar contra la libertad de trabajo, usurpación de aguas y usurpación agravada. Esta acción legal busca obtener justicia y responsabilizar a los presuntos responsables de los actos ilegales.Audiencia conciliatoria: Se llevó a cabo una audiencia conciliatoria en la cual participaron la accionante y las personas demandadas, junto con el fiscal de materia a cargo de la investigación. En esta audiencia, no se llegó a un acuerdo y los demandados manifestaron su negativa a devolver el cauce de las aguas termales.Informe de las personas demandadas: Las personas demandadas presentaron un informe en el que expresan su posición y argumentan que el conflicto debe ser resuelto dentro del marco normativo de la Ley de Deslinde Jurisdiccional y la jurisdicción indígena originaria campesina. Además, mencionan que la comunidad de Miraflores está reconocida por el Estado y goza de prerrogativas para administrarse justicia según sus usos y costumbres.La comunidad ha recurrido al sistema judicial para buscar una solución a la problemática relacionada con el desvío de las aguas termales y la afectación de sus derechos. Han presentado la demanda correspondiente, buscado justicia a través de la vía penal y participado en audiencias para exponer sus argumentos. Sin embargo, la resolución y el resultado de estas acciones legales no se mencionan en el texto proporcionado.	Recurso hidrico.	Conflicto comunitario.Violencia y agresiones.deterioro de relaciones sociales.Estigamatizacion y desprestigio.Impacto ecnómico.	Constitucional sala tercera	Corte constitucional plurinacional 04795-2013-10-AAC	El tribunal constitucional plurinacional, en su sala tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la constitución política del estado plurinacional de bolivia y el art. 12.7 de la ley del tribunal constitucional plurinacional, en revisión, resuelve:1° revocar la resolución 9/2013 de 18 de septiembre, cursante de fs. 174 vta. a 176 vta., pronunciada por la sala familiar, niñez y adolescencia del tribunal departamental de justicia de potosí; y en consecuencia, conceder la tutela solicitada provisionalmente.2° dispone, que las personas demandadas, restituyan de manera inmediata el cauce normal de las aguas termales del ojo 14 en favor del balneario “prith”, evitando actuaciones futuras similares, mientras que dicho conflicto sea dilucidado por la jurisdicción pertinente.3° exhortar a la asamblea legislativa plurinacional, que proceda a laelaboración de la norma especifica que regule el uso de las aguas termales con el fin de regular su uso tanto por particulares como colectivos en general.4° disponer que el ministerio de medio ambiente y agua, el gobierno autónomo departamental de potosí y el gobierno autónomo municipal de potosí, adopten en el ámbito de su competencia las medidas necesarias para que los balnearios de miraflores cumplan las medidas de mitigación ambiental y se verifique si cuentan con tarjetas ambientales, ampliable por la situación del caso concreto a todo el caudal del río de la rivera (tarapaya)."	BibliografíaPLURINACIONAL, T. C. (2014 de junio de 2013). TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL. Obtenido de https://jurisprudencia.tcpbolivia.bo/Fichas/ObtieneResolucion?idFicha=24583
Bolivia	Cochabamba	Feliciano Cossio Jolguera, Darío Cossio Acuña y Mario Quinteros Fermín, Dirigentes del Sindicato Campesino	Particulaes, trabajadores del Estado:Julián Carlos Rodríguez Peredo, Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Pocona; Casiano Delgadillo Rodríguez; y, Patricio Salazar Rojas.	"El Sindicato Campesino ""Quellu Mayu"" en Bolivia, construyó un tanque de agua en 1996 para proveerse de agua potable. Sin embargo, debido a su crecimiento, en 2006 se cambiaron las tuberías y se construyeron otros dos tanques, en los que participaron todos los miembros del sindicato, excepto los demandados Casiano Delgadillo Rodríguez y Patricio Salazar Rojas. En 2015, los demandados asumieron la dirección del sindicato , presnetan acción popular y trabajaron con autoridades del vecino Municipio de Totora para que el sindicato perteneciera a dicha jurisdicción. La mitad de las familias afiliadas decidió seguir en el Distrito de Pocona, mientras que la otra mitad optó por pertenecer a Totora.En agosto de 2015, los demandados decidieron suspender el suministro de agua potable a la mitad del sindicato que se mantuvo en Pocona, alegando que no habían participado en las reuniones. Realizaron el corte de las tuberías de la red principal, poniendo en peligro la salud y la vida de las familias que se quedaron sin acceso al agua potable. Los demandados amenazaron con tomar otras medidas en su contra.Los miembros del sindicato denunciaron la situación al alcalde y a los técnicos del Gobierno Autónomo Municipal de Pocona, pero les dijeron que solo ellos podían hacer la denuncia. La policía realizó una inspección para constatar los daños, pero no tomó medidas para solucionar la situación.En conclusión, los miembros del Sindicato Campesino ""Quellu Mayu"" sufrieron la violación de su derecho comunal al acceso al agua potable y a un medio ambiente saludable, debido a la discriminación y el abuso de poder de los demandados. La falta de acción por parte de las autoridades locales y de la policía agrava la situación y pone en peligro la vida de las personas."	La comunidad afectada ha tomado diversas acciones frente al caso para buscar una solución y proteger sus derechos. A continuación, se describen las acciones que han emprendido:Presentación de una demanda: Los miembros de la comunidad afectada presentaron una demanda ante las autoridades judiciales. En el memorial presentado el 25 de agosto de 2015, expusieron los hechos que motivaron la acción y argumentaron la vulneración de su derecho de acceso al agua potable.Ratificación y ampliación de la acción: Durante la audiencia pública celebrada el 27 de agosto de 2015, los accionantes ratificaron la acción planteada y ampliaron sus argumentos. Detallaron la existencia de una división en el sindicato y los conflictos que surgieron a raíz de esta situación. Además, presentaron pruebas, como fotografías e informes, para respaldar sus afirmaciones.Informe de la autoridad y personas demandadas: En la audiencia, el Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Pocona y las personas demandadas presentaron sus argumentos y versiones de los hechos. El Alcalde afirmó que el conflicto era un problema entre los miembros del sindicato y que no estaba involucrado. Los demandados argumentaron que la rotura de la cañería fue responsabilidad de la otra parte del sindicato por falta de mantenimiento.Solicitar la reconexión del agua potable: En su petitorio, los accionantes solicitaron al Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Pocona que iniciara los trabajos de reconexión del agua potable en el sindicato. Esta solicitud tiene como objetivo restablecer el suministro de agua potable a las familias afectadas.Conminar a los demandados: Los accionantes también solicitaron que los demandados, los directivos del Sindicato "Quellu Mayu Alto" y supuestos administradores del agua potable, se abstuvieran de obstruir la conexión del vital elemento. En caso de incumplimiento, solicitaron que se remitieran los antecedentes al Ministerio Público.Estas acciones legales buscan obtener una tutela efectiva de los derechos de la comunidad afectada. Los accionantes han presentado argumentos, pruebas y solicitudes específicas para demostrar la vulneración de su derecho de acceso al agua potable y para buscar medidas que permitan restablecer el suministro. A través de este proceso, se espera que se brinde una solución justa y se protejan los derechos de la comunidad afectada.	Recurso Hídrico	a. Division en el sindicato.B. suspension del suministro de agua potable.C. Amenazas y acciones discriminatorias.D. falta de apoyo de las autoridades locales.	Constitucional sala primera especializada	Corte constitucional plurinacional 0273/2016-s1Expediente: 12184-2015-25-AP	El tribunal Constitucional Plurinacional, en su sala primera especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la constitución política del estado y el art. 12.7 de la ley del tribunal constitucional plurinacional; en revisión, resuelve: confirmar la resolución 01/15 de 27 de agosto de 2015, cursante de fs. 104 a 205 vta., pronunciada por el juez de partido mixto y de sentencia penal de totora del departamento de cochabamba; y, en consecuencia:1° conceder la tutela solicitada, ordenando que el sindicato campesino kellu mayu alto reponga la tubería metálica de la red principal de agua potable, realice las instalaciones correspondientes para que este servicio básico llegue con normalidad al sindicato campesino kellu mayu bajo.2° disponer que ambos sindicatos campesinos adopten coordinadamente las medidas pertinentes para el mantenimiento del curso del agua y para evitar el despilfarro de lo mismo, sea a través de su estructura organizacional.	BibliografíaPLURINACIONAL, T. C. (03 de 03 de 2016). TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL. Obtenido de https://jurisprudencia.tcpbolivia.bo/Fichas/ObtieneResolucion?idFicha=25476
Bolivia	La Paz	Fernando Vargas Mosua	Ministros: Arturo Vladimir Sánchez Escobar, Ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda; Felipe Quispe Quenta, Ministro de Medio Ambiente y Agua; Luis Alberto Arce Catacora, Ministro de Economía y Finanzas Públicas; Amanda Dávila Tórres, Ministra de Comunicación; Lilly Gabriela Montaño Viaña, y Rebeca Elvira Delgado Burgoa, Presidentas de las Cámaras de Senadores y Diputados respectivamente, de la Asamblea Legislativa Plurinacional; y Wilfredo Ovando Rojas, Presidente; Wilma Velasco Aguilar, Vicepresidenta; Irineo Valentín Zuna Ramírez, Ramiro Paredes Zárate, Fanny Rosario Rivas Rojas, Marco Daniel Ayala Soria y Agustina Dina Chuquimia Alvarado, Vocales todos del Tribunal Supremo Electoral.	"El texto se refiere a la lucha de las comunidades de los pueblos indígenas Yuracaré, Chimane y Mojeño-Trinitario, representadas por la Subcentral del TIPNIS quienes presentan acción de amparo constitucional por la protección de su territorio frente a la construcción del proyecto carretero Villa Tunari-San Ignacio de Moxos. Estas comunidades son propietarias colectivas de la Tierra Comunitaria de Origen (TCO) y consideran que la construcción de la carretera afectaría su territorio y su modo de vida.En octubre de 2011, se promulgó la Ley de Protección del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure - TIPNIS (Ley 180), que declaró ese territorio como patrimonio y estableció que ninguna carretera lo atravesaría. Sin embargo, posteriormente se promulgó la Ley de Consulta a los Pueblos Indígenas de Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure TIPNIS (Ley 222), que entró en contradicción con la Ley 180 al establecer una consulta previa, libre e informada para la construcción de la carretera.El Tribunal Constitucional Plurinacional emitió la SCP 0300/2012 en la que se estableció que la Ley 180 estaba plenamente vigente y que la constitucionalidad de la Ley 222 estaba condicionada a su aplicación y vigencia. Además, se estableció que la consulta previa debía ser concertada con los pueblos indígenas y que se debía suspender mientras no existiera dicha concertación.Sin embargo, el gobierno siguió adelante con la consulta sin dialogar ni concertar con los integrantes de la Subcentral del TIPNIS y utilizando criterios ilegales e inconstitucionales de ""mayorías"" y ""minorías"" indígenas.Las comunidades indígenas consideran que estas acciones del gobierno vulneran la SCP 0300/2012 y denuncian el rechazo del diálogo y la concertación por parte del gobierno, así como la imposición de una consulta sin consenso previo. La lucha por la protección de su territorio y su modo de vida continúa."	las comunidades de los pueblos indígenas Yuracaré, Chimane y Mojeño-Trinitario, representadas por la Subcentral del TIPNIS, han tomado diversas acciones en relación al caso. A continuación se mencionan algunas de las acciones adoptadas:Interposición de demanda: El representante legal de la entidad accionante presentó una demanda ante el Tribunal Departamental de Justicia de La Paz el 25 de julio de 2012, en la cual expone los hechos y fundamenta la vulneración de derechos y garantías de las comunidades indígenas.Rechazo y resistencia: En el XXX Encuentro Extraordinario de Corregidores del TIPNIS, se emitió una resolución de rechazo a que la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos atraviese el territorio del TIPNIS. Además, se estableció la resistencia a la aplicación de la Ley No. 222 en su territorio.Ratificación de la acción y ampliación: Durante la audiencia pública, los representantes legales de la entidad accionante ratificaron y ampliaron la demanda, solicitando la nulidad de todos los actos administrativos y acciones gubernamentales relacionadas con la construcción de la carretera.Informes y pronunciamientos: Las autoridades demandadas, como la Presidenta de la Cámara de Diputados, el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, el Ministerio de Obras Públicas, la Ministra de Comunicación, el Ministro de Economía y Finanzas Públicas, y el Tribunal Supremo Electoral, presentaron informes en respuesta a la demanda.Acción en el Tribunal Constitucional Plurinacional: Debido a la falta de consenso en la Sala, el caso fue llevado al Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia para su resolución. El Presidente del Tribunal fue convocado para dirimir el caso mediante su voto.Estas acciones reflejan los esfuerzos de las comunidades indígenas del TIPNIS para proteger sus derechos territoriales y participar en la toma de decisiones relacionadas con la construcción de la carretera.	Forestal, suelo, fauna flora	No se mencionan afectaciones sociales	Constitucional sala tercera	Corte constitucional plurinacional 0212/2013Expediente 01424-2012-03-AAC	"El tribunal constitucional plurinacional, en su sala tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la constitución política del estado plurinacional de bolivia y el art. 12.7 de la ley del tribunal constitucional plurinacional, en revisión resuelve: confirmar la resolución 035/2012 de 18 de octubre, cursante de fs. 1673 a 1679 vta., pronunciada por la sala civil y comercial primera del tribunal departamental de justicia de la paz y en consecuencia denegar la tutela solicitada, con la aclaración de que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada.regístrese, notifíquese y publíquese en la gaceta constitucional plurinacional."	BibliografíaPLURINACIONAL, T. C. (23 de 12 de 2015). TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL. Obtenido de https://jurisprudencia.tcpbolivia.bo/Fichas/ObtieneResolucion?idFicha=20112
Bolivia	Pando	Lucio Ayala Siripi, Presidente de la Central Indígena de Pueblos Originarios de la Amazonía de Pando (CIPOAP)	Particulares y trabajadores del Estado: Julio Urapotina Aguararupa, Director Departamental a.i. del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) Pando; Juan Wilder Suárez Velarde, Director Departamental de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT); Heriberto Larrea García, Responsable de la Unidad Operativa de Bosque y Tierra de Riberalta; Landelino Rafael Bandeira Arze, Prefecto y Comandante a.i. -ahora Gobernador del Departamento- de Pando; Osvaldo Fernández Zabaleta, representante de la Secretaría de Medio Ambiente, Forestal de Tierra y Recursos Hídricos y Esteban Molina, Alcalde del ahora Gobierno Autónomo Municipal de Nueva Esperanza del mismo departamento.	" Mediante memoriales presentado el 7 y 12 de octubre del 2009 el pueblo indígena Pacahuara, que se encuentra en aislamiento voluntario, se encuentra en peligro de extinción debido a que empresas como MABET S.A., URKUPIÑA y BOLITAL están explotando su territorio en el departamento de Pando en Bolivia. Se presenta acción popular porque estas empresas han cercado el área y comenzaron a talar castaños y construir caminos, destruyendo las casas de los indígenas y construyendo una presa en medio del Río Negro. La comunidad indígena Tacana la Selva también vive en la zona, sobreviviendo de la recolección de castañas, palmas y otros recursos no maderables. El accionar de las empresas madereras pone en riesgo los derechos del pueblo Pacahuara y lo obliga a abandonar su territorio ancestral, afectando su forma de vida y poniendo en riesgo el medio ambiente. Las autoridades del departamento de Pando amenazan con desalojar a los indígenas desconociendo sus derechos y su no contacto.Se formó una comisión con INRA Pando, ABT, MABET S.A. y CIPOAP para verificar los alegatos tanto de las empresas madereras como del pueblo indígena Tacana la Selva, pero no asistieron las autoridades departamentales y el dueño de la empresa. La comisión confirmó que las acciones de las empresas madereras pusieron en peligro el medio ambiente y la supervivencia del pueblo Pacahuara. El INRA Pando ha tenido conocimiento de la solicitud de los indígenas de determinar una reserva o territorio indígena en el área donde operan las empresas madereras, pero niegan el derecho alegando que la tierra ya ha sido otorgada a otra persona.El entonces Prefecto, Secretario de Medio Ambiente, Recursos Forestales, Territoriales e Hídricos y el Alcalde de Nueva Esperanza son los encargados de proteger los recursos naturales en el departamento de Pando según la Ley del Medio Ambiente. La actora solicita el respeto al territorio y forma de vida de los pueblos indígenas y la protección del medio ambiente, tal como lo establece el artículo 31.1 de la Constitución Política del Estado (CPE)."	No se mencionan acciones específicas adoptadas por la comunidad en el texto proporcionado. El enfoque principal del texto se centra en la demanda presentada por la comunidad indígena Pacahuara y la descripción de los hechos y supuestas violaciones a sus derechos por parte de empresas madereras y autoridades locales. No se proporciona información sobre las acciones específicas que la comunidad haya tomado en respuesta a la situación.	Forestal, flora, fauna	a) desplazamiento b) Perdida de empleos y medios de subsistenciac) conflicto social	Constitucional	Corte constitucional plurinacional 0014/2013Expediente:2009-20773-42-AP	El tribunal constitucional plurinacional, en su sala liquidadora transitoria; en virtud de lo previsto en el art. 20.ii de la ley 212 de 23 de diciembre de 2011; en revisión, resuelve: revocar la resolución 25 de 19 de octubre de 2009, cursante de fs. 233 a 235 vta., pronunciada por la sala, civil, familiar, social, de la niñez y adolescencia de la corte superior del distrito judicial -ahora tribunal departamental de justicia- de pando; y en consecuencia, conceder la tutela solicitada disponiendo:1° dejar sin efecto la resolución administrativa 214/2009 de 15 de septiembre, que dispuso como medida precautoria el desalojo de estas comunidades indígena originaria campesinas.2° el inra y la abt deberán tener en cuenta la presente sentencia constitucional plurinacional en el tratamiento de las peticiones o solicitudes referente a los pueblos indígenas aislados, en contacto inicial y no contactados; así como de particulares.3° se debe ordenar la paralización de los trabajos que se estén realizando en la zona, hasta que se restablezcan los derechos vulnerados desarrollados en el presente fallo y se adecúen sus actividades a lo establecido en la constitución política del estado.4° en cuanto a los daños y perjuicios no se puede establecer en esta instancia.5° se remiten antecedentes de las autoridades de la abt pando al ministerio público, quienes no remitieron la documentación requerida por este tribunal, pese a las reiteradas conminatorias.regístrese, notifíquese y publíquese en la gaceta constitucional plurinacional."	BibliografíaPLURINACIONAL, T. C. (20 de Febrero de 2013). TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL. Obtenido de https://jurisprudencia.tcpbolivia.bo/Fichas/ObtieneResolucion?idFicha=14276
Bolivia	Potosí	comunidad Chillcani	Particulares: Braulio Marino Condori, Agustín Choque Cusipuma, David Marino Juchani y Martha Marino Mamani, dirigentes de la comunidad Alcatuyo; todos del departamento de Potosí.	Hechos que motivan la acción popularSeñalan que “...desde el mes de julio del año en curso...” memoriales del 16, 18 y 24 del 2013. Su comunidad fue privada del líquido elemento (agua), misma que proviene de las lagunas “Kasiri, Jancko Lackaja, Pasto Grande, Chuapi Ckocha y Pultu Ckocha” las cuales se encuentran en la jurisdicción de las comunidades Chillcani y Alcatuyo.La privación del agua proviene de la comunidad Alcatuyo, al fracturar la salida del agua de las referidas lagunas; incumpliendo el acuerdo transaccional suscrito el 20 de junio de 1982, entre las autoridades de las dos comunidades ante el entonces Ministerio de Asuntos Campesinos y Agropecuarios, por el derecho al uso de lagunas y el agua para efectos de regadío, concluyéndose que pasan a ser de uso común para ambas comunidades y, que ningún comunario o comunidad tendrá derecho de colocar cadenas ni candados en las compuertas de las lagunas.Sin embargo, la comunidad Alcatuyo ha cerrado el paso del agua que es destinado a su consumo diario y riego desde “...el mes de septiembre del año 2012...”, hasta el presente, perjudicando a toda la comunidad de Chillcani, provocando focos de infección; asimismo, los representantes de la comunidad Alcatuyo iniciaron el proceso de registro de aguas -de las lagunas- para riego, ante el Servicio Departamental de Riego (SEDERI) de Potosí, señalando que son propietarios de las nombradas lagunas, sin importarles la salud de la comunidad a la que representan, por lo que presentaron impugnación, misma que se encuentra pendiente de resolución.El acuerdo transaccional no puede ser modificado por ninguna de las comunidades, aspecto que fue cumplido por ellos, a diferencia de los demandados toda vez que estos vulneraron su derecho fundamental de acceso a los servicios básicos y agua.”	la comunidad afectada, Chillcani, ha adoptado las siguientes acciones frente al caso:Presentación de una demanda: Los accionantes presentaron memoriales el 16, 18 y 24 de octubre de 2013, manifestando los hechos que motivaban la acción y señalando que su comunidad había sido privada del suministro de agua. Solicitaron la tutela de sus derechos, incluyendo la restitución inmediata del servicio de agua, el cese del proceso administrativo de registro de agua para riego y la remisión de antecedentes al Ministerio Público en caso de existir responsabilidad civil o penal.Participación en la audiencia pública: Los accionantes y sus representantes legales participaron en una audiencia pública el 29 de octubre de 2013. En esta audiencia, ratificaron y ampliaron los argumentos de la demanda, presentaron pruebas, y expusieron los derechos supuestamente vulnerados. También se hizo presente la representante del Ministerio Público, quien mencionó la existencia de proyectos que podrían beneficiar a ambas comunidades.Obtención de una resolución judicial parcialmente favorable: El juez de garantías emitió una resolución el 29 de octubre de 2013, en la cual concedió parcialmente la tutela solicitada por los accionantes. Ordenó a la comunidad Alcatuyo proceder a la reconexión y reposición inmediata y efectiva del servicio de agua a favor de los accionantes. Asimismo, dispuso el cese de las medidas de hecho que interrumpían el suministro de agua a la comunidad Chillcani. Sin embargo, la tutela fue denegada respecto al cese del proceso administrativo de registro de agua para riego.En resumen, las acciones adoptadas por la comunidad Chillcani incluyeron la presentación de una demanda, la participación en una audiencia pública para exponer sus argumentos y pruebas, y la obtención de una resolución judicial que ordenaba la restitución del servicio de agua y el cese de las medidas de hecho que afectaban el suministro.	Recursos hídricos	a)Tension y conflictos.b) disminucion de la calidad de vida.C) Impacto en actividades económicas.D) Descontento y malestar social.	Constitucional	Corte constitucional 1696/2014Expediente 05179-2013-11-AP	El tribunal constitucional plurinacional, en su sala tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la constitución política del estado y el art. 12.7 de la ley del tribunal constitucional plurinacional, en revisión resuelve:1° confirmar la resolución 01/13 de 29 de octubre de 2013, cursante de fs.66 a 69 vta., pronunciada por el juez de partido, mixto, liquidador y de sentencia de puna del departamento de potosí; y, en consecuencia conceder la tutela solicitada, aclarándose que la tutela de la acción popular, no se otorga en su dimensión reparadora al no haberse acreditado que el corte del curso del agua fue provocado por los miembros de la comunidad alcatuyo, sino en su dimensión preventiva, de forma que sean los miembros de la colectividad de chillcani los que restituyan el curso del agua sin interferencia de los miembros de la comunidad alcatuyo, todo ello conforme el documento suscrito el 20 de junio de 1982, entre ambas comunidades.2° disponer que los miembros de la comunidad chillcani adopten las medidas pertinentes para el mantenimiento del curso del agua y para evitar el despilfarro de la misma.3° exhortar a los miembros de las comunidades chillcani y alcatuyo, a iniciar un proceso de dialogo que les permita el diseño de una política a largo plazo, respetuoso con el derecho al agua por parte de todos sus habitantes y con el medio ambiente.4° exhortar al gobierno autónomo departamental de potosí, a que en su posición de garante de los derechos, genere proyectos de riego y acceso al agua potable en las comunidades chillcani y alcatuyo, y genere un espacio de acercamiento entre ambas comunidades.5° se dejan expeditas las vías legales ordinarias para que la comunidad chillcani pueda esclarecer las circunstancias sobre el corte del curso del agua que reclama; y, para que la comunidad alcatuyo pueda observar la racionalidad de las políticas públicas en la distribución del agua y en su caso impugnar el documento de 20 de junio de 1982, suscrito entre ambas comunidades.	BibliografíaPLURINACIONAL, T. C. (01 de Septiembre de 2014). TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL. Obtenido de https://jurisprudencia.tcpbolivia.bo/Fichas/ObtieneResolucion?idFicha=18950
Bolivia	La Paz	Moisés Chino Yana	La Administración: Miguel Mamani Velásquez, Presidente del Comité de Agua e Isabel Quispe Calle, Secretaria General	El texto relata la historia de un miembro de la comunidad de Huayrapata que desempeñó varios cargos sindicales y compró un lote de terreno en el que fijó su domicilio familiar. En 2007, la dirigencia de la comunidad decidió construir una nueva sede y demolió la anterior en la que el protagonista había colaborado con cinco días de trabajo. Posteriormente, se le excluyó de las reuniones y se le privó del servicio de agua potable debido a su antecedente como cuidador en la propiedad de un hacendado. El protagonista envió varias notas de reclamo y remitió su queja al Defensor del Pueblo, pero no se procedió a la reconexión del servicio de agua. En septiembre de 2011, acudió al alcalde municipal de Chulumani, pero tampoco tuvo éxito. En noviembre de 2013, interpuso una denuncia ante la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico (AAPS) por los actos ilegales de corte de agua para consumo humano y de exclusión para la conexión del nuevo tanque de almacenamiento. La AAPS emitió la Resolución Administrativa Regulatoria AAPS/AL/RAR/002/2015 de 2 de enero, declarando probadas las infracciones cometidas por los dirigentes de la comunidad de Huayrapata por oponerse al derecho fundamental de acceso al agua para consumo humano. Además, se dispuso que el dirigente proceda a notificar al hoy accionante con el monto a cancelar por el derecho a conexión y acceso al tanque de agua de la comunidad en la equivalencia del 50% de lo que cancela cualquier otro comunario como medida restaurativa por el tiempo que se le impidió el acceso referido y por consiguiente se presenta acción popular.	Lamentablemente, el texto no proporciona información sobre las acciones legales específicas tomadas por las comunidades afectadas en contra de la problemática mencionada. Sin embargo, se establece que se radica la accion de amparo constitucional	Recursos hídricos	a. riesgo a la salud.B. Disrupcion de la vida cotidiana.c. Escasez de agua potable.d. Problemas económicos.	Constitucional	Corte constitucional plurinacional 1287/2015-S3Expediente: 11817-2015-24-AAC	El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, en revisión, resuelve: revocar la Resolución 3/2015 de 15 de julio, cursante de fs. 138 a 139 vta., pronunciada por el Juez de Partido y de Sentencia Penal de Coroico del departamento de La Paz en suplencia legal de su similar de Chulumani; y en consecuencia, denegar la tutela solicitada, sin ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada.	BibliografíaPLURINACIONAL, C. C. (25 de 12 de 2015). CORTE CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL. Obtenido de https://jurisprudencia.tcpbolivia.bo/Fichas/ObtieneResolucion?idFicha=20112
Bolivia	La paz	Ariel Alberto Hurtado Paz, Antonio Rodríguez Villa Gomez, Olivia Bustillos Aramayo, Christian Lavayèn Caballero, Roxana Paz Paz y Rosa María Tardío Gongora	Trabajadores de la administracion uan Evo Morales Ayma, Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Arturo Vladimir Sánchez Escobar, Ministro de Obras Públicas Servicios y Vivienda, Elba Viviana Caro Hinojosa, Ministra de Planificación del Desarrollo y Luis Sánchez Gómez, Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC).	"En el memorial presentado el 8 de octubre de 2012, los accionantes exponen los antecedentes y fundamentos de su acción legal y acción popular. El Isiboro Sécure, territorio habitado ancestralmente por los pueblos indígenas Mojeño, Yuracaré y Chiman, fue declarado Parque Nacional en 1965 y posteriormente designado como Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) en 1990. Este territorio alberga ecosistemas únicos con una amplia diversidad de flora y fauna, incluyendo especies en peligro de extinción.En la década de los 70, el parque sufrió impactos negativos debido a la colonización, la deforestación y la caza y pesca ilegales. En 1980, fue eliminado de la lista de parques nacionales y reservas de las Naciones Unidas. En el sur del TIPNIS, la colonización de productos de hoja de coca y la apertura de un camino para la prospección petrolera causaron un fuerte impacto en la región, afectando el bosque y la vida silvestre.Los accionantes denuncian que el 5 de marzo de 2008 se publicó una licitación para la construcción de la carretera ""Villa Tunari-San Ignacio de Moxos Ruta F-24"", y que de llevarse a cabo, el tramo II Isinuta-Monte Grande atravesaría el TIPNIS, causando consecuencias socioambientales devastadoras e irreversibles. Esto incluiría la desaparición cultural de los pueblos indígenas, la extinción de la flora y fauna, la deforestación de millones de hectáreas de bosques y graves consecuencias ambientales como inundaciones y sequías en otras zonas del país, así como el aceleramiento del cambio climático.Los accionantes argumentan que la construcción de la carretera afectaría varios derechos colectivos, incluyendo el derecho al medio ambiente sano, establecido en la Ley 180 de 2011 y la Ley 071 de 2010 de los Derechos de la Madre Tierra. Además, se citan convenios internacionales ratificados por Bolivia relacionados con el medio ambiente, la protección de la biodiversidad y los derechos de los pueblos indígenas."	Según la información proporcionada, la comunidad ha tomado acciones legales para proteger el Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) en Bolivia. Los accionantes presentaron un memorial el 8 de octubre de 2012 en el que denunciaron la construcción de una carretera que atravesaría el territorio del parque, lo cual consideraban perjudicial para el medio ambiente y los derechos colectivos de las comunidades indígenas que habitan en esa área.En el memorial, los accionantes argumentaron que la construcción de la carretera tendría consecuencias devastadoras e irreversibles para el ecosistema del TIPNIS, incluyendo la desaparición de pueblos indígenas, la extinción de especies de flora y fauna únicas, la deforestación de millones de hectáreas de bosque y graves impactos ambientales en todo el país, como inundaciones y sequías. También mencionaron que la construcción de la carretera afectaría la seguridad alimentaria del país y contribuiría al cambio climático.En su petitorio, solicitaron al Tribunal Constitucional Plurinacional que conceda la tutela de su derecho constitucional colectivo a un medio ambiente sano. Entre las medidas solicitadas estaban la anulación de la licitación pública y del contrato para la construcción de la carretera, y que en el futuro diseño del proyecto carretero se evite que atraviese el TIPNIS o lo bordee de una manera que afecte su ecosistema. También pidieron que se cumplan los requisitos establecidos en la Ley de Medio Ambiente y se obtengan las licencias ambientales correspondientes.El caso fue previamente revisado por la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, que declinó su competencia y dispuso su remisión al Tribunal Constitucional Plurinacional en su Sala Tercera para su revisión y resolución. No se proporciona información sobre las acciones específicas tomadas por la comunidad más allá de la presentación de la acción legal.	Suelo, fauna, flora	a. ecosistema y sus componentes	Constitucional	Corte constitucional plurinacional 1158/201302363-2012-05-AP	El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera, en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, en revisión, resuelve confirmar la Resolución 08/2013 de 11 de marzo, cursante de fs. 972 a 974 vta., pronunciada por la Sala Social y Administrativa Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada.	BibliografíaPLURINACIONAL, S. C. (05 de 03 de 2013). SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL . Obtenido de https://jurisprudencia.tcpbolivia.bo/Fichas/ObtieneResolucion?idFicha=11046
Bolivia	La paz	Andrés Velásquez Ajllahuanca, Secretario General de Cahua Grande, Lorena Juana Jiménez Fabrica y Nimfa Nemecia Fabrica Clavijo, miembros de Zongo, Cahua Grande, provincia Murillo del departamento de La Paz	Estado	Por memorial presentado el 15 de octubre de 2012, cursante de fs. 21 a 22, los accionantes refieren que son comunarios de la Central Agraria del cantón Zongo Provincia Murillo del departamento de La Paz, con más de treinta comunidades afiliadas de aproximadamente diez mil habitantes. Indican que desde hace treinta y cinco años, el empresario minero José Oscar Bellota Cornejo explota la mina ubicada en las comunidades Cahua Grande y Cahua Chico del Valle Zongo, donde se produce “scheelita”, “...en una cantidad aproximada de 40 a 50 quintales, con un costo promedio de cada quintal de Bs6.000 (sic); sin embargo, refieren que esa explotación nunca generó beneficio alguno en favor de la comunidad; asimismo, señalan que tampoco se realizó obras sociales, ni se les otorgó regalías por esa explotación; por el contrario, afirman que José Oscar Bellota Cornejo, aprovechándose de la necesidad y pobreza de los comunarios, viene comprando terrenos agrícolas. Sostienen que estos hechos dieron lugar a que en aplicación de sus “usos y costumbres”, la comunidad decida su expulsión, pero en represalia de esta medida, José Oscar Bellota Cornejo les inició procesos penales en El Alto por esto se genera declaración de constitucionalFinalizan expresando que en virtud del derecho de petición previsto en el art. 24 de la Constitución Política del Estado (CPE) y en aplicación de lo dispuesto en los arts. 128 y ss. del Código Procesal Constitucional (CPCo), consultan “...la aplicabilidad de la norma constitucional de los Derechos de las Naciones y Pueblos Indígenas Originarios Campesinos: art. 30 Parágrafo I, parágrafo II, numeral 16 de la Constitución Política del Estado Plurinacional” (sic) en relación con la Ley de Deslinde Jurisdiccional, que en su art. 12.II, establece que las decisiones de las autoridades de la jurisdicción indígena originaria campesina son irrevisables por la jurisdicción ordinaria, la agroambiental y otras legalmente reconocidas.	La comunidad ha adoptado las siguientes acciones frente al caso:Expulsión y desalojo: En un ampliado extraordinario celebrado el 19 de junio de 2010, las treinta y dos comunidades del sector de Zongo tomaron la decisión de expulsar y desalojar a José Oscar Bellota Cornejo, propietario de las minas ubicadas en las comunidades de Cahua Grande y Cahua Chico. Esta medida fue tomada debido al uso indebido de los recursos naturales, la contaminación ambiental y la explotación de los recursos minerales sin generar beneficios para la comunidad.Toma de minas: Como parte de la medida de expulsión y desalojo, la comunidad decidió tomar las minas Mauricio, Ignacio y Alexander del pueblo de Zongo. Esta acción tenía como objetivo retomar el control de los recursos minerales presentes en sus territorios.Ratificación de medidas: A través de diferentes resolutivos, tanto la Central Agraria Campesina Sector Zongo como la Central Agraria Campesina del Valle de Zongo ratificaron la expulsión y desalojo de José Oscar Bellota Cornejo. Estos resolutivos fueron adoptados en ampliados de las comunidades y buscaban mantener la postura de la comunidad frente al caso.Estado de emergencia: La comunidad declaró el estado de emergencia debido a las investigaciones y citaciones efectuadas por el Ministerio Público en contra de los dirigentes sindicales. Esta medida tenía como objetivo proteger a los líderes comunitarios y preservar los intereses de la comunidad.Consultas y reuniones: La comunidad realizó consultas internas y reuniones para discutir los abusos y atropellos cometidos por José Oscar Bellota Cornejo y su empresa minera. Durante estas reuniones se abordaron temas como los daños al medio ambiente, la apropiación indebida de terrenos, la falta de pago de beneficios sociales y la detención de comunarios y trabajadores de la empresa.En resumen, las acciones adoptadas por la comunidad afectada incluyen la expulsión y desalojo de José Oscar Bellota Cornejo, la toma de las minas, la ratificación de medidas en ampliados comunitarios, la declaración de estado de emergencia y la realización de consultas y reuniones para abordar los problemas ocasionados por la empresa minera en la comunidad.	Suelo, aire, recurso hídrico	a) impacto económicob) Calidad de vidac) Salud de la población	Constitucional	Corte constitucional plurinacional 0006/2013 Expediente: 01922-2012-04-CAI	"El Tribunal Constitucional Plurinacional, en virtud de la jurisdicción que ejerce por mandato de los arts. 202.8 de la CPE, resuelve declarar: 1. 1o La aplicabilidad de la decisión comunal de expulsión y desalojo del empresario minero José́ Oscar Bellota Cornejo de Zongo, conforme sus principios, valores normas y procedimientos propios en el marco de su jurisdicción. 2. 2° Disponer que la Unidad de Descolonización del Tribunal Constitucional Plurinacional, realice la traducción de la presente Declaración Constitucional Plurinacional al idioma aymara. 3. 3° Ordenar a Secretaria General del Tribunal Constitucional Plurinacional, la difusión del presente Fallo a la Comisión de Admisión de este Tribunal a los efectos contenidos en esta Declaración."	BibliografíaPlurinacional., T. C. (05 de junio de 2013). Tribunal Constitucional Plurinacional. Obtenido de https://jurisprudencia.tcpbolivia.bo/Fichas/ObtieneResolucion?idFicha=22718
Bolivia	Cochabamba	Raúl Alfonso Orihuela Torres	Particulares:Gustavo Acho Marca, Hernán Fernando Inturias Sandoval, Miguel Ángel Inturias Villarroel, Alberto Hualca Salas Quispe, Pedro Quezada Laime, Pánfilo Cabezas Panozo y Oscar Guisada García.	"El texto describe una demanda presentada por la parte accionante en relación con un conflicto de propiedad de tierras en el contexto del derecho ambiental. Los demandantes, junto con sus hermanos, son propietarios de un terreno agrícola llamado ""Célida Torrez"" ubicado en Paracti, en la provincia de Chapare, departamento de Cochabamba, Bolivia. El predio perteneció a su fallecida madre y ha sido objeto de ocupación ilegal y avasallamiento.La demanda señala que los avasalladores han causado graves daños al ecosistema, medio ambiente y patrimonio cultural de la zona, a pesar de que la zona fue declarada área protegida y patrimonio cultural mediante una ley nacional. Los avasalladores han talado árboles nativos, quemado cultivos y fraccionado ilegalmente los terrenos. Los demandantes también han denunciado estos actos a las autoridades competentes.Los demandantes relatan incidentes en los que personas desconocidas ingresaron ilegalmente a su propiedad, utilizan la fuerza y amenazas para intentar obtener la transferencia de los terrenos. Han sufrido agresiones físicas y psicológicas, incluyendo la fractura de una costilla y la pérdida de piezas dentales, por parte de los avasalladores. Han presentado denuncias ante la policía y las autoridades correspondientes, pero los avasalladores continúan ocupando ilegalmente el terreno.Además, los demandantes han solicitado la intervención del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), que emitió una orden de desalojo de los avasalladores. Sin embargo, esta decisión administrativa fue impugnada por los demandados.Los demandantes alegan que no pueden acercarse a su propiedad debido a las constantes amenazas y agresiones por parte de los avasalladores. Han sido interceptados en varias ocasiones y agredidos físicamente. La policía ha intervenido en algunos casos, pero los demandantes afirman que los avasalladores continúan violando sus derechos constitucionales."	Según la información proporcionada, las acciones adoptadas por la comunidad frente al caso incluyen:Testimonio de protocolización de una venta de acciones y derechos de unos terrenos realizada por Célida Tórrez Montaño a favor de René Lagraba Iriarte.Minuta de transferencia de acciones y derechos de los terrenos ubicados en Paracti realizada por Célida Tórrez Montaño a favor de Rene Lagrava Iriarte.Formulario de inscripción en DD.RR de la venta de un lote de terreno realizado por René Lagrava Iriarte a favor de Raúl Orihuela Yáñez e hijos.Escritura de transferencia de acciones y derechos realizada por René Lagrava Iriarte a favor de Raúl Orihuela Yañez e hijos.Matrícula computarizada y registro de inmueble del lote de terreno ubicado en Paracti a nombre de Raúl Orihuela Yañez y otros.Certificación emitida por el Sindicato Agrario Campesino de Paracti que reconoce a Célida Torrez Montaño e hijos como legítimos propietarios y poseedores de unos terrenos.Compromiso de transferencia de bien inmueble realizado por Raúl Alfonso Orihuela Torres a favor de Wilton Kepar Fuentes Antequera, Manuel Marcelo Águila Almaraz, Oscar Guizada García.Documento privado de compromiso de Compra y Venta suscrito por Raúl Uriguela a favor de Hugo Oliden Ledo, Francisco Javier Chimche Chambi sobre unos terrenos ubicados en Paracti Hincachaca.Solicitud de reunión realizada por Hugo Oliden Ledo y Francisco Javier Chinche Chambi al impetrante de tutela para discutir un documento de compra y venta que no se habría perfeccionado.Acta de Entendimiento para la colaboración mutua en defensa del derecho propietario y contra avasallamientos firmada con el Sindicato Pampa Tampo Santa Isabel y el impetrante de tutela como propietario de los terrenos Célida Torres.Certificación del Sindicato Pampa Tambo Santa Isabel que establece que la familia Orihuela Torres tiene posesión del predio denominado Célida Torres por más de 70 años.Acta de Inspección por Avasallamiento en la que se verifican la presencia de personas ajenas a la comunidad, construcciones ilegales, robo de propiedades y otros daños en el predio Célida Tórrez.Denuncia e informe sobre daño y deforestación al medio ambiente realizada por la Directora del Consejo Departamental de Participación y Control Social de Cochabamba.Acta de declaración informativa del imputado Oscar Guizada García dentro de las investigaciones por delitos patrimoniales, en la que se menciona la agresión física al denunciante.Certificado médico forense que certifica las lesiones traumáticas del impetrante de tutela.Cuaderno de investigación sobre los hechos denunciados de robo agravado y abuso sexual.Formulario de denuncia presentada por el accionante contra varias personas por lesiones	Suelo	a) Conflicto comunitariob) Desplazamiento C) Malestar Social.D) Impacto económico.	Constitucional	Corte constitucional plurinacional 1001/2020-S327863-2019-56-AAC	"el tribunal constitucional plurinacional, en su sala tercera; en virtud a la autoridad que le confieren la constitución política del estado y los arts. 12.7 de la ley del tribunal constitucional plurinacional y 44.2 del código procesal constitucional; en revisión, resuelve: revocar en parte la resolución de 27 de febrero de 2019, cursante de fs. 612 a 626, pronunciada por la jueza pública mixta civil y comercial de familia e instrucción penal primera de colomi del departamento de cochabamba; y en consecuencia:1° denegar en todo la tutela impetrada, conforme los fundamentos expuestos en el presente fallo constitucional.2° llamar la atención a erlinda carballo maldonado, jueza pública mixto civil y comercial de familia e instrucción penal primero de colomi del departamento de cochabamba, conforme a lo expuesto en el fundamento jurídico iii.3 de este fallo constitucional."	27863-2019-56-AAC (Corte constitucional plurinacional de Bolivia. 1 de marzo de 2019). https://www.derechoteca.com/jurisprudencia-constitucional-boliviana/bolivia-expediente-constitucional-27863-2019-56-aac-fecha-ingreso-2019-03-01
Bolivia	Oruro.	comunarios del Ayllu San Agustín de Puñaca del municipio de Poopó, provincia Poppó del departamento de Oruro	Estado	"El texto expone la demanda presentada por una parte accionante en relación a una acción popular por la afectación ambiental en la cuenca del lago Poopó, ubicado en Bolivia. Se menciona que la actividad minera en la región ha generado efectos negativos en la salud de la población local, así como en los recursos hídricos y ecosistemas, especialmente en el sector agropecuario.Se destaca que la falta de implementación de acciones para atender la emergencia declarada, a pesar de la existencia de un plan de conservación y uso sustentable del sitio, ha llevado a una grave contaminación del agua debido a los vertidos de las empresas mineras. Se señala que la cantidad de agua utilizada por la minería es considerable y que la contaminación se debe al empleo de reactivos químicos en el proceso de concentración de minerales.Se argumenta que la falta de fiscalización por parte de las autoridades competentes ha llevado a una disminución de la calidad del agua y del suelo, afectando la biodiversidad y convirtiendo la cuenca del Poopó en una zona de sacrificio ambiental. Además, se menciona que la falta de inspecciones a las empresas mineras ha vulnerado el derecho al agua para consumo humano, riego y medio ambiente, así como el derecho a la alimentación de los habitantes del área.La demanda sostiene que las autoridades responsables de la fiscalización han incumplido su obligación y que la falta de mitigación de los impactos negativos al medio ambiente y a la población viola los derechos al agua, a la salud, a la alimentación, a vivir en un medio ambiente sano y a la territorialidad de los pueblos indígenas.Se citan diversos estudios científicos y testimonios que respaldan la contaminación del agua y los efectos perjudiciales en la salud de la población. Se hace referencia a la obligación de las autoridades de controlar la calidad ambiental y se menciona el derecho universal al acceso al agua y al saneamiento."	en el texto, se menciona que a través del Decreto Supremo (DS) 0335 de 21 de octubre de 2009, se reconoce la existencia de afectación ambiental en la subcuenca Huanuni del departamento de Oruro, a causa de las actividades mineras en la región. Este decreto ordena la ejecución de acciones para la atención de la emergencia declarada.Además, se menciona que se inició la ejecución del "Plan de Acción de conservación y el uso sustentable del Sitio RAMSAR" del Ministerio de Medio Ambiente y Agua. En este plan se establece como zonas con un grado de amenaza alto las ubicadas en el lago Uru Uru y Norte del lago Poopó.Sin embargo, el texto señala que estas acciones aún no han sido implementadas completamente y que existen omisiones por parte de las autoridades responsables de la fiscalización y control de las empresas mineras. Se menciona que las aguas residuales de las minas son vertidas directamente en las orillas del río sin supervisión ni fiscalización adecuada.En resumen, el texto no proporciona información específica sobre las acciones concretas que se han tomado frente al caso de contaminación minera en la cuenca del lago Poopó. Se menciona la existencia de decretos y planes de acción, pero se indica que su implementación no ha sido completa ni efectiva	Fauna, flora, suelo y recurso hídrico	a) Salud de la poblaciónb) Desplazamiento de la comunidad	Constitucional	Corte constitucional plurinacional 1471/2022-S344443-2022-89-AP	El tribunal constitucional plurinacional, en su sala tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la constitución política del estado y el art. 12.7 de la ley del tribunal constitucional plurinacional; en revisión, resuelve: revocar la resolución 113/2021 de 1 de diciembre, cursante de fs. 535 a 544, pronunciada por la sala constitucional segunda del tribunal departamental de justicia de oruro; y, en consecuencia:491° conceder en parte la tutela solicitada; y, en ese mérito se dispone:a) ordenar al ministerio de medio ambiente y agua, que en el primer semestre de la gestión 2023, en coordinación con el ministerio de salud, el gobierno autónomo departamental de oruro y el gam de poopó, en el marco de sus competencias y atribuciones, planifiquen conjuntamente las autoridades del ayllu san agustín de puñaca, y ejecuten la realización del estudio sobre el agua de la que se provisiona dicho colectivo indígena, con la finalidad de constatar si ésta es apta o no para el consumo humano y uso agropecuario, agropecuario, así como para dimensionar su repercusión en la salud de su población; a fin de que, en su caso, se asuman las acciones pertinentes para rehabilitar el uso del recurso hídrico óptimo para su aprovechamiento; con base en los fundamentos jurídicos expuestos en esta sentencia constitucional plurinacional;2° denegar la tutela con relación al viceministro de política minera, regulación y fiscalización, así como respecto al derecho a la territorialidad; y,3° por secretaría general del tribunal constitucional plurinacional, notifíquese al ministerio de medio ambiente y agua, al ministerio de salud y al gobierno autónomo departamental de oruro, a los fines del cumplimiento de este fallo constitucional.regístrese, notifíquese y publíquese en la gaceta constitucional plurinacional."	44443-2022-89-AP (Corte Constitucional de bolivia 19 de enero de 2022). https://www.derechoteca.com/jurisprudencia-constitucional-boliviana/bolivia-expediente-constitucional-44443-2022-89-ap-fecha-ingreso-2022-01-19
Bolivia	La paz	Paulo Fabrizzio Gutiérrez Miranda	Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) Comando Departamental de la Policía del mismo departamento.	I.1. Contenido de la demanda Por memorial presentado el 3 de julio de 2021, cursante de fs. 19 a 21, la parte accionante, manifestó lo siguiente: I.1.1. Hechos que motivan la acción Se tiene conocimiento de la pronta ejecución de la Resolución Administrativa (RA) AJAMD-LP/DD/RES-ADM/256/2021 de 3 de mayo, por la cual se pretende desarrollar una intervención policial, soslayando los derechos y garantías de la Comunidad Indígena Originaria Lecos de Charopampa, mediante el uso de la fuerza pública. Dicha Resolución fue emitida en atención a un amparo administrativo “minero” interpuesto el 3 de mayo de 2021, que otorgó la tutela; sin embargo, la supuesta inspección técnica interinstitucional se realizó́ presuntamente el 24, 25 y 26 del mismo mes y año; es decir, posterior a la mencionada Resolución y luego de la suspensión de la actividad minera de 20 de igual mes y año; vale decir, en un tiempo aritmética e inequívocamente diferente a tal Resolución; y en ese sentido, nunca pudo realizarse una real y efectiva constatación del hecho. En función de lo señalado, se pretende usar la fuerza pública de un brazo operativo del Estado contra niños y mujeres en un número de más de cincuenta personas y de manera desproporcionada sin previa participación y análisis interdisciplinario de los brazos operativos del Gobierno Autónomo Municipal e instituciones creadas para velar por los derechos de los grupos indígenas, menores, mujeres y adultos mayores pretendiendo -al ser un órgano represor por excelencia- arrogarse o producir una intervención que dará lugar a enfrentamientos y a una persecución indebida. “	No se mencionan acciones específicas adoptadas por la comunidad en el texto proporcionado. El enfoque principal del texto se centra en la demanda presentada por la comunidad con relacion a la accion de libertad	Forestal, flora, aire hídrico	a) Agua. B) Deforestación	Constitucional	Corte constitucional plurinacional 1035/2022-S341337-2021-83-AL	El tribunal constitucional plurinacional, en su sala tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la constitución política del estado y los arts. 12.7 de la ley del tribunal constitucional plurinacional y 44.2 del código procesal constitucional (cpco), resuelve: revocar en parte la resolución 280/2021 de 3 de julio, cursante de fs. 68 a 73 vta., pronunciada por la jueza de instrucción penal novena de la capital del departamento de la paz; y en consecuencia:1° conceder en parte la tutela solicitada, únicamente en relación a la ra ajamd-lp/dd/res-adm/256/2021 de 3 de mayo, en resguardo y protección del derecho a la vida en su elemento de integridad física relacionado con el derecho a la salud de los sectores intervinientes, disponiendo su suspensión temporal hasta que las partes involucradas lleguen a un consenso; asimismo, el cese de cualquier acto de violencia que afecte en especial a los sectores vulnerables de la población como son las niñas, niños y adolescentes, mujeres, pueblos indígenas y adultos mayores, conforme a los fundamentos jurídicos establecidos de la presente sentencia constitucional plurinacional;2° en el marco de la concesión dispuesta, se dispone que por secretaría general de este tribunal, se notifique con el presente fallo constitucional al ministerio de minería y metalurgia, ministerio de justicia y transparencia institucional y a la defensoría del pueblo del estado plurinacional de bolivia a fin de su intervención para la resolución del conflicto; y,3° denegar la tutela, respecto a la ra ajamd-lp/dd/res-adm/311/2021 de 20 de mayo, y en relación a los derechos al debido proceso y a la petición, así como a la presunción de inocencia."	Accion de libertad Paulo Fabrizzio, 41337-2021-83-AL (Corte Constitucional 15 de septiembre de 2021). https://www.derechoteca.com/jurisprudencia-constitucional-boliviana/bolivia-expediente-constitucional-41337-2021-83-al-fecha-ingreso-2021-09-15
Bolivia	Cochabamba	Dirigentes de la Asociación de Servicios sin fines de lucro de Agua Potable Chahuarani, Siqui Siquia y Urinzaya	Organización Territorial de Base (OTB	"El texto describe una disputa que termina en accion popular porque entre la Asociación de Servicios sin Fines de Lucro de Agua Potable Chahuarani, Siqui Siquia y Urinzaya, llamada ""Jarkamayu"", y la comunidad de Combuyo en Cochabamba, Bolivia, en relación con el acceso al agua potable. La asociación ha estado suministrando agua a las comunidades desde 1997, utilizando fuentes como la vertiente Pajcha Pata y otras en la cuenca de Jarkamayu. Sin embargo, los dirigentes de Combuyo tramitaron una resolución administrativa en la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico (AAPS), que les otorgó el uso exclusivo de la vertiente Janku Janku, que es la misma fuente utilizada por las comunidades representadas por ""Jarkamayu"".Según se afirma, los dirigentes de Combuyo falsificaron el nombre de la fuente de agua para impedir que las comunidades representadas por ""Jarkamayu"" accedan al suministro. En octubre de 2020, se destrozaron las cañerías y se cortó el suministro de agua, dejando a las comunidades desprovistas de este recurso vital. Además, se menciona que las autoridades no notificaron a las comunidades sobre el trámite ante la AAPS, impidiéndoles presentar oposición.La situación empeoró en enero de 2021, cuando nuevamente se cortaron los ductos y se impidió el acceso al agua potable. Los dirigentes de Combuyo amenazaron con dinamita y armas de fuego, y se vertió tierra en las tuberías. Se menciona que la AAPS y la Policía Boliviana verificaron los daños y la falta de suministro de agua a las comunidades representadas por ""Jarkamayu"". A pesar de las promesas de restablecimiento, la situación no se resolvió y las comunidades continuaron sufriendo la falta de agua.Se destaca que la resolución emitida por la AAPS en favor de la comunidad de Combuyo no justificaba las acciones tomadas ni otorgaba derechos de propiedad sobre el agua. Las comunidades afectadas argumentan que se violaron sus derechos constitucionales de acceso al agua potable, lo cual es crucial para su seguridad y salud pública."	egún el texto proporcionado, la comunidad afectada tomó las siguientes acciones frente al caso:Presentaron memoriales: Los accionantes presentaron memoriales el 13 de mayo y 18 de junio de 2021, en los que manifestaron los hechos que motivaban su acción.Acreditaron representación: Los accionantes acreditaron actuar en representación de la Asociación de Servicios sin fines de lucro de Agua Potable Chahuarani, Siqui Siquia y Urinzaya denominada "Jarkamayu". Mencionaron que la asociación cuenta con más de mil quinientos socios, que son habitantes de las tres comunidades mencionadas.Denunciaron los hechos: Los accionantes denunciaron que los dirigentes de la comunidad de Combuyo realizaron acciones para impedirles el acceso al agua potable, como tramitar ante la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico (AAPS) la emisión de una resolución que les otorgaba el uso de la misma fuente de agua que las comunidades representadas. También denunciaron que se destruyeron las cañerías y se cortó el suministro de agua a las tres comunidades.Presentaron oposición formal: Los accionantes manifestaron que no pudieron apersonarse ni formular su oposición al trámite iniciado por la comunidad de Combuyo ante la AAPS debido a la falta de notificación. Alegaron que, de haber sido notificados, habrían presentado su oposición de acuerdo con la ley correspondiente.Recurrieron a instancias judiciales: Los accionantes interpusieron una acción popular y presentaron un recurso de revocatoria contra la Resolución Administrativa Regulatoria emitida por la AAPS. Además, mencionaron que la Resolución Administrativa Regulatoria AAPS 71/2021 se encontraba pendiente de pronunciamiento respecto al recurso jerárquico presentado.Realizaron manifestaciones: Previamente a activar la jurisdicción constitucional, los accionantes se manifestaron en reclamo frente a las oficinas de la APPS en la ciudad de Cochabamba. Lograron que funcionarios de la institución y de la Policía Boliviana verificaran los hechos denunciados.Estas son las acciones que se mencionan en el texto proporcionado.	Recurso hídrico	a) Acceso al aguab) Conflicto y tensiones comunitariasc) Desplazamiento y migración	Constitucional	Corte constitucional plurinacional 0019/2023-S342098-2021-85-AP	El tribunal constitucional plurinacional, en su sala tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la constitución política del estado y el art. 12.7 de la ley del tribunal constitucional plurinacional; en revisión, resuelve: confirmar la resolución 02/2021 de 28 de julio, cursante de fs. 436 a 446, pronunciada por la jueza pública mixta civil y comercial, de familia e instrucción penal primera de sipe sipe del departamento de cochabamba; y, en consecuencia: 1° conceder en parte la tutela solicitada, sobre los derechos de acceso al agua potable en su dimensión de derecho colectivo, vinculado a la salubridad pública y a la vida, disponiendo: a) ordenar la restitución del suministro de agua potable en favor de la población de las comunidades chahuarani, siqui siquia y urinzaya; sin que ello implique que dichas comunidades tengan uso exclusivo sobre la vertiente pajcha pata o janku janku, u otras, al ser atribución de la autoridad de fiscalización y control social de agua potable y saneamiento básico, definir el uso y aprovechamiento de fuentes de agua potable para beneficio de ambas partes; por lo tanto, las mencionadas comunidades, como la de combuyo, deberán acudir ante dicha autoridad para efectuar posteriores reclamos y peticiones, disponiéndose a su vez que mientras se dilucide el conflicto de fondo, la parte accionada -comunidad de combuyo- debe abstenerse de realizar medidas de hecho que restrinjan del líquido elemento a las indicadas comunidades y sus miembros. b) instar la autoridad de fiscalización y control social de agua potable y saneamiento básico -tercero interesado en esta acción de defensa-, así como al gobierno autónomo departamental de cochabamba y el gobierno autónomo municipal de sipe sipe de ese departamento, a coadyuvar, en el marco de sus atribuciones y competencias, a que las cuatro comunidades en conflicto tengan un efectivo, pacífico y material acceso al agua, a través de acciones reales que consoliden ello, según el acceso compartido, porcentual o exclusivo que corresponda, de las fuentes existentes y que actualmente proveen de dicho líquido elemento, como en función a sus usos, costumbres y acuerdos asumidos entre dichas comunidades. 2° por secretaría general de este tribunal constitucional plurinacional, notifíquese con este fallo constitucional al gobierno autónomo departamental de cochabamba y al gobierno autónomo municipal de sipe sipe del referido departamento, a los fines del conocimiento y cumplimiento de la exhortación referida ut supra, así como de la notificación a la autoridad de fiscalización y control social de agua potable y saneamiento básico para el mismo fin."	Sentencia accion popular, 42098-2021-85-AP (Corte constitucional 6 de marzo de 2023). https://jurisprudenciaconstitucional.com/resolucion/122309-sentencia-constitucional-plurinacional-0019-2023-s3
Brasil	Gran Amazonía, estado de Maranhao	Paulo Paulinho Guajajara (Pueblo Indígena Guajajara) (Guardian de la Selva en el Estado de Maranhão)	Grupos armados ilegales principalmente madereros y mineros	Las comunidades indígenas Guajajara y Awá quienes comparten territorio se han visto afectados por grupos armados ilegales que han ejercido presión sobre ellos y sus territorios. Los victimarios se dedican a la industria maderera y minera que aprovecha la situación de vulnerabilidad de los pueblos para aumentar fronteras para la producción de materias primas. A raíz de la situación han resultado asesinados varios miembros y defensores de las comunidades indígenas que han sido abandonadas e ignoradas por los gobiernos de turno.	La comunidad ha optado por defender su territorio creando grupos como los guardianes del bosque que se encargan de hacer presencia en su territorio para evitar la expansión de grupos ilegales madereros o mineros, los grupos ilegales armados han atentado contra estos defensores quienes han sido abandonados por el Estado.	Fauna y flora	Desplazamiento forzado, amenazas, asesinatos.	Se estableció una demanda para el reconocimiento del territorio donde conoció de esta el Tribunal Supremo de Brasil quien no ha dictado una decisión.	Tribunal Supremo de Brasil	Para agosto de 2023 el Tribunal Supremo de Brasil ha pedido tiempo para poder decidir sobre el caso del reconocimiento del territorio para el pueblo indígena	Juan Guillermo Mansilla Sepúlveda, Claudia Andrea Huaiquián Billeke, Diana Elvira Soto Arango, Juan Carlos Beltrán Véliz, & Sonia Valle de Frutos. (2021). Historia y Violencia: Asesinatos de Líderes Indígenas Guardianes del Medio Ambiente en América Latina, 2016-2019. Historia Ambiental Latinoamericana y Caribeña, 11(2). Recuperado de: https://www.halacsolcha.org/index.php/halac/article/view/490 : Link Fuentes: https://www.halacsolcha.org/index.php/halac/article/view/490 - https://pib.socioambiental.org/es/Povo:Guajajara - https://es.euronews.com/2023/06/08/brasil-el-tribunal-supremo-deja-en-suspenso-el-juicio-sobre-las-tierras-indigenas - Instituto Socioambiental del Brasil (ISA). Povos indígenas no Brasil, (Diciembre de 2020). https://pib.socioambiental.org/es/Povo:Guajajara - https://www.iwgia.org/es/brasil/3737-mi-2020-brasil.html
Brasil	Alto Tamaya: Departamento Uyacali	Ashéninka del Alto Tamaya: Líder Edwin Chota	Grupos armados ilegales, industria maderera formal e informal	La comunidad de Saweto, parte del pueblo indígena Asheninka se ha visto amenazada por la industria maderera ilegal, distintos defensores y líderes de la comunidad se han manifestado en contra de estas actuaciones resultando amenazas, intimidaciones y asesinatos en contra de lideres que han sido fundamentales para las comunidades. El Estado de Perú se encuentra llevando procesos penales por estas amenazas y asesinatos de los líderes de la comunidad de Saweto	La comunidad ha realizado denuncias públicas en contra de la presión de la industria maderera y las constantes amenazas a su población, del mismo modo se adelantaron denuncias penales en contra de quienes atentaron contra la vida de cuatro líderes que defendían y representaban los intereses de la comunidad.	Fauna y flora	Desplazamiento forzado, amenazas, asesinatos.	Judicial: Jurisdicción penal	La Corte Superior de Justicia de Ucayali	La Corte Superior de Justicia de Ucayali sentenció a 28 años y 3 meses de cárcel a los cinco responsables del crimen de los líderes asháninkas de la comunidad Alto Tamaya-Saweto. No obstante lo anterior, se presentó apelación por parte de la defensa. La sentencia también incluye una reparación civil de 200 mil soles que se entregará a las cuatro familias de las víctimas.	Osorio, M. L. (n.d.). Viviendo bien, muriendo mal: Los Ashéninka del Alto Tamaya en la frontera de la Amazonía peruana con Brasil. Anuário Antropológico. Recuperado de: https://journals.openedition.org/aa/3223 - https://es.mongabay.com/2023/03/amenazas-en-la-comunidad-indigena-saweto/
Brasil	Región de Xingu, Pará.	Movimiento Afectados por Represas (MAB)	Estado de Brasil, empresa encargada de la hidroeléctrica	En el año 2015 inició la socialización y construcción del proyecto hidroeléctrico belo monte el cual representaba, supuestamente, una apuesta novedosa para el desarrollo del país. Sin embargo, la construcción de la represa trajo consigo problemas ambientales y sociales. Se afectó el rio Xingú así como a las comunidades que se beneficiaban de él; consigo llegaron problemáticas sociales como la falta de agua, prostitución, pobreza y desplazamientos. Una medida cautelar de la CIDH suspendió u construcción pues era evidente una violación de DDHH	La comunidad con la ayuda de diversas organizaciones como AIDA presentó denuncia ante la CIDH quien emitió recomendaciones al Estado de Brasil por las vulneraciones a DDHH que se estaban presentando a partir del megaproyecto.	Recurso hídrico: río	Prostitución, pobreza y violencia a raíz del megaproyecto	Judicial: tramite en sistema interamericano	Comisión Interamericana de Derechos Humanos	El 1 de abril de 2011, la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de los miembros de las comunidades indígenas de la cuenca del Río Xingú, en Pará, Brasil: Arara de la Volta Grande do Xingú; Juruna de Paquiçamba; Juruna del "Kilómetro 17"; Xikrin de Trincheira Bacajá; Asurini de Koatinemo; Kararaô y Kayapó de la tierra indígena Kararaô; Parakanã de Apyterewa; Araweté del Igarapé Ipixuna; Arara de la tierra indígena Arara; Arara de Cachoeira Seca; y las comunidades indígenas en aislamiento voluntario de la cuenca del Xingu. La solicitud de medida cautelar alega que la vida e integridad personal de los beneficiarios estaría en riesgo por el impacto de la construcción de la usina hidroeléctrica Belo Monte. La CIDH solicitó al Gobierno de Brasil suspender inmediatamente el proceso de licencia del proyecto de la Planta Hidroeléctrica Belo Monte e impedir la realización de cualquier obra material de ejecución hasta que se observen condiciones mínimas.	Ertzogue, M., & Busquets, M. (2019). «El agua es de la gente, no de Belo Monte». Represas y pérdida de redes de sociabilidad entre las poblaciones afectadas, representadas en arpilleras amazónicas. recuperado de: https://biblat.unam.mx/es/revista/tabula-rasa/articulo/el-agua-es-de-la-gente-no-de-belo-monte-represas-y-perdida-de-redes-de-sociabilidad-entre-las-poblaciones-afectadas-representadas-en-arpilleras-amazonicas - https://aida-americas.org/es/prensa/brasil-debe-responder-ante-la-cidh-por-violaciones-de-derechos-humanos-derivadas-de-la - https://co.boell.org/es/2020/04/20/la-hidroelectrica-de-belo-monte-problemas-sociales-fracasos-del-estado-y-la-lucha-de-las
Brasil	Carajás	Grupo: Movimiento porla Soberanía Popular en la Minería (Movimientopor Soberanía Popular na Mineração - MAM	Empresas mineras Vale (do Rio Doce CVRD) entre otras	La prospección de mineral de hierro en la sierra del Carajás comenzó en los años 60 y ganó un gran impulso una década después, cuando la empresa estatal Vale do Rio Doce (VALE S.A) asumió el control total de la exploración en la zona y creó, en 1979, el Programa Grande Carajás con la intención de abastecer el mercado mundial.Para consolidar ese proyecto fueron realizadas obras de gran impacto como la hidroeléctrica de Tucuruí, el Puerto de São Luis y la vía férrea Carajás, entre otras. La vía férrea fue inaugurada en 1985 y ocupa 892 kilómetros atravesando 27 municipios y uniendo la provincia mineral Carajás con el Puerto de São Luis. (Manos Unidas, 2018) https://www.manosunidas.org/noticia/piquia-da-conquista-esperanza-afectados-mineria-carajas-brasil	La comunidad se ha movilizado a través de la protesta social para demostrar su inconformidad frente a este proyecto extractivo así como la creación de movimientos como el Movimiento por la Soberanía Popular en la Minería	Suelo, hídrico, aire	Reubicación por proyecto extractivo, enfermedades (respiratorias), pobreza	No Identifica	No Identifica	No Identifica	Atlas de Justicia Ambiental, (2019). Proyecto de mineral de hierro S11d de Vale y ferrocarril Carajás, Pará, Brasil https://ejatlas.org/conflict/vales-giant-s11d-iron-ore-project-in-carajas-para-brazil/?translate=es - https://www.mamnacional.org.br - https://www.ecologiapolitica.info/la-construccion-del-movimiento-por-la-soberania-popular-en-la-mineria-en-brasil-extractivismo-y-resistencia-social/
Brasil	Municipio Rio Negro Cerro Aracamuni y río Siapa	Comunidad Yanomami	Grupos armados ilegales	Las denuncias y movilizaciones en relación a este caso se iniciaron a partir de los años 90s. En 1996, además de las denuncias del entonces gobernador de Amazonas, Bernabé Gutiérrez, se registraron denuncias por parte de organizaciones como la Asociación de Vigilantes Voluntarios del Ambiente en la zona fronteriza de la Gran Sabana. Para aquel entonces también se realizaron campañas publicitarias sobre la cifra de mineros presentes en la zona, que se reseñan en diarios como El Nacional, (28/08/96 en “tres mil garimpeiros devastan la ribera del río Siapa”). Otra de las noticias públicas en el Universal (30/08/96) emitió un derecho que autoriza a la policía estatal a detener a los extranjeros ocupantes ilegales (Decreto N° 33-96). Esto a causa de la “invasión de más de 800 garimpeiros procedentes de Brasil y Colombia frustrando la búsqueda ilegal cerca del río Siapa	Las denuncias y movilizaciones en relación a este caso se iniciaron a partir de los años 90s. En 1996, además de las denuncias del entonces gobernador de Amazonas, Bernabé Gutiérrez, se registraron denuncias por parte de organizaciones como la Asociación de Vigilantes Voluntarios del Ambiente en la zona fronteriza de la Gran Sabana. Para aquel entonces también se realizaron campañas publicitarias sobre la cifra de mineros presentes en la zona, que se reseñan en diarios como El Nacional, (28/08/96 en “tres mil garimpeiros devastan la ribera del río Siapa”). Otra de las noticias públicas en el Universal (30/08/96) emitió un derecho que autoriza a la policía estatal a detener a los extranjeros ocupantes ilegales (Decreto N° 33-96). Esto a causa de la “invasión de más de 800 garimpeiros procedentes de Brasil y Colombia frustrando la búsqueda ilegal cerca del río Siapa	Hídrico, aire, suelo	desplazamientos, amenaza, homicidios	No Identifica	No Identifica	No Identifica	Observatorio de Ecología Política de Venezuela, 2021. "Comunidades yanomami afectadas por minería ilegal de oro en Cerro Aracamuni y río Siapa (municipio Río Negro, Amazonas)". Recuperado de: https://ecopoliticavenezuela.org/georreferencias/comunidades-yanomami-afectadas-por-mineria-ilegal-de-oro-en-cerro-aracamuni-y-rio-siapa-municipio-rio-negro-amazonas/
Brasil	distrito de São Carlos, en Rondônia (Rio Madeira)	Neidinha Surui	Grupos dedicados a la minería ilegal	La comunidad del distrito de San Carlos en Rondonia se ha visto afectada por las consecuencias de la minería ilegal en el Río Madeira ubicado uno de los muchos cuerpos de agua que alimenta a las comunidades locales y al río amazonas. La minería ilegal ha hecho que los jóvenes opten por esta práctica para subsistir, esto también ha generado aumento del consumo de drogas, prostitución y situaciones de violencia. Por otro lado, a causa del mercurio utilizado en estos métodos de extracción de oro, las poblaciones locales han registrado altos niveles de mercurio que generan problemas a largo plazo en la salud de los locales. La lideresa Neidinha Surui ha visibilizado esta situación de minería ilegal en su lucha por enfrentar las amenazas que representa la minería ilegal, el agronegocio y la degradación forestal.	Las comunidades locales, líderes y organizaciones han establecido denuncias contra la gran cantidad de "garimpeiros" o mineros ilegales que destruyen el río y contaminan las aguas del afluente hídrico Río Madeira	hídrico (ríos)	desplazamiento, pobreza, prostitución enfermedades, consumo de drogas	No Identifica	No Identifica	No Identifica	Ojo Público, 2023. Minería ilegal en Brasil: El hambre de oro en el río Madeira. Recuerado de: https://ojo-publico.com/4438/mineria-ilegal-brasil-el-hambre-oro-el-rio-madeira .https://kaninde.eco.br
Brasil	Región de Cateté, Pará	Comunidad étnica etnia Xikrin (Angohó Pataxó líder defensor)	Empresas mineras Vale, entre otras	Para el año 2003 empezó la construcción de una mina de Níquel la cual ha contaminado las fuentes hídricas de la región incluyendo el río Catete entre otros de los cuales se abastecían poblaciones locales, a raíz de esto se han generado enfermedades gastrointestinales y malformaciones en recién nacidos, principalmente de la comunidad Xikrin. La empresa Vale, Mineradora Onça Puma S.A. ha sido sujeto de suspensiones en reiteradas ocasiones debido a la vulneración de derechos de los pobladores de la región. Del mismo modo, han sido sujetos a sanciones y a agar indemnizaciones a comunidades locales.	Se han presentado reclamos por parte de la comunidad y se han establecido cuantiosas demandas para indemnizar los daños derivados de la minería de níquel	Hídrico, aire, suelo	desplazamiento, enfermedades	Judicial	Tribunal Federal do Pará y Tribunal de Brasilia	El tribunal federal de Pará ordenó la suspensión de actividades por las posibles afectaciones y un tribunal de Brasilia ordenó la indemnización a los indígenas de la región ,en total en el 2015 pagó aproximadamente 11 millones de reales (más de 3.5 millones de dólares) a los tres poblados en cuestión , publicó el el diario O Globo.	Antonio José de Mattos Neto - Romário Edson da Silva Rebelo, (2018). "Movimientos Sociales Frente a Grandes Mineras en Brasil". Recuperado de: https://app.vlex.com/#search/jurisdiction:BR/Proyecto+de+minería+de+níquel+de+Onca+Puma+en+Ourilândia+do+Norte%2C+Pará%2C+Brasil/vid/movimientos-sociales-frente-grandes-808813481 - https://ejatlas.org/conflict/onca-puma-nickel-mining-project-in-ourilandia-do-norte-para-brazil?translate=es - https://www.business-humanrights.org/es/últimas-noticias/brasil-tribunal-de-apelaciones-obliga-a-la-minera-vale-a-indemnizar-indígenas-por-contaminación-de-río/ - https://amazonwatch.org/es/news/2022/0222-from-wall-street-to-the-amazon-big-capital-funds-mining-driven-deforestation
Brasil	Región de Chingú, Sao Francisco das Chagas, Estado de Pará	Defensora Antonia Melo Da Silva	Estado de Brasil empresa encargada de la hidroeléctrica	En el año 2015 inició la socialización y construcción del proyecto hidroeléctrico belo monte el cual representaba, supuestamente, una apuesta novedosa para el desarrollo del país. Sin embargo, la construcción de la represa trajo consigo problemas ambientales y sociales. Se afectó el rio Xíngú así como a las comunidades que se beneficiaban de él; consigo llegaron problemáticas sociales como la falta de agua, prostitución, pobreza y desplazamientos. Una medida cautelar de la CIDH suspendió u construcción pues era evidente una violación de DDHH	La comunidad con la ayuda de diversas organizaciones como AIDA presentó denuncia ante la CIDH quien emitió recomendaciones al Estado de Brasil por las vulneraciones a DDHH que s estaban presentando a partir del megaproyecto.	Recurso hídrico: río	Prostitución, pobreza, violencia, amenazas	Judicial: tramite en sistema interamericano	Comisión Interamericana de Derechos Humanos	El 1 de abril de 2011, la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de los miembros de las comunidades indígenas de la cuenca del Río Xingú, en Pará, Brasil: Arara de la Volta Grande do Xingú; Juruna de Paquiçamba; Juruna del "Kilómetro 17"; Xikrin de Trincheira Bacajá; Asurini de Koatinemo; Kararaô y Kayapó de la tierra indígena Kararaô; Parakanã de Apyterewa; Araweté del Igarapé Ipixuna; Arara de la tierra indígena Arara; Arara de Cachoeira Seca; y las comunidades indígenas en aislamiento voluntario de la cuenca del Xingu. La solicitud de medida cautelar alega que la vida e integridad personal de los beneficiarios estaría en riesgo por el impacto de la construcción de la usina hidroeléctrica Belo Monte. La CIDH solicitó al Gobierno de Brasil suspender inmediatamente el proceso de licencia del proyecto de la Planta Hidroeléctrica Belo Monte e impedir la realización de cualquier obra material de ejecución hasta que se observen condiciones mínimas.	Amazon Watch, 2014. Voces del Xingu: Antonia Melo, guerrera amazona. Recuperado de: https://amazonwatch.org/es/news/2014/0213-voices-of-the-xingu-antonia-melo-amazon-warrior - https://es.euronews.com/2012/02/01/antonia-melo-vas-a-morir - https://elpais.com/elpais/2017/10/09/planeta_futuro/1507550012_733072.html
Brasil	Boca do Acre, estado de Amazonas	Raoni Metukire	Estado de Brasil, agroindustria	Paara el año 2015, el pueblo Kayapó de donde Raoni Metukire ha sido cacique y líder se encontraba sufriendo las consecuencias de la tala indiscriminada de arboles por la presión de la agroindustria y la falta de la atención estatal.	Los indígenas Kayapó han elevado denuncias a los gobiernos de turno frente a la invasión de sus tierras así como han defendido sus tierras haciendo presencia en la selva.	Recurso forestal y flora: Bosque tropical	Amenazas, desplazamiento	No Identifica	No Identifica	No Identifica	Plazas , N. (2019). France24. "Raoni Metuktire, el cacique que encarna la lucha por la protección de la AmazoníaPrensa" Recuperado de: https://www.france24.com/es/20190829-raoni-metuktire-indigena-amazonas-brasil - http://raoni.com/noticias.php
Brasil	Rio Branco, Acre	María Osmarina da Silva Vaz de Lima	Grupos mineros y madereros ilegales	Marina Silva ha sido porta voz de las comunidades que se encuentran en la Amazonía brasilera, de esta forma ha llegado al Ministerio del Medio Ambiente con Lula da Silva además de su lucha constante por el ecosistema amazónico.	El ministerio público, fiscales, activistas, policía federal han actuado contra la minería ilegal, madereros ilegales utilizando la institucionalidad como un recurso para combatir estas actividades que perjudican el miedo ambiente, sin embargo los agentes estatales y comunidad se han visto amenazados por parte de estos grupos.	Recurso forestal y flora:Bosque tropical.	Amenazas	No Identifica	No Identifica	No Identifica	Velez, A. Sierra, I (2019). Mongabay. Marina Silva: “Una bomba ecológica está ocurriendo en Brasil. Recuerado de: https://es.mongabay.com/2019/11/marina-silva-ex-ministra-brasil/ - https://www.france24.com/es/medio-ambiente/20230303-brasil-la-ministra-marina-silva-guardiana-de-la-selva-amazónica
Brasil	São Paulo de Olivença, Amazonas	Eronilde Fermin	Grupos mineros y madereros ilegales y Estado	En los últimos años aproximadamente desde el 2019, la población Kambeba ha sido hostigada, amenazada y permeada por la violencia de grupos madereros y mineros ilegales. Una de las personas que ha sido abanderada por la lucha de la protección de llos territorios indígenas y de la selva ha sido Eronilde quien ha sido "una piedra en el zapato" para quienes han intentado expandir su industria ilegal. También se ha manifestado en contra de proyectos de vivienda no indígena que han sido iniciativa del gobierno local. Hoy en día se ha visto amenazada por luchar por los derechos de la naturaleza y derechos territoriales indígenas así como lucha por la salud y educación de su comunidad.	Los líderes indígenas de la comunidad han denunciado públicamente ante las instituciones las actividades ilegales así como el deseo de la expansión de tierras por parte de grupos privados. No obstante, muchos defensores indígenas han sido amenazados y asesinados por su activismo en la región.	Suelo, hídrico, forestal y flora: bosque tropical	amenazas, homicidios, hostigamiento	No Identifica	No Identifica	No Identifica	Lazzeri, T. (2021). Infoamazonía. ¿Merezco morir por hablar en nombre de un pueblo?. Recuperado de: https://infoamazonia.org/es/2020/10/28/por-falar-em-nome-de-um-povo-eu-mereco-morrer/ - https://www.escavador.com/sobre/560424382/eronilde-de-souza-fermin -
Brasil	Reserva de la Biosfera del Alto Orinoco-Casiquiare	Davi Kopenawa	Mineros ilegales y gobiernos de turno (Bolsonaro)	"La situación en el territorio yanomami de Brasil es tan dramática que se asemeja a una zona de guerra. Hutukara y Wanasseduume, organizaciones indígenas que representan a los yanomamis y a los ye’kwanas del territorio, difundieron este mes un informe estremecedor: ‘Yanomami under Attack’, que documenta la violencia, los abusos sexuales y los altos índices de malaria y envenenamiento por mercurio entre los yanomamis como consecuencia del impacto de la minería ilegal.En él se constata que, entre 2016 y 2020, la minería ilegal de oro creció un 3.350%, y ahora afecta directamente a 273 comunidades yanomamis que suman 16.000 personas (un 56% de su población). En 2021 la minería aumentó un 46% en comparación con 2020." (https://www.survival.es/noticias/12861)	La comunidad, organizaciones y líderes llevan años reclamando la expulsión de los mineros de oro, y se han propuesto planes para reparar parte del daño causado a los pueblos indígenas de Brasil bajo el régimen de Bolsonaro. Unas impactantes imágenes vía satélite difundidas por Survival en 2020 revelaron la magnitud de la destrucción en solo una de las múltiples explotaciones mineras ilegales en su territorio.	Forestal y flora: Bosque tropical	enfermedades, pobreza, desplazamiento, amenazas, prostitución, homicidios	No Identifica	No Identifica	No Identifica	Survival, Brasil. Recuperado de: https://www.survival.es/biografia-davi - https://www.nationalgeographicla.com/medio-ambiente/2021/09/amazonia-brasil-entrevista-davi-kopenawa-pueblos-indigenas - https://www.survival.es/indigenas/yanomami - https://www.survival.es/noticias/13619
Brasil	Olivença, Bahía	Babau Tupinambá	Estado, industria de madera y hacendados	Las entidades y personas abajo firmantes solicitan al gobierno del estado de Bahía y al Ministerio Público seguridad y protección para el cacique Babau y su familia, pues hace 519 años que el pueblo Tupinambá es víctima de violencia por parte de fuerzas amparadas por el Estado y la sociedad regional basada en la codicia, por los responsables de las áreas de preservación de la naturaleza y los recursos naturales, a través de la expropiación y explotación de los territorios tradicionales.Serra do Padeiro, el lugar donde viven el cacique Babau y su familia, quienes han sido atacados en varias oportunidades, llama la atención de los predadores debido especialmente a la exuberancia de la Mata Atlántica preservada y las riquezas a ella asociadas. ¡Esta zona, además de ser un territorio tradicional, garantizado por la Constitución Federal de 1988, debe ser también objeto de cuidado y mantenimiento por tratarse de un área de Mata Atlántica, uno de los bosques más ricos en diversidad y más amenazados del planeta. (https://www.wrm.org.uy/es/otras-informaciones/apoye-al-cacique-babau-y-su-familia)	El pueblo ha ocupado tierras de hacendados para la protección del territorio "Desde que recuperaron el territorio y la extracción de madera se detuvo, notaron que el bosque y, por lo tanto, las nacientes, están recuperándose, que las aguas también volvieron a correr con más fuerza. Los tupinambás son contrarios a la extracción de madera. Babau explica: “El problema principal para extraer madera en un área donde viven los tupinambás es que, culturalmente, uno depende del bosque para hacer varios rituales. Y para que podamos hacer nuestros rituales, el bosque tiene que estar intacto, tiene que tener toda su cadena de vida protegida y en el momento en que los hacendados comenzaron a deforestar excesivamente, las nacientes que necesitábamos comenzaron a desaparecer, las cazas que necesitábamos estaban desapareciendo, los pájaros estaban desapareciendo (...) Como toda nuestra religiosidad está muy ligada a la vida y a la naturaleza y la naturaleza es vida, entonces estaba afectándonos directamente a todos nosotros, y tuvimos que tomar inmediatamente medidas de defensa de nuestra vida."	Recurso forestal y flora: Bosque tropical	amenazas, hostigamiento, pobreza	No Identifica	No Identifica	No Identifica	Business & Human Rights Resource Centre, (2016). "Rosivaldo Ferreira da Silva (Cacique Babau)" Recuperado de: https://www.business-humanrights.org/en/latest-news/rosivaldo-ferreira-da-silva-cacique-babau/ - https://www.amnesty.org/es/wp-content/uploads/sites/4/2021/07/amr190012010es.pdf - https://www.wrm.org.uy/es/otras-informaciones/apoye-al-cacique-babau-y-su-familia - https://www.wrm.org.uy/es/articulos-del-boletin/brasil-la-lucha-del-pueblo-indigena-tupinamba-por-el-territorio-y-por-la-conservacion-del-bosque - https://subversiones.org/archivos/115088
Brasil	Barra Velha y Comexatiba, Bahía	Pueblos Indígenas de Brasil (APIB), Articulación de los Pueblos Indígenas del Nordeste, Minas Gerais y Espírito Santo (Apoinme). (Cacique Ãngohó Pataxó)	Ganaderos	os jóvenes, Nawir Brito de Jesús, de 17 años, y Samuel Cristiano do Amor Divino, de 25, del pueblo indígena Pataxó de Brasil, fueron brutalmente asesinados el martes 17 de enero de 2023 en el municipio de Itabela, en el sur del estado de Bahía. La violencia que están experimentando los Pataxó es emblemática de lo que enfrentan los pueblos indígenas en el país, desde el sur de Brasil hasta el noreste y la región amazónica del norte.El crimen ocurrió cuando los dos jóvenes habitantes de la Tierra Indígena Barra Velha se dirigían a una finca en una región en disputa reclamada por el pueblo Pataxó. Según testigos, hombres en una motocicleta les dispararon por la espalda. Barra Velha es el sitio de intensos conflictos con los ganaderos locales, ya que las comunidades indígenas reclaman la región como su tierra. El cacique Zeca Pataxó afirmó que “la situación ciertamente tiene que ver con nuestro proceso de retomar nuestras tierras”.	Las organizaciones indígenas junto a la comunidad presentaron una petición de medidas cautelares ante la CIDH para la protección de la comunidad Pataxó debido a que han sido estigmatizados, perseguidos y asesinados por disputas por el territorio que incluso han sido respaldadas por agentes del Estado.	Forestal, flora, suelo	amenazas, hostigamiento, homicidio	Internacional	Comisión Interamericana de Derechos Humanos	La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió el 24 de abril de 2023 la Resolución 25/2023, a través de la cual otorgó medidas cautelares a favor de miembros del Pueblo Indígena Pataxó de las Tierras Indígenas de Barra Velha y Comexatibá en Bahía, Brasil, tras identificar que se encuentran en una situación de riesgo grave y urgente de daño irreparable a sus derechos.	Amazon Watch, (2023). "Dos jóvenes indígenas brasileños son asesinados y baleados en la espalda en medio de conflictos por la tierra". Recuperado de: https://amazonwatch.org/es/news/2023/0119-two-brazilian-indigenous-youth-are-murdered-shot-in-the-back-amid-conflicts-over-land - https://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2023/072.asp -
Brasil	Minas Gerais	Hayô Pataxó Hã-hã-hãe, y la lideresa Werymerry Pataxó Hã-hã-hãe.	Minera Vale y Estado	El 25 de enero de 2019 una balsa minera de lodos se derrumbó en Brumadinho, Brasil, liberando casi 13 millones de metros cúbicos de desechos mineros. Los lodos tóxicos barrieron la región. Hasta el pasado 13 de febrero se había confirmado la muerte de 165 personas, mientras que permanecen desaparecidas 155.La comunidad indígena Pataxó Hã-hã-hãe se encuentra entre las afectadas por el desastre. Después de la rotura de esta balsa de lodos, propiedad de la empresa minera Vale, una de las compañías mineras más grandes del mundo, la aldea indígena Naô Xohã ya no puede pescar ni bañarse en el río Paraopeba, devastada por los desechos mineros.Cuatro días después del desastre, un equipo de Greenpeace Brasil se dirigió a la aldea de Naô Xohã, ubicada a 22 kilómetros de distancia de la balsa colapsada. Allí les recibió su líder, Hayô Pataxó Hã-hã-hãe, y la lideresa Werymerry Pataxó Hã-hã-hãe. En sus rostros se podía leer la tensión de una comunidad que luchaba por encontrar una manera de salir de la tragedia. Nos dijeron que el tramo del río Paraopeba que pasa por su aldea está contaminado con desechos tóxicos y que ya no pueden pescar ni bañarse en ella.	Los indigenas han rechazado la existencia de minería cerca a sus territorios, han denunciado la contaminación del río Paraopeba a causa del rompimiento de un dique con desechos mineros. Aparte de estas denuncias públicas no se registran más acciones por parte de la comunidad	Hídrico	enfermedades, pobreza	Internacional	Comisión Interamericana de Derechos Humanos	La CIDH expresó profunda preocupación por tragedia humana, ambiental y laboral en Brumadinho (Minas Gerais, Brasil) y llama a la reparación integral a las víctimas. La Comisión había realizado una visita in loco donde se le había advertido de los riesgos de la minería en la zona.	Greenpeace,(2019). Brumadinho: la muerte de un río que daba vida a un pueblo indígena. Recuperado de: https://es.greenpeace.org/es/noticias/brumadinho-la-muerte-de-un-rio-que-daba-vida-a-un-pueblo-indigena/ - https://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2019/019.asp - https://elpais.com/elpais/2019/01/30/album/1548807945_996675.html
Brasil	Estado de Amazonas y Roraima	Carlos Alberto Ricardo	Grupos ilegales de caza y pesca	Las comunidades locales que habitan el sitio son étnica y culturalmente diversas, y las unidades de conservación apuntan a consolidar un manejo sostenible de bajo impacto en la utilización de los recursos y la agricultura. El sitio también contribuye al suministro de agua de al menos seis municipios brasileños, y el canal principal del río sirve de vía fluvial, conectando comunidades. Entre las principales amenazas al sitio se encuentran la conversión de tierras y la deforestación, así como la caza y la pesca incontrolada.	El Instituto Socio Ambiental fundado por Beto Ricardo "En el Río Negro, el ISA mantiene un trabajo a largo plazo y asociaciones institucionales, que nos llenan de orgullo, con asociaciones indígenas y sus líderes, incluyendo la Federación de Organizaciones Indígenas del Río Negro (Foirn), la Asociación Hutukara Yanomami (HAY) y el Consejo Indígena de Roraima (CIR).Mantenemos una oficina y un equipo en la ciudad de São Gabriel da Cachoeira (AM), considerada la municipalidad más indígena de Brasil, ubicada en el Alto Río Negro. Desde São Gabriel, también descendemos por las aguas del Río Negro para apoyar a las comunidades y asociaciones indígenas en los municipios de Santa Isabel do Rio Negro y Barcelos, ambos en Amazonas. En 2009, el ISA incorporó la organización Comissão Pró-Yanomami (CCPY), su equipo y legado, abriendo una oficina en Boa Vista (RR) y comenzando a trabajar directamente con el pueblo Yanomami y otros pueblos de Roraima.Actualmente, el ISA trabaja en la Cuenca del Río Negro promoviendo procesos de formación, articulando alianzas para la protección de los territorios indígenas, valorando la diversidad socioambiental, asegurando la seguridad alimentaria de las comunidades, desarrollando cadenas de valor de la economía forestal para generar ingresos y produciendo investigaciones interculturales que visibilicen los conocimientos tradicionales y los modos de vida de las poblaciones que han mantenido los bosques de la región conservados durante muchos años."	Hídrico	deforestación, caza, pesca	No Identifica	No Identifica	No Identifica	Menezes, E. (2017). Believe Earth. Beto Ricardo: una vida dedicada a los pueblos indígenas. Recuperdo de: https://believe.earth/es/beto-ricardo-una-vida-dedicada-a-los-pueblos-indigenas/ - https://www.goldmanprize.org/recipient/carlos-alberto-ricardo/
Brasil	Estado de Roraima	Joênia Wapichana	ganaderos y hacendados	Los pueblos indígenas enfrentan la colonización hace 522 años, pero desde hace algunos años sienten que la violencia se ha intensificado. Y, en la pandemia, todo empeoró. El gobierno federal no tenía ningún plan para los pueblos indígenas y ellos tuvieron que construir sus propios mecanismos de defensa para contener al virus. El covid-19 acabó con la vida de 1.312 indígenas y se registraron más de 72.064 casos. Mientras luchaban contra el COVID, los nativos continuaban en batalla con mineros, invasores de tierras, madereros, contratistas, empresarios y el Congreso Nacional. Entre 2021 y 2022 se pusieron en la agenda del Congreso una serie de proyectos de ley con consecuencias catastróficas: uno abre los territorios indígenas a empresas y actividades depredadoras, otro defiende el acaparamiento de tierras y se suma uno que apoya el uso de químicos venenosos. Hay otro que autoriza la exploración de minerales sin la consulta libre, previa e informada de los pueblos indígenas, tal y como establece el Convenio 169 de la Organización Mundial del Trabajo y sin la supervisión de organismos medioambientales como el IBAMA y el ICMBio. Además de que quieren cambiar los límites de tierras indígenas ya demarcadas.	La comunidad eligió a la líder ambiental para representar sus intereses a favor de las comunidades indígenas, Jeoenia fue la primera diputada indígena. la primera indígena en graduarse en Derecho en el país, en la Universidad Federal de Roraima (UFRR). Tiene aún una maestría en Derecho Internacional de la Universidad de Arizona, Estados Unidos. En 2008, se hizo conocida a nivel nacional por ser la primera abogada indígena en hacer un alegato oral en el Supremo Tribunal Federal (STF) en el caso que garantizó la demarcación de un área continua del Territorio Indígena Raposa Serra do Sol, en Roraima.	Suelo	deforestación	Legislativa	Congreso	De las palabras de la líder: El Proyecto de Ley 490/2007, que trata el tema de la modificación de la demarcación de los TI [Territorios Indígenas], trae en su texto el tema del ‘marco temporal’. Nosotros lo logramos mantener por mucho tiempo en la CCJ [Comisión de Constitución y Justicia] para que no fuera aprobado, pero todavía sigue. Al final, fue aprobado por la CCJ, pero no llegó al Senado ni a la Cámara. También hubo el Proyecto de Ley 191/2020, que se aprobó la urgencia, pero no se aprobó el texto, y peleamos mucho. Trajo la guerra en Ucrania como justificación para la regularización de la minería en territorios indígenas. También estaba el Proyecto de Ley 3275/2021, que podría sentar un precedente muy negativo para la reducción de TI. Sin embargo, no se aprobó ningún proyecto, digamos, negativo y en ese sentido [antindígenas]. Por otro lado, aprobamos el Proyecto de Ley 11042/2020, del cual fui ponente, y que traía el plan para enfrentar el covid-19 [en territorios indígenas y quilombolas]. Bolsonaro vetó 22 artículos, incluso durante la pandemia, pero logramos anular los vetos y se convirtió en Ley. Hoy [el Estado] puede usarlo para [responder a] cualquier pandemia o epidemia [en territorios indígenas y quilombolas], algo que puede pasar en Brasil. También logramos cambiar el Día del Indio por el Día de los Pueblos Indígenas [Proyecto de Ley 5.466/2019], que fue un proyecto que cambió la terminología en cuanto al reconocimiento del tema de la colectividad, el territorio y la diversidad cultural de los pueblos indígenas	Naciones Unidas, (2021). Joenia Wapichana, pionera de la lucha de los derechos de los pueblos indígenas de la Amazonía brasileña. Recuperado de: https://news.un.org/es/story/2021/09/1496182 - https://www.ashoka.org/es-ve/fellow/joênia-wapichana -
Brasil	Estado de Roraima	Enock Taurepang	Mineros ilegales	Una situación de minería ilegal: ras su declaración, los primeros reportes indicaron que más de 300 mineros habían huido del territorio, temiendo consecuencias legales. Pero durante cuatro años, bajo el gobierno del expresidente Jair Bolsonaro, los mineros tuvieron vía libre para hacer con la tierra (y con las personas que viven en ella) lo que quisieran.El resultado fue espantoso. Más de 570 niños menores de cinco años murieron de desnutrición y enfermedades evitables durante ese periodo y los ríos del territorio indígena están inundados de mercurio venenoso.A medida que se dispone de más información sobre la devastación que sufrió el pueblo yanomami en los últimos años, Brasil Reports habló con líderes de derechos indígenas y antropólogos para comprender el impacto de la catástrofe humanitaria, la posible complicidad del gobierno de Bolsonaro y cómo el actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva puede ayudar a rectificar la situación.	La comunidad ha hecho denuncias públicas: "«Están contaminando los ríos con mercurio y, en consecuencia, el pescado, que es uno de los alimentos básicos de la dieta yanomami», declaró a Brazal Reports Priscilla Oliveira, investigadora de Survival International, un grupo de derechos humanos con sede en Londres."	Hídrico	violencia de género, prostitución, amenazas, homicidios	No Identifica	No Identifica	No Identifica	Moiolo, P. (2019) Question Digital. "Líder taurepang Enock Barroso Tenente: Nuestro territorio es para nosotros el bien más preciado" https://questiondigital.com/lider-taurepang-enock-barroso-tenente-nuestro-territorio-es-para-nosotros-el-bien-mas-preciado/ - https://blogdopedlowski.com/tag/enock-taurepang/ - https://www.elnacional.com/mundo/la-crisis-humanitaria-de-brasil-expuso-el-sufrimiento-del-pueblo-yanomami-bajo-el-gobierno-de-bolsonaro/
Brasil	Sapeacu, Estado de Bahía	Alessandro Silva (English teacher), José Isaías Peixoto (visual artist), and Sivanildo Borges (chemistry teacher).	Multiner SA (Empresa de energía Brasilera)	El proyecto de tres centrales eléctricas de petróleo pesado por parte del multiner de la compañía en la ciudad de Sapeacu, estado de Bahía, ha sido el objetivo de protestas y movilización popular. Estas plantas están diseñadas con el objetivo de formar una reserva en infraestructura energética. De esta manera, el gobierno federal tiene la intención de garantizar el suministro a las plantas industriales en la región, incluso en caso de sequías prolongadas que pueden impedir el uso de presas y compensar la mayor demanda. La población fue organizada y fundó el movimiento Termométricas Jamais. Este movimiento hizo campaña para evitar la licencia del proyecto, celebró protestas y presionó a los fiscales estatales para que intervinieran en el caso. Argumentaron que Brasil tiene otras formas de generar electricidad que no son tan perjudiciales para el medio ambiente y la salud de las personas, ya que las plantas térmicas intensifican el calentamiento global y resultan en el cambio climático, entre otros impactos locales. Bajo la presión del Movimiento Popular, el Consejo de Estado Ambiental (Conselho Estadual de Meio Ambiente) derogó en junio de 2010 las licencias ambientales que había dado tres meses antes. Dado esto, y la amenaza del fiscal para intervenir en el caso, la compañía suspendió los proyectos. En celebración, los residentes de Sapeacu mantuvieron una masa en el sitio	Elaboración de informes alternativosDesarrollo de redes y acciones colectivasAcciones judicialesPresentación de observaciones y objeciones al EIAReclamos a partir de petitorios y declaraciones públicasCampañas públicasManifestaciones callejeras	Aire, suelo, hídrico	pobreza	Administrativa	El Consejo Ambiental del Estado	El Consejo alló en contra del proyecto impidiendo su ejecución	Atlas de Justicia Ambiental, (2014). Plantas de energía térmica en Sapeacu, Brasil. Recuperado de: http://movimentotermoeletricasjamais.blogspot.com - https://ejatlas.org/conflict/thermal-power-plants-in-sapeacu-brazil?translate=es
Brasil	Coronel Murta, en Minas Gerais	Grupo de Estudos Ambiente (Gesta / UFMG), Plataforma Dhesca Brasil, Coalición Ríos Vivos (ver archivo adjunto, carta al presidente Lula)	Murta Energética S.A	Desde 1998, las comunidades rurales en la región de Coronel Murta, en Minas Gerais, se habían movilizado y se habían resistido contra el proyecto de una planta hidroeléctrica en el Río Jequitinhonha. El proyecto MURTA HYDROELECTRIC POWER PLANTE apuntó a producir 120 MW de energía. El costo del proyecto se estimó en $ 300 millones. El reservorio de la presa inundaría 20,6 km2 de tierra, siendo una parte significativa que consiste en bandejas y áreas cultivadas. El lago Dam amenazó con unas 900 familias, 22 comunidades de los municipios de Coronel Murta, Virgem da Lapa, Berilo, Grao Mogol, Josenopolis, que, además de ser expulsados de sus territorios tradicionales, perderían sus campos agrícolas, pesca, plantas y frutas. En el Cerrado y Caatinga. y el proceso de licencia de Uhe Murta comenzó en octubre de 1998. Las comunidades locales se organizaron y exigieron una audiencia pública en enero de 1999. En marzo de ese año, las comunidades recibieron la evaluación del impacto ambiental ( EIA) y, en agosto, el Fundacao Estadual Do Meio Ambiente (FEAM) preguntó al empresario información adicional a la EIA-RIMA [Estudios y Informe de Impacto Ambiental]. Y en septiembre de 2012 Después de más de 14 años de resistencia, las comunidades rurales de Coronel Murta y región celebraron la suspensión del proyecto hidroeléctrica de la planta de energía hidroeléctrica.	La comunidad se movilizó a través de la protesta social para manifestarse en contra de las obras, además se iniciaron procesos administrativos para buscar frenar las mismas. investigación participativa y comunitaria(epidemiología popular, etc.)Desarrollo de redes y acciones colectivasPresentación de observaciones y objeciones al EIACampañas públicas	Hídrico, forestal, flora, fauna, aire y suelo	Seguridad alimentaria Situaciones de violencia con efectos en la salud, Enfermedades infecciosas.	Administrativa	Fundacao Estadual de Meio Ambiente	Se ordenó la suspensión de las obras	Atlas de Justicia Ambiental, (2014). "Murta Dam, MG, Brasil" Recuperado de: https://ejatlas.org/conflict/murta-dam-mg-brazil?translate=es
Brasil	Corumbá e ladrioMato Grosso do Sul	Associacao Civil Ecología E ACAO (ECOA), Rede Brasileira de Justica Ambiental (RBJA)	Mineracao e Metálicos do Brasil Ltda. (MMX)	La región de Corumba y Ladario, ubicada en el Bioma Pantanal (humedales brasileños) de Mato Grosso do Sul, tiene la tercera reserva más grande de mineral de hierro en Brasil. La mina de mineral de hierro principal de la región es el Morro do urucum. Se estima que la montaña contiene 30 mil millones de toneladas de jaspilita y 890 millones de toneladas de suelo coluvial.Desde la década de 2000, el estado brasileño ha otorgado sistemáticamente la licencia para la extracción mineral y estimuló el polo metalúrgico minero en la región, al tiempo que realizaba acciones de vigilancia ad hoc que resultaron en la imposición de multas y demandas. En enero de 2006, Ibama identificó desviaciones e impuso multas de US $ 1,370,000 en Urucum Mineracao y US $ 8,669,000 en Vetorial Siderúrgica Ltda. En 2007, en dos ocasiones, Ibama, junto con la Policía Federal y la Estación Regional de Policía Laboral, atrapó la planta de acero MMX comprando carbón ilegal e identificó que provenía del área indígena de Kadiwéu. En el sitio, había 12 hornos, 40 motosierras, además de 900 hectáreas deforestadas.	La comunidad campesina, indígena y académica realizó la siguientes acciones: Investigación participativa y comunitaria(epidemiología popular, etc.)Elaboración de informes alternativosDesarrollo de redes y acciones colectivasDesarrollo de propuestas alternativasInvolucramiento de ONG nacionales e internacionalesAcciones judicialesPresentación de observaciones y objeciones al EIAReferéndum, consultas ciudadanas	Hídrico, forestal, flora, fauna, aire y suelo	Malnutrición, Problemas de salud relacionados con alcoholismo, violaciones, etc.	No Identifica	No Identifica	No Identifica	Atlas de Justicia Ambiental, (2014). Complejo metalúrgico minero en Corumbá, Mato Grosso do Sul, Brasil. Recuperado de: https://ejatlas.org/conflict/corumba-indigenous-communities-and-mining-brazil?translate=es
Brasil	Mato Grosso, Pará	Associação Comunitária dos Pescadores e Moradores de PimentalAssociação Território Indígena do Xingu (Atix)Rede Xingú +Instituto KabuAssociação Indígena paririAssociação Comunitária São Francisco de AssisTerra de DireitosMovimento dos Atingidos por Barragens (MAB)Comissão pastoral da terrra (CPT)Instituto Socioambiental (ISA)	Estação da Luz Participações (EDLP) from Brasil - Consultancy in project planningArcher Daniels Midland Company (ADM) from United States of AmericaBunge from United States of AmericaLouis Dreyfus Company (LDC) from NetherlandsAmaggi from Brazil	Ferrogrão' (GrainRail) es un mega proyecto planificado para construir un ferrocarril desde el estado productor de soya número uno de Brasil, Mato Grosso al río Tapajós, que debería desarrollarse como un corredor de exportación para transportar granos a los puertos del Atlántico, junto con el 'Tapajós-Teles Pires Waterway'. Los proyectos forman parte del 'Plano Arco Norte', una serie de proyectos de infraestructura en el sector de transporte de granos iniciados en 2012.	Las comunidades indígenas denunciaron públicamente el proyecto ya que para la realización de este no se habría realizado la respectiva consulta previa. Para este fin se movilizaron y elevaron peticiones al Ministerio Público para que sus derechos como grupo étnico fueran garantizados. "Bloqueos y piquetesBoicot y/o no participación en procedimientos oficialesElaboración de informes alternativosDesarrollo de redes y acciones colectivasDesarrollo de propuestas alternativasInvolucramiento de ONG nacionales e internacionalesAcciones judicialesActivismo mediáticoPresentación de observaciones y objeciones al EIAReclamos a partir de petitorios y declaraciones públicasCampañas públicasManifestaciones callejerasOcupación de edificios públicos y espacios públicosDefensa de los derechos de la madre tierra"	Hídrico, forestal, flora, fauna, aire y suelo	violencia, prostitución, alcoholismo, enfermedades	No Identifica	No Identifica	No Identifica	Atlas de Justicia Ambiental, (2020). Ferrogrão Railway Ferrovia EF -170, Mato Grosso - Pará, Brasil. Recuperado de: https://ejatlas.org/conflict/planned-construction-of-ferrograo-railroad-to-boost-soy-exports-mato-grosso-para-brazil?translate=es - https://news.mongabay.com/2017/12/ferrograo-grain-railway-threatens-amazon-indigenous-groups-forest/
Brasil	Sapezal, Mato Grosso	Operação Amazonia Natuiva	CropLife Brasil	Brasil fue bautizado como el rey de los pesticidas según Kleffmann Group en 2020 durante dos años consecutivos [6]. La agricultura brasileña utilizó ese año 800,000 toneladas de esos productos químicos. Dos años más tarde, un comité científico de 14 expertos de la Universidad de Estocolmo declaró que en 2022, se ha sobrepasado otro límite planetario: contaminación de productos químicos. Afirman que "la cantidad de productos químicos introducidos en la biosfera ha excedido el umbral más allá del cual la humanidad puede prosperar en la Tierra durante las generaciones venideras" [5]. El gobierno de Brasil y Bolsonaro ha incentivado fuertemente el uso de pesticidas en el país al permitir más de 450 nuevos productos de este tipo en el mercado. La situación es tal que el 30% del costo de producción de una explotación es causado por la utilización de productos químicos [6].El problema de los pesticidas es aún más relevante para La región de Mato Grosso, Brasil. Un informe reciente de la ONG Operação Amazônia Natuiva (OPAN) en asociación con el Instituto de Salud Pública de la Universidad Federal de Mato Grosso encontró que "Mato Grosso [es] la región con las más altas concentraciones de pesticidas en el país [...] cada habitante de Mato de Mato Se estima que Grosso ha estado expuesto a 65.8 litros de pesticidas, algunas de estas sustancias prohibidas, en 2018. La situación es peor para las personas que viven en las ciudades rurales del estado donde se estima que la exposición excede los 300 litros por habitante cada año ". ]	La comunidad ha denunciado ante ongs la situación y ha expresado preocupación por las enfermedades, contaminación y afectaciones que ha generado al ecosistema y a su población. Investigación participativa y comunitaria(epidomología popular, etc.)Elaboración de informes alternativosInvolucramiento de ONG nacionales e internacionales	Hídrico, forestal, flora, fauna, aire y suelo	enfermedades	No Identifica	No Identifica	No Identifica	Atlas de Justicia Ambiental, (2023). Contaminación de pesticidas por producción de algodón en territorio de Tericatina, Mato Grosso, Brasil. Reuperado de: https://ejatlas.org/conflict/pesticides-contamination-by-cotton-production-in-tericatinga-territory-mato-grosso?translate=es
Brasil	Nordeste (Pernambuco, Bahía, Piauí, Ceará, Rio Grande Do Norte, Alagoas, Sergipe, Maranhão, Paraíba)	Conseluo Pastoral da Pesca (CPP) http://www.cppnacion.org.br/Articulação Nacional de Pescadoras (ANP) -HTTP: //articulacaopescadoras.blogspot.com/MOVIMENTO DE PESCADORES E PESCADORAS ARTESANAIS (MPP)Salve Maracaipe, WWF Brasil, Greenpeace Brasil, Movimiento Porto 2039, Instituto Bioma Brasil, #VazaoleoREDE MANGUEMARNúcleo de Estudos Humanidades, Comissão Nacional Para O Fortalecimiento Das Reservas Extractivistas E Povos Extrativistas Costeiros Marinhos (Confrem)Coleto de Comunicação intervoca	No indica con precisión	En noviembre de 2019, se informó [1] que un barco con bandera griega que transportaba crudo venezolano era la fuente de un derrame de petróleo que ha llegado a miles de kilómetros de costa en los últimos dos meses, anunció investigadores brasileños. La policía dijo que el petrolero parecía haber derramado el crudo alrededor de 700 km (420 millas) de la costa de Brasil entre el 28 y el 29 de julio, destinada a Singapur con aceite cargado en la terminal de San José de Venezuela. El abogado general de Brasil dijo que el país buscaría daños en el caso, que ha manchado playas tropicales a lo largo de 2.500 km de la costa con un lodo grueso, lastimando a las comunidades de turismo y de pesca en la región más pobre del noreste.	Investigación participativa y comunitaria(epidemiología popular, etc.)Elaboración de informes alternativosDesarrollo de redes y acciones colectivasInvolucramiento de ONG nacionales e internacionalesActivismo mediáticoReclamos a partir de petitorios y declaraciones públicasCampañas públicasManifestaciones callejerasDefensa de los derechos de la madre tierraDefensa de los recursos por su valor económico	Hídrico, forestal, flora, fauna, aire y suelo	Enfermedades	No Identifica	No Identifica	No Identifica	Atlas de Justicia Ambiental, (2020). Derrame de petróleo en 2019 en el mar y en las playas del noreste, Brasil. Recuperado de: https://ejatlas.org/conflict/oil-spill-in-the-sea-and-on-the-beaches-of-northeast-brazil?translate=es
Brasil	Santo Amaro da Purificacao E Boquira, Bahía	Instituto de Desenvolvento Ambiental (IDA), Departamento de Medicina Preventiva Da Universidade Federal Da Bahia (UFBA), Associacao de Preservacao do Patrimonio Bantu (Acbantu), Associacao Das Vitimas da Contaminacao por Chumbo, Cadmio, Mercurio E Elementos QuimiMicos (Avicca), Avicca) Movimento Popular de Saude Ambiental de Santo Amaro (Mopsam)	Companhia Brasileira de Chumbo (COBRAC) from BrazilPenarroya Oxide S.A from FranceMetaleurop from FranceGrupo Trevo from Brazil	En 1960, la Companhia Brasileira de Chumbo (Cobrac), una ex subsidiaria de Penarroya óxido S.A (Metaleurop), y actualmente parte del Grupo TreVo, se estableció en los municipios de Santo Amaro da Purificacao y Boquira para comenzar la explotación y el procesamiento de la ore principal . Los minerales extraídos en la mina de Boquira, principalmente Galena y Cerusita, se transformaron en lingotes de plomo en Santo Amaro. Tal transformación ocurrió a través de un proceso de síntesis. En la ciudad, la fábrica de Cobrac arrojó a la atmósfera, el agua y el suelo residuos diversos y desechos de plomo y cadmio, un total de 500 mil toneladas con motivo del cierre de sus actividades en 1993. Se informa que una parte considerable de la escoria fue donada al gobierno y la población local, como componente de mortero, empleado en la reforma y construcción de casas y escuelas, pozos y calles pavimentantes. La contaminación también ocurrió para el contacto fieltro utilizado como filtros de las chimeneas de la planta. Este material fue recolectado por empleados de la compañía y residentes de Santo Amaro, quien luego recicló usado como alfombras, colchones y juguetes para los niños	Investigación participativa y comunitaria(epidemiología popular, etc.)Elaboración de informes alternativosDesarrollo de redes y acciones colectivasInvolucramiento de ONG nacionales e internacionalesReclamos a partir de petitorios y declaraciones públicasCampañas públicasManifestaciones callejera	Hídrico, forestal, flora, fauna, aire y suelo	Malnutrición, Enfermedades laborales y accidentes, Muertes	No Identifica	No Identifica	No Identifica	Atlas de Justicia Ambiental, (2014). Contaminación principal en Santo Amaro, Bahía, Brasil. Recuperado de: https://ejatlas.org/conflict/lead-contamination-in-santo-amaro-bahia-brazil?translate=es
Brasil	Marabá, Pará, Tocantins y Maranhão	Movimento dos atingidos por barragens (mAb); Seguidores: Universidade Federal Do Pará	Electrobras from BrasilCamargo Corrêa S.A from Brazil	La presa Marabá (Ahe Marabá) es un gran proyecto hidroeléctrico planeado en el río Tocantins cerca de la ciudad de Marabá, estado de Pará en el noroeste de Brasil. Si se construye, el Ahe Marabá tendría una capacidad instalada de 2,160 MW [1] e inundaría aproximadamente 1115 km2 de tierra con su depósito. Esta área cubre doce municipios en tres estados diferentes con diferentes grados de impacto	Desarrollo de redes y acciones colectivasInvolucramiento de ONG nacionales e internacionalesPresentación de observaciones y objeciones al EIAReclamos a partir de petitorios y declaraciones públicasCampañas públicas	Hídrico, fauna y flora	Desplazamiento	Administrativa	Prefeito de Marabá; Ministério de Minas E Energia (MME); Funai (Fundação Nacional do ìndio);	En negociación	Atlas de Justicia Ambiental, (2018). Planta Hidroeléctrica en Maraba, Pará, Brasil. Recuperado de: https://ejatlas.org/conflict/usina-hidreletrica-maraba-para?translate=es
Brasil	Caetita, Bahía	Associacao Movimento Paulo Jackson - Exica, Justica, Cudadania (AMPJ); Greenpeace Brasil; Grupo Ambientalista da Bahía (Gamba); Comissao Paroquial de Meio Ambiente de Caetite; Comissao Pastoral da Terra (CPT); Platlaforma dhesca brasil	Nuclear Industries (INB) from Brazil	El proyecto consiste en la minería y la molienda de uranio en el municipio de Caetita, estado de Bahía, Brasil. El método de extracción de uranio es la minería de pozo abierto y el proceso de molienda es la lixiviación en las pilas. Todo el uranio minado se utilizará a nivel nacional, después de la conversión y enriquecimiento en el extranjero (Canadá y Países Bajos, respectivamente). La cantidad de uranio explorada es suficiente para suministrar las dos centrales nucleares brasileñas actualmente en funcionamiento. Este caso involucra accidentes en el lugar de trabajo, derrames de rayos, posibles contaminación del suelo y agua, y riesgos inciertos (por ejemplo, cáncer) para la salud de los trabajadores y la población que vive en el área rodeada de la mina.	Bloqueos y piquetesInvestigación participativa y comunitaria(epidomología popular, etc.)Elaboración de informes alternativosDesarrollo de redes y acciones colectivasInvolucramiento de ONG nacionales e internacionalesActivismo mediáticoPresentación de observaciones y objeciones al EIAReclamos a partir de petitorios y declaraciones públicasManifestaciones callejeras	Aire, suelo, hídrico	Enfermedades	No Identifica	No Identifica	No Identifica	Atlas de Justicia Ambiental, (2014).Minería de uranio en Caetite, Brasil. Recuperado de:https://ejatlas.org/conflict/uranium-mining-in-caetite-brazil?translate=es
Brasil	Grande Vitória (Cariacica, Fundão, Guarapari, Serra, Viana, Vila Velha E Vitória), Espíritu Santo	Associação Juntos Sos es Ambiental. Partidarios: Centro de tecnología de la Universidad Federal del Estado (UFES)	Samarco from BrazilAcellor Mittal from FranceVale (Vale) from Brazil	El puerto Tubarão es la terminal de exportación de mineral de hierro más grande del mundo. Se encuentra en Victoria, la capital del estado de Espírito Santo en Brasil. Desde 2009, las personas en los vecindarios notaron "polvo negro" en su entorno y especialmente dentro de sus hogares. Este "polvo negro" es una combinación de mineral de hierro y otros contaminantes presentes en el aire debido a la actividad del puerto Tubarão. En febrero de 2015, la Legislatura local estableció una Comisión Parlamentaria de Investigación (PCI) para determinar la responsabilidad, y concluyeron que Vale, Arcellor Mital y Samarco son las compañías responsables de estas emisiones.	Reclamos a partir de petitorios y declaraciones públicasCampañas públicasManifestaciones callejeras, acciones judiciales	Aire, hídrico	Enfermedades	No Identifica	No Identifica	No Identifica	Atlas de Justicia Ambiental, (2019). Reclamando contra el "polvo negro" en el puerto de Tubarão en Vitória, Brasil. Recuperado de: https://ejatlas.org/conflict/black-powder?translate=es
Brasil	Miradouro, Minas Gerais	Movimento Pela Soberania popular Da mineracao - Mam http://mamnacional.org.br/ caritas http://caritas.org.br/ cpt - comissão pastoral da terrra https://www.cptnacional.org.br/ pacab - projeto De Assessoria às Comunidades Atingidas Por Barragens - Universidade Federal de Viçosa (UFV) http://arquivo.ufv.br/teia/pacab.html	Companhia Brasileira de Alumínio (CBA) from BrazilVotorantim Group from Brazil	Serra do Brigadeiro es un parque de alcance de la montaña ubicado en el estado de Minas Gerais. Fue creado en 1996 y abierto a visitas públicas en 2005. La misión del parque es proteger el patrimonio natural de la selva tropical del Atlántico en la Serra do Brigadeiro, al tiempo que facilita la investigación científica, la educación y el ecoturismo, y contribuye al desarrollo de comunidades de comunidades En el área. En esta nueva "frontera de extracción de productos básicos", los grupos de resistencia se están organizando en la región para desarrollar tácticas y estrategias para detener el demanda insaciable de la economía mundial para elaluminio en este nuevo avance de la posible extracción mineral. Eso se ha registrado en al menos dos informes oficiales de autoridades gubernamentales. En 2004, el plan territorial de desarrollo rural sostenible de la región menciona una reunión en la que se dio más énfasis para movilizar a las comunidades y organizaciones para enfrentar la empresa de compañías mineras de bauxita cercanas al Parque Serra do Brigadeiro.	Referendum, consultas ciudadanasManifestaciones callejeras	Suelo, recurso forestal	Enfermedades, desplazamiento	No Identifica	No Identifica	No Identifica	Atlas de Justicia Ambiental, (2018). Companhia Brasileira de Alumínio (CBA) en Miradouro, Serra do Brigadeiro, MG, Brasil Recuperado de: https://ejatlas.org/conflict/companhia-brasileira-de-aluminio-cba?translate=es
Brasil	Cascavel y Toledo, Parana	Coletivo Cascavel Livre de Fracking (Cascavel libre de Fracking Collective) - Grupo de oposición compuesto por residentes locales.	Paraná Gás Exploração e Produção from BrazilCompanhia Paranaense de Energia (COPEL) from Brazil - COPEL has a 30% stake in the consortium.Bayar Empreendimentos e Participações Ltda from Brazil - 30% stake in consortiumPetra Energia from Brazil - 30% stake in consortiumTucumann Engenharia e Empreendimentos (TUCUMANN) from Brazil - 10% stake in consortium	En 2013, un consorcio de compañías brasileñas ganó licencias para explorar el gas en cuatro 'bloques' en tierra en el estado de Parana. El consorcio planea realizar investigaciones para determinar si el fracking es una técnica necesaria y apropiada para extraer gas natural no convencional en los bloques ubicados en la cuenca de la parana.Existe una fuerte oposición. a los planes de la población local que han marchado en las calles para protestar por los planes. Los residentes locales también se han llevado a las calles para crear conciencia entre la población de los peligros del fracking. Se han realizado reuniones públicas para debatir el fracking.Los consejos individuales a través de la parana están tomando medidas para que el fracking sea ilegal al aprobar las leyes municipales.	Desarrollo de redes y acciones colectivasActivismo mediáticoPresentación de observaciones y objeciones al EIAReclamos a partir de petitorios y declaraciones públicasCampañas públicasReferendum, consultas ciudadanasManifestaciones callejeras	Suelo, hídrico	Enfermedades,pobreza	Judicial	Juez natural de Cascavel	Suspensión de las licencias	Atlas de Justicia Ambiental, (2015). Fracking en la cuenca de la parana, Brasil. Recuperado de: https://ejatlas.org/conflict/fracking-in-the-parana-basin-brazil?translate=es
Colombia	Municipio El Paso, departamento de Cesar.	Orlando José Morales Ramos	Empresa. Sociedad Drummond Ltda.	El actor indicó que la finca “Los Cerros” en la que reside con su familia, ubicada en el corregimiento La Loma, municipio El Paso del departamento de Cesar, se encuentra aproximadamente a 300 metros de distancia de la mina de carbón “Pribbenow”, propiedad de la empresa demandada, la cual se explota “indiscriminadamente y sin control ambiental alguno”, ya que los “trabajos de minería se llevan a cabo las 24 horas del día”. Aseveró que lo anterior genera i) ruido “insoportable”, por el funcionamiento de las máquinas; ii) “polvillo y material particulado” disperso en el aire, producido por la explotación, el cual se posa sobre su casa, implementos de trabajo, animales, alimentos, afluentes de agua, etc.; iii) afecciones a la salud de quienes residen en dicho lugar, en especial los niños “que allí se encuentran”, quienes presentan “tos, ojos irritados y molestias en sus oídos” y, en algunos casos, fiebre y dificultad para respirar. Señaló que las dos fuentes de agua que utilizan para consumo y desarrollo de sus actividades diarias, están contaminadas “con cargas de sólidos no determinados que determinan un aspecto, olor y sabor indeseables”, en su sentir, producto de la explotación de la mina. Solicitó ordenar a la compañía accionada “detener, parar o suspender” la explotación en el sector de la mina “Pribbenow”, hasta tanto se verifique que i) los trabajos se realicen dentro de horas hábiles, “es decir, entre las 7:00 am y 7:00 pm”, acorde con el Decreto 0948 de junio 5 de 1995; ii) la sociedad demandada cumpla con la normatividad vigente “en cuanto a las condiciones permisivas de ruido que impidan seguir causando perjuicios a nuestra salud”; y iii) el entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (hoy de Ambiente y Desarrollo Sostenible) adopte las medidas necesarias para garantizar el derecho a un ambiente sano “de todas las personas que residimos y adelantamos nuestra actividad laboral en el sector de la mina”	El señor Orlando José Morales promovió acción de tutela en julio 9 de 2009, contra la sociedad Drummond Ltda., aduciendo vulneración de los derechos a la vida, a la salud, a la intimidad, al ambiente sano y de los niños. El asunto llegó a la Corte Constitucional por remisión que hizo el referido Tribunal, en virtud de lo ordenado por el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991; la Sala Segunda de Selección de esta Corte lo eligió para revisión, mediante auto de febrero 26 de 2010.	Recursos hídricos	No indica	Judicial	Corte Constitucional. Expediente T-2550727	TUTELAR los derechos fundamentales del referido demandante y de su núcleo familiar, a la vida, la salud, la intimidad y el ambiente sano.ORDENAR al Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible o quien al respecto haga sus veces, que en el ámbito de sus funciones analice a cabalidad y haga cumplir apropiadamente la preceptiva constitucional colombiana y, en lo que corresponda, las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de otros organismos internacionales relacionados en el presente fallo, particularmente frente a los efectos adversos a la salud y, en general, contra el ambiente, que genere la explotación carbonífera a gran escala, implantando y haciendo ejecutar las medidas adecuadas que deban tomarse para erradicar los referidos efectos. ORDENAR al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, que promueva un plan de acción con actividades coordinadas de todas las instituciones que integran el Sistema Nacional Ambiental, con el objetivo de erigir una política nacional integral para optimizar y hacer cumplir prioritariamente la prevención y el control contra la contaminación del aire y del agua causada por la explotación y transporte de carbón.ORDENAR a Drummond Ltd., que en el término máximo de tres (3) meses contados a partir de la notificación de esta sentencia, ejecute la instalación de maquinaria de última generación técnica, al igual que amortiguadores, lavadores, cubiertas y recuperadores de carbón y sus partículas, para contrarrestar el ruido y la dispersión.Con los mismos fines y dentro de igual término y conducto, ORDENAR a Drummond Ltd. que incluya en su plan de manejo ambiental, en derredor de las zonas de explotación, almacenamiento y trasporte de carbón, la plantación de barreras vivas que coadyuven a erradicar el daño generado por la explotación carbonífera.	Sentencia T-154 de 2013, Corte Constitucional de Colombia. Sacado de: https://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2013/T-154-13.htm
Colombia	Resguardos indígenas Arhuaco de la Sierra Nevada de Santa Marta, Kogui-Malayo-Arhuaco y Businchama.	José María Arroyo Izquierdo, Gobernador del resguardo Arhuaco de la SNSM, Rogelio Mejía Izquierdo, Gobernador del resguardo Kogi-Malayo-Arhuaco, y Germán Hernández Izquierdo, Gobernador del resguardo Businchama	Estado. La Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior; la Agencia Nacional de Minería; la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales; las Corporaciones Autónomas Regionales del Cesar, Magdalena y La Guajira; y otros.	El 24 de junio de 2016, José María Arroyo Izquierdo, Gobernador del resguardo Arhuaco de la SNSM, Rogelio Mejía Izquierdo, Gobernador del resguardo Kogi-Malayo-Arhuaco, y Germán Hernández Izquierdo, Gobernador del resguardo Businchama, presentaron acción de tutela en contra de la DANCP del Ministerio del Interior, la ANM, la ANLA y Corpocesar, Corpamag y Corpoguajira. Invocaron la protección de sus derechos fundamentales a la consulta previa por falta de garantías para su debido ejercicio, libre e informada y al territorio indígena. En su criterio, estos se vulneraron debido a una proliferación de proyectos exploratorios y extractivos en el área de la línea negra, sin que se haya garantizado su participación efectiva en los trámites de licencias y autorizaciones, desconociendo lo dispuesto en la sentencia T-849 de 2014. Lo anterior, a partir de los siguientes hechos: Con base en información suministrada en julio de 2014 por la DANCP del Ministerio del Interior, los accionantes señalaron que en el área de la línea negra con anterioridad a la expedición de la sentencia T-849 de 2014, se otorgaron 132 títulos mineros que no fueron consultados previamente y, adicionalmente, están en trámite 263 solicitudes de títulos mineros para explotar la misma área, respecto de las cuales, en principio, se estaría en la obligación de adelantar el trámite de consulta previa. Así, los accionantes indicaron que tendrían la obligación de participar en 395 consultas sobre proyectos mineros.Manifestaron que la cantidad de procesos consultivos desborda su capacidad operativa; dado que, no están en condiciones de procesar toda la información y determinar una posición unificada entre los cuatro pueblos que habitan la línea negra. Los accionantes presentaron un listado de 155 títulos, en los que consta: i) el código o el número del registro minero; ii) la fecha del contrato en 133 de ellos; y iii) el tipo de mineral objeto de autorización. En atención a lo anterior, el 10 de febrero de 2016 se reunieron los cabildos y líderes de los cuatro pueblos en la comunidad de Chemesquemena de Valledupar, para analizar la sentencia T-849 de 2014 y emitieron un comunicado general con el que informaron la suspensión de toda consulta en la que participaban y a la que fueran convocados. Esta postura fue reiterada en comunicación del 3 de marzo de ese mismo año dirigida al Ministerio del Interior.El 25 de febrero de 2016, la DANCP del Ministerio del Interior remitió una propuesta con el cronograma de consultas previas para dar continuidad a la realización de 13 proyectos. Y, señaló que su función se limita a ofrecer un espacio de participación, sin garantía sobre el resultado del mismo. El 30 de marzo del mismo año, el Ministerio del Interior reiteró la programación para llevar a cabo reuniones de consulta previa.Posterior a ello, el 6 de abril de 2016, el Consejo Territorial de Cabildos de la SNSM ratificaron al Ministerio del Interior la posición de suspender los procesos de consulta previa en su territorio ancestral. En el escrito de tutela presentado el 24 de junio de 2016 se expresó la necesidad de “contar con la debida información, no de proyectos particulares, sino de las afectaciones en conjunto que este tipo de intervenciones ocasiona. Estas acciones sobre el territorio deben dejar de considerarse ‘puntuales’. Son de tal magnitud que empiezan a generar efectos en cadena y a generar conflictos como la pérdida de agua, que para nuestra cosmovisión trasciende la pérdida de un recurso y se asocia con la pérdida de la vida”.	El 24 de junio de 2016, José María Arroyo Izquierdo, Gobernador del resguardo Arhuaco de la SNSM, Rogelio Mejía Izquierdo, Gobernador del resguardo Kogi-Malayo-Arhuaco, y Germán Hernández Izquierdo, Gobernador del resguardo Businchama, presentaron acción de tutela en contra de la DANCP del Ministerio del Interior, la ANM, la ANLA y Corpocesar, Corpamag y Corpoguajira. Los hechos aquí narrados hacen referencia al proceso de revisión del fallo emitido por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia del 7 de junio de 2018, que confirmó el de la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar del 13 de marzo; y, el del Tribunal Administrativo del Magdalena del 12 de abril de 2018 que revocó el proferido el 19 de febrero por el Juzgado 7º Administrativo del Circuito de Santa Marta.	Suelo, flora y fauna	Ninguno.	Judicial	Corte Constitucional. Expedientes T-6.844.960 y T-6.832.445 (acumulados).	ORDENAR al Gobierno nacional, al Ministerio del Interior y a las Corporaciones Autónomas Regionales del Cesar, Magdalena y La Guajira, la instalación, en el término máximo de tres (3) meses, de la Mesa de Seguimiento y Coordinación (mecanismo de participación y no de consulta), como espacio de planeación integral y estratégica del territorio con presencia activa y efectiva de los pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta, basada en un diálogo intercultural y genuino, para que con fundamento en la SU-123 de 2018 y en las precisiones y desarrollos adicionales expuestos en esta sentencia, i) en el término máximo de siete (7) meses finalice el Protocolo de participación y/o consulta previa; ii) luego de ello, dentro de los nueve (9) meses siguientes, realice el estudio de las solicitudes y títulos de exploración y explotación existentes en la línea negra señalados en el expediente T-6.844.960, a efectos de determinar en cuáles procede la consulta o el tipo de participación correspondiente; y iii) dentro de los nueve (9) meses siguientes concluya los trámites de participación. En caso de que el proceso de participación no conduzca ni concluya en un acuerdo entre dichas entidades, según sus competencias legales, podrán adoptar las decisiones pertinentes debidamente motivadas, las cuales deben ser razonables y proporcionadas, al igual que deberán evaluar las conductas de las empresas a la luz del deber de diligencia, de conformidad con los criterios señalados en la parte motiva de esta sentencia, en especial en el fundamento 48, teniendo en consideración las medidas de etnorreparación, recomposición ambiental y demás, en aquellos proyectos, obras o actividades que no fueron sometidos a consulta.	Sentencia SU 121 de 2022, Corte Constitucional de Colombia. Sacado de: https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2022/SU121-22.htm
Colombia	Cabildo indígena Awá "La Cabaña", ubicado en el municipio de Puerto Asis, departamento del Putumayo.	La comunidad indígena Awá	Estado y empresa. El Ministerio del Interior, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA-, y el Consorcio Colombia Energy, conformado por VETRA E&P Colombia S.A.S, Petrotesting Colombia S.A y Southeast Investment Corporation.	La comunidad indígena Awá arribó a la jurisdicción del municipio de Puerto Asís, Departamento del Putumayo, hace más de seis (6) décadas, producto de las dinámicas del conflicto armado y la explotación de recursos naturales. A su vez, el colectivo Awá “La Cabaña” llegó, en la década de los setenta (1970), al área donde se encuentra en la actualidad (a 400 metros del proyecto objeto de demanda de tutela, del otro lado del río San Lorenzo), procedente del Departamento de Nariño, cuando adquirió 47 hectáreas de tierra, a título de propiedad colectiva.Entre los años 1988 y 1991, en las actividades del Plan Quinquenal de Exploración, ECOPETROL S.A. declaró los campos de Quillacinga, Curiquinga y Piñuña como productores en el Área Suroriente, localizada en el Municipio de Puerto Asís del Departamento de Putumayo, lo cual significó la operación directa de la empresa.En el marco de dicho trámite, la Dirección de Asuntos Indígenas, por comunicado No 4363 del 1º de septiembre de 1998, advirtió -en relación con el área objeto de estudio de la mencionada Resolución 0587 de 1998- que, en las proximidades del proyecto de explotación de hidrocarburos, se hallaba una comunidad indígena Awá, en la vereda de “La Cabaña”. Precisó que esa colectividad debía ser objeto de consulta previa en la FASE II del programa. En el Auto 004 de 26 de enero de 2009, la Corte Constitucional declaró que, entre otros, el pueblo Awá está en riesgo de ser exterminado cultural y físicamente por el conflicto armado interno, y ha sido víctima de gravísimas violaciones de sus derechos fundamentales individuales y colectivos y del Derecho Internacional Humanitario, especialmente, al haber sufrido desplazamiento forzado individual y colectivo de sus territorios.Mediante Auto 174 de 9 de agosto de 2011, la Corte reiteró la necesidad de tomar medidas cautelares urgentes para la protección de los derechos fundamentales del Pueblo Indígena Awá, ubicados en los departamentos de Nariño y Putumayo, y que habían sido ordenadas en el Auto 004 de 2009. En la referida decisión, se recabó que la comunidad Awá era objeto de un plan de salvaguarda étnica especial, el cual constituía una garantía fundamental para su protección frente al latente riesgo de su extinción. Por razón del desconocimiento de los derechos fundamentales de la comunidad que representa el Gobernador del Cabildo Indígena Awá “La Cabaña” (Puerto Asís, Putumayo), el 5 de febrero de 2015, solicitó la protección de las garantías constitucionales a la consulta previa, a la participación e identidad cultural, pues los accionados iniciaron y adelantaron actividades de explotación de hidrocarburos (en las áreas Quinde, Cohembí y Quillacinga), sin haber concertado con el colectivo.	Según la sentencia, solo se presentó la acción de tutela para defender sus intereses, esto debido a que según desarrollo jurisprudencial, la tutela es el único mecanismo judicial efectivo para casos en los que no se realizó la consulta previa.	Suelo	No indica	Judicial	Corte Constitucional. Expediente No. T- 4.926.682	REVOCAR, por las razones expuestas en esta providencia, la sentencia del 16 abril de 2015, proferida por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, la cual confirmó la sentencia del 17 de febrero de 2015 emitida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Mocoa, Sala Única de Decisión, que negó la acción de tutela de la referencia. En su lugar, CONCEDER el amparo de los derechos fundamentales a la consulta previa y al ambiente sano de la comunidad indígena Awá La Cabaña, localizada en el Municipio de Puerto Asís, Departamento del Putumayo, dentro de la acción de tutela incoada por el Gobernador del Cabildo Indígena Awá La Cabaña.ORDENAR al Ministerio del Interior, a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales –ANLA– y a la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonía – CORPOAMAZONÍA -, para que convoque a la comunidad indígena Awá La Cabaña, para adelantar un proceso de consulta, el cual tendrá dos objetivos generales y transversales. El primero consistirá en identificar los impactos ambientales, espirituales, culturales y sociales que la explotación petrolera en los Campos Quinde, Cohembí y Quillacinga haya generado sobre la comunidad indígena Awá “La Cabaña”. El segundo consistirá en proponer e implementar las medidas requeridas para prevenir, mitigar, corregir, recuperar o restaurar los efectos de esa actividad extractiva. La consulta se surtirá entre la comunidad Awá “La Cabaña”, el Consorcio Colombia Energy, la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia -CORPOAMAZONÍA- y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales –ANLA–, bajo la dirección del Ministerio del Interior. El acompañamiento del proceso de consulta estará a cargo de la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación.	Sentencia 123 de 2018. Corte Constitucional de Colombia. Sacado de: https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2018/SU123-18.htm
Colombia	Comunidades indígenas Nasa "La Laguna Siberia" y "Las Mercedes", en el departamento del Cauca	Las comunidades “La Laguna Siberia” y “Las Mercedes”	Estado. El Ministerio del Interior, de Transporte, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y Nuevo Cauca S.A.S.	En enero de 2015, la ANI inició el proceso contractual que concluyó con la celebración del contrato N°11 de 2015. Este fue suscrito por esa entidad y por Nuevo Cauca S.A.S., con el objeto de ejecutar el proyecto vial “Segunda Calzada Popayán-Santander de Quilichao”. El acta de inicio correspondiente data del 26 de mayo de 2015.Previamente, en el año 2013, la ANI le solicitó al Ministerio del Interior emitir constancia en relación con la presencia de comunidades étnicas en la zona de influencia del proyecto. Esa última entidad, mediante la certificación N°856 de 2013, no reconoció la presencia del resguardo “Las Mercedes”, pero sí la de “La Laguna Siberia” a 1,45 km en línea recta desde el área del proyecto. A pesar de ello, en el acto administrativo mencionado, la misma entidad concluyó que no se registraban comunidades étnicas en el área del proyecto y, por lo tanto, no había procesos de consulta previa por adelantar.No obstante lo anterior, con posterioridad a ello y únicamente respecto de las unidades funcionales 1, 2 y 4, se llevaron a cabo procesos de consulta previa con comunidades que tampoco habían sido incluidas inicialmente en las certificaciones del Ministerio.Respecto del concepto del Ministerio del Interior, las accionantes sostienen que los resguardos indígenas Nasa de las comunidades “La Laguna Siberia” y “Las Mercedes” están ubicados en el territorio ancestral Sat Tama Kiwe, localizado en el municipio de Caldono (Cauca). Allí sus integrantes desarrollan labores y prácticas ancestrales, a través de las cuales preservan colectivamente su identidad cultural.Las accionantes destacaron que, al no haber sido consultadas sobre el proyecto vial, quedaron sometidas al poder del Estado. Pese a que el proyecto no pasa en estricto sentido sobre su territorio titulado, aquel tiene un entorno social y ambiental que coincide con el ámbito geográfico de desenvolvimiento de las comunidades “La Laguna Siberia” y “Las Mercedes”, y que resultará afectado con la ejecución de las obras.Por lo anterior, las comunidades indígenas “La Laguna Siberia” y “Las Mercedes”, a través de dos de sus autoridades indígenas, Nibaldo Panche Chocue y Nancy Milena Chocue Guetio, respectivamente, acudieron al juez de tutela el 19 de enero de 2018.Ambos solicitaron la protección a su derecho a la consulta previa y, para ello, en relación con la Unidad Funcional 3 del proyecto vial “Segunda Calzada Popayán - Santander de Quilichao” le pidieron al juez ordenarle (i) al Ministerio del Interior, certificar la presencia de sus resguardos en ella; (ii) al Ministerio de Transporte, abstenerse de ejecutar cualquier obra hasta tanto se surta el proceso de consulta previa; (iii) a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), adelantar el proceso de consulta previa y abstenerse de ejecutar el contrato N°011 de 2015, hasta que la consulta previa se surta; (iv) a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), no emitir la licencia ambiental en relación con dicha unidad funcional; y (v) a Nuevo Cauca S.A.S., abstenerse de desarrollar la UF3 hasta que las comunidades sean consultadas.	Las comunidades “La Laguna Siberia” y “Las Mercedes” promovieron acción de tutela en contra del Ministerio del Interior, de Transporte, de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y de Nuevo Cauca S.A.S., a quienes acusan de afectar su derecho a la consulta previa al haber desarrollado el proyecto vial “Segunda Calzada Popayán-Santander de Quilichao” y, concretamente, su Unidad Funcional 3 (en adelante, UF3), sin su participación.	Suelo	No indica	Judicial	Corte Constitucional. Expediente T-6.823.931	REVOCAR el del fallo proferido el 1° de febrero de 2019 por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán, en el que declaró improcedente la acción de tutela para, en su lugar, CONCEDER el amparo a la consulta previa de las comunidades indígenas “La Laguna Siberia” y “Las Mercedes”, no directamente, sino a través de la protección de su derecho fundamental al debido proceso, de conformidad con lo expuesto en esta providencia.DEJAR SIN EFECTO la certificación N°018 de 2017, en la que el Ministerio del Interior certificó la inexistencia de grupos étnicos en la zona de influencia de la Unidad Funcional 3 del proyecto vial “Segunda Calzada Popayán-Santander de Quilichao”, por las razones expuestas en esta providencia. Así mismo dejar sin efecto los actos administrativos que se hayan sustentado en ella, incluida la licencia ambiental en relación con dicha unidad funcional.ORDENAR al Ministerio del Interior que, en el término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta sentencia, inicie el trámite para expedir la certificación sobre la presencia de grupos tribales y asegure la participación de las comunidades étnicas que se encuentren en los municipios de Caldono y Piendamó, para establecer cuáles de ellas presentan un impacto relacionado con el territorio titulado y ocupado por los miembros de dichos grupos étnicos, que amerite un proceso de consulta previa en el marco de la Unidad Funcional 3 del proyecto vial “Segunda Calzada Popayán-Santander de Quilichao”. Este proceso no podrá extenderse por más de sesenta (60) días calendario, desde el momento de su iniciación y deberá arrojar todos los productos a los que se refiere la Directiva Presidencial N°10 de 2013.	Sentencia T-281 de 2019. Corte Constitucional de Colombia. Sacado de: https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2018/SU123-18.htm
Colombia	Región de Salinas, en el Municipio de Rionegro, Antioquia.	Orlando Jiménez Cáceres	Privados. Los propietarios de la Hacienda La Yaruma.	El señor Orlando Jiménez Cáceres, en nombre propio y en representación de la comunidad residente en la región Salinas del Municipio de Rionegro, Santander, señaló que el lugar donde residen “era la parte del lecho del Rio Lebrija”, zona que era aprovechada habitualmente por la comunidad para realizar actividades de pesca artesanal, de la cual 67 familias derivaban su subsistencia. Adujo que, por un lado, las circunstancias climáticas hicieron que parte del lecho del río se secara, por lo que “la actividad se acabó, y las área fueron aprovechadas para cultivar”; y por el otro, los administradores y propietarios de la hacienda La Yaruma, “se han dado la tarea de perseguirnos, encerrando con muralla las fuentes hídricas dejadas por el Rio Lebrija, y tratando por todos los medios de apoderarse de los humedales que éste dejó para extender sus latifundios y así desplazarnos de la región”. Refirieron que estas personas “con máquina secaron la ciénaga donde habitualmente pescábamos, para que nos muramos de hambre y nos vayamos de la región; así mismo, cercaron con alambre eléctrico las orillas del rio, poniendo en peligro la vida de los niños y adultos mayores”, lo que afecta la seguridad alimentaria de la comunidad a la que representa, la cual se encuentra constituida en gran parte por niños y adultos mayores, dado que dichas fuentes de agua son para el uso y aprovechamiento de sus actividades diarias de sostenimiento.	El señor Orlando Jiménez Cáceres, en nombre propio y en representación de la comunidad residente en la región Salinas del Municipio de Rionegro, Santander, interpuso acción de tutela por considerar vulnerados los derechos de la comunidad al agua, a la seguridad alimentaria, a la vida en condiciones dignas y al trabajo, presuntamente afectados por los propietarios de la hacienda La Yaruma.	Recursos hídricos	No indica	Judicial	Corte Constitucional. Expediente T-5.603.544	ORDENAR a la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, que lleven a cabo un proceso de identificación de los actores que han participado en la deforestación, construcción de jarillones, desvío de causes hídricos y desecación de fuentes hídricas en la zona en la que se extiende la hacienda La Yaruma en jurisdicción de los municipios de Puerto Wilches y Rionegro, Santander, especialmente en la región Salinas, lugar donde habitan los actores de la presente acción de tutela.ORDENAR a la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, que adelanten estudios técnicos especializados que precisen la necesidad de que en los terrenos aledaños al río, existan jarillones o muros de contención para evitar que las aguas se salgan de su caudal y ocasiones perjuicios más graves a la comunidad que habita en sus riveras y a las propiedades limítrofes.ORDENAR a la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, que identifiquen el daño ocasionado a la comunidad accionante, al ambiente, al acceso al agua y a la pesca de quienes habitan la región, mediante la determinación de los efectos derivados de estas actividades.ORDENAR a la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, que analicen la posibilidad de medios idóneos para reversar las acciones que han generado modificaciones del ambiente, teniendo en cuenta los posibles efectos negativos que ello pueda causar.ORDENAR a la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, que adelanten procesos de concertación en que participen todos los afectados (finqueros y comunidad afectada), a fin de tomar medidas necesarias para la protección de los derechos de las personas involucradas, generando el menor impacto ambiental posible.	Sentencia T-325 de 2017. Corte Constitucional de Colombia. Sacado de: https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/T-325-17.htm
Colombia	Comunidad indígena EMBERA-CATIO de Chajeradó, en el municipio de Murindó, Departamento de Antioquia	ORGANIZACION INDIGENA DE ANTIOQUIA (O.I.A.)	Entidad Estatal y empresa. CORPORACION NACIONAL DE DESARROLLO DEL CHOCO (CODECHOCO) y la COMPAÑIA DE MADERAS DEL DARIEN (MADARIEN).	En efecto, de las pruebas aportadas al proceso de tutela se pudo establecer que REINERIO PALACIOS, entre los años 1988 y 1990 realizó explotaciones madereras en el área de los ríos Chajeradó, Tabará y Taparal, zona de reserva forestal, sobre el cual se constituyó el resguardo de la Comunidad Indígena EMBERA-CATIO del río Chajeradó, mediante resolución 103 de diciembre 18 de 1989 expedida por la Gerencia General del Instituto de Reforma Agraria, INCORA. El aprovechamiento forestal se produjo sin permiso previo de CODECHOCO, entidad oficial encargada de velar por la conservación de los recursos naturales de esa parte del territorio, pero aparentemente con el consentimiento de las autoridades indígenas logrado a cambio de algunos implementos - motosierra, motor fuera de borda - y de dinero en efectivo. Este hecho dio lugar a la sanción impuesta a REINERIO PALACIOS por CODECHOCO, mediante Resolución 1195 de junio 13 de 1991, no impugnada por el afectado, consistente en la conminación para realizar en el término de un año un plan de fomento forestal en las áreas explotadas y un estudio del impacto ambiental presente y futuro causado por la construcción de diversos canales. Adicionalmente, ordenó al sancionado la limpieza de todo el material del lecho de los ríos Chajeradó, Tadía y Tebará y de la ciénaga de Tadía producto de la explotación maderera, y la abstención de realizar nuevos aprovechamientos forestales sin previa licencia o permiso otorgado por CODECHOCO, so pena de revocar los permisos vigentes e imponer las sanciones a que hubiere lugar.El aprovechamiento forestal intensivo, con utilización de maquinaria pesada - excavadora, tractores oruga, remolcador -, a lo largo de las franjas paralelas al lecho del río Chajeradó, fue confirmado por técnicos del Instituto Nacional de los de Recursos Naturales Renovables y del Medio Ambiente, INDERENA, en sus informes de comisión al área de Vigía del Fuerte y Murindó, correspondientes a las visitas realizadas en los meses de septiembre y noviembre de 1990.A juicio del accionante de tutela, las sucesivas intervenciones en el territorio indígena de Chajeradó de una cuadrilla de máquinas, técnicos, ingenieros y técnicos de MADARIEN, bajo la responsabilidad de REINERIO PALACIOS, entre junio de 1988 y noviembre de 1990, arrojaron como resultado neto la explotación de 3.400 a 4.300 hectáreas de bosque húmedo tropical, "el cual constituía la infraestructura natural de la economía de subsistencia y cultura de los nativos". Asegura el peticionario que CODECHOCO tuvo conocimiento de la extracción que se venía haciendo sin permiso de la entidad y omitió, con manifiesta negligencia, velar por el cumplimiento de las normas legales y reglamentarias en materia de reserva forestal, pese a que oportunamente la Organización Regional Emberá Wuanana, OREWA y el mismo INDERENA solicitaron la intervención de esta entidad para solucionar los problemas que el aprovechamiento forestal le ocasionaba a las comunidades indígenas del Atrato Medio, en especial en los municipios de Murindó y Vigía del Fuerte.	La Organización Indígena de Antioquia, por intermedio de apoderado y en calidad de agente oficioso de la Comunidad Indígena EMBERA-CATIO de Chajeradó, Municipio de Murindó, Departamento de Antioquia, interpuso acción de tutela contra la Corporación Nacional de Desarrollo del Chocó (CODECHOCO) y la Compañía de Maderas del Darién (MADARIEN), por considerar que la omisión de la primera y la acción de la segunda vulneran y amenazan los derechos fundamentales de la comunidad indígena, entre ellos los derechos a la vida, al trabajo, a la propiedad, a la integridad étnica - cultural y territorial -, el derecho a la especial protección del Estado como grupo étnico, los derechos de los niños y los derechos consagrados en tratados internacionales sobre Pueblos Indígenas, particularmente el Convenio 169 de la O.I.T. ratificado por la ley 21 de 1991.	Flora y fauna	No indica	Judicial	Corte Constitucional. Expediente T-13636	REVOCAR los numerales 1º y 2º de la sentencia de marzo 26 de 1993, proferida por la Sala Agraria del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia, en el sentido de conceder la tutela solicitada y, en consecuencia, ordenar al Representante Legal de la Corporación Nacional para el Desarrollo del Chocó que, en el término de 48 horas a partir de la notificación de la presente providencia, de inicio a las actuaciones necesarias para restaurar los recursos naturales afectados por el aprovechamiento forestal ilícito que tuvo lugar en el resguardo de la comunidad indígena Emberá-Catío del río Chajeradó entre junio de 1988 y noviembre de 1990, y, luego de la cuantificación de los daños causados, ejerza contra los particulares presuntamente responsables las acciones judiciales enderezadas a exigir su reparación, sin perjuicio de las que eventualmente instauren la comunidad lesionada o sus miembros. CONFIRMAR los numerales 3º al 6º de la precitada sentencia, en el sentido de prevenir a las autoridades públicas y a los particulares para que en la explotación de los recursos naturales renovables se abstengan de realizar cualquier acción que, con violación de las normas constitucionales y legales, destruya o amenace destruir el ecosistema en la zona del resguardo indígena Emberá-Catío del río Chajeradó.ORDENAR al Juzgado Tercero Agrario del Circuito Judicial de Antioquia ejercer la vigilancia efectiva de lo ordenado en esta providencia e imponer las sanciones respectivas en caso de incumplimiento, de conformidad con el artículo 53 del Decreto 2591 de 1991.	Sentencia T-380 de 1993. Corte Constitucional de Colombia. Sacado de: https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1993/T-380-93.htm
Colombia	Resguardo Chidima-Tolo y Pescadito ubicado en el municipio de Acandí (Chocó) .	Oscar Carupia Domicó y otros, a nombre de los resguardos Chidima-Tolo y Pescadito	Estado. Los Ministerios de Transporte, Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Interior y de Justicia, de Minas y Energía, de Agricultura, de Defensa, el Consejo Asesor de Regalías adscrito al Departamento Nacional de Planeación, las alcaldías de Unguía y Acandí, la Corporación Autónoma Regional del Chocó (Codechocó), el Ejército Nacional, la Brigada XVII y la Agencia Logística de las Fuerzas Militares.	Afirman los accionantes que en el año 2001, mediante las resoluciones números 005 y 007 del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria – Incora, se constituyeron los resguardos indígenas Chidima-Tolo y Pescadito, de la comunidad Embera – Katío, integrado el primero por tres lotes y el segundo por uno, localizados en jurisdicción del corregimiento Peñaloza, municipio de Acandí, Departamento del Chocó.Sostienen que desde la constitución de los resguardos indígenas los miembros de la comunidad Embera han sufrido por las constantes invasiones a su territorio, las cuales generalmente han ido en detrimento de los recursos naturales presentes en estos, que son de gran importancia para la región y principalmente para su comunidad, que se provee directamente de ellos para suplir sus necesidades básicas como alimentación, vivienda y desarrollo de las actividades propias de su cultura y tradición indígena.Informan que la comunidad Chidima Tolo está conformada por aproximadamente 66 personas, agrupadas en 13 familias, donde aproximadamente el 50% de ellos son de sexo femenino y el otro 50% de sexo masculino (según estudio realizado para la constitución del resguardo). A juicio del Gobernador del resguardo se estima que la población ha aumentado en un 35% aproximadamente.En cuanto a la comunidad de Pescadito, especifican que está conformada por aproximadamente 8 familias y un total de 49 personas, con un crecimiento del 20% según apreciación de su Gobernador.	Oscar Carupia Domicó, Doralina Domicó y Rosa Domicó en calidad de integrantes del resguardo Chidima-Tolo y Pescadito ubicado en el municipio de Acandí (Chocó) y pertenecientes a la etnia Embera Katío, interpusieron la presente acción de tutela en contra de las entidades referenciadas por considerar vulnerados sus derechos a la consulta previa, a la participación, a la propiedad colectiva, a no ser desplazados, al debido proceso, al reconocimiento de la diversidad étnica y cultural de la Nación, a la vida y subsistencia como pueblo indígena.Los problemas generales por las que interponen la presente acción de tutela y por la que solicitan que se protejan sus derechos pueden ser resumidos en los siguientes términos: (i) los trabajos correspondientes a una carretera que atravesaría los resguardos; (ii) el proyecto de interconexión eléctrica entre Colombia y Panamá; (iii) los trámites de concesión minera para explotación de oro; y (iv) la invasión ilegal del territorio, así como el peligro de desplazamiento por la expectativa económica de las obras y proyectos.	Flora y fauna	No indica	Judicial	Corte Constitucional. Expediente T-2451120	REVOCAR, dentro del asunto de la referencia, el fallo proferido por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia. En su lugar, CONCEDER la protección de los derechos fundamentales a la consulta previa con las comunidades étnicas y a la existencia, autonomía, integridad e identidad cultural y social de tales pueblos, al igual que a la protección de las riquezas naturales y culturales de la Nación.ORDENAR al Ministerio del Interior y de Justicia que, en el término de 48 horas siguientes a la notificación de la presente providencia, inicie los trámites respectivos frente a la consulta previa solicitada por la alcaldía de Acandí el 29 de agosto de 2009, haciéndola extensiva a todas las partes involucradas en el proceso de planeación y ejecución de la carretera, teniendo en cuenta la búsqueda del consentimiento previo, libre e informado de la comunidad ponderando las alternativas reales de modificar el trazado de la vía a las opciones descritas en el informe de la Defensoría del Pueblo que reposan en el proyecto Redes Territoriales de Apoyo a la Gestión Defensoríal Descentralizada - Seccional Urabá de los periodos junio de 2008 a 2009 y a las que la comunidad y el proceso determinen.	Sentencia T-129 de 2011. Corte Constitucional de Colombia: Sacado de:https: //www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2011/t-129-11.htm
Colombia	Corregimiento de La Boquilla, en el municipio de Cartagena de indias, departamento de Bolívar.	Agustina Carmona de Manrique y Henry Guyzamano Vivas, actuando como representantes legales de los Consejos Comunitarios de Tierra Baja y Puerto Rey	Empresa. Empresa Aguas de Cartagena S.A. E.S.P.	Las comunidades de Tierra Baja y Puerto Rey se reconocen a sí mismas como afrodescendientes. Además, mediante Resoluciones 2754 de junio 29 de 2010 (fl. 59) y 2737 de diciembre 18 de 2009 (fl. 55), la Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana de la Alcaldía de Cartagena, reconoció Consejos Comunitarios en los caseríos de Tierra Baja y Puerto Rey, lugares históricamente ocupados por esas comunidades.Dichas comunidades carecen, entre otras, de servicio de alcantarillado, y las aguas residuales corren por enfrente de las residencias. Se han presentado inundaciones de las vías de acceso y de las viviendas de dichas comunidades. estas inundaciones de los caseríos de Tierra Baja y Puerto Rey son consecuencia de las obras del proyecto de aguas residuales que sirve a la ciudad de Cartagena denominado “Emisario Submarino”, ejecutado por la empresa demandada.El 14 de mayo de 2012, los demandantes solicitaron a la entidad demandada explicar las razones por las cuales no se había realizado la consulta previa de la obra que estaban ejecutando, conocida como “Emisario Submarino”. Agregan que el trayecto terrestre del Emisario atraviesa la carretera de Puerto Rey, y pasa por el centro del territorio de Tierra Baja. Por otra parte dicen que las comunidades desconocen el plan de manejo ambiental respectivo, y que la obra le está causando diversos perjuicios, pues impide el flujo de aguas lluvias y residuales, lo cual produce inundaciones y estancamiento de las aguas	El 30 de agosto de 2012, Agustina Carmona de Manrique y Henry Guyzamano Vivas, actuando como representantes legales de los Consejos Comunitarios de Tierra Baja y Puerto Rey, respectivamente, interpusieron acción de tutela contra la Empresa Aguas de Cartagena S.A. E.S.P., al considerar que se vulneraron los derechos a la igualdad, al debido proceso, al respeto por la dignidad humana, y a la consulta previa, y por violación de los derechos consagrados en la Ley 70 de 1993, el Convenio 169 de la OIT, el Decreto 1320 de 1998, y de la Ley 99 de 1993. En consecuencia solicita que se ordene mitigar los perjuicios causados y se indemnice a las comunidades afectadas.	Recursos hídricos	No indica	Judicial	Corte Constitucional. Expediente T-3783191	CONCEDER la protección del derecho a la consulta de las comunidades negras de Tierra Baja y Puerto Rey. En consecuencia, ORDENAR a la empresa Aguas de Cartagena S.A. E.S.P. que, dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación de la presente Sentencia, solicite a la Dirección de Consulta Previa el Ministerio del Interior que, dentro de los cinco (5) días siguientes a la solicitud, convoquen a los consejos comunitarios de Tierra Baja y Puerto Rey para la realización de dicha consulta, la cual deberá protocolizarse a más tardar cinco (5) meses después de la primera reunión de convocatoria. La Alcaldía de Cartagena, como responsable de la prestación de los servicios públicos en el Distrito, deberá también ser parte del proceso de consulta previa, acudir a todas las reuniones y firmar la protocolización de los acuerdos.ORDENAR la conformación de un comité que les permita a los Consejos Comunitarios de Tierra Baja, Puerto Rey, Punta Canoa, Arroyo de Piedra, La Boquilla y Manzanillo del Mar, conocer los resultados del monitoreo y seguimiento de los efectos del Emisario Submarino, y cuando sea del caso, sugerir medidas de mitigación de sus efectos. La Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República intervendrán en el proceso de consulta y en el monitoreo de los efectos sociales, culturales y ambientales de la operación del Emisario Submarino, y mantendrán informada a la Sala que preside la Magistrada Sustanciadora de los resultados de su gestión.	Sentencia T-969 de 2014. Corte Constitucional de Colombia: Sacado de: https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2014/t-969-14.htm
Colombia	Resguardo indígena Awalibá, ubicado en el municipio de Puerto Gaitán, en el departamento del Meta	Eduardo González Pardo, en calidad de Defensor del Pueblo de la Regional Meta y en representación del Resguardo Indígena Awalibá, de la etnia Sikuani	Estado. Los Ministerios del Interior- Dirección de asuntos Indígenas, Rom y Minorías, y Dirección de Consulta Previa- y de Ambiente y Desarrollo Sostenible -la Dirección de Licencias, Permisos y Trámites Ambientales, la Agencia Nacional de Minería, Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, la Corporación para el Desarrollo Sostenible del área del Manejo Especial la Macarena-CORMACARENA-, Hocol S.A., Municipio de Puerto Gaitán (Meta), el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural –INCODER-(liquidado en la actualidad) y la Agencia Nacional de Hidrocarburos.	La principal fuente de agua del territorio indígena es el río Guarrojo, explica, el cual corresponde al límite del resguardo por el norte y en el que la comunidad realiza la mayoría de sus ritos ancestrales, labores de pesca y cacería, entre otros. Añadió que la base de la alimentación de la comunidad asentada en el resguardo en mención proviene de la agricultura, la pesca y la caza. Desde el año 2002, en la parte norte del resguardo indígena Awalibá, la cual limita con el Río Guarrojo, territorio ancestral de la comunidad indígena citada, la empresa Hocol S.A. inició procesos de exploración y sísmica para determinar si existía o no petróleo en el subsuelo. Mediante Resolución No. 2402 del 23 de diciembre de 2008,[4] el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial otorgó licencia ambiental global a la empresa Hocol S.A. para el desarrollo del proyecto denominado “Campo Ocelote-Guarrojo”, ubicado en la jurisdicción del Municipio de Puerto Gaitán en el Departamento del Meta. Manifiesta que a principios del año 2009, Hocol S.A. inició segunda etapa de producción petrolera a 1,48 kilómetros del límite más cercano al Río Guarrojo. Así, afirma que como consecuencia de la perforación, el caudal del río y los caños aledaños disminuyó. Además, recalcó que con los desechos de lodo y los químicos de extracción se crearon canales de erosión transportados a los caños y al río en comento, lo que, a su juicio, genera contaminación de las aguas y afectación de la alimentación de los miembros del resguardo Awalibá.[5] Posteriormente, mediante Resolución No. 1265 del 06 de julio de 2010,[6] el Ministerio mencionado modificó la Licencia Ambiental inicial, en el sentido de incluir la construcción y operación de diez plataformas multipozos, quedando autorizadas un total de treinta para el proyecto “Campo Ocelote-Guarrojo”, autorizar la construcción de nuevas vías de acceso, construcción de líneas de flujo, ampliación de las facilidades de producción y la modificación de permisos para el uso, aprovechamiento y afectación de recursos naturales renovables.	Eduardo González Pardo, en calidad de Defensor del Pueblo de la Regional Meta y en representación del Resguardo Indígena Awalibá, de la etnia Sikuani interpuso acción de tutela por considerar vulnerados los derechos fundamentales de tal Comunidad Indígena a la libre determinación, autonomía y participación de los pueblos indígenas, a la consulta previa, a la vida digna y al medio ambiente sano, presuntamente afectados por los Ministerios del Interior- Dirección de asuntos Indígenas, Rom y Minorías, y Dirección de Consulta Previa- y de Ambiente y Desarrollo Sostenible -la Dirección de Licencias, Permisos y Trámites Ambientales, la Agencia Nacional de Minería, Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, la Corporación para el Desarrollo Sostenible del área del Manejo Especial la Macarena-CORMACARENA-, Hocol S.A., Municipio de Puerto Gaitán (Meta), el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural –INCODER- (liquidado en la actualidad) y la Agencia Nacional de Hidrocarburos, según los hechos que a continuación son resumidos.	Recursos hídricos	No indica	Judicial	Corte Constitucional. Expediente T- 5.198.321	LEVANTAR la suspensión de términos decretada dentro del proceso y REVOCAR la decisión proferida el 10 de septiembre de 2015 por la Sala de Decisión de Tutelas No. 1 de la Corte Suprema de Justicia, que revocó parcialmente la decisión de la Sala Penal del Tribunal Superior de Villavicencio del 17 de junio de 2015, que concedió el amparo de los derechos fundamentales a la libre determinación, autonomía y participación de los pueblos indígenas, a la consulta previa, a la vida digna y al medio ambiente sano. En su lugar, TUTELAR los derechos fundamentales invocados a la libre determinación, autonomía y participación de los pueblos indígenas, a la consulta previa, a la vida digna y al medio ambiente sano de la comunidad Awalibá.ORDENAR al Ministerio del Interior, Dirección de Asuntos Indígenas, ROM y Minorías, al Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, al Ministerio de Cultura y a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, que dispongan lo necesario a fin de adelantar, dentro de los siguientes seis meses a la notificación de la presente sentencia, las pruebas técnicas que permitan determinar con certeza el grado de contaminación del Río Guarrojo, como consecuencia del desarrollo del proyecto de exploración y explotación de la empresa Hocol S.A. en el Campo Ocelote-Guarrojo y, con ello, el impacto que tal actividad ha generado sobre la comunidad indígena del Resguardo Awalibá del pueblo Sikuani, ubicada en el municipio de Puerto Gaitán (Meta). Para tal efecto se deberán atender los parámetros fijados en la Resolución 2115 de 2007. En el desarrollo de las pruebas y en el informe técnico con que concluya la investigación, deberá acompañar la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación. El Ministerio deberá invitar a participar en el proceso al instituto Cinara de la Universidad del Valle.	Sentencia T-298 de 2017. Corte Constitucional de Colombia. Sacado de: https://www.corteconstitucional.gov.co/Relatoria/2017/T-298-17.htm
Colombia	Resguardo de la comunidad indígena U´wa, localizada en los departamentos de Boyacá, Norte de Santander, Santander, Arauca y Casanare.	Jaime Córdoba Triviño, Defensor del Pueblo, en representación de varias personas integrantes del Grupo Etnico Indígena U'WA.	Estado. El Ministerio del Medio Ambiente y la empresa Occidental de Colombia, Inc., según la competencia de que es titular de conformidad con los artículos 86 y 241, numeral 9, de la Constitución y el decreto 2591 de 1991.	En el año de 1992 la Sociedad Occidental de Colombia, Inc., con base en un contrato de asociación celebrado con Ecopetrol, para la explotación de hidrocarburos en el país, inició ante el INDERENA los trámites necesarios destinados a obtener la correspondiente licencia ambiental, requerida para poder adelantar exploraciones sísmicas, en desarrollo del proyecto conocido como "EXPLOTACION SISMICA BLOQUE SAMORE", que le permitiera constatar la existencia de pozos o yacimientos petroleros, en una zona que comprende los municipios de Saravena, Tame y Fortul en el departamento de Arauca, Cubará en el departamento de Boyacá, y Toledo en el departamento Norte de Santander, con una extensión aproximada de 208.934 hectáreas, dentro de la cual se encuentran resguardos indígenas y parques naturales. El Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente (Inderena), a través de las Subgerencias del Medio Ambiente y de Bosques Aguas y Suelos realizó diferentes estudios que sirvieron de fundamento a los conceptos técnicos en los cuales se estimó viable la ejecución del aludido proyecto, pero haciéndose la salvedad de que "quedaban excluidos de toda actividad de prospección sísmica las áreas de los parques nacionales naturales de Tamá y El Cocuy". La Subdirección de Ordenamiento y Evaluación Ambiental del Ministerio del Medio Ambiente, emitió el concepto técnico No. 090 de julio 19 de 1994, el cual acogió en su totalidad los conceptos del INDERENA y consideró viable la ejecución del proyecto, sujeto al cumplimiento de medidas de orden técnico y ambiental.No obstante, dicha dependencia "llamó la atención en términos de la participación comunitaria y ciudadana y en lo que tiene que ver particularmente con la etnia U'wa asentada en el área de influencia puntual y local del proyecto, de conformidad con lo establecido en el artículo 330 de la Constitución, como en la ley 99 de 1993 en su artículo 76, específicamente en lo que hace referencia a la "consulta previa", así como en la legislación indígena nacional vigente".El Ministerio del Medio Ambiente como consulta previa, para los efectos de la expedición de la licencia ambiental, tuvo como tal la reunión que sostuvieron algunos miembros de la comunidad U'wa los días 10 y 11 de enero de 1995 en la ciudad de Arauca, con participación de representantes de los Ministerios de Minas y Energía y del Medio Ambiente, Ecopetrol y la Occidental de Colombia Inc. y, en tal virtud, procedió a expedir la resolución No. 110 de febrero 3 de 1995, mediante la cual se otorgó dicha licencia.No era procedente la expedición de la licencia ambiental, porque la aludida reunión no puede considerarse como válida para efectos de la participación de la comunidad que tanto la Constitución como las normas ambientales y la legislación indígena exigen cuando se trata de adoptar decisiones relativas a la explotación de recursos naturales en los territorios indígenas.	El Defensor del Pueblo, presentó ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá, acción de tutela contra el Ministerio del Medio Ambiente y la Sociedad Occidental de Colombia, Inc., en representación de 19 ciudadanos miembros del grupo étnico indígena U'wa, localizado en los departamentos de Boyacá, Norte de Santander, Santander, Arauca y Casanare, con una población superior a cinco mil (5000) personas, "a nombre de quienes se actúa en calidad de ciudadanos individualmente considerados y como integrantes del grupo étnico, para el que se reclama su reconocimiento como sujeto colectivo de derechos fundamentales, distribuido en 28 comunidades"	Suelo, flora y fauna	No indica	Judicial	Corte Constitucional. Expediente T-84771	CONFIRMAR la sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá -Sala Especial, de fecha 12 de septiembre de 1995, mediante la cual se concedió la tutela impetrada, pero con la modificación de que se tutelan, los derechos a la participación, a la integridad étnica, cultural, social y económica y al debido proceso de la comunidad U'wa.ORDENAR que con el fin de hacer efectivo el derecho fundamental de participación de la comunidad U'wa, conforme al numeral 2 del art. 40 de la Constitución, se proceda en el término de 30 días hábiles, a partir de la notificación de esta sentencia a efectuar la consulta a la comunidad U'wa.	Sentencia SU-039 de 1997. Corte Constitucional de Colombia. Sacado de: https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1997/SU039-97.htm
Colombia	Las comunidades negras del municipio de Buenaventura, en el departamento del Valle del Cauca	Gustavo Mestizo Ruiz	Estado. El Ministerio del Interior, el Ministerio de Vivienda, Ambiente y Desarrollo Territorial, la Alcaldía de Buenaventura, la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca y la Universidad del Pacífico.	El señor Mestizo Ruiz es habitante de los terrenos recuperados al mar en la isla Cascajal de Buenaventura, que están ubicados en las comunas 1, 2, 3, 4 y 5 de la zona urbana del Distrito y fueron construidos por las comunidades afrodescendientes que residen en ese lugar desde hace más de un siglo. Las dinámicas que precedieron la construcción de los terrenos permitieron que la población generara formas de vida basadas en su interacción con el mar, que fundamentaron el carácter ancestral típico de las comunidades negras.el municipio de Buenaventura está adelantando un proceso de renovación urbana que involucra la reubicación de 3400 hogares localizados en el sector sur de la isla Cascajal, donde se planea ejecutar el proyecto de espacio público Malecón Perimetral del Mar. Las familias desalojadas serían reubicadas en las viviendas que se construirán en la zona continental del estero de San Antonio, donde se está ejecutando el Macroproyecto de Vivienda de Interés Social Nacional San Antonio (en adelante, MVISNSA).Esa amenaza de reubicación generó una situación de desconcierto que ha roto los proyectos de vida personal, familiar y comunitaria de las comunidades afro que viven en la isla de Cascajal. Para el demandante, la ejecución de los macroproyectos puede afectar la economía, el medio ambiente y las prácticas tradicionales de producción del conglomerado social que habita la isla, afectando su autonomía e integridad cultural. Pese a esto, el Ministerio del Interior no adelantó el proceso de consulta previa, libre e informada al que tienen derecho las familias afectadas, como lo exige el Convenio 169 de la OIT. No se consultaron el Plan de Ordenamiento Territorial de Buenaventura de 2001, que contempló la necesidad de realizar proyectos de vivienda de interés social y de reubicación en el municipio, ni los documentos CONPES que propiciaron la ejecución del macroproyecto nacional para la construcción la ciudadela San Antonio y el proyecto del malecón perimetral. Por lo tanto, no se valoró el impacto que tendrán los planes de reubicación sobre la comunidad afrodescendiente de la isla, integrada por pescadores artesanales, recolectores, cortadores y vendedores de madera.	Gustavo Mestizo Ruiz[1] formuló acción de tutela contra los ministerios del Interior y de Justicia y de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial; la Alcaldía Distrital de Buenaventura, la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca y la Universidad del Pacífico, para obtener el amparo de los derechos fundamentales que estas entidades les habrían vulnerado a las comunidades negras asentadas en los territorios de Buenaventura donde pretenden realizarse ciertos macroproyectos de interés nacional. La acción fue promovida con base en los fundamentos fácticos y jurídicos que la Sala resumirá a continuación, siguiendo el relato del peticionario.	Recursos hídricos, flora y fauna	No indica	Judicial	Corte Constitucional. Expediente T– 3411524	Revocar las sentencias proferidas por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali el dieciséis (16) de diciembre de dos mil once (2011), en primera instancia, y por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, el diez (10) de febrero de dos mil doce (2012), en segunda instancia, en tanto denegaron el amparo de los derechos fundamentales del accionante, Gustavo Mestizo Ruiz. En su lugar, declarar improcedente la acción de tutela frente a la protección del derecho fundamental a la consulta previa y amparar, con efectos inter comunis, sus derechos fundamentales a la participación y a la vivienda digna.Ordenar a la alcaldía de Buenaventura que, dentro de los treinta (30) días siguientes a la comunicación de esta providencia, elabore un informe sobre el estado actual del proceso de reubicación de las personas, familias y comunidades que están asentadas en los terrenos de bajamar de la zona sur de la isla de Cascajal calificados como áreas en condiciones de amenaza y/o riesgo no mitigable, en los términos del Acuerdo 03 de 2001 (Plan de Ordenamiento Territorial de Buenaventura) y sobre los planes que existan en relación con futuras reubicaciones.	Sentencia T-550 de 2015. Corte Constitucional de Colombia. Sacado de: https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2015/t-550-15.htm
Colombia	Comunidad Media Luna Dos, en el departamento de la Guajira.	Comunidad Indígena Media Luna Dos	Estado. La Nación, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), el Ministerio del Interior y la empresa El Cerrejón.	Mediante Resolución 670 del 27 de julio de 1998, el entonces Ministerio de Ambiente estableció el Plan de Manejo Ambiental presentado por las empresas “Carbones de Colombia S.A.”, “International Colombia Resources Corporation (INTERCOR)” y “Carbocol”, relativo a la apertura y operación de las nuevas áreas a explotar en el Cerrejón Norte, ubicado en la jurisdicción de los municipios de Hatonuevo, Barracas y Maicao del departamento de la Guajira.Indicó que la Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior recibió varias comunicaciones por medio de las cuales la empresa El Cerrejón solicitó certificación de presencia de grupos étnicos en el área de influencia del proyecto “Expansión de Puerto Bolívar”, localizado en el sector de Puerto Bolívar en el municipio de Uribía, departamento de la Guajira.Se solicitó la protección del derecho que asiste a su comunidad de consulta previa y que, en consecuencia, se suspenda la Resolución 0428 de 2014 por medio de la cual la ANLA otorgó licencia ambiental para modificar el plan de manejo ambiental establecido a la empresa Carbones del Cerrejón Limited-Cerrejón, específicamente las actividades de aumento del volumen del dragado del canal navegable de acceso al puerto, la construcción de un nuevo muelle de remolcadores y la ampliación de la capacidad de la planta desalinizadora actual.	El 19 de octubre de 2015, Caiser Uriana, autoridad tradicional de la Comunidad Media Luna Dos, interpuso acción de tutela en procura de la protección de los derechos fundamentales a la consulta previa, ambiente sano, salud y debido proceso de dicha comunidad, los cuales estimó vulnerados por la Nación, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Ministerio del Interior, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y la empresa El Cerrejón. Lo anterior, por la expedición de la licencia ambiental Nº 0428 del 7 de mayo de 2014 para la modificación del Plan de Manejo Ambiental Integral establecido mediante Resolución 2097 del 16 de diciembre de 2005, en el sentido de autorizar la ejecución y puesta en marcha del proyecto “Expansión de Puerto Bolívar”.	Flora y fauna	No indica	Judicial	Corte Constitucional. Expediente T-5.451.805	TUTELAR el derecho fundamental a la consulta previa de la comunidad Media Luna Dos. En consecuencia, DEJAR SIN EFECTOS la Resolución Nº 0428 del 7 de mayo de 2014 que modifica el Plan de Manejo Ambiental Integral establecido mediante Resolución 2097 del 16 de diciembre de 2005, en el sentido de autorizar la ejecución y puesta en marcha del proyecto “Expansión de Puerto Bolívar”, hasta que se realice el trámite consultivo.ORDENAR a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales REVISAR, de acuerdo con el procedimiento previsto en el artículo 3 del Decreto Ley 3573 de 2011 y el artículo 62 de la Ley 99 de 1993, la Resolución 2097 de 2005 por medio del cual se establece y aprueba el Plan de Manejo Ambiental Integral de todo el proyecto minero “El Cerrejón” y sus consecuentes resoluciones, de conformidad con la parte motiva de esta providencia. En esa revisión deberá analizar si el Plan de Manejo Ambiental Vigente es suficiente para hacer frente a la contaminación que se produce por la explotación de carbón y, de haber lugar, modificar, suspender o cancelar la licencia ambiental otorgada al proyecto. En este trámite deberá GARANTIZAR los derechos de participación de toda la población que pueda verse comprometida por dicha revisión, y, en todo caso, cuando se afecten directamente derechos de comunidades indígenas, el mecanismo de participación que deberá implementar será la consulta previa. ORDENAR a la empresa El Cerrejón implementar un plan inmediato de mitigación de daños ambientales, sociales, culturales, en la zona, para lo cual, deberá compensar los daños causados por la explotación de carbón al ambiente y a los derechos de las comunidades afectadas. En caso de proceder la consulta para estas compensaciones, deberá realizarse con las comunidades afectadas.	Sentencia T-704 de 2016. Corte Constitucional de Colombia. Sacado de: https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2016/t-704-16.htm
Colombia	Comunidad indígena Embera-Katío del Alto Sinú, en el departamento de Córdoba	La comunidad indígena Embera-Katío	Estado. El Presidente de la República, los Ministros del Interior, Agricultura, Medio Ambiente, y Minas y Energía, la Alcaldía Municipal de Tierralta (Córdoba) y la Empresa Multipropósito Urrá S.A. - E. S. P. , por la presunta violación de los derechos fundamentales del pueblo Embera-Katío del Alto Sinú.	Mediante Resoluciones No. 27 (Febrero 20, 1989), No. 142 (Diciembre 18, 1992) y No. 167 (Diciembre 14, 1992), el Gobierno Nacional declaró de utilidad pública e interés social el territorio necesario para la construcción del proyecto hidroeléctrico Urrá I bajo la administración de la Corporación Eléctrica de la Costa Atlántica (CORELCA). El proyecto lo inició ISA en 1980, pasó a ser responsabilidad de CORELCA en 1982, y en 1992 se creó para manejarlo la Empresa Multipropósito Urrá S.A.El proyecto hidroeléctrico en cuestión se sitúa sobre el río Sinú en el Departamento de Córdoba. Dentro de los impactos ambientales comprobados se destacan la desviación del río Sinú, y la inundación de secciones de los territorios del pueblo Embera-Katío; los ingenieros consultores Gómez, Cajiao y Asociados Cia. Ltda. estimaron inicialmente el área de tales secciones en cuarenta y tres (43) hectáreas. Sin embargo, después de este estimado se manejaron diferentes cálculos y se generó incertidumbre alrededor de las dimensiones de la inundación.En el territorio tradicional de los Embera-Katío, dos porciones fueron constituídas como resguardos indígenas mediante las resoluciones 002/93 y 064/96 del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (INCORA).El 13 de abril de 1993, aunque no se había adelantado el proceso de consulta previa al pueblo Embera-Katío como lo requerían la Ley 21 de 1991 y el Artículo 330 de la Carta Política, el INDERENA le otorgó a CORELCA una licencia ambiental (Resolución 0243/93), para la construcción de las obras civiles y la desviación del río Sinú; quedó pendiente la licencia para la segunda etapa, de “llenado y operación del proyecto”.	No hay antecedentes, la primera actuación judicial presentada por la comunidad afectada fue la presente acción de tutela.	Flora y fauna	No indica	Judicial	Corte Constitucional. Expedientes acumulados T-168.594 y T-182.245	ORDENAR al Instituto Colombiano de la Reforma Agraria y al Ministerio del Interior que procedan, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación de esta providencia, cada una de esas entidades en lo que es de su competencia legal, a iniciar la actuación tendente a unificar el resguardo del pueblo Embera-Katío del Alto Sinú; además, deberán dar prioridad al trámite de esta actuación.ORDENAR a la Empresa Multipropósito Urrá s.a. que indemnice al pueblo Embera-Katío del Alto Sinú al menos en la cuantía que garantice su supervivencia física, mientras elabora los cambios culturales, sociales y económicos a los que ya no puede escapar, y por los que los dueños del proyecto y el Estado, en abierta violación de la Constitución y la ley vigentes, le negaron la oportunidad de optar.ORDENAR a los Ministerios del Interior y del Medio Ambiente que inapliquen del Decreto 1320 de 1998 en este proceso de consulta, pues resulta a todas luces contrario a la Constitución y a las normas incorporadas al derecho interno por medio de la Ley 21 de 1991.ORDENAR al Ministerio del Medio Ambiente y a la Corporación Autónoma Regional del río Sinú y el San Jorge (CVS) que, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta providencia, procedan a iniciar el proceso tendente a concertar el régimen especial que en adelante será aplicable al área de terreno en la que están superpuestos el parque nacional natural del Paramillo y los actuales resguardos indígenas, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 622 de 1997, pues la protección ecológica del parque nacional no puede hacerse a costa de la desaparición forzada de este pueblo indígena.	Sentencia T-652 de 1998. Corte Constitucional de Colombia. Sacado de: https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1998/T-652-98.htm#:~:text=Derecho%20al%20m%C3%ADnimo%20vital%20y,de%20atenci%C3%B3n%20a%20la%20salud.
Colombia	Municipio de Villavicencio, departamento del Meta	Hans Ricardo Tiuso Malagon	Estado. El Alcalde de Villavicencio y el señor Edgar Ardila Barbosa, en su calidad de representante legal de la entidad de derecho privado Bioagrícola del Llano S.A.	El actor es administrador de la finca "Marsella", ubicada en el kilómetro 18 de la vía que de Villavicencio conduce a Puerto López. En el sitio indicado y mas exactamente en el cruce con la vía Santa Rosa, y frente a la finca Marsella, en terrenos que son o fueron propiedad del señor Hernando Coy Cruz se organizará y pondrá en funcionamiento el basurero del Municipio de Villavicencio.El aludido basurero afectará y desde luego contaminará el ambiente y todo el sistema ecológico de la región de influencia del basurero, como el caño de agua dulce denominado el Cojuy, con el cual se beneficia gran parte de la población de Pompeya, situada a pocos kilómetros, y la zona adyacente reforestada en 30 hectáreas de bosques nativos, al igual que el pueblo de Santa Rosa, distante cinco kilómetros del sitio de dicho basurero.La empresa Bioagrícola del Llano S.A., agrega el demandante, tomó en arrendamiento el terreno en mención para convertirlo en relleno sanitario, más exactamente en basurero, el cual empezará a funcionar el 1° de enero de 1996.	Los antecedentes son la misma tutela pero en primera y segunda instancia. En primera instancia conoció la Sala Civil-laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, la cual, en providencia del 15 de diciembre de 1995 concedió la tutela impetrada. En segunda instancia conoció la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, que confirmó la decisión de primera instancia.	Flora, fauna y recursos hídricos	No indica	Judicial	Corte Constitucional. Expediente No. 91086	CONFIRMAR la sentencia de fecha treinta y uno (31) de enero de mil novecientos noventa y seis (1996) proferida por la Corte Suprema de Justicia -Sala de Casación Laboral- mediante la cual se confirmó la providencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio que concedió la tutela impetrada por el ciudadano Hans Ricardo Tuiso Malagón, con las precisiones hechas en la parte motiva.	Sentencia T257 de 1996. Corte Constitucional de Colombia. Sacado de: https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1996/T-257-96.htm
Colombia	Las comunidades de Caracolí y El Espinal, en el municipio de Riohacha, departamento de La Guajira	Las comunidades de Caracolí y El Espinal	Estado. Ministerio de Salud y Asociación Intercor-Carbocol.	En su opinión, la actividad minera que se cumple en la citada zona, y la omisión del Ministerio de Salud, ponen en peligro o amenazan la vida de los habitantes de aquella y los hace sujetos de trato degradante e infrahumano por parte del Estado Colombiano. Sostiene el peticionario que se viola y amenaza violar los Derechos Constitucionales garantizados por los artículos 11 y 12 de la Carta.el Ministerio de Salud expidió la resolución 02122 del 12 de febrero de 1992 en la que se registra "las gravísimas circunstancias de salud que afectaban a los habitantes del Tajo Sur; además, en aquella resolución se declaró como zona inhabitable la franja comprendida hasta 1000 metros, y zona de riesgo para la salud humana, animal y vegetal, la comprendida entre 1000 y 4500 metros, empero, la omisión de la autoridad administrativa contra la cual se dirige la acción "consiste en no haber ordenado el cese de actividades mineras, para impedir que familias humildes pusiesen en peligro sus vidas, estando, como estaban y están aún, en el derecho pleno de vivir en sus residencias, con la garantía de que el Estado les preserve el derecho a la conservación de sus vidas."Advierte el peticionario que resulta inaudito que el Ministerio de Salud haya omitido una medida prohibitiva o al menos conminatoria, máxime si aquel Despacho conoció de las graves violaciones y amenazas a los derechos de las personas habitantes de aquellas zonas; dicho Ministerio se limitó a integrar un Comité "interinstitucional" al cual no pudieron asistir los indígenas y campesinos perjudicados.Sostiene el accionante que cabe distinguir entre las violaciones o las amenazas de violación al Derecho a la Vida, de una parte y la violación al Derecho de Vecindad y al Derecho Colectivo al Ambiente de otra; así, sostiene que por lo primero cabe la Acción de Tutela como mecanismo directo, y por lo segundo procede la Acción de Tutela pues se trata de impedir un perjuicio irremediable. En este sentido señala lo siguiente: " De tal suerte que en el presupuesto fáctico de la vecindad del Tajo Sur (Proyecto Carbonífero El Cerrejón Zona Norte), quiénes estén residenciados en lo que la resolución 02122 de Minsalud llama zona INHABITABLE, estarían encuadrados como quiénes tienen sus vidas amenazadas por la contigüidad de grandes trabajos de minería; los otros serían los que simplemente viven en zona de riesgo para la salud. Pero ambas situaciones constituyen suficiente base para que la autoridad competente tramite y conceda la tutela de los derechos vulnerados y amenazados".	Los antecedentes son la misma tutela pero en primera instancia, presentada ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Riohacha, que ordenó denegar la tutela propuesta.	Flora y fauna	No indica	Judicial	Corte Constitucional. Expediente No. T-2679	Conceder la tutela del Derecho Constitucional Fundamental a la Vida y a la Integridad Personal de MILTON ORTIZ CARRILLO, su esposa y sus hijos menores, de DIOMEDES CARDONA y su familia, y de las específicas personas y familias residentes en las veredas de Caracolí y el Espinal del Municipio de Barrancas en el Departamento de La Guajira, que aparecen relacionadas en los folios 131, 132, 133 y 134 del expediente contentivos del estudio poblacional elaborado por la Organización Indígena YANAMA, los que se insertan como parte de esta sentencia.Ordenar a todas las entidades y dependencias competentes de los Ministerios de Salud Pública y de Minas y Energía que a más tardar dentro de los treinta (30) días siguientes a la comunicación de esta sentencia, tomen todas las medidas, ordenes, resoluciones y provisiones que sean necesarias y adecuadas para garantizar la efectiva protección de los Derechos Constitucionales Fundamentales a la Vida y a la Integridad Física de las personas y familias afectadas directamente por la situación de contaminación en las veredas de Caracolí y el Espinal del Municipio de Barrancas en el Departamento de la Guajira. Dichas autoridades y entidades, deberán precaver la conservación de la calidad de la vida y del medio ambiente sano en las mismas veredas en todo lo que se relacione con la contaminación ambiental producto de la actividad de la explotación minera del carbón, teniendo en cuenta el carácter de INHABITABLE y de ALTO RIESGO PARA LA VIDA HUMANA, VEGETAL Y ANIMAL señalado por la resolución número 02122 de 1991 (febrero 22) del Ministerio de Salud.	Sentencia T-528 de 1992. Corte Constitucional de Colombia. Sacado de: https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1992/T-528-92.htm#:~:text=%22La%20ley%20regular%C3%A1%20las%20acciones,que%20se%20definen%20en%20ella.
Colombia	Los hechos suceden en los barrios La Planta y Cocicoinpa localizados en el municipio de Bugalagrande en el Departamento del Valle del Cauca	Jesús María Sanguino en representación de Fundepúblico, por poder que a esta institución confirieran las juntas de acción comunal de los Barrios La Planta y Cocicoinpa	Empresa. Alcaldía del Municipio de Bugalagrande y Director de Saneamiento Ambiental de la Secretaría de Salud del Departamento del Valle.	La Compañía SOCOPAV LTDA, Sociedad Colombiana de Pavimentos, suscribió contrato con la empresa PAVING S.A. con el objeto de pavimentar las Carreteras Roldanillo-Bolivar y Roldanillo-la Unión del Departamento del Valle del Cauca. En cumplimiento de dicho contrato instaló una planta de mezcla asfáltica en terrenos pertenecientes al Departamento, situados en jurisdicción del municipio de Bugalagrande, entre el rio de su mismo nombre y la carretera central, colindante por el nororiente y por el noroccidente con los barrios cuyas juntas de acción comunal han interpuesto la presente acción de tutela. La planta, además, se encuentra cerca de una fábrica de productos lácteos. Desde Agosto 2 de 1991, la planta comenzó la extracción de materiales del rio, tales como piedra y agua necesarios para producir la mezcla asfáltica, con permiso provisional otorgado por la Corporación Autónoma del Valle CVC. De acuerdo con los demandantes, se hace necesario que la Empresa SOCOPAV LTDA se retire del casco urbano donde se encuentra ubicada, debido a que su instalación en ese sitio podría producir graves problemas ambientales, perjudicando tanto a los residentes del sector como a la empresa que se encuentra a pocos metros de ella. Así mismo, se enfatiza en la demanda que los funcionarios involucrados han actuado omisivamente al permitir el funcionamiento de la planta sin los requisitos básicos que exigen las leyes sobre sanidad ambiental, (especialmente el Decreto 02 de 1982), tales como licencia de funcionamiento expedida por la unidad de salud departamental, estudios de impacto ambiental y utilización de mecanismos que permitan disminuir los niveles de contaminación por las emisiones atmosféricas.Agrega la demanda que la extracción de materiales del río puede provocar sedimentaciones en los estribos de la variante del puente de Bugalagrande.	Los antecedentes son la misma tutela pero en primera y única instancia, presentada ante el Juzgado Primero Superior de Tuluá.	Recursos Hídricos	No indica	Judicial	Corte Constitucional. Expediente T-101	CONFIRMAR la providencia proferida el 19 de Diciembre de 1991 por el Juzgado Primero Superior de Tuluá . Por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.En todos aquellos casos similares al presente por sus hechos o circunstancias, siempre que se omitan estudios de impacto y/o permisos de funcionamiento, por el ejercicio de actividades que amenacen contaminar el ambiente, la doctrina constitucional enunciada en esta sentencia tendrá carácter obligatorio para las autoridades, en los términos del artículo 23 del decreto 2067 de 1991.	Sentencia T-415 de 1991. Corte Constitucional de Colombia. Sacado de: https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1992/t-415-92.htm
Colombia	Los territorios indígenas de la comunidad Embera de Uradá Jiguamiandó, y de otras comunidades ubicadas en los municipios de Frontino Murry, Urrao, Vigía del Fuerte, Carmen del Darién y el Murindó.	Álvaro Bailarín y otros	Estado. Los Ministerios del Interior y de Justicia; de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial; de Defensa; de Protección Social; y de Minas y Energía.	Manifestaron los actores que en abril 14 de 2004, la compañía Muriel Mining Corporation presentó un proyecto de contrato de concesión denominado Mandé Norte, para la exploración y explotación de una mina “de cobre, oro, molibdeno y minerales concesibles”, en los departamentos de Antioquia y Chocó. Refirieron los accionantes que en febrero 4 de 2005, el Gobernador de Antioquia suscribió el “Contrato Único de Concesión Minera”, con la sociedad Muriel Mining Corporation, en el cual se estableció un término de duración de 30 años, prorrogable por el mismo período, según lo dispuesto en la “cláusula 4.4.4.”. Indicaron los demandantes que el proyecto Mandé Norte, cubre parte de los territorios del Resguardo Indígena “Embera de Uradá Jiguamiandó” y afecta “a más de once comunidades indígenas, dos comunidades negras y un número indeterminado de comunidades campesinas”. Además, adujeron que la ejecución del proyecto perturba directamente “los territorios ancestrales de otras comunidades indígenas cuyos asentamientos y resguardos se encuentran en los municipios de Frontino Murry, Urrao, Vigía del Fuerte, Carmen del Darién y el Municipio de Murindó”.Aseveraron que el proyecto genera un grave impacto ambiental que “pone en riesgo la biodiversidad”, dado que la zona motivo de explotación y exploración es “rica en especies endémicas de flora y fauna - ocupa el segundo lugar en el mundo en especies de aves”; indicaron que “la extracción, el refino, el uso dispersivo y los residuos de los metales y los minerales pueden causar problemas ambientales locales significativos”. En el mismo sentido señalaron que afecta “las cabeceras de los ríos, nacimientos de aguas que sirven como fuente directa a las comunidades para su consumo”, donde se generaría un impacto ambiental en los “cultivos de pancoger, los animales y la salud de las personas, significando con esto la pérdida de las economías tradicionales, base de la supervivencia… de los pueblos indígenas y tribales”.Anotaron los accionantes que en marzo 27 de 2006, se dio inicio al “proceso de apertura de información de la consulta previa”, en Murindó, al cual asistieron el Consejo Comunitario Mayor, el Cabildo Mayor de dicho municipio, “un delegado de Ingeominas, otro de la dirección de etnias del Ministerio del Interior y de Justicia, un representante del Ministerio de Minas, el gerente de la empresa MMC, … 29 personas entre gobernadores y personas de las comunidades afrodescendientes y mestizas … que no tenían capacidad decisoria, para pactar acuerdos”	Los señores Álvaro Bailarín, Benerito Domico, Hugo Rentería Durán, Germán Pernía, Argemiro Bailarín Bailarín, José Miguel Majore Bailarín, Zaginimbi Bailarín, Macario Cuñapa Bailarín, Andrés Domico y Javier Bailarín Carupia (miembros de la Comunidad Bachidubi, Resguardo Río Murindó), elevaron acción de tutela en abril 23 de 2009, ante la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá, aduciendo vulneración de los derechos “a la vida, a la seguridad personal, a la consulta previa, a la existencia, a la integridad cultural y social, a la identidad cultural, a la autonomía de las comunidades culturales, a la protección de la riqueza de la Nación y al debido proceso”	Flora y fauna	No indica	Judicial	Corte Constitucional. Expediente T-2315944.	CONCEDER la protección de los derechos al debido proceso; a la consulta previa con las comunidades autóctonas y a la existencia, autonomía, integridad e identidad cultural y social de tales comunidades, al igual que a las riquezas naturales de la Nación.ORDENAR a todas las autoridades accionadas, que en el ámbito de sus respectivas funciones y de inmediato, hagan SUSPENDER las actividades de exploración y explotación que se estén adelantando o se vayan a adelantar, en desarrollo del contrato de concesión denominado Mandé Norte, para la exploración y explotación de cobre, oro, molibdeno y otros minerales, en los departamentos de Antioquia y Chocó.ORDENAR al Ministro de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, que antes de que se rehaga y extienda la consulta previa con todas las comunidades interesadas en el desarrollo del proyecto de exploración y explotación minera Mandé Norte, culmine los estudios científicos integrales y de fondo sobre el impacto ambiental que tal desarrollo pueda producir, difundiendo ampliamente los resultados entre las comunidades indígenas y afrodescendientes que puedan ser afectadas y evitando que se emitan licencias ambientales para la ejecución de proyectos de exploración y explotación que afecten la biodiversidad y el medio ambiente.ORDENAR al Ministro de Defensa Nacional que analice objetivamente y subsane las razones por las cuales las comunidades indígenas y afrodescendientes que ancestralmente habitan en la región irrigada por los ríos Jiguamiandó, Uradá y Murindó, no perciben el ingreso de la Fuerza Pública en sus territorios como garantía de seguridad.ORDENAR a INGEOMINAS que se abstenga de otorgar o suspenda, según el caso, las licencias de exploración y explotación minera en el proyecto Mandé Norte, hasta que no finalicen a cabalidad los estudios sobre el impacto ambiental y se realice la consulta previa de manera adecuada.	Sentencia T-769 de 2009. Corte Constitucional de Colombia. Sacado de: https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2009/t-769-09.htm
Colombia	Resguardo Turpial La Victoria, en el municipio de Puerto López, departamento del Meta	Marcos Arrepiche, actuando en su condición de Gobernador del Cabildo Indígena Resguardo Turpial – La Victoria y a través de apoderado judicial	Estado y empresa. Los Ministerios del Interior y de Justicia y de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y la empresa Meta Petroleum Limited.	El accionante manifiesta que el pueblo indígena Achagua es una minoría étnica de menos de 1.000 habitantes, compuesto por un solo caserío ubicado en el Resguardo Turpial La Victoria, en el municipio de Puerto López, el cual fue erigido mediante Resolución No. 052 de 1978 expedida por el Incora, hoy Incoder, a favor de las comunidades Piapoco y Achagua.Afirma que el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, mediante Resolución No. 1712 del 29 de agosto de 2006, otorgó licencia a la empresa Meta Petroleum Limited para la realización del proyecto Oleoducto de los Llanos, desde el campo Rubiales hasta las facilidades del CPF-Cusiana, sin cumplir con la consulta previa a que tiene derecho el Pueblo Indígena Achagua y Piapoco del Resguardo Turpial-La Victoria. Alega que frente a esa situación, el 4 de septiembre de 2008, las autoridades indígenas solicitaron al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial la realización de la consulta previa, la cual fue negada mediante oficio 2400-E2-101308 bajo el argumento de que el Ministerio del Interior y de Justicia no certificó la existencia de comunidades indígenas o negras en el área de influencia del proyecto. Resalta que la comunidad Achagua desconoce los criterios utilizados por la sociedad petrolera para fijar el área de influencia del mencionado proyecto.No obstante la advertencia hecha por la autoridad ambiental, a juicio del actor, la empresa petrolera y sus filiales han violado la licencia concedida al invadir el territorio de su comunidad, abrir broches y construir carreteras dentro de terrenos prohibidos, lo que ha generado graves impactos en el resguardo y en la reserva forestal, la cual ha sido arrasada por aserradores furtivos. Señala que más de cien árboles nativos “han sido talados como efecto de la presión demográfica sobre el territorio que ha desatado la presencia de la Compañía. Ésta al no hacer consulta previa, no concertó con la comunidad las medidas de prevención o mitigación de estos impactos que eran perfectamente previsibles”.Concluye que las autoridades indígenas de la comunidad Achagua, conscientes de su vulnerabilidad, durante el año 2008 gestionaron ante los funcionarios de “ODL y CRM la solución de las múltiples vulneraciones que está sufriendo la comunidad sin que se les haya solucionado tales impactos causados por la compañía”.	El señor Marcos Arrepiche, actuando en su condición de Gobernador del Cabildo Indígena Resguardo Turpial – La Victoria y a través de apoderado judicial, solicita[1] la protección de los derechos fundamentales a la consulta previa regulada por el Convenio 169 de la OIT, a otras formas de participación democrática, a la integridad étnica y cultural de la Nación y a la igualdad de culturas que conforman la Nación, presuntamente vulnerados por el Ministerio del Interior y de Justicia, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y la empresa Meta Petroleum Limited.	Flora y fauna	No indica	Judicial	Corte Constitucional. Expediente T-2.291.201	CONCEDER el amparo de los derechos fundamentales a la libre determinación, a la participación a través de la consulta previa, a la integridad cultural y a la supervivencia de la comunidad Achagua Piapoco.ORDENAR a los grupos de Asuntos Indígenas y Consulta Previa del Ministerio del Interior y de Justicia, al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, el Incoder, a la Alcaldía del municipio de Puerto López y la empresa ODL, que en el término de tres (3) meses contados a partir de la notificación de la presente providencia, realicen una consulta a las autoridades de la comunidad Achagua, con las características previstas en esta sentencia, con la finalidad de adoptar medidas de compensación cultural por los impactos y perjuicios causados a la comunidad dentro de su territorio ancestral con ocasión de la construcción del Oleoducto Campo Rubiales – El Porvenir, con miras a garantizar su supervivencia física, cultural, social y económica. Una vez se lleve a cabo la consulta, ORDENAR a estas autoridades y a la empresa demandada dar cumplimiento inmediato al acuerdo realizado con la comunidad.ENCARGAR la dirección del proceso de consulta al que hace referencia el numeral anterior, a la Defensoría Regional del Pueblo del departamento del Meta, entidad que, una vez finalizadas las reuniones y mesas de trabajo, deberá verificar el cumplimiento del acuerdo en los términos pactados, en conjunto con el juez de primera instancia. De las actuaciones que adelante en cumplimiento de estas ordenes, la Defensoría Regional del Pueblo del departamento del Meta deberá remitir sendos informes a esta Corporación en el término de seis (6) meses y un (1) año contados a partir de la notificación de esta providencia.	Sentencia T-693 de 2011. Corte Constitucional de Colombia. Sacado de: https://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2011/T-693-11.htm
Colombia	Las comunidades Negras y Afrocolombianas de Guacamayal, SUTO GENDE ASE NGANDE de Guacamayal, de Prado Sevilla, 16 de Julio de Sevilla, Tucurinca, jurisdicción del Municipio de Zona Bananera-Magdalena, Santa Rosa de Lima en Fundación y Algarrobo, todos ubicados en el departamento del Magdalena	Los representantes legales de los Consejos Comunitarios de las Comunidades Negras y Afrocolombianas de Guacamayal, SUTO GENDE ASE NGANDE de Guacamayal, de Prado Sevilla, 16 de Julio de Sevilla, Tucurinca, jurisdicción del Municipio de Zona Bananera-Magdalena, Santa Rosa de Lima en Fundación y Algarrobo	Estado. Los Ministerios del Interior, Medio Ambiente, Vivienda, Ciudad y Territorio y Transporte; de las Agencias Nacionales de Licencias Ambientales e Infraestructura, y de los Ferrocarriles del Norte de Colombia S.A. –Fenoco S.A.- y sus socios explotadores del carbón, Drummond, Prodeco (Glencore Xstrata) y Vale	Señalan que las comunidades que representan están asentadas en la vía férrea que opera el concesionario Ferrocarriles del Norte de Colombia S.A., junto con sus socios explotadores (Drummond, Vale y Prodeco), tramo que va desde Chiriguaná -Cesar- hasta Santa Marta -Magdalena-.Sostienen que esa línea férrea atraviesa sus territorios, por la cual se transporta el carbón que luego es exportado. Además, indican que actualmente se están realizando trabajos para una segunda línea férrea que también abarcaría sus terrenos.Por lo anterior, consideran que la explotación, transporte y exportación de carbón realizada por las empresas accionadas sobre sus territorios, sin haberlos consultado previamente, les afecta en la forma de vivir, en el medio ambiente, la autonomía, a sus niños y familias, sin que tengan la oportunidad de participar en dichas actividades. Partiendo de que el artículo 95 del Código de Minas establece que el acopio de material extraído hace parte del proceso de explotación, los accionantes resaltan que las empresas demandadas realizan acopio tanto en las minas como en los puertos de Ciénaga y Santa Marta, no obstante, antes de llegar a ellos, atraviesan su territorio. Para demostrar esto, traen a colación la demanda interpuesta por Fenoco S.A. contra el municipio de la Zona Bananera, que cursa en el Tribunal Administrativo del Magdalena, en la cual, a folios 10, 11 y 12, la empresa reconoce que es explotador minero. En vista de la afectación que consideran están padeciendo por causa de la actividad de las empresas demandadas, solicitaron a la Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior que oficiara a Fenoco S.A., Drummond, Prodeco S.A. y Vale, para que realizaran el proceso de consulta previa con los consejos comunitarios que representan. Sin embargo, afirman que en respuesta del 3 de diciembre de 2013, la entidad pública les manifestó que no les asiste el derecho a la consulta previa al no existir presencia de comunidades negras. Indican que el 1º de octubre de 2013 elevaron igual petición al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Territorio, solicitándole, además, que oficiara a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales con el fin de que no expidiera más licencias para la nueva línea férrea o, en su defecto, que no renovara la licencia de la antigua línea, hasta tanto no se realizara el proceso de consulta previa. No obstante, hasta la fecha no han obtenido respuesta alguna.En el mismo sentido, aducen que solicitaron a las empresas accionadas que iniciaran el proceso de consulta previa, pero solo Drummond respondió manifestando que ello era competencia de las autoridades ambientales y del Ministerio del Interior.Así entonces, los accionantes solicitan al juez de tutela la protección de sus derechos fundamentales a la consulta previa, a la integralidad territorial, a la autonomía, al medio ambiente sano, a la participación en beneficios de explotación, a la protección especial como grupos vulnerables y a la diversidad étnica	Los accionantes, quienes afirman ser los representantes legales de los Consejos Comunitarios de las Comunidades Negras y Afrocolombianas de Guacamayal, SUTO GENDE ASE NGANDE de Guacamayal, de Prado Sevilla, 16 de Julio de Sevilla, Tucurinca, jurisdicción del Municipio de Zona Bananera-Magdalena, Santa Rosa de Lima en Fundación y Algarrobo, todos ubicados en el departamento del Magdalena, instauraron acción de tutela en contra de los Ministerios del Interior, Medio Ambiente, Vivienda, Ciudad y Territorio y Transporte; de las Agencias Nacionales de Licencias Ambientales e Infraestructura, y de los Ferrocarriles del Norte de Colombia S.A. –Fenoco S.A.- y sus socios explotadores del carbón, Drummond, Prodeco (Glencore Xstrata) y Vale, por considerar que están vulnerando sus derechos fundamentales a la consulta previa, a la participación en beneficios de explotación, a la integridad territorial, a la autonomía, a un medio ambiente sano, a la protección especial como grupos vulnerables y a la diversidad étnica y cultural	Suelo y recursos minerales	No indica	Judicial	Corte Constitucional. Expediente T-4.520.563	ORDENAR a la empresa accionada, Ferrocarriles del Norte de Colombia S.A. –Fenoco S.A., que en un plazo máximo de dos (2) meses contados a partir de la notificación de este fallo, realicen las reuniones que sean necesarias para garantizar el derecho a la participación de la comunidad afectada, y en el marco de estos espacios, diseñar en conjunto con tales grupos, las medidas de compensación de los efectos sociales, de seguridad y en el medio ambiente, causados por el paso de los trenes, y discutir necesariamente lo atinente a (i) los horarios del paso de los trenes, (ii) una posible suspensión del transporte de carbón en determinadas horas, (iii) la viabilidad de la instalación de barreras que disminuyan las molestias por el ruido, (iv) los mecanismos de seguridad para el control del desplazamiento de personas de un lado de las vías al otro, entre otras discusiones que interesen a la comunidad perjudicada para lo cual deberán llevarse a cabo convocatorias públicas.	Sentencia T-660 de 2015. Corte Consticuional de Colombia. Sacado de: https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2015/t-660-15.htm
Colombia	Resguardo indígena Carijona de Puerto Nare, departamento de Guaviare.	Martín Narváez Gómez en calidad de Capitán del resguardo indígena Carijona de Puerto Nare	Estado. LaPresidencia de la República y otros.	Afirman los accionantes que la cultura, la lengua y el pueblo Carijona que habita en el resguardo de Puerto Nare (Guaviare) se encuentran en “peligro de extinción”, puesto que desde hace 10 años, el número de familias que lo componen se redujo de 146 a 42, entre los que se cuentan los últimos 2 sabedores de los ritos, bailes y canciones ancestrales -una abuela y un abuelo- y 16 de los últimos hablantes entre 30 y 77 años de edad. Agregan que la comunidad Carijona del resguardo de Puerto Nare -representada por el capitán del resguardo Martín Narváez- se encuentra asentada al sur del municipio de Miraflores (Guaviare), en las regiones comprendidas por el alto Vaupés y el río Yarí. Manifiestan que esta disminución en el número de integrantes de la comunidad se debe principalmente al desplazamiento de la población Carijona fuera del resguardo, con ocasión de las fumigaciones aéreas a los cultivos ilícitos con glifosato que desde hace 20 años se realizan sobre el territorio en el cual se asienta esta comunidad étnica. También relatan que no obstante el alto peligro de extinción de los Carijona, se realizan operaciones de erradicación de cultivos ilícitos mediante aspersiones aéreas de glifosato sobre el resguardo de Puerto Nare, sin que las entidades accionadas hayan realizado la respectiva consulta previa a dicha comunidad, conforme lo establece la sentencia SU-383 de 2003 de la Corte Constitucional. En consecuencia, solicitan al juez de tutela que ordene a las entidades accionadas la suspensión de las campañas de erradicación de cultivos ilícitos mediante aspersión aérea con glifosato, hasta que se adelante proceso de consulta previa con el pueblo Carijona del resguardo de Puerto Nare (Guaviare) y con otras comunidades indígenas vecinas. Además, piden que se remitan copias de los expedientes de las supuestas consultas previas realizadas a los pueblos indígenas de la región[6] al Procurador General de la Nación, para lo de su competencia.	Se presentó acción de tutela en única instancia ante el Tribunal Superior de Villavicencio, Sala Penal. El fallador de instancia avocó conocimiento por auto del 16 de febrero de 2015 y ordenó correr traslado de la demanda a los Ministros de Defensa, Interior, Ambiente y Justicia y del Derecho, así como a la Presidencia de la República y al Director de Antinarcóticos de la Policía Nacional. Allí se profirió sentencia de única instancia el 25 de febrero de 2015, en la que resolvió (i) negar el amparo constitucional solicitado por el accionante, y (ii) prevenir a la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional para que se abstenga de realizar procedimientos de erradicación de cultivos ilícitos sin cumplir con los requisitos legales. Posteriormente se presentó recurso de revisión.	Flora y fauna	Desplazamiento frozado.	Judicial	Corte Constitucional. Expediente T-5.120.337	REVOCAR el fallo proferido el veinticinco (25) de febrero de 2015 por el Tribunal Superior del Distrito de Villavicencio -Sala Penal-, que negó el amparo en la acción de tutela instaurada por Martín Narváez autoridad indígena del resguardo de Puerto Nare y Jairo Augusto Murcia Archila/Yaroka en calidad de asesor-agente representante para la Salvaguardia de la Cultura y Lengua del Pueblo Carijona del Resguardo de Puerto Nare (Guaviare), contra la Presidencia de la República y otros. En su lugar, CONCEDER a los actores el amparo de sus derechos fundamentales a la consulta previa y posterior, a la integridad étnica y cultural, a la libre determinación, a la salud en conexión con la vida y al medio ambiente sano por las razones expuestas en la parte motiva de la providencia. DECLARAR que a los demandantes, en tanto miembros de la comunidad indígena Carijona y sujetos de especial protección constitucional, se les desconoció el derecho fundamental a la realización de una consulta previa, libre e informada, frente a la implementación del programa de erradicación aérea de cultivos ilícitos en sus territorios ancestrales en el departamento de Guaviare.ORDENAR al Ministerio del Interior, al Ministerio de Justicia, al Ministerio de Ambiente y al Ministerio de Salud con el apoyo de la Defensoría del Pueblo y del Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH) que realicen un proceso de consulta a las autoridades de la comunidad Carijona (resguardo Puerto Nare) siguiendo los parámetros establecidos en la parte motiva con la finalidad de adoptar medidas de etno-reparación y compensación cultural frente a los impactos y perjuicios causados a la comunidad dentro de sus territorios por el desarrollo del programa de erradicación aérea de cultivos ilícitos con glifosato, que garanticen su supervivencia física, cultural, espiritual y económica.	Sentencia T-080 de 2017. Corte Constitucional de Colombia. Sacado de: https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/t-080-17.htm
Colombia	Municipio de Nóvita, departamento del Chocó.	Personería municipal del municipio de Nóvita	Estado. La Presidencia de la República, el Ministerio del Interior, el Consejo Nacional de Estupefacientes, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Ministerio de Vivienda, la Dirección Nacional de Estupefacientes y la Policía Nacional (Dirección Antinarcóticos).	El Personero manifestó que “dentro del marco del Plan Colombia, la Presidencia de la República, por conducto del Consejo Nacional de Estupefacientes, ha ordenado la erradicación por aspersión aérea de los cultivos ilícitos existentes en las zonas rurales del territorio nacional, utilizando para el efecto glifosato mezclado con coadyuvantes POEA y Cosmo Flux 411 F. Debido a las condiciones geográficas y climáticas del municipio de Nóvita (Chocó), la forma de aplicar el glifosato sobre los cultivos ilícitos “no es efectiva ni precisa”. Al ser un líquido esparcido mediante avionetas, por los vientos y lluvias, “van a parar a los cultivos lícitos, de los agricultores, a las fuentes hídricas y a las zonas habitadas”. Como consecuencia de lo anterior, expresó que se han generado daños al ambiente, al alimento de las familias indígenas y afrodescendientes que viven de la agricultura y a las fuentes de agua de las que se abastecen.Finalmente, alegó que acorde con el bloque de constitucionalidad y las obligaciones impuestas por el Convenio 169 de la OIT, el Estado tiene el deber de consultar con las comunidades indígenas y afrodescendientes todas las medidas administrativas y/o legislativas que las afecten, y por tanto, las actividades de aspersión de glifosato sobre sus territorios o aledaños a ellos con el objeto de erradicar cultivos ilícitos, es una de aquellas medidas que debe consultarse previamente. En consecuencia, solicitó al juez de tutela como medida provisional, ordenar que se suspendiera de manera inmediata “toda actividad y/o proyecto de fumigación por aspersión aérea con glifosato que haya de ejecutarse o se esté ejecutando en el Municipio de Nóvita, hasta que no sea consultada y concertada dicha medida con las comunidades afrodescendientes y los pueblos indígenas susceptibles de ser afectados”.	El Personero Municipal de Nóvita, Chocó, solicitó que se tutelaran los derechos fundamentales a la consulta previa, a la salud, a la identidad cultural y étnica y a la libre determinación de los pueblos indígenas y afrodescendientes asentados en varios corregimientos del municipio de Nóvita, y en consecuencia, que se ordenara a las entidades públicas demandadas adelantar una consulta con las comunidades afectadas sobre las decisiones del “Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos con Glifosato” e implementar un programa para indemnizarlas para la recuperación de sus cultivos y fuentes de sustento que fueron contaminadas por la fumigación.	Flora, fauna y recursos hídricos	No indica	Judicial	Corte Constitucional. Expediente T-4.245.959	REVOCAR el fallo proferido el 18 de septiembre de 2013 por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, que negó la acción de tutela promovida por el Personero Municipal de Nóvita, Chocó, y en su lugar CONCEDER la tutela de los derechos fundamentales a la consulta previa de las comunidades indígenas y afrodescendientes asentadas en ese municipio, así como del derecho a la salud y al ambiente sano de todas las personas que lo habitan. ORDENAR al Gobierno Nacional que por medio de las entidades que determine el Consejo Nacional de Estupefacientes, adelante un proceso de consulta con las comunidades étnicas de Novita, Chocó, mediante un procedimiento apropiado, teniendo en cuenta los parámetros fijados en el apartado 4.7 de la parte motiva de esta sentencia, en orden a establecer el grado de afectación que el Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante Aspersión Aérea con Glifosato (PECIG), mientras estuvo vigente, causó en la integridad física, cultural, social y económica de dichas comunidades. Dentro del término de la consulta el Consejo Nacional de Estupefacientes, deberá proferir una resolución en la que se consignen los resultados de la misma. De no ser posible una decisión concertada entre el Gobierno Nacional y las comunidades, corresponderá al Consejo Nacional de Estupefacientes, con base en evidencia científica, definir el nivel de afectación, de acuerdo con los parámetros fijados en el apartado 4.7 de la parte motiva de esta sentencia, sin desconocer las inquietudes y expectativas de las comunidades étnicas consultadas, con el fin de mitigar, corregir o restaurar los efectos de las medidas que pudieron tomarse sin su participación, sobre las riquezas culturales y naturales de las comunidades afectadas.	Sentencia T-236 de 2017. Corte Constitucional de Colombia. Sacado de: https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/T-236-17.htm
Colombia	Municipio de San José de Uré, departamento de Córdoba	Javier Martín Rubio, Israel Manuel Aguilar Solano y Luis Hernán Jacobo Otero	Estado y empresas. La sociedad BHP Billiton, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, Ministerio de Minas y Energía, Ministerio de Salud y Protección Social, la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA- y el Instituto Colombiano de Geología y Minería -INGEOMINAS-, el Ministerio de Minas y Energía, la Agencia Nacional de Minería y la empresa Cerro Matoso S.A.	El 13 de noviembre de 1996 se celebró un contrato de exploración y explotación, el núm. 051-96M, según el cual el Gobierno Nacional otorgó a Cerro Matoso S.A. el derecho a explotar las áreas ya asignadas por las concesiones números 866 de 1963 y 1727 de 1971 hasta el año 2029, pudiendo prorrogarse este derecho hasta el año 2044.Asegura el peticionario que, tal y como lo sostiene la Contraloría General de la República, el proyecto minero amparado por el contrato núm. 051-96M, referido en el hecho anterior, no cuenta con licencia ambiental, “toda vez que a éste le fueron incorporadas las áreas de los contratos 866 y 1727, actualmente no cuentan con ninguna autorización ambiental que ampare las actividades de explotación que allí se realizan, conforme se dispone en el artículo 208 del Código de Minas, norma a la que se acogió CERRO MATOSO S.A. para estos dos contratos, pues los antiguos permisos ambientales con los que cuenta la empresa no cubren todo el territorio de explotación y por ende es necesario que la empresa minera trámite de manera prioritaria una licencia que comprenda todas las áreas de la concesión”.Explica el accionante que, con ocasión de la explotación minera, la cual se desarrolla en el epicentro del Resguardo Zenú del Alto San Jorge, y especialmente con la construcción en 1980 de unos hornos, “los habitantes de los municipios cercanos a la mina empezaron a percatarse de un cambio drástico del entorno, sintiendo los impactos negativos en su territorio, el medio ambiente, sus fuentes hídricas y su salud”.Según el demandante, la empresa no ha adoptado los controles necesarios para evitar la contaminación de las fuentes hídricas, “y con ocasión de dicha actividad ha proliferado el cáncer y el aumento de los casos de aborto entre sus habitantes, situaciones que no obstante las quejas y denuncias de la comunidad, no han sido atendidas”.	El 28 de junio de 2013, el ciudadano Javier Martín Rubio Rodríguez, actuando en calidad de agente oficioso, formuló acción de tutela contra la sociedad BHP Billiton, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, el Ministerio de Minas y Energía, el Ministerio de Salud y Protección Social, la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge -CVS-, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA- y el Instituto Colombiano de Geología y Minería -INGEOMINAS-	Flora, fauna y recursos hídricos	No indica	Judicial	Corte Constitucional. Expedientes No.: T-4.126.294 y T-4.298.584	REVOCAR la sentencia proferida el 15 de julio de 2013, por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería, dentro de la acción de tutela formulada por el ciudadano Javier Rubio Rodríguez contra BHP Billiton, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, el Ministerio de Minas y Energía, el Ministerio de Salud y Protección Social, la Corporación de los Valles del Sinú y San Jorge –CVS, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA-, y el Instituto Colombiano de Geología y Minería INGEOMINAS-. En su lugar, DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo formulado por falta de legitimación por activa.REVOCAR el fallo proferido el 16 de diciembre de 2013, por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, mediante la cual confirmó la sentencia de primera instancia emitida el 31 de julio de 2013 por la Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, dentro de la acción de tutela formulada por el Gobernador y Cacique Mayor del Resguardo Indígena Zenú del Alto San Jorge, Israel Manuel Aguilar Solano, y el Presidente del Consejo Comunitario de Comunidades Negras de San José de Uré, Luis Hernán Jacobo, contra el Ministerio de Minas y Energía, la Agencia Nacional de Minería y la empresa Cerro Matoso S.A. En su lugar, AMPARAR los derechos fundamentales a la consulta previa, a la salud y al disfrute de un medio ambiente sano de las comunidades étnicas Bocas de Uré, Centro América, Guacarí-La Odisea, Pueblo Flecha, Puente Uré, Puerto Colombia, Torno Rojo y el Consejo Comunitario de Comunidades Negras de San José de Uré.	Sentencia T-733 de 2017. Corte Constitucional de Colombia. Sacado de: https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/t-733-17.htm
Colombia	Cabildo indígena La Luisa, de la comunidad Pijao, en el municipio del Guamo, en el departamento del Tolima.	Luis Silvestre Suárez, en su calidad de gobernador del cabildo indígena La Luisa del Pueblo Pijao	Estado. El Ministerio del Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible), Ministerio del Interior, Instituto Nacional de Concesiones -INCO- (hoy Agencia Nacional de Infraestructura), Instituto Nacional de Vías -INVIAS-, Corporación Autónoma Regional del Tolima -Cortolima-, y Alcaldía Municipal del Guamo, Tolima.	El Instituto Nacional de Vías, INVIAS, celebró con el concesionario Consorcio Luis Héctor Solarte Solarte y Carlos Alberto Solarte Solarte, el contrato No. 0849 del 19 de julio de 1995 con el objeto de ejecutar por el sistema de concesión (art. 32, numeral 4, de la Ley 80 de 1993), los estudios y diseños definitivos, las obras de rehabilitación y de construcción, la operación y el mantenimiento de la carretera Neiva-Girardot, en los departamentos de Huila, Tolima y Cundinamarca, el cual sufrió cuatro modificaciones: marzo 13 de 1996, enero 17 de 1997, abril 17 de 1998 y abril 6 de 1999, la aclaración de agosto 6 de 1998, el acta de autorización de obras complementarias de marzo 12 de 1997, el acta de acuerdo de obras complementarias de diciembre 23 de 1997 y el acta de compromiso de julio 13 de 1998, y el convenio del 28 de diciembre de 2000.La Dirección de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior y de Justicia mediante oficio OF106-15960-DET-1000 del 12 de julio de 2006, certificó que en el área de influencia del proyecto no se registran comunidades negras o indígenas.La comunidad indígena La Luisa del Pueblo Pijao, asentada en la vereda La Luisa del sector La Guaca en jurisdicción del municipio del Guamo, Tolima, fue reconocida como parcialidad indígena por el Ministerio del Interior y de Justicia, Dirección de Asuntos Indígenas, a través de la Resolución No. 0097 del 10 de agosto del 2010.El Gobernador del Cabildo Indígena La Luisa mediante derecho de petición dirigido al Viceministro del Interior y de Justicia, de fecha 13 de septiembre de 2010, solicitó la realización de la consulta previa a la comunidad indígena que representa, y la adopción de las medidas necesarias para prevenir, corregir, compensar y mitigar la afectación causada a la comunidad por la construcción de la variante el Guamo de la vía Panamericana. La Coordinadora del Grupo de Consulta Previa del Ministerio del Interior y de Justicia, dio respuesta al derecho de petición mediante escrito del 24 de septiembre de 2010, indicando que había solicitado al INCO información sobre el proyecto de construcción de la variante el Guamo de la vía Panamericana en la vereda La Luisa, sector La Guaca, municipio del Guamo, departamento del Tolima, y que una vez reciba la información requerida, procedería a adelantar las acciones a que haya lugar en cumplimiento de los artículos 6, 7, 93, 94 y 330 de la Constitución Política y la Ley 21 de 1991 que aprueba el Convenio 169 de la OIT, “en donde se establece realizar consulta previa a los grupos étnicos cuando se pretende realizar obras o actividades en sus territorios, con el fin de buscar una concertación que permita el desarrollo del proyecto sin menoscabar la integridad y cultura de las comunidades étnicas.	El ciudadano Luis Silvestre Suárez, en su calidad de gobernador del cabildo indígena La Luisa del Pueblo Pijao, asentado en la vereda La Luisa del sector La Guaca en jurisdicción del municipio del Guamo, Tolima, interpuso acción de tutela, el treinta (30) de agosto de dos mil once (2011), contra diferentes entidades públicas por considerar que vulneraron el derecho fundamental a la consulta previa, la integridad étnica y el debido proceso de todos los integrantes de dicha colectividad al adelantar la construcción del proyecto variante el Guamo en su territorio ancestral y afectar de manera negativa su entorno natural y el yacimiento arqueológico que allí se encuentra.	Flora, fauna y suelo.	No indica	Judicial	Corte Constitucional. Expediente T-3573767	ORDENAR a la Agencia Nacional de Infraestructura, dentro de las 48 horas siguientes a la comunicación de esta providencia, vincular a la comunidad indígena La Luisa del Pueblo Pijao, asentada en la vereda La Luisa, sector La Guaca, jurisdicción del municipio del Guamo, Tolima, y ubicada en la zona de influencia del proyecto vial variante El Guamo, de conformidad con lo que establece el parágrafo 1º del artículo 3 del Decreto 1320 de 1998.Por Secretaría General, COMUNICAR al Ministerio del Interior la presente providencia, con el fin de que dentro de las 48 horas siguientes a tal comunicación, disponga el acompañamiento del proceso de consulta previa de comunidad indígena La Luisa del Pueblo Pijao, asentada en la vereda La Luisa, sector La Guaca, jurisdicción del municipio del Guamo, Tolima, y ubicada en la zona de influencia del proyecto vial variante El Guamo, de conformidad con lo que establece el parágrafo 1º del artículo 3 del Decreto 1320 de 1998, con el fin de garantizar sus derechos.	Sentencia T-933 de 2012. Corte Constitucional de Colombia. Sacado de: https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2012/T-993-12.htm
Colombia	Municipios de Cartagena, María la Baja, Arjona, San Onofre, San Pedro Sucre, San Juan de Betulia, Corozal, Morroa, Sincelejo, Tolú Viejo, Turbana y Ovejas, en los departamentos de Bolivar y Sucre.	Los miembros del Consejo Comunitario de Ma-Majari del Níspero, el Consejo Comunitario de Flamenco y la Asociación de Pescadores y Agricultores Artesanales de Pasacaballo (Agropez)	Estado. La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y otros.	Los señores Arnulfo Cardosi Julio, actuando en calidad de representante del Consejo Comunitario de Ma-Majari del Níspero - Corregimiento de María la Baja, Pedro María Iglesia Torres, representante del Consejo Comunitario de Flamenco y Manuel Ahumedo Sossa, en su condición de representante legal de la Asociación de Pescadores y Agricultores Artesanales de Pasacaballos - (Agropez), afirman que mediante certificación número 618 del 2 de abril de 2014, la Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior le informó a la empresa Promigas S.A. E.S.P. que en el proyecto de “construcción y operación del Gasoducto Loop San Mateo – Mamonal” se registraba únicamente la presencia de indígenas en la parcialidad La Peñata.Indican los accionantes que el referido acto administrativo igualmente determinó que “no se registraba presencia de comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras en el área del proyecto construcción y operación del Gasoducto Loop San Mateo – Mamonal.”. Conforme a los documentos allegados el “Gasoducto Loop San Mateo – Mamonal” tendrá una longitud de 190 kilómetros y conectará las zonas de producción encontradas en los pozos de Mamey y Bonga de Hocol con los centros industriales de la región, iniciará en el municipio de Ovejas en Sucre y terminará en Mamonal, Cartagena. Tendrá como finalidad aumentar la capacidad de trasporte del gasoducto existente y atender la demanda de gas natural en esa zona del país.Teniendo en cuenta lo anterior, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA expidió la Resolución número 0805 del 9 de julio de 2015, mediante la cual otorgó Licencia Ambiental a la empresa Promigas S.A. E.S.P. para desarrollar el proyecto “Construcción y operación del Gasoducto Loop San Mateo – Mamonal”.Aseveran los peticionarios que, debido a las decisiones administrativas expedidas por el Ministerio del Interior y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, a la fecha solo se ha consultado a la comunidad indígena de La Peñata.	Los miembros del Consejo Comunitario de Ma-Majari del Níspero, el Consejo Comunitario de Flamenco y la Asociación de Pescadores y Agricultores Artesanales de Pasacaballo (Agropez) interpusieron acción de tutela en contra de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), la Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior, el Establecimiento Público Ambiental (EPA Cartagena), la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique (Cardique); las alcaldías de Cartagena, María la Baja, Arjona, San Onofre, San Pedro Sucre, San Juan de Betulia, Corozal, Morroa, Sincelejo, Tolú Viejo, Turbana y Ovejas, las Gobernaciones de Bolívar y Sucre, la Corporación Autónoma Regional de Sucre (Carsucre) y Promigas S.A. E.S.P. por considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la integridad social, cultural y económica, a la participación democrática, a la consulta previa, a la existencia y al debido proceso	Flora y fauna	No indica	Judicial	Corte Constitucional. Expediente T-5.286.367	REVOCAR la sentencia de fecha 15 de octubre de 2015 proferida por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, y la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar de fecha 25 de agosto de 2015, y en su lugar CONCEDER la protección del derecho a la consulta previa a los Consejos Comunitarios de Ma-Majari del Níspero, de Flamenco y de Pasacaballo en los términos de esta providencia. ORDENAR que en el término de 48 horas siguientes a la notificación de esta providencia el Ministerio del Interior y Promigas S.A. E.S.P. den inicio a los pasos necesarios para comenzar el proceso de consulta con los Consejos Comunitarios de Ma-Majari del Níspero y de Flamenco en los términos expuestos en esta providencia. ORDENAR la suspensión inmediata de las obras que se estén ejecutando en el marco del proyecto de “construcción y operación del Gasoducto Loop San Mateo – Mamonal en la zona de influencia del Consejo Comunitario de Pasacaballo. En igual medida se dispondrá la suspensión de los efectos de la Resolución número 0805 del 9 de julio de 2015 hasta la realización de la consulta.ORDENAR que en el término de 48 horas siguientes a la notificación de este fallo el Ministerio del Interior y Promigas S.A. E.S.P. den inicio a los pasos necesarios para comenzar el proceso de consulta con el Consejo Comunitario de Pasacaballo en los términos expuestos en esta providencia. En igual medida se precisa que el proceso de consulta adelantado solo será constitucionalmente válido si tiene en cuenta el consentimiento previo, libre e informado del Consejo Comunitario de Pasacaballo de cara a la intervención asociada a las obras del gasoducto. El proceso consultivo no podrá asimilarse a trámites administrativos o reuniones informativas.	Sentencia T-197 de 2016. Corte Constitucional de Colombia. Sacado de: https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2016/t-197-16.htm
Colombia	Pueblo indígena Motilón Barí, departamento de Norte de Santander	Pueblo Indígena Motilón Barí	Estado. El Ministerio del Interior y de Justicia y otros	Integrantes del Pueblo Indígena Motilón Barí denunciaron ante la Defensoría Regional del Pueblo de Norte de Santander que su territorio estaba siendo intervenido y el 7 y el 12 de diciembre de 2002 la Directora de la entidad se dirigió al Defensor Delegado para Indígenas y Minorías Etnicas y al Director Nacional de Atención y Trámite de Quejas, con el fin de solicitarles recaudar información al respecto “(…) PARA PROTEGER EL ULTIMO RELICTO (SIC) DE BOSQUE HUMEDO TROPICAL EXISTENTE EN EL NORORIENTE DEL PAIS ASI COMO LOS ASENTAMIENTOS DE LAS COMUNIDADES INDIGENAS BARÍ. El 6 de febrero de 2003, el Gerente de Prospección de Exploración de ECOPETROL S.A.en respuesta a la solicitud de información sobre las actividades adelantadas en el Parque Nacional Natural Catatumbo Barí, ya relacionada, se dirigió al Director Nacional de Atención y Trámite de Quejas de la Defensoría del Pueblo para informarle i) que la empresa Geocol Ltda., contratista de ECOPETROL S.A. elaboraba un “Estudio de Impacto Ambiental del Area de Perforación Exploratoria Alamo, localizada en jurisdicción del municipio de Tibu, Norte de Santander” y ii) que “[c]on el fin de dar cumplimiento a los Decretos 1320 de 1998 y 1728 de 2002, ECOPETROL ha solicitado al Ministerio del Interior la certificación sobre existencia o no de comunidades negras e indígenas legalmente constituidas en el área prevista para el proyecto, a lo que dicho Ministerio aún no ha dado la respectiva respuesta”.El 1° de abril de 2005, según informe presentado por la señora Amanda Londoño González –Asesora- al Defensor del Pueblo Delegado Asuntos Etnicos, en reunión adelantada “en la Dirección de Etnias sobre el caso de los indígenas Motilón Barí, las asesores de estos indígenas demostraron a través de documentos que la Dirección de Etnias había comunicado al Ministerio del Medio Ambiente (sic) en el año 2002 la presencia de comunidades indígenas en el área factible de exploración de petróleo”.El 19 de octubre de 2005 el Defensor Delegado para Indígenas y Minorías Etnicas, en comunicación de la fecha, manifestó a la Directora de Licencias Permisos y Trámites Ambientales del Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, “la preocupación de esta Delegada frente a la afirmación de los líderes del pueblo (sic) Barí	Miembros del Pueblo Indígena Motilón Barí, caciques, líderes e integrantes de las distintas comunidades que lo conforman, demandan la protección de sus derechos a la diversidad étnica y cultural, a la participación en las decisiones que los afectan, a la vida y a la integridad, que consideran vulnerados, porque el Ministerio del Interior y de Justicia expidió una certificación que los desconoce y el Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial una licencia ambiental, para adelantar una explotación y exploración de petróleo en su territorio, sin consultarlos.	Flora y fauna	No indica	Judicial	Corte Constitucional. Expediente T-1352585	CONFIRMAR las sentencias proferidas por el H. Tribunal Administrativo de Norte de Santander -4 de noviembre de 2005- y por la Subsección B de la Sección Segunda de la Sala en lo Contencioso Administrativo del H. Consejo de Estado -16 de febrero de 2006-, en lo concerniente a la improcedencia de la acción de tutela para resolver sobre la Resolución 0624 de 2005 y REVOCAR las decisiones en cuanto niegan el restablecimiento de los derechos fundamentales del Pueblo Indígena Motilón Barí a la integridad económica y cultural, a la subsistencia, a no ser sometidos a desaparición forzada, a no ser maltratados, a la participación, a la consulta previa y al debido proceso; para, en su lugar, conceder la protección.ORDENAR a la Empresa Colombiana de Petróleos ECOPETROL S.A. suspender las actividades exploratorias que adelanta en la vereda El Progreso, corregimiento de La Gabarra, jurisdicción del municipio de Tibú, departamento de Norte de Santander y adoptar las medidas necesarias para que la medida se cumpla efectivamente, en tanto el H. Tribunal Contencioso Administrativo de Norte Santander, en su calidad de juez constitucional de primera instancia, permite su reanudación.ORDENAR a la Dirección de Etnias del Ministerio del Interior y de Justicia consultar a las autoridades del Pueblo Indígena Motilón Barí, de buena fe, mediante un procedimiento apropiado, previamente consultado con dichas autoridades, su presencia en la zona, con el propósito i) de concertar la influencia del Pozo Alamo 1 en la integridad cultural, social y económica de dicho Pueblo y, ii) de no ser el acuerdo posible, definir la cuestión unilateralmente, sin desconocer las inquietudes y expectativas de las autoridades consultadas, con el fin de mitigar, corregir o restaurar los efectos de las medidas que pudieren tomarse sin su participación, sobre las riquezas culturales y naturales de la Nación.	Sentencia T-880 de 2006. Corte Constitucional de Colombia. Sacado de: https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2006/T-880-06.htm
Colombia	Municipio de Dibulla, departamento de la Guajira	Julio Alberto Torres Torres y otros	Estado. El Ministerio del Interior y de Justicia y otros.	En noviembre de 2001, la empresa Brisa S.A. solicitó ante el Ministerio del Medio Ambiente el otorgamiento de una licencia ambiental para la construcción y operación de un puerto multipropósito en el municipio de Dibulla, Departamento de la Guajira.Las autoridades indígenas accionantes expresan que el área en donde se desarrollaría el proyecto forma parte del territorio ancestral de los cuatro pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta y que allí se encuentra el cerro sagrado Jukulwa que se utiliza para ceremonias de pagamento.La solicitud presentada por Brisa S.A. se acompañó de oficios expedidos por el Ministerio del Interior, en los cuales se certifica que en el área del proyecto no existe presencia de comunidades indígenas y que la misma no se superpone con lugares sagrados o de pagamento. En uno de ellos, identificado con el número 3435 de octubre de 2001. El anterior concepto fue ratificado por la Dirección de Etnias del Ministerio del Interior y de Justicia en oficio dirigido al Grupo Técnico de Licencias Ambientales y Trámites del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, MAVDT, radicado el 31 de agosto de 2004.En oficio de 25 de septiembre de 2005, la Directora de Licencias, Permisos y Trámites Ambientales del Ministerio de Ambiente del MAVDT puso en conocimiento de la Dirección de Etnias del Ministerio del Interior y de Justicia la existencia de dos actos administrativos anteriores, mediante los cuales se había negado la licencia ambiental para dos proyectos que pretendían desarrollarse en la zona prevista para el puerto de Brisa S.A.El 30 de noviembre de 2005, en oficio dirigido al MAVDT la Dirección de Etnias del Ministerio del Interior y de Justicia reiteró su concepto conforme al cual no había presencia de comunidades indígenas en el área del proyecto y que la misma no se superponía con lugares sagrados o de pagamento establecidos en las Resoluciones 002 de 1973 y 837 de 1995.Teniendo en cuenta las anteriores certificaciones, el MAVDT, mediante Auto No. 80 de 20 enero de 2006, dispuso que la empresa Brisa S.A. debía adelantar un proceso de consulta previa para la construcción del proyecto. Para fundamentar esa decisión el Ministerio argumentó que, pese a la certificación del Ministerio del Interior conforme a la cual, dentro del área del proyecto, no hay presencia de comunidades indígenas, ni sitios de pagamento reconocidos en las Resoluciones de Línea Negra, es preciso tener en cuenta que en la misma certificación se señaló que si se llegase a establecer una posible afectación de las comunidades indígenas asentadas en la zona, sería preciso adelantar ese proceso previo de consulta. El Ministerio tuvo en cuenta información disponible, conforme a la cual el proyecto afecta un sitio de pagamento, para lo cual, entre otras consideraciones, se remitió a la circunstancia de que el Ministerio del Interior había ordenado consulta previa con las comunidades indígenas “(…) a propósito de proyectos a desarrollarse en el mismo sitio en que se pretende desarrollar el proyecto objeto del presente acto administrativo (…)”.	Julio Alberto Torres Torres, Cabildo Gobernador Pueblo Arhuaco, Confederación Indígena Tayrona; Jaime Enrique Arias Arias, Cabildo Gobernador Resguardo Kankuamo, Organización Indígena Kankuama; Julio Alberto Torres Torres, Cabildo Gobernador Pueblo Arhuaco, Confederación Indígena Tayrona; Otoniel Chimusquero, Cabildo Gobernador Wiwa, Organización Wiwa Yugumaiun Bunkwanarrua Tayrona y Juan Mamatacán Moscote, Cabildo Gobernador Resguardo Kogui – Malayo – Arhuaco, Organización Gonawindua Tayrona, en calidad de autoridades tradicionales e integrantes del Consejo Territorial de Cabildos Indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, presentaron, a través de apoderado judicial, el 2 de julio de 2008, acción de tutela en contra del Ministerio del Interior y de Justicia, del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y de la Empresa Puerto Brisa S.A., solicitando la protección de los derechos fundamentales de los pueblos Kogi, Arhuaco, Kankuamo y Wiwa de la Sierra Nevada de Santa Marta a la consulta previa, como manifestación del derecho a la participación en las decisiones que los afectan; a la diversidad étnica, social, cultural y religiosa; a la autonomía y al debido proceso, que consideran vulnerados con el trámite y la expedición de la Resolución 1298 de 30 de junio de 2006, mediante la cual el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial otorgó licencia ambiental a la empresa Brisa S.A. para el proyecto denominado “Construcción y Operación de la Fase 1 del ‘Puerto Multipropósito de Brisa’, localizado en jurisdicción del Municipio de Dibulla, Corregimiento de Mingueo, Departamento de la Guajira”, en área que, afirman, forma parte del territorio ancestral de las comunidades indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta.	Flora y fauna	No indica	Judicial	Corte Constitucional. Expediente T-2128529	CONFIRMAR la sentencia proferida por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, el 13 de noviembre de 2008, que, a su vez, confirmó la decisión de la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, del 22 de septiembre de 2008, en lo concerniente a la improcedencia de la acción de tutela para resolver sobre la Resolución 1298 de 2006 y REVOCAR esa decisión en cuanto niega el restablecimiento de los derechos fundamentales de los Pueblos Indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta a la integridad económica y cultural, a la consulta previa y al debido proceso; para, en su lugar, conceder la protección solicitada.ORDENAR a la Empresa Brisa S.A. suspender las actividades de desarrollo del Proyecto de Puerto Multipropósito que adelante en desarrollo de la licencia ambiental conferida mediante la Resolución 1298 de 2006 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, MAVDT, hasta tanto la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en su calidad de juez constitucional de primera instancia, disponga su reanudación.ORDENAR al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, MAVDT, que, con la participación de la Dirección de Etnias del Ministerio del Interior y de Justicia y de la empresa Brisa S.A., adelante un proceso de consulta con las autoridades de las comunidades indígenas de la Sierra Nevada, mediante un procedimiento apropiado, previamente consultado con dichas autoridades, en orden a establecer la afectación que el Proyecto de Puerto Multipropósito de Brisa puede causar en la integridad cultural, social y económica de dichas comunidades. Dentro del término de la consulta el MAVDT deberá proferir una resolución en la que se consignen los resultados de la misma.	Sentencia T-547 de 2010. Corte Constitucional de Colombia. Sacado de: https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2010/t-547-10.htm
Colombia	Las parcialidades indígenas Maisheshe La Chivera, Flores de Chinchelejo, Tatachio Mirabel, Mateo Pérez, Sabanalarga – Palito y Lomas de Palito, departamento de Sucre.	Félix Paternina Romero, Luis Rafael Martínez Martínez, Arelis del Carmen Álvarez Camargo, Jorge Eliécer López Bettín, José del Tránsito Bettín Ozuna, Rafael Antonio Álvarez Arroyo y Luis Francisco Atencia Parra en calidad de representantes de las parcialidades indígenas Maisheshe La Chivera, Flores de Chinchelejo, Tatachio Mirabel, Mateo Pérez, Sabanalarga – Palito y Lomas de Palito	Estado. la Autoridad de Licencias Ambientales (ANLA), el Ministerio del Interior, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y Autopistas de la Sabana S.A.S (AS S.A.S).	Mediante contrato adicional No. 03 de marzo de 2010, el Inco –hoy ANI- pactó con la compañía AS S.A.S la ejecución del estudio, diseño y construcción de diferentes obras de la concesión vial Córdoba-Sucre. Entre esas construcciones, se encontraron la edificación de la doble calzada de la carretera Sincelejo – Toluviejo.La empresa AS S.A.S solicitó a la ANLA la licencia ambiental para adelantar la construcción de la segunda calzada de la carretera referida.A través de Auto 2129 de julio de 2013, la ANLA inició el trámite administrativo de la licencia ambiental. Además, en ese documento se reconoció que en la zona en que se efectuaría el proyecto de construcción de la vía solo se encontraban las parcialidades indígenas La Palmira y La Unión Floresta, comunidades que pertenecen al pueblo Zenú y habitan entre los municipios de Toluviejo y Sucre.En noviembre de 2013, miembros del cabildo indígena Maisheshe La Chivera informaron a los funcionarios de AS S.A.S, que realizaban el recorrido topográfico para la ejecución del proyecto, que el trazado de la segunda calzada de la vía Sincelejo – Toluviejo afectaba el territorio de la comunidad indígena. Además, advirtieron que entre el kilómetro 3+200 y 9+070 se encontraba dicha parcialidad. Por ende, solicitaron que el personal social de la compañía acudiera a la zona para la verificación de su presencia e iniciara el procedimiento de consulta previa. En la audiencia pública ambiental llevada a cabo en Sincelejo el 24 de abril de 2014, la comunidad étnicamente diferenciada volvió a denunciar la ausencia de concertación.	Dentro del proceso de revisión de los fallos emitidos por parte del Tribunal Administrativo de Sucre y de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en el trámite de la acción de tutela incoada por Félix Paternina Romero, Luis Rafael Martínez Martínez, Arelis del Carmen Álvarez Camargo, Jorge Eliécer López Bettín, José del Tránsito Bettín Ozuna, Rafael Antonio Álvarez Arroyo y Luis Francisco Atencia Parra en calidad de representantes de las parcialidades indígenas Maisheshe la Chivera, Flores de Chinchelejo, Tatachio Mirabel, Mateo Pérez, Sabanalarga – Palito y Lomas de Palito contra la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (en adelante ANLA), el Ministerio del Interior, la Agencia Nacional de Infraestructura (en adelante ANI) y Autopistas de la Sabana S.A.S (en adelante AS S.A.S).	Suelo	No indica	Judicial	Corte Constitucional. Expediente T-5.487.947	REVOCAR los fallos emitidos por parte del Tribunal Administrativo de Sucre y del Consejo de Estado, Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo, en cuanto negaron la protección del derecho de la consulta previa de las parcialidades indígenas Tatachio Mirabel, Mateo Pérez, Sabanalarga – Palito y Lomas de Palito, y restringieron el tiempo de concertación a treinta (30) días. En su lugar, CONCEDER el amparo de la consulta previa a las cuatro (4) parcialidades indígenas señaladas.ORDENAR al Ministerio del Interior que, en el término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de la presente providencia, inicie los trámites respectivos de la consulta previa con las parcialidades indígenas de Tatachio Mirabel, Mateo Pérez, Sabanalarga – Palito y Lomas de Palito. La consulta previa y la búsqueda del consentimiento informado deberá observarse bajo los criterios y garantías descritas en esta providencia. Entre tanto, SUSPENDER la ejecución de las obras de la carretera denominada Sincelejo-Toluviejo, en el sector del cerro de Sierra Flor, ubicado entre el PR1+350 y PR1-500, en lo que tenga que ver con el territorio ancestral de las comunidades referidas.ORDENAR al Ministerio del Interior que, en el término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de la presente providencia, realice el seguimiento de los acuerdos pactados y protocolizados en la consulta previa efectuada con el cabildo Maisheshe la Chiviera por la construcción de la doble calzada de Sincelejo-Toluviejo, estipulaciones que se fijaron en el acta del 19 de mayo de 2016. También se ordena a la referida entidad que suministre su apoyo y asistencia en caso de que la comunidad informe de un nuevo efecto negativo de la ejecución de la obra.	Sentencia T-436 de 2016. Corte Constitucional de Colombia. Sacado de: https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2016/t-436-16.htm
Colombia	La comunidad indígena Arhuaca, sobre la Sierra Nevada de Santa Marta, en el municipio de Pueblo Bello, en el departamento del Cesar.	Fundación Misión Colombia	Estado. La Nación, el Ministerio de Defensa Nacional, el Ejército Nacional, la Décima Brigada Blindada de Valledupar, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.	Sostiene que desde 1962 el Ejército Nacional ocupó mediante vías de hecho el cerro El Alguacil o Inarwa ubicado en el sector del municipio Pueblo Bello, Cesar, territorio ancestral Arhuaco de la Sierra Nevada de Santa Marta.Señala que mediante escritura pública Núm. 104 de 25 de febrero de 1965 , el Personero Municipal de Valledupar, delegado para representar al ente territorial en la formalización de ese negocio jurídico, otorgó a título gratuito a favor del Ministerio de Guerra - hoy Ministerio de Defensa Nacional-, la titularidad de ese cerro.Refiere que el cerro El Alguacil está identificado como territorio ancestral indígena y principal centro de pagamento de la comunidad Arhuaca, de manera que el asentamiento militar y las obras adelantadas en ese lugar, desconocen los derechos que les han sido reconocidos por el Estado colombiano y, limitan el acceso de los indígenas a esta zona de su territorio ancestral, hecho que se agrava con la existencia de minas antipersona sembradas en los alrededores.Plantea que el acto administrativo mediante el cual se creó el folio de matrícula inmobiliaria No, 190-2088 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Valledupar, está viciado de nulidad por ser contrario a la Constitución y la ley. Expresa que para entregar la explotación del cerro a terceros para instalar más de 480 antenas de comunicación y datos debió haberse agotado también el procedimiento de la consulta previa. Relata que la comunidad Arhuaca ha sufrido el despojo de su territorio ancestral, sagrado y comunitario viendo cómo es explotado comercialmente sin consultarles.	El representante legal de la Fundación Misión Colombia, actuando como agente oficioso de la comunidad indígena Arhuaca promovió acción de tutela contra la Nación, el Ministerio de Defensa Nacional, el Ejército Nacional, la Décima Brigada Blindada de Valledupar, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, al considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la consulta previa y los conexos en el marco de la protección de la integridad cultural, económica y social de los grupos étnicos colombianos.	Suelo	No indica	Judicial	Corte Constitucional. Expediente T-4.992.001	REVOCAR la sentencia proferida por la Subsección “B” de la Sección Segunda del Consejo de Estado, que mediante fallo de 23 de abril de 2015, revocó el amparo del derecho a la consulta previa de la comunidad indígena Arhuaca y en lo demás, confirmó la decisión del Tribunal Administrativo del Cesar.CONCEDER la protección de los derechos fundamentales a la integridad cultural, autonomía y autodeterminación de los pueblos indígenas, al territorio y a la participación mediante procesos consultivos de la etnia Arhuaca de la Sierra Nevada de Santa Marta.ORDENAR a la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional, la Décima Brigada Blindada de Valledupar y al Batallón de Artillería La Popa Núm. 2, garantizar a la comunidad indígena Arhuaca el libre acceso al cerro El Alguacil a fin de que puedan realizar las ceremonias de pagamento de acuerdo con sus costumbres ancestrales.ORDENAR a la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional, la Décima Brigada Blindada de Valledupar y al Batallón de Artillería La Popa Núm. 2 , a la Policía Nacional, a la RTVC, a Movistar, a Electricaribe S.A. E.S.P., al Canal Regional de Televisión Caribe LTDA. -Telecaribe- y a la Empresa de Comunicaciones del Cesar y Guajira S.A.S., realizar el proceso consultivo con los representantes de la comunidad indígena Arhuaca, orientado a determinar el impacto cultural causado por la construcción y operación de la base militar y la instalación de las antenas, torres de comunicaciones, datos, telefonía, televisión, radio, aeronavegación y las estaciones y subestaciones eléctricas en el cerro El Alguacil, a fin de establecer las medidas de compensación, que deberán incluir un diálogo concertado y continuo entre las partes, encaminado a considerar la posibilidad futura de que en un plazo razonable, se lleve a cabo el retiro definitivo de la base militar, los tendidos, estaciones y subestaciones eléctricas, las antenas y torres de comunicaciones. Lo anterior conforme a los lineamientos expuestos en el presente fallo.	Sentencia de T-005 de 2016. Corte Constitucional de Colombia. Sacado de: https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2016/T-005-16.htm
Perú	Ciudad de la Oroya	Jose Chuquirachi y otros.	Ministerio de Salud y DIGESA	La Oroya es una ciudad ubicada en la región central de Perú, conocida por albergar una de las fundiciones de metales más grandes del mundo. Durante décadas, la actividad industrial en La Oroya ha generado graves problemas ambientales y de salud pública. Pretensiones – se solicita que se diseñe e implemente una "Estrategia de salud pública de emergencia" para la ciudad de La Oroya, de conformidad con lo establecido por los artículos 96, 97, 98, 99, 103, 104, 105, 106 y 123 de la Ley 26842 (Ley General de Salud); y que, por consiguiente, se adopten las siguientes medidas: a) la recuperación de la salud de los afectados, mediante la protección de grupos vulnerables, la implementación de medidas de prevención del daño a la salud y que se vele por el cumplimiento y levantamiento de información sobre los riesgos a los cuales la población se encuentra expuesta; b) se declare en Estado de Alerta a la ciudad de , La Oroya, conforme lo establecen los artículos 23 y 25 del Decreto Supremo 074-2001- }1 PCM, Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental del Aire; y, c) se / establezcan programas de vigilancia epidemiológica y ambiental de conformidad con lo estipulado por el artículo 15 del Decreto Supremo 074-2001-PCM, Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental del Aire. Respecto a los hechos, se manifiesta que en el año 1997 la empresa norteamericana Doe Run Company adquirió el Complejo Metalúrgico de La Oroya, y que la citada empresa viene operando en la ciudad mencionada a través de su empresa subsidiaria Doe Run Perú, la misma que asumió el compromiso de cumplir todas las obligaciones contenidas en el P AMA (Programa de adecuación y manejo ambiental), elaborado por el anterior propietario del centro metalúrgico, Centromín Perú S.A.; que, pese al compromiso contraído, Doe Run Perú presentó, en diciembre de 1998, un pedido de modificación del P AMA, en el cual se comprometía a realizar un determinado número de mejoras ambientales para el año 2006 y a efectuar las principales inversiones para el tratamiento de las emisiones y calidad del aire recién a partir del año 2004; que, sin embargo, el PAMA presentado por esta nueva compañía no asegura eficientemente los derechos a la salud pública y a un ambiente equilibrado y adecuado, ni el disfrute de la salud física y mental de los pobladores de La Oroya, y que, por el contrario, los niveles de intoxicación de plomo y otros componentes en sangre de niños y madres gestantes de La Oroya se han venido incrementado c nsiderablemente en los últimos años, lo que se evidencia en investigaciones tales como el " studio de plomo en sangre en una población seleccionada de La Oroya" , realizado por igesa en el año 1999, donde se estableció, entre una de las conclusiones, que el 99.1 % de las personas analizadas sobrepasaba el límite de nivel de plomo en la sangre recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).	En el caso de La Oroya, han participado varios actores, como las autoridades gubernamentales, la empresa propietaria de la fundición, los grupos ambientalistas y los residentes afectados. Las acciones tomadas para abordar estos problemas han incluido demandas legales, protestas y esfuerzos de sensibilización.	Aire y atmósfera	Ninguno.	Jurisdicción Constitucional	Tribunal constitucional de Peru. 2006 - N.º 2002-2006-PC/TC		Tribunal Constitucional de Peru, Sala segunda del Tribunal Constitucional (12 de mayo 2006) Sentencia N.º 2002-2006-PC/TC . [M.P Gonzalez Ojeda] https://tc.gob.pe/jurisprudencia/2006/02002-2006-AC.pdff / paginas importantes - pag. 1/ pag. 20 a la 27
Perú	Conga - Region de Cajamarca	Marco Antonio Arana Zaragosa - GRUFIDES	Ministerio de Energía y Minas y Minera Yanacocha S.R.L	GRUFIDES la cual es una ONG, presentó una Demanda de Amparo ante el Poder Judicial solicitando se declare la inviabilidad del Proyecto conga, al constituir una amenaza inminente al derecho a vivir en un ambiente sano, equilibrado y adecuado para los pobladores de Cajamarca. Respecto a las pretensiones, se percibe la amenaza del derecho fundamental a vivir en un medio ambiente adecuado y equilibrado, por lo que solicita que se declare la suspensión la explotación del Proyecto Minero Conga y se inaplique la Resolución Directoral 351-2010-MEM/AAM, de fecha 27 de octubre de 2010, expedida por la Dirección de Asuntos Ambientales del Ministerio de Energía y Minas, que aprueba el Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Conga presentado por Minera Yanacocha En primera y segunda instancia del Poder Judicial de Cajamarca, los fallos fueron favorables a Minera Yanacocha debido a que declaró improcedente la demanda, indicando que no cabía tratar este proceso por la vía del Amparo. GRUFIDES apeló ante el Tribunal Constitucional TC, sustentando e incidiendo que se resuelva siempre por la vía del Amparo que es un proceso adecuado para proteger derechos fundamentales de la población. Luego que el Tribunal Constitucional recibiera el caso, convocó a una audiencia de partes (a GRUFIDES, Minera Yanacocha y el Estado Peruano) la misma que se llevó a cabo en setiembre del 2012. En dicha oportunidad la defensa de GRUFIDES sustentó porqué este caso debería ser resuelto mediante un proceso de amparo y porqué el Poder Judicial de Cajamarca había errado en declarar improcedente la demanda. Además, destacó la importancia de este caso teniendo en cuenta el derecho fundamental que se reclamaba, que es el de vivir en un ambiente sano y adecuado el cual se vulneraría en caso de ejecutarse el proyecto Conga. Luego de esta audiencia, el Tribunal Constitucional ha resuelto dándole la razón a la defensa de GRUFIDES, ordenando que el Poder Judicial de Cajamarca admita el proceso en vía de amparo y que se revise el fondo de este asunto, valorando las pruebas que se ha presentado para decidir si el Proyecto Conga sería inviable. No se evidencia presencia de Grupo Armados Organizados o GDO durante toda el desarrollo de la Sentencia.	El 18 de octubre de 2012, el recurrente interpone proceso de amparo contra el Ministerio de Energía y Minas y contra Minera Yanacocha S.R.L., alegando la amenaza del derecho fundamental a vivir en un medio ambiente adecuado y equilibrad	Flora, fauna y recursos hídricos.	No indica	Jurisdiccion constitucional	Tribunal Constitucioanl de Peru. 2014 - EXP N 03673-2013-PA		Tribunal Constitucional de Peru, Sala Especializada Civil de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca (11 de diciembre de 2014) EXP N 03673-2013-PATEC [M.P Urviola Hani] https://www.escr-net.org/sites/default/files/caselaw/decision_-_conga.pdf - paginas importantes / pag 1 a 5
Perú	Lagunas de Alto Peru	GRUFIDES	Municipio provincial de San Pablo	Sobre las partes, se tiene a GRUFIDES como principal accionante para que se declare la inaplicable la Ordenanza Municipal N° 001-2007-MPSP de fecha 16 de febrero de 2007 expedida por la Municipalidad Provincial de San Pablo, publicada en el Diario Panorama Cajamarquino el día 28 de febrero de 2007, que crea una área de Conservación Ambiental Municipal en la zona de Las Lagunas de Alto Perú y un área de Conservación Ambiental Municipal en la zona de Pozo Seco, ubicadas en el distrito de Tumbadén, por constituir una amenaza cierta e eminente de sus derechos constitucionalmente consagrados a la Libertad de Empresa, Libertad de Industria, a la Propiedad, y a la Libertad de Trabajo. A lo que la empresa Minera Yanacocha interpone una acción de amparo, y como hechos fundantes refiere que, el Concejo Provincial de San Pablo, en abierta transgresión del marco de su competencia con fecha 16 de febrero de 2007 ha expedido la Ordenanza Municipal N°001-2007-MPSP, publicada en el Diario Panorama Cajamarquino el 28 de febrero de 2007, la que inconstitucionalmente: a) Aprueba el documento “Propuesta de Políticas y Desarrollo de Capacidades para la Gestión del Agua y el Medio Ambiente de la Provincia de San Pablo, para el periodo 2006-2015, que consta de 09 capítulos y 112 páginas (artículo 1°); b) Crea una área de Conservación Ambiental Municipal en la zona de Las Lagunas, ubicada en el caserío Alto Perú, distrito de Tumbadén, provincia de San Pablo con un área aproximada es de 2,960 hectáreas, encerraadas dentro de las coordenadas UTM que se indican en el artículo 3° de la Ordenanza 001; c) Crea un área de Conservación Ambiental Municipal en la zona de Pozo Seco, ubicada en el Caserío Pozo Seco y otros aledaños del distrito de Tumbadén, provincia de San Pablo, con un área aproximada de 4,918.9 hectáreas, encerradas dentro de la coordenadas UTM que se indican en el artículo 4° de la Ordenanza 001; d) Otorga a las Áreas de Conservación Municipal Ambiental la categoría de Áreas Naturales Protegidas Complementarias para el uso de protección y conservación de especies nativas, así como de investigación y protección de las mismas; en las que como alternativa se podrá practicar el pastoreo no intensivo y el turismo; y la construcción de la infraestructura para el incremento de la oferta hídrica y cosecha de agua; bajo las restricciones que garanticen las prácticas de protección, conservación y aprovechamiento de los recursos naturales Adicionalmente a las concesiones mineras, señala que Minera Yanacocha SRL es también propietaria de los terrenos superficiales a dichas concesiones, que también han quedado comprendidas en las Áreas de Conservación Municipal Ambiental creadas por la Ordenanza N° 001, tal como aparece en el plano y títulos de propiedad que se adjuntan.	Según lo expuesto en la sentencia, no se presentaron acciones antes de acudir al ámbito judicial.	Recursos hídricos	No indica	Jurisdiccion Ordinaria	Corte Superior de Justicia de Lima - Juzgado Especializado en lo Civil 29. 2007 - Exp 23031-2007-0-1801-JR-CI-29		Corte Superior de Justicia de Lima, Juzgado Especializado de lo Civil N.29 (7 de abril de 2014) Resolucion N. 55 [M.P. Elsa Farroñay Ramirez) http://grufides.org/sites/default/files//documentos/documentos/Sentencia%20Accion%20de%20Amparo%20Lagunas%20Alto%20Per%C3%BA%2C%20San%20Pablo%20por%20MY.pdf - paginas importantes / pag. 20 a 30
Perú	Localidad de Bagua	Alberto Pizango - lider indigena AIDESEP	Gobierno peruano	El caso Baguazo se refiere a los trágicos enfrentamientos ocurridos en junio de 2009 en la localidad de Bagua, en la región amazónica de Perú. Los indígenas amazónicos protestaban contra un paquete de leyes de desarrollo promovido por el gobierno peruano, que consideraban perjudicial para sus derechos y territorios., respecto a las pretensiones, se resaltaban las siguientes 1. Derogación de las leyes y decretos que consideraban perjudiciales para sus derechos y territorios: Los manifestantes exigían la anulación de diversas leyes y decretos promovidos por el gobierno peruano, que consideraban vulneraban sus derechos a la consulta previa, la propiedad de la tierra y la preservación de su cultura. 2. Respeto y reconocimiento de los derechos indígenas: Los indígenas amazónicos buscaban el reconocimiento pleno de sus derechos territoriales y su participación en las decisiones que afectaran a sus comunidades. Demandaban una mayor inclusión en la toma de decisiones relacionadas con proyectos de desarrollo y explotación de recursos naturales en sus territorios. 3. Protección del medio ambiente y los recursos naturales: Los manifestantes defendían la conservación de la Amazonía y su biodiversidad. Demandaban medidas más estrictas de protección ambiental y sostenibilidad en el desarrollo de proyectos extractivos, para evitar el deterioro de los ecosistemas y los impactos negativos en las comunidades indígenas. 4. Garantías para la consulta previa: Los indígenas amazónicos exigían la implementación efectiva del derecho a la consulta previa, libre e informada, reconocido tanto en la legislación nacional como en los tratados internacionales. Buscaban que se respetara su derecho a ser consultados y dar su consentimiento en relación con proyectos que afectaran sus derechos y territorios. Durante las protestas, se produjeron violentos enfrentamientos entre los manifestantes y las fuerzas de seguridad peruana, lo que resultó en un saldo trágico de víctimas mortales y heridos. Los enfrentamientos se intensificaron en el sector conocido como la "Curva del Diablo", donde las fuerzas de seguridad intentaron despejar una carretera bloqueada por los manifestantes indígenas. Las partes involucradas en el caso incluyen a los indígenas amazónicos, representados por líderes y organizaciones indígenas como la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), y el gobierno peruano, representado por las autoridades locales y las fuerzas de seguridad. El caso Baguazo generó un amplio debate sobre los derechos indígenas, la protección del medio ambiente y el desarrollo sostenible en Perú. Después de los enfrentamientos, se llevaron a cabo investigaciones y juicios para determinar las responsabilidades y sancionar a los responsables de la violencia.	La comunidad realizó protestas y movilizaciones en contra de las leyes demandadas, sin embargo, estas no fueron escuchadas, por lo que tuvieron que acudir al ámbito judicial.	Suelo	No indica	Jurisdiccion ordinaria	Corte Superior de Justicia del Amazonas - Sala Penal de Apelaciones Transitoria y Liquidadora de Bagua. 2014 - Exp. 00194-2009 [0163-2013]		Corte Superior de Justicia del Amazonas, Sala Penal de Apelaciones Transitoria y Liquidadora de Bagua (22 de septiembre de 2016) http://grufides.org/sites/default/files//documentos/documentos/350535751-La-Sentencia-Del-Caso-Baguazo-y-Sus-Aportes-a-La-Justicia-Intercultural.pdf - paginas importantes / pag. 370 en adelante
Perú	Region de Cajamarca	Maxima Acuña - Fiscal General de la Nacion	Gobierno Regional de Cajamarca.	Sobre los actores, se encuentra Maxima Acu;a como principal representante de las comunidades indígenas frente a los intereses sobre Conga en la región de Cajamarca, y el fiscal General de la Nacion como ente investigador. Sobre los hechos, mediante demanda de inconstitucionalidad el Fiscal de la Nación cuestiona la Ordenanza Regional N.º 036 2011-GR.CAJ-CR emitida por el Gobierno Regional de Cajamarca. Alega que con dicha normativa el Gobierno Regional de Cajamarca se extralimitó en sus funciones invadiendo competencias propias del Ejecutivo, cuestionando específicamente: i) la declaración del interés público regional respecto la protección e intangibilidad de las cabeceras de cuenca en toda la jurisdicción de la región Cajamarca; ii) la declaración de la inviabilidad del Proyecto Conga; iii) el encargo dado al Presidente del Gobierno Regional de Cajamarca para que canalice ante el Congreso de la República, los procesos investigatorios sobre el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) que aprobó dicho proyecto; y, iv) que se deje sin efecto cualquier norma que se oponga tal Ordenanza Regional. El Fiscal de la Nación argumenta que en aplicación del test de competencia el Gobierno Regional de Cajamarca actuó fuera del ámbito de sus competencias. Así afirma que si bien el artículo 192 de la Constitución establece que los Gobierno Regionales promueven el desarrollo y la economía regional, fomentan de las inversiones, actividades y servicios públicos que son de responsabilidad, tal función debe efectuarse en armonía con las políticas y planes nacionales locales. Y que si bien el artículo 192, inciso 7) establece que los gobiernos regionales son competentes para promover y regular actividades en materia de agricultura, minería y medio ambiente, ello debe realizarse de acuerdo al principio de unidad. En tal sentido la autonomía regional no puede contravenir la normativa del gobierno nacional. Sobre las pretensiones, se solicita declarar de interés Público Regional la conservación, protección e intangibilidad de las cabeceras de cuenca en toda la jurisdicción de la Región Cajamarca, en armonía con los planes nacionales y regionales de desarrollo sostenible. Declarar inviable la Ejecución del Proyecto “CONGA” en las cabeceras de cuenca donde se ubican las lagunas: El Perol, comprensión del Distrito de Sorochuco, Azul, Cortada comprensión del Distrito de Huasamín; Mamacocha comprensión del Distrito de Bambamarca y todas aquellas ubicadas en el ámbito de influencia del Proyecto Conga, en razón a las inconsistencias técnico – legales del Estudio de Impacto Ambiental aprobado mediante Resolución Directoral N.º 351-2010-MEM/AAM, de fecha 27 de octubre de 2010, por contravenir normas constitucionales y tratados internacionales a los cuales está adscrito el Perú, ejecución que podría ocasionar daños irreversibles en los ecosistemas frágiles generando a su vez perjuicios económicos y sociales de magnitudes incalculable, colisionando directamente con los derechos fundamentales de las personas que habitan dichas jurisdicciones y en el área de influencia directa e indirecta del Proyecto Conga, lo cual, pone en riesgo la gobernabilidad de la Región Cajamarca y la Paz social de sus pobladores.	Se acudió a la fiscalía y a entes de control con el fin de reclamar los derechos vulnerados y denunciar las extralimitaciones del Gobierno Regional.	Suelo y recursos hídricos.	No indica	Jurisdiccion constitucional	Tribunal constitucional de Peru. 2012 - - Expediente N.º 0001-2012-PI/TC		Tribunal Constitucional de Peru, Sesion de Pleno Jurisdiccional (17 de abril de 2012) N.º 0001-2012-PI/TC [M.P Alvarez Miranda] https://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2012/00001-2012-AI.html - paginas importantes / pag. 1 a pag. 15
Perú	Region de Cajamarca	Lider indigenas Yanacanchilla	Empresa Minera Yanacocha S.R.L.	De acuerdo a una denuncia presentada por los Alcaldía le Huamiocancha baja, la Junta Directiva del Canal de la Ramada y el líder indígena Yanacanchilla Alta de la región de Cajamarca, Perú, se ha constatado graves problemas ambientales y sanitarios debido a las actividades de la Empresa Minera Yanacocha S.R.L. que explota un yacimiento de oro a cielo abierto, utilizando el método de lixiviación por cianuro. Es una de las minas de oro más grandes del mundo. Las operaciones de la mina se extienden por cientos de hectáreas en cabeceras de varias cuencas hídricas, donde se removió la vegetación, se realizaron excavaciones y depósitos de materiales varios y se construyeron numerosas estructuras, incluyendo tanques para la lixiviación del oro por medio de cianuro, piletas de decantación, sistemas de drenaje propios, red vial interna y otras obras análogas. La explotación de la mina provocó impactos considerables en la calidad y cantidad de las aguas en dichas cuencas, afectando directamente a la población residente en las cuencas, incluyendo la propia ciudad de Cajamarca que se encuentra aguas abajo. La Empresa Minera Yanacocha S.R.L. adquirió derechos de agua de varios usuarios, y se ha apropiado de otras aguas sin los debidos procesos o transferencias de derechos. Su uso de esta agua implica una contaminación que afecta a las comunidades aguas abajo. Actos ministeriales contradictorios han dado la razón a las comunidades respecto de los derechos a sus aguas y otros los han negado. Recientemente, la propuesta a expandir las operaciones de la mina ha sido respaldada, requiriendo mayores volúmenes de agua. Se han detectado metales pesados superiores a los permitidos por ley, implicando costos adicionales de tratamientos por los cuales la empresa minera admitió su responsabilidad.	Según lo expuesto en la sentencia, no se presentaron acciones antes de acudir al ámbito judicial.	Recursos hídricos, flora y fauna.	No indica	Jurisdiccion Extraordinaria	Tribunal Latinoamericano del Agua. 2006.		Tribunal Latinoamericano del Agua, veredictos de audiencia publica (20 de marzo de 2006) [ M.P Augusto Willemsem Diaz] http://grufides.org/sites/default/files//documentos/documentos/TRAGUA2006.pdf - paginas importantes / pag. 1 a 4
Perú	Reserva territorial de Comunidad Nativa Segakiato y Cashiari	Asociacion Instituto de defnsa legal del ambiente - Henry Oleff Carhuatocto	El Ministerio de Energia y Minas (MEM) y Pluspetrol Peril Corporation SA	Respecto a las partes, como demandantes están la asociación instituto de defensa legal del ambiente y el desarrollo sostenible IDLADS Perú, representada por Henry Oleff Carhuatocto Sandoval. Respecto a los hechos, se refiere que las disposiciones demandadas amenazan los derechos de las poblaciones indígenas ubicadas en la zona correspondiente a la referida reserva territorial. Aduce que se amenazan los derechos a un medio ambiente sano y equilibrado, a la autodeterminación de los pueblos indígenas, a la vida, a la salud, a la identidad étnica y cultural, a la integridad, a la dignidad, al territorio, a la propiedad, a la posesión ancestral y a la consulta previa. Respecto a las pretensiones, la inaplicación del inciso c) del artículo 5 de la Ley 28736, para la protección de pueblos imaginas u originarios en situación de aislamiento y en situación de contacto inicial. La inaplicación del artículo 35 del Decreto Supremo 008-2007-MIMDES, reglamento de la Ley para la protección de pueblos indígenas u originarios en situación de aislamiento y en situación de contacto inicial. La inaplicación de los artículos 7 y 18.1 de la Ley 27446, del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental. La inaplicación del artículo 9 del Decreto Supremo 019-2009-MINAM, Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto ambiental. Que se ordene al MEM abstenerse de aprobar el estudio de impacto ambiental para la ampliación del Programa de exploración y explotación del lote 88 y, de ser el caso, se deje sin efecto la aprobación del EIA. Que el Ministerio del Ambiente (Minan), a través del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Cenase), o una entidad internacional de reconocida solvencia en la materia, avale y emita una opinión, como alguna vez lo hizo el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Que el MEM de cumplimiento al numeral i del artículo 6 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (01T) y se implemente el derecho a la consulta previa a favor de la Comunidad Nativa de Sagacito, Cash aire y otras poblaciones indígenas afectadas. Que Pluspetrol Corporation SA se abstenga de realizar operaciones hidrocarburiferas de explotación y exploración en el ámbito de la referida reserva territorial, en cumplimiento del Decreto Supremo 028-2003-AG. Que Pluspetrol Corporation S.A. levante las observaciones formuladas por la Resolución Viceministerial 005-2013-VMI-VC en tanto dure el presente proceso.	Según lo expuesto en la sentencia, no se presentaron acciones antes de acudir al ámbito judicial.	Suelo	No indica	Jurisdiccion constitucional	Tribunal constitucional de Peru. 2019 - EXP. N.° 01460-2015-PA/TC		Tribunal Constitucional de Peru, Sala Primra Civil de la CSJ de Lima (29 de octubre de 2019) EXP. N.° 01460-2015-PA/TC [M.P. Saldaña Barrera] https://tc.gob.pe/jurisprudencia/2019/01460-2015-AA%20CTResolucion1.pdf / paginas importanes 1 - 6
Perú	Comunidad de Loreto	Galo Vasquez Silva - lider indigena	El Ministerio de Salud, la Dirección General de Salud Ambiental (Digesa), la Dirección General de Epidemiología, Petroperú, el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), el Gobierno Regional de Loreto, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) y el Ministerio de Ambiente	Sobre los actores y los hechos don Galo Vásquez Silva, jefe de la Comunidad Nativa de Cuninico, Armando Arce del Águila, Jefe de la Comunidad Nativa Nueva Esperanza; don Pablo Silva Salinas, jefe de la Comunidad Nativa Nueva Santa Rosa; y don Julio Arirua Nashnato, jefe de la Comunidad Nativa San Francisco, interponen demanda de cumplimiento contra el Ministerio de Salud, la Dirección General de Salud Ambiental (Digesa), la Dirección General de Epidemiología, Petroperú, el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), el Gobierno Regional de Loreto, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) y el Ministerio de Ambiente. Respecto al Ministerio del Ambiente, Ministerio de Salud y el Gobierno Regional de Loreto, sostienen que han incumplido los artículos 2 y 3 de la Ley que regula la Declaratoria de Emergencia Ambiental, Ley 28804, y su reglamento, aprobado por el Decreto Supremo 0024-2008-PCM. Sobre estos artículos, se denuncia la inaplicación de las buenas prácticas para el transporte de hidrocarburos, la comercialización y la concesión de los mismos. Respecto al Ministerio del Ambiente, Ministerio de Salud y el Gobierno Regional de Loreto, sostienen que han incumplido los artículos 2 y 3 de la Ley que regula la Declaratoria de Emergencia Ambiental, Ley 28804, y su reglamento, aprobado por el Decreto Supremo 0024-2008-PCM. En contra de OEFA, por no haber cumplido con establecer medidas cautelares contra Petroperú, en favor de las comunidades nativas afectadas por el derrame de petróleo en la quebrada de Cuninico, en cumplimiento del artículo 21 de la Ley 29352. En cuanto al Gobierno Regional de Loreto, sostienen que no han cumplido con: i) el artículo 14 de la Ley 29664, Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres y los artículos 11, 31, 32, 33 y 34 del Reglamento de la Ley 29664, aprobado mediante Decreto Supremo 048-2011-PCM; y ii) el artículo 49 de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley 27867.	Según lo expuesto en la sentencia, no se presentaron acciones antes de acudir al ámbito judicial.	Recursos hídricos	No indica	Jurisdiccion constitucional	Tribunal constitucional de Peru. 2018 - N.° 03799-2018-PC/TC		Tribunal Constitucional de Peru, Sesion del Pleno Tribunal Constitucional (24 de noviembre de 2020) EXP. N.° 03799-2018-PC/TC [M.P. Ledesma Narvaez] https://tc.gob.pe/jurisprudencia/2020/03799-2018-AC.pdf - paginas importantes 1 a 10
Perú	Humedales de Villa Maria	Colegio de Abogados del Santa	Municipalidad Provincial del Santa-Chimbote	Sobre las partes: El Colegio de Abogados del Santa interpone acción de inconstitucionalidad contra la Ordenanza Municipal N.° 016-2001-MPS. Sobre las pretensiones y los hechos: Alega que la mencionada disposición ha sido emitida “violando los principios del Estado democrático de derecho y de legalidad”, en razón de lo siguiente: a) atenta contra el carácter o naturaleza de bien intangible, inalienable e imprescriptible del Parque Metropolitano Humedales de Villa María, toda vez que, contraviniendo los artículos 51°, 70° y 73° de la Constitución, la Ley N.° 26664, la Resolución Suprema N.° 201-69-VI-DE, y los artículos 56° y 58° del Reglamento de Acondicionamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (aprobado por Decreto Supremo N.° 007-85-VC), se modificaron sus límites y se redujo su área delimitativa, de 630 a 471.29 hectáreas; b) efectúa cambios de zonificación y modificaciones sustanciales del Plan Urbano o Plan Director de Chimbote, aplicando ilegalmente un tratamiento no permitido para los parques ya existentes, dado su carácter de intangible, y por tanto, no modificable; c) vulnera los derechos de las personas a la paz, a la tranquilidad, al disfrute del tiempo libre y al descanso, así como de gozar de un ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de sus vidas, garantizados en los artículos 2°, inciso 22), y 3° de la Carta Magna, ya que el parque constituía una zona recreacional y, ahora, se ha convertido en zona de comercio intensivo. Se solicita entonces que se declare improcedente y/o infundada la demanda en todos los extremos, por las siguientes razones: a) los artículos 191°, 192°, 193°, 194°, 195°, 196° y 200°, inciso 4) (hoy modificados por la Ley de Reforma Constitucional N.° 27680), de la Constitución reconocen a los gobiernos locales los atributos de la autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, por lo que se encuentran facultados para organizar, reglamentar y administrar los servicios públicos locales, así como planificar el desarrollo urbano y rural de sus circunscripciones y ejecutar los planes y programas correspondientes, entre otras funcione; b) la demandante justifica su pretensión en la Ley N.° 26664 y los Decretos Supremos Nos. 028-97-MTC, 04-95-TC y 154-2001-EF, los cuales no resultan de aplicación al caso.	Según lo expuesto en la sentencia, no se presentaron acciones antes de acudir al ámbito judicial.	Recursos hídricos, flora y fauna.	No indica	Jurisdiccion constitucional	Tribunal Constitucional de Peru. 2001 - N.° 0018-2001-AI/TC		Tribunal Constitucional de Peru, sesion del Pleno Jurisdiccional (6 de noviembre de 2022) EXP. N.° 0018-2001-AI/TC [M.P. Rey Terry] https://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2003/00018-2001-AI.html
Perú	Humedales de Villa Maria	Alida Cortez Gomez de Nano	La empresa NEXTEL DEL PERÚ S.A	Sobre los actores: Recurso extraordinario interpuesto por doña Alida Cortez Gómez de Nano contra la sentencia de la Sala de Derecho Público de la Corte Superior de Justicia de Lima Sobre los hechos; Con fecha 6 de febrero de 2001, la recurrente interpone demanda de amparo contra la empresa NEXTEL DEL PERÚ S.A., por violación de sus derechos a la paz, a la tranquilidad y a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida. Solicita, por tanto, que se ordene el inmediato desmantelamiento de la antena y equipos instalados por la empresa demandada. Afirma que, con fecha 30 de enero de 2001, se percató de que, en el lote colindante con su vivienda, trabajadores de la empresa NEXTEL DEL PERÚ S.A. habían instalado algunos equipos argumentando que contaban con el permiso del propietario del terreno para colocar una antena, por lo que inmediatamente denunció este hecho ante la Municipalidad de Ate, la que constató que la emplazada no contaba con las autorizaciones del Ministerio de Transportes. Asimismo, manifiesta que el Ministerio de Transportes le comunicó que los permisos para la instalación de antenas y otros equipos requerían de un informe técnico independiente de la licencia general, los cuales, hasta la fecha, no han emitido ni el Ministerio ni la empresa demandada. Agrega que el 1 de febrero de 2001 solicitó oficialmente, mediante la Junta de Vecinos de Mayorazgo, a la Municipalidad que paralice las obras y exija la presentación de las autorizaciones requeridas, y al Ministerio de Transportes la emisión de un informe respecto de las autorizaciones otorgadas a la empresa para efectuar dichos trabajos. Alega que Defensa Civil ha emitido un informe desfavorable a la instalación de la antena en dicho lugar, por cuanto no se respeta la distancia recomendada por los organismos internacionales entre la instalación y las viviendas, añadiendo que el domingo 4 de febrero de 2001, el personal de la empresa demandada, aprovechando que era día no laborable para la municipalidad, trabajó todo el día para colocar la antena, lo que constituye una clara desobediencia a la autoridad municipal y al Ministerio de Transportes, así como un peligro inminente de consumar un hecho que resulta perjudicial para la paz, la tranquilidad y la salud, ya que dichos equipos causan interferencia en otros aparatos eléctricos, incluidos audífonos y marcapasos; además, el campo electromagnético generado con la instalación de la antena daña directamente las neuronas cerebrales deteriorándolas paulatinamente.	Según lo expuesto en la sentencia, no se presentaron acciones antes de acudir al ámbito judicial.	Suelo	No indica	Jurisdiccion constitucional	Tribunal constitucional de Peru. 2002 - N.° 0964-2002-AA/TC		Tribunal Constitucional de Peru, Sala Primera del Tribunal Constitucional (17 de marzo de 2003) EXP. N.° 0964-2002-AA/TC [M.P. Alva Orladini] https://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2003/00964-2002-AA.html
Perú	Fuentes hidrográficas el Cumbaza, Caynarachi y Shanusi,	Jaime Hans Bustamante Johnson	Las empresas Occidental Petrolera del Perú; LLC, Sucursal del Perú denominada (Talismán Petrolera del Perú, LLC Sucursal del Perú), Repsol Exploración Perú, Sucursal del Perú (REPSOL) y Petrobras Energía Perú S.A. (PETROBRAS)	Sobre los actores: Jaime Hans Bustamante Johnson, contra la resolución de la Primera Sala Mixta Descentralizada de la Corte Superior de Justicia de San Martín del día 10 de mayo de 2007, la cual declara infundada su demanda, dirigida contra las empresas Occidental Petrolera del Perú; LLC, Sucursal del Perú denominada (Talismán Petrolera del Perú, LLC Sucursal del Perú), Repsol Exploración Perú, Sucursal del Perú (REPSOL) y Petrobras Energía Perú S.A. (PETROBRAS) Sobre los hechos: indica el demandante que las mencionadas empresas afectan el derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado para su desarrollo, ya que este Lote 103, reconocida como Área de Conservación Regional (ACR) por Decreto Supremo N° 045-2005-AG, es de suma importancia su protección ya que es el lugar donde se conserva el agua fuente hidrográficas el Cumbaza, Caynarachi y Shanusi, fuentes de las cuales se proveen la población, por tanto la explotación contaminaría dichas fuentes, en consecuencia todo el medio a su alrededor, tal vulneración rebasa lo regulado por la (Ley de Áreas naturales Protegidas N° 26834, art. 27) la cual señala que “el aprovechamiento de los recursos naturales en áreas naturales protegidos sólo podrá ser autorizado si resulta compatible con la categoría, la zonificación asignada y el Plan Maestro”. Aparte del desarrollo de aspectos como el del derecho a gozar de un medio ambiente equilibrado y adecuado, la constitución ecológica, principios de desarrollo sostenible y de sostenibilidad, responsabilidad de la empresa, etc.; dicha sentencia se basa en el principio de prevención. Explica claramente en su fundamento 17, comprendido en el apartado Medio ambiente y principio de prevención: El artículo IV del Título Preliminar de la Ley General del Ambiente establece que la “gestión ambiental tiene como objetivos prioritarios prevenir, vigilar y evitar la degradación ambiental.”	Según lo expuesto en la sentencia, no se presentaron acciones antes de acudir al ámbito judicial.	Recursos hídricos	No indica	Jurisdiccion constitucional	Tribunal constitucional de Peru. 2007 - N.O 03343-2007-PA/TC		Tribunal Constitucional de Peru, sesion de Pleno Jurisdiccional (19 de febrero de 2009) EXP. N.O 03343-2007-PA/TC [M.P. Vergara Gotelli] https://tc.gob.pe/jurisprudencia/2009/03343-2007-AA.pdf / paginas importantes de la 10 a la 24
Perú	San Mateo de Huanchor	Miguel Palacin - ONG Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería	Estado de Perú	Sobre los hechos: se alega la responsabilidad de la República del Perú (en adelante "Perú", "el Estado" o "el Estado peruano") por la violación de los derechos fundamentales, individuales y colectivos de los miembros de la Comunidad de San Mateo de Huanchor (en adelante la “Comunidad de San Mateo” o la “Comunidad”), en razón de los efectos que sufren los miembros de la Comunidad ocasionados por la contaminación ambiental producida por la permanencia de una cancha de relaves de residuos tóxicos aledaña a la Comunidad. Los peticionarios alegan que el Estado es responsable de la violación a los derechos a la vida, a la integridad personal, libertad personal, protección a la honra y dignidad, libertad de asociación, protección a la familia, derechos del niño, a la propiedad, circulación y residencia, derechos políticos, igualdad ante la ley, protección judicial y el desarrollo progresivo de los derechos económicos sociales y culturales, consagrados en los artículos 4, 5, 7, 11, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25 y 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “la Convención Americana” o la “Convención”), todos ellos en concordancia con el artículo 1(1) del mismo instrumento interamericano. Sobre las peticiones: El 3 de junio de 2003, CONACAMI solicitó a la Comisión la adopción de medidas cautelares, para proteger los derechos, a la vida, a la integridad personal y la salud de las personas afectadas por residuos tóxicos proveniente de una cancha de relaves denominada Mayoc y ubicada en la Comunidad de San Mateo de Huanchor. El 25 de agosto de 2003, la Comisión solicitó al Estado peruano información respecto a la solicitud de medidas cautelares. El 12 de septiembre de 2003 el Estado solicitó la ampliación del plazo para presentar información y se le concedió un plazo de 15 días. El 15 de octubre de 2003 el Estado presentó información la cual fue trasladada a los peticionarios el 28 de octubre de 2003, con un plazo de 15 días para presentar observaciones. El 14 de noviembre de 2003 los peticionarios presentaron información adicional a la Comisión El 21 de julio de 2004 los peticionarios presentaron información adicional y reiteraron la solicitud de medidas cautelares, alegando que la grave contaminación ambiental ocasionada por la cancha de relaves mineros había generado una crisis de salud pública en la Comunidad de San Mateo de Huanchor y que cada día aumentaba el riesgo asociado a la exposición a los metales contenidos en los relaves. Agregaron los peticionarios que los más afectados eran los niños, quienes por la exposición a residuos de plomo y otros minerales, sufren la amenaza de daños irreparables en sus aptitudes neurológicas y en su desarrollo psicológico.	Se presentaron protestas, quejas y reclamos por parte de la comunidad afectada contra el Estado Peruano, sin embargo las mismas no fueron atendidas. Por este motivo, se vieron obligados a iniciar actuaciones judiciales.	Flora y fauna.	No indica	Organismos internacionales	Comision Interamericana de derecfhos humanos. 2004 - Nº 69/04		Comision Interamericana de Drechos Humanos (15 de octubre de 2004) Petición 504/03 [P. Jose Zalaquett] https://www.cidh.oas.org/annualrep/2004sp/peru.504.03.htm
Perú	Arequipa	Nory Wilfredo Ramos	Estado de Perú y empresa pesquera Natalia S.A.	Sobre las partes: Nory Wilfredo Ramos contra el Estado de Peru por la sentencia de la Sala Mixta Descentralizada e Itinerante con sede en Camaná de la Corte Superior de Justicia de Arequipa por las actividades contra el medio ambiente por parte de la Pesquera Natalia S.A, de fojas 297, su fecha 29 de febrero de 2008, que declara infundada la demanda de amparo de autos. Sobre los hechos: Con fecha 25 de y de 2007 los recurrentes interponen demanda de amparo contra Pesquera Natalia S.A., con el objeto de que se disponga la suspensión de las actividades que dicha empre a viene realizando en la zona próxima al mar del Valle de Pescadores, en el distrito Ocoña, provincia de Camaná, departamento de Arequipa, hasta que se presenten las exigencias pertinentes sobre impacto ambiental y otros requisitos exigidos por l ley. Alegan que la demandada está vulnerando sus derechos constitucionales al goce de un medio ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de la vida y a la propiedad, al pretender construir una planta de tratamiento de harina y aceite de pescado, por cuanto ello supondría un impacto negativo en los recursos hídricos de la zona que impediría a los demandantes el adecuado desarro11o de su actividad agraria. Pesquera Natalia S.A.C., mediante escrito de fecha 27 d Julio de 20071 contestó la demanda, contradiciéndola y negándola en todos sus extractos. No obstante, dicho escrito fue rechazado por el Juzgado Civil de Camaná mediante resolución de fecha 17 de octubre de 2007, por no haber cumplido con subsanar omisión de la tasa judicial por ofrecimiento de pruebas en el plazo debido. Sobre las peticiones: la demanda se pretende la protección del derecho a un ambiente adecuado y equilibrado (artículo 2°, 22 de la Constitución), por lo que la sentencia genera consecuencias a favor de toda la población de la zona. En tal sentido, contrariamente a lo argumentado por mandada, a fojas 32 del Cuadernillo del Tribunal Constitucional (CTC), el demandante no requiere ser representante del Comité de Defensa del Agro y del Ambiente del Valle de Pescadores para ostentar legitimidad procesal activa en el presente caso.	Antes de la demanda se habían presentado otras acciones judiciales en contra de la empresa pesquera.	Recursos hídricos, flora y fauna.	No indica	Jurisdiccion constitucional	Tribunal constitucional de Peru. 2008 - N.º 04216-2008-PAITC		Tribunal Constitucional de Peru, Pleno Tribunal Constitucional (6 de marzo de 2013) EXP. N.º 04216-2008-PAITC [ M.P. Urviola Hani]https://www.gacetajuridica.com.pe/docs/04216-2008-AA_unlocked.pdf / paginas importantes de 10 a 20
Perú	Urbanizacion Los Pinos	Maximo Medardo Mass Lopez	Empresa Nextel	Sobre los actores: Máximo Medardo Mass López, contra la sentencia de la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia del Santa, de fojas 501 , su fecha 20 de octubre de 2006, que declara improcedente la demanda de amparo de auto por las actuaciones inconstitucionales de la empresa Nextel de Perú S.A Pretensiones y hechos: El recurrente interpone demanda de amparo contra la empresa NEXTEL DEL PERÚ S.A. (en adelante NEXTEL), a fin de que se ordene el inmediato desmantelamiento de la antena de telecomunicaciones y demás equipos instalados por la demandada en el Centro Comunal ubicado en la Urbanización Los Pinos, puesto que considera que su permanencia constituye una grave vulneración al derecho a la paz, a la tranquilidad y a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de la vida, así como el derecho a la salud de los pobladores de dicha urbanización. Manifiesta que, en el mes de diciembre del año 2000, la demandada inició la instalación de los equipos, sobre la base de un contrato de arrendamiento nulo y sin contar con los informes favorables del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y de Defensa Civil. Del análisis integral del expediente de autos se desprende que el demandante pretende que el Tribunal Constitucional ordene el inmediato desmantelamiento de la antena de NEXTEL y equipos instalados en el Centro Comunal ubicado en la Urbanización Los Pinos, toda vez que, según afirma, se está afectando su derecho a la paz, a la tranquilidad, a gozar de un medio ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de la vida. Como paso previo a que este Colegiado resuelva el fondo de la controversia, se considera pertinente realizar algunas consideraciones previas a la resolución de la controversia.	Antes de la demanda se habían presentado otras acciones judiciales en contra de la empresa pesquera.	Suelo	No indica	Jurisdiccion constitucional	Tribunal constitucional de Peru. 2006 - N.º 4223-2006-PA/TC		Tribunal Constitucional de Peru, sesion de Pleno Constitucional (2 de junio de 2007) EXP. N.º 4223-2006-PA/TC [M.P. Landa Arroyo] https://www.gacetajuridica.com.pe/docs/04223-2006-AA_unlocked.pdf / paginas importante de 8 a 14
Perú	Cuenca del Mazán	Abraham Vílchez Muñoz - Blandine Masicote Perú (Asocion de promotores de Salud ONG)	El Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA) y el Gobierno Regional de Loreto	Sobre las partes: Promotores de Salud del icariato San José del Amazonas "Blandine Masicote Perú" representada debidamente por don Abraham Vílchez Muñoz, contra la sentencia de la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Loreto, de fojas 422, su fecha 16 de diciembre de 2004, que declara infundada la demanda de autos. Sobre los hechos: Con fecha 14 de abril de 2004 el recurrente interpone demanda de amparo contra el Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA) y el Gobierno Regional de Loreto, solicitando que se suspendan los concursos públicos de concesiones forestales convocadas y se excluya a la cuenca del Mazán, zonificada como bosque de producción permanente, de los mencionados concursos, por considerar que dichos actos constituyen una amenaza cierta e inminente de su derecho constitucional a un medio ambiente equilibrado y adecuado; solicita, asimismo que se realicen los estudios para evaluar el impacto de tales actividades forestales. Argumenta que mediante Resolución Suprema N.º 262, de fecha 10 de junio de 1965, el ministerio de Agricultura declaró Zona Reservada para el Estado el sistema hidrográfico del río Mazán; que, posteriormente, mediante Resolución Ministerial N.º 1349-2001-AG, de fecha 27 de diciembre del 2001, se aprobó la creación de bosques de producción permanente ¡/ n el departamento de Loreto, delimitando, mediante Decreto Supremo N.º 037-2003-AG, de ~fecha 1 O de noviembre de 2003, las unidades de aprovechamiento en las cuencas del Mazán y Tadhacuracay; y que ello se ha hecho sin considerar la afectación que podría causar a los pueblos indígenas de la zona al no haberse realizado los estudios de impacto ambiental, ni haberse considerado la reserva de protección existente, amenazando, por ende, su derecho constitucional al goce de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de la vida.	Antes de la demanda se habían presentado otras acciones judiciales en contra de la empresa pesquera.	Flora y fauna.	No indica	Jurisdiccion constitucional	Tribunal constitucional de Peru. 2005 - N.º 1206-2005-PA/TC		Tribunal Constitucional de Peru, sesion de Pleno Jurisdiccional (20 de abril de 2007) EXP. N.º 1206-2005-PA/TC [M.P. Landa Arroyo] https://www.gacetajuridica.com.pe/docs/01206-2005-AA_unlocked.pdf / paginas importantes de 1 a 9
Perú	Distritos de San José de Lourdes y Huarango, provincia de San Ignacio, región Cajamarca, Perú.	Las Comunidades Nativas Awajún de Naranjos y Supayaku	Exploraciones Águila Dorada S.A.C	La Comunidad Nativa Awuajun de Supayaku viene exigiendo desde el año 2011 que se respete su derecho al territorio, al desarrollo en un ambiente sano y a que se le consulte sobre decisiones gubernamentales que afectan directamente sus derechos, en estricto cumplimiento de las obligaciones contraídas por el estado peruano al haber ratificado el Convenio 169 de la OIT y al haber sancionado la Ley No. 29785 (Ley del Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios) y su Reglamento (D.S. 001-2012.MC). Esto debido a que, sin haber sido consultados previamente, el Ministerio de Energía y Minas autorizó las actividades de exploración minera formulada por la empresa Águila Dorada S.A.C., respecto del proyecto “Yagku Entsa” (Resolución Directoral N° 229- 2013-MEM/DGM). Por otro lado, la Comunidad Nativa de Naranjos contrajo un contrato de usufructo de una parte de su territorio con la empresa minera para el proceso de exploración. La actividad de exploración desarrollada hasta octubre del 2014, generó la contaminación de las aguas del Río Chirinos, produciendo la muerte de peces y afectando la salud de los pobladores, ya que la pesca es una de las principales actividades para el consumo humano directo de los miembros de la Comunidad Nativa Awajun de Supayaku. En coordinación con la Red Muqui, se realizó un análisis certificado de la calidad de agua del río Chirinos, obteniéndose el resultado de la presencia de aceites, grasas y fenoles de origen industrial.	Se presentaron protestas, quejas y reclamos por parte de la comunidad afectada, sin embargo las mismas no fueron atendidas. Por este motivo, se vieron obligados a iniciar actuaciones judiciales.	Recursos hídricos, flora y fauna.	No indica	Jurisdicción Constitucional.	Quinto Juzgado Especializado en lo Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima. Expediente No. 32645-2013.		Quinto Juzgado Especializado en loConstitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima. Expediente No. 32645-2013. https://grufides.org/sites/default/files//Documentos/fichas_casos/CONFLICTO%20MINERO%20AGUILA%20DORADA_0.pdf
Perú	Municipio distrital de Pulán - Santa Cruz, en Perú	Celso Santa Cruz Izquierdo, Alcalde de la Municipalidad Distrital de Pulán - Santa Cruz	Empresa Minera La Zanja S.R.L	Con fecha 2 de octubre de 2009 don Celso Santa Cruz Izquierdo en su calidad de Alcalde de la Municipalidad Distrital de Pulán - Santa Cruz, interpone demanda de amparo contra la empresa Minera La Zanja S.R.L a fin de que se desista del inicio de actividades de explotación minera toda vez que a su juicio el proyecto minero está ubicado en una zona de alta vulnerabilidad por ser cabecera de cuenca hidrográfica, acuífero natural donde nacen varias corrientes de agua, existiendo un inminente peligro de contaminación que supondrá la violación del derecho a un medio ambiente sano y equilibrado. Sostiene que el proyecto minero La Zanja comprende los yacimientos “San Pedro Sur” y “Pampa Verde”, en los que se pretende explotar oro y plata; que el proyecto se encuentra en una zona de ecosistema frágil porque está en la naciente de las aguas que forman la cabecera de la cuenca hidrográfica que irriga el Valle “Chancay-Lambayeque”; que la población de Pulán está en absoluto desacuerdo con el proyecto minero por cuanto la actividad que despliega es contaminante de aguas; que la minería utiliza el recurso, lo agota y luego lo deja inservible, y que la municipalidad distrital ha emitido la Ordenanza Municipal N.º 003-2004-MDP a través de la cual se establece el Área de Conservación Municipal de Pulán sobre una superficie de 5,504 hectáreas ubicadas en el distrito del mismo nombre, Provincia de Santa Cruz, Departamento de Cajamarca. La empresa emplazada contesta la demanda alegando que solicitó y obtuvo de parte del Ministerio de Energía y Minas una serie de concesiones mineras, y que se han aprobado la evaluación ambiental para la exploración del proyecto, el Estudio de Impacto Ambiental solicitado y otorgado todos los permisos para el inicio de las operaciones. El Juzgado Mixto de Santa Cruz, con fecha 22 de enero de 2010, declaró infundada la demanda, por considerar que los Gobiernos Regionales, Locales, y los órganos del Estado deben sujetar su accionar al cumplimiento estricto de la Constitución y las leyes de la República, de manera que la Ordenanza Municipal N.º 003-2004-MDP, que declaró como Área Natural Protegida la zona donde la compañía minera demandada deberá iniciar explotación, no resulta vigente para el caso de autos, máxime si el artículo 7º de la Ley N.º 26834, de Áreas Naturales Protegidas, prescribe que la creación de tales áreas se realiza mediante Decreto Supremo aprobado por el Consejo de Ministros. Estima, además, que el Ministerio de Salud ha determinado que es perfectamente posible la coexistencia de la actividad minera conjuntamente con la ganadera y agrícola.	Según lo expuesto en la sentencia, no se presentaron acciones antes de acudir al ámbito judicial.	Recursos hídricos	No indica	Jurisdicción Constitucional	Tribunal Constitucional en sesión de Pleno Jurisdiccional. Expediente N.° 01848-2011-PA/TC		Tribunal Constitucional en sesión de Pleno Jurisdiccional. Expediente N.° 01848-2011-PA/TC 19 de octubre de 2011. https://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2011/01848-2011-AA.html
Venezuela	Lago de Maracaibo	La Federación Venezolana de Pescadores y Trabajadores de la Industria Pesquera	Empresa propietaria del buque-tanque NISSOS AMORGOS	El 28 de febrero de 1997 el buque tanquero griego Nissos Amorgos, transportaba aproximadamente 75 mil barriles de petróleo crudo venezolano, encalló al pasar por el canal de navegación del Lago de Maracaibo en la salida hacia el Golfo de Venezuela, derramando en el cuerpo de agua la cantidad de veinticinco mil cuatrocientos seis barriles de petróleo (25.406 brls), los cuales contaminaron la costa noroeste de la Isla de San Carlos; extendiéndose el derrame hacia el balneario de Caimare Chico. El día 4 de mayo 1999 Tulio Álvarez el abogado de profesión “actuando en su carácter de apoderado judicial de la Federación Venezolana de Pescadores y Trabajadores de la Industria Pesquera, solicitó el avocamiento de las causas relacionadas con el derrame petrolero, ocurrido en fecha 28 de febrero de 1997 en el Lago de Maracaibo, ocasionado por el buque-tanque NISSOS AMORGOS” debido a que habían 4 demandas interpuestas por diversas personas en contra de los armadores del Buque Tanque NISSOS estas estaban interpuestas por: la Federación Venezolana de Pescadores y Trabajadores de la industria Pesquera (FETRAPESCA) tenía el número de expediente 97/7207 y estaba en el Tribunal Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas; Tropicalmar Trading Company, C.A., Cangrejos Azules del Zulia, C.A., y otros	1.Demanda incoada por la Federación Venezolana de Pescadores y Trabajadores de la industria Pesquera (FETRAPESCA) contra los armadores del Buque Tanque NISSOS AMORGOS, que cursa en el expediente Nº 97/7207 del Tribunal Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas. 2. Demanda incoada por Tropicalmar Trading Company, C.A., Cangrejos Azules del Zulia, C.A., y otros, contra los armadores del buque-tanque NISSOS AMORGOS, que cursa en el expediente Nº 7266 del Tribunal Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas. 3. Demanda incoada por la Federación Venezolana de Pescadores y Trabajadores de la Industria Pesquera (FETRAPESCA) contra el Banco Venezolano de Crédito S.A.C.A., que cursa en el expediente Nº 97/660 del Tribunal Séptimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Bancario. 4. Demanda incoada por Tropicalmar Trading Company, C.A., Cangrejos Azules del Zulia, y otros, contra el Banco Venezolano de Crédito S.A.C.A., que cursa en el expediente Nº 97/715 del Tribunal Séptimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Bancario. 5. Demanda incoada por la República de Venezuela contra los armadores del buque-tanque NISSOS AMORGOS, que cursa en el expediente Nº 97/7161 del Tribunal Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas.	Recursos hídricos	No indica	Judicial	Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia	Por lo anterior, esta Sala procede a solicitar los expedientes: Nos. 97/7207, 97/7161 Y 14.508 según numeración del Tribunal Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas; Nos. 97/660 y 97/715 según numeración del Tribunal Séptimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Bancario con competencia nacional y sede en la ciudad de Caracas; y el Nº 11.776 según numeración del Juzgado Séptimo de Primera Instancia en lo Penal y de Salvaguarda del Patrimonio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en lo que corresponde a la acción civil que cursa conjuntamente con la acción penal en dicho expediente. La Sala estima necesaria la remisión a los fines de formar criterio sobre los siguientes hechos: a) Si efectivamente se ha producido retardo judicial en dichos expedientes; b) Si estando vigentes medidas cautelares que prohibían el zarpe del buque-tanque Nissos Amorgos, se produjo su salida del país, en contra de lo acordado en dichas normas; y c) Si se ha reconocido la responsabilidad objetiva y se han aplicado los procedimientos previstos en el Convenio Internacional sobre Responsabilidad Civil por Daños Causados por la Contaminación de las Aguas del Mar por Hidrocarburos. Se advierte a los Tribunales mencionados anteriormente que deberán de abstenerse de realizar actuación alguna en los expedientes señalados en este fallo. Asimismo, se conceden cuarenta y ocho (48) horas computadas a partir de la notificación del presente fallo, para que los expedientes solicitados sean remitidos a esta Sala del Supremo Tribunal de Justicia (Tribunal Supremo de Justicia, 2011, párr. IIII).	Exp. Nº 15940, N.º 15940 (Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia 17 de febrero de 2000). http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/spa/Febrero/170200-15940-162.htm
Venezuela	Carretera Tucaras - Coro	D.B.A. abogado y Fiscal Cuarto de Defensa Ambiental a Nivel Naciona	Estado: Ministerio del Ambiente	El presente de caso llego a la Corte de Apelaciones por motivos de apelación que el día 03 de febrero de 2003 interpuso el señor D.B.A. abogado y Fiscal Cuarto de Defensa Ambiental a Nivel Nacional, debido a que estaba en desacuerdo con la decisión que dicto el Juzgado de Primera Instancia en lo Penal con funciones de Segundo de Control de este Circuito Judicial Penal en fecha 27 de Enero de 2003, puesto que negó la solicitud de medidas preventivas que se había solicitado con el fin de que paralizara la actividad de deforestación en el sector C.S. el cual está ubicado en la Carretera Tucaras - Coro. El 10 de febrero de 2003 se ordenó compulsar copias para que la contraparte conteste el recurso dentro de 3 días. Al no obtener avances en el proceso el tribunal de Primera Instancia en lo Penal solicito celeridad en el proceso y por ello el 26 de junio de 2003 el Tribunal Ad Quo indico que “fue devuelta la Boleta de emplazamiento al Ingeniero F.J.T.P., en su condición de Coordinador General del Eje Costero Falcón, acordó librar: Nueva Boleta de Notificación dirigida al Encargado, Gerente y/o Coordinador General del Eje Costero F.C. de la Dirección General de Equipamiento Ambiental del Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales a los fines de dar contestación al recurso, conforme lo previsto en el artículo 449 del Código Orgánico Procesal Penal” (Tribunal Supremo de Justicia, 2004, párr. I.IIII), sin embargo no hubo contestación al recurso y ordena la remisión a la Corte de Apelaciones y se remitieron todas las actuaciones el 15 de agosto de 2003. Sin embargo, el 9 de septiembre de 2003 el Tribunal Colegiado solicitó al accionante informe sobre el estado de la actividad de deforestación. Sin embargo, al realizar la respuesta indico que no podía dar la información hasta no realizar los dictamines técnicos y días después los envió a la sala.	Antes del presente proceso, se inició un proceso penal que obtuvo sentencia negativa, razón por la cual fue necesario apelar.	Flora y fauna	No indica	Judicial	Corte de Apelación Penal de Coro	DECLARA SIN LUGAR EL RECURSO DE APELACIÓN ejercido por la Fiscalía del Ministerio Público contra el auto dictado por el Juzgado de Primera Instancia en lo Penal con funciones de SEGUNDO de Control de este Circuito Judicial Penal, en los términos antes expresados (Tribunal Supremo de Justicia, 2011, párr. V).	Decisión nº S-N de Corte de Apelaciones de Falcon, (Corte de Apelación Penal de Coro 19 de octubre de 2004). https://vlexvenezuela.com/vid/abogado-danilo-baltasar-anderson-282303099
Venezuela	Cerro Avispa, Monumento Natural Cerro Aracamoni, Parque Nacional Yapacana, Parque Nacional Duida Marahuaca, Manapiare	N.L. ECHAVEZ	Focos mineros ilegales	La Abogada N.L. ECHAVEZ representante de la Fiscalía Séptima del Ministerio Público con Competencia en Defensa Ambiental, de la Circunscripción Judicial del Estado Amazonas, solicito con fundamento en “los artículos 108 ordinal 10 del Código Orgánico Procesal Penal en concordada relación con lo preceptuado en el artículo 34 numeral 1 de la Ley Orgánica del Ministerio Público” (Tribunal Supremo de Justicia, 2005, párr. I.II) un solicitud de ratificación y ampliación de las medidas precautivas ambientales que se dictaron por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Penal en Funciones de Control el 05 de mayo de 2005, debido a que el artículo 24 de la Ley Penal del Ambiente, establece que estas medidas son procedentes en cualquier estado del proceso, pues el Juez debe adoptarlas de oficio o a petición de parte para evitar o eliminar un peligro que pueda producir daños ambientales. En el presente caso la accionante afirma que en el territorio se sigue desarrollando “una intensa actividad minera en el Estado, específicamente en la zona del Cerro Avispa, Monumento Natural Cerro Aracamoni, Parque Nacional Yapacana, Parque Nacional Duida Marahuaca, Manapiare y otras áreas las cuales entre todas hacen un total de 39 focos mineros” (Tribunal Supremo de Justicia, 2005, párr. I.II). A pesar de que ya se habían dictado medidas las afectaciones se siguieron causando y se han desplazado de un lugar a otro agravando la situación y el peligro de la comunidad indígena y por ello solicitó que se eliminaran todos los obstáculos y aparatos que puedan alterar el aspecto o el aprovechamiento racional de los recursos; marinos, hídricos y costeros. Las afectaciones denunciadas son realizadas por un grupo de personas con nacionalidad Brasileña y Colombiana, están ocupando el Área Bajo Régimen de Administración Especial (Parque Nacional Yapacana y una zona denominada como reserva de Biosfera, ubicadas estas zonas dentro del Estado Amazonas) de manera ilegal y gracias a sus acciones la comunidad cada día es víctima de “contaminaciones, deforestaciones, tráfico de armas, drogas, contrabando, tráfico de combustible que lleva consigo la actividad minera” (Tribunal Supremo de Justicia, 2005, párr. I.II). sumando todas las enfermedades que han contraído. Por no cumplir con las medidas ya dictadas.	Antes del presente proceso se inició otro, en el cual se apeló una ampliación y ratificación de las medidas cautelares, con el fin de poder proteger correctamente los recursos ambientales.	Flora, fauna y suelo	No indica	Judicial	Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Penal en Funciones de Control de Amazonas	DECLARA CON LUGAR la solicitud interpuesta por la Fiscalía Séptima del Ministerio Público y DECRETA LA RATIFICACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LAS MEDIDAS PRECAUTELATIVAS dictadas por este Tribunal.” Juan de Jesús Vargas Estudiante Indirecta Exp. 04-3198, (Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia 6 de diciembre de 2005). http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/Diciembre/3658-061205-04-3198.htm José Castillo Suárez, apoderado judicial de la comunidad indígena Kanaimo, No se indica esta información. juande.vargas@urosario.edu.co Venezuela Lote San Pedro y Parque Canaima y sus alrededores El pueblo indígena Pemon de Kamarata-Kananimö posee una etnicidad en torno a tres elementos que la hacen. El primero es su cosmovisión, basada en la creencia del principio espiritual originario “Pia”, generador de la estirpe indígena Pemon, que dio origen a los entes numénicos Iweiwa, Tuwenkaron y Kaponokok. De ellos nacieron Makunaima, Chikó, Weruuweru e Iroriwa que componen su origen ancestral como pueblo. El segundo elemento se trata de su territorio; las nociones de Nono-unono como nuestro territorio-nuestro ambiente. Y, el tercero, tiene que ver con la lengua o idioma Pemon y sus variantes dialectales. En cuanto a los aspectos demográficos, si bien el pueblo indígena Pemon en general tiene una población de unos treinta mil (30.000) habitantes, de acuerdo con el último censo poblacional de 2011, para el caso que nos ocupa estaríamos dando cuenta de unas veinte (20) comunidades, teniendo el valle de Kamarata la mayor concentración poblacional de la zona con una población aproximada de unos setecientos cincuenta (750) habitantes según Censo (2013) del Ambulatorio Rural Tipo II (AR-II). Este último centraliza la atención médica de la zona, teniendo Kamarata el sistema educativo oficial en todos los niveles, comunicación vía internet así como telefonía celular. Antes de la presente acción judicial se presentaron quejas y reclamos por parte de la comunidad. Sin embargo, estas no fueron escuchadas. A parte de esto, el 19 de febrero de 2004, el Sargento Jesús Armando Rosales, adscrito al Cuarto Pelotón de la Tercera Compañía del Destacamento Nº 88, del Regional Nº 8 de la Guardia Nacional, levantó in situ un acta mediante la cual paralizó las actividades de explotación forestal, realizadas por la accionada. Flora y fauna Ninguna. Empresa y Estado: ASERRADERO EL MANTECO C.A. y la Dirección Estadal Ambiental del Estado Bolívar del Ministerio del Ambiente de los Recursos Naturales El José Castillo Suárez, apoderado judicial de la comunidad indígena Kanaimo, interpuso una acción de amparo constitucional “por intereses difusos y colectivos, conjuntamente con una medida cautelar innominada”, contra ASERRADERO EL MANTECO C.A. y la Dirección Estadal Ambiental del Estado Bolívar del Ministerio del Ambiente de los Recursos Naturales (Tribunal Supremo de Justicia, 2005, párr. 1). Debido a que las accionadas están violando “los derechos constitucionales de protección y resguardo del medio ambiente, del mantenimiento del equilibrio ecológico, de la protección de la diversidad biológica, de los recursos genéticos, de los procesos ecológicos, de los parques nacionales y a los monumentos naturales” (Tribunal Supremo de Justicia, 2005, párr. 1), pues la Resolución Nº 332 del 25 de noviembre de 1981 destinó el área de San Pedro “a la producción forestal permanente, mediante planes de ordenación y manejo y otros estudios técnicos, bajo la modalidad de contratos administrativos, de conformidad con lo previsto en el artículo 85 del Reglamento de la Ley Forestal de Suelos y Aguas” (Tribunal Supremo de Justicia, 2005, párr. I.3). Y el día, 27 de noviembre de 1987 los accionados suscribieron un contrato de concesión por 30 años en “la Unidad Nº 1, del Lote Boscoso San Pedro” (Tribunal Supremo de Justicia, 2005, párr. I.4). No obstante, el día 19 de febrero de 2004, un sargento mediante un acta paralizó las actividades de explotación forestal, realizadas por la accionada, debido a las grandes afectaciones ambientales que se estaban generando, sin embargo, el 19 y 21 de febrero de 2004 la Comisión enviada por la Dirección Estadal Ambiental del Estado Bolívar del Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales realizo las inspecciones pertinentes y mediante acta afirmo que las actividades realizadas por la empresa estaban conforme a lo pactado en el contrato. Por ende, se levantó el acta que ordenaba el cese de las actividades. Pero la comunidad afirma que estas actividades no están siendo controladas por la entidad competente y no hay un equilibrio ecológico, por lo que solicitaron el cese de la expoliación del área comprendida dentro del Parque Nacional Canaima y todo lo que lo rodea. Judicial Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia 1.- Se ADMITE la demanda. En consecuencia, la Sala ordena se emplace a ASERRADERO EL MANTECO C.A., en la persona de su Presidente y al Director de la Dirección Estadal Ambiental del Estado Bolívar del Ministerio el Ambiente y de los Recursos Naturales, en su condición de demandados, mediante copia certificada de la demanda, la cual contendrá la orden de comparecencia al pie de página 2.- Se ORDENA notificar al Fiscal General de la República, a la Procuradora General de la República y al Defensor del Pueblo, de la existencia de este proceso, a los fines de que participen o no como terceros coadyuvantes, si lo estiman conveniente. Publíquese Edicto, a cargo de los demandantes, llamando a los interesados, los cuales se insertaran en el diario de la localidad de mayor circulación del Estado Bolívar, a fin de informarles que pueden concurrir como terceros coadyuvantes. La Secretaría del Tribunal señalará, las personas físicas a quienes van dirigidos los emplazamientos, como representantes de los organismos estatales. 3.- Se ACUERDA la medida cautelar solicitada, por lo cual -con carácter temporal y hasta tanto se dicte la sentencia que resuelva el fondo de la controversia planteada- se ordena: a) La suspensión de todo tipo de explotación en el área comprendida dentro del Parque Nacional Canaima, así como de las áreas anexas y continuas a dicho parque. b) La suspensión de los efectos de las providencias administrativas otorgadas a favor de ASERRADERO EL MANTECO C.A., que, supuestamente, le ha permitido la violación de los derechos ambientales de sus representados en el Parque Canaima y sus alrededores" (Tribunal Supremo de Justicia, 2005, párr. V).	Decisión de Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Penal en Funciones de Control de Amazonas, de 16 de Agosto de 2005, (Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Penal en Funciones de Control 16 de agosto de 2005). https://vlexvenezuela.com/vid/fiscalia-septima-ministerio-publico-287210807
Venezuela	Municipio Río Negro del Estado Amazonas	Miembros de la fuerza pública.	Particulares: LOURIVAL BATISTA PEREIRA CAMPO, F.E. y J.A.D.C.	El día 27 de febrero de 2006 varios funcionarios de Guardia Nacional se encontraban realizando labores de patrullaje ambiental en el “sector denominado M.N. (…) ubicado en el cerro Aracamoni, perteneciente al parque nacional Sierra Neblina, Municipio Río Negro del Estado Amazonas, aproximadamente a 12 horas de camino del río Siapa, observaron una deforestación de aproximadamente dos hectáreas y una excavación en el suelo de aproximadamente 10 metros cuadrados por cincuenta metros de profundidad, dentro del cual se encontraban tres ciudadanos operando una maquina utilizada para la extracción de material aurífero, bombeando agua a través de una manguera y removiendo con la presión del agua el terreno circundante a la excavación, motivo por el que proceden a la aprehensión de esas personas quienes resultaron identificados como LOURIVAL BATISTA PEREIRA CAMPO, F.E. y J.A.D.C.” (Tribunal Supremo de Justicia, 2007, párr. 32). Cabe resaltar que en la zona que fueron aprehendidos es un área de especial protección y está prohibida su ocupación sin autorización previa por lo que el “Ministerio Público les imputo la comisión de los delitos de DEGRADACIÓN DE SUELO, TOPOGRAFIA Y PAISAJE; ACTIVIDADES EN AREAS ESPECIALES O ECOSISTEMAS NATURALES y ASOCIACIÓN previsto y sancionado en los artículos 43, 58 de la Ley Penal del Ambiente con la agravante contenida en el artículo 10 y en el artículo 6 de la Ley contra la delincuencia organizada en concordancia con el artículo 83.3 del Código Penal en perjuicio del Estado Venezolano.” (Tribunal Supremo de Justicia, 2007, párr. 32).	Por el mismo motivo anteriormente expuesto, no resulta posible mencionar acciones que se realizaron con anterioridad.	Suelo	No indica	Judicial	Juzgado Primero de Primera Instancia Penal con Funciones de Juicio de Amazonas	PRIMERO: Se condena a los ciudadanos J.A.D.C., Laurival BATISTA PEREIRA CAMPOS y F.E., por el delito de ACTIVIDADES EN ÁREAS ESPECIALES. SEGUNDO: Se condena a los ciudadanos LAURIVAL BATISTA PEREIRA CAMPOS, F.E. Y J.A.D.C., como CÓMPLICE DEL DELITOS DE ASOCIACIÓN, sancionado en el artículo 6 de la Ley Orgánica Contra La delincuencia Organizada, en concordancia con el artículo 84 numeral 3 del Código Penal. TERCERO: ABSUELVE a los ciudadanos LAURIVAL BATISTA PEREIRA CAMPOS, F.E. Y J.A.D.C., por os delitos de degradación de suelos topografías y paisajes, la pena que deben cumplir es de DOS (2) AÑOS Y TRES (3) MESES DE PRISIÓN, el PAGO DE UNA MULTA EQUIVALENTE A DOSCIENTOS SALARIOS MÍNIMOS DIARIOS vigentes para la fecha de comisión del delito. Quedando así corregido el error material en que se incurrió al momento de transcribir la parte dispositiva de la sentencia. CUARTO: La pena quedará provisionalmente cumplida el 27 de mayo de 2008, por cuanto estos ciudadanos se encuentran privados desde el 27 de febrero de 2006. El sitio de cumplimiento será el establecimiento carcelario que al efecto señale el Tribunal de Ejecución cuyo conocimiento le corresponda la presente causa. QUINTO: Se ordena la encarcelación de los ciudadanos Laurival Batista Pereira Campos, F.E. y J.A.D.C., actualmente recluidos en el Retén Policial del Estado Amazonas; para lo cual se acuerda librar las boletas correspondientes. QUINTO: No existe condenatoria en costas por establecerse la gratuidad de la justicia en nuestra Constitución. SEXTO: se acuerda el mantenimiento de la medida de privación de libertad a la cual estaban sometidos los ciudadanos de autos. SÉPTIMO: se acuerda informar sobre la presente decisión al Consulado de la República Federativa de Brasil. OCTAVO: El Tribunal se reserva el lapso de diez días para publicar el texto íntegro de la sentencia, quedando notificadas las partes de lo aquí acordado. (Tribunal Supremo de Justicia, 2007, párr. 67). Juan de Jesús Vargas Estudiante Indirecta Sentencia No. 8J-009-10-S, (Tribunal Octavo de Juicio 26 de febrero de 2010). http://apure.tsj.gob.ve/DECISIONES/2010/FEBRERO/572-26-8U-346-08-8J-009-10-S.HTML Fiscalia del ministerio público en representación del Estado de Venezolano No se indica esta información. juande.vargas@urosario.edu.co Venezuela Lago de Maracaibo Tal y como en el anterior caso, el presente proceso legal no fue iniciado por ninguna comunidad en particular, sino por la Fiscalía de Venezuela, razón por la cual no resulta posible caracterizarlas. Por el mismo motivo anteriormente expuesto, no resulta posible mencionar acciones que se realizaron con anterioridad. Recursos hídricos Ninguna. Particulares y empresa: Konstadinos Nikolaos Spiropulos, la empresa Nissos Amargos y Naftiki Eteria Fiscalía del ministerio público en representación del Estado de Venezolano interpuso una demanda Contra el ciudadano Konstadinos Nikolaos Spiropulos de nacionalidad Griega Capitán de profesión debido a que la noche del 28 de Febrero de 1997 manejaba el buque-tanque Nissos Amargos que portaba una bandera Griega que pertenecía a la empresa Nissos Amargos y Naftiki Eteria, y transportaba cuatrocientos ochenta y cinco mil novecientos veintiséis cuatrocientos ochenta y cin mil novecientos veintiséis barriles de petróleo, “encalló en el canal de navegación del Lago de Maracaibo (…) en la salida hacia el Golfo de Venezuela” (Tribunal Supremo de Justicia, 2010, párr.1), desafortunadamente mientras iba en el cuerpo de agua del lago de Maracaibo derramo veinticinco mil cuatrocientos seis barriles de petróleo “los cuales contaminaron la costa noroeste de la Isla de San Carlos y Sureste del Litoral Goajiro; extendiéndose el derrame hacia el Balneario de Caimare Chico, ubicado en jurisdicción del Municipio Páez del Estado Zulia, estimándose, inicialmente, entre treinta y cinco kilómetros (35 Km) y cuarenta kilómetros (40 km) la longitud de la costa manchada” (Tribunal Supremo de Justicia, 2010, párr.1). Por lo anterior se solicita que los demandados solidariamente paguen a la República de Venezuela 29.220.619.740,00 Bolívares, intereses vencidos a dicha suma, indemnización de daños y perjuicios, costas del juicio civil. Judicial Tribunal Octavo de Juicio 1. Se CONDENA al Ciudadano KONSTADINOS NIKOLAOS SPIROPULOS; a la EMPRESA NISSOS AMORGOS y NAFTIKI ETERIA Empresa Propietaria BUQUE-TANQUE NISSOS AMORGOS, a la SOCIEDAD MERCANTIL ASSURANCEFORENINGEN GARD, Asociación de Protección e Indemnización, en su condición de Aseguradora del BUQUE-TANQUE NISSOS AMORGOS, a cancelar la cantidad de 29.220.619.740,00 BOLÍVARES, a la PARTE DEMANDANTE, es decir al ESTADO VENEZOLANO, como VICTIMA en la presente causa, de conformidad con lo previsto en el Artículo 18 de la Ley Penal del Ambiente, por concepto de los DAÑOS MATERIALES, de conformidad con lo previsto en los Artículos 23 y 30 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; 1185, 1191 y 1196 del Código Civil; 8, 12, 23, 508 y siguientes del Código de Procedimiento Civil. 2. Se CONDENA a la PARTE DEMANDADA al pago de las COSTAS PROCESALES, causados en ocasión a la instauración a la presente causa. 3. Se DECLARA CON LUGAR la INDEXACIÓN JUDICIAL o CORRECCIÓN MONETARIA, del cuantum del DAÑO MATERIAL, y de las COSTAS PROCESALES, y en consecuencia se ACUERDA efectuar EXPERTICIA CONTABLE, a través del BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, así como también el pago de los INTERESES MORATORIOS LEGALES que se generen, una vez transcurrido el lapso para el cumplimiento voluntario de la obligación. 4. Se ACUERDA NOTIFICAR AL FONDO INTERNACIONAL DE INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS CAUSADOS POR LA CONTAMINACIÓN POR HIDROCARBUROS, 1971 (FIDAC). 4 Albert Embankement, Londres SE1 7SR, Reino Unido. Domicilio en Venezuela en el Multicentro Empresarial del Este, Edif. Libertador, Núcleo B, Piso 15, Ofic. 151-B. Av. Libertador, Chacao, Caracas, Venezuela, de lo aquí decidido, de conformidad con previsto en el Artículo 2 y 4 del Convenio Internacional de Constitución de un Fondo Internacional de Indemnización de Daños Causados por la Contaminación de Hidrocarburos. Publíquese, regístrese y notifíquese" (Tribunal Supremo de Justicia, 2010, párr. XI)	Decisión de Juzgado Primero de Primera Instancia Penal con Funciones de Juicio de Amazona, XP01-P-2006-000212 (Juzgado Primero de Primera Instancia Penal con Funciones de Juicio de Amazonas 19 de noviembre de 2007). https://vlexvenezuela.com/vid/lourival-batista-escobar-azalia-gloarlys-286603075
Venezuela	Ciudad de Valencia, Estado Carabobo	Roberto León Parilli y el señor Edison Durán Lucena	El Estado venezolano, representado en el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente y los Recursos Naturales, en Hidrológica de Venezuela C.A. (HIDROVEN) y en su filial Hidrológica del Centro C.A. (HIDROCENTRO)	El 14 de julio de 2010 el abogado Roberto León Parilli actuando en nombre propio y el señor Edison Durán Lucena representado por Lucio Herrera Gubaira, todos miembros la organización ciudadana Movimiento por la Calidad del Agua, interpusieron una demanda de intereses colectivos y difusos “contra el Estado venezolano, representado en el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente y los Recursos Naturales, en Hidrológica de Venezuela C.A. (HIDROVEN) y en su filial Hidrológica del Centro C.A. (HIDROCENTRO)” (Tribunal Supremo de Justicia, 2011, párr. I). Debido a que en varias ocasiones varios de los ciudadanos que tienen domicilio en el Área Metropolitana de Valencia realizaron denuncias públicas por la mala calidad del servicio que estaba prestando HIDROCENTRO, pues la comunidad afirmaba que esta agua no era apta para el consumo humano. Y a pesar de que el grupo ambientalista Movimiento por la Calidad del Agua el 21 de abril de 2012 hizo llegar al presidente de la empresa antes mencionada, una solicitud con la firma de 1.300 ciudadanos que consideran que han sido afectados por la deficiente calidad del agua que llega a sus hogares y están consumiendo, para que la calidad del agua cumpliera con lo establecido en la constitución, nunca hubo respuesta alguna, por ende, se volvió a presentar, y mediante correo electrónico se dio respuesta sin brindar los estudios solicitados pues se limitaron a responder que la Gerencia de Captación Tratamiento y Mantenimiento la encargada de realizar dichos estudios por lo cual no pueden dar respuesta al respeto y de querer otra información deben comunicarse con la gerente de captación de la empresa. La comunidad siguió luchando y tratando de comunicarse con la empresa en varias ocasiones para obtener respuesta alguna. Pese a que obtuvieron respuestas y pudieron reunirse con la accionada para hablar sobre sus preocupaciones, nunca hubo respuesta satisfactoria o información pertinente brindada por HIDROCENTRO. Por ello, los accionantes solicitaron “ordenar lo conducente a fin de que se tomen las medidas necesarias para la eliminación de las descargas de agua contaminantes que sufre nuestro principal y única reserva de agua para el consumo humano, cuya operatividad depende de la empresa bajo su cargo C.A. HIDROLÓGICA DEL CENTRO, HIDROCENTRO” (Tribunal Supremo de Justicia, 2011, párr. I. XIV).	Antes del presente proceso legal se presentaron quejas y peticiones por parte de la comunidad afectada, sin embargo, ninguna fue respondida de manera óptima, razón por la cuál sus habitantes se vieron en la necesidad de iniciar el presente proceso legal.	Recursos hídricos	No indica	Judicial	Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia	Se ordenó: "PRIMERO: QUE NO TIENE COMPETENCIA para conocer de la presente acción, por tratarse de una reclamación en el marco de la prestación de un servicio público, en la cual se solicita el acceso a la información consagrado en el artículo 28 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el artículo 66 de la Ley Orgánica de Prestación del Servicio de Agua Potable y Saneamiento, así como del derecho a disponer de bienes y servicios de calidad, así como a una información adecuada y no engañosa sobre el contenido y características de los productos y servicios que consumen, de acuerdo a lo consagrado en el artículo 117 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por parte del ESTADO VENEZOLANO representado en el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente y los Recursos Naturales, en HIDROVEN y en su filial C.A. Hidrológica del Centro C.A. en el marco de la prestación del servicio público de suministro de agua potable en la llamada área metropolitana de la ciudad de Valencia; con lo cual, de acuerdo al artículo 259 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con los artículos 7.5, 9.5 y 26 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contenciosos Administrativa, corresponde a esa jurisdicción Contencioso Administrativa conocer de la presente reclamación. SEGUNDO: DECLINA LA COMPETENCIA para conocer de la presente reclamación por prestación de servicio público en el Juzgado de Municipio que corresponda por distribución en la ciudad de Valencia del Estado Carabobo" (Tribunal Supremo de Justicia, 2011, párr. III).	Exp. N° 10-0719, N.º 10-0719 (Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia 28 de junio de 2011). http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/Junio/1007-28611-2011-10-0719.html
Venezuela	Estado Anzoátegui	G.T.B.O. apoderado judicial de los integrantes de la COMUNIDAD INDÍGENA DE S.R.D.T.	Registradora Subalterna del Municipio Autónomo Freites del Estado Anzoátegui, la Procuradora Agraria Nacional de la Región del Estado Anzoátegui y el ciudadano P.S.P.P. (…) Presidente de la Asociación Civil Comunidad Indígena	El 1 de marzo de 2006, el abogado G.T.B.O. interpuso una acción de amparo constitucional con solicitud de medida cautelar innominada, en carácter de apoderado judicial de los integrantes de la COMUNIDAD INDÍGENA DE S.R.D.T. contra "Registradora Subalterna del Municipio Autónomo Freites del Estado Anzoátegui, la Procuradora Agraria Nacional de la Región del Estado Anzoátegui y el ciudadano P.S.P.P. (…) Presidente de la Asociación Civil Comunidad Indígena” (Tribunal Supremo de Justicia, 2011, párr. 1), debido a que alegan la vulneración de los siguientes derechos constitucionales: a la tutela judicial efectiva, la propiedad, a la existencia de los pueblos indígenas consagrados en los artículos 26, 115 y 119 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En la Medida se solicitaba que se le ordenara a la registradora Subalterna del Municipio Autónomo Freites del Estado Anzoátegui que se abstenga de realizar cualquier documento que pueda afectar el terreno de la comunidad hasta que se decida el fondo del asunto, dicha medida fue acepada y ordenada porque se evidencio que los terrenos de litigio son de propiedad de la comunidad y en ellos se han realizado actos que pueden causar daños y perjuicios que son difíciles de reparar para los miembros de la comunidad “por cuanto dicha extensión constituye el hábitat de la referida comunidad indígena donde desarrollan su vida física, cultural, espiritual, social, económica y política que garantizan su forma de vida” (Tribunal Supremo de Justicia, 2011, párr. 3).	Según lo expuesto en la sentencia, no se evidencian acciones anteriores a la presentación de la demanda por parte de la comunidad indígena afectada.	Suelo	No indica	Judicial	Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia	Se ordenó: "ORDENA notificar al abogado G.T.B.O., en su carácter de apoderado judicial de los integrantes de la COMUNIDAD INDÍGENA DE S.R.D.T.. ORDENA notificar de esta decisión a la Registradora Subalterna del Municipio Autónomo Freites del Estado Anzoátegui. ORDENA notificar de la presente acción a la Procuradora Agraria Nacional de la Región del Estado Anzoátegui. ORDENA notificar de la presente acción al ciudadano P.S.P.P., titular de la cédula de identidad N° 9.073.640, en su condición de Presidente de la Asociación Civil Comunidad Indígena S.R. deT.. ORDENA notificar de la presente acción al ciudadano fiscal general de la República. ORDENA notificar de la presente acción a la Defensoría del Pueblo. ORDENA emplazar a los interesados mediante cartel que será librado y publicado por este Tribunal, de acuerdo a lo establecido en el artículo 153 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. ORDENA que, una vez conste en autos dichas notificaciones y carteles, se fije la oportunidad en que se llevará a cabo la audiencia oral y pública" (Tribunal Supremo de Justicia, 2011, párr. 28).	Sentencia no 723, N.o 06-0283 (Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia 20 de mayo de 2011). https://vlexvenezuela.com/vid/comunidad-indigena-santa-rosa-tacata-282941371
Venezuela	Localidad de Jusepín del Estado Monagas	R.A.N.D.	El Ministerio del Ambiente, Gobernación del Estado Monagas, Alcaldía de Maturín Estado de Monagas y Pdvsa Petroleo S.A.	R.A.N.D. actuando en nombre propio y representación de su grupo familiar interpuso una acción de amparo constitucional, contra el Ministerio del Ambiente, Gobernación del Estado Monagas, Alcaldía de Maturín Estado de Monagas y Pdvsa Petroleo S.A. Debido a que el día 04 de febrero de 2012 como consecuencia de las actividades de expoliación, explotación, refinanciación y comercialización de hidrocarburos, que desarrollaba la empresa petrolera antes mencionada, “se produjo un derrame de petróleo en la localidad de Jusepín del Estado Monagas” (Tribunal Supremo de Justicia, 2012, párr. 6), producto de la ruptura de una tubería que se encontraban dentro de las instalaciones de la empresa petrolera, lo que ocasiono que el crudo que estaba depositado en esta tubería resultara en el cauce del río Guarapiche. Por lo anterior fue necesario “interrumpir el suministro y bombeo de agua por parte de la planta del bajo Guarapiche para evitar males mayores, decisión que le compete a Aguas de Monagas, organismo dependiente de la Gobernación del Estado…sufriendo así el ecosistema alteraciones considerables, producto de la muerte de algunas especies” (Tribunal Supremo de Justicia, 2012, párr. 6). Teniendo en cuenta que la filial PDVSA no fue sincera con las autoridades locales, el Ministerio de Ambiente y la Gobernación hasta el día 8 de marzo de 2012 se dieron cuenta de lo ocurrido y el Gobernador a través de los medios de comunicación informo a la comunidad de lo sucedido, puesto que esto presentaba un peligro para la salud de la comunidad. Sin embargo, declararon que “Gracias a la oportuna acción de PDVSA ha sido posible la recolección del 95% del petróleo. Solo el 5% pasó nuestras barreras y está alojado en las zonas del río Guarapiche” (Tribunal Supremo de Justicia, 2012, párr. 6). No obstante, el accionante indicó que esta información se declaró sin un soporte técnico científico y el accionante teniendo presente el derecho a la vida que le reconoce la Constitución Política instauro esta acción, pues afirma que si se encienden las bombas sin estar totalmente seguros del estado de las aguas del río puede llegar a lesionar más derechos constitucionales. Generando una crisis de salud. Por lo que solicita que se mantengan inoperativas las instalaciones de la planta hasta que se haga el debido tratamiento a las aguas.	Según lo expuesto en la sentencia, no se evidencian acciones anteriores a la presentación de la demanda por parte de los accionantes.	Recursos hídricos	No indica	Judicial	Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil y Mercantil	Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas, actuando en Nombre de LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA y por Autoridad de la ley, DECLARA SU INCOMPETENCIA para conocer de la presente causa y señala expresamente como competente a La Sala Constitucional, del Tribunal Supremo de Justicia. Se acuerda dejar transcurrir el lapso establecido para la regulación de la competencia y una vez vencido deberá remitirse el expediente a la Sala señalada como competente, librándose el Oficio correspondiente. (Tribunal Supremo de Justicia, 2012, párr. 16)	Exp. Nº 14.632., (Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil y Mercantil 13 de marzo de 2012). https://vlexvenezuela.com/vid/rocco-nardulli-gobernacion-petroleo-388911200
Venezuela	Estado Bolívar	Gilberto Rúa	Particular: Matadero Industrial de Ciudad Bolívar	El señor Gilberto Rúa (abogado de profesión), interpuso una acción de amparo constitucional actuando en nombre propio y de sus menores hijos “contra el Matadero Industrial de Ciudad Bolívar para que cesen “los olores ofensivos que provienen del estancamiento de agua sanguinolenta” ubicada dentro de los pozos sépticos sin tapa y superficiales que posee” (Tribunal Supremo de Justicia, 2012, párr. 1). La acción se interpuso debido a que el accionante considera que “se le lesionan los derechos constitucionales consagrados en los artículos 49, 83 y 127, relativos a la defensa, a la salud y a un medio ambiente sano, por parte del Matadero Industrial de Ciudad Bolívar, (…) ubicado en la Avenida Andrés Bello, cruce con calle Germania, Centro comercial El Diamante, planta baja, local N° 8, vía Puerto Ordaz” (Tribunal Supremo de Justicia, 2012, párr. I.I,II,III). Además, afirma que dicho matadero ya había sido cerrado hace varios años por la gran contaminación que generaba en el río Cañafistula debido a que botaba allí sus desechos, afectando a todos los pobladores de los pobladores cercanos. Sin embargo, reabrió sin mejorar sus condiciones de contaminación, por lo cual toda la comunidad se ha visto afectada, más aún cuando llueve, puesto que los olores empeoran. El accionante manifiesta que estos hechos ya los denuncio ante la Asociación de Vecinos, la Sanidad y el Ministerio del ambiente y ellos ya los han apoyado interponiendo quejas ante el representante de dicho matadero. “En virtud de las denuncias “la_Sanidad_conjuntamente (sic) con el Ministerio del Ambiente se apersonaron ante la parte agraviante y realizaron una inspección técnica en fecha 17-02-2009 (…) constataron la existencia de los malos olores emanados del matadero” (Tribunal Supremo de Justicia, 2012, párr. I.VIII), también afirmo que los representantes del matadero mintieron al Ministerio del Ambiente y que afirmaron cumplir con los requisitos de ley y no es así. Por todo lo anterior, el accionante considera que “todo lo anterior pone en riesgo su salud y la de sus hijos, así como su derecho a vivir en un ambiente sano, sobre todo porque dichos líquidos son a su vez criaderos de zancudos que pueden originar lesiones a su salud y la de sus hijos, sobre todo al tomar en cuenta que la lesión aún se está produciendo, por lo que pide se declare con lugar el amparo y se acuerde una medida cautelar de ordenar al matadero no verter más agua sanguinolenta u otro líquido en los pozos sépticos superficiales, salvo que los tanques tengan sus tapas y respiraderos” (Tribunal Supremo de Justicia, 2012, párr. I.XI) y por último solicita una indemnización por los daños causados a la comunidad y a su familia.	Según lo expuesto en la sentencia, no se evidencian acciones anteriores a la presentación de la demanda por parte de los accionantes.	Recursos hídricos	No indica	Judicial	Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia	Se ordenó: "PRIMERO.- CON LUGAR la demanda por derechos difusos interpuesta por la GILBERTO RÚA, contra el Matadero Industrial de Ciudad Bolívar. SEGUNDO.- Se ORDENA remitir copia del presente fallo al Ministerio Público a los fines de que proceda a efectuar una averiguación respecto a la existencia o no responsabilidades civiles, penales y administrativas, de las autoridades municipales de la época al haber permitido asentamientos urbanos a esas distancias del Matadero Municipal. TERCERO.- Se ORDENA remitir copia del presente fallo al Ministerio Público a los fines de que proceda a efectuar una averiguación respecto a la existencia o no responsabilidades civiles, penales y administrativas, de las autoridades municipales de la época al haber ordenado la instalación de una planta de tratamiento de lodos activados de los efluentes líquidos e industriales, mediante una adjudicación directa y que no cumplió los parámetros establecidos por el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente. CUARTO.- Que no existe demostración ni pruebas en el presente caso de responsabilidad contractual o extracontractual del Matadero Industrial Bólivar, C.A., respecto a la salud de los habitantes de los sectores aledaños. QUINTO.- Se MULTA con cien unidades tributarias (100 UT) al ciudadano Gilberto Rúa. SEXTO.- Se ORDENA al Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, al Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras y el Comando Regional N° 8 de la Guardia Nacional para que vigile el cumplimiento de la normativa ambiental y sanitaria por parte del Matadero Municipal, así como realicen las inspecciones y supervisiones necesarias y tome de ser necesario las medidas preventivas pertinentes. SÉPTIMO.- Se ORDENA al Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras, por órgano de la Corporación Venezolana de Alimentos (CEVAL), observar la procedencia o no de la aplicación en el caso concreto del procedimiento administrativo contemplado en la Sección primera, del Capítulo II, del Título VII del Decreto N° 6071 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Seguridad y Soberanía Agroalimentaria, con la finalidad de inspeccionar y fiscalizar las instalaciones del Matadero Industrial Bolívar C.A. y el vertedero municipal de desechos sólidos, para garantizar los objetivos de dichos establecimientos. OCTAVO.- Se INSTA al Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, para que en caso de ser procedente y necesario, inicie los procedimientos sancionatorios establecidos en la Ley Penal del Ambiente, o en la Ley Orgánica del Ambiente. NOVENO.- Se EXHORTA al Ministerio del Poder Popular para el ambiente así como al Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierra, que realice inspecciones en todos los mataderos existente en el ámbito nacional a los fines de verificar el cumplimiento de la normativa legal vigente y la no afectación del medio ambiente y salud de los ciudadanos." (Tribunal Supremo de Justicia, 2012, párr. 8.6).	Exp. N° 09-1051, (Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia 23 de julio de 2012). http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/julio/1066-23712-2012-09-1051.HTML
Venezuela	Ciudad de Maripa, Municipio Sucre del Estado Bolívar	Rommer Elías Ponte en representación Leobardo Antonio Acurero, Antonio José Rumbos Oviedo y Cambero Veliz	Ministerio del Poder Popular para el Ambiente	En noviembre de 2006 el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente inició un plan para promover un plan de ordenamiento y reglamento de uso de la reserva forestal del Caura, y en febrero de 2007 dicho Ministerio inició en la cuidad de Maripa las consultas públicas del “Plan de Ordenamiento y Reglamento de uso de la reserva forestal del Caura, que culminaría en el Jardín Botánico de la Universidad Central de Venezuela, en la ciudad de Caracas” (Tribunal Supremo de Justicia, 2012, párr. I.2), por lo cual el Juzgado Superior Primero Agrario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y de los Estados Miranda, Vargas, Guárico y Amazonas dicto de manera oficiosa una medida cautelar innominada anticipada. No obstante, la sustituta de la Procuradora General de la República interpuso un recuro de apelación y el día 23 de mayo de 2012 la sala mediante sentencia N° 0468 revocó dicha decisión. Por lo anterior, el día 27 de abril de 2012 Leobardo Antonio Acurero (representante del Centro de Investigación e Información Ecológica), Antonio José Rumbos Oviedo (representando al Frente Ambientalista Amazónico del Estado Amazonas) y Cambero Veliz (representando al Grupo de Guardaparques Universitarios) asistidos por el abogado Rommer Elías Ponte, interpusieron una solicitud de revisión constitucional de la sentencia N° 0468 dictada el 23 de mayo de 2012 e indicaron mediante escrito que hay una necesidad de crear el Parque Nacional Caura con el fin de proteger la cuenca del Río Caura y por ello recolectaron 34.928 firmas que apoyaban dicha petición.	Según lo expuesto en la sentencia, no se evidencian acciones anteriores a la presentación de la demanda por parte de los accionantes.	Recursos hídricos	No indica	Judicial	Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia	1.- HA LUGAR la solicitud de revisión constitucional presentada por los ciudadanos Leobardo Antonio Acurero, Antonio José Rumbos Oviedo y el ciudadano Cambero Veliz, de la sentencia N° 0468 dictada el 23 de mayo de 2012, por la Sala de Casación Social en su Sala Especial Agraria. 2.- ANULA la sentencia de la Sala de Casación Social en su Sala Especial Agraria del 23 de mayo de 2012. 3.- Se EXHORTA al Ejecutivo Nacional como máxima autoridad en materia de ordenación del territorio, a realizar a partir de la publicación de la presente sentencia, todas y cada una de las acciones tendentes a la recategorización de la Reserva Forestal del Caura a una de las figuras más restrictivas prevista en la Ley Orgánica para la Ordenación del Territorio, considerando a tales efectos los acuerdos y convenios internacionales aplicables a la materia debidamente ratificados por la República Bolivariana de Venezuela, la legislación ambiental nacional vigente, así como los argumentos expuestos en el presente fallo. 4.- Se DECRETAN las siguientes medidas cautelares: 4.1.- Se ORDENA la inmediata paralización de cualquier actividad de explotación, aprovechamiento, extracción, comercio de minerales metálicos o no metálicos, maderable, especies exóticas de flora y fauna, semillas y germoplasmas en la región que conforma la actual Reserva Forestal del Caura y su cuenca hidrográfica; 4.2.- Los entes u órganos de la Administración Pública Nacional, Estadal o Municipal y comunal, sólo podrán otorgar autorizaciones para la realización de actividades indicadas en el aparte anterior, así como aquellas relativas al desarrollo de actividades económicas, científicas, o de uso residencial-rural o industrial a los pueblos y comunidades indígenas asentadas ancestralmente en la zona; 4.3.- Se INSTRUYE al Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, para que a la brevedad posible, inicie un programa de recuperación de aquellas áreas que hayan sido degradadas por las actividades aquí señaladas. 5.- Se comisiona al Juzgado Superior Agrario del Estado Monagas a que continúe con el trámite de las referidas medidas cautelares, con ocasión al procedimiento iniciado de oficio por el Juzgado Superior Agrario del Área Metropolitana de Caracas. En consecuencia, se ORDENA remitir copia certificada de la presente decisión al mencionado Juzgado Superior. (Tribunal Supremo de Justicia, 2012, párr. VI)	Exp. N° 12-1166, (Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia 14 de mayo de 2012). http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/mayo/164119-420-14514-2014-12-1166.HTML
Venezuela	Estado Trujillo	José Arcadio Hernández Fernández, actuando en este acto en nombre propio y en representación de los ciudadanos Pascual Ramírez, Ramón Dominguez, Luis Peña, Juan Altuve Castellanos, Edgar Daboín	Juzgado Superior Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Trujillo	El abogado José Arcadio Hernández Fernández, actuando en este acto en nombre propio y en representación de los ciudadanos Pascual Ramírez, Ramón Dominguez, Luis Peña, Juan Altuve Castellanos, Edgar Daboín, ejercio una acción de amparo constitucional contra la sentencia proferida el día 14 de agosto de 2018, por el Juzgado Superior Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Trujillo, la cual prohibió “la realización de actividades de tala, quema, incluso siembra de plantaciones con fines agroalimentarios dentro de los lotes de terrenos que fueron donados por la Gobernación del Estado Trujillo al Núcleo Universitario Rafael Rangel de la Universidad de los Andes” (Tribunal Supremo de Justicia, 2022, párr. 1), además se ordenó a las autoridades de la universidad, profesores, estudiantes, luchar y proteger la conservación de la zona boscosa, “se ordenó a la Guardia Nacional Bolivariana, Guardería Ambiental y Policía Estadal acompañando copia certificada de la presente medida, a los fines de coadyuvar en el fiel cumplimiento de la misma y preste apoyo en la ejecución de la medida cautelar decretada y en el seguimiento en el cumplimiento de la misma (Tribunal Supremo de Justicia, 2022, párr. 1), entre otras. Puesto que esto surgió el proceso “dentro de un plan de grandes proporciones, que rebasa la normalidad jurídica, imponiendo la imprescindible necesidad de neutralizarlo deteniendo a través de la tutela constitucional”. Sin embargo, esta decisión no tuvo en cuenta que en estos terrenos también vive comunidad campesina, se realizan actividades agrícolas para el sustento de la misma comunidad. Por lo cual se solicitó que se ordene agraviantes en contra de las personas que continúen publicando información en redes sociales que afecte la reputación de la comunidad. Por ende, se designó al magistrado Calixto Ortega Ríos, para realizar el estudio individual de las actas que se encuentran en el expediente.	El presente proceso legal fue iniciado en contra de la sentencia proferida el día 14 de agosto de 2018, por el Juzgado Superior Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Trujillo. Esta fue la única actuación previa.	Flora y fauna	No indica	Judicial	Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia	Declara: 1. QUE ES COMPETENTE, para conocer la presente acción de amparo constitucional ejercida por el ciudadano José Arcadio Hernández Fernández, titular de la cédula de identidad N° v- 18.376464, actuando en este acto en nombre propio y en representación de los ciudadanos: RAMÍREZ PASCUAL, RAMÓN DOMINGUEZ, LUIS PIÑA, JUAN ALTUVE CASTELLANOS, EDGAR DABOÍN, titulares de las cédulas de identidad nros. V- 3.214.862, V-10.310.731, , V-16.653.335, V- 5.784.817, V- 11.127.605, respectivamente, entre otros, ut supra identificados, contra la sentencia dictada el 14 de agosto de 2018, por el Juzgado Superior Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Trujillo i) se prohibió la realización de actividades de tala, quema, incluso siembra de plantaciones con fines agroalimentarios dentro de los lotes de terrenos que fueron donados por la Gobernación del Estado Trujillo al Núcleo Universitario Rafael Rangel de la Universidad de los Andes. 2. TERMINADO EL PROCEDIMIENTO, por abandono del trámite, correspondiente a la pretensión de amparo constitucional antes reseñada. 3. Se IMPONE a la parte accionante, conforme a lo previsto con el artículo 25 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, en sintonía con el nuevo cono monetario en Venezuela, una multa por la cantidad de dos mil bolívares (Bs. 2.000,00), pagaderos a favor de la Tesorería Nacional o en cualquier institución financiera receptora de fondos públicos, cuyo comprobante deberá ser consignado directamente en el expediente, haciendo uso del correo certificado o electrónico, o vía fax, dentro del lapso de cinco (5) días siguientes a su notificación (Tribunal Supremo de Justicia, 2022, párr. 16)	Exp. N° 21-0330, (Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia 11 de febrero de 2022). http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/febrero/315546-0034-11222-2022-21-0330.HTML
Venezuela	Municipio Valencia, Estado Carabobo	E.A.D.L., L.H.G., M.P. y F.P.	Estado.	E.A.D.L., L.H.G., M.P. y F.P. miembros de la Junta Directiva de la Fundación Movimiento por la Calidad del Agua, residentes del Municipio Valencia ubicado en el Estado Carabobo interpusieron una demanda por intereses colectivos y difusos conjuntamente con solicitud de medida cautelar innominada contra el Estado venezolano “por órgano del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, a través de la sociedad mercantil HIDROLÓGICA DE VENEZUELA C.A. (HIDROVEN) y su filial HIDROLÓGICA DEL CENTRO C.A. (HIDROCENTRO)” (Tribunal Supremo de Justicia, 2013, párr. I), porque uno de los objetivos de la fundación a la que pertenecen es mejorar la calidad del agua y al momento de interponer la acción el agua que consumía la comunidad de Valencia viene del Embalse Pao-Cachinche el cual también es receptor de gran parte de las aguas producida en la ciudad de Valencia “de tal forma, que por diseño está establecido un ciclo de re-uso (sic) permanente de las aguas servidas como fuente de abastecimiento, lo cual constituye una situación de alto riesgo en materia de salud pública, y que requiere un (sic) alta eficiencia de la infraestructura hidráulica-sanitaria para garantizar la preservación del embalse Pao-Cachinche, el derecho humano al acceso al agua potable y el derecho humano a la salud de los 3.000.000 de ciudadanos abastecidos por el Sistema Acueducto Regional del Centro Uno” (Tribunal Supremo de Justicia, 2013, párr. I.II). Y aunque se han realizado muchas protestas, y denuncias de la comunidad y ONGs por la mala calidad de agua que están llegando a los hogares, puesto que dicha agua tenía una “alta turbiedad, olor repugnante y con la presencia de sólidos suspendidos, o por el contrario, agua con un color blanquecino con un fuerte olor a cloro, causando escozor e irritación de piel, mucosas de ojo, nariz y garganta e incluso asfixia en la población” (Tribunal Supremo de Justicia, 2013, párr. I.III). Por todo lo anterior, solicitaron que se decrete como medida que se controle el nivel de crecimiento del lago de Valencia y controlar la calidad de las aguas.	Según lo expuesto en la sentencia, no se evidencian acciones anteriores a la presentación de la demanda por parte de los accionantes.	Recursos hídricos	No indica	Judicial	Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia	Declara: 1.- QUE NO TIENE COMPETENCIA para conocer la “demanda por intereses colectivos y difusos conjuntamente con solicitud de medida cautelar innominada” presentada por los ciudadanos E.A.D.L., L.H.G., M.P. y F.P., en carácter de miembros de la Junta Directiva de la FUNDACIÓN MOVIMIENTO POR LA CALIDAD DEL AGUA, así como por la ciudadana NASTASSJA PALMIOTTO CORO, en su condición de miembro de la mencionada Fundación, y los ciudadanos KELVI G.Z., B.A.R., P.E.M., M.E.S., R.R. e I.P.M., contra el Estado venezolano, por órgano del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente y los Recursos Naturales, a través de la sociedad mercantil HIDROLÓGICA DE VENEZUELA C.A. (HIDROVEN) y su filial HIDROLÓGICA DEL CENTRO C.A. (HIDROCENTRO). 2.- RECALIFICA LA PRETENSIÓN a una reclamación por la prestación del servicio público de agua potable y de saneamiento y, en consecuencia, DECLINA LA COMPETENCIA en el Juzgado de Municipio que corresponda por distribución en la ciudad de V.d.E.C., con competencia transitoria en materia contencioso administrativa (Tribunal Supremo de Justicia, 2013, párr. III)	Sentencia nº 433 de 6 de Mayo de 2013, N.º 12-0340 (Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia 6 de mayo de 2013). https://vlexvenezuela.com/vid/435083462
Venezuela	Ciénaga del Municipio Costa de Oro del estado Aragua	Instituto Nacional de Parques	Parque Nacional Henri Pittier	El Instituto Nacional de Parques decidió realizar el día 07 de febrero de 2013 de manera oficiosa una inspección judicial, dentro de los linderos el Parque Nacional Henri Pittier creado mediante Decreto Nº 102 y ubicado en el sector la Ciénaga del Municipio Costa de Oro del estado Aragua, debido a que este lugar se encuentra bajo su administración al tratarse de ser un Parque Nacional. Se realizó dicha inspección en compañía del Juez Superior Agrario, funcionarios y abogados del Juzgado Superior Agrario, el Consultor Jurídico de la Secretaría del Poder Popular de Protección Ambiental y Ordenación del Territorio, Policía local, bomberos, diversos ciudadanos en carácter de supervisores, Coordinador, Técnico y Técnicos Superior I respectivamente del Instituto Nacional de Parques y el Asistente al Defensor. En dicha inspección se tomaron evidencias fotográficas de lo que hallaron, en donde se encontraron un total de 39 construcciones y en cada una de ellas dijeron ser propietarios de las mismas. Al tener este informe el Instituto Nacional de Parques lo envió mediante oficio al Juzgado Superior Agrario. En el cual indican que según lo establecido en “el artículo 100 de la Ley Orgánica del Ambiente artículo 4º, numerales del 1 al 5 y artículo 7 del Reglamento sobre Guardería Ambiental; y en vista del incremento incontrolado de visitantes y de la realización de actividades que de manera no regulada causan la alteración de manera significativa” (Tribunal Supremo de Justicia, 2013, párr. 2.2.), al ecosistema, al colectivo general y la economía local. Por todo lo anterior se solicita “la tramitación de una medida precautelativa tendente a restringir y según sea el caso prohibir el acceso al área ya mencionada susceptibles a la afectación por el sobre uso” (Tribunal Supremo de Justicia, 2013, párr. 2.2.). Cabe resaltar que este parque es un punto de referencia nacional e internacional y es uno de los sitios de mayor interés en Venezuela.	Según lo expuesto en la sentencia, no se evidencian acciones anteriores a la presentación de la demanda por parte de los accionantes.	Suelo, flora y fauna.	No indica	Judicial	Tribunal Superior Agrario de los Estados Aragua y Carabobo	Se decretó: “1- Medida Autónoma Innominada de Protección al Medio Ambiente sobre el Sector de la Ciénaga de Ocumare tanto dentro como fuera del Parque Nacional H.P. 2-. mediante oficio al Gobernador del estado Aragua con atención a los Secretarios de Seguridad Ciudadana, Ordenación del Territorio y Ambiente, Agrario y Turismo, al Comandante del Destacamento 21 de la Guardia Nacional Bolivariana, al Comandante de Guardería Ambiental de la Dirección Estadal Ambiental Aragua, al Coordinador Regional Aragua-Carabobo y Cojedes del Instituto Nacional de Parques (INPARQUES), al Coordinador del Parque Nacional H.P. adscrito al Instituto Nacional de Parques (INPARQUES), a la Dirección Estadal Ambiental Aragua del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, a la Capitanía de Puerto de la Zona adscrita al Instituto Nacional de Espacios Acuáticos, a la Asociación de Pescadores de Ocumare de la Costa y a la Defensoría del Pueblo del estado Aragua, a los fines de notificarle de la Presente Medida y a su vez hacer el llamado todas las autoridades del Estado y fundamentalmente los organismos de la Fuerza Pública que se encuentran en la obligación de hacer respetar y cumplir la presente medida dictada por este Juzgado Superior Agrario, de conformidad con lo establecido en los artículos 196 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, 21 del Código de Procedimiento Civil y 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Con el fin de dar una mayor difusión a la medida acordada e informar a cualquier interesado, se ordena la publicación de un único cartel en el diario El Aragueño de circulación regional, a los fines de procurar la publicidad del presente acto. (…)” (Tribunal Supremo de Justicia, 2018, párr. III).	Decisión Nº252, Exp. 2013-0252(Tribunal Superior Agrario de los Estados Aragua y Carabobo 8 de febrero de 2013). https://vlexvenezuela.com/vid/jose-tallaferro-420142698
Venezuela	Municipio Sucre del Estado Bolivariano de Miranda	YUSMELYS PATIÑO, M.C., A.D., J.C., X.R., J.D.M., N.W., R.R., A.B., J.C., K.P. y S.M.	Alcaldía del municipio Sucre del Estado Bolivariano de Miranda	El 23 de julio 2014, los ciudadanos YUSMELYS PATIÑO, M.C., A.D., J.C., X.R., J.D.M., N.W., R.R., A.B., J.C., K.P. y S.M., voceros Comunales de las Parroquias Petare, La Dolorita y Caucagüita contra de la Alcaldía del municipio Sucre del Estado Bolivariano de Miranda “en la persona del ciudadano C.E.O.G., (…) en su condición de ALCALDE del aludido Municipio, por el incumplimiento de los deberes Municipales tendientes a lograr el respeto de la ciudadanía a disfrutar de un medio ambiente sano, consagrado en el artículo 127 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela” (Tribunal Supremo de Justicia, 2014, párr. I.I). Puesto que Municipio Sucre del Estado Bolivariano de Miranda cuanta con una extención de aproximadamente Ciento Sesenta y Cuatro Kilómetros Cuadrados, en donde alberga al menos 669.288 habitantes y se divide este territorio en 5 parroquias las cuales son “Petare, L.M., La Dolorita, Caucagüita y Filas de Mariches, lo que hace de éste el Municipio más poblado del Estado Bolivariano de Miranda” (Tribunal Supremo de Justicia, 2014, párr. I.I). Sin embargo, los accionantes afirman que desde hace varios años se ha incrementado el crecientito urbano sin planificación alguna. Lo que ha generado consecuencias adversas en la comunidad debido a que se ha generado acumulación de basura en los espacios públicos como lo son las entradas a los hospitales, a las sedes educativas, las puertas de las viviendas generado malos olores, insectos, descomposición de desechos sólidos, infecciones en el aire agua. Además, afirman que en este territorio no cuentan con un subsuelo impermeable o cualquier otra obra para evitar que el flujo contamine el manto acuífero, lo que genera la contaminación del suelo “lo que se traduce por tránsito natural de las escorrentías de las aguas en el subsuelo en un riesgo de afectación al ecosistema, los recursos naturales y finalmente, por vía indirecta, a la salud humana” Tribunal Supremo de Justicia, 2014, párr. I.IIII). Con el fin de resolver este inconveniente la comunidad ha optado por acudir a la quema de basura, pero esto ha provocado el deterioro de la vegetación, del suelo, contaminación del aire por el humo, las cenizas y los gases tóxicos que se derivan de esta actividad, generando un efecto un aspecto desagradable en el territorio de este municipio.	Antes de la presentación de la demanda, los habitantes de estas comunas intentaron por su propia cuenta deahacerse de los problemas ambientales, sin embargo, no lo lograron. También solicitaron ayuda a las autoridades pero no respondieron, razón por la cual se vieron en la obligación de presentar la demanda.	Suelo y atmósfera.	No indica	Judicial	Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia	1,- Se declara COMPETENTE para conocer la demanda ejercida conjuntamente con por los ciudadanos YUSMELYS PATIÑO, M.C., A.D., J.C., X.R., J.D.M., N.W., R.R., A.B., J.C., K.P. y S.M., obrando en su condición de Voceros Comunales de las Parroquias Petare, La Dolorita, L.M. y Caucagüita en contra de la Alcaldía del Municipio Sucre del estado Bolivariano de Miranda, en la persona del ciudadano C.E.O.G., alcalde del municipio Sucre del estado Bolivariano de Miranda. 2.- Se ADMITE la antedicha demanda y, en consecuencia, 3.- Se DECRETA MEDIDA CAUTELAR INNOMINADA y, en tal sentido, se ORDENA al ciudadano C.O., alcalde del municipio Sucre del estado Bolivariano de Miranda, que realice todas las acciones y utilice todos los recursos materiales y humanos necesarios, en el marco de la Constitución y la Ley, para recolectar la basura y los desechos existentes y que se generaren en las distinta parroquias que comprenden el municipio en el cual debe ejercer sus competencias. En tal sentido, se le ordena mantener libre de desechos y escombros las vías de comunicación que existieren en el referido municipio que le corresponde gobernar, y ejercer todo el control sanitario en general que les es inherente a su cargo público, para evitar la afectación de los derechos que sustenta la presente demanda en tutela de intereses colectivos ejercida por habitantes del municipio en cuestión. Igualmente, se le ORDENA que vele por la protección del ambiente, la salud, la educación, el libre tránsito y demás bienes jurídicos que le corresponde tutelar como jefe del ejecutivo municipal, en el marco de sus atribuciones y deberes constitucionales y jurídicos en general, particularmente en lo relativo a garantizar que las aguas servidas contaminadas con los desechos no recolectados en ese ámbito geográfico, no afecten las cuencas hidrográficas, perjudicando el equilibrio ecológico de esas zonas (Tribunal Supremo de Justicia, 2014, párr. V)	Sentencia nº 1322 de 14 de Octubre de 2014, N.º 14-0765 (Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia 14 de octubre de 2014). https://vlexvenezuela.com/vid/yusmelys-patino-593340626
Venezuela	Estado Bolivariano de Mérida.	Alcaldía Socialista del municipio A.B. del estado Bolivariano de Mérida.	No hubo contraparte, fue una solicitud con el fin de proteger los recursos hídricos afectados por quienes los tomaban de manera ilegal.	El día 12 de febrero de 2015 la señora “Geo. S.C.M.L., en su carácter de Directora del Poder Popular para el Desarrollo Territorial de la Alcaldía Socialista del municipio A.B., del estado Bolivariano de Mérida” (Tribunal Supremo de Justicia, 2017, párr. III). Interpuso un escrito en el cual solicitaba la medida de protección ambiental, al sistema de nacientes de la cuenca de la quebrada S.A. ubicada en el municipio A.B. en el Estado de Mérida. Debido a que se ha evidenciado una problemática ambiental en los sistemas nacientes “en este caso específico de la Micro Cuenca de la Quebrada S.A. afluente del Río Capaz, humedal donde también nacen las aguas del Río Amarillo perteneciente al municipio A.A., Río Guayabones, perteneciente al Municipio O.R.d.L. y Río Casique y Río Blanco pertenecientes al Municipio Sucre amparado bajo la figura de Zona Protectora Cuenca del Rio Mucujep” (Tribunal Supremo de Justicia, 2017, párr. III.II), pues estas cuencas han disminuido en aproximadamente un 80% afectando a 11 aldeas. Como consecuencia de la toma ilícita del agua y su uso indiscriminado, fumigación con pesticida, que día a día van disminuyendo los humedales. Por todo lo anterior solicito que se realicen los “procedimientos concernientes al caso, tomando en cuenta la violación al artículo 129 de La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, artículo 80 de la Ley Orgánica del Ambiente y todas las acciones que van en contravención de lo establecido en la Ley de Aguas, Ley de Bosques y Gestión Forestal, Ley de Tierras y Desarrollo Agrario y el Plan de Ordenamiento y Reglamento de Usó de la Zona Protectora de la Cuenca Alta y Media del Río Capaz” (Tribunal Supremo de Justicia, 2017, párr. III.VII) y se hicieron unas recomendaciones relevantes.	Según lo expuesto en la sentencia, no se evidencian acciones anteriores a la presentación de la demanda por parte de los accionantes.	Recursos hídricos	No indica	Judicial	Juzgado Superior Agrario	1.- Se declara COMPETENTE para conocer la solicitud de MEDIDA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL AL SISTEMA DE NACIENTES DE LAS CUENCAS Y SUB- CUENCAS HIDROGRÁFICAS DEL MUNICIPIO A.B. DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MÉRIDA, planteada por la Alcaldía Socialista del municipio A.B. del estado Bolivariano de Mérida. 2.- se decreta MEDIDA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL AL SISTEMA DE NACIENTES DE LAS CUENCAS Y SUB- CUENCAS HIDROGRÁFICAS DEL MUNICIPIO A.B. DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MÉRIDA. 3.- La presente PROTECCIÓN está orientada principalmente a RESGUARDAR las Áreas Bajo Régimen de Administración Especial (ABRAE) del municipio A.B., Asimismo, se ordena LA CREACIÓN DE UNA MESA TÉCNICA CON LOS ORGANISMOS COMPETENTES A LOS F.D.E. y ACTUALIZAR EL PLAN DE ORDENAMIENTO Y REGLAMENTO DE USO DE LAS ZONAS YA MENCIONADOS. 4.- Se prohíbe la expansión de la frontera agrícola cercana a los humedales existentes en todo el SISTEMA DE NACIENTES DE LAS CUENCAS Y SUB-CUENCAS HIDROGRÁFICAS DEL MUNICIPIO A.B. DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MÉRIDA. 5.- Se prohíbe la tala y la quema de árboles, la construcción de carreteras, edificaciones y las tomas de aguas ilegales, en todo el SISTEMA DE NACIENTES DE LAS CUENCAS Y SUB- CUENCAS HIDROGRÁFICAS DEL MUNICIPIO A.B. DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MÉRIDA. 6.- Se ordena a la Guardería Ambiental del Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo y Aguas y el Comando de Zona para el Orden Interno Nº 22 de la Guardia Nacional Bolivariana del estado Bolivariano de Mérida, a realizar rondas periódicas en las zonas estratégicas del SISTEMA DE NACIENTES DE LAS CUENCAS Y SUB- CUENCAS HIDROGRÁFICAS DEL MUNICIPIO A.B. DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MÉRIDA. 7.- Se ordena al Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo y Aguas, a realizar en coordinación con los organismos involucrados en el presente decreto y la comunidad organizada, un diagnóstico de las áreas críticas con necesidad de reforestación. Juan de Jesús Vargas Estudiante Indirecta Exp. N.° 17-0741, N.º 17-0741 (Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia 11 de julio de 2017). http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/julio/201018-536-11717-2017-17-0741.HTML Jacqueline Consuelo Monsalve Colmenares y Gregory Dennys Javier Pérez No se indica esta información. juande.vargas@urosario.edu.co Venezuela Municipio San Cristóbal del Estado Táchira La demanda fue interpuesta en contra de la alcaldesa del Municipio San Cristóbal del Estado Táchira, en representación de los intereses de toda la comunidad. San Cristóbal es una ciudad venezolana, capital del Estado Táchira y del Municipio San Cristóbal ubicada en la Región de los Andes al suroeste de Venezuela. Tiene una población proyectada para año 2015 de 485 872 habitantes, mientras que toda el área metropolitana cuenta con una población de 1.250.512 habitantes. Para el 2010, San Cristóbal es la segunda ciudad con el menor índice de pobreza de Venezuela. Los más importantes sectores económicos de la ciudad son del área de los servicios, principalmente de productos financieros y de seguros. Según lo expuesto en la sentencia, no se evidencian acciones anteriores a la presentación de la demanda por parte de los accionantes. Suelo Ninguna. Patricia Lorena Gutiérrez Fernández, Alcaldesa del Municipio San Cristóbal del Estado Táchira Jacqueline Consuelo Monsalve Colmenares y Gregory Dennys Javier Pérez representados por el abogado Joel Oswaldo Angarita Contreras, interpusieron una demanda de protección de intereses colectivos y difusos, establecida en artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela “en concordancia con lo dispuesto en los artículos 146 y siguientes de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, contra la ciudadana Patricia Lorena Gutiérrez Fernández, Alcaldesa del Municipio San Cristóbal del Estado Táchira, por incumplimiento del artículo 178 constitucional, que genera como consecuencia la violación de los derechos constitucionales al libre tránsito, a los derechos al trabajo, a la educación, a la salud, a la familia, a la seguridad personal y a la protección del ambiente” (Tribunal Supremo de Justicia, 2017, párr. 1). Debido a que afirman que ellos y su comunidad han sido víctimas de hechos delictuosos y terroristas, realizados por varias personas, pues se dedican a paralizar las vías, con el fin de impedir el flujo de las mercancías de primera necesidad, limitar el abastecimiento de gas y de combustible en la comunidad, tirando grandes cantidades de basura (pues han impedido la recolección de basura para utilizarla en sus actos vandálicos), quemando los buses de transporte público y privado. Las acciones antes mencionadas, han afectado a la comunidad debido a que impiden que los jóvenes asistan a sus jornadas escolares y han generado daño al patrimonio público del Municipio, daños al medio ambiente pues han talado árboles para obstruir el paso, han quemado los desperdicios, han realizado sustracciones de alcantarillas, entre otras. Además, han amenazado a los comerciantes del municipio. Además, afirman que “la ciudadana Alcaldesa (sic) ha permitido la conculcación de derechos constitucionales, dando pie a la afectación del orden público, el libre tránsito, entre otros, al permitir la materialización de reuniones y manifestaciones apartada de los requisitos establecidos en la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones, inclusive formando parte de estas” (Tribunal Supremo de Justicia, 2017, párr. I.IIII) promoviendo que se sigan vulnerando los derechos fundamentales de la comunidad. Por todo lo anterior, solicitaron amparo cautelar y que se le ordene a la alcaldesa que permite el libre tránsito de los habitantes, preste seguridad a los ciudadanos que se dirijan a sus lugares de trabajo, se abstenga de dar declaraciones en los cuales promueva lo que la ley considera delitos. Judicial Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia Se decretó: PRIMERO: COMPETENTE para conocer la demanda, la cual se ADMITE. SEGUNDO: Se ORDENA la remisión del presente expediente al Juzgado de Sustanciación de esta Sala, a fin de que practique la citación. TERCERO: Se acuerda amparo constitucional cautelar y, en tal sentido, se ORDENA a la ciudadana Patricia Lorena Gutiérrez Fernández, alcaldesa del Municipio San Cristóbal del Estado Táchira, que dentro del Municipio en el cual ejerce su competencia: 1.- Realice todas las acciones y utilice los recursos materiales y humanos necesarios, en el marco de la Constitución y la Ley, a fin de evitar que se coloquen obstáculos en la vía pública que impidan el libre tránsito de las personas y vehículos. 2.- Proceda a la inmediata remoción de tales obstáculos y se mantengan las vías y zonas adyacentes a éstas, libres de barricadas, residuos, escombros y de cualquier otro elemento que pueda ser utilizado para obstaculizar la vialidad urbana. 3.- Cumpla con su labor de ordenación del tránsito de vehículos a fin de garantizar un adecuado y seguro desplazamiento por las vías públicas de su Municipio. 4.- Ejerza la protección de los vecinos y habitantes de su Municipio, impidiendo reuniones en las vías públicas que coarten el libre tránsito y en las que se consuman bebidas alcohólicas y sustancias estupefacientes y psicotrópicas. 5.- Ejerza la protección a los niños, niñas y adolescentes para que ejerzan plenamente sus derechos y garantías, de conformidad con lo establecido en los artículos 78 y 178, numeral 5 de la Constitución, 56 numeral 2 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, 4 y 8 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. 6.- Vele por la protección del ambiente y el saneamiento ambiental, aseo urbano y domiciliario. 7.- Se le ordena que despliegue las acciones preventivas y de control del delito, así como, en el ámbito de su competencia, promueva estrategias y procedimientos de proximidad con la comunidad de su espacio territorial." (Tribunal Supremo de Justicia, 2017, párr. V)	Decisión de Juzgado Superior Agrario de Merida, (Juzgado Superior Agrario 28 de septiembre de 2015). https://vlexvenezuela.com/vid/alcaldia-socialista-municipio-andres-583558278
Venezuela	Ciudad Guayana Municipio Autónomo Caroní del Estado Bolívar	J.G.M.R. y F.O.I.N.	Alcalde J.R.L., de la Ciudad Guayana, Municipio Autónomo Caroní del Estado Bolívar	J.G.M.R. y F.O.I.N. son abogados de profesión y residen en Ciudad Guayana Municipio Autónomo Caroní del Estado Bolívar, interpusieron una demanda por protección de intereses difusos y colectivos interpuesta a nombre de todos los ciudadanos de dicho municipio, pues consideraban que estaban siendo vulnerados los derechos de toda la comunidad. Debido a que la mala gestión del alcalde J.R.L junto con las autoridades ejecutivas del municipio Autónomo Caroní, frente a la “mala política ambiental, operatividad defectuosa en ese ámbito y demás medidas y omisiones ambientales, en el Vertedero de Cambalache, disparador del riesgo ambiental y consecuentemente provocador del daño ambiental general en Caroní, por lo que se violentan los derechos tutelados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en los artículos 43, 83, 122, 127 y 129” (Tribunal Supremo de Justicia, 2016, párr. I). Estas acciones estaban vulnerando el derecho a: “la salud, a la salud integral de los pueblos indígenas, el derecho a un territorio para beneficio ciudadano, el derecho a que se hagan estudios de impacto ambiental y socio cultural y derecho a recibir la prestación de los servicios públicos domiciliarios con protección y saneamiento ambiental, aseo urbano y sus servicios de limpieza, recolección y tratamiento de residuos y protección civil. Así como derecho a la información oportuna y a un gobierno municipal participativo” (Tribunal Supremo de Justicia, 2016, párr. I.II). Pues ha sido muy evidente los gases, humo, malos olores y otras afectaciones ambiéntales que se han causado en dicho municipio. Por ello, solicitan la expedición de un mandamiento a favor de la comunidad en el que se ordene el cese a las violaciones constitucionales y se ordene la inmediata suspensión de las acciones u omisiones de la alcaldía que se materialice y genere violación a la salud, a la vida y al ambiente de la comunidad. Sin embargo, el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, Bancario realizó la declinatoria e su competencia para conocer de esta demanda.	Según lo expuesto en la sentencia, no se evidencian acciones anteriores a la presentación de la demanda por parte de los accionantes.	Suelo	No indica	Judicial	Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia	Por las razones precedentemente expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara que ACEPTA LA DECLINATORIA DE COMPETENCIA realizada por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, Bancario y T.d.S.C. de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, y LA EXTINCIÓN DE LA INSTANCIA POR PÉRDIDA DEL INTERÉS en la demanda ejercida por los abogados J.G.M.R. y F.O.I.N., ya identificados en autos, contra los “daños que las Autoridades Ejecutivas del Municipio Autónomo Caroní, representadas por su Alcalde ciudadano J.R.L., causan a los habitantes de la comunidad de dicho municipio por medio de la mala política ambiental, operatividad defectuosa en ese ámbito y demás medidas y omisiones ambientales, en el Vertedero de Cambalache, disparador del riesgo ambiental y consecuentemente provocador del daño ambiental general en Caroní (Tribunal Supremo de Justicia, 2016, párr. IV).	Sentencia no 430, N.o 14-1205 (Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia 8 de junio de 2016). https://vlexvenezuela.com/vid/jose-gregorio-meignen-requena-643964725
Venezuela	Municipio Roscio del Estado Bolívar	José Andrés Rodríguez Galán apoderado judicial de la sociedad mercantil Corporación Minera Nacional	Resolución DM/N° 143/2008 de fecha 23 de octubre de 2008	José Andrés Rodríguez Galán apoderado judicial de la sociedad mercantil Corporación Minera Nacional interpuso una demanda de nulidad contra “Resolución DM/N° 143/2008 de fecha 23 de octubre de 2008 que declaró la CADUCIDAD de la Concesión de explotación de oro de veta denominada ‘TRIUNFO I-2’, constante de una superficie de quinientas hectáreas (500 has.) ubicada en la jurisdicción del (…) Municipio Roscio del Estado Bolívar, por cuanto incumplió las obligaciones establecidas en el artículo 61 de la Ley de Minas y las Ventajas-Especiales Primera, Segunda, Tercera, Quinta, Séptima, Octava, Novena, Décima, Décima Primera, Décima Segunda y Décima Tercera ofrecidas a la República en el Título Minero de la citada Concesión, constituyendo la causal de caducidad a que se refiere el numeral 7 del artículo 98 de la Ley de Mina, así como contra la Resolución DM/N° 046 de fecha 14 de mayo de 2009 que resolvió improcedente por extemporáneo el recurso de reconsideración interpuesto” (Tribunal Supremo de Justicia, 2017, párr. 1) ambas resoluciones fueron expedidas por el Ministerio del poder popular para las industrias básicas y minería. La concesión se había otorgado por un término de 20 años contados a partir del 30 de diciembre de 1997, sin embargo, el ministerio aseguraba que había incumplimiento por parte de la empresa minera puesto que no tomo “las medidas necesarias para garantizar la protección de los ríos, bosques, suelos, fauna, atmosfera y en general la debida protección ambiental” (Tribunal Supremo de Justicia, 2017, párr. I.II) y tampoco allego el estudio de impacto ambiental, no sufragar los gastos de los pasantes de la Universidad Central de Venezuela, “no haber cumplido con la obligación de pagar el impuesto de explotación del cinco por ciento (5%) para el oro refinado” (Tribunal Supremo de Justicia, 2017, párr. I.II).	Según lo expuesto en la sentencia, no se evidencian acciones anteriores a la presentación de la demanda por parte de los accionantes.	Suelo	No indica	Judicial	Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia,	1.- La NULIDAD del acto administrativo contenido en la Resolución DM/N° 046 del 14 de mayo de 2009 dictada por el Ministro del Poder Popular para las Industrias Básicas y Minería. 2.- FIRME la Resolución DM/N° 043/2008 del 23 de octubre de 2008 dictada por el prenombrado Ministro, en lo que respecta a la declaratoria de caducidad de la concesión de explotación de oro de veta denominado Triunfo I-2 como consecuencia del incumplimiento de lo establecido en el artículo 61 de la Ley de Minas. 3.- Publíquese, regístrese y comuníquese. Notifíquese a la Procuraduría General de la República. Archívese el expediente judicial y devuélvase el administrativo. Cúmplase lo ordenado. (Tribunal Supremo de Justicia, 2017, párr. V).	Exp. N° 2009-1036, (Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, 26 de abril de 2017). http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/spa/abril/197894-00467-27417-2017-2009-1036.HTML
Venezuela	Estado Trujillo	Fausto José Quintero Rojo actuando en a nombre propio y en representación de la entidad civil Brigada Universitaria Ambientalista de Excursionismo y Rescate (Asociación Civil sin fines de lucro).	Dirección Estadal del Ministerio del Poder Popular para Ecosocialismo y aguas, Gobernación del Estado Trujillo, Alcaldías de los Municipios Trujillo, Boconó y Urdaneta, Hidroandes, Conare, Misión Árbol, Empresa Regional Sistema Hidráulico Trujillano	Fausto José Quintero Rojo actuando en a nombre propio y en representación de la entidad civil Brigada Universitaria Ambientalista de Excursionismo y Rescate (Asociación Civil sin fines de lucro), solicitó un medida autónoma de protección ambiental contra la Dirección Estadal del Ministerio del Poder Popular para Ecosocialismo y aguas, Gobernación del Estado Trujillo, Alcaldías de los Municipios Trujillo, Boconó y Urdaneta, Hidroandes, Conare, Misión Árbol, Empresa Regional Sistema Hidráulico Trujillano. “La medida solicitada es de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario. Se va a determinar si está en riesgo de desmejoramiento, ruina o destrucción por la actividad humana desarrollada en la cuenca del área específica de las nacientes del Río El Riecito, Esdorá, Río San Lázaro o Río Jiménez, Parroquia Andrés Linares, del Municipio y Estado Trujillo” (Tribunal Supremo de Justicia, 2018, párr. I.I). Los accionantes afirman que a simple vista se puede evidenciar los daños ambientales causados desde hace varios años por personas que no tienen respeto por la madre tierra. En la vertiente del Río Riecito un hombre que no se ha podido identificar ha generado varios delitos ambientales que han impactado negativamente el Río, puesto que allí “construyó una Posada Turística, consistente en varias cabañas, con varios tipos de materiales de construcción, movimiento de tierra y vertido de aguas residuales o servidas, directamente sobre el lecho del río Dicha construcción, fue realizada, sin estudio de Impacto Ambiental y sin cumplir la normativa legal, como lo establece el Artículo 129 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela” (Tribunal Supremo de Justicia, 2018, párr. I.II), en varias ocasiones este ciudadano ya ha vertido sus residuos en el lecho del río “lo que constituye un delito ambiental, por cuanto contamina el agua del río, con residuos fecales de procedencia humana, producto de su vertido directo, sin el tratamiento y saneamiento ambiental correspondiente de las aguas residuales” (Tribunal Supremo de Justicia, 2018, párr. I.II). Es importante recalcar que la comunidad se ve gravemente afectada porque de este río se alimenta el Acueducto y el sistema de Riego de la misma.	Según lo expuesto en la sentencia, no se evidencian acciones anteriores a la presentación de la demanda por parte de los accionantes.	Recursos hídricos	No indica	Judicial	Juzgado Superior Agrario	PRIMERO: Se prohíbe la construcción de posada u hotel en el sitio conocido como “El Riecito”, Páramo El Corazón, parroquia Andrés Linares del Municipio Trujillo a toda persona natural o jurídica, en consecuencia sea paralizada toda construcción civil y cerrada la misma, y clausurada la ampliación de la truchicultura que está siendo objeto de ello, con materiales no propios de la zona como el cemento, incluyendo la eliminación del tendido eléctrico que estaba proyectado y en caso de estar construido, su desmontaje, quedando el lugar sólo como truchicultura artesanal, prohibiendo así labores agrícolas en dicho lugar por no existir rastro alguno el día de la práctica de la inspección judicial, al igual que la clausura del ahumadero de truchas en dicho lugar. SEGUNDO: Se prohíbe la construcción de vía agrícola hacia el sector El Riecito desde el Caserío Agua Clara del municipio Boconó, Esdorá de la parroquia San Lázaro del Municipio Trujillo u otro sector o caserío, conservando la misma vía que existe hacia el referido sector El Riecito sin que sea ampliada o mejorada con concreto armado u otro material que aumente el impacto negativo al ambiente. TERCERO: Se prohíbe la ampliación de la frontera agrícola en la poligonal cerrada identificada en el mapa elaborado por el experto Henderson Montilla, designado y juramentado, alcanzando una superficie de 31.235 hectáreas. (Tribunal Supremo de Justicia, 2018, párr. IV)	Exp. 0055, (Juzgado Superior Agrario 26 de febrero de 2018). http://miranda.tsj.gob.ve/DECISIONES/2018/FEBRERO/1589-26-0055-857.HTML
Ecuador	Provincia de Pastaza, en la Región Amazónica de Ecuador.	Sofía Laura Salcedo Lamprea	Ecuador	Los hechos del presente caso datan de 1990 y se desarrollaron en la región de la provincia de Pastaza, en la Región Amazónica de Ecuador, donde reside el pueblo indígena Kichwa de Sarayaku. Esta comunidad, compuesta por alrededor de 1200 habitantes, ha mantenido un estilo de vida tradicional basado en la agricultura familiar colectiva, la caza, la pesca y la recolección, en total conformidad con sus tradiciones y costumbres ancestrales.En 1996, se suscribió un contrato de participación para la exploración de hidrocarburos y la explotación de petróleo crudo en el Bloque No. 23 de la Región Amazónica. Este contrato involucró a la Empresa Estatal de Petróleos del Ecuador (PETROECUADOR ) y el consorcio conformado por la Compañía General de Combustibles S.A. y la Petrolera Argentina San Jorge S.A. El espacio territorial asignado en este contrato abarcaba una extensa superficie de 200,000 hectáreas, que incluía la zona habitada por varias asociaciones, comunidades y pueblos indígenas, entre ellos el pueblo Kichwa de Sarayaku.A lo largo de los años, la empresa petrolera CGC intentó en repetidas ocasiones obtener el consentimiento de la comunidad de Sarayaku para llevar a cabo la exploración petrolera en su territorio, pero estos esfuerzos resultaron infructuosos. En el 2002, la Asociación de Sarayaku envió una comunicación al Ministerio de Energía y Minas manifestando su firme oposición a la entrada de las compañías petroleras en su territorio ancestral.La situación se intensificó a partir de la reactivación de la fase de exploración sísmica en noviembre de 2002, con la entrada de la CGC al territorio de Sarayaku. En respuesta, la comunidad decidió paralizar sus actividades económicas, administrativas y escolares como una forma de protesta y resistencia. Los miembros del pueblo Kichwa de Sarayaku se organizaron para establecer puestos de vigilancia en los límites de su territorio con el propósito de impedir la entrada de la empresa petrolera.Durante este período, la CGC llevó a cabo acciones que afectaron gravemente el territorio de Sarayaku, incluyendo la apertura de trochas sísmicas, la habilitación de helipuertos, la destrucción de cuevas, fuentes de agua y ríos subterráneos esenciales para el consumo de agua de la comunidad, así como la tala de árboles y plantas de gran valor medioambiental, cultural y de subsistencia alimentaria para Sarayaku.Entre febrero de 2003 y diciembre de 2004, se denunciaron una serie de presuntas amenazas y hostigamientos dirigidos contra líderes, miembros y un abogado de la comunidad de Sarayaku en el contexto de la lucha contra la explotación petrolera.Finalmente, el 19 de noviembre de 2010, PETROECUADOR firmó un Acta de Terminación por mutuo acuerdo del contrato de participación para la exploración y explotación de petróleo crudo en el Bloque 23 con la empresa CGC. Sin embargo, el Pueblo Sarayaku no fue informado de los términos de la negociación que sostuvo el Estado con la empresa CGC ni de las condiciones en las que se celebró el Acta, lo que planteó cuestionamientos sobre la transparencia y el respeto a los derechos de la comunidad indígena en este proceso.	La comunidad indígena Kichwa de Sarayaku ha adoptado diversas acciones para enfrentar y defender sus derechos en el caso de la exploración petrolera en su territorio sin su consentimiento previo. Estas acciones incluyen:1. Movilizaciones y Resistencia Pacífica: Desde el inicio del conflicto, la comunidad de Sarayaku ha llevado a cabo movilizaciones y protestas pacíficas para expresar su oposición a la entrada de las compañías petroleras en su territorio. Han organizado marchas, bloqueos de caminos y otras manifestaciones para llamar la atención sobre su causa y resguardar sus tierras.2. Comunicación con Autoridades: La comunidad ha buscado establecer comunicación con las autoridades gubernamentales, incluido el Ministerio de Energía y Minas, para expresar su rechazo a la exploración petrolera y exigir que se respeten sus derechos. Han enviado comunicaciones y peticiones formales para hacer valer su posición.3. Denuncias de Amenazas y Hostigamientos: Ante las presuntas amenazas y hostigamientos sufridos por miembros de la comunidad y líderes, Sarayaku ha denunciado estos incidentes ante las autoridades pertinentes y organismos internacionales de derechos humanos. Han buscado visibilizar estas violaciones y exigir justicia.4. Litigio en la Corte Interamericana de Derechos Humanos: Una de las acciones más significativas tomadas por la comunidad de Sarayaku fue presentar su caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Este tribunal internacional es un recurso importante para buscar justicia y reparación en casos de violaciones de derechos humanos. Sarayaku presentó su caso en busca de una sentencia que reconociera sus derechos y responsabilizara al Estado por las violaciones cometidas.5. Cooperación Internacional y Apoyo: La comunidad ha buscado la solidaridad y el apoyo de organizaciones indígenas, defensores de derechos humanos y grupos internacionales que luchan por la protección de los derechos de los pueblos indígenas. Han trabajado en coalición con otras comunidades indígenas y organizaciones para fortalecer su causa.6. Educación y Concientización: Sarayaku ha trabajado en la educación y concientización de sus propios miembros y de la sociedad en general sobre la importancia de la protección de sus territorios y derechos. Han promovido la comprensión de su cultura y cosmovisión, así como la defensa de su forma de vida tradicional.7. Rechazo de Acuerdo sin Consentimiento: Cuando se enteraron de la firma de un acuerdo entre PETROECUADOR y la empresa CGC para la terminación del contrato de exploración petrolera, la comunidad de Sarayaku denunció que no fueron informados sobre los términos de la negociación ni consultados al respecto. Esto resalta su compromiso con la defensa de sus derechos y su rechazo a acuerdos que afecten su territorio sin su consentimiento.	Recursos hídricos: Por la extracción petrolera	Desplazamiento forzado, Reubicación por proyectos extractivos y Amenazas	Corte Interamericana de Derechos Humanos	Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pueblo indígena Kichwa de Sarayaku Vs. Ecuador	La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió una sentencia en el caso y allí reconoció que el Estado de Ecuador es responsable de incumplir con sus obligaciones, así:1. Violación de los derechos a la consulta, a la propiedad comunal indígena y a la identidad cultural, en relación con la Convención Americana sobre Derechos Humanos.2. Poner gravemente en riesgo los derechos a la vida e integridad personal de los miembros de la comunidad, en relación con la obligación de garantizar el derecho a la propiedad comunal.3. Violación de los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial.Adicionlamente, se ordenaron reparaciones para la comunidad afcetada, entre ellas:- La neutralización, desactivación y,el retiro de explosivos (pentolita) en el territorio de Sarayaku, previa consulta con la comunidad.- La consulta previa, adecuada y efectiva con el Pueblo Sarayaku en caso de proyectos de extracción de recursos naturales en su territorio o planes de inversión que puedan afectarlo.- La implementación de programas de capacitación en derechos humanos de pueblos indígenas dirigidos a funcionarios militares, policiales y judiciales.- Un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional por parte del Estado.- Pagos de indemnizaciones por daños materiales e inmateriales, así como el reintegro de costas y gastos.- Rendición de informes al respecto al término de un año.- Supervisión continua por parte de la CIDH hasta que el Estado cumpla completamente con las medidas ordenadas.	Corte Interamericana de Derechos Humanos (2012)https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_245_esp.pdf
Ecuador	Lago Agrio, en la provincia de Sucumbíos, en la región amazónica de Ecuador	Sofía Laura Salcedo Lamprea	Chevron-Texaco	El conflicto conocido como el caso "Lago Agrio vs. Chevron-Texaco (2012)" se originó en la década de 1960 cuando la empresa petrolera estadounidense Texaco comenzó sus operaciones de extracción de petróleo en la Amazonía ecuatoriana. A lo largo de décadas, Texaco operó en la región de Lago Agrio, donde se acusó a la empresa de llevar a cabo prácticas ambientalmente perjudiciales, incluyendo la liberación de desechos tóxicos en ríos y la selva tropical, así como la quema de gases contaminantes.Los actores principales en este conflicto incluyen a Texaco, las comunidades locales afectadas y el gobierno de Ecuador. Texaco, posteriormente adquirida por Chevron en 2001, fue la entidad principal involucrada en la extracción de petróleo y la presunta contaminación ambiental. Las comunidades locales que dependían de la tierra y el agua para su subsistencia fueron las víctimas directas de la contaminación y los efectos ambientales adversos causados por las operaciones de Texaco. El gobierno de Ecuador también desempeñó un papel importante en el caso, ya que estuvo involucrado en los litigios y en la búsqueda de reparación para las comunidades afectadas.A medida que pasaron los años, las comunidades locales comenzaron a reportar graves consecuencias debido a la contaminación, incluyendo enfermedades, daños a la fauna y la flora, y una pérdida generalizada de calidad de vida. Esto llevó a la presentación de demandas legales en los Estados Unidos en la década de 1990 en nombre de las comunidades afectadas, alegando que Texaco había causado daños ambientales significativos en la Amazonía ecuatoriana.En 2001, Chevron adquirió Texaco y heredó las responsabilidades legales relacionadas con el caso de la Amazonía ecuatoriana. La disputa legal se intensificó cuando en 2011, los tribunales ecuatorianos emitieron una sentencia en contra de Chevron, ordenándole pagar una indemnización multimillonaria a las comunidades afectadas.Chevron impugnó esta sentencia, alegando irregularidades en el proceso legal y acusando a los tribunales ecuatorianos de corrupción. La empresa se negó a cumplir con la indemnización. Además de las acciones legales en Ecuador, Chevron también buscó resolver el caso a través de tribunales de arbitraje internacionales y presentó demandas contra el gobierno ecuatoriano.En resumen, el caso "Lago Agrio vs. Chevron-Texaco (2012)" involucra una larga disputa legal originada en la década de 1960 por las presuntas prácticas ambientalmente dañinas de Texaco, posteriormente Chevron, en la Amazonía ecuatoriana. Los actores principales son Texaco/Chevron, las comunidades locales afectadas y el gobierno de Ecuador. El conflicto ha abarcado décadas y ha incluido litigios en tribunales ecuatorianos, demandas en los Estados Unidos y arbitraje internacional, y continúa siendo objeto de debate legal y público.	La comunidad afectada por el caso de Chevron-Texaco en la Amazonía de Ecuador ha tomado diversas acciones a lo largo de los años para buscar justicia, reparación y visibilidad ante los impactos devastadores que sufrieron debido a la contaminación ambiental causada por la empresa transnacional. A continuación, se describen algunas de las acciones más destacadas que la comunidad ha adoptado:1. Demandas legales: Desde el inicio de la problemática, las comunidades afectadas, en colaboración con organizaciones no gubernamentales y abogados, presentaron demandas legales contra Chevron-Texaco tanto en Ecuador como en otros países. Estas demandas buscaban responsabilizar a la empresa por los daños ambientales y de salud causados por su operación petrolera. Uno de los hitos más importantes fue el fallo en 2011, en el que un tribunal ecuatoriano ordenó a Chevron-Texaco pagar una indemnización multimillonaria a las comunidades afectadas.2. Campañas de concienciación: Las comunidades afectadas han trabajado incansablemente para crear conciencia a nivel nacional e internacional sobre los impactos de la contaminación petrolera en la Amazonía ecuatoriana. Han colaborado con organizaciones ambientales y grupos de derechos humanos para llevar a cabo campañas mediáticas y de sensibilización que expongan los crímenes ambientales de Chevron-Texaco y busquen el apoyo de la opinión pública global.3. Movilizaciones y protestas: Las comunidades afectadas han organizado manifestaciones, marchas y protestas para exigir justicia y reparación. Estas acciones han incluido bloqueos de carreteras y tomas pacíficas de instalaciones petroleras para llamar la atención sobre su situación y presionar a las autoridades y a la empresa.4. Participación en litigios internacionales: Además de los litigios en Ecuador, las comunidades afectadas han participado en litigios internacionales, como el caso presentado ante la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya por Chevron, en un esfuerzo por defender su derecho a la justicia y oponerse a los intentos de la empresa de trasladar la responsabilidad al Estado ecuatoriano.5. Defensa del territorio: Las comunidades indígenas han defendido su territorio y sus recursos naturales de futuras amenazas petroleras y han establecido guardias para prevenir la entrada no autorizada a sus tierras. La lucha por la preservación del medio ambiente sigue siendo una parte fundamental de su resistencia.6. Cooperación internacional: Han buscado apoyo y solidaridad a nivel internacional, colaborando con organizaciones, movimientos sociales y gobiernos que respaldan su causa. La comunidad ha trabajado activamente con ONGs, abogados internacionales y expertos en derechos humanos para fortalecer su posición en el ámbito internacional.7. Documentación de pruebas: Las comunidades afectadas han colaborado en la recopilación de pruebas científicas y técnicas que demuestren los impactos ambientales y de salud causados por Chevron-Texaco. Esto incluye estudios de contaminación del suelo y el agua, así como testimonios de personas afectadas.	Atmosfera (emisión de gases), Recursos hídricos (derrames de petroleo), Fauna (contaminación ambiental), Flora (contaminación ambiental), Suelo (impacto por contaminación)	Desplazamiento forzado, Reubicación por proyectos extractivos , Amenazas, Otro: Problemas de salud en la comunidad	Corte Nacional de Justicia de EcuadorLaudo arbitral	Corte Nacional de Justicia de Ecuador y Corte Permanente de Arbitraje de La Haya P- CA CASE NO. 2009-23	En primer lugar, es importante considerar que incialmente el caso llevado en los tribunales internos de Ecuador, se emitió una sentencia de $9.500 millones donde se condeno a Chevron en Lago Agrio, Ecuador, en 2011. Sin embargo, después de esta decisión, se llevo la disputa a tribunales internacionales en donde la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya, resolvió a favor de Chevron y su filial, Texaco Petroleum Company (TexPet). El tribunal concluyó, unánimemente, que Ecuador violó sus obligaciones bajo tratados internacionales y acuerdos de inversión, ya que la sentencia de $9.500 millones emitida fue obtenida a través de fraude, sobornos y corrupción.El tribunal determinó que Ecuador incumplió sus obligaciones bajo un acuerdo de transacción de 1995, que liberaba a TexPet y sus filiales de responsabilidad por acciones similares a las que se basaba la sentencia ecuatoriana. Además, el tribunal encontró una abrumadora evidencia de fraude y corrupción en la obtención de la sentencia en Ecuador, incluyendo la redacción oculta de partes sustanciales de la misma.En este sentido, el tribunal concluyó que la sentencia ecuatoriana "viola el orden público internacional" y "no debe ser reconocida o ejecutada por los tribunales de otros Estados". También responsabilizó a Ecuador por denegación de justicia en contra de Chevron.El laudo del tribunal busca eliminar todas las consecuencias de la conducta ilícita de Ecuador y proteger los derechos de Chevron. Ordena a Ecuador tomar medidas para que la sentencia de $9.500 millones sea inejecutable, impide que los demandantes ejecuten la sentencia y establece medidas de protección para Chevron.	Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana (2011) CASE NO. 2009-23 Laudo Arbitral (https://www.cancilleria.gob.ec/wp-content/uploads/2015/06/Expediente-Caso-Chevron-abril-2015.pdf)
Ecuador	Cantón Gonzalo Pizarro, en la provincia de Sucumbíos, Ecuador.	Sofía Laura Salcedo Lamprea	El Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables, la Agencia de Regulación y Control Minero, el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica, la Secretaría Nacional del Agua y la Procuraduría General del EstadoEmpresas	En julio del año 2017 en la provincia de Sucumbíos, Ecuador, la comunidad ancestral de Sinangoe, perteneciente a la nacionalidad A’I Cofán, se inció un conflicto en su territorio que se extiende por el norte a los ríos Cofanes y Aguarico, al sur a los ríos Due y Khukhuno Grande, al oriente a los ríos Aguarico, Candué y Siuno, y al occidente a los ríos Cofanes y Dorado, en el cantón Gonzalo Pizarro, provincia de Sucumbíos, dentro del Parque Nacional Cayambe Coca. Entre los meses de Julio y Agosto de 2017, la comunidad emitió alertas tempranas denunciando la invasión de su territorio por parte de mineros artesanales que utilizaban motobombas, canelones y dragas para la extracción de oro. Reportaron la existencia de 20 concesiones mineras vigentes y 32 en trámite en las riberas de ríos considerados sagrados.Posteriormenten en Octubre de 2017, consideradno que la comunidad presentó otra alerta temprana en octubre de 2017, indicando que las investigaciones y la respuesta por parte de las autoridades estatales se retrasaban injustificadamente, se dicidio solicitar medidas de protección y denunciaron la actuación de autoridades locales que intentaron desconocer su autodeterminación.Consideradno estos hechoes en septiembre del 2017, la comunidad, en ejercicio de su derecho constitucional a la autodeterminación y autonomía, creó una ley interna propia para la protección de su territorio ancestral A’I Cofán. Esta ley fue presentada oficialmente en septiembre de 2017.Luego de esto, entre el 15 y el 17 de noviembre de 2017, diversas autoridades, incluyendo la Defensoría del Pueblo, ARCOM, SENAGUA, MAATE, la Gobernación de Sucumbíos y el Municipio Gonzalo Pizarro, realizaron una visita y recorrido por el territorio de la comunidad. Identificaron daños ambientales y la presencia de personas externas a la comunidad.Apartir de lo anterior en noviembre del 2017, se emitió un Informe Técnico sobre Daños que verificó la acción minera ilegal artesanal, daños ambientales, sociales y culturales que amenazaban la forma de vida tradicional de la comunidad. Se resaltaron daños a la cobertura vegetal, deforestación, afectación al agua, reducción de la pesca y afectación a la fauna debido a la cacería furtiva.A pesar de esta información se presentaron nuevas denuncias de concesiones para enero de 2018, ya que estas concesiones mineras que estaban en actividad, utilizando retroexcavadoras, canalones y motobombas. Algunas de estas concesiones fueron suspendidas.En resumen, el caso involucra a la comunidad ancestral de Sinangoe, que se enfrenta a una serie de amenazas en su territorio, incluyendo la actividad minera ilegal, la cacería furtiva, la tala ilegal y la pesca no convencional. La comunidad ha emitido alertas tempranas, creado su propia ley interna para la protección del territorio y buscado medidas de protección por parte de las autoridades. Además, se han documentado daños ambientales y culturales en la zona debido a estas amenazas.	La comunidad de Sinangoe, junto con la Defensoría del Pueblo de Sucumbíos y el presidente de la comunidad Cofán de Sinangoe, ha tomado una serie de acciones importantes para abordar el caso y proteger sus derechos frente a la amenaza de concesiones mineras y otras actividades perjudiciales para su territorio y modo de vida.1. Presentación de la Acción de Protección (Julio de 2018): En julio de 2018, Jorge Acero González, en calidad de delegado provincial de la Defensoría del Pueblo de Sucumbíos, y Mario Pablo Criollo Quenama, presidente de la comunidad Cofán de Sinangoe, presentaron una acción de protección ante las autoridades judiciales. En esta acción, denunciaron la presunta vulneración de una serie de derechos, incluyendo el derecho a la consulta previa, al territorio, a la cultura, al medio ambiente sano, al agua, a la salud, a la alimentación y los derechos de la naturaleza. Esto se debió al otorgamiento de 20 concesiones mineras y al trámite de 32 adicionales alrededor de los ríos Chingual y Cofanes, así como al impacto en el río Aguarico.2. Aceptación de la Acción de Protección (Agosto de 2018): En agosto de 2018, el juez de la Unidad Judicial Multicompetente con sede en el cantón Gonzalo Pizarro de la provincia de Sucumbíos aceptó la acción de protección presentada por la comunidad. En su decisión, declaró la vulneración del derecho a la consulta previa y ordenó la suspensión de los trámites administrativos de concesión de minería en la zona de los ríos Chingual, Cofanes y Aguarico, así como la realización de la consulta previa, libre e informada correspondiente.3. Revisión de la Sentencia por la Sala Provincial (Noviembre de 2018): En noviembre de 2018, la Sala Única de la Corte Provincial de Justicia de Sucumbíos revisó la sentencia y aceptó parcialmente el recurso de apelación interpuesto por los accionantes. Modificó la sentencia original, reconociendo la vulneración de los derechos de la naturaleza, al agua, al medio ambiente sano, a la cultura y al territorio de la comunidad Cofán de Sinangoe. Además, dejó sin efecto las concesiones mineras otorgadas en el territorio de la comunidad, dispuso la reparación de los daños y solicitó investigaciones penales y auditorías.4. Acciones Extraordinarias de Protección (Febrero y Marzo de 2019): Tras la ejecutoria de la sentencia, se presentaron varias acciones extraordinarias de protección en contra de la sentencia de noviembre de 2018. Estas acciones fueron presentadas por representantes de compañías mineras, el Ministerio de Energía y otros individuos.5. Inadmisión y Remisión a la Corte Constitucional (Septiembre de 2019): En septiembre de 2019, el Tribunal de Sala de Admisión de la Corte Constitucional inadmitió algunas de las acciones extraordinarias de protección presentadas, pero recomendó su selección debido a la importancia del caso.	Recursos hídricos	Amenazas, Otro: actividades tradicionales de la comunidad y la posible desestabilización de su forma de vida.	Corte Constitucional del Ecuador	Corte Constitucional del Ecuador,CASO No. 273-19-JP	En el presente caso la Corte Constitucional emitió una decisión en la que confirma las sentencias previas emitidas por el juez de la Unidad Judicial Multicompetente y la Sala Única de la Corte Provincial de Justicia de Sucumbíos. Estas sentencias declararon la vulneración de varios derechos, incluyendo el derecho a la consulta previa, a la naturaleza, al agua, al medio ambiente sano, a la cultura y al territorio, debido a la actividad minera en el territorio de la comunidad ancestral de Sinangoe.En aplicación del principio de interculturalidad, la Corte dispone que se coordine la traducción completa de la sentencia al idioma cofán, que se notifique un resumen de la sentencia de forma oral a los accionantes y a la autoridad indígena, y que se notifique a varias instituciones, incluyendo el Consejo de la Judicatura y el Consejo de Igualdad para Pueblos y Nacionalidades, para que publiquen la sentencia. Esta decisión de la Corte Constitucional confirma la protección de los derechos de la comunidad ancestral de Sinangoe y busca garantizar la difusión de la sentencia en el idioma de la comunidad y su conocimiento por parte de diversas instituciones y el público en general.	Corte Constitucional de Ecuador (2022) CASO No. 273-19-JP https://www.funcionjudicial.gob.ec/www/pdf/sentencia%20273-19-JP22.pdf
Ecuador	Cantón Cotacachi, provincia de Imbabura, Ecuador.	Sofía Laura Salcedo Lamprea	Empresa Nacional Minera (ENAMI EP) y a. El Estado: el Ministerio del Ambiente y Agua (MAAE)	El conflicto se originó el 5 de noviembre de 2018 cuando el alcalde del cantón Cotacachi y la procuradora judicial del Municipio de Cotacachi presentaron una acción de protección en contra de la Empresa Nacional Minera (ENAMI EP) y el Ministerio del Ambiente y Agua (MAAE). Argumentaron que la actividad minera en la zona, que incluía el Bosque Protector Los Cedros, vulneraba los derechos de la naturaleza y no cumplía con las normas constitucionales sobre consulta ambiental y las relacionadas con consultas de pueblos y comunidades indígenas.El caso se centra en la concesión de minerales metálicos en Llurimagua, Cotacachi, Ecuador. La ENAMI EP obtuvo dos concesiones mineras en marzo de 2017, denominadas "Río Magdalena 01" y "Río Magdalena 02", que abarcaban un área de más de 9,000 hectáreas. El 12 de diciembre de 2017, el MAAE otorgó el registro ambiental para la fase de exploración inicial de estas concesiones.En respuesta, el juez de la Unidad Judicial Multicompetente de Cotacachi inicialmente rechazó la acción de protección, considerándola un asunto administrativo. Sin embargo, la Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Justicia de Imbabura aceptó parcialmente la acción de protección el 19 de junio de 2019. En su fallo, declaró que se había vulnerado el derecho a la participación, anulando el acto administrativo que había otorgado la concesión minera.La ENAMI EP y el MAAE presentaron acciones extraordinarias de protección contra esta sentencia en agosto de 2019. Argumentaron la vulneración de derechos como la seguridad jurídica y la defensa en el proceso. La ENAMI EP tuvo su acción admitida, mientras que las demandas presentadas por el MAAE y el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Cotacachi fueron inadmitidas.Estos acontecimientos reflejan una disputa legal en torno a la actividad minera en un área de alto valor ecológico y la interpretación de las normas constitucionales relacionadas con la consulta ambiental y los derechos de la naturaleza.	La comunidad afectada por el caso del Bosque Protector Los Cedros ha adoptado diversas acciones para proteger su territorio, su entorno natural y sus derechos culturales y ambientales. Estas acciones incluyen:1. Acciones Legales: Desde el inicio del conflicto, la comunidad ha buscado asesoramiento legal y ha presentado acciones legales para impugnar los actos administrativos relacionados con la concesión minera otorgada a la Empresa Nacional Minera del Ecuador (ENAMI EP). Han presentado una acción de protección en la que alegaron la vulneración de derechos de la naturaleza, el derecho a un ambiente sano, el derecho al agua y la consulta ambiental.2. Movilización y Protestas: La comunidad y las autoridades locales han organizado movilizaciones y protestas para expresar su desacuerdo con la presencia de actividades mineras en el Bosque Protector Los Cedros. Estas movilizaciones han incluido marchas, concentraciones y manifestaciones pacíficas para sensibilizar a la opinión pública y a las autoridades sobre su causa.3. Sensibilización y Concienciación: La comunidad ha llevado a cabo campañas de sensibilización y concienciación tanto a nivel local como nacional e internacional. Han destacado la importancia de conservar el Bosque Protector Los Cedros debido a su biodiversidad única y su relevancia para la conservación de la cuenca alta del río Santiago. Además, han enfocado su discurso en la necesidad de respetar los derechos de la naturaleza y de las comunidades que dependen de este ecosistema.4. Coordinación con Autoridades Locales: Las autoridades locales, como el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santa Ana de Cotacachi, han respaldado activamente los esfuerzos de la comunidad. Han presentado acciones legales en favor de la protección del bosque y han trabajado en conjunto con la comunidad para coordinar estrategias y acciones.5. Incidencia Política: La comunidad y sus representantes han buscado incidir en la toma de decisiones políticas a nivel gubernamental y legislativo. Han presentado sus preocupaciones y argumentos ante autoridades estatales y han buscado el apoyo de legisladores y líderes políticos para la protección del Bosque Protector Los Cedros.6. Participación en Audiencias Públicas: La comunidad ha participado activamente en audiencias públicas y eventos en los que se debaten temas relacionados con la conservación del bosque y la protección de sus derechos. Han aprovechado estas instancias para dar a conocer su perspectiva y sus demandas.7. Apoyo de Organizaciones Ambientales y de Derechos Humanos: La comunidad ha buscado el respaldo de organizaciones no gubernamentales (ONG) y de derechos humanos que se dedican a la defensa del medio ambiente y de los derechos de las comunidades indígenas y locales. Estas organizaciones han brindado apoyo legal, asesoramiento y visibilidad al caso.	Recursos hídricos	Otro: la vulneración de los derechos de la naturaleza.	Corte Constitucional del Ecuador	Corte Constitucional del Ecuador, Caso No. 1149-19-JP/20	La Corte Constitucional de Ecuador en la presente sentencia ratifica la decisión previa de la Corte Provincial de Justicia de Imbabura, en esta se acepta la acción de protección presentada por el Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) Municipal de Cotacachi a favor del bosque.La sentencia establece que se han vulnerado varios derechos fundamentales: los derechos de la naturaleza, el derecho al agua, el derecho a un ambiente sano y el derecho a ser consultado sobre decisiones que puedan afectar al ambiente. Esta decisión tiene importantes implicaciones para la protección del medio ambiente en Ecuador, ya que fortalece la jurisprudencia relacionada con los derechos de la naturaleza y la importancia de la consulta ambiental.Por otra parte también indica las medidas de reparación integral: se prohíben las actividades que puedan vulnerar los derechos de la naturaleza en el Bosque Protector Los Cedros. Además, se ordena la retirada de cualquier infraestructura que haya sido construida en relación con concesiones mineras en el bosque, y se establece la obligación de reforestar las áreas que hayan sido afectadas por dicha infraestructura.La sentencia también insta a la elaboración de un plan participativo para el manejo y cuidado del bosque, lo que implica la participación activa de diversas partes interesadas, incluidas las comunidades locales y las autoridades ambientales.	Corte Constitucional de Ecuador (2020) Caso No. 1149-19-JP/20. http://esacc.corteconstitucional.gob.ec/storage/api/v1/10_DWL_FL/e2NhcnBldGE6J3RyYW1pdGUnLCB1dWlkOic2MmE3MmIxNy1hMzE4LTQyZmMtYjJkOS1mYzYzNWE5ZTAwNGYucGRmJ30=
Ecuador	Provincias de Sucumbíos y Orellana, en la Amazonía ecuatoriana	Sofía Laura Salcedo Lamprea	Procuraduría General del Estado, Ministerio del Ambiente del Ecuador, Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables	El caso en cuestión comenzó con una acción de protección presentada por el GAD (Gobierno Autónomo Descentralizado) de Santa Ana de Cotacachi en la Amazonía ecuatoriana. La acción se basó en la defensa del Bosque Protector Los Cedros y alegó la vulneración de varios derechos, incluidos los derechos de la naturaleza, el derecho a un ambiente sano, el derecho al agua y el derecho a la consulta ambiental. Los hechos se remontan a la instalación y operación de 427 mecheros que queman gas natural en la región amazónica, una práctica que ha persistido durante décadas.En el presente caso se ve que el GAD de Santa Ana de Cotacachi promovió la acción de protección en nombre del Bosque Protector Los Cedros y en defensa de los derechos ambientales y de la comunidad. Además, se destacan las nueve niñas, incluyendo a Leonela Moncayo, Rosa Valladolid, Skarlett Naranjo, Jamileth Jurado, Denisse Nuñez, Dannya Bravo, Mishell Mora, Jeyner Tejena y Kerly Herrera, quienes desempeñaron un papel crucial al demandar el cese de la quema de gas de los mecheros que causaba graves problemas de salud y ambientales en su comunidad.Los hechos centrales del caso involucran la operación de 427 mecheros que queman gas natural en la Amazonía ecuatoriana, específicamente en las provincias de Sucumbíos y Orellana. Estos mecheros se utilizan para quemar gas desde hace más de 50 años y son responsables de la contaminación del aire en la región, lo que ha llevado a un alto número de casos de cáncer y otros problemas de salud en las comunidades circundantes.Las nueve niñas, junto con sus familias y abogados, presentaron inicialmente una acción de protección argumentando que el Estado ecuatoriano había desconocido su derecho a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado al permitir la operación continua de los mecheros. Afirmaron que el impacto de los mecheros vulneraba sus derechos al agua, la salud, la soberanía alimentaria y un ambiente sano. Además, argumentaron que el Estado no proporcionó tecnologías limpias para evitar la contaminación y no realizó estudios adecuados para evaluar los impactos en la salud.Inicialmente, la acción de protección fue negada por la justicia ecuatoriana, que argumentó la falta de estudios que confirmaran las afectaciones a la salud debido a los mecheros. Sin embargo, las niñas y sus abogados apelaron la sentencia y, después de un proceso legal prolongado, lograron una histórica victoria en la Corte Provincial de Justicia de Sucumbíos.En su fallo, la Corte Provincial de Justicia de Sucumbíos declaró que el Estado ecuatoriano había desconocido el derecho de las niñas a vivir en un ambiente sano y había violado su derecho a la salud al permitir la operación de los mecheros sin tecnologías limpias para evitar la contaminación. La sentencia ordenó el apagado de los mecheros y señaló que el Estado debía tomar medidas de reparación integral para abordar los daños causados a la comunidad.	La comunidad afectada, junto con varias organizaciones y abogados defensores de los derechos humanos y ambientales, ha llevado a cabo una serie de acciones significativas en respuesta a la problemática de la quema de gas por parte de los mecheros de la industria petrolera en la Amazonía ecuatoriana.1. Presentación de una acción legal: El caso se inició con la presentación de una acción de protección por parte de nueve niñas de la comunidad, respaldadas por sus familias y abogados. Esta acción legal buscaba que se apagaran los mecheros de gas, que habían estado operando durante décadas y se consideraban una amenaza para la salud y el ambiente.2. Apelación de la sentencia: A pesar de que inicialmente se les negó la acción de protección, las niñas y sus abogados no se dieron por vencidos. Apelaron la decisión y continuaron luchando en los tribunales, insistiendo en que sus derechos a un ambiente sano y a la salud estaban siendo vulnerados.3. Apoyo de organizaciones: La comunidad afectada recibió el apoyo de varias organizaciones no gubernamentales y grupos defensores del medio ambiente, como Amazon Frontlines y la Unión de Afectados por Texaco (UDAPT). Estas organizaciones colaboraron en la recolección de datos, estudios científicos y apoyo legal para respaldar la causa de las niñas.4. Recopilación de evidencia: Durante el proceso legal, se recopiló una gran cantidad de evidencia científica que respaldaba la afirmación de que la quema de gas de los mecheros estaba causando graves problemas de salud y daños ambientales en la región. Esto incluyó estudios que documentaban un alto número de casos de cáncer en la población cercana a estas instalaciones petroleras.5. Presión pública y mediática: La comunidad afectada y sus aliados utilizaron la atención mediática para destacar su causa. Esto incluyó la publicación de artículos y reportajes sobre el caso, lo que generó conciencia pública y presión sobre el gobierno y las empresas petroleras.6. Participación activa en el proceso legal: Las niñas y sus familias jugaron un papel activo en el proceso legal, asistiendo a las audiencias y compartiendo sus testimonios sobre cómo habían sido afectados por la quema de gas. Su persistencia y valentía fueron fundamentales para llevar adelante la causa.7. Sentencia histórica: Finalmente, tras años de litigio y esfuerzo, la comunidad afectada logró una sentencia histórica a su favor. La Corte Provincial de Justicia de Sucumbíos declaró que el Estado ecuatoriano había desconocido el derecho de las niñas a vivir en un ambiente sano y había violado su derecho a la salud al no tomar medidas para evitar la contaminación por la quema de gas.	Átmosfera: Quema de mecheros	Desplazamiento forzado y Reubicación por proyectos extractivos	Corte Provincial de Justicia de Sucumbíos	Corte Provincial de Justicia de Sucumbíos. No. Del caso: 21201-2020-00170	La Corte Provincial de Justicia de Sucumbíos emitió una histórica decisión en enero de 2021 respaldando las demandas de nueve niñas en la Amazonía ecuatoriana. La Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Sucumbíos falló a favor de las niñas y ordenó el apagado de los 427 mecheros en la región. La sentencia declaró que el Estado ecuatoriano había desconocido el derecho de las niñas a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y que había violado su derecho a la salud al permitir la operación continua de los mecheros sin tecnologías limpias para evitar la contaminación.Si bien la sentencia representa un paso importante hacia la justicia ambiental y la protección de los derechos de las comunidades afectadas, queda por determinar cómo se llevará a cabo el proceso de apagado de los mecheros y cómo se implementarán las medidas de reparación integral. Se espera que esta sentencia tenga un impacto significativo en la reducción de enfermedades relacionadas con la contaminación del aire y en la protección del medio ambiente en la región. También se destaca que la sentencia reconoció la importancia de ajustar los procedimientos y estándares de las empresas petroleras para utilizar tecnologías limpias y seguras, lo que podría tener implicaciones más amplias en la industria petrolera del país.	Corte Provincial de Sucumbios, Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Justicia de Sucumbios (2021)Juicio No. 21201202000170. https://www.derechosdelanaturaleza.org.ec/wp-content/uploads/2021/05/3.-CASO-MECHEROS-SENTENCIA-PRIMERA-INSTANCIA-1.pdf https://www.derechosdelanaturaleza.org.ec/wp-content/uploads/2021/05/mecheros-segunda-instancia.pdf paginas de 1 a 10 y pag 65 a 68
Ecuador	Ecuador, Provincia de Orellana, Pueblos Indígenas Tagaeri y Taromenane.	Sofía Laura Salcedo Lamprea	Ecuador	El caso de los Pueblos Indígenas Tagaeri y Taromenane vs. Ecuador se refiere a una serie de alegadas violaciones a los derechos de estos pueblos indígenas en aislamiento voluntario (PIAV) y sus miembros, así como a la falta de medidas adecuadas de protección por parte del Estado ecuatoriano. Los Pueblos Indígenas Tagaeri y Taromenane son conocidos por vivir en aislamiento voluntario, lo que significa que han elegido deliberadamente evitar el contacto con la población mayoritaria y dependen en gran medida de su entorno natural para su supervivencia y estilo de vida.El caso incluye alegaciones de violaciones a varios derechos humanos, entre ellos el derecho a la vida, la integridad personal, la libertad, las garantías judiciales, la honra y la dignidad, los derechos de la niñez, la propiedad, la libre circulación y residencia, la protección judicial, así como los derechos a la salud y los derechos culturales. Estas violaciones se argumentan en relación con las obligaciones establecidas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.Las alegaciones se centran en tres grupos de hechos de muertes violentas de miembros de los pueblos Tagaeri y Taromenane, ocurridas en los años 2003, 2006 y 2013. Se sostiene que estos eventos fueron el resultado de contactos entre terceras personas y los PIAV, debido a la falta de garantías efectivas para impedir el acceso de terceros a su territorio.Además de las muertes violentas, se menciona la separación forzada de dos niñas Taromenane después de la muerte violenta de sus padres y otras personas en el contexto de los hechos mencionados. Esto se considera una violación de los derechos de la niñez y un riesgo para la vida y la integridad de las niñas.Otro aspecto del caso se refiere a la delimitación de la Zona de Intangibilidad Tagaeri y Taromenane (ZITT), que es un área designada para la protección de los PIAV y su territorio. Se alega que la delimitación de la ZITT no coincide con el territorio ancestralmente ocupado por los pueblos Tagaeri y Taromenane, lo que ha llevado a presuntas intervenciones ilegales de colonos y madereros en su territorio.El Estado de Ecuador ha sido acusado de no proporcionar un recurso legal efectivo que permita a los PIAV cuestionar la designación de la ZITT y la protección de sus derechos territoriales. Los recursos interpuestos se consideraron poco claros en su idoneidad para abordar la situación particular de estos pueblos.En resumen, el caso involucra a los Pueblos Indígenas Tagaeri y Taromenane en Ecuador, que han sufrido muertes violentas y separación forzada de niñas en el contexto de su aislamiento voluntario. Se alega que estas violaciones de derechos humanos se deben a la falta de protección efectiva de su territorio por parte del Estado y a la delimitación insuficiente de la Zona de Intangibilidad. Además, se argumenta la falta de recursos legales adecuados para defender sus derechos territoriales y culturales.	La comunidad de los Pueblos Indígenas Tagaeri y Taromenane ha adoptado una serie de acciones y estrategias frente al caso que involucra violaciones a sus derechos y amenazas a su modo de vida y supervivencia. Estas acciones han sido implementadas tanto a nivel local como internacional:1. Movilización y protestas locales: Miembros de la comunidad, junto con organizaciones indígenas y defensores de los derechos humanos, han llevado a cabo movilizaciones y protestas locales para llamar la atención sobre las amenazas que enfrentan y exigir la protección de sus derechos y territorios. Estas movilizaciones han incluido marchas, bloqueos de carreteras y manifestaciones en la provincia de Orellana.2. Denuncias a nivel nacional: Los líderes y representantes de la comunidad han presentado denuncias ante las autoridades ecuatorianas, incluyendo al Gobierno central y a instancias locales, para solicitar medidas de protección y la revisión de proyectos que puedan afectar su territorio y modo de vida. También han buscado apoyo de legisladores y autoridades indígenas en el país para abogar por sus derechos.3. Acciones legales: La comunidad ha buscado asesoramiento legal y ha presentado demandas judiciales en los tribunales nacionales de Ecuador para defender sus derechos territoriales y protegerse contra actividades que consideran perjudiciales para su supervivencia. Esto incluye la impugnación de proyectos de explotación de recursos naturales en su territorio.4. Denuncias internacionales: Además de buscar justicia a nivel nacional, la comunidad ha llevado su caso ante instancias internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Han presentado una petición acusatoria argumentando que el Estado de Ecuador es responsable de violaciones a sus derechos.5. Cooperación con organizaciones de derechos humanos: La comunidad ha colaborado estrechamente con organizaciones de derechos humanos y ONG nacionales e internacionales que defienden los derechos de los pueblos indígenas. Estas organizaciones han brindado apoyo legal, asesoramiento y visibilidad a la situación de los Tagaeri y Taromenane.6. Sensibilización y concientización: Los miembros de la comunidad y sus aliados han trabajado en programas de sensibilización y concientización tanto a nivel nacional como internacional. Han compartido información sobre su cultura, modo de vida y desafíos a los que se enfrentan con el objetivo de generar apoyo y comprensión.7. Participación en audiencias internacionales: Los representantes de la comunidad han participado en audiencias ante la CIDH para exponer su caso y presentar pruebas de las violaciones de derechos que han sufrido. Estas audiencias permiten que su situación sea conocida a nivel internacional y que se generen recomendaciones para el Estado ecuatoriano.	Recursos hídricos y Fauna	Desplazamiento forzado, Reubicación por proyectos extractivos, Amenazas y Asesinatos	Corte Interamericana de Derechos Humanos	Corte Interamericana de Derechos Humanos.Caso Pueblos Indígenas Tagaeri y Taromenane vs. Ecuador	Según la resolución emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se tomaron varias decisiones relacionadas con el proceso en curso. Estas decisiones incluyen:1. Solicitud de Reconsideración: La Corte declaró improcedente la solicitud de reconsideración presentada por el interviniente común con respecto a la modalidad de recepción del testimonio de la señora Alicia Cahuiya.2. Recurso del Estado de Ecuador: La Corte desestimó los recursos presentados por el Estado de Ecuador contra la Resolución del Presidente de la Corte de julio de 2022. Esto se refiere a la sustitución del peritaje de la señora María Belén Baus y la modalidad de la declaración del señor Roberto Narváez.3. Inadmisibilidad de Peritajes: La Corte confirmó la resolución del Presidente de la Corte de julio de 2022 sobre la inadmisibilidad de los peritajes de las señoras Paola Maldonado y Victoria Tauli Corpuz.4. Declaración de la Presunta Víctima: La Corte rechazó la solicitud del Estado de Ecuador para que la declaración de la presunta víctima, Tewe Dayuma Michela Conta, sea recibida durante la audiencia pública de forma presencial o por videoconferencia. En su lugar, se confirmó la recepción de dicha declaración por videograbación, según lo establecido previamente por la Resolución del Presidente de la Corte de julio de 2022.Estas decisiones se refieren principalmente a cuestiones procedimentales y técnicas dentro del proceso en curso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No se discute directamente sobre el fondo del caso ni sobre la resolución final de las alegaciones de derechos humanos presentadas.	Corte Interamericana de Derechos Humanos (2022) https://www.corteidh.or.cr/docs/tramite/pueblos_indigenas_tagaeri_y_taromenane.pdf
Ecuador	Provincia de Pastaza, en la Región Amazónica de Ecuador.	Sofía Laura Salcedo Lamprea	Ecuador	El caso se originó en la provincia de Pastaza, Ecuador, y se centra en el otorgamiento de una licencia ambiental para el aprovechamiento del caudal del río Piatúa. Este proyecto hidroeléctrico, ejecutado por la Compañía GENEFRAN S.A., generó preocupaciones debido a la falta de medidas específicas para evitar impactos ambientales negativos en las especies amenazadas de extinción que habitan el ecosistema ribereño del río.En el presente caso intervienen: Delegación Provincial de Pastaza, la PONAKICSC (Plataforma de Organizaciones Nativas de la Amazonía Kichwa de la Sierra del Cofán), la Fundación Pachamama, CDH-PUCE (Centro de Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador), CONFENIAE (Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana), el Frente de Defensa del río Piatúa y la Fundación Río Napo. Loa anteriores actores, se unieron para presentar una Acción de Protección contra el Ministerio de Ambiente y Agua del Ecuador (MAAE) debido a la ejecución del proyecto Hidroeléctrico PIATUA.La acción legal se basa en la presunta vulneración del Derecho a la Consulta Previa, Libre e Informada, así como en la afectación de otros Derechos Colectivos, Derechos del Buen Vivir y los Derechos de la Naturaleza. El conflicto se intensificó después de que, en primera instancia, se negara la acción de protección. Sin embargo, en la etapa de apelación, la Corte Provincial emitió una sentencia admitiendo el recurso presentado por los actores.El Ministerio de Ambiente y Agua del Ecuador (MAAE) también se involucró en el proceso al presentar una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional. Aunque esta acción fue inicialmente inadmitida, el caso fue seleccionado con el propósito de establecer jurisprudencia en asuntos relacionados con la protección del medio ambiente y los derechos colectivos en Ecuador.	La comunidad afectada en este caso ha emprendido una serie de acciones en respuesta a la amenaza que representa el proyecto hidroeléctrico PIATUA y la presunta vulneración de sus derechos colectivos y los de la naturaleza. Estas acciones han sido clave en su búsqueda por la protección del medio ambiente y la promoción de los derechos de la comunidad. A continuación, se describen algunas de las acciones que han adoptado:1. Presentación de Acción de Protección: La comunidad afectada, en conjunto con diversas organizaciones y actores, presentó una Acción de Protección ante las autoridades judiciales de Ecuador. Esta acción legal se dirige contra el Ministerio de Ambiente y se fundamenta en la presunta vulneración del derecho a la Consulta Previa, Libre e Informada, así como otros derechos colectivos y de la naturaleza. Esta presentación inicial fue un paso fundamental para iniciar el proceso legal y destacar sus preocupaciones.2. Apelación y Litigio Judicial: Tras la negación en primera instancia de la acción de protección, la comunidad afectada apeló la decisión. La Corte Provincial emitió una sentencia admitiendo el recurso de apelación, lo que indicó un avance significativo en el proceso legal. Esta acción demuestra su compromiso continuo en la lucha por la protección de sus derechos.3. Acción Extraordinaria de Protección ante la Corte Constitucional: Ante la inadmisión de una acción extraordinaria de protección presentada por el Ministerio del Ambiente y Agua del Ecuador (MAAE) ante la Corte Constitucional, la comunidad afectada defendió su posición y derechos en este nivel jurídico. Aunque la acción fue inadmitida, su participación en este proceso refleja su determinación por llevar el caso a todas las instancias posibles.4. Generación de Jurisprudencia: La comunidad afectada ha trabajado para que su caso contribuya a la generación de jurisprudencia. Esto implica que su lucha no solo busca resolver su situación específica, sino también establecer precedentes legales y normativos que beneficien a futuros casos relacionados con la protección del medio ambiente y los derechos de la naturaleza.5. Movilización y Sensibilización: Además de las acciones legales, la comunidad afectada ha llevado a cabo esfuerzos de movilización y sensibilización. Han buscado crear conciencia pública sobre la importancia de la protección de los recursos naturales y los derechos colectivos. Esto incluye campañas de información y sensibilización dirigidas a la sociedad civil y la opinión pública en general.6. Colaboración entre Organizaciones: La comunidad afectada ha trabajado en estrecha colaboración con organizaciones no gubernamentales y otros actores que comparten sus objetivos. Esta colaboración ha fortalecido su capacidad para abordar el caso desde múltiples ángulos y ha proporcionado recursos adicionales para su lucha.	Recursos hídricos	Reubicación por proyectos extractivos y Amenazas	Corte Constitucional del Ecuador	Corte Constitucional de Ecuador. CASO No. 1754-19-JP	En el presente caso se emitió una sentencia el 25 de junio de 2019 por la Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Pastaza y alló se establecieron medidas de reparación integral en el caso relacionado con el proyecto hidroeléctrico PIATUA y las presuntas vulneraciones de derechos colectivos y de la naturaleza. Estas medidas incluyen la restitución de la autorización de caudal otorgada a la Compañía GENEFRAN S.A. y el permiso ambiental, indicando que los Planes de Manejo Ambiental deben establecer el manejo específico de cada especie silvestre en listas rojas nacionales y se realice una auditoría ambiental bajo el principio de precaución.Además, se dispusieron medidas de satisfacción, como la capacitación a funcionarios del Ministerio de Ambiente y Agua del Ecuador (MAAE), y se reconoció la propia sentencia como una medida de satisfacción. La compañía GENEFRAN S.A. fue instada a realizar un acto de reconocimiento de sus responsabilidades y ofrecer disculpas.Por último, se establecieron medidas de no repetición, que requieren investigaciones para determinar responsabilidades y sanciones. Estas medidas buscan prevenir la repetición de situaciones similares en el futuro y garantizar la protección del medio ambiente y los derechos colectivos en la región de Pastaza, Ecuador.	Corte Constitucional de Ecuador (2019) http://esacc.corteconstitucional.gob.ec/storage/api/v1/10_DWL_FL/e2NhcnBldGE6J2VzY3JpdG8nLCB1dWlkOic4ZjhlMjVhNC0xNDMwLTQwZjEtOTI1Mi1lNjBiNDI1NzY0YzUucGRmJ30=
Ecuador	Provincia de Pastaza, en la Región Amazónica de Ecuador.	Sofía Laura Salcedo Lamprea	Ecuador	El presnte caso, hace refencia al conflicto entre las comunidades Waorani de Pastaza y el gobierno ecuatoriano en relación con la explotación petrolera en su territorio ancestral comenzó hace varios años, pero se intensificó en 2019. Las comunidades Waorani han estado luchando tenazmente para proteger su territorio ancestral en la selva amazónica ecuatoriana de la explotación petrolera. Argumentan que esta explotación petrolera vulnera sus derechos a la autodeterminación y a la consulta previa, libre e informada, y pone en grave riesgo su forma de vida y el frágil ecosistema de la selva tropical en la que han vivido durante generaciones.En abril y julio de 2019, la Corte Provincial de Pastaza emitió sentencias que favorecieron a las comunidades Waorani, declarando que habían sido vulneradas en sus derechos en relación con la explotación petrolera en el bloque 22 de Pastaza. Estas sentencias afirmaron el derecho de los Waorani a ejercer autoridad sobre su territorio colectivo y ancestral y subrayaron la importancia crucial de la consulta previa y del consentimiento informado en casos que involucran a comunidades indígenas.Sin embargo, el Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables y la Procuraduría General del Estado presentaron una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional ecuatoriana en un intento por anular estas sentencias. En noviembre de 2019, la Corte Constitucional inadmitió esta acción, lo que reafirmó las sentencias anteriores y reconoció el derecho de los Waorani a ejercer autoridad en su territorio ancestral.Este caso es de gran importancia no solo para las comunidades Waorani, sino también para otros pueblos indígenas en Ecuador y en todo el mundo. Destaca la importancia fundamental de la consulta previa y del consentimiento informado en proyectos que afectan a las tierras y recursos naturales de los pueblos indígenas. Además, subraya la lucha continua de los pueblos indígenas por proteger sus territorios y su forma de vida tradicional frente a la explotación industrial y extractiva.	La comunidad Waorani ha adoptado una serie de acciones contundentes en respuesta al caso de la amenaza de explotación petrolera en su territorio y la violación de sus derechos. Estas acciones se han centrado en la defensa de su territorio, la preservación de su forma de vida tradicional y la protección de sus derechos legales y culturales. A continuación, se describen algunas de las principales acciones que la comunidad Waorani ha tomado:1. Lucha legal: Desde el inicio de la amenaza de la explotación petrolera en su territorio, los Waorani han recurrido a los tribunales y han presentado casos legales para proteger sus derechos. Esto incluye el proceso legal que llevó a las sentencias de abril y julio de 2019 que reconocieron su derecho a la consulta previa y a la autodeterminación.2. Consulta previa y consentimiento: La comunidad ha insistido en su derecho a la consulta previa, libre e informada antes de cualquier actividad que pueda afectar su territorio. Han abogado por un proceso de consulta adecuado y transparente y han rechazado proyectos petroleros que no cuenten con su consentimiento.3. Movilización y protestas: Los Waorani han organizado movilizaciones y protestas en su territorio y en el ámbito nacional para llamar la atención sobre su lucha y la importancia de la protección de la selva amazónica. Han utilizado estratégicamente la visibilidad mediática para sensibilizar al público y presionar al gobierno.4. Alianzas con organizaciones: La comunidad ha establecido alianzas con organizaciones indígenas, ambientales y de derechos humanos tanto a nivel nacional como internacional. Estas alianzas les han proporcionado apoyo legal, técnico y financiero, así como una plataforma para amplificar su voz y sus demandas.5. Educación y concientización: Los Waorani han trabajado en la educación y la concientización de su propia comunidad y de la sociedad ecuatoriana en general. Han compartido su cultura y su conocimiento sobre la importancia de la selva amazónica y han promovido la unidad entre las comunidades indígenas.6. Participación política: Algunos miembros de la comunidad Waorani han participado activamente en la política, ocupando cargos de representación en organizaciones indígenas y en instancias gubernamentales. Esto les ha permitido tener una voz en la toma de decisiones y en la defensa de sus derechos.7. Resistencia pacífica: A pesar de las amenazas y la presión, los Waorani han mantenido una postura de resistencia pacífica en su lucha. Han buscado soluciones dialogadas y legales para resolver los conflictos, enfatizando la importancia de la no violencia.8. Sensibilización internacional: Los Waorani han llevado su lucha al ámbito internacional, participando en conferencias y eventos para sensibilizar a la comunidad internacional sobre la importancia de proteger la selva amazónica y los derechos de los pueblos indígenas.	Fauna, Flora y Suelo (explotación petrolera)	Desplazamiento forzado, Reubicación por proyectos extractivos y Amenazas	Corte Constitucional del Ecuador	Corte Constitucional de Ecuador. CASO No. 112-14-JH	Para este caso, la Corte Constitucional de Ecuador emitió una decisión de gran relevancia, resolviendo varios asuntos relacionados con los derechos fundamentales de los pueblos indígenas, en particular la nacionalidad Waorani. En primer lugar, anuló una sentencia previa de la Corte Provincial de Justicia de Orellana. Además, la Corte declaró la vulneración del derecho a la libertad e integridad personal de varios miembros de la nacionalidad Waorani y aceptó una acción de hábeas corpus presentada en su favor, considerándola una forma de reparación.Adicionalemente se ordenó la creación de un plan coordinado por la Secretaría de Derechos Humanos, con la participación de diversas entidades y autoridades, para garantizar la autodeterminación de los pueblos indígenas de reciente contacto y el principio de no contacto de los pueblos en aislamiento. Este plan incluirá consultas previas, medidas relacionadas con actividades económicas extractivas y la participación de autoridades indígenas, con informes semestrales sobre su implementación.Además, se establece la formulación de un plan participativo para fortalecer el enfoque intercultural en los órganos de justicia, con la creación de un protocolo para la sustanciación de hábeas corpus de miembros de pueblos indígenas. Esto incluirá la capacitación de operadores de justicia y la sensibilización sobre el enfoque intercultural y la jurisprudencia desarrollada por la Corte. También se promoverá la traducción de la sentencia y peritajes a varios idiomas indígenas.En relación con las personas indígenas en centros de privación de libertad, se ordena la actualización de información y la formulación de un protocolo de atención especializada, con informes semestrales sobre su implementación.La decisión también permite que las autoridades indígenas y organizaciones remitan información sobre el cumplimiento de la sentencia y establece una fase de seguimiento, en la que la Corte puede convocar audiencias y solicitar informes de ejecución.	Corte Constitucional de Ecuador (2021) http://esacc.corteconstitucional.gob.ec/storage/api/v1/10_DWL_FL/e2NhcnBldGE6J3RyYW1pdGUnLCB1dWlkOic3NWNiMTUyOC1hNDEyLTRkNTctYTRlZi1kMjMzYmE5MTBlZDEucGRmJ30=
Ecuador	Cantón Cotacachi, Provincia de Imbabura, en la región de Íntag, Ecuador.	Sofía Laura Salcedo Lamprea	Ecuador y Empresa Bishimetals (filial de Mitsubishi), Ascendant Exploration y Codelco	El caso de Intag, hace referencia a una resistencia de la comunidad contra la minería en su territorio. Esta lucha comenzó hace más de dos décadas cuando la comunidad se opuso a la explotación minera debido a los impactos ambientales y sociales percibidos. A lo largo de los años, ha habido enfrentamientos directos con empresas mineras, incluida una controvertida ocupación militar en 2014 con más de 400 efectivos que resultó en la detención de varios residentes y debilitó la lucha de Intag.El proyecto minero Llurimagua, a cargo de la empresa estatal Enami EP y la compañía chilena Codelco, busca explotar cobre y molibdeno en un área que abarca aproximadamente el 80 % del territorio de Intag. Esto ha generado una profunda preocupación entre los comuneros, ya que las concesiones mineras se expanden rápidamente y afectan a la mayoría de las comunidades en la región.El territorio de Intag es de gran importancia ambiental, ya que limita con la Reserva Ecológica Cotacachi-Cayapas, una de las áreas protegidas más grandes de Ecuador. La región alberga alrededor de 60,000 hectáreas de bosques primarios y es hogar de una amplia variedad de especies, muchas de las cuales se encuentran en la lista roja de conservación. Entre estas especies se incluyen anfibios como los arlequines y los jambatos, aves como la aburria pipile y el tucán de montaña, mamíferos como el oso de anteojos y el tapir de montaña, y numerosas plantas endémicas.Una de las principales preocupaciones de la comunidad es la contaminación del agua, que se ha visto afectada por las actividades de exploración del proyecto Llurimagua. Estudios han detectado una alta concentración de sólidos solubles y la presencia de metales pesados como arsénico, manganeso y zinc en el agua, lo que representa un riesgo para la salud humana y animal. Además, se ha observado una coloración marrón en el agua de las Cascadas Gemelas desde 2016.Ante esta situación, la comunidad ha adoptado diversas acciones para proteger su territorio y recursos naturales. Han desarrollado alternativas económicas, como la producción de café de altura, jabones, productos de cabuya y ecoturismo, para demostrar que pueden generar recursos de manera sostenible sin recurrir a la minería. Sin embargo, se enfrentan a desafíos económicos y a la falta de apoyo gubernamental.El conflicto en Intag continúa, con la comunidad y los defensores de la naturaleza resistiendo la explotación minera. A pesar de los impactos ambientales documentados y las preocupaciones de la comunidad, las empresas mineras argumentan que su presencia beneficia a la comunidad a través de la creación de empleos y el desarrollo económico. El caso ha generado tensiones entre la necesidad de desarrollo económico y la preservación del medio ambiente, destacando la importancia de abordar de manera equitativa y sostenible los desafíos de la explotación de recursos naturales en Ecuador y en otras partes del mundo.	La comunidad de Intag ha adoptado una serie de acciones en respuesta al proyecto minero Llurimagua y sus posibles impactos en su territorio y estilo de vida tradicional. Estas acciones reflejan la fuerte determinación de la comunidad para proteger sus recursos naturales y preservar su cultura. A continuación, se describen algunas de las principales acciones que la comunidad ha emprendido:1. Movilización y Resistencia: Desde que se conoció por primera vez la intención de llevar a cabo operaciones mineras en la región, la comunidad ha estado en pie de lucha. Han organizado manifestaciones, marchas y protestas pacíficas para expresar su oposición al proyecto minero y para defender su territorio.2. Creación de Organizaciones y Grupos de Defensa: La comunidad ha establecido organizaciones locales y grupos de defensa ambiental, como la organización "Defensa y Conservación Ecológica de Intag" (DECOIN). Estas organizaciones desempeñan un papel fundamental en la coordinación de esfuerzos de resistencia y en la difusión de información sobre los impactos ambientales y sociales de la minería.3. Participación en Consultas y Audiencias Públicas: La comunidad ha participado activamente en consultas y audiencias públicas relacionadas con el proyecto minero. Han utilizado estos espacios para expresar sus preocupaciones y oposición al proyecto ante las autoridades gubernamentales y representantes de la empresa minera.4. Estudios y Monitoreo Ambiental Independiente: En colaboración con científicos y expertos, la comunidad ha llevado a cabo estudios independientes para evaluar el impacto ambiental de la minería en la zona. Estos estudios han revelado preocupantes niveles de contaminación del agua y otros impactos negativos.5. Promoción de Alternativas Económicas: Conscientes de la importancia de generar alternativas económicas sostenibles, la comunidad ha desarrollado proyectos relacionados con la producción de café de altura, la fabricación de jabones naturales y otros productos locales. También han impulsado el turismo ecológico como fuente de ingresos.6. Litigio Legal: La comunidad ha recurrido a acciones legales para impugnar la concesión y licencia ambiental otorgada al proyecto minero. Han presentado recursos legales y participado en procesos judiciales para defender su territorio.7. Difusión de Información: La comunidad ha trabajado en la difusión de información a nivel nacional e internacional sobre los impactos ambientales y sociales de la minería en Intag. Han buscado el apoyo de organizaciones ambientales y defensores de los derechos humanos.8. Alianzas y Redes: Han establecido alianzas con otras comunidades afectadas por proyectos mineros y con organizaciones nacionales e internacionales que apoyan su causa. Esto les ha permitido fortalecer su lucha y obtener apoyo adicional.9. Resistencia Continua: A pesar de los desafíos y las amenazas, la comunidad de Intag ha mantenido su resistencia a lo largo de los años. Siguen organizando acciones de protesta y presionando al gobierno ecuatoriano para que revoque las concesiones mineras en la zona.	Recursos hídricos: Por la explotación minera	Reubicación por proyectos extractivos, amenazas, sesinatos y otro:conflicto comunitario y judicial relacionado con la minería.	Corte Provincial de Imbabura	Corte Provincial de Imbabura	En el caso en concreto sobre el conflicto en Íntag, Ecuador, en torno al proyecto minero Llurimagua, este sigue en curso después de más de 30 años. Las comunidades locales han resistido los intentos de diversas empresas mineras, incluyendo japonesas, canadienses y chilenas, de explotar un gran yacimiento de cobre y molibdeno en la zona.A lo largo de los años, se han sucedido enfrentamientos y movilizaciones comunitarias en contra de la minería, lo que ha llevado a la retirada de algunas empresas, como la canadiense Copper Mesa. Sin embargo, la chilena CODELCO también se involucró en el proyecto, generando nuevos conflictos.El proceso legal ha sido complejo y ha involucrado desafíos tanto a nivel nacional como internacional. En 2020, se presentaron medidas cautelares contra el Ministerio de Ambiente por no respetar los derechos de la Naturaleza en relación con el proyecto minero. También se menciona que CODELCO ha llevado a cabo arbitrajes internacionales contra el Estado ecuatoriano debido a desacuerdos en la implementación del proyecto.	Mongabay Latam (2022) https://es.mongabay.com/2022/02/ecuador-comunidades-de-intag-demandan-al-estado-para-proteger-a-la-naturaleza-de-la-mineria/
Ecuador	Río Verde, cantón Santo Domingo, provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, Ecuador.	Sofía Laura Salcedo Lamprea	Secretaría Nacional del Agua (ahora Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica) y el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas.	El caso se inicia en 2015 en la comunidad de Julio Moreno Espinosa y el recinto Aquepi, ubicados en la parroquia Río Verde, cantón Santo Domingo, provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, Ecuador. Esta comunidad se dedica a actividades agrícolas, ganaderas, porcícolas, avícolas, piscícolas y turísticas a lo largo de la cuenca del río Aquepi.Los actores clave en este caso son la comunidad de Julio Moreno Espinosa y Aquepi, el Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) provincial, la Secretaría Nacional del Agua (SENAGUA), y el Consorcio NARABIC, encargado de la construcción del proyecto de riego.En 2015, SENAGUA autorizó el aprovechamiento de aguas del río San Vicente a favor de la Junta de Agua Potable de Julio Moreno Espinosa para uso doméstico. Posteriormente, el GAD provincial elaboró un proyecto de riego que abarcaba 1000 hectáreas de cultivos y solicitó el aprovechamiento del caudal de agua del río Aquepi. SENAGUA, en septiembre de 2015, determinó que había caudal suficiente para autorizar el proyecto de riego y dejó una reserva para otros usuarios.Sin embargo, en septiembre de 2017, una nueva medición indicó una disminución del caudal del río Aquepi. En 2018, líderes comunitarios conformaron la "Comisión Pro Defensa del Río Aquepi" y expresaron su preocupación por el proyecto de riego, alegando falta de socialización y desconocimiento técnico.El GAD provincial siguió adelante con la ejecución del proyecto de riego, lo que generó un aumento del descontento en la comunidad. En agosto de 2019, los habitantes bloquearon la vía de acceso al proyecto, impidiendo el paso a contratistas y funcionarios locales. Aunque la intervención policial retiró la cadena y al guardián, la obra se suspendió temporalmente.La comunidad presentó una acción de protección en octubre de 2019, argumentando la vulneración de derechos constitucionales relacionados con la salud, agua, ambiente sano, consulta previa y derechos de la naturaleza. El juez inicialmente rechazó las medidas cautelares.Sin embargo, en abril de 2020, la Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas aceptó el recurso de apelación y ordenó la suspensión de los trabajos del proyecto de riego, argumentando la falta de consulta previa como vulneración del derecho a la seguridad jurídica. Se exigió la presentación de un proyecto alternativo.A lo largo de este caso, la comunidad de Julio Moreno Espinosa y Aquepi ha luchado por proteger sus derechos y el entorno natural de su área de residencia mediante protestas, acciones legales y participación activa en audiencias judiciales. Su movilización social ha llevado a la revisión y reversión de decisiones judiciales en su favor, centrándose en la búsqueda de soluciones que respeten sus intereses y preocupaciones.	La comunidad de Julio Moreno Espinosa y el recinto Aquepi ha tomado diversas acciones en respuesta al caso y en defensa de sus derechos y el entorno natural que rodea su área de residencia:1. Protesta y bloqueo de vías: Una de las acciones más visibles y contundentes que la comunidad ha adoptado es la protesta y el bloqueo de la vía que conduce a San Vicente de Aquepi y la captación de agua del proyecto de riego. Esta medida fue tomada como forma de presión y manifestación de su descontento ante la falta de consulta previa y la preocupación por el impacto del proyecto en sus recursos naturales y calidad de vida.2. Comunicaciones a autoridades: Los líderes y lideresas comunitarias conformaron la "Comisión Pro Defensa del Río Aquepi" y remitieron varias comunicaciones a las autoridades pertinentes, incluyendo al Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) provincial, al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) y a la Secretaría Nacional del Agua (SENAGUA). En estas comunicaciones expresaron su oposición al proyecto de riego, señalaron la falta de socialización del proyecto con los habitantes y solicitaron que SENAGUA revocara la autorización del proyecto.3. Acción legal: Ante la falta de respuesta satisfactoria por parte de las autoridades locales, la comunidad presentó una acción de protección con medidas cautelares. En esta acción legal, alegaron la vulneración de sus derechos constitucionales relacionados con la salud, agua, ambiente sano, consulta previa y derechos de la naturaleza. Aunque inicialmente se rechazaron las medidas cautelares, la comunidad perseveró en el proceso legal y apeló la decisión.4. Participación en audiencias judiciales: La comunidad participó activamente en las audiencias judiciales relacionadas con el caso. En estas audiencias, los representantes de la comunidad tuvieron la oportunidad de expresar sus preocupaciones y argumentos en defensa de sus derechos y el entorno natural.5. Apoyo a proyectos alternativos: La comunidad ha abogado por la necesidad de un proyecto alternativo que beneficie a todas las comunidades involucradas y que garantice el acceso al agua para el consumo humano y la protección del entorno natural. Han participado en la discusión y socialización de un proyecto alternativo denominado "Multipropósito Aquepi", que busca abordar las preocupaciones de la comunidad.6. Movilización social: La comunidad ha demostrado su capacidad de movilización social al organizar bloqueos de vías y otras acciones de protesta como forma de presionar a las autoridades y hacer visible su descontento y preocupaciones.En resumen, la comunidad de Julio Moreno Espinosa y Aquepi ha adoptado una serie de acciones que van desde la protesta y el bloqueo de vías hasta la acción legal y la participación activa en audiencias judiciales. Su lucha se ha centrado en la defensa de sus derechos constitucionales y la protección del entorno natural que rodea su área de residencia, buscando asegurar que cualquier proyecto tenga en cuenta sus intereses y preocupaciones.	Recursos hídricos	Amenazas y otros: Conlictos sociales - Bloqueos de las calles	Corte Constitucional del Ecuador	Corte Constitucional de Ecuador. CASO No. 1185-20-JP	La Corte Constitucional ha emitido una decisión en este caso en la que reconoce que el Río Aquepi es sujeto y titular de los derechos reconocidos a la naturaleza y tiene derecho a que se respete su estructura y funcionamiento al afectar su caudal. La sentencia declara que la Secretaría del Agua (hoy Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica) vulneró los derechos del río Aquepi a la preservación de su caudal ecológico y que el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas vulneró los derechos de los habitantes de Julio Moreno Espinosa y Aquepi al no realizar la consulta ambiental sobre el diseño, implementación y ejecución del "Proyecto de riego Unión Carchense" y el "proyecto alternativo MULTIPROPÓSITO AQUEPÍ".Como medidas de reparación integral, se ordena la realización de una auditoría técnica e imparcial sobre los proyectos mencionados, en la que se escuche y consulte a las comunidades involucradas, se hagan correcciones si son necesarias e incluso se proceda a la cancelación del proyecto si se determina que es lo adecuado. Además, se ordena la realización de estudios integrales para determinar el caudal promedio, la estructura, funciones y ciclo vital del río Aquepi y su ecosistema, así como la creación de un área de protección hídrica en el río y un plan de conservación y preservación del mismo. También se requiere que el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica y el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas ofrezcan disculpas a las comunidades afectadas.Todas estas medidas de reparación deberán ser cumplidas en un plazo de seis meses y comunicadas a la Corte Constitucional al finalizar dicho plazo.	Corte Constitucional de Ecuador (2020) CASO No. 1185-20-JP. http://esacc.corteconstitucional.gob.ec/storage/api/v1/10_DWL_FL/e2NhcnBldGE6J3RyYW1pdGUnLCB1dWlkOidlMGJiN2I1NC04NjM5LTQ1ZmItYjc4OS0yNTFlNTFhZWI2YTEucGRmJ30=
Ecuador	Ecuador, Área del "Triángulo de Cuembí"	Sofía Laura Salcedo Lamprea	Ecuador: Instituciones estatales que han emitido el Acuerdo Ministerial No. 080,	El presente caos data del 2010 cuando el Ministerio del Ambiente del Ecuador emitió el Acuerdo N.º 080, que declaró al "Triángulo de Cuembí" como Bosque y Vegetación Protector, lo que implicaba la prohibición de actividades no compatibles con dicho acuerdo en esta área. En esta zona, habitaban 23 comunidades Kichwa, quienes argumentaron que esta medida vulneraba sus derechos constitucionales a la vivienda, la alimentación, la identidad cultural, los derechos colectivos a las tradiciones ancestrales, a mantener sus tierras ancestrales, a conservar sus prácticas en el manejo del entorno natural, a la consulta previa de medidas que afecten su cultura y a ser consultados antes de tomar una medida normativa.El Ministerio del Ambiente defendió la constitucionalidad del Acuerdo, alegando que se basó en un informe técnico favorable para proteger el medio ambiente y que no se prohibían actividades esenciales para las comunidades, además de reconocer explícitamente los asentamientos indígenas y las tierras con título de propiedad. Sin embargo, las comunidades sostenían que dicho reconocimiento era insuficiente y que se requería consulta previa antes de tomar una medida de esta naturaleza.El conflicto se centró en si el Acuerdo N.º 080 violaba los derechos colectivos de las comunidades indígenas y si la consulta previa era necesaria en este caso. Las comunidades argumentaron que la consulta previa era un requisito previo e indispensable para cualquier medida legislativa que pudiera afectar sus derechos colectivos. En cambio, el Ministerio del Ambiente sostenía que la consulta prelegislativa no era procedente, ya que se consideraba privativa de la Asamblea Nacional.La Corte Constitucional de Ecuador consideró que la consulta prelegislativa es un derecho constitucional colectivo y un requisito previo esencial para garantizar la constitucionalidad de cualquier medida legislativa que afecte los derechos colectivos de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas. Además, enfatizó que este derecho no se limita a medidas adoptadas exclusivamente por la Asamblea Nacional, sino que es aplicable a cualquier medida normativa o administrativa que pueda afectar derechos colectivos.La Corte también señaló que la falta de consulta prelegislativa antes de la expedición del Acuerdo Ministerial N.º 080 resultó en que dicho acuerdo fuera inconstitucional tanto en su contenido como en su forma. Además, subrayó la importancia de reconocer y garantizar los derechos de posesión de tierras tradicionales o ancestrales de las comunidades indígenas, independientemente de la existencia de un título formal de propiedad.	La comunidad indígena que reside en el área del "Triángulo de Cuembí" ha tomado diversas acciones frente al caso relacionado con la acción pública de inconstitucionalidad del Acuerdo N.º 080 del Ministerio del Ambiente. Estas acciones incluyen:1. Presentación de la Acción Pública de Inconstitucionalidad: La comunidad indígena, representada por sus líderes y representantes, tomó la decisión de presentar una acción pública de inconstitucionalidad en contra de los artículos 1 al 8 del Acuerdo N.º 080 del Ministerio del Ambiente. Esta acción legal constituye el primer paso para impugnar la validez del acuerdo que declaró el área como "Bosque y Vegetación Protector" y restringió ciertas actividades en la zona.2. Defensa de sus Derechos Constitucionales: La comunidad indígena argumentó que el Acuerdo N.º 080 vulneraba sus derechos constitucionales, incluyendo el derecho a la vivienda, la alimentación, la identidad cultural, los derechos colectivos a las tradiciones ancestrales, el derecho a mantener sus tierras ancestrales y el derecho a conservar sus prácticas en el manejo del entorno natural. Estas alegaciones representan un esfuerzo por parte de la comunidad para proteger sus derechos y su forma de vida tradicional.3. Participación Activa en el Proceso Legal: Los líderes y miembros de la comunidad indígena han participado activamente en el proceso legal, proporcionando argumentos y evidencia para respaldar su caso. Han trabajado en estrecha colaboración con abogados y organizaciones que defienden los derechos de los pueblos indígenas.4. Diálogo y Consulta: La comunidad ha buscado el diálogo y la consulta con las autoridades gubernamentales y el Ministerio del Ambiente para expresar sus preocupaciones y demandar un proceso de consulta previa y consentimiento libre e informado, tal como lo establecen los estándares internacionales y la Constitución de Ecuador. Esta consulta es esencial para garantizar que las decisiones que afectan su territorio y estilo de vida se tomen de manera inclusiva y respetuosa.5. Movilización y Sensibilización: La comunidad indígena ha llevado a cabo acciones de movilización y sensibilización para concientizar al público sobre su situación y sus demandas. Estas acciones incluyen marchas, protestas pacíficas y la difusión de información sobre la importancia de proteger sus derechos y su entorno natural.6. Recursos Legales y Apoyo Internacional: La comunidad ha buscado apoyo legal y asistencia de organizaciones nacionales e internacionales que defienden los derechos de los pueblos indígenas. Estas organizaciones brindan recursos legales, asesoramiento técnico y visibilidad internacional al caso.7. Esfuerzos de Medios de Comunicación y Redes Sociales: La comunidad indígena ha utilizado los medios de comunicación y las redes sociales para dar a conocer su lucha y recibir apoyo de la sociedad civil y la opinión pública.	Flora y Suelo	Amenazas, asesinatos y reubicación por proyectos extractivos	Corte Constitucional del Ecuador	Corte Constitucional de Ecuador. CASO No. 20-12-IN/20	La Corte Constitucional concluyó que el Acuerdo Ministerial N.º 80, que declaraba el "Triángulo de Cuembí" como bosque y vegetación protector, era inconstitucional tanto en fondo como en forma. En esete se evidenciaba una vulneración los derechos de las comunidades indígenas a ser consultadas antes de la adopción de medidas legislativas que pudieran afectar sus derechos y la posesión de sus tierras ancestrales. Sin embargo, reconoció la importancia de la norma declaratoria de bosques protectores y decidió otorgarle constitucionalidad con efectos diferidos.En este sentido, la Corte dejó vigente el Acuerdo Ministerial N.º 80 por un plazo de un año, durante el cual se debe llevar a cabo la consulta prelegislativa a las comunas, comunidades, pueblos o nacionalidades indígenas, independientemente de si poseen o no un título de tierras. Se destacó la importancia de realizar una verificación diligente para identificar qué pueblos y comunidades están asentados en la zona y garantizar su participación efectiva en el proceso de consulta.La consulta debe llevarse a cabo de buena fe y con el objetivo de llegar a un acuerdo o consentimiento sobre las medidas propuestas. Además, se dispuso que la Defensoría del Pueblo actúe como garante de este proceso.	Corte Constitucional de Ecuador (2020) CASO No. 20-12-IN http://esacc.corteconstitucional.gob.ec/storage/api/v1/10_DWL_FL/e2NhcnBldGE6J3RyYW1pdGUnLCB1dWlkOic2MTA4MTNhYy1lMTgxLTQ3YWEtOGJmYS0wYzc4ZWI1YzBlZmQucGRmJ30=
Ecuador	Ecuador, Cuenca Alta del Rio Nangaritza	Sofía Laura Salcedo Lamprea	Ecuador (Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables)	En el presente caso, Darwin Andrés Riera Duchitanga ha presentado una demanda contra el Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables de Ecuador, en donde la disputa se centra en el otorgamiento de títulos mineros en áreas específicas del país. Aunque no se proporciona una fecha exacta de inicio, los hechos tienen lugar en un contexto contemporáneo.El demandante, Darwin Andrés Riera Duchitanga, actúa como representante de una comunidad afectada por la concesión de títulos mineros en áreas protegidas. El demandado en este caso es el Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables, la entidad gubernamental responsable de otorgar concesiones mineras en Ecuador.Los hechos que sustentan la demanda se refieren al otorgamiento de títulos mineros dentro del Área de Bosque y Vegetación Protectora de la Cuenca Alta del Río Nangaritza, así como a lo largo de las riveras del Río Nangaritza, en el cantón Nangaritza de la provincia de Zamora Chinchipe, Ecuador. Estos actos administrativos resultaron en la concesión de títulos mineros en áreas protegidas, lo que ha generado preocupaciones sustanciales.La base de la demanda argumenta que estos actos administrativos violaron normas constitucionales relacionadas con la protección de los derechos humanos y de la naturaleza. Se sostiene que estas normas debieron ser consideradas antes de otorgar los títulos mineros. Se destaca la importancia de la Cuenca Alta del Río Nangaritza, que se encuentra dentro de la Reserva de Biosfera Podocarpus - El Cóndor, que rodea la zona núcleo del Parque Nacional Podocarpus y la reserva biológica Cerro Plateado.Además, el valle de Nangaritza es atravesado por el Río Nangaritza, y varios de sus principales afluentes tienen su origen en el Parque Nacional Podocarpus y la reserva biológica Cerro Plateado. Dado que estas áreas forman parte de la Red Mundial de Reservas de Biosfera, su manejo debe ajustarse a las estrategias de Sevilla, que buscan garantizar un equilibrio entre la protección del medio ambiente y las necesidades de las poblaciones locales, desde una perspectiva socio-cultural y ambiental.La demanda se fundamenta en la presunta violación de Derechos de la Naturaleza y el Derecho al Sumak Kawsay, con un enfoque particular en el derecho al agua, a un ambiente sano y a la salud de la comunidad afectada. El objetivo principal de la demanda es que se declare ilegítimo el acto administrativo que otorgó los títulos mineros en estas áreas protegidas y que se deje sin efecto legal dicho otorgamiento.	La comunidad afectada, liderada por Darwin Andrés Riera Duchitanga, ha tomado diversas acciones para enfrentar la concesión de títulos mineros en el Área de Bosque y Vegetación Protectora de la Cuenca Alta del Río Nangaritza y las riveras a lo largo del Río Nangaritza, en el cantón Nangaritza, provincia de Zamora Chinchipe, Ecuador. Estas acciones incluyen:1. Presentación de la Demanda: La comunidad afectada, a través de su líder Darwin Andrés Riera Duchitanga, presentó una demanda legal en contra del Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables. En esta demanda, argumentaron que la concesión de títulos mineros en estas áreas protegidas violaba normas constitucionales relacionadas con la protección de los derechos humanos y de la naturaleza.2. Argumentación Legal: La comunidad, con el apoyo de abogados u otros expertos legales, presentó argumentos legales sólidos que respaldan su posición. Argumentaron que la concesión minera en estas áreas protegidas vulnera los derechos de la naturaleza, el derecho al Sumak Kawsay (Buen Vivir), en particular el derecho al agua, un ambiente sano y la salud. Además, citaron normas constitucionales que establecen la intangibilidad de las áreas naturales protegidas.3. Apoyo de la Reserva de Biosfera Podocarpus - El Cóndor: La comunidad destacó la importancia de la zona en cuestión al mencionar que se encuentra dentro de la Reserva de Biosfera Podocarpus - El Cóndor, una zona designada como parte de la Red Mundial de Reservas de Biosfera de la UNESCO. Subrayaron que esta designación impone la obligación de manejar la zona de manera que se garantice el equilibrio entre el medio ambiente y las poblaciones locales, con una perspectiva socio-cultural y la no contaminación.4. Solicitud de Anulación de los Títulos Mineros: La comunidad demandante solicitó específicamente que se declare ilegítimo el acto administrativo que otorgó los títulos mineros en el área afectada. Además, pidieron que se deje sin efecto legal el otorgamiento de dichos títulos mineros debido a la transgresión de la Constitución relacionada con la intangibilidad de las áreas naturales protegidas.5. Apoyo de Otras Entidades: Es posible que la comunidad haya buscado apoyo y colaboración de otras organizaciones, ONG, autoridades ambientales u otros grupos interesados en la protección del entorno natural y los derechos de la naturaleza. Este tipo de apoyo puede haber incluido asesoría legal, investigación, y la promoción de su causa a nivel local, nacional o incluso internacional.6. Recurso de Amparo Constitucional: Tras el fallo desfavorable en el Tribunal Contencioso Electoral, la comunidad afectada presentó un recurso de acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional. Esto indica que están dispuestos a llevar su caso hasta el más alto tribunal en busca de justicia y protección de sus derechos.En resumen, la comunidad afectada ha adoptado una serie de acciones legales y de defensa de derechos en respuesta a la concesión de títulos mineros en áreas protegidas. Su lucha se basa en argumentos legales y en la defensa de los derechos de la naturaleza, buscando la anulación de los títulos mineros.	Recursos hídricos	Reubicación por proyectos extractivos y amenazas	Corte Provincial de Justicia de Zamora	Corte Provincial de Justicia de Zamora Juicio No. 19304-2019-00204	La Corte Constitucional de Ecuador ha emitido una decisión en respuesta a una acción legal presentada por diversas organizaciones ambientales y ciudadanos que impugnaban ciertos aspectos del Código Orgánico del Ambiente (COAM).En primer lugar, la Corte reconoció que los ecosistemas de manglar tienen derechos inherentes y deben ser respetados en su totalidad, incluyendo su existencia, ciclos vitales, estructura y funciones. Esto significa un reconocimiento de la importancia de proteger estos entornos naturales.Adicionalmente, la Corte declaró la inconstitucionalidad de la frase "otras actividades productivas" en el artículo 104 (7) del COAM, con excepción de los casos que involucran la construcción de infraestructura pública que cuente con la autorización expresa de la Autoridad Ambiental Nacional y que incluya programas de reforestación.Además, la construcción de infraestructura pública cerca de los manglares será considerada constitucional siempre y cuando garantice el acceso a servicios públicos de las comunidades que habitan en las cercanías de estos ecosistemas y no interrumpa sus ciclos vitales y funciones naturales.La Corte también declaró la inconstitucionalidad del artículo 121 del COAM, argumentando que entra en conflicto con la Constitución.En relación con el artículo 184 del COAM, se aclaró que este no reemplaza el derecho a la consulta previa, libre e informada de las comunidades indígenas y debe interpretarse de manera coherente con la normativa constitucional y jurisprudencia aplicable.Se establecieron condiciones para la aplicación del artículo 278 del Reglamento del COAM en lo que respecta a la construcción de infraestructura pública cerca de los manglares.Finalmente, la Corte declaró la inconstitucionalidad de ciertos artículos del Reglamento del COAM y ordenó que la Presidencia de la República ajuste las normas reglamentarias en concordancia con la decisión de la Corte.	Corte Provincial de Justicia de Zamora. (2020) Juicio No. 19304-2019-00204 https://www.derechosdelanaturaleza.org.ec/wp-content/uploads/2021/05/9.-CASO-ALTO-NANGARITZA-SENTENCIA-SEGUNDA-INSTANCIA.pdf
Ecuador	Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas	Sofía Laura Salcedo Lamprea	Ecuador: Secretaría del Agua (SENAGUA)	El caso se origina en la Comuna "Julio Moreno Espinosa", ubicada en la parroquia Río Verde, cantón Santo Domingo, provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, Ecuador, allí la comunidad se compone de los recintos Aquepi y San Vicente de Aquepí, situados a lo largo de la cuenca del río Aquepi. Los hechos se remontan al 29 de abril de 2015, cuando la Secretaría Nacional del Agua (SENAGUA) autorizó el uso de aguas del río San Vicente (un afluente del río Aquepi) a favor de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de la Comuna Julio Moreno Espinosa. Esta autorización otorgaba un caudal de 11,37 litros por segundo (l/s) destinados exclusivamente al uso doméstico de 477 familias de la comunidad.Posteriormente, el Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) provincial elaboró un proyecto de infraestructura de riego denominado "Unión Carchense", destinado a beneficiar a pequeños y medianos productores de los sectores Unión Carchense, Aquepi, Julio Moreno Espinosa y Otongo Mapalí. Este proyecto requería un caudal de 400 l/s tomados del río Aquepi.El GAD provincial solicitó a SENAGUA la autorización para utilizar este caudal de agua del río Aquepi. Tras realizar mediciones, SENAGUA concluyó que existía suficiente caudal para autorizar el proyecto, con un sobrante de 931,39 l/s, parte de los cuales se destinaron a la reserva ecológica y a la Comuna Julio Moreno Espinosa.Sin embargo, en septiembre de 2017, se realizó una nueva medición que indicó que el caudal del río Aquepi había disminuido. Esto generó preocupación entre los habitantes de Julio Moreno Espinosa y Aquepi, quienes manifestaron su oposición al proyecto de riego. Argumentaron que la ejecución de este proyecto podría tener consecuencias negativas para el ecosistema, el medio ambiente, el turismo y la vida cotidiana de la comunidad.A pesar de las objeciones de la comunidad, el GAD provincial avanzó con el proyecto y, en agosto de 2018, suscribió un contrato con un consorcio para la construcción de la infraestructura de riego. Esto provocó el descontento de los habitantes, quienes, en agosto de 2019, bloquearon una vía de acceso a la obra.Este conflicto se intensificó, y la comunidad presentó una acción de protección alegando la vulneración de varios derechos constitucionales, incluyendo el derecho a la salud, al agua, al ambiente sano y a la consulta previa, así como los derechos de la naturaleza. El juez calificó la demanda pero rechazó las medidas cautelares.Finalmente, en abril de 2020, la Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas aceptó el recurso de apelación de la comunidad y declaró que se había vulnerado el derecho a la seguridad jurídica. Como medida de reparación, se ordenó dejar sin efecto la autorización del proyecto de riego y suspender los trabajos.	La comunidad de Julio Moreno Espinosa y sus líderes han tomado diversas acciones frente al caso relacionado con el aprovechamiento de aguas del río Aquepi para un proyecto de riego. Estas acciones incluyen:1. Presentación de una demanda: Los habitantes de Julio Moreno Espinosa y Aquepi presentaron una acción de protección con medidas cautelares el 2 de octubre de 2019. En esta demanda, alegaron la vulneración de varios derechos constitucionales, incluyendo el derecho a la salud, agua, ambiente sano, consulta previa y derechos de la naturaleza.2. Oposición al proyecto: Desde el año 2018, líderes y lideresas comunitarias de Julio Moreno Espinosa y Aquepi conformaron la "Comisión Pro Defensa del Río Aquepi". A través de esta comisión, expresaron su oposición al proyecto de riego, argumentando que no fue socializado adecuadamente con los habitantes y que la ejecución del proyecto tendría "consecuencias catastróficas para el ecosistema, medio ambiente, turismo, habitacional y productivo de la zona".3. Bloqueo de la vía: En agosto de 2019, como forma de protesta y oposición al proyecto, los habitantes de Julio Moreno y Aquepi colocaron una cadena en la vía que conduce a San Vicente de Aquepi y la captación de agua del proyecto de riego. Designaron a un guardia que impedía el paso a los contratistas, fiscalizadores, obreros y funcionarios del GAD provincial. Este cierre de la vía se mantuvo hasta septiembre de 2019 y luego se repitió.4. Presentación de pruebas: Durante el proceso legal, los habitantes y sus representantes presentaron pruebas, incluyendo una inspección judicial al río Aquepi, con el objetivo de respaldar sus argumentos sobre la afectación del proyecto al ecosistema y a los derechos constitucionales.5. Participación en audiencias: Los habitantes participaron activamente en audiencias judiciales y en procesos de apelación para defender sus derechos. En la audiencia de noviembre de 2019, se escucharon las intervenciones de los accionantes, representantes del SENAGUA, del GAD provincial y la Procuraduría General del Estado, así como amici curiae.6. Movilización en redes sociales: Es posible que la comunidad haya utilizado las redes sociales y otros medios de comunicación para movilizar a la opinión pública y sensibilizar sobre su causa.En resumen, la comunidad de Julio Moreno Espinosa y sus líderes han adoptado una serie de acciones legales, de protesta y de participación activa en audiencias para oponerse al proyecto de riego que consideran amenaza sus derechos y el medio ambiente en la zona. Han buscado tanto vías legales como de movilización social para defender sus intereses y proteger su entorno natural.	Recursos hídricos	Otros: Vulneración a derechos a la salud, al agua, a gozar de un ambiente sano, la seguridad jurídica, consulta previa	Corte Constitucional del Ecuador	Corte Constitucional de Ecuador. CASO No. 1185-20-JP	La Corte Constitucional de Ecuador emitió una decisión en la cual reconoció que el Río Aquepi es sujeto y titular de los derechos reconocidos a la naturaleza, incluyendo el derecho a que se respete su estructura y funcionamiento al afectar su caudal. También declaró que la Secretaría del Agua (ahora Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica) vulneró los derechos del río Aquepi al no preservar su caudal ecológico.Además, la Corte Constitucional declaró que el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas vulneró los derechos de los habitantes de Julio Moreno Espinosa y Aquepi al no realizar la consulta ambiental sobre el diseño, implementación y ejecución del "Proyecto de riego Unión Carchense" y el "proyecto alternativo MULTIPROPÓSITO AQUEPÍ".De igual forma se ordenaron medidas de reparación integral, incluyendo una auditoría técnica imparcial de los proyectos de riego, estudios integrales sobre el río Aquepi y su ecosistema, la creación de un área de protección hídrica en el río, un plan de conservación y preservación del río, y disculpas dirigidas a los habitantes de Julio Moreno Espinosa y San Vicente de Aquepi.Todas estas medidas de reparación deben ser cumplidas en un plazo de seis meses y comunicadas a la Corte Constitucional al finalizar dicho período. La decisión busca garantizar la protección de los derechos de la naturaleza y de las comunidades locales afectadas por estos proyectos.	Corte Constitucional de Ecuador (2021) CASO No. 1185-20-JP. http://esacc.corteconstitucional.gob.ec/storage/api/v1/10_DWL_FL/e2NhcnBldGE6J3RyYW1pdGUnLCB1dWlkOidlMGJiN2I1NC04NjM5LTQ1ZmItYjc4OS0yNTFlNTFhZWI2YTEucGRmJ30=
Ecuador	Ciudad de Esmeraldas	Sofía Laura Salcedo Lamprea	Particular: Manuel de los Santos Meza Macías.	El caso en cuestión involucra al accionante Santiago Ministerio del Ambiente Gaircía Llore, quien se desempeña como director provincial del Ministerio del Ambiente en la provincia de Esmeraldas, Ecuador. El accionante busca impugnar una sentencia relacionada con la Reserva Ecológica Cayapas Mataje, la cual fue declarada como área protegida en 1995.El conflicto se centra en la actividad acuícola realizada por el señor Manuel de los Santos Meza Macías dentro de la reserva ecológica. A pesar de la declaración de esta zona como área protegida, el accionado, Manuel de los Santos Meza Macías, ha estado llevando a cabo actividades de acuicultura en la reserva. El Ministerio del Ambiente tomó medidas legales, incluyendo sanciones administrativas, para detener esta actividad ilegal y proteger la reserva ecológica.El accionante argumenta que la sentencia impugnada, dictada por la Sala Única de la Corte Provincial de Justicia de Esmeraldas, vulnera los derechos constitucionales de la naturaleza al desconocer la declaratoria de área protegida de la reserva. Además, sostiene que se ha priorizado el beneficio económico de un particular sobre el interés general y que esto va en contra de los derechos de la naturaleza reconocidos en la Constitución de Ecuador.El accionante busca que la Corte Constitucional de Ecuador resuelva esta controversia y establezca un precedente en el respeto a la naturaleza y al buen vivir. Su petición se basa en la violación de derechos constitucionales y en la importancia de proteger el entorno natural y los derechos de la naturaleza en asuntos de trascendencia y relevancia nacional.En resumen, el caso implica un conflicto entre el Ministerio del Ambiente y el señor Manuel de los Santos Meza Macías en relación con la actividad acuícola dentro de la Reserva Ecológica Cayapas Mataje, y se centra en la protección de los derechos de la naturaleza y el interés general sobre el beneficio económico individual.	En el caso en cuestión, Santiago García Llore, en calidad de director provincial del Ministerio del Ambiente, es el accionante que presenta la acción de protección ante la Corte Constitucional de Ecuador. Como representante de la entidad gubernamental encargada de la protección ambiental, su papel es fundamental en la defensa de los derechos de la naturaleza y la preservación de las áreas protegidas, en este caso, la Reserva Ecológica Cayapas Mataje.Las acciones que se han adoptado en este caso incluyen:1. Interposición de la Acción de Protección: Santiago presentó una acción de protección ante la autoridad judicial para impugnar la resolución del receso administrativo que permitió la actividad acuícola en la Reserva Ecológica Cayapas Mataje. Esta acción busca la protección de los derechos de la naturaleza y la revocación de la autorización otorgada al señor Manuel de los Santos Meza Macías.2. Presentación de Evidencia Científica: En el proceso judicial ha respaldado su caso con evidencia científica, incluyendo fotografías satelitales y análisis multitemporales que demuestran la ocupación de la reserva ecológica por parte de la camaronera después de su declaración como zona protegida. Esta evidencia científica es crucial para respaldar su argumento de que se ha vulnerado la declaratoria de área protegida.3. Defensa de los Derechos de la Naturaleza: Como representante del Ministerio del Ambiente, su acción legal busca defender los derechos de la naturaleza reconocidos en la Constitución de Ecuador. Esto implica abogar por la preservación de áreas naturales protegidas y garantizar que las actividades humanas no causen un daño irreversible al entorno natural.4. Solicitud de Revocación de la Autorización: A través de la acción de protección, Santiago García Llore solicita que se revoque la autorización otorgada para la actividad acuícola en la reserva ecológica, con el objetivo de restaurar la protección de la zona y evitar un posible deterioro ambiental.En resumen, Santiago García Llore juega un papel fundamental en este caso al tomar medidas legales para proteger la reserva ecológica y los derechos de la naturaleza. Su acción busca asegurar que se respete la declaratoria de área protegida y que se evite cualquier daño ambiental que pueda resultar de actividades incompatibles con la preservación de la zona.	Fauna y Flora	Reubicación por proyectos extractivos y amenazas	Corte Constitucional del Ecuador	Corte Constitucional de Ecuador CASO N.° 0507-12-EP	En el presente caso, la Corte Constitucional falló en el siguinte sentido:1. Declaración de la Vulneración del Derecho al Debido Proceso: La Corte Constitucional declaró que se vulneró el derecho constitucional al debido proceso, específicamente en la garantía de motivación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 76 numeral 7 literal 1 de la Constitución de la República de Ecuador.2. Aceptación de la Acción Extraordinaria de Protección: La Corte aceptó la acción extraordinaria de protección presentada por el accionante, Santiago Ministerio del Ambiente Gaircía Llore.3. Se ordenaron Medidas de Reparación Integral como las siguientes: - Dejar sin efecto la sentencia dictada el 09 de septiembre de 2011, por la Sala Única de la Corte Provincial de Justicia de Esmeraldas dentro de la acción de protección N.° 281-2011, así como todos los actos procesales y demás providencias relacionadas con esta sentencia. - Retrotraer el proceso hasta el momento en que se produjo la vulneración de los derechos constitucionales, es decir, al momento de dictar la sentencia de apelación. - Disponer que el expediente sea devuelto a la Corte Provincial de Justicia de Esmeraldas, para que, mediante sorteo, otra Sala conozca y resuelva el recurso de apelación de acuerdo con los términos señalados en la sentencia de la Corte Constitucional.Esta decisión implica la anulación de la sentencia previamente emitida y la reanudación del proceso desde el punto en que se cometió la vulneración del debido proceso. La Corte Constitucional busca corregir la irregularidad procesal y garantizar que se respeten los derechos constitucionales en el desarrollo del caso.	Corte Constitucional de Ecuador (2015) SENTENCIA N.° 166-15-SEP-CCCASO N.° 0507-12-EP http://doc.corteconstitucional.gob.ec:8080/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/b9f17431-df78-456e-9882-29d5aa360329/0507-12-ep-sen.pdf?guest=true
Ecuador	Provincia del Azuay	Sofía Laura Salcedo Lamprea	La empresa Iam Gold	En la presente cuestión se involucran diversas partes interesadas, incluyendo a Elsie Monge como presidenta de la CEDHU (Comisión Ecuménica de Derechos Humanos), Leonardo Lopez Monsalve, presidente de la Federación de Organizaciones Campesinas e Indígenas del Azuay FOA, y Carlos Pérez Guartambel, coordinador de los Sistemas Comunitarios de Agua del Azuay UNAGUA. Estos actores están presentando una acción legal en contra de la empresa Iam Gold y el Ministerio de Recursos Naturales No Renovables.Los hechos se remontan al Mandato Constituyente N.° 6, dictado por la Asamblea Constituyente del Ecuador el 18 de abril de 2008. Este mandato establece la extinción sin compensación económica de todas las concesiones mineras otorgadas en áreas naturales protegidas, bosques protectores y zonas de amortiguamiento definidas por la autoridad competente, así como aquellas que afecten nacimientos y fuentes de agua. La demanda presentada alega que el Ministerio de Recursos Naturales No Renovables no ha cumplido con este mandato, permitiendo que empresas, incluida Iam Gold, operen en áreas que deberían estar protegidas.La comunidad y las partes interesadas argumentan que esta falta de cumplimiento del Mandato Constituyente N.° 6 ha resultado en la operación continua de la empresa Iam Gold en la microcuenca de los ríos Tarqui y Yanuncay, dentro de la jurisdicción de las parroquias Victoria, Baños y San Gerardo del Catom en la provincia del Azuay. Esta área se encuentra dentro de bosques protectores y zonas de amortiguamiento, y su importancia radica en que alberga nacimientos y fuentes de agua vitales para la región.La demanda sostiene que el incumplimiento de este mandato constitucional pone en peligro los derechos constitucionales de las comunidades y la naturaleza, incluyendo el derecho al debido proceso, el derecho a beneficiarse de un ambiente sano y los derechos de la naturaleza. Se argumenta que la minería en esta área representa una amenaza para el medio ambiente y para la disponibilidad de agua dulce, lo que afecta directamente a las comunidades locales que dependen de estas fuentes de agua para su subsistencia y calidad de vida.En resumen, el caso se centra en la falta de cumplimiento del Mandato Constituyente N.° 6, que debería haber llevado a la extinción de las concesiones mineras otorgadas a empresas multinacionales como Iam Gold en áreas de bosques protectores y zonas de amortiguamiento. La comunidad y las partes interesadas argumentan que este incumplimiento amenaza los derechos de las comunidades y la naturaleza, así como la disponibilidad de agua dulce en la región.	La comunidad afectada por la actividad minera de la empresa Iam Gold y el incumplimiento del Mandato Constituyente N.° 6 ha adoptado diversas acciones en un esfuerzo por proteger sus derechos y su entorno natural. Estas acciones incluyen:1. Movilizaciones y Protestas Pacíficas: Desde el inicio de la actividad minera en la zona, las comunidades han organizado manifestaciones y protestas pacíficas para expresar su descontento y exigir el cumplimiento del mandato constituyente. Han llevado a cabo marchas, bloqueos de carreteras y otras formas de movilización para llamar la atención de las autoridades y la sociedad en general.2. Participación en Consultas Populares: Algunas comunidades han optado por realizar consultas populares en sus territorios para decidir sobre la presencia de actividades mineras en sus tierras. Estas consultas buscan fortalecer la voz de la comunidad y ejercer su derecho a la autodeterminación. A través de estas consultas, las comunidades han expresado su rechazo a la actividad minera.3. Acciones Legales: En respuesta al incumplimiento del Mandato Constituyente N.° 6, las comunidades y organizaciones han presentado demandas y acciones legales para exigir el cumplimiento de esta disposición constitucional. Han recurrido a los tribunales y a la Corte Constitucional en busca de justicia y para defender sus derechos.4. Alianzas y Redes: Las comunidades afectadas han establecido alianzas con organizaciones de la sociedad civil, grupos ecologistas, y otras comunidades que enfrentan problemas similares en otras partes del país. Estas redes les brindan apoyo logístico, legal y mediático, fortaleciendo así su capacidad de resistencia.5. Educación y Concientización: Las comunidades han trabajado en la educación y concientización de sus miembros sobre los impactos de la actividad minera en el medio ambiente y en sus vidas. Se han llevado a cabo talleres, charlas informativas y campañas de sensibilización para empoderar a la comunidad con conocimientos sobre sus derechos y la importancia de la protección ambiental.6. Diálogo con Autoridades: A pesar de las dificultades, las comunidades han buscado el diálogo con las autoridades gubernamentales y los representantes de la empresa minera. Han presentado sus demandas y preocupaciones en diferentes instancias y han participado en mesas de diálogo para encontrar soluciones pacíficas.7. Resistencia Permanente: A pesar de los desafíos y las amenazas, las comunidades han mantenido una resistencia constante contra la actividad minera. Han ocupado y vigilado activamente las zonas afectadas para evitar la expansión de la minería y proteger sus territorios.En resumen, la comunidad afectada ha adoptado un enfoque multifacético para enfrentar el caso, combinando la movilización social, acciones legales, consultas populares y la construcción de alianzas. Su determinación y solidaridad reflejan su compromiso con la protección de sus derechos, su entorno natural y su forma de vida tradicional.	Recursos hídricos	Reubicación por proyectos extractivos y amenazas	Corte Constitucional del Ecuador	Corte Constitucional de Ecuador CASO Nros. 039-10°AN y 033-12-AN acumulados. - SENTENCIA N.° 002-16-SAN-CC	En el presewnte caso, la Corte Constitucional ha emitido una sentencia en la cual se declara que no existe vulneración a derechos constitucionales y por lo tanto se niega la acción por incumplimiento planteada. Esto significa que, según la decisión de la Corte, no se ha demostrado que se hayan vulnerado los derechos constitucionales en el caso en cuestión y, por lo tanto, la acción legal presentada por la comunidad y las partes interesadas ha sido rechazada.	Corte Constitucional de Ecuador (2016) CASO Nros. 039-10°AN y 033-12-AN acumulados. - SENTENCIA N.° 002-16-SAN-CC. https://www.derechosdelanaturaleza.org.ec/wp-content/uploads/2021/05/16.CASO-INCUMP.-MANDATO-6.pdf
Ecuador	Rio Dulcepalma	Sofía Laura Salcedo Lamprea	Ecuador	Los hechos del caso se remontan al 25 de enero de 2019, cuando el Delegado Provincial de la Defensoría del Pueblo de Bolívar y la representante legal de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU) presentaron una acción de protección ante diversas entidades estatales en Ecuador. Los actores, en este caso, son los accionantes mencionados, quienes actuaron en representación de la Comunidad de San Pablo de Amalí y en defensa de los derechos humanos y ambientales.La acción de protección se presentó debido a una serie de preocupaciones relacionadas con las actividades de la compañía Hidroeléctrica HIDROTAMBO en torno al desvío del río Dulcepamba. Entre los hechos denunciados se encuentran los siguientes:1. Omisión e inacción del Estado: Los accionantes alegaron que el Estado, a través de sus instituciones, no había respondido adecuadamente a diversos estudios, trámites defensoriales, informes y solicitudes relacionadas con las actividades de HIDROTAMBO en la Comunidad de San Pablo de Amalí.2. Afectación de derechos:Se afirmó que las acciones de HIDROTAMBO habían tenido graves consecuencias, que incluían la pérdida de vidas humanas y la afectación de los siguientes derechos: - Derecho a la vida - Derecho a una vida digna - Derecho a la Integridad personal - Derecho a la naturaleza - Derecho a un medio ambiente sano3. Desvío del río Dulcepamba: El caso se centró en el desvío de este río y sus implicaciones para la comunidad local. Esto incluyó la destrucción de viviendas, cultivos y herramientas de trabajo, lo que generó un contexto de grave afectación social, como amenazas y asesinatos.El proceso judicial se inició con la presentación de la acción de protección el 25 de enero de 2019. Sin embargo, el 25 de febrero de 2019, el juez de la Unidad Judicial Multicompetente en el cantón Chillanes resolvió inadmitir la acción de protección, considerándola improcedente según las disposiciones de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.Inconformes con esta decisión, los accionantes interpusieron recurso de apelación. No obstante, el 28 de marzo de 2019, la Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Justicia de Bolívar rechazó el recurso de apelación.Ante esta situación, el 25 de abril de 2019, el Director Tutelar de la Defensoría del Pueblo y la Representante Legal de la CEDHU presentaron conjuntamente una acción extraordinaria de protección contra la sentencia dictada el 28 de marzo de 2019 en el marco de la Acción de Protección No. 02335-2019-00022.La admisión de esta acción extraordinaria de protección por parte de la Corte Constitucional representa un nuevo capítulo en el proceso legal, donde se revisarán en detalle los argumentos presentados por los accionantes y se evaluará si hubo violaciones a los derechos y garantías constitucionales en el caso de la Comunidad de San Pablo de Amalí en relación con el desvío del río Dulcepamba y las actividades de HIDROTAMBO.	La comunidad de San Pablo de Amalí ha adoptado varias acciones frente al caso relacionado con la construcción y operación de la hidroeléctrica HIDROTAMBO y la afectación de sus derechos y su entorno natural. Estas acciones han sido impulsadas por la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU) y otros actores, y buscan defender los derechos de la comunidad y su calidad de vida. Algunas de las acciones que han tomado incluyen:1. Presentación de Acción de Protección: Uno de los pasos iniciales tomados por la comunidad y la CEDHU fue presentar una acción de protección en contra de diversas entidades estatales. En esta acción, denunciaron la omisión e inacción del Estado en relación con los impactos negativos de la hidroeléctrica HIDROTAMBO en la comunidad, incluyendo la pérdida de vidas humanas y la afectación de derechos fundamentales.2. Apelación de la Decisión Judicial: Después de que el juez de la Unidad Judicial Multicompetente inadmitiera la acción de protección, los accionantes, inconformes con esta decisión, presentaron un recurso de apelación. Esto demuestra la determinación de la comunidad en la búsqueda de justicia y protección de sus derechos.3. Acción Extraordinaria de Protección: Ante el rechazo del recurso de apelación por parte de la Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Justicia de Bolívar, el Director Tutelar de la Defensoría del Pueblo y la Representante Legal de la CEDHU propusieron conjuntamente una acción extraordinaria de protección. Esta acción busca impugnar la sentencia que consideraron injusta y defender los derechos de la comunidad.4. Movilización y Defensa de Derechos: Es posible que la comunidad y la CEDHU hayan llevado a cabo movilizaciones, campañas de sensibilización y actividades de defensa de derechos en el ámbito local, nacional e internacional. Estas acciones pueden incluir la participación en marchas, la divulgación de información sobre el caso y la búsqueda de apoyo de organizaciones y actores relevantes.5. Promoción de la Conciencia Pública: La comunidad y la CEDHU pueden haber trabajado para sensibilizar a la opinión pública sobre los impactos negativos de la hidroeléctrica HIDROTAMBO en la comunidad y el medio ambiente. Esto podría incluir la realización de charlas, conferencias y otras actividades de promoción de la conciencia pública.En resumen, la comunidad de San Pablo de Amalí ha tomado una serie de acciones legales y de movilización para defender sus derechos y proteger su entorno natural frente a los impactos de la hidroeléctrica HIDROTAMBO. Estas acciones reflejan su compromiso en la lucha por la justicia y la preservación de su calidad de vida.	Recursos hídricos	Amenazas y asesinatos	Corte Constitucional del Ecuador	Corte Constitucional de Ecuador - Caso N. 1180-19-EP	El Tribunal de la Sala de Admisión de la Corte Constitucional ha emitido una decisión en la que se ADMITIÓ a trámite la acción extraordinaria de protección N°. 1180-19-EP. Esta admisión significa que el caso será considerado y revisado por el tribunal, pero no implica un juicio previo sobre la validez de las pretensiones presentadas.Lo anterior quiere decir entonces que la Corte Constitucional procederá a evaluar el caso en detalle para determinar si se han vulnerado los derechos y garantías constitucionales de las partes involucradas en el proceso. Esta es una etapa importante en el desarrollo del caso, y a partir de aquí se llevarán a cabo las investigaciones y análisis necesarios para tomar una decisión final sobre el asunto en cuestión.	Corte Constitucional de Ecuador ( 2016) Caso N. 1180-19-EP. https://www.derechosdelanaturaleza.org.ec/wp-content/uploads/2021/05/16.CASO-INCUMP.-MANDATO-6.pdf
Ecuador	Provincia de Guayas	Sofía Laura Salcedo Lamprea	Ecuador	El caso en cuestión se originó en Ecuador debido a una controversia legal relacionada con la Ley Orgánica de Agrobiodiversidad, Semillas y Fomento de la Agricultura Sustentable (LOASFAS), específicamente en su artículo 56. En esta normativa se regula lo relacionado con la permisión del ingreso de semillas y cultivos transgénicos al país. Este conflicto comenzó el 9 de junio de 2017, cuando Richard Steveens Intriago Barreno, en su capacidad como presidente de la Federación de Centros Agrícolas y Organizaciones Campesinas del Litoral (FECAOL), presentó una demanda de acción pública de inconstitucionalidad contra el mencionado artículo 56.Los actores clave en este caso incluyen a representantes de diversas organizaciones y ciudadanos preocupados por las implicaciones ambientales y agrícolas de la permisión de semillas y cultivos transgénicos en Ecuador. Entre ellos se encuentran Elizabeth Bravo, miembro de Acción Ecológica y coordinadora de la Red por una América Latina Libre de Transgénicos, Carlos Pérez Guartambel y Blanca Chancoso, presidente y vicepresidenta de Ecuador Runakunapak Rikcharimuy (ECUARUNARI), Jorge Herrera Morocho, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), y varios ciudadanos, como Ramiro Avila Santamaría, Víctor Rivadeneira Cabezas, Felipe Castro León, María Dolores Miño Buitrón, Mario Melo Cevallos y Claudia Storini.El conflicto se centra en el artículo 56 de la LOASFAS, que permite el ingreso de semillas y cultivos transgénicos en Ecuador "para fines investigativos". Los demandantes argumentan que esta disposición no establece las condiciones suficientes para garantizar la protección del medio ambiente y la biodiversidad, así como la promoción de la agricultura sostenible en el país. Consideran que el ingreso de cultivos y semillas transgénicos debe cumplir con estándares más rigurosos y una evaluación más exhaustiva, teniendo en cuenta los principios de precaución y prevención, así como el respeto por los derechos constitucionales, incluyendo el derecho a un ambiente sano.Como resultado de las preocupaciones planteadas por diferentes actores, se acumularon varias demandas presentadas en contra del artículo 56 de la LOASFAS, consolidándolas en un solo caso denominado Caso No. 22-17-IN para su revisión conjunta. La Corte Constitucional de Ecuador asumió la responsabilidad de analizar estas demandas y determinar si el artículo 56 de la LOASFAS cumple con los requisitos constitucionales y legales del país en relación con la protección del medio ambiente y los derechos fundamentales.	La comunidad representada por la Federación de Centros Agrícolas y Organizaciones Campesinas del Litoral (FECAOL) y otras organizaciones campesinas y defensores del medio ambiente en Ecuador ha tomado diversas acciones en respuesta al caso que involucra la impugnación del artículo 56 de la Ley Orgánica de Agrobiodiversidad, Semillas y Fomento de la Agricultura Sustentable (LOASFAS) y su posible impacto en la introducción de semillas y cultivos transgénicos en el país. Estas acciones se han centrado en los ámbitos legal, político y de movilización social:1. Presentación de Demandas Constitucionales: La comunidad afectada, a través de líderes como Richard Steveens Intriago Barreno, Elizabeth Bravo, Carlos Pérez Guartambel, entre otros, ha presentado demandas de acción pública de inconstitucionalidad contra el artículo 56 de la LOASFAS. Estas demandas buscan cuestionar la constitucionalidad de la disposición que permite el ingreso de semillas y cultivos transgénicos, argumentando que podría violar derechos constitucionales relacionados con el ambiente sano y la biodiversidad.2. Acumulación de Demandas: Varias demandas presentadas por diferentes actores, incluidas las mencionadas anteriormente, han sido acumuladas en un solo caso (Caso No. 22-17-IN). Esto permite que las preocupaciones y argumentos de múltiples partes se consideren de manera conjunta en el proceso judicial, fortaleciendo la posición de la comunidad afectada.3. Participación en Audiencias Públicas: La comunidad afectada ha participado activamente en audiencias públicas convocadas en el marco del proceso legal. Estas audiencias brindan un espacio para presentar argumentos y evidencia que respalde sus preocupaciones sobre los posibles impactos negativos de los cultivos transgénicos en la biodiversidad y la agricultura sostenible.4. Movilización Social y Sensibilización: Además de las acciones legales, la comunidad ha llevado a cabo campañas de sensibilización y movilización social. Han organizado eventos, charlas informativas y talleres para educar a la población sobre los riesgos potenciales de los cultivos transgénicos y la importancia de proteger la diversidad genética y el medio ambiente.5. Defensa de Derechos Constitucionales: La comunidad ha enfocado sus esfuerzos en la defensa de derechos constitucionales, incluidos el derecho a un ambiente sano, el derecho a la alimentación y el derecho a la diversidad biológica. Argumentan que permitir la entrada de cultivos transgénicos podría amenazar estos derechos y socavar la sostenibilidad agrícola en Ecuador.6. Trabajo en Red: Las organizaciones involucradas en esta lucha han trabajado en red con otras organizaciones ambientales y campesinas a nivel nacional e internacional. Esto ha fortalecido su capacidad para abogar por sus intereses y ha generado apoyo adicional a su causa.7. Presión Política: Además de las acciones legales, la comunidad afectada ha ejercido presión política para instar a las autoridades a considerar sus preocupaciones. Han buscado diálogo con legisladores y funcionarios gubernamentales para expresar sus puntos de vista y solicitar medidas que protejan la agricultura sostenible y la biodiversidad.	Recursos hídricos, Fauna, Flora y Suelo	Otros: la vulneración de los derechos de la naturaleza.	Corte Constitucional del Ecuador	Corte Constitucional de Ecuador - CASOS No. 22-17-IN Y ACUMULADOS	En el caso de la Ley Orgánica de Agrobiodiversidad, Semillas y Fomento de la Agricultura Sustentable (LOASFAS), la Corte Constitucional de Ecuador emitió una decisión así:1. Se declaró inconstitucional por forma el artículo 56 de la LOASFAS, relacionado con la excepción para el ingreso de semillas y cultivos transgénicos con fines de investigación, expulsándolo del ordenamiento jurídico. Se estableció que el ingreso o uso no autorizado de semillas y cultivos genéticamente modificados constituye infracciones especiales muy graves.2. Se declaró inconstitucional por fondo el uso de las palabras "certificada" y "certificadas" en el artículo 37 de la LOASFAS, con un efecto diferido de un año, eliminándolas del ordenamiento jurídico. La Autoridad Agraria Nacional deberá promover políticas e incentivos para la producción sostenible de semillas sin requerir la certificación.3. El numeral 28 de la disposición general tercera de la LOASFAS fue declarado constitucional condicionado aditivamente. Se exigió al Consejo Consultivo de la Agrobiodiversidad y Semillas que presente un protocolo relacionado con la determinación de la calidad de semillas campesinas, a ser aprobado por la autoridad agraria nacional en un año.4. La última oración del artículo 35 de la LOASFAS fue declarada constitucional condicionada. Esto significa que será válida siempre y cuando la importación de material genético no corresponda a semillas y cultivos transgénicos sin cumplir con el procedimiento constitucional y que no contradiga las disposiciones relacionadas.5. Se declaró constitucional condicionado el numeral 1 del artículo 55 de la LOASFAS, aplicable solo a cultivares registrados que produzcan semillas certificadas.En resumen, la Corte Constitucional ajustó varios aspectos de la LOASFAS para garantizar la protección de los principios constitucionales relacionados con la biodiversidad y la producción de semillas en Ecuador.	Corte Constitucional de Ecuador (2022) CASOS No. 22-17-IN Y ACUMULADOS http://esacc.corteconstitucional.gob.ec/storage/api/v1/10_DWL_FL/e2NhcnBldGE6J3RyYW1pdGUnLCB1dWlkOidjYmQ1NTY5Mi0wMTBmLTQ0OWYtODdlMS02NWVkZTVkNjkxNTUucGRmJ30=
Ecuador	Provincia de Imbabura- Lago Agrio	Sofía Laura Salcedo Lamprea	Ministerio de Mineria, Agencia de regulación y control minero y Ministerio del medio ambiente.	El caso en cuestión involucra a la comunidad indígena A'L Cofán de Sinangoe y diversos actores gubernamentales y mineros en Ecuador. Los hechos se remontan a varios años atrás, pero tomaron relevancia en julio de 2017, cuando la comunidad emitió una Alarma Temprana denunciando la invasión de su territorio ancestral por parte de mineros ilegales y las amenazas a su integridad física y a su modo de vida.La comunidad A'L Cofán de Sinangoe habita en el territorio ancestral ubicado en la provincia de Sucumbíos, Ecuador. Su modo de vida está estrechamente ligado a la naturaleza y sus recursos. Grupos de mineros ilegales ingresaron ilegalmente al territorio de la comunidad y comenzaron actividades de extracción de oro utilizando maquinaria pesada y métodos perjudiciales para el medio ambiente.El Ministerio de Minería es la entidad gubernamental encargada de regular y supervisar las actividades mineras en Ecuador, incluyendo la concesión de licencias y permisos, mientras que el Ministerio del Medio Ambiente vela por la protección del medio ambiente y la conservación de áreas naturales.La Defensoría del Pueblo de Sucumbíos intervino en el caso como parte de la delegación provincial que acompañó a la comunidad y respaldó sus demandas. La comunidad A'L Cofán de Sinangoe observó la presencia de más de 50 mineros ilegales en su territorio ancestral, realizando actividades de extracción de oro utilizando maquinaria pesada como motobombas, canalones, tecles y dragas.Cuando exigieron a los mineros ilegales que abandonaran la zona, algunos de ellos respondieron con amenazas, lo que generó preocupación por la seguridad de los miembros de la comunidad. En respuesta a estas amenazas a su territorio y a su integridad física, la comunidad emitió una Alarma Temprana el 24 de julio de 2017.En esta alarma, denunciaron la invasión de su territorio ancestral y solicitaron la intervención de las autoridades competentes para proteger sus derechos y su forma de vida. El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Gonzalo Pizarro realizó una visita a la zona y concluyó que el desarrollo de la actividad minera ilegal estaba generando inseguridad para los comuneros, afectando gravemente sus formas de vida y supervivencia.La comunidad alegó que las concesiones mineras otorgadas por el Ministerio de Minería no tuvieron en cuenta la presencia de una comunidad indígena ancestral en la zona y no se realizó una consulta previa, libre e informada, como establece la Constitución ecuatoriana. Además, se señaló que la actividad minera ilegal estaba provocando daños ambientales significativos, incluida la deforestación y la alteración de las riberas de los ríos Aguarico, Chingual y Cofánes, lo que afectaba a las fuentes de agua utilizadas por la comunidad y otras comunidades cercanas.La comunidad solicitó la suspensión inmediata de todas las actividades mineras concesionadas en las riberas de estos ríos y buscó amparo legal para proteger sus derechos colectivos, su modo de vida, su relación con la naturaleza y su acceso al agua, la salud y la alimentación. Estos hechos llevaron a un conflicto entre la comunidad indígena A'L Cofán de Sinangoe y los actores involucrados, con la comunidad buscando proteger su territorio ancestral y sus derechos, y las autoridades gubernamentales y los mineros ilegales defendiendo sus intereses en la zona.	La comunidad A'L Cofán de Sinangoe ha tomado diversas acciones para hacer frente al caso de invasión de su territorio ancestral por parte de mineros ilegales y las amenazas a su modo de vida y su relación con la naturaleza. Estas acciones incluyen:1. Denuncia y Alarma Temprana: Ante la invasión de su territorio y las amenazas a su integridad física, la comunidad emitió una Alarma Temprana el 24 de julio de 2017. Esta acción fue crucial para llamar la atención de las autoridades competentes y solicitar medidas de protección.2. Movilización Comunitaria: La comunidad se ha movilizado y organizado para defender su territorio y sus derechos. La Guardia Indígena de Sinangoe ha desempeñado un papel fundamental en el monitoreo y la vigilancia ambiental para identificar actividades mineras ilegales y posibles amenazas.3. Demandas Legales: La comunidad presentó una demanda de garantía ante las autoridades judiciales en la que solicitó la protección de sus derechos. Esta acción legal buscaba detener la actividad minera ilegal y garantizar su derecho a la consulta previa, libre e informada.4. Solicitudes de Suspensión de Actividades Mineras: La comunidad ha solicitado la suspensión inmediata de todas las actividades mineras concesionadas por el Ministerio de Minería en las riberas de los ríos Aguarico, Chingual y Cofánes. Esta solicitud tiene como objetivo proteger sus fuentes de agua, su salud y su alimentación.5. Visitas y Reportes: Las autoridades locales, como el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Gonzalo Pizarro, han realizado visitas a la zona para evaluar la situación y emitir informes. Estos informes han respaldado la preocupación de la comunidad sobre los impactos negativos de la minería ilegal en la zona.6. Colaboración con Organizaciones y Defensores de Derechos Humanos: La comunidad ha buscado apoyo y colaboración con organizaciones de derechos humanos y defensores del medio ambiente para visibilizar su caso y buscar soluciones a nivel nacional e internacional.7. Resistencia Pacífica: La comunidad ha optado por una resistencia pacífica y legal para proteger su territorio y sus derechos. Han utilizado los mecanismos legales disponibles en el sistema de justicia ecuatoriano para buscar una solución a su situación.En resumen, la comunidad A'L Cofán de Sinangoe ha adoptado una serie de acciones legales, sociales y de movilización para hacer frente al caso de invasión de su territorio y las amenazas a su modo de vida. Su lucha se ha centrado en la defensa de sus derechos, la protección de la naturaleza y la búsqueda de una solución justa y sostenible a esta problemática.	Recursos hídricos	Desplazamiento forzado, reubicación por proyectos extractivos y amenazas	Corte Provincial de Justicia de Sucumbíos	Corte Provincial de Justicia de Sucumbíos. Juicio No. 21333-2018-00266	En el presente caso se declararon vulnerados los derechos constitucionales del Pueblo Cofán Sinangoe. Estos derechos constitucionales estaban protegidos tanto a nivel nacional como supranacional, de acuerdo con lo establecido en considerandos anteriores. Los derechos afectados incluían el derecho a la naturaleza, al agua, al medio ambiente sano, a la cultura y al territorio.En consecuencia, la sentencia determinó que se había producido una violación de estos derechos fundamentales debido a la actividad minera ilegal y la falta de consulta previa, libre e informada a la comunidad indígena A'L Cofán de Sinangoe. La comunidad había demostrado que su modo de vida y su relación con la naturaleza dependían de estos derechos y que estaban siendo gravemente afectados por la actividad minera y la falta de protección por parte de las autoridades gubernamentales.Como resultado de esta declaración de vulneración de derechos, la sentencia ordenó una serie de medidas, incluida la revocación de la Licencia Ambiental concedida para el proyecto minero en cuestión y la suspensión inmediata de todas las actividades mineras en la zona de influencia del Proyecto Minero Llurimagua hasta que se cumplieran los mecanismos y lineamientos previstos para la consulta ambiental. También se ordenó la notificación a las autoridades pertinentes, como el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, y a la Empresa Minera beneficiaria de la concesión minera, ENAMI EP, sobre la revocatoria de la licencia.	Corte Provincial de Justicia de Sucumbios (2018) Sala Unica de la Corte Provincial de Sucumbios Juicio No. 21333-2018-00266 http://doc.corteconstitucional.gob.ec:8080/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/7d6c5676-dc5e-4587-924f-d9d99a7adce2/sentencia_0273-19-jp.pdf?guest=true
Ecuador	San Pablo de Amali	Sofía Laura Salcedo Lamprea	Empresa Hidrotambo	El caso se inicia en 2015 en Ecuador, cuando el proyecto hidroeléctrico San José de Tambo, operado por HIDROTAMBO S.A., causó un desbordamiento del río Dulcepamba en la comunidad de San Pablo de Amalí, provocando la destrucción de casas y la pérdida de vidas humanas. Desde entonces, la comunidad ha estado en conflicto con la empresa y las autoridades estatales.La comunidad de San Pablo de Amalí ha protestado activamente contra el proyecto desde sus primeras etapas de desarrollo. También presentaron solicitudes de acción de protección para remediar sus preocupaciones sobre los efectos negativos del proyecto en su vida y entorno.La Defensoría del Pueblo y la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU) han presentado una acción de protección en contra de varias entidades estatales, incluyendo ARCONEL, SENAGUA, MAE y otras, argumentando que no se ha cumplido adecuadamente con las obligaciones ambientales y sociales, lo que resultó en la violación de los derechos de la comunidad y el medio ambiente.A pesar de estas acciones legales, la Unidad Judicial Multicompetente en Chillanes inadmitió la acción de protección. La Corte Provincial de Justicia de Bolívar también rechazó el recurso de apelación presentado por la comunidad. En 2019, se presentó una acción extraordinaria de protección en contra de la sentencia de la Corte Provincial. El caso ingresó a la Corte Constitucional de Ecuador y se le asignó el número 1180-19-EP. Hasta mediados de 2022, la Corte Constitucional estaba estudiando el caso para desarrollar jurisprudencia vinculante.	Según la información proporcionada, la comunidad de San Pablo de Amalí ha tomado diversas acciones en respuesta al caso del proyecto hidroeléctrico San José de Tambo y su impacto en la comunidad y el entorno natural. Estas acciones incluyen:1. Protestas y oposición al proyecto: Desde las primeras etapas del proyecto hidroeléctrico San José de Tambo, los miembros de la comunidad han estado protestando y oponiéndose activamente a su desarrollo. Esto indica que la comunidad ha estado involucrada en la defensa de sus derechos y la protección de su entorno natural.2. Denuncias y solicitudes de acción de protección: La información menciona que los líderes de la comunidad presentaron solicitudes de acción de protección en los años siguientes al inicio del proyecto. Estas solicitudes probablemente buscaban remediar las preocupaciones de la comunidad con respecto a los efectos negativos del proyecto en su vida y su entorno.3. Respuesta de la Defensoría del Pueblo y la CEDHU: La comunidad ha buscado apoyo legal y defensa de sus derechos a través de la Defensoría del Pueblo y la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU). Estas organizaciones presentaron una acción de protección en contra de varias entidades estatales y la empresa HIDROTAMBO S.A. en nombre de la comunidad. Esta acción legal refleja la determinación de la comunidad en la búsqueda de justicia y la protección de sus derechos.4. Acción extraordinaria de protección: Después de que la Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Justicia de Bolívar rechazara el recurso de apelación presentado por la Defensoría del Pueblo y la CEDHU, los representantes legales de estas organizaciones presentaron una acción extraordinaria de protección en contra de la sentencia. Esto demuestra la persistencia de la comunidad en su lucha por la justicia y la defensa de sus derechos.5. Colaboración con organizaciones de derechos humanos: La comunidad ha colaborado estrechamente con organizaciones de derechos humanos como la CEDHU para llevar su caso a instancias legales y asegurarse de que sus preocupaciones se escuchen y se tomen en cuenta a nivel nacional.En resumen, la comunidad de San Pablo de Amalí ha adoptado una serie de acciones en respuesta al caso del proyecto hidroeléctrico San José de Tambo. Han protestado activamente, presentado solicitudes de acción de protección, buscado apoyo legal a través de la Defensoría del Pueblo y la CEDHU, y apelado las decisiones judiciales desfavorables. Estas acciones indican su determinación en la defensa de sus derechos y la protección de su entorno natural en medio de un conflicto con la empresa y las autoridades estatales involucradas en el proyecto hidroeléctrico.	Recursos hídricos	Reubicación por proyectos extractivos y otros: la vulneración de los derechos de la naturaleza.	Corte Constitucional del Ecuador	Corte Constitucional de Ecuador - Caso N°. 502-19-JP	El estado actual del proceso en la Corte Constitucional de Ecuador es que el caso No. 502-19-JP ha sido seleccionado para el desarrollo de jurisprudencia vinculante, y se están tomando medidas para revisar y analizar detenidamente el caso antes de tomar una decisión final, por lo tanto el presente caso aún continua en curso y para próximamente contar con una decisión definitiva acerca del asunto de fondo.	Corte Constitucional de Ecuador (2019) Caso N°. 502-19-JP. https://www.derechosdelanaturaleza.org.ec/wp-content/uploads/2021/05/7.-CORTE-CONSTITUCIONAL-AVOCA-CONOCIMIENTO.pdf
Ecuador	Cantón Llurimagua	Sofía Laura Salcedo Lamprea	Estado: Ecuador (Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, el Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables, y la Procuraduría General del Estado.)	El conflicto tiene su origen en la aprobación por parte del Ministerio del Ambiente de Ecuador el 16 de diciembre de 2014 de la fase de exploración avanzada de minerales metálicos en la concesión denominada "Llurimagua". Esta aprobación se produjo sin llevar a cabo un inventario exhaustivo de la biodiversidad en la zona ni la elaboración de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) completo, que son pasos esenciales para evaluar y mitigar los posibles impactos ambientales adversos de una actividad extractiva.Los ciudadanos accionantes, liderados por Darwin Javier Ramirez Piedra, José Israel Pérez Lucero y otros, argumentan que esta aprobación careció de un análisis adecuado de las especies en peligro de extinción y no incluyó medidas suficientes para proteger a estas especies vulnerables. La falta de un inventario biológico adecuado y de medidas de precaución ha generado preocupaciones sobre la preservación de la biodiversidad en la zona.Además de estas preocupaciones, se señala que el Ministerio del Ambiente permitió intervenciones en la zona de exploración sin abordar las observaciones previas planteadas en un oficio emitido en octubre de 2018. Esto generó inquietudes adicionales en relación con la adecuada gestión ambiental de la actividad minera en el área.Un aspecto crítico en este caso es que el Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables otorgó la concesión minera 403001 Llurimagua el 7 de noviembre de 2011 sin haber consultado previamente a las comunidades locales que se verían afectadas por esta actividad minera. Esto plantea cuestionamientos sobre el respeto a los derechos de las comunidades locales y su participación en decisiones que impactan directamente en su entorno.Además de las cuestiones relacionadas con la consulta a las comunidades locales, se argumenta que la licencia ambiental otorgada el 16 de diciembre de 2014 no involucró un proceso de consulta ambiental adecuado ni tuvo en cuenta la consideración de la naturaleza como un sujeto de derechos. Esto se relaciona con la Constitución de Ecuador, que reconoce los derechos de la naturaleza y establece la necesidad de adoptar medidas de precaución y restricción para evitar la extinción de especies.En resumen, el caso gira en torno a la preocupación de los accionantes y la comunidad local afectada por la aprobación de una fase de exploración minera sin una consulta ambiental adecuada y sin considerar de manera apropiada la biodiversidad en peligro en la zona de "Llurimagua". Estos aspectos han llevado a una acción legal en busca de proteger los derechos de la naturaleza y de las comunidades afectadas, y a evaluar si se cumplen las obligaciones legales y constitucionales en materia de conservación del entorno natural y participación ciudadana.	En el presente caso la comunidad afectada en la zona de influencia del Proyecto Minero Llurimagua ha adoptado diversas acciones para abordar sus preocupaciones en relación con la aprobación y desarrollo de la exploración avanzada de minerales metálicos en la concesión. Estas acciones incluyen:1. Presentación de una acción legal: Los ciudadanos accionantes, incluyendo al defensor ambiental Darwin Javier Ramirez Piedra y otros, han presentado una acción de protección en contra de varias entidades gubernamentales, incluyendo el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables, y la Procuraduría General del Estado. Esta acción legal busca proteger los derechos de la naturaleza y los derechos de las y los comparecientes, específicamente en relación con el derecho a la consulta ambiental y la adopción de medidas de precaución y restricción para evitar la extinción de especies.2. Participación en audiencias judiciales: Los accionantes han participado en audiencias judiciales relacionadas con su acción legal. Esto incluye audiencias de primera instancia y apelaciones en las que presentaron argumentos y pruebas para respaldar sus reclamos.3. Evaluación crítica del Estudio de Impacto Ambiental (EIA): La comunidad ha señalado deficiencias en el proceso de elaboración del EIA utilizado como base para la aprobación del proyecto minero. Han argumentado que no se utilizaron instrumentos adecuados para inventariar las especies en la zona y que no se tomaron en cuenta especies en peligro de extinción. También cuestionaron la falta de consulta ambiental a las comunidades afectadas.4. Movilización de expertos: Los accionantes han mencionado la participación de biólogos y expertos que han declarado en la audiencia de primera instancia. Estos expertos han respaldado las afirmaciones de los accionantes sobre la insuficiencia de la identificación de especies y la importancia de la consulta ambiental.5. Denuncia de omisiones y falta de consulta: Los accionantes han denunciado que las entidades gubernamentales involucradas en la aprobación del proyecto minero no llevaron a cabo la consulta ambiental requerida y no consideraron las observaciones generadas en el proceso.En resumen, la comunidad afectada ha adoptado un enfoque legal y ha recurrido a los tribunales para proteger sus derechos y abordar sus preocupaciones en relación con el proyecto minero Llurimagua. Han señalado deficiencias en el proceso de aprobación, la falta de consulta ambiental y la necesidad de adoptar medidas de precaución y restricción para proteger la biodiversidad en la zona. La participación de expertos y la presentación de pruebas respaldan sus argumentos en las audiencias judiciales. Estas acciones demuestran el esfuerzo de la comunidad por buscar una solución a sus inquietudes a través del sistema legal.	Fauna y Flora	Otro: la vulneración de los derechos de la naturaleza.	Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Imbabura	Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Imbabura. Juicio No. 10332-2023-00937	El Tribunal de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de Imbabura emitió una sentencia donde se resuelve: 1. Declarar que se ha vulnerado el derecho a la protección de la naturaleza y la consulta ambiental de las comunidades ubicadas en la zona de influencia del proyecto minero Llurimagua por parte del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica de Ecuador. La vulneración se refiere al otorgamiento de una licencia ambiental basada en un Estudio de Impacto Ambiental que no cumplió con los derechos de consulta y protección de la naturaleza de las comunidades afectadas.2. Revocar la sentencia de primera instancia emitida por el juez Oscar Alfredo Coba Vayas de la Unidad Judicial Multicompetente Penal del cantón Cotacachi y, en consecuencia, se acepta la demanda de acción de protección presentada por los accionantes.3. Se establecen reparaciones, incluyendo la revocación de la Licencia Ambiental concedida el 16 de diciembre de 2014 por el Ministerio del Ambiente. Además, se suspende inmediatamente toda actividad minera en la zona de influencia del Proyecto Minero Llurimagua hasta que la Empresa Minera ENAMI EP cumpla con los mecanismos y lineamientos previstos para la consulta ambiental y elabore un Nuevo Estudio de Impacto y Plan de Manejo Ambiental para la Fase de Exploración Avanzada de Minerales Metálicos.4. Respecto a la caducidad del título minero otorgado a la Empresa Minera ENAMI EP por el Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables, el tribunal señala que no tiene potestad para decidir sobre este asunto, y es responsabilidad del mismo Ministerio tomar medidas de acuerdo con las regulaciones administrativas y esta sentencia.5. La ejecución y cumplimiento de lo resuelto en la sentencia será responsabilidad del juez de primera instancia, quien realizará el seguimiento correspondiente.	Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Imbabura (2023) Juicio No. 10332-2023-00937 http://esacc.corteconstitucional.gob.ec/storage/api/v1/10_DWL_FL/e2NhcnBldGE6J3NvcnRlbycsIHV1aWQ6JzYzYzQ4ZDUzLWY0ZWQtNDk5My05YTRmLTcyNTZhMDE2ZmUzYS5wZGYnfQ=
Ecuador	Los Cedros	Sofía Laura Salcedo Lamprea	Ecuador (Ministerio del Ambiente.)	El caso se inicia en 2019 con la presentación de una acción de amparo por parte de la comunidad representada por Cevallos Moreno Jomar José Efrén y Almeida Herrera Jhesica Liseth, quienes fueron ex alcalde y síndico del Gobierno Municipal Autónomo Descentralizado de Santa Ana de Cotacachi, respectivamente. La acción de amparo tiene como objetivo detener la fase inicial de exploración del proyecto minero Río Magdalena, que se encuentra ubicado dentro del Bosque Protector "Los Cedros".Se puede evidenciar que los actores principales en este caso son la comunidad afectada por la explotación minera, representada por Cevallos Moreno y Almeida Herrera, y el Ministerio de Ambiente de Ecuador, que otorgó el registro ambiental para la fase de exploración inicial del proyecto minero Río Magdalena a la Empresa Nacional Minera ENAMI EP.En 1994, el Instituto Ecuatoriano Forestal y de Áreas Naturales y Vida Silvestre (INEFAN) declaró área de Bosque y Vegetación Protectora a 6,400 hectáreas del predio "Los Cedros", ubicado en la parroquia García Moreno, cantón Cotacachi, provincia de Imbabura. Este bosque es hogar de una gran biodiversidad, incluyendo especies en peligro de extinción como el mono araña.El Ministerio de Minería otorgó concesiones mineras para minerales metálicos, denominadas "Río Magdalena 01" y "Río Magdalena 02", a favor de la Empresa Nacional Minera ENAMI EP en el sector de Llurimagua, dentro del Bosque Protector "Los Cedros". Estas concesiones suman un área de 9,909 hectáreas mineras contiguas.El Ministerio del Ambiente, a pesar de la prohibición constitucional de realizar minería metálica en áreas protegidas, otorgó el registro ambiental para la fase de exploración inicial del proyecto minero Río Magdalena el 12 de diciembre de 2017. Esto permitió a la Empresa Minera ENAMI EP llevar a cabo actividades de exploración en el área protegida.La comunidad y las autoridades locales realizaron inspecciones en el Bosque Protector "Los Cedros" y documentaron graves daños causados por el proyecto minero, incluyendo la apertura de senderos, tala de árboles, afectación a la fauna (como el oso andino), y contaminación ambiental.Se presentaron denuncias y acciones legales argumentando que se violaron los derechos de la naturaleza y que se permitió la actividad minera en contra de la Constitución de Ecuador.	La comunidad afectada por la explotación minera en el Bosque Protector "Los Cedros" ha adoptado diversas acciones para hacer frente a este caso y proteger sus derechos, su calidad de vida y el medio ambiente. Estas acciones incluyen:1. Movilización y protesta: Los miembros de la comunidad han participado en protestas y movilizaciones para expresar su oposición a la explotación minera en la zona. Han organizado marchas, manifestaciones y concentraciones para llamar la atención de las autoridades y la opinión pública sobre los riesgos ambientales y sociales asociados con la minería.2. Recopilación de evidencia: La comunidad ha recopilado evidencia de los impactos negativos de la explotación minera en el Bosque Protector "Los Cedros". Esto incluye informes técnicos, fotografías y testimonios que respaldan sus reclamos sobre la degradación ambiental y la afectación de la biodiversidad.3. Denuncias legales: Los miembros de la comunidad, como se menciona en la sentencia presentada contra el Ministerio de Ambiente de Ecuador, han buscado soluciones legales para detener la explotación minera. Han presentado denuncias y acciones legales, argumentando que se han violado los derechos de la naturaleza y que se ha permitido la actividad minera en áreas protegidas en contra de la Constitución de Ecuador.4. Campañas de concientización: La comunidad ha llevado a cabo campañas de concientización tanto a nivel local como nacional e internacional. Han difundido información sobre los riesgos ambientales y sociales de la minería en el Bosque Protector "Los Cedros" para sensibilizar a la opinión pública y movilizar apoyo.5. Colaboración con organizaciones ambientales: Los miembros de la comunidad han buscado alianzas con organizaciones ambientales y grupos de defensa de los derechos humanos para fortalecer su lucha. Han trabajado en conjunto con estas organizaciones para obtener apoyo legal, técnico y financiero.6. Diálogo con autoridades: Han buscado establecer un diálogo con las autoridades responsables, incluyendo al Ministerio de Ambiente, para expresar sus preocupaciones y solicitar la revisión de las decisiones que permitieron la explotación minera en el Bosque Protector "Los Cedros". Han presentado argumentos respaldados por evidencia técnica y científica.7. Medidas de resistencia pacífica: Además de las protestas, la comunidad ha adoptado medidas de resistencia pacífica para proteger su territorio y el bosque. Estas medidas pueden incluir la presencia constante en la zona afectada para evitar la entrada de maquinaria minera y garantizar la visibilidad de la situación.En resumen, la comunidad afectada ha emprendido una serie de acciones para hacer frente al caso de explotación minera en el Bosque Protector "Los Cedros". Estas acciones van desde la movilización y la denuncia legal hasta la concientización pública y la colaboración con organizaciones ambientales. Su objetivo principal es detener la actividad minera y proteger el medio ambiente y los derechos de la naturaleza en su territorio.	Recursos hídricos, Fauna, Flora y Suelo	Otro: la vulneración de los derechos de la naturaleza.	Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Imbabura	Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Imbabura. Juicio No. 10332-2018-00640	La sentencia emitida en este caso acepta parcialmente la acción de protección interpuesta por la parte accionante, Jomar José Efrén Cevallos Moreno y Jhesica Liseth Almeida Herrera, ex alcalde y procuradora síndica del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santa Ana de Cotacachi. La sentencia declara la vulneración del derecho a la participación, establecido en el artículo 61 numeral 4 de la Constitución Ecuatoriana, así como la garantía de la consulta ambiental establecida en el artículo 398 de la misma Constitución.Así mismo, la decisión reconoce que no se llevó a cabo la consulta ambiental adecuada a los pueblos ubicados en el área de influencia del proyecto Minero Río Magdalena, que incluye las concesiones Río Magdalena 01 y Río Magdalena 02, ubicadas dentro del Bosque Protector "Los Cedros" en Imbabura. Esta falta de consulta adecuada se considera una vulneración de los derechos de participación y consulta ambiental de la comunidad.El estado actual del proceso, según esta sentencia, implica que se reconoce la necesidad de realizar una consulta ambiental adecuada a los pueblos afectados por el proyecto minero. Esto podría tener implicaciones significativas en el desarrollo futuro del proyecto y podría requerir la revisión y modificación de las decisiones previas tomadas por el Ministerio de Ambiente de Ecuador.	Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Imbabura (2019) Juicio No. 10332-2018-00640 http://doc.corteconstitucional.gob.ec:8080/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/00256064-b700-4003-b3d2-9fa6942033da/sentencia_1149-19-jp_p1_comprimido.pdf?guest=true
Ecuador		Sofía Laura Salcedo Lamprea	Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral	El presente caso se refiere a una iniciativa de consulta popular en Ecuador relacionada con el crudo ITT, conocido como bloque 43, y para el presente caso se debe considerar que se llevaron a disputas legales sobre su legitimidad democrática. En agosto de 2013, Julio César Trujillo presentó una solicitud ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Ecuador para llevar a cabo una consulta popular. La pregunta clave era si la población estaba de acuerdo con que el gobierno ecuatoriano mantuviera el crudo ITT, ubicado en el bloque 43, bajo el subsuelo de manera indefinida.El Colectivo Yasunidos, un grupo ciudadano, respaldó activamente la consulta y se involucró en la recolección de firmas en su apoyo. Sin embargo, el CNE inicialmente rechazó un número significativo de estas firmas, alegando que no cumplían con los requisitos de legitimación democrática necesarios para convocar una consulta popular.Este rechazo de firmas desencadenó un proceso legal en el que se debatió la legitimidad democrática de la iniciativa de consulta. Miembros del Colectivo Yasunidos impugnaron la decisión del CNE y solicitaron una verificación más rigurosa de las firmas.El CNE emitió una resolución en la que concluyó que Julio César Trujillo no había cumplido con el requisito de legitimación democrática para convocar la consulta popular, basándose en el número total de firmas consideradas válidas.En respuesta, los proponentes de la consulta presentaron un recurso ante el Tribunal Contencioso Electoral, que resolvió que el Colectivo Yasunidos sí tenía legitimación para promover la consulta, pero que no se otorgaría el certificado de cumplimiento de legitimidad democrática.Ante esta decisión, los proponentes de la consulta presentaron una acción extraordinaria de protección. Buscaban que se reconociera su derecho a convocar la consulta y se emitiera el certificado de cumplimiento de legitimidad democrática.El caso llegó finalmente a la Sala de Admisión de la Corte Constitucional de Ecuador, que decidió admitir la acción extraordinaria de protección para su revisión y análisis.	Si bien no se conoce directamente las acciones específicas que la comunidad de pueblos indígenas en aislamiento voluntario ha adoptado frente al caso de la presencia de actividades petroleras en su territorio y la falta de medidas para proteger su salud y su entorno, si es importante considerar pues que efectivamente se tiene un caso en el ámbito judicial, el cual pues una de las maneras en las cuales se busca defender sus derechos y así mismo pues se ha evidenciado que pueden tomar medidas como las siguientes: 1. Aislamiento y evitación del contacto externo: Estas comunidades han optado por vivir en aislamiento voluntario precisamente para evitar el contacto con personas externas y las influencias externas. Mantienen su distancia de la sociedad moderna y, en muchos casos, rechazan cualquier intento de contacto.2. Marcadores territoriales: Las comunidades indígenas suelen utilizar marcadores y señales en su territorio para delimitar y proteger su espacio. Estos marcadores pueden incluir letreros, pinturas o construcciones que indican que el área está ocupada y debe respetarse como territorio indígena.3. Comunicación con organizaciones indígenas: En algunos casos, estas comunidades establecen comunicación indirecta o colaboran con organizaciones indígenas locales o internacionales para defender sus derechos y proteger su territorio. Estas organizaciones pueden actuar como intermediarias para abogar por sus intereses.4. Denuncias a las autoridades: Las comunidades indígenas en aislamiento voluntario pueden presentar denuncias a las autoridades locales, nacionales e internacionales sobre actividades que consideren amenazantes para su territorio y modo de vida. Estas denuncias pueden desencadenar investigaciones y acciones legales.5. Campañas de sensibilización: En algunos casos, las comunidades y las organizaciones indígenas lanzan campañas de sensibilización a nivel nacional e internacional para concienciar sobre la importancia de proteger a los pueblos en aislamiento voluntario y sus territorios.6. Litigios legales: En situaciones más complejas, las comunidades pueden recurrir a los tribunales para defender sus derechos territoriales y buscar medidas cautelares para detener actividades que consideren perjudiciales.7. Apoyo de la comunidad internacional: La comunidad internacional, incluidas organizaciones de derechos humanos y ambientales, a menudo se involucra en la defensa de los derechos de las comunidades indígenas en aislamiento voluntario, brindando apoyo legal, recursos y visibilidad a sus causas.	Fauna y Flora	Otro: la vulneración de los derechos de la naturaleza.	Corte Constitucional del Ecuador	Corte Constitucional de Ecuador - CASO No. 348-20-EP	La Corte Constitucional de Ecuador ha aceptado la acción extraordinaria de protección No. 348-20-EP y ha declarado que hubo vulneración del derecho al debido proceso en la garantía de la motivación en la sentencia emitida por el Tribunal Contencioso Electoral el 21 de enero de 2020. Como resultado de esta decisión, se ha ordenado que se realice un nuevo sorteo para designar una nueva conformación del Tribunal Contencioso Electoral que resolverá el recurso de apelación presentado por los accionantes. Esta nueva conformación podría incluir jueces suplentes de acuerdo con la legislación electoral de Ecuador. La resolución de este recurso de apelación será crucial para determinar el curso futuro de este caso relacionado con la iniciativa de consulta popular sobre el crudo ITT en Ecuador.En este orden de ideas, el presente caso continua en curso y aún no se ha dictado sentencia definitiva.	Corte Constitucional de Ecuador (2021) CASO No. 348-20-EP http://esacc.corteconstitucional.gob.ec/storage/api/v1/10_DWL_FL/e2NhcnBldGE6J3RyYW1pdGUnLCB1dWlkOic3ZDhiODM2Zi02MDgzLTRkZWYtOGI3Yy0xM2M2NDk2YWI0MWMucGRmJ30=